Respuesta coordinada y ordenada del Estado para combatir los cultivos ilícitos; consolidar la seguridad, la legitimidad institucional a la vez que reducir la pobreza y la desigualdad en territorios afectados por la violencia. Así definió el presidente Duque Márquez las llamadas Zonas Futuro. Sin embargo, lo que se sabe hasta ahora es que a dichas zonas arribarán militares estadounidenses para asesorar a sus pares militares colombianos en la lucha contra el narcotráfico.
Territorios estratégicos que han sido fuertemente afectados por la presencia de economías ilícitas, la violencia, el crimen organizado o el narcotráfico; donde la presencia institucional es precaria y donde el índice de necesidades básicas insatisfechas es bastante alto; existe un amplio déficit en el goce de derechos y en la legitimidad institucional y, por tanto, demandan una intervención con seguridad y justicia pero también una respuesta coordinada y ordenada por parte de las entidades del Estado para responder a las necesidades de los ciudadanos.
Fue así como el presidente de la República, Iván Duque Márquez, definió las llamadas “Zonas Futuro” aquella tarde del 8 de agosto de 2019 cuando, en evento público realizado en el municipio de Tumaco, puerto sobre el Pacífico nariñense, que contó con la presencia de autoridades locales y regionales, presentó públicamente esta estrategia de intervención mediante la cual se busca sustituir economías ilícitas por lícitas, desarticular grupos armados ilegales, combatir el narcotráfico y disminuir los índices de pobreza, desigualdad e inequidad en dichos territorios.
Se trata de una iniciativa que nació tras la promulgación de la Ley 1941, fechada el 18 de diciembre de 2018, que facultó al Consejo de Seguridad Nacional a declarar “Zonas Estratégicas de Intervención Integral” (ZEII).
Tras definir las ZEII a intervenir, en este caso el Pacífico nariñense; el Sur de Córdoba y Bajo Cauca antioqueño; el Catatumbo, en Norte de Santander; el departamento de Arauca y el Parque Nacional Natural de Chibiriquete y parques nacionales aledaños, el gobierno nacional le asignó a esta estrategia una subcuenta en el Fondo de Programas Especiales para la Paz mediante Decreto 1438 del 9 de agosto de 2019 y reglamentó su funcionamiento a través del Decreto 2278 del 16 de diciembre de 2019.
De acuerdo con los diagnósticos del gobierno nacional, la priorización de estas regiones obedeció a que allí se concentra el 56 por ciento del total de hectáreas sembradas con hoja de coca en todo el país, según mediciones del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci). Asimismo, se comete el 45 por ciento de los asesinatos de líderes sociales; y la deforestación de los parques nacionales ubicados en estos territorios (cuatro en total: Paramillo, Sanquianga, La Macarena y Chibiriquete) supera el 40 por ciento.
De ahí que, tal como lo sostuvo el presidente Duque Márquez aquella tarde en Tumaco, la estrategia permitirá intervenir directamente unas 32 mil hectáreas sembradas con hoja de coca para uso ilícito, afectar fuertemente las economías ilegales, proteger la vida de los ciudadanos y los parques nacionales naturales. Y agregó además que con esta intervención se acelerará la implementación del Acuerdo de Paz gracias a la confluencia de municipios donde se ejecutarán Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) con las Zonas Futuro.
“El mensaje es claro: vamos a trabajar por ustedes y con ustedes; en este esfuerzo, todos sumamos lo mejor de nuestras energías. Está lo mejor de la Fuerza Pública; está lo mejor del brazo social del Estado; está lo mejor de la coordinación y está también la deseada armonía en el trabajo diario con los gobernadores y alcaldes”, les dijo Duque a los tumaqueños esa tarde del 8 de agosto del año pasado.
Lo que no dijo el mandatario de los colombianos esa tarde es que dicha estrategia de intervención contaría con la asesoría de militares extranjeros, en este caso, de los Estados Unidos, hecho que ha despertado fuertes rechazos y pronunciamientos por parte de plataformas de derechos humanos en todo el país.
De acuerdo con las explicaciones entregadas por el ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo, el arribo de 54 militares estadounidenses adscritos a la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad (Sfab) del Comando Sur de EE.UU., que comenzaron a llegar al país desde el pasado 1 de junio, se rige por un acuerdo de cooperación bilateral entre ambos Estados para para reforzar la lucha contra el narcotráfico, particularmente en las Zonas Futuro.
El pasado 4 de junio, ante la plenaria virtual del Senado de la República, el jefe de la Cartera de Defensa, ratificó que “con esta asesoría sobre procedimientos y tácticas, se busca mejorar la efectividad en la lucha contra el narcotráfico en zonas que fueron priorizadas por el gobierno nacional. El personal de la Sfab de EE.UU., no participará en ningún tipo de operación militar, ni estará en terreno”.
Las explicaciones entregadas hasta ahora por el Ejecutivo no logran calmar los ánimos de sectores políticos que advierten una violación a la soberanía nacional y de la Constitución Política por cuenta de la llegada de militares extranjeros sin la aprobación del Congreso de la República.
Por su parte, organizaciones campesinas, sociales, comunitarias y defensoras de derechos humanos que desarrollan sus labores en los municipios que conforman las Zonas Futuro advierten que esta es una estrategia netamente militar, que privilegia la asesoría militar extranjera en detrimento del diálogo con las comunidades, lo que podría incrementar las violaciones a los derechos humanos.
Bota militar: la preocupación
“Sobre ese tema de las Zonas Futuro pues, qué le digo, poco sabemos. Sabemos que el gobierno nacional quiere adelantar erradicación forzada aquí en el territorio y ahora disque va a traer militares extranjeros. Y eso nos preocupa mucho porque, por lo menos aquí en el Pacífico, hay unas condiciones sociales especiales que hay que tener en cuenta. Eso puede ser delicado pues podrían incrementarse las violaciones a los derechos humanos”, respondió un líder de comunidades negras del municipio de Tumaco cuando este portal le pidió su opinión sobre las denominadas Zonas Futuro.
Su respuesta, corta y reticente, deja entrever la preocupación e incertidumbre de las comunidades del Pacífico Nariñense, que constituye una de las llamadas Zonas Futuro, frente al tipo de intervención que se desarrollará allí.
Inquietud similar refieren líderes sociales del Sur de Córdoba y Bajo Cauca antioqueño, quienes advierten además que esta estrategia de intervención del gobierno nacional va en contravía de la implementación de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano, a través del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), y la extinta guerrilla de las Farc.
“¿Por qué decimos eso? Porque para que lleguen las ayudas sociales no necesitamos la intervención militar. Las ‘Zonas Futuro’ son responsabilidad del Consejo de Seguridad Nacional y la política social del Estado no tiene por qué estar en manos de militares, para eso están otras entidades del Estado”, señaló Arnobi Zapata, reconocido defensor de derechos humanos del Sur de Córdoba, miembro de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y del capítulo Córdoba de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).
La “Zona Futuro” del Sur de Córdoba y Bajo Cauca antioqueño la integran 227 veredas de los municipios antioqueños de Anorí, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia y Zaragoza, así como otras 125 veredas de los municipios cordobeses de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré.
Esta vasta región es escenario de una férrea confrontación armada que protagonizan las disidencias de las Farc (Frente 18-Cacique Coyará y Frente 36); la guerrilla del Eln; las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamados por el gobierno nacional ‘Clan del Golfo’ y una disidencia de este grupo armado conocida como ‘Los Caparrapos’ (también nombrados como ‘Caparros’).
Según mediciones del Simci, la presencia de cultivos de hoja de coca en estos municipios alcanza una cifra cercana a las 18 mil hectáreas, las cuales serán intervenidas por las Fuerzas Militares en el marco de la implementación de las Zonas Futuro. “Eso nos preocupa porque podrían incrementarse las violaciones a los derechos humanos, como ya lo estamos viendo en las jornadas de erradicación forzada que se están llevando a cabo, por ejemplo, acá en el Sur de Córdoba”, sostuvo Zapata.
En efecto, denuncias de organizaciones campesinas de municipios como Tierralta consignan hechos como el registrado el pasado 12 de febrero, cuando tropas de la Policía Antinarcóticos ingresaron a las veredas Riosucio, La Soledad, San Juan Medio, Alto San Juan, William y San Cipriano para adelantar erradicaciones forzadas y terminaron enfrentados en una batalla campal contra los campesinos cocaleros. Paradójicamente, las veredas en cuestión hacen parte de la “Zona Futuro” del Sur de Córdoba y Bajo Cauca.
Hechos similares fueron denunciados en marzo y abril pasados por organizaciones campesinas de los municipios antioqueños de Toledo, Ituango, Valdivia y Tarazá, estos tres últimos, integrantes de la “Zona Futuro” del Sur de Córdoba y Bajo Cauca antioqueño.
De acuerdo con las denuncias, tropas del Ejército Nacional adelantaron jornadas de erradicación en veredas de estos municipios en medio del Aislamiento Preventivo Obligatorio decretado por el gobierno nacional desde la media noche del pasado 24 de marzo para frenar el avance de la covid-19 y en veredas que previamente suscribieron acuerdos individuales para sustituir en el marco del Plan Nacional de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos (PNIS).
“El Ejército cuando ingresa a estos territorios cocaleros suele creer que los campesinos son guerrilleros o paramilitares o que están involucrados en el conflicto armado. Entonces, no los trata como ciudadanos sino como enemigos y esa ‘ideología’ de las fuerzas militares pues hará que se incrementen las violaciones a los derechos humanos”, resaltó Zapata, quien recordó la muerte de un campesino en Anorí, Antioquia, el pasado 21 de mayo, cuando tropas del Ejército ingresaron a la vereda Tenche Bajo para adelantar jornadas de erradicación forzada.
“El Ejército ha ingresado en los territorios atropellando a los campesinos, como fue lo que ocurrió en Anorí, donde un soldado consideró que un campesino que estaba en una casa era un comandante de la guerrilla y le disparó así sin más. Eso es lo que puede pasar cuando dicen que la Fuerza Pública será la responsable de la inversión social en un territorio y a eso súmele que habrá militares gringos haciendo quién sabe qué. Los riesgos de violaciones a los derechos humanos son grandes”, agregó el líder social.
La misma preocupación embarga a Pedro Arenas, investigador de la organización Viso Mutop y quien desde hace varias décadas acompaña y asesora comunidades campesinas en Meta, Guaviare y del sur del país en general. A su juicio, las Zonas Futuro son escenarios donde se privilegiará la intervención militar en nombre de la lucha contra el narcotráfico, lo que significa, en otras palabras, una lucha frontal contra el campesinado cocalero.
“En efecto, allí hay un escenario que puede llevar a un incremento de las violaciones de derechos humanos justo donde las comunidades históricamente han reclamado, primero, que no necesitan más tropas, sino que respeten sus derechos fundamentales y que les lleven inversión social”.
Zonas Futuro: ¿política antidrogas vía erradicación?
A juicio de Arenas, “para el gobierno nacional la política antidrogas es la militarización de los territorios vía programas gubernamentales como ‘Zonas Futuro’, que no es otra cosa que una nueva fase de la política de consolidación territorial. Ese es el discurso oficial, esa es la estrategia prioritaria, dejando de lado los discursos de construcción de paz asociados al Acuerdo de Paz”.
La preocupación de Arenas, de otros investigadores sociales y de organizaciones campesinas es que la erradicación forzada se está convirtiendo en un campo de batalla donde se están incrementando las violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con denuncias recopiladas por la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), en lo que va corrido del año tres campesinos cocaleros han terminado muertos por heridas de armas de fuego y un número indeterminado de labriegos han resultado herido de consideración luego de registrarse fuertes enfrentamientos con la Fuerza Pública en el marco de operaciones de erradicación forzada. Dos de los hechos ocurrieron en municipios de Zonas Futuro: Anorí (Antioquia) y Sardinata (Catatumbo, Norte de Santander).
El hecho más reciente se registró el pasado 4 de junio, cuando tropas de la Policía Antinarcóticos, acompañados de soldados adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), incursionaron en la vereda Tercer Milenio, municipio de Vista Hermosa, en Meta, para adelantar erradicaciones forzadas y terminaron enfrascados en una batalla campal con los campesinos cocaleros que dejó seis labriegos heridos, varios de ellos de consideración.
Si bien a través de comunicado público, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega señaló que las tropas fueron constreñidas y obstruidas mediante asonada violenta con vías de hecho, lo que demandó el uso de medidas disuasivas contra los campesinos que “adelantan esta acción hacia las tropas bajo la presión ejercida por alias ‘Gentil Duarte”, lo que advierten desde Coccam y otras organizaciones campesinas es que los labriegos cocaleros de esta vereda habían manifestado reiteradamente su intención de sustituir voluntariamente, sin que hubieran recibido a la fecha respuesta positiva.
Cabe recordar que la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (que opera en Meta), junto con las Fuerzas de Tarea Conjuntas Vulcano (Catatumbo) y Hércules (Pacífico Nariñense), serán las que recibirán asistencia y cooperación por parte de los 54 militares estadounidenses adscritos a la Sfab del Comando Sur de EE.UU.
Por su parte, un informe recientemente publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que analiza el comportamiento de las jornadas de erradicación forzada en 2020, advierte que desde marzo a la fecha, se registraron 15 hechos en 13 municipios donde las comunidades se enfrentaron a la Fuerza Pública para oponerse a las acciones de erradicación.
El informe revela, además, que en el 82 por ciento de los municipios que hacen parte del Pnis se registraron operaciones de erradicación forzada y que nueve de los 13 municipios donde se presentaron incidentes hacían parte de este programa.
Si bien el informe detalla que entre enero y abril de este año fueron erradicas a la fuerza unas 17 mil hectáreas, lo que representa una disminución en 6.500 hectáreas con respecto al mismo periodo del año pasado, también deja claro que durante el Aislamiento Preventivo Obligatorio decretado por el gobierno nacional para frenar la propagación de la covid-19, se incrementaron estos procesos, incluso en municipios que conforman las Zonas Futuro.
“Durante la pandemia, la Fuerza Pública sí erradicó en más municipios e intensificó su accionar en zonas donde había sido difícil avanzar. Entre marzo y abril la Fuerza Pública realizó erradicaciones forzadas en 106 municipios, mientras que en los primeros tres meses del año lo había hecho en 87”, precisa la FIP en su informe.
En la lista elaborada por este centro de pensamiento, “se destacan los casos de Tumaco (Nariño) y Puerto Asís (Putumayo). También se encuentran municipios con un elevado número de hectáreas en los que hasta ahora la Fuerza Pública había tenido muchas dificultades para avanzar, como es el caso de Olaya Herrera y Roberto Payán (Pacífico Nariñense); Puerto Libertador (Sur de Córdoba), y Tibú (Catatumbo, Norte de Santander”.
¿Conejo al Acuerdo de Paz?
Para Arenas, las llamadas Zonas Futuro constituyen el mejor ejemplo de que el actual gobierno nacional quiere desconocer la implementación del Acuerdo de Paz y más aún, hace oídos sordos a las propuestas surgidas del seno de las comunidades para enfrentar el flagelo de los cultivos ilícitos.
“En el Catatumbo, por ejemplo, organizaciones campesinas señalan que toda esa construcción conjunta que se dio durante la primera fase de diseño de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pues ya no se nota porque el gobierno nacional construyó una hoja de ruta única, con consultorías internacionales, bastante costosas y sin participación comunitaria”, señaló Arenas.
Opinión similar expresó Omar de Jesús Restrepo, conocido en el pasado como ‘Olmedo Ruiz’, representante a la Cámara por Antioquia por parte del Partido Farc, quien advirtió que el actual gobierno nacional está creando una nueva institucionalidad paralela al Acuerdo de Paz para “hacerle conejo” a su implementación.
En ese sentido, agregó, “las Zonas Futuro, creadas por medio de la Ley de Orden Público, constituyen todo un esfuerzo desde la parte represiva y militar, en contravía de la implementación de los PDET y del Punto IV del acuerdo, relativo a la implementación del PNIS y la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”.
Restrepo aseveró que el gobierno nacional suspendió la implementación del PNIS para adelantar una agresiva campaña de erradicación forzada que han terminado en atropellos, trifulcas, muertos y heridos: “Los campesinos está reclamando no solo la implementación de los Acuerdos de Paz. Están reclamando acuerdos firmados con anterioridad con el Estado para acceder a créditos, a tierras, a semillas y asistencia técnica para sustituir sus cultivos ilícitos y ante tanto incumplimiento los campesinos retoman los cultivos y el gobierno responde con más erradicación”.
Para este integrante del Partido Farc, “las Zonas Futuro desconocen un aspecto importante consignado en el Acuerdo de Paz y es la participación democrática de las comunidades en lo que tiene que ver con el diseño e implementación de políticas para los territorios, como los PDET. Lo que están haciendo a través de las Zonas Futuro es concentrar las decisiones en las élites para saltarle el diálogo con las autoridades locales, regionales y las comunidades y la concertación con ellas para la implementación de los planes y proyectos”.
Por último, para el representante a la Cámara, la llegada de militares estadounidenses a territorio colombiano para asesorar la lucha contra el narcotráfico en las Zonas Futuro, constituye una violación a la soberanía colombiana y a la Constitución Colombiana: “Esto lo llamamos nosotros ilegalidad. Y tanto que este gobierno pregona la legalidad, pero de puertas para afuera porque en la casa, este gobierno sí quiere mandar de acuerdo con sus propios intereses. Aquí, en el fondo, lo que está cocinando es una agresión militar contra Venezuela”.
