Las mal llamadas “limpiezas sociales” se convirtieron desde finales de los setenta en un lugar común en el conflicto armado. Aunque los paramilitares fueron el grupo que más cometió este tipo de crímenes, todos los actores de la guerra perpetraron masacres y asesinatos selectivos contra los sectores más marginados de la sociedad.
Foto: archivo Semana.El pasado 22 de febrero se cumplieron 15 años de una de las mayores masacres cometidas por los paramilitares en Cúcuta, en la que fueron asesinadas siete personas al medio día en un popular sector de la ciudad, el barrio Antonia Santos. A pesar de la magnitud del crimen, ni la comunidad ni ninguna entidad oficial realizaron ceremonias conmemorativas para recordar las víctimas: un grupo de indigentes, vendedores ambulantes y drogadictos que cayeron en lo que se ha considerado recurrentemente como una “limpieza social”.
Este tipo de crímenes ha sido sistemático en el conflicto en varias regiones del país. Miembros de todos los actores armados, en diferente medida, han convertido en objetivo militar a todo aquel que consideren un “peligro social”: desde habitantes de la calle, drogadictos, prostitutas y presuntos ladrones, hasta miembros de la comunidad LGBTI. (Ver informe del Centro de Memoria Histórica: Aniquilar la diferencia)
Según expertos, “limpieza social” es un término usado para etiquetar el exterminio de personas consideradas por sectores radicales y con tendencias facistas de la sociedad como “prescindibles”. “Hay unos oficios que son vistos como ‘repugnantes o abominables’ como los que ejercen los habitantes de calle, las prostitutas o simplemente los individuos más pobres. Estas personas son catalogados como ciudadanos potencialmente prescindibles o incluso desechables”, explica Freddy Cante, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.
El investigador del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, Carlos Eduardo Rojas señala en su libro La Violencia llamada limpieza social, que los primeros crímenes sistemáticos de este tipo aparecieron en Pereira en 1979, para luego extenderse a casi todo el país en la década de los ochenta.
El autor explica que ante el aumento de la inseguridad en la capital de Risaralda, para la época un consejo de seguridad organizado en la ciudad determinó pintarles la cara y las manos con tinta indeleble a los ladrones que fueran capturados por las autoridades. Rápidamente comenzaron a aparecer cuerpos de los presuntos criminales asesinados con tiros de gracia.
Este tipo de crímenes cometidos por los llamados en su momento “escuadrones de la muerte” se extendieron rápidamente a Medellín, Cali y Bogotá. El fenómeno coincide con la aparición pública de grupos paramilitares creados por narcotraficantes como Muerte A Secuestradores, Mas, en 1981. Este último fue conformado por el Cartel de Medellín, luego de que un comando del M-19 secuestrara a Marta Nieves Ochoa, una hermana de los capos Ochoa Vásquez.
Aunque el Mas duró apenas unos meses, el nombre comenzó a utilizarse para referirse a cualquier grupo paramilitar en el país durante la década de los ochenta. Los denominados “masetos” comenzaron a realizar sistemáticamente masacres y asesinatos selectivos considerados como “limpiezas sociales”, principalmente en Antioquia y el Magdalena Medio.
Además del discurso antisubversivo y anticomunista con el que justificaban los crímenes a líderes de izquierda, los paramilitares llegaron a limpiar pueblos de “indeseables”, según explica Rojas en su libro. Durante los ochenta, varios políticos denunciaron que en las llamadas “limpiezas sociales” participaban miembros de la fuerza pública, especialmente de los extintos F2 (grupo de inteligencia de la Policía) y el DAS.
La base de datos Noche y Niebla del Cinep, que documenta crímenes desde hace varias décadas, registra que la cifra de víctimas de este tipo de crímenes se disparó a finales de los ochenta y principio de los noventa. En 1991, fueron asesinadas en las llamadas “limpiezas sociales” 142 personas en Antioquia y 124 en el Valle del Cauca.
Aunque las cifras en todo el país bajaron entre 1992 y 1993, la expansión del modelo paramilitar de los hermanos Carlos y Vicente Castaño por varias zonas del país, a partir de 1995, volvió a disparar los asesinatos contra aquellos considerados como “sobras de la sociedad”, señalados muchas veces como informantes de la guerrilla.
El caso más dramático de limpieza social ocurrió en Norte de Santander. En 1999 los hermanos Carlos y Vicente Castaño enviaron un grupo de hombres para crear el Bloque Catatumbo de las Autodefensas, para arrebatarle el control del narcotráfico a las Farc en la zona de frontera con Venezuela.
Entre 1998 a 2004 se dispararon las tasas de homicidios en Norte de Santander, específicamente en Cúcuta, lugar en el que delinquía el Frente Fronteras del Bloque Catatumbo. Este Frente era liderado por Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’, quien no solo se encontraba en Cúcuta sino en municipios aledaños como Puerto Santander, Zulia y Sardinata.
Este frente prácticamente se creó para realizar las mal llamadas “limpieza sociales”, en las que asesinaban habitantes de la calle y vendedores ambulantes señalados de ser supuestos colaboradores y miembros del Eln. Después de perpetrar las masacres los ‘paras’ dejaban mensajes en las paredes como, “rodarán cabezas”, “muerte viciosos” y “fuera ratas”.
Desde la década de los setenta, centenares de campesinos llegaron a Cúcuta y crearon barrios de invasión como el Antonia Santos y el Cecilia Castro, que 20 años después se convirtieron en el objetivo de la violencia paramilitar, debido a la presencia que hacían en el sector las milicias del Eln. En este barrio ocurrieron varias masacres y asesinatos selectivos de habitantes de la calle, que en varios casos eran campesinos desplazados que huían de la violencia rural del departamento y no tenían donde vivir.
Ver registro de la masacre en Rutas del Conflicto
Según la base de datos Noche y Niebla, entre 1998 y 2005, la ciudad con mayor número de este tipo de crímenes fue Cúcuta con 107 víctimas, seguido por Pereira con 77 y Bogotá con 48. En datos del banco de datos Noche y Niebla, este tipo de crimines se agrupa en la categoría de intolerancia social, que según un funcionario del Cinep se presenta cuando “el acto violatorio de los derechos humanos, está dirigido a eliminar personas consideradas por sus victimarios como disfuncionales o problemáticas para la sociedad”.
Aunque en menor medida, las Farc también cometieron estos crímenes, en contra de presuntos ladrones o supuestos informantes de los paramilitares y la fuerza pública. En varios municipios de Antioquia, Huila y Tolima, asesinaron personas marginadas en los cascos urbanos que consideraran colaboradores de sus enemigos.
Miembros de la fuerza pública también realizaron las mal llamadas “limpiezas sociales”. Además de los señalamientos de colaboración con los paramilitares en masacres de este tipo, varios de los mal llamados “falsos positivos” documentados durante los últimos años, fueron cometidos contra jóvenes considerados como “socialmente indeseables”. VerdadAbierta.com documentó uno de estos casos, en el que fueron asesinados seis habitantes de la calle, consumidores de droga que recogían dinero a cambio de ayudar a los pasajeros a cargar sus maletas y que después fueron presentados como guerrilleros muertos en combate por el Ejército.
Falsos Positivos, una herida que sigue abierta
Según expertos, en muchos de estos casos los delincuentes actuaron con la aprobación de miembros de la comunidad, que veían con beneplácito la “limpieza” para mejorar la seguridad de los barrios. En el proceso de Justicia y Paz, varios paramilitares han aceptado la autoría de estos crímenes y han denunciado la colaboración de policías y militares, pero no existe mucha información sobre comerciantes relacionados con estos hechos. “El jefe ‘para’ confesó que Vicente Castaño le había dado una lista y que por eso los mató, pero como Vicente no apareció, no se sabe si hubo otras personas implicadas”, dice la esposa de una víctima adicta a la droga, asesinada en La Ceja, Antioquia, en 1995.
Los asesinatos y amenazas contra estos sectores marginados de la sociedad no pararon con la desmovilización paramilitar. Todavía con comunes los panfletos con los que bandas criminales, que recurren en la mayoría de los casos a nombres como “Águilas Negras” para amenazar drogadictos, habitantes de la calle y supuestos ladrones, como la aparecida en la Ceja, Antioquia en 2015.
Según la base de datos Noche y Niebla del Cinep, al menos 59 personas fueron asesinadas en todo el país en las llamadas “limpiezas sociales” durante 2014 y 2015. Aunque la cifra es mucho menor si se compara con los años más duros de la guerra (en 2005, en plena desmovilización paramilitar murieron al menos 143 personas en estos crímenes), es evidente la violencia contra estos sectores de la sociedad sigue vigente.
