La semana termina con un sabor amargo. En tan sólo cuatro días, se conoció que 46 jóvenes de Bogotá, Soacha y el Eje Cafetero fueron reportados como muertos en combate, mientras sus familias, desesperadas, habían denunciado su desaparición en los últimos seis meses.
Los hechos han sido bastante confusos. Primero, el pasado martes, se supo que 11 muchachos de Bogotá y Soacha habían desaparecido entre enero y agosto, pero después resultaron muertos misteriosamente en Cimitarra y Ocaña (Norte de Santander), sepultados en fosas comunes como N.N. y reportados por el Ejército como muertos en combate.
Enseguida el general Paulino Coronado, comandante de la Brigada 30 del Ejército con sede en esa región del país, aseguró una y otra vez ante los medios de comunicación que los jóvenes pertenecían a bandas emergentes como las Águilas Negras (y al menos uno al Eln) y que murieron en enfrentamientos con unidades militares.
Dos días después, la noticia se fue agravando ya que, según un reporte de Medicina Legal, los hombres (entre 17 y 32 años) murieron uno o dos días después de su desaparición, razón por la que las sospechas sobre la versión del Ejército han ido creciendo.
Y cuando se creía que la historia no podía ser peor, este viernes se conoció que los desaparecidos en el centro del país no son 11, sino 23, y que en el Eje Cafetero hay otros 23 casos de desaparecidos en La Virgina, Pereira y Dosquebradas (Risaralda). Estas mismas personas fueron reportadas en el Eje Cafetero como muertos en combate en Quindío, Caldas, Antioquia y Santander. En total, son 46 desaparecidos que están en una lista de muertos en combate en otras regiones del país.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reconoció esteviernes que un reducto de la Fuerza Pública continúa exigiendo cuota de cadáveres para sumar positivos en la lucha contra la ilegalidad. “Me han dicho que aún hay unidades que piden cuerpos, pero yo me resisto a pensar que eso es cierto”, dijo el Ministro al admitir que hay coincidencias raras entre los desaparecidos y los muertos en combate.
Este hallazgo fue gracias al seguimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos que se dedica, entre otras cosas, a cruzar bases de datos para encontrar gente de la que no se tiene noticia. Por si fuera poco, este grupo denunció esta semana la falta de colaboración en la entrega de información por parte de “organismos de seguridad”.
¿Quién responde?
Si se comprueba lo que hoy se sospecha, que miembros de la fuerza pública sacaron a esos hombres jóvenes forzadamente de sus barrios, para luego matarlos y llevarlos a otras partes del país para hacerlo aparecer como guerrilleros caídos en combate, éstos crímenes serían una violación del Estatuto de Roma pues son de lesa humanidad, masivo y sistemático.
Resulta paradójico que esto suceda el mismo año en el que el Ministerio de Defensa ha lanzado una política integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que busca no sólo capacitar a los miembros de la fuerza pública en esta materia, sino que la práctica y la operación diaria cumpla con estos parámetros universales de humanidad.
Esa política está desarrollando la adopción de reglas de enfrentamiento legítimas en la guerra, tiene asesores legales para cada plan de operativo de asalto que ayudan a asegurar que los controles de buen comportamiento funcionen. Y ha sacado varias directivas, como la que privilegia logros en capturas o desmovilizaciones por encima de muertos, para darle a un soldado u oficial la Medalla de Orden Público.
En otras palabras, la nueva política oficial de las Fuerzas Armadas es exactamente opuesta las acciones que habrían emprendido en esto trágicos casos. Y si se verifican las denuncias, estaríamos en una suerte de conspiración para sabotear o descartar la propia política del Ministerio, desde adentro. Como ha dicho el comandante de las Fuerzas Armadas, Freddy Padilla de León, cumplir con los derechos humanos es una necesidad estratégica para ganar la guerra. Si hay oficiales o soldados que los están violando tan flagrantemente, simplemente están contribuyendo a la derrota. Por eso el tema ya no es sólo penal, sino político.
Si es así, ¿qué se explicará el próximo10 de diciembre en el examen periódico de Derechos Humanos de la ONU, a donde el presidente Álvaro Uribe ofreció presentarse voluntariamente para mostrar el balance en esta materia? ¿Cuál comandante del Ejército asumirá la responsabilidad política de estos falsos positivos y de este macabro plan?
Publicado en Semana.com 29/09/2008
