Los cultivos de hoja de coca han crecido y el gobierno nacional ha reconocido el fracaso de proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito. La experiencia de tres regiones del país refleja algunos de los errores más comunes y los aprendizajes más valiosos en este campo.
Entre 2006 y 2007 el gobierno envío un grupo de erradicados manuales a las fincas de La Macarena para acabar con los cultivos de coca. Foto: archivo Semana.“Hemos fracasado en darles a los miles de campesinos una alternativa para que, en lugar de estar produciendo coca, produzcan algo diferente. Y mientras eso no suceda, la producción de coca seguirá”, dijo el presidente Juan Manuel Santos ante una audiencia de estudiantes en la Universidad Nacional en enero de este año.
El fracaso de esta lucha contra los cultivos de coca también se ve reflejado en las cifras. De acuerdo con estadísticas que la Casa Blanca dio a conocer el mes pasado, en el país hay cerca de 159.000 hectáreas de coca, un 42% más que en 2014. Aumento que ha venido registrando la Oficina de Naciones Unidad contra la Droga y el Delito (Unodc) en sus últimos informes.
En ese sentido, hace casi dos años se firmó el cuarto punto dela agenda entre las Farc y el Gobierno en la Mesa de Negociaciones, conocido como “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Acuerdo que, entre otras cosas, propone un nuevo programa de sustitución de cultivos de uso ilícito y desarrollo alternativo que se acuerde previamente con las comunidades. Además, se propone una nueva estrategia criminal que no recaiga en los campesinos cultivadores de coca.
La investigadora María Clara Torres, experta en temas de cultivos ilícitos, realizó un balance de tres experiencias regionales en el tema de cultivos ilícitos financiadas por la Unión Europea en Colombia. Los hallazgos del estudio titulado “La coca campesina en Colombia: un desafío para el postconflicto”, próximo a su publicación, ofrece un análisis de las lecciones aprendidas y unas recomendaciones para tratar el tema de los cultivos de coca una vez sea firmado el acuerdo de paz. Para ello recorrió tres regiones del país: el corregimiento de Micoahumado de el sur de Bolívar, los municipios de Leiva y Rosario en Nariño, y el corregimiento de Puerto Toledo en el Meta. Este informe hace parte las investigaciones que la RedProdepaz realiza sobre los aprendizajes y recomendaciones a partir de 20 años de trabajo de los programas de Desarrollo y Paz en los territorios.
Aún si todos los proyectos fueron financiados por la Unión Europea, no abordaron una única estrategia. El programa varió según la región y los actores que intervinieron. “Se trató de actores con diferentes poderes de negociación y con lecturas distintas sobre el problema de los cultivos ilícitos”, aseguró Torres.
Un error de varios de estos programas ha sido su visión de corto plazo. De acuerdo con la investigadora, los proyectos y la asistencia técnica deben seguir hasta que generen ingresos estables a los campesinos, es decir, un mínimo de cinco años. “Los proyectos que terminan antes de que los cultivos comerciales permanentes generen ingresos estables, suelen fracasar estruendosamente”, indicó.
La comercialización ha sido el ‘talón de Aquiles’ de los programas de sustitución de cultivos más fuertes. Los esfuerzos se han enfocado más en el proceso de producción, sin prever los problemas que tendrán los campesinos para sacar sus nuevos productos al mercado, ni cómo se enfrentarán a la fluctuación de precios.
VerdadAbierta.com hace un recuento de estas tres experiencias regionales en el tema de cultivos ilícitos y sus más importantes lecciones.
Puerto Toledo, la erradicación en medio de la guerra
“Cualquier proyecto agropecuario tiene que tener el aval de la gente. De los de toda la vida y de los migrantes. Se tienen que ganar la confianza de los cocaleros, ellos mismos tienen que hacer la erradicación”, contó a VerdadAbierta.com Luis Orlado Ávila, uno de los fundadores de la Asociación Campesinas del Río Güéjar (Agrogüéjar), que reúne avarios campesinos de La Macarena en el Meta.
Ese ha sido un problema recurrente de los campesinos que viven en un territorio disputado por grupos armados. Agrogüéjar se creó en 2004, después de que terminara la zona de distención durante los diálogos de paz entre las Farc y el gobierno de Andrés Pastrana. La Asociación construyó una granja para capacitar a los campesinos en cultivos orgánicos, puesse trataba de una región inundada de cultivos de coca.
La Macarena fue uno de los escenarios del Plan Patriota durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Con una fuerte intervención militar se buscaba desarticular el Bloque Sur y Oriental de las Farc. Los continuos bloqueos y la fumigación aérea provocaron movilizaciones masivas. “La gente se estaba murieron de física hambre. No dejaban entrar ni un poquito de panela. La mayoría se fueron y el pueblo quedó casi solo. Los que se quedaron se comprometieron a erradicar”, contó Ávila.
Entre 2006 y 2007 un grupo de erradicadores manuales entró a las fincas para acabar con los cultivos de coca, como los campesinos acordaron con el gobierno. Aparecieron los primero programas de desarrollo alternativo de la mano del gobierno, pero no tuvieron en cuenta el trabajo previo que había hecho la comunidad y algunos de los líderes de la organización fueron amenazados y tuvieron que salir desplazados. Se trajeron gallinas ponedoras (la mayoría murió y fueron arrojadas al río) y frijol caupí (que nunca vio la primera siembra). “Nunca nos escucharon. Impusieron los programas que desde Bogotá habían pensado”, dijo un campesino de la zona que pidió la reserva de su nombre.
Como parte del Plan Nacional de Consolidación – una segunda fase del Plan Patriota – y con financiación de la Unión Europea, entre 2010 y 2011, Cordepaz (Corporación Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental) y Agrogüejar implementaron el proyecto de desarrollo alternativo de 18 meses. La iniciativa estaba dirigida a 80 familias campesinas del corregimiento de Puerto Toledo, en inmediaciones al Parque de La Macarena.
A corto plazo se sembraría arroz, para hacer frente a la crisis alimentaria; a mediano plazo un proyecto apícola que diera las primeras ganancias y a largo plazo el caucho. De acuerdo con la investigadora María Clara Torres, ninguna de los tres cultivos existe hoy. Una parte del arroz llegó podrido, la otra no creció por la condiciones de suelo en la zona. La madera para construir colmenas de abejas está apiñada en el patio trasero de una casa, pues ninguno de los campesinos reunía los requisitos que pedía la Unión Europea para la fabricación de los paneles y el contratista elegido no cumplió; de 80 estacas para la siembra de caucho, solo 35 fueron entregadas a familias campesinas, la mayoría de las cuales abandonó los cultivos.
“Esta experiencia deja varias lecciones. El caucho da rendimientos estables después de cinco años y el proyecto duró 18 meses. No se pueden proponer proyectos de desarrollo alternativo de tan corto plazo, sobre los que no se pueda tener control y no se le dé el debido acompañamiento técnico a los campesinos hasta que los productos generen ingresos estables”, dijo Torres. Además, para ganarse la confianza de las comunidades, es importante que se priorice la mano de obra local y que se los capacite para que puedan competir en las licitaciones. Agregó que no se trata de un problema de instituciones, sino que son problemas estructurales muy frecuentes en la mayoría de este tipo de proyectos.
Micoahumado y el problemade la comercialización
La comunidad de este corregimiento de la zona alta del municipio de Morales, en el Sur de Bolívar, en el estribaciones de la Serranía de San Lucas, es reconocida nacionalmente por promover una estrategia de resistencia pacífica exitosa. Convocaronuna Asamblea Popular Constituyente y construyeran una zona agrícola que los mantuvo al margen de los enfrentamientos entre guerrilleros (en este caso el Eln) y paramilitares que vivió todo el resto del Magdalena Medio.
En diciembre de 2002, los paramilitares del Bloque Central Bolívar hicieron sus primeras apariciones en la zona. Más de 200 campesinos del caserío, en su mayoría mujeres, se organizaron para detener la entrada de los paramilitares y pedirle al Eln que saliera del pueblo. “Se logró sacar a gran parte de los paramilitares e hicimos un acuerdo con el Eln para que desminara 17 kilómetros de las vía y así lo hicieron”, contó Juan Bautista uno de los líderes de Micoahumado.
En el corregimiento quedó prohibido el uso de distintivos militares, las minas antipersonas y los cultivos ilícitos Se creó una zona agrícola de la que se erradicaron cerca de 800 hectáreas de coca. A diferentica de otras regiones, en Micoahumado, la erradicación fue una iniciativa de la comunidad para protegerse de la guerra.
En 2006, para asegurar la permanencia de los campesinos, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, promovió proyectos productivos de cacao, café, fríjol, caña, plátano, aguacate, maderables y ganadería para reemplazar los cultivos que ya habían sido erradicados.
Aunque la comunidad ha logrado mantener al margen a los grupos armados y no sembrar una sola hoja de coca en la zona agrícola establecida, diez años después, estos proyectos tienen problemas de comercialización. La coca que se siembra en corregimientos cercanos sigue compitiendo con los cultivos lícitos. “Aunque casi todos poseen Cédulas Cafeteras expedidas por la Federación Nacional de Cafeteros, que muestran con orgullo, es imposible conseguir una sola taza de café producida localmente”, aseguró Torres.
Bautista coincide en que enfrentan grandes problema de comercialización, “Desde 2010 nuestra cosechas tienen perdidas. El invierno ha dificultado mucho las cosas, también el transporte, no tenemos nuestros propios camiones. Nosotros queremos lograr una comercialización local en el sur de Bolívar, pero aún no lo hemos logrado”.
El éxito de la sustitución en Nariño
A diferencia de lo que ocurrió en los otros proyectos, este fue liderado en 2007 por el entonces gobernador Navarro Wolf, quien abiertamente se opuso a la fumigación con glifosato y a la represión contra el pequeño productor. En un consejo comunitario el gobernador negoció con el presidente Álvaro Uribe que durarte Programa Sí se puede (entre 2007 y 2014) no se harían fumigaciones aéreas y la erradicación sería voluntaria.
Para ello se eligieron los municipios de Leiva y Rosario, que no los más afectados por los cultivos ilícitos en Nariño. Los resultados fueron notorios, Según Unodc, entre 2007 y 2013, el área sembrada en coca se redujo en un 96% en Leiva, en un 61% en El Rosario, por encima del promedio departamental y nacional.
Uno de los aciertos, según la investigadora, fue incluir a familias cocaleras y no cocaleras, de manera que no solo quien cometía un delito recibía el apoyo del Estado para promover cultivos de limón.
Además, ganaron la confianza de la comunidad involucrándola en la ampliación de las vías terciarias y construcción de los sistemas de riego. Las Juntas de Acción Comunal fueron capacitadas para ejecutar el presupuesto, construir y supervisar las obras.
Hubo un enfoque diferencial para las mujeres, tal como lo sugiere el acuerdo de mesa de negociaciones. “Las mujeres han tenido un rol activo en la producción de coca, bien sea como raspachines ocasionales o como cultivadoras de pequeñas parcelas de coca en los solares de sus casas. Pero, a su vez, ellas han sido particularmente afectadas con las bonanzas de estos cultivos ilegales: aumenta la prostitución, el reclutamiento y la violencia domestica. El liderazgo femenino resulta fundamental para mantener el territorio libre de cultivos ilícitos.”, aseguró Torres.
Sin embargo, este proyecto también cae en el cuello de botella de la comercialización, muchos productores se han desanimado ante los cambios en los precios de los productos alternativos a la coca. Cuando caen los precios, los cultivadores no cuentan con el dinero suficiente para la compra de insumos necesarios para el mantenimiento del cultivo de limón, por eso, cuando suben los precios las cosechas pierden en calidad y competitividad.
El peligro es que la siembra de cultivos ilícitos en municipios aledaños y la minera ilegal en el departamento pueden ser una tentación para estos campesinos. Sobre todo si ven la posibilidad de mantener un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad.
La investigadora concluye que el Acuerdo de La Habana no podrá erradicar la producción de coca en Colombia, mientras la prohibición internacional incentive la producción. “La pregunta entonces es si es preferible la cocaína con o sin violencia. También conviene interrogarse si es mejor la existencia de miles de familias cocaleras marginadas y explotadas por grupos criminales, o que ellas tengan acceso a la seguridad social y que la producción de coca sea regulada y gravada por el Estado”.
