Los líderes de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, en Montelíbano, están preocupados. Le piden al Gobierno actuar con diligencia frente a las intimidaciones que recibieron cuando intentaban explicarles a los campesinos los acuerdos de La Habana alcanzados con la guerrilla de las Farc.
La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor) logró realizar un primer taller sobre los Acuerdos de La Habana en el corregimiento de Río Verde, en el municipio de Puerto Libertador, en Córdoba. Foto suministrada: Ascsucor.El pasado 25 de junio varios líderes de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor) alistaron el papel bond, los marcadores y el material impreso que les serviría para realizar un Taller de pedagogía sobre la paz en el corregimiento Río Verde, del municipio de Puerto Libertador, en Córdoba. No hubo contratiempos en ese trabajo.
Cosa distinta ocurrió un día después, cuando de camino hacia el corregimiento Tierradentro, en Montelíbano, fueron seguidos por varios hombres que se movilizaban en motocicleta y que más tarde los abordaron en el restaurante del pueblo amenazándolos: “Somos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, les dijeron.
La banda criminal amenazó de forma directa a Over Manuel Pila, José David Ortega y Carolina Polo, líderes de asociación campesina, quienes habían viajado hasta Tierradentro para preparar la logística para un segundo taller. “Los que nos abordaron fueron ocho. Nos dijeron que eran de las Autodefensas Gaitanistas, que no podíamos hacer ningún taller allá porque no estaban de acuerdo con el proceso de paz y porque ese era un territorio de ellos. Nos señalaron de pertenecer a las Farc”, narró Pila, quien funge como Vicepresidente de la Ascsucor.
Preocupados por lo ocurrido, la Asociación Campesina buscó apoyo en la Policía de Tierradentro sin lograr una mayor respuesta. “Nos dijeron que nos mantuviéramos en el hotel, que no saliéramos. Pedimos acompañamiento y no lo recibimos. Les dijimos que si algo nos pasaba era por omisión de la Policía”, recuerda el Vicepresidente.
El lunes 27 de junio, cuando se disponían a salir de Tierradentro recibieron la llamada de Andrés Chica, otro integrante de la Asociación. La llamada no era para algo positivo. Chica les informó que en la madrugada de ese día la vivienda de Arnobis Zapata, representante legal de la Asociación, había sido impactada con varios tiros y que le dejaron un panfleto en la puerta que lo amenazaba “por andar alborotando el tema de la paz”.
La Asociación de Campesinos interpuso las respectivas denuncias en la Fiscalía, buscando que las autoridades tomen medidas urgentes sobre lo que está ocurriendo. Están cansados de los “oídos sordos”, pues “la Unidad Nacional de Protección dictó en 2014 las resoluciones para brindarles mecanismos de protección a Over Pila y Arnobis Zapata, sin que eso se haya cumplido hasta la actualidad. Les hacen estudios y estudios de riesgo, pero no han implementado ninguna medida de protección de urgencia ni para ellos ni para otros miembros de la Asociación que también han sido amenazados”, sostuvo Chica.
Zona convulsionada
La Asociación Campesina acoge a 2 mil campesinos de los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré. Con los talleres de paz, buscaban explicar qué significaba la refrendación y la implementación. Foto suministrada: Ascsucor.Ascsucor nació el 15 de diciembre de 2012 y está integrada por 700 núcleos familiares que suman unos 2 mil campesinos de los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, sur de Córdoba. Según explicaron sus representantes, pertenecen al Movimiento Político Marcha Patriótica y trabajan por la defensa de los derechos humanos y el territorio de la comunidad campesina.
“Nosotros más que decirle al gobierno, le exigimos que preserve la vida y la integridad de los miembros de la Asociación. Estamos trabajando para que los campesinos conozcan y entiendan los Acuerdos de La Habana. No vemos una estrategia clara que le enseñe a la gente el tema. Viene la refrendación y la implementación de los acuerdos, y por eso decidimos realizar los talleres”, agregó Chica.
Negociación con las Farc, en la recta final
El panorama en el sur de Córdoba no es alentador. Las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, banda criminal que surgió del rearme paramilitar, fueron responsables del paro armado ocurrido entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2016 en el norte del país y que también afectó a Córdoba.
Ascsucor denunció que durante esos días Puerto Libertador, San José de Uré y Montelíbano las tiendas estuvieron cerradas, “y las autoridades civiles y militares se sometieron ante ese paro, pues no se hicieron presentes en la situación para atender la situación de alarma”, documentó Contagio Radio.
Durante el ‘paro’ fueron asesinados dos jóvenes que trabajaban como transportadores informales en la vía que comunica a Montelíbano con Puerto Libertador, por no atender supuestamente la orden de no circular durante esos días. Varios campesinos que trabajaban en sus cosechas en la zona veredal fueron amenazados por el grupo armado ilegal. Aunque el 23 de junio de 2016 el Gobierno y las Farc anunciaron el fin del conflicto con el cese al fuego bilateral, lo que supone la pronta desmovilización de los frentes 5, 18 y 58 de esta guerrilla que tiene presencia en la zona, las ‘Autodefensas Gaitanistas’ siguen siendo el principal actor armado ilegal en la región.
En su momento la Defensoría del Pueblo documentó que la guerrilla y esa banda criminal mantuvieron un ‘acuerdo’ para coordinar los eslabones de la cadena del narcotráfico: las Farc más en la vigilancia de los cultivos y su transformación, y las ‘Autodefensas Gaitanistas’ en su comercialización. El pacto incluía, además, compartir no solo las rentas del narcotráfico, sino la minería y las extorsiones.
Sin embargo, tras una ruptura al finalizar 2015, el sur de Córdoba quedó a expensas de unas ‘fronteras invisibles’. Los primeros hacían más presencia en los corregimientos de Puerto Ánchica, Puerto Nuevo, El Palmar, Juan José, La Rica, San Juan y Río Verde; mientras los segundos en Pica Pica Viejo, Los Córdobas, Tierradentro, Puerto López, La Rica, San Juan y Río Verde. La población quedó en el medio, expuesta a los desplazamientos, a restricciones en la movilidad, amenazas y, sobre todo, a estigmatizaciones.
Los líderes campesino del sur de Córdoba le exigen a la Unidad Nacional de Protección esquemas de protección para poder realizar su trabajo comunitario. Foto suministrada: Ascsucor.La Defensoría ha pedido el apoyo de diversas instituciones para atender a los más vulnerables en esta guerra, que corresponden a los niños y adolescentes de las instituciones educativas de Tierradentro y San José de Uré, los líderes comunitarios, los comerciantes y transportadores fluviales, así como los dirigentes indígenas de la etnia Zenú. Entre 2004 y 2014, por ejemplo, fueron asesinados 45 indígenas de esta comunidad étnica en los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador. En 2015, varias organizaciones no gubernamentales advirtieron sobre el riesgo de reclutamiento de adolescentes como “informantes” o integrantes de las estructuras de ambos grupos.
Según el Registro Único de Víctimas, de la Unidad Nacional de Víctimas, entre 1985 y la fecha actual, de Montelíbano han sido desplazadas 35 mil 168 personas y el municipio ha recibido a otras 30 mil 718 personas expulsadas por el conflicto armado en diferentes regiones del país (ver tabla). Hasta mayo de 2013, cuando la información sobre reclamaciones de tierras era accesible, las cifras indicaban que Montelíbano y Puerto Libertador hacían parte de los municipios con mayor número de reclamación de hectáreas abandonadas o despojas por el conflicto, con 5 mil 517 hectáreas y 11 mil 538 hectáreas, de forma respectiva.
Iván Tapia, secretario de Gobierno de Montelíbano, aseveró que la administración local está informada sobre el atentado y las amenazas que hubo contra el líder Arnobis Zapata “a quien sabemos ya se le brindaron medidas de protección de emergencia”.
No obstante, Tapia dijo que la Alcaldía desconocía que la Asociación Campesina fuera a realizar unos talleres de paz en los corregimientos, “que de haber sido así hubiéramos garantizado todo el acompañamiento necesario para su desarrollo”. El funcionario reconoce que Montelíbano es el “tercer municipio del departamento con mayor cantidad de víctimas”, lamentando la persistencia del conflicto con el reciente ‘paro armado’.
Frente al anuncio del fin del conflicto y de la promesa de una pronta firma de la paz, el Secretario de Gobierno aseguró que el “municipio celebra estos anuncios. Este ha sido un territorio que ha sufrido mucho la violencia por la presencia de los distintos actores armados. Celebramos las alternativas de paz y estamos a la expectativa, pues este es un territorio que requiere más presencia del gobierno nacional, ya que ha sido abandonado por años y hay muchas desigualdades que han generado ese conflicto”. El funcionario consideró que son urgentes las inversiones en infraestructura vial y en educación rural.
Los representantes de Ascsucor expresaron indignación frente a las declaraciones que el teniente coronel José Moisés Contreras concedió a RCN Radio el pasado martes en la mañana. El Comandante encargado de la Policía de Córdoba aseguró que tras llamar al oficial de la Policía de Tierradentro el reporte de seguridad “fue normal, sin ninguna novedad en el orden público”.
Over Pila y Andrés Chica, de la Asociación Campesina, consideraron que esta respuesta es una omisión a las amenazas que persisten contra las organizaciones sociales en el corregimiento, pues ellos mismos pidieron ayuda de la Policía sin recibir una respuesta favorable.
VerdadAbierta.com se comunicó con la Oficina de Comunicaciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para saber en qué estado iban las solicitudes de protección de los líderes de la Asociación Campesina, pero la institución quedó en que pronto el director general, Diego Mora, se pronunciaría al respecto.
“Esto que sucedió es una evidencia de que hay grupos armados que se oponen a la paz. Por eso pedimos garantías y protección, porque nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo pedagógico por explicar los acuerdos de La Habana, de esa paz que tanto esperamos en territorios como el nuestro”, concluyó Over Pila, Vicepresidente de Ascsucor.
