Fiscalía presentó los casos de los 214 menores reclutados por el Bloque Central Bolívar, entre ellos los ocurridos en el municipio de Charalá (Santander), donde algunos fueron utilizados por dos comandantes paramilitares como “niños de compañía”. En los hechos se presume la participación de dos docentes.
En la lápida bajo la que yace Luis Alberto* sólo está escrito su alias: ‘Ernesto’. Ese nombre fue puesto por los paramilitares del Frente Comunero Cacique Guanentá del Bloque Central Bolívar, grupo que lo reclutó en el 2000 cuando tenía 13 años. Su funeral y el entierro fue celebrado y pagado por los paramilitares. El abuelo del niño, su familiar más cercano, pidió con insistencia que le pusieran el nombre real, pero trámites judiciales lo impidieron. El anciano murió hace un año sin alcanzar su propósito.
Luis Alberto fue uno de los 214 menores que fueron reclutados en Santander y el Sur de Bolívar, por el Bloque Central Bolívar, estructura a la que perteneció el Frente Comunero Cacique Guanentá y cuyos casos fueron presentados por Luz Marina Avellaneda Rueda, fiscal 51 de Justicia y Paz de Bucaramanga, durante una audiencia realizada en días pasados en Bogotá ante el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá.
En esta audiencia se conoció que muchos de los menores reclutados fueron abusados sexualmente por miembros de las autodefensas y en algunas oportunidades contaron con el apoyo de una profesora, una rectora y un concejal en el corregimiento de Riachuelos, municipio de Charalá (Santander).
En el caso de Luis Alberto se estableció que fue reclutado en ese mismo corregimiento, una población de campesinos que según la Fiscalía sólo tiene cuatro manzanas y le sirvió entre los años 2000 y 2006 al frente paramilitar como base aprovechando las difíciles condiciones de acceso para la Fuerza Pública. El menor estudiaba en el colegio y en su tiempo libre se dedicaba a las labores de campo con su abuelo. A principios de 2000 bajó al caserío y allí fue interceptado por un paramilitar que lo obligó a hacer parte del grupo armado ilegal.
El 7 de septiembre de 2002 tropas del Batallón Delhuyer rodearon un campamento en una finca de la vereda El Cerro, municipio de Chima, Santander, donde se encontraba Luis Alberto con varios paramilitares . El menor supuestamente murió al enfrentarse a los soldados, no obstante, reportes del levantamiento del cuerpo mostraron que el niño tenía 17 heridas de bala en su pecho y abdomen.
Versiones de paramilitares que sobrevivieron al ataque indicaron que el menor y otros dos integrantes del grupo armado fueron baleados luego de rendirse. Ante los dictámenes de la necropsia, la magistratura ordenó investigar este hecho para determinar si hubo o no algún abuso por parte de las tropas del Ejército.
Posterior a su muerte, los paramilitares llevaron el cuerpo de Luis Alberto a Riachuelos. Allí pagaron y realizaron sus honras fúnebres. Testigos señalan que ese día varias personas del pueblo fueron a una misa que se hizo en la iglesia y acompañaron el cuerpo del menor hasta el cementerio. Allí fue enterrado en la tumba con la lápida que lleva el alias de ‘Ernesto’.
Después de que los paramilitares se desmovilizaron, en enero de 2006, el abuelo de Luis Alberto solicitó que se sustituyera la lápida porque su nieto era “una víctima, no un victimario”. La Fiscalía y organismos internacionales apoyaron la gestión del anciano, pero hasta el momento no se ha logrado esa petición porque, según la Fiscalía, se debe primero exhumar el cuerpo y determinar si corresponde al menor o no.
Al respecto, la magistrada Alexandra Valencia Molina reclamó que “el hecho de poner otro nombre en la lápida no cambiaba la identidad del cuerpo. Es grave que el abuelo hubiera fallecido sin que se hubiera hecho el cambio”.
¿Colegio al servicio de los paras?
Los testimonios de las personas que en su momento fueron reclutadas como menores de edad y las versiones entregadas por los paramilitares han revelado que una profesora y la rectora del Colegio Único de Riachuelos, Lucila Inés Gutiérrez, propiciaron el reclutamientoforzado y alentaron a las niñas para tener relaciones sexuales con ellos. Los señalamientos también involucraron a Luis Moreno, ex concejal y esposo de la docente, con el homicidio de un hombre señalado por la pareja de pertenecer a la guerrilla.
Testigos afirman que algunos estudiantes terminaban la jornada escolar, cogían su fusil, salían a prestar guardia o a patrullar en el corregimiento, inclusive con sus uniformes escolares puestos.
La Fiscal 51 de Justicia y Paz informó que los relatos de las víctimas se han logrado gracias a un trabajo en conjunto con la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz y otras organizaciones internacionales en ese corregimiento.
Las organizaciones iniciaron un proyecto de búsqueda de menores reclutados por los paramilitares durante las jornadas devíctimas. Desde octubre de 2013 se tienen los registros de 28 personas que fueron entrevistadas y dieron información sobre los reclutamientos ilegales.
Las investigaciones indican que la rectora organizó reinados en la institución con la supuesta complicidad con el comandante militar del Frente Comuneros Carlos Alberto Almeida Penagos, alias ‘Víctor’, para que él y otros jefes de la zona se llevaran a las niñas a sus campamentos. Una profesora también es señalada de entregarle las menores a los paramilitares.
Otro hecho que relaciona a Lucila Inés y su esposo con alias ‘Víctor’ fue el asesinato de un labriego en junio de 2001, cuando se celebraba un bazar en el colegio. Al parecer, la pareja le dijo al comandante paramilitar que la víctima era un informante de la guerrilla. Varios paramilitares lo abordaron, lo llevaron hasta un sitio cercano y lo asesinaron. Su cuerpo fue enterrado en un jardín del colegio, pero dos días más tarde unos estudiantes descubrieron una mano que sobresalía por lo que los ilegales armados decidieron arrojar el cuerpo a un río cercano.
Por estos hechos los esposos son investigados y tienen una acusación activa. Según la fiscal de Justicia y Paz, estas personas aún viven en el pueblo, razón por la cual muchas víctimas se han negado a hablar. Hace apenas un año la rectora fue retirada de su cargo.
“Niños de compañía”
Los testimonios que ha recibido la Fiscalía revelan que algunos de los menores reclutados de manera forzada fueron utilizados como “niños de compañía” por dos comandantes paramilitares identificados como Pedro Antonio Ronderos Lizarazo, alias ‘Silvestre’, y José William Parra Arroyave, alias ‘Chuster’ o ‘Diego Armando’.
Estos dos hombres obligaban a los menores de edad a que los acompañaran en todo momento, y abusaban de ellos cuando los emborrachaban o mediante amenazas de muerte. Alias ‘Silvestre’ fue acusado por la Fiscalía de cometer esta práctica con varios menores, uno de ellos fue justamente Luis Alberto.
Este comandante fue asesinado a finales del 2002, cuando sus propios compañeros supieron que se encontraba en una casa junto con dos menores. Una de las víctimas le dijo a uno de los paramilitares que el hombre los embriagó y cuando despertó a la mañana siguiente se dio cuenta que lo habían accedido carnalmente. Al parecer esta práctica de abuso sexual era castigaba con pena de muerte.
Después del homicidio de alias ‘Silvestre’, el comandante del Frente Comuneros en la zona, John Francis Arieta, alias ‘Gustavo Alarcón’, ordenó en marzo de 2003 la creación de la escuela de entrenamiento militar en la finca Samarcanda, del corregimiento de Pueblo Viejo, en el municipio de Coromoro, y puso al frente de ella a alias ‘Chuster’.
Al respecto, Gerardo Alejandro Mateus, alias ‘Rodrigo’, uno de los jefes de la región para el 2002, relató a la Fiscalía que ‘Chuster’ llegó acompañado de un psicólogo y otras personas o asesores para dirigir la escuela y se le asignó como lugar de residencia una pequeña casa, pero se negó a vivir allí y exigió que le alquilaran una habitación en el hotel La Carbonera, de San Gil.
Mateus recordó que desde el principio ‘Chuster’ no cayó muy bien en el grupo. El primer día que se hospedó en el hotel salió con su grupo de trabajo a medianoche a una discoteca de San Gil, llamada El Trapiche, allí estuvieron acompañados de cuatro menores, y empezó a tocarlos por lo que uno de ellos puso una denuncia ante la Policía. ‘Chuster’ fue detenido en la estación de ese municipio.
Una vez conocida la noticia, alias ‘Gustavo Alarcón’ dio la orden de sacar a ‘Chuster’ de la cárcel, para lo cual le pagaron 5 millones de pesos al comandante de policía de la estación. Mateus contó que el oficial, quien no fue identificado, recibió el dinero en el hotel La Carbonera y dejó en libertad al detenido. Por este caso la magistratura ordenó una investigación.
Ante esta situación, alias ‘Chuster’ tuvo que dejar el hotel y residir en Riachuelos, sin embargo, a su casa siguieron ingresando menores de edad en una camioneta Chevrolet con la excusa de que iban a ser reclutados y llevados al finca Samarcanda. Llegaban allí cada dos días. Por los relatos de otros paramilitares postulados a Justicia y Paz se pudo establecer que este hombre les decía que debían desnudarse para practicarles unos exámenes. Si bien sus jefes estaban advertidos de esas prácticas, Mateus admitió que nunca se tomaron medidas para evitar esa situación.
En mayo de 2003 las autoridades realizaron un operativo en Riachuelos en el que fue detenido alias ‘Chuster’ y conducido a la cárcel de El Socorro. Contra él había una orden de captura por el delito de extorsión. La fiscal de la Unidad de Justicia y Paz explicó que bajo el nombre de José William Parra Arroyave figuran varias entradas a distintas cárceles del país por los delitos de terrorismo y extorsión. Al parecer, salió del centro penitenciario de Valledupar en el 2006 y, actualmente, se encuentra prófugo dela la justicia.
Algunos exparamilitares han dicho que después de recobrar su libertad, alias ‘Chuster’ arrendó una casa en Barrancabermeja y creó una fundación para los niños habitantes de la calle, fachada tras la cual cometió numerosos abusos sexuales e, incluso, se le sindica del homicidio de un joven en ese municipio. Ante esas declaraciones, la magistratura solicitó una investigación: “es vergonzoso que en un caso como éste, con tantos daños a nivel social, este personaje siga sin responder por los actos que debe responder”, expresó la magistrada Valencia.
Con la captura de alias ‘Chuster’ la escuela paramilitar dejó de funcionar y las personas que estaban allí en entrenamiento fueron llevadas a Puerto Santander, en Norte de Santander, en un bus de transporte público bajó la coartada de que eran campesinos que iban a jugar un partido de fútbol. Al parecer la idea era crear un frente armado en la frontera con Venezuela. Los hallazgos de la Fiscalía indican que en los casi tres meses que operó el campo de instrucción militar fueron reclutados por lo menos 70 menores de edad.
