A pesar del carácter pacífico que el grupo le atribuyó a la actividad, las comunidades han denunciado presiones en áreas rurales y urbanas para participar del cese de actividades.
Panfleto en el que los ‘gaitanistas’ anuncian su paro armado.Desde el pasado martes circuló un comunicado en las regiones antioqueñas de Urabá y Bajo Cauca, a través del cual las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidas como ‘Urabeños’ y ‘Clan Úsuga’, invitó a las comunidades a suspender las actividades laborales, académicas y económicas para conmemorar la muerte de Francisco Morelo Peñate, alias ‘Negro Sarley’, quien fue dado de baja durante un operativo militar en 2013.
El ‘Negro Sarley’ era el jefe militar y el segundo al mando del grupo ilegal, durante los últimos años fue el encargado del envío de cocaína a Panamá y Hondura, a su vez coordinó a las estructuras que delinquían en Antioquia, Norte de Santander, los Llanos Orientales, Valle del Cauca y la Costa Atlántica. Según la Policía era el encargado de conectar la banda criminal con carteles mexicanos.
En el primer punto del panfleto, el grupo criminal señala que se encuentran en conflicto armado no por voluntad propia, sino en legítima defensa ante “un Estado incapaz de garantizar la vida y bienes de sus asociados”. Y reiteraron que son una organización con dominio territorial, unidad de mando, que ha realizado operaciones militares continuas a lo largo del tiempo.
Luis Guillermo Pardo, gerente para la Paz de Antioquia, reconoce que el nacimiento del grupo, que se dio en Urabá a mediados de 2006 luego del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), generó con el paso del tiempo dos fenómenos; de un lado, aceptación social, y de otro, infiltración en la población, que no han podido ser superados.
Sin embargo, el funcionario asegura que hay una nueva disposición institucional para combatir la criminalidad más allá de la vía armada: “El caso de la operación Agamenón debe traer nuevas estrategias que protejan los derechos humanos, que estén cargadas de contenido social y que ayuden a diezmar las brechas sociales”.
Pese a ello, voceros de organizaciones sociales han denunciado que el control del microtráfico de estupefacientes, los cobros extorsivos y constantes toques de queda vienen en aumento, a lo que se suman amenazas y desplazamientos forzados internos en algunas comunidades como lo ocurrido en El Bagre, Antioquia, a principios de enero, donde alrededor de 139 familias se vieron obligadas a abandonar la tierra por el constante enfrentamiento entre los grupos armados.
“Días previos a que circulara el comunicado en varios corregimientos y localidades hubo toques de queda y control del tráfico. De igual manera pasó en algunas zonas rurales donde se restringió la movilidad y se empezó a correr el rumor que venía un paro con fines políticos” contó para VerdadAbierta.com un líder local quien prefirió no revelar su nombre.
En el panfleto esta organización armada ilegal insiste en reiterar su apoyo al proceso de paz y vuelve a proponer su inclusión en ellos: “Hemos solicitado una salida digna para todos los integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y de otros grupos armados que existen en el país”, asegurando que la paz es la que va a permitir que el país avance “por la senda del progreso y la redención social para las grandes masas de desposeídos, que somos mayoría, con una nación más justa e incluyente”.
Este grupo también es conocido como ‘Clan Úsuga’ por los apellidos de sus máximos jefes, Juan de Dios, muerto en operativo militar el 1 de enero de 2012 en las selvas chocoanas, y Dairo Antonio, alias ‘Otoniel’, un hombre que huye de la justicia en las selvas del Urabá antioqueño y un viejo hombre de guerra, pues ha transitado por la ilegalidad desde hace más de 30 años como guerrillero del Epl y luego como integrante de diversas facciones de las Auc. Actualmente el gobierno norteamericano ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita su captura.
Los municipios más afectados de Urabá son San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Arboletes, Necoclí, Turbo, Apartadó y Chigorodó; de Bajo Cauca, Cáceres, Caucasia, Taraza, Nechí, El Bagre y Zaragoza. Esta mañana, Javier Darío Sierra , comandante de la Policía de Urabá, señaló que las bombas de gasolina amanecieron cerradas, los locales comerciales y el transporte terrestre y fluvial estaba suspendido.
Aunque el paro solo fue decretado durante 24 horas, como lo señalaron algunos habitantes de los territorios desde días antes se había generado miedo por las intimidaciones. Con este son cuatro los paros decretados por el grupo ilegal, el primero fue en 2008 y el más reciente en 2012.
¿Más que una banda criminal?
En septiembre de 2013, en un documento conocido por VerdadAbierta.com, el grupo el grupo se definió como “una organización político-militar de resistencia civil en armas, de carácter social, transitoriamente en la ilegalidad”, durante la denominada “conferencia de comandantes”, además de ello redefinieron los estatutos de constitución y trazaron una hoja de ruta donde definieron objetivos políticos y militares.
“Creemos en la Paz y somos conscientes de que la vía del diálogo nos llevará algún día a ella, estamos dispuestos a interlocutar con todos los actores del conflicto social armado -legales e ilegales- en busca de una solución definitiva, que ponga fin al conflicto social interno de nuestro país” se lee en uno de los apartados del documento.
Aún así, las acciones criminales catalogan al grupo como la organización más grande de las nueve que operan actualmente en el país, según el más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación. A ello se suma que, a julio de 2015, la capacidad de tráfico de droga superaba los 2 mil kilos de cocaína a la semana en las rutas marítimas que controlan en el Pacífico, el golfo de Urabá y la Costa Atlántica.
La respuesta por parte del gobierno ha sido de aumentar la confrontación contra el grupo al punto de llegar a expedir una directriz para poder bombardear los campamentos de la banda criminal como ocurrió en noviembre del año pasado en Unguía, Chocó, donde 12 miembros murieron y al menso 20 armas y material de guerra fueron decomisados.
El creciente fenómeno ha generado que se denuncie por parte de los sectores sociales a este grupo como “neoparamilitares” y ha prendido las alarmas en materia de orden público al punto que actualmente cursa un proyecto de Ley que pretende facultar a las Fuerzas Militares para atacar al grupo no como una banda delincuencial sino como una organización armada ilegal, lo cual permitiría la confrontación directa, ataques aéreos y el uso de toda la fuerza institucional para derrotarlos.
