Desde hace más de dos meses, campesinos de esta región del departamento de Caquetá vienen denunciando que el Ejército ha arremetido de manera arbitraria contra las comunidades y estigmatiza su trabajo social.
La Zona de Reserva Campesina de El Pato fue la primera en constituirse a nivel nacional, desde entonces los campesinos se han organizado en comités que han impulsado el desarrollo del territorio. Foto: archivo Semana.“Desde que la guerrilla se echó monte adentro para no dispararse más con el Ejército, ellos se entraron más hacia donde nosotros estamos, nos han robado gallinas, ganado, peines y en otras partes han pedido plata que para no volver a pasar por las veredas. Dicen que somos familiares, amigos o que hacemos mandados a la guerrilla”, relató Emilia*, una campesina de 65 años habitante de la vereda Alto Avance.
Testimonios como ese se escuchan en algunas de las 27 veredas que integran la Zona de Reserva Campesina El Pato Balsillas desde hace varios meses. Los labriegos están preocupados porque a raíz del desescalamiento de la guerra y el anuncio de la recta final de los diálogos en La Habana, creyeron que la Fuerza Pública pondría fin a las prácticas de retener los documentos de identidad de los pobladores, el control sobre los mercados, la señalización y estigmatización de las comunidades, pero no fue así. Por el contrario, algunos aseguran que se ha incrementado tanto el pie de fuerza como la presencia en los territorios.
Ante las reiteradas denuncias sobre esa situación, los campesinos lograron que una comisión verificadora, integrada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), llegara hasta la región a finales del mes pasado para escucharlos. En una reunión, Maximiliano Espinosa, presidente de la Asociación Municipal de Colonos del Pato (AMCOP), contó que desde mediados del año pasado la presencia de los soldados en las veredas y en algunas de las fincas ha afectado la vida cotidiana de las comunidades.
“A los del Ejército les mandan a cuidar a los ciudadanos y por acá pocos son los que hace eso. Como el mismo comandante dijo, hay unos que sí hacen caso y hay otros que hacen cosas que nadie les ha mandado a hacer. Se la pasan es atropellándonos que por lo de siempre o por estar acá monte adentro o por que se dice somos de la guerrilla”, aseguró Espinosa.
Pero esos señalamientos no son nuevos, se vienen haciendo desde 2011, luego de la instalación de la base militar a la entrada del caserío Guayabal, donde operan la Fuerza de Tarea Júpiter, el Batallón de Alta Montaña número 9 y el Batallón Cazadores. Desde entonces, se han registrado por lo menos 20 denuncias, algunas de ellas por el lanzamiento de morteros, que han causado la muerte de decenas de yeguas y reces, y la ocupación de las viviendas de los campesinos por parte de la tropa.
“Lejos de prestar protección a la población civil, el Ejército copó estas viviendas y siguió entrando sus garitas e instalaciones militares de las bases hacia el pueblo, generando mayor desplazamiento de la población siendo actualmente ocupadas cerca de 20 viviendas, con el argumento de que sus propietarios no tienen título legal sobre esas viviendas”, se lee en el informe de verificación.
A ello se suma un rumor que corre por la región y es que, tras el cese unilateral de fuego decretado por las Farc el 20 de julio de 2015, los guerrilleros habrían abandonado caletas con dinero y armas, los cual ha sido utilizado por los soldados como excusa para permanecer en la zona.
Yenny Chacón, una de las abogadas que acompañó la comisión de verificación, aseguró que las supuestas huacas que existen es utilizado por los militares como argumento para atropellar a los campesinos en busca de información sobre su ubicación, amedrentándolos, amenazándolos y estigmatizándolos.
Región señalada
Emilia* cree que muy posiblemente el cese bilateral le sirva al Ejército para moverse tranquilamente por la región lo cual, a su juicio, va a traer mayores problemas si se sigue rumorando que las Farc han dejado caletas de dinero y armas. Foto: Anzorc.La Zona de Reserva Campesina El Pato Balsillas es un área de 8 mil hectáreas del noroccidente del Caquetá, que limita con el Parque Natural Nacional Cordillera de los Picachos, así como con los departamentos de Meta y Huila. Fue creada en 1997, en aplicación de la Ley 160 de 1994.
A cada una de las 110 familias que cobijó esta medida le fueron entregadas parcelas de 14 hectáreas y subsidios para fortalecer la actividad ganadera. Actualmente, en las 27 veredas integradas a la Zona de Reserva viven alrededor de 8 mil campesinos, muchos de los cuales llegaron a colonizar estas tierras a mediados de la década del noventa. Desde entonces se asentaron en la región y empezaron a constituir su propia economía alternativa, desarrollo político y organización social.
La de El Pato Balsillas fue la primera Zona de Reserva Campesina en constituirse en el país y en los años de vigencia de la norma solo han sido aprobadas cinco más y quedaron en trámites por lo menos 10 solicitudes. (vea el mapa aquí)
Esta Zona de Reserva carga con el peso de la guerra a sus espaldas, pues el territorio formó parte de la llamada zona de distensión, una amplia región de 42 mil kilómetros, creada en 1998 por el entonces presidente de la República Andrés Pastrana para adelantar negociaciones con la guerrilla de las Farc. Tras el fracaso de estos diálogos, en 2002, se convirtió en “zona roja” como lo llaman los campesinos. Desde entonces han sido reiteradas las acciones en contra de las comunidades y la vulneración de los derechos humanos según denuncian organizaciones locales y nacionales.
El Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) aseguró que entre abril y mayo de este año han desembarcado alrededor de dos pelotones de tropa del Ejército, que circulan entre las veredas Lucitana y Las Morras.
“Desde tempranas horas de la mañana ocupan las casas de los pobladores de esta zona, los habitantes señalan que las tropas van acompañadas de un sujeto que hacen presentar como desertor de la Guerrilla y quien hace señalamientos contra los pobladores”, denunció el CPDH.
Esos señalamientos han propiciado capturas por parte Ejército, como le ocurrió a Aracelly Cárdenas, campesina de la vereda Las Morras e integrante de la organización veredal de mujeres. Ella fue detenida el 8 de mayo pasado en su propia casa sin que se conociera orden de captura en su contra, incomunicada y luego trasladada a Neiva, donde se encuentra privada de la libertad y es procesada por el delito de rebelión.
El esposo de Cárdenas también estuvo detenido cerca de año y medio por el mismo delito. En la imputación de cargos la Fiscalía aseguró que hacía parte de las milicias de las Farc; sin embargo, durante el juicio, no se pudieron comprobar los señalamientos y fue dejado en libertad.
“Qué cosa más injusta, pero por tener una tienda con minutos, donde llama el campesino, el soldado, el guerrillero o el que va de pasada, a uno lo tratan de una vez de colaborador de la guerrilla. Le pasó a la señora Araseli, y ya le había pasado a su marido. Cogen es al trabajador, al pendejo y no al que de verdad anda por allá haciendo el mal”, aseveró el presidente de AMCOP.
Las palabras de indignación de indignación de este líder comunitario reflejan la frustración y la impotencia que les genera el proceso de denuncia contra quienes los atropellan: tienen que ir hasta San Vicente del Caguán, dar testimonio y llevar pruebas que sustenten que el Ejército amedrente a la gente, que hayan robado o que vulneren los derechos humanos.
“Los militares tiene tapadas las insignias y por las características del territorio muchas veces van cubiertos o son difíciles de identificar. El trámite es tedioso para los campesinos, muchas veces en el primer intento desisten de la denuncia o porque de tajo los rechazan por pertenecer a la zona o por no tener las herramientas para sustentar las pruebas”, aseveró la abogada Chacón.
La esperanza del cese bilateral
Los campesinos han encontrado varios artefactos explosivos sin detonar a lo largo de la Zona de Reserva Campesina. Han denunciado que no se han presentado combates con las Farc por lo cual no entienden por qué el Ejército ataca el territorio. Foto: Anzorc.Desde el cese unilateral de las Farc, decretado hace ya un año, los campesinos aseguran que sehan sentido menos acorralados por la guerra, pero que la llegada del Centro Democrático a la Alcaldía de San Vicente del Caguán ha revivido viejas épocas del conflicto, donde los más perjudicados han sido los labriegos.
Domingo* un campesino que ha vivido más de 30 años en la región asegura que el cambio de administración los ha perjudicado. A su juicio se han vuelto a presentar hechos como los que se desarrollaban en la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010): “El patrullaje del Ejército no ha estado bien visto porque nos atropellan, ahora volvió a ser como antes, en horas de la noche se meten a las fincas a buscar quien sabe que porque nada sacan. Esto nos ha traído temor porque estábamos tranquilos”.
En AMCOP aseguran que la administración municipal ha generado que la presencia institucional se realice sin concertarse con las comunidades, lo cual desconoce el trabajo que por años han adelantado los campesinos en materia de organización local y regional.
“Acá de lo que se tienen que enterar es que somos colombianos como todos, que no somos guerrilleros y pues sí guerrilla hay en todo lado, pero acá llevamos más de 15 años demostrando que somos una organización campesina muy bien constituida”, reiteró Espinosa, quien exige que se respete eltrabajo que han adelantado desde las juntas de Acción Comunal.
De otro lado, tras conocerse el acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y de dejación de armas, firmado el pasado 23 de junio, los campesinos de la Zona de Reserva Campesina de El Pato Balsillas esperan que el reacomodo del Ejército sirva también para que el gobierno piense en una institución al servicio de las comunidades.
“Acá seguimos esperando el día en que ningún niño que va a la escuela o a el colegio llegue con alguna historia que involucre las armas y la violencia. Ojalá el cese bilateral sea el camino para ello, para que la paz se sienta es dentro de la gente”, expresó Domingo.
Los labriegos y las organizaciones no gubernamentales que los apoyan también esperan que el estigma que cargan a cuestas desaparezca y, tal como lo registró el informe de la comisión verificadora que visitó la zona, se convierta en “un paso fundamental para poder avanzar en la construcción de paz en los territorios colombianos”.
(*) Nombre modificado por solicitud de la fuente.
(**) VerdadAbierta.com quiso contrastar la información con el brigadier general Cesar Augusto Parra León, comandante de la Fuerza de Tarea Júpiter, pero no contestó las llamadas.
