¿Y qué viene después de la muerte de alias ‘Guacho’?

Bastó el certero disparo de un francotirador para acabar con la vida de este disidente, quien se había convertido en el blanco de las autoridades colombo-ecuatorianas desde mediados de 2017, cuando se alejó del proceso de paz con la extinta guerrilla de las Farc y montó su grupo armado ilegal.

“En la vereda Peña Caraño, zona rural del corregimiento de Llorente (NAR), se ejecutó la operación PERLA IX, contra el Grupo Armado Organizado Residual Óliver Sinisterra logrando la neutralización de Walter Patricio Arizala Vernaza alias Guacho, principal cabecilla de esta organización; así como, la incautación de material bélico y elementos tecnológicos”.

Así le anunció un uniformado a uno de sus superiores el resultado operacional que ayer en la tarde logró su principal objetivo: “Neutralizar al máximo cabecilla” del Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las antiguas Farc que operaba en una amplia región selvática del Pacífico sur, que abarca los municipios de Tumaco (Colombia) y San Lorenzo (Ecuador).

La ejecución operacional -según este mensaje- se realizó de manera coordinada y articulada entre la Dirección de Inteligencia Policial y el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), con el apoyo operacional de la UJEAT – DIJIN y la Fiscalía 12 especializada de Pasto.

“El resultado operacional representa el más alto golpe efectuado contra Los Grupos Armados Organizados Residuales surgidos posterior al proceso de desmovilización de las Farc”, continúa diciendo el mensaje del uniformado, en el que detalló que alias ‘Guacho’ era “el principal dinamizador del narcotráfico en el sur occidente del país, quién lideraba las rentas criminales y el tráfico de drogas hacia centro, norte América (sic) y Europa, donde sus actividades criminales proliferaron los cultivos de hoja de coca en el sur occidente colombiano”.

A este disidente, de origen ecuatoriano, se le sindicaba de “múltiples acciones terroristas y delincuenciales”, se lee en el mensaje, entre ellas el secuestro y posterior asesinato del equipo del diario El Comercio de Ecuador, conformado por el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. Su plagio se produjo el 26 de marzo de 2018 en zona rural del poblado ecuatoriano de San Lorenzo y su muerte fue confirmada por el presidente del vecino país, Lenín Moreno, el 13 de abril. (Leer más en: Frontera cautiva: tras los rastros de los periodistas ejecutados)

Pero sus acciones criminales al parecer venían de tiempo de atrás. De acuerdo con autoridades colombianas y ecuatorianas, el Frente Oliver Sinisterra sería el responsable del atentado con carro bomba perpetrado el pasado 27 de enero contra la estación de policía de San Lorenzo, que dejó 28 uniformados heridos, así como de un segundo atentado con explosivos ejecutado el 20 de marzo en un sector llamado Mataje, cuyo saldo fue de tres infantes de marina muertos y otros siete heridos. (Leer más en: Frente Óliver Sinisterra: el blanco de las autoridades colombo-ecuatorianas)

Además, ese grupo armado ilegal también estaría involucrado en el secuestro y asesinato de Vanessa Velasco Pinargote y Oscar Efrén Villacís Gómez, ocurrido al parecer el 17 de abril de este año en la misma zona donde fueron retenidos los tres empleados del diario El Comercio. Sus cuerpos fueron encontrados sin vida el 3 de julio con y con sendas heridas de arma blanca.

Las autoridades colombianas también vinculan a ‘Guacho’ y su estructura criminal en los hechos ocurridos en la vereda Tandil, de Tumaco el 5 de octubre de 2017, donde fueron asesinados 6 campesinos y 15 más resultaron heridos. La masacre se produjo en medio del altercado causado por un operativo de erradicación forzada de hoja de coca para uso ilícito adelantado por unidades de la Policía y el Ejército. Los cultivadores responsabilizaron a los uniformados de estas muertes. (Leer más en: Tensión por masacre de Tumaco se traslada a los discursos)

Alias ‘Guacho’ registra en los sistemas policiales dos circulares de Interpol, solicitadas por Ecuador y Colombia, así como tres órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

A las 8,45 de la noche, a través de la cuenta de Twitter de la Presidencia de la República, se confirmó la muerte del disidente.  Y luego, desde Medellín, donde se encontraba participando en la Cumbre de Ciudades Capitales, el presidente Iván Duque declaró: “Hoy quiero dejar claro que a alias ‘Guacho’ se le acabó la guachafita. En una operación heroica conjunta del Ejército, de la Policía y con el apoyo del CTI de la Fiscalía “.

Pero la visión optimista expresada por el presidente Duque no es compartida por los familiares de los tres empleados del diario El Comercio. En un comunicado difundido esta mañana lamentaron el hecho de no capturarlo: “Ninguna muerte es motivo de celebración. Aunque reconocemos el trabajo realizado por las autoridades colombianas, es lamentable que quien se adjudicó el secuestro y asesinato de cinco personas haya sido abatido en lugar de que lo hayan capturado con vida. Con su fallecimiento mueren también las posibilidades de acceder a la información que poseía no solo sobre lo que ocurrió con Paúl, Javier y Efraín, sino también con Óscar Villacís y Katty Velasco y sobre los vínculos entre las organizaciones narcodelictivas y la institucionalidad ecuatoriana”.

A juicio de estas familias, “Este hecho de ningún modo significa que se haya hecho justicia en cuanto al secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio. Aún hay muchas preguntas que no han sido contestadas y muchas dudas que ni Ecuador y ni Colombia han estado dispuestos a despejar. Nosotros seguiremos exigiendo que se revele la verdad absoluta con respecto de todos los hechos alrededor del crimen atroz en contra de los tres que nos faltan”. (Ver comunicado)

Pero los retos para las autoridades son mayúsculos en Nariño, tanto en la zona fronteriza como en las regiones de montaña y costeras. En un reciente informe sobre este departamento, se constató a través de las autoridades indígenas Awá, la presencia de por lo menos once grupos armados ilegales, además del Frente Oliver Sinisterra.

Más allá de ‘Guacho’

A través de la consulta de diversas fuentes testimoniales realizadas desde el año pasado para nutrir varios reportajes sobre Tumaco y el Pacífico Sur, se constató que los graves problemas sociales, económicos y políticos que afrontan las comunidades urbanas y rurales del puerto nariñense no se superan con la muerte de ‘Guacho’ ni con la fuerte militarizacion.

Desde mediados de octubre, el gobierno nacional respondió con un aumento sustancial de pie de fuerza a la crisis generada por la presencia de múltiples grupos armados ilegales que pululan en la frontera ecuatoriana y en la zona costera nariñense. Las medidas fueron fortalecidas con la puesta en operación, en enero de este año, de la Fuerza de Tarea Hércules, integrada por 8.304 uniformados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, a los que se suman 1.300 agentes de Policía.

Voceros de resguardos indígenas y de consejos comunitarios de comunidades negras han sido reiterativos en advertir que se requiere más que tropas para superar las necesidades que tienen los habitantes de una de las poblaciones con los más altos índices de pobreza, preocupantes cifras de homicidios este año e inundados de hoja de coca para uso ilícito. De hecho, es el municipio con mayor área sembrada en el país, con poco más de 19 mil hectáreas, según reportes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC).

Esa misma visión fue plasmada por José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización estadounidense Human Rights Watch, en reciente entrevista concedida a VerdadAbierta.com: “Creemos que hay que entender que el problema no se resuelve solo con la captura de ‘Guacho’, ni tampoco con mantener militares y policías en la zona”.

A juicio de Vivanco, los padecimientos de los tumaqueños tienen que ver “con falta de justicia, de servicios básicos, de protección a los campesinos que han optado por la sustitución de cultivos. Esto último es necesario para disminuir progresivamente el mercado de la ilegalidad, que es una fuente inagotable de recursos para estos grupos armados irregulares”.

Tanto las voces de la región, como las de analistas nacionales y de agencias internacionales, coinciden en un punto: que capturar o ponerle fin a la vida de ‘Guacho’ no basta para superar las condiciones de violencia estructural y abandono estatal que agobian a las comunidades de Tumaco y del Pacífico. La falta de instituciones robustas y de alternativas económicas legales viables, son caldo de cultivo para que la violencia se recicle por medio de nuevos ‘Guachos’ o de nuevos grupos armados ilegales. Por lo tanto, el gran desafío del gobierno nacional no es “neutralizar” cabecillas de estructuras armadas y del crimen organizado, sino construir Estado en esa olvidada región.

A continuación, presentamos una selección de los artículos que hemos publicado en los últimos años, que dan cuenta de la dramática situación que viven los habitantes de Tumaco.