Desde hace seis meses, las Farc controlan la mayoría de los negocios ilícitos del casco urbano, mientras continúan sembrando minas en las zonas rurales. A esto se suman la inoperancia de la justicia, las constantes denuncias por abusos de la Fuerza Pública y presencia de bandas criminales que rondan este puerto sobre el Pacífico.
Aspecto de una de las playas de Tumaco, Nariño.“Allá todos los días pasa algo, amenazan y matan, pero muchos no decimos nada porque no hay garantías para nadie”, le dijo a VerdadAbierta una mujer que tuvo que salir desplazada de Tumaco por amenazas de la guerrilla.
Durante el primer semestre de 2014, los tumaqueños han sido testigos de la creciente presencia de las Farc en el casco urbano del municipio y el debilitamiento de ‘Los Rastrojos’, la banda criminal que surgió luego de la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y que hasta el 2013 manejó la mayoría de los negocios ilícitos en el puerto sobre el Pacífico.
Según un reciente informe de Human Rights Watch (HRW), este año la guerrilla de las Farc ha sido responsable de asesinatos, desapariciones, desplazamientos e intentos de reclutamiento forzado en la zona (Ver informe). También continúan delinquiendo algunos miembros de ‘Los Rastrojos’ y de acuerdo con el documento hay pruebas convincentes de que miembros de la Fuerza Pública han cometido abusos contra la población civil. Entre la insurgencia y las bandas criminales han perpetrado más de 300 asesinatos.
Los tumaqueños no solo están asediados por la violencia de estos grupos armados ilegales, sino por la impunidad, pues al decir de sus pobladores y de HRW la justicia no ha actuado con celeridad para esclarecer los crímenes.
“Prácticamente nadie ha sido responsabilizado por las atrocidades en Tumaco. Mientras las autoridades colombianas no garanticen justicia en Tumaco, sus residentes seguirán expuestos a abusos, ya sea de guerrillas, paramilitares, bandas criminales o miembros de la fuerza pública”, dijo José Miguel Vivanco, directorpara las Américas de Human Rights Watch.
La justicia que cojea
En la noche del 1 de diciembre de 2012 dos hombres armados en motos le dispararon siete veces a Miller Angulo mientras veía un partido de fútbol en una cafetería del barrio Puente Márquez. El asesinado se desempeñaba como Secretario Técnico de la Mesa Municipal de Víctimas de Tumaco e integraba la Mesa Departamental de Víctimas. Por su activismo, había sido amenazado por participar en estos espacios.
Todos conocían a Miller como una persona que representaba a las víctimas de desplazamiento en Tumaco, donde, según cifras oficiales, fueron más de 11 mil entre 2011 y 2013. Luego del homicidio, la Unidad de Víctimas rechazó lo ocurrido y prometió que no iba a dejar a solos a los líderes que estaban comprometidos con la Ley de víctimas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también se pronunció y exhortó a los organismos competentes a investigar, juzgar y sancionar a los autores de ese crimen.
Pero ni el reconocimiento de Miller Angulo como líder de víctimas ni el acompañamiento de estas organizaciones sirvieron para que el caso se resolviera con agilidad. De acuerdo con el informe de HRW, luego de casi un año de espera se abrió una investigación para esclarecer el asesinato, pero en los meses que lleva la etapa de indagación no se han desarrollado tareas en aras de esclarecer quiénes fueron los responsables, materiales e intelectuales.
La familia de Miller fue amenazada y tuvo que salir desplazada a Cali, donde tuvieron que empezar de cero. “El caso no les ha importado, es la hora que no saben qué fue lo que pasó. No hay garantías para nadie, hay muchas más personas que han sufrido lo mismo que nosotros y tampoco han hecho nada”, dijo a VerdadAbierta una familiar de Angulo.
Según el informe de HRW, en Tumaco se han cometido más de 1.300 homicidios desde el 2009, pero solo en 7 casos existe una condena contra los delincuentes y en 11 más el proceso está en etapa de juicio. Además, en algunas investigaciones los funcionarios judiciales se han negado a recibir el testimonio de los familiares.
Fiscales locales están investigando 285 desapariciones y 379 casos de desplazamiento forzado ocurridos desde 2009 en el puerto y otros municipios cercanos, pero las investigaciones están en etapa preliminar, es decir que no hay personas imputadas, ni mucho menos condenadas. En la Unidad de la Fiscalía que investiga desapariciones y desplazamientos forzados hay otras 210 investigaciones de Tumaco que también están en la etapa preliminar.
De las 314 investigaciones sobre violencia sexual solo hay cuatro condenas y ocho procesos en juicio. No hay un solo fallo contra los miembros de las bandas criminales que delinquieron luego de la desmovilización de los paramilitares. Se cree que el número de víctimas es aún mayor a lo que registran estas cifras, pues son muchas las familias que no denuncian por temor a que tomen represalias contra ellos.
“Mientras no se investigue, ni se haga nada, las estructuras criminales seguirán vivas y ante esto la gente cada vez a va a tener más miedo de denunciar lo que está pasando”, le dijo a VerdadAbierta un líder de víctimas del puerto.
Una de las dificultades es la carga laboral que tienen los once fiscales de Tumaco. Por ejemplo, según las entrevistas realizadas por HRW, un fiscal estaba investigando 1.421 casos, incluidos 402 homicidios y 72 casos de violencia sexual. Aunque en enero de este año la Fiscalía General de Nación anunció que asignaría diez nuevos fiscales, aún no ha cumplido.
Ante la falta de celeridad de la justicia son muchos los tumaqueños que han tenido que abandonar sus casas luego del asesinato de una familiar; algunos han sido amenazados por los mismos victimarios, y otros sienten temor de que estos tomen represalias contra ellos por haber denunciado ante las autoridades.
2014: la ola de violencia de las Farc
“Lo que va de este año, la presencia de las Farc es mucho mayor en el casco urbano, es algo nunca había pasado. Eso no quiere decir que no haya presencia de otras bandas criminales”, le dijo a VerdadAbierta una persona que vive en Tumaco y conoce la situación de orden público y quien por razones de seguridad pidió la reserva de su nombre. En esto coincide el estudio de HRW y un informe publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en febrero de 2014 (Ver Informe).
Aunque las Farc desde años atrás han hecho presencia con el Frente 29 y la Columna Móvil Daniel Aldana de Bloque Sur Occidental, luego de que se puso en marcha Plan Renacer en el que la guerrilla concentró su atención en las zonas periféricas del país donde están los negocios del narcotráfico, decidieron enfrentarse a ‘Los Rastrojos’ y entrar definitivamente al casco urbano de Tumaco.
Según datos de la Unidad de Víctimas entre 2011 y 2013 en la ciudad portuaria se registraron 366 asesinatos relacionados con el conflicto, la mayoría atribuidos a las Farc. Tumaco sigue siendo el municipio con mayor número de homicidios en el país.
La presencia de las Farc en el casco urbano se hizo evidente cuando los comerciantes empezaron a recibir más extorsiones de la guerrilla. HRW documentó el caso de una pareja que recibió una amenaza firmada por ese grupo guerrillero asegurando que le arrojarían una granada a su negocio si no pagaban tres millones de pesos. También en el primer semestre de este año se presentó el secuestro de un hombre que asegura que sus captores eran subversivos.
Si bien los informes de la FIP y de HRW aseveran que la captura de los máximos jefes de ‘Los Rastrojos’ produjo el debilitamiento y la casi desaparición de estas estructuras en el puerto, los tumaqueños tienen otras versiones, entre ellas, que parte de los miembros de este grupo armado ilegal se unieron a la guerrilla para manejar los negocios de narcotráfico en Tumaco. Otros temen que algunos exintegrantes de ‘Los Rastrojos’ que siguen viviendo en los barrios sean en enlace para la llegada de ‘Los Urabeños’, que ya tienen fuerte presencia en Buenaventura.
En la zona rural, la guerrilla ha operado años atrás, pero algunos pobladores coinciden con el informe de HRW en que en el primer semestre del año han aumentado las acciones violentas. En la vía que de Tumaco conduce a Pasto, para la época electoral de junio, las Farc pintaron las paredes de casas, escuelas, centros de salud de los pueblos que están desde el kilometro 17 hasta el 127. Sin embargo, en los primeros kilómetros de la vía aparecieron también grafitis alusivos a las Auc.
Los operadores judiciales también corren riesgo. El pasado 17 de julio, hombres armados que se identificaron como integrantes de la Columna Móvil Daniel Aldana de las Farc retuvieron y amenazaron durante dos horas a cuatro funcionarios de la Fiscalía quienes conducían de regreso a Pasto, luego de exhumar tres cuerpos en área rural de Tumaco.
Los insurgentes no solo detuvieron al equipo de investigaciones sino que procedieron a quemar uno de los vehículos en el que transportaban, incinerando las pruebas biológicas de dos de los cuerpos exhumados y los restos de un tercero, que fue identificado como Jorge Rodríguez Paid, de la etnia Awa; además, robaron archivos digitales, equipos fotográficos, computadoras y teléfonos celulares.
La mayoría de los atentados ocurren en los pueblos cercanos a las vías e involucran a pobladores de la zona. “Atacan los puestos de Policía, pero el problema es que casi siempre están cerca de escuelas, casas o centros de salud y terminan afectando a la gente del pueblo”, le contó a VerdadAbierta una persona que trabaja con las víctimas en la zona, quien expuso como ejemplos la detonación de un explosivo cerca de la sede administrativa de la Unidad Indígena del Pueblo Awa (Unipa) en los límites con Barbacoa, Nariño, y la muerte de dos menores de edad en Chilví. (Ver: El drama de los niños de Chilví, Tumaco).
Versiones de pobladores advierten que los guerrilleros visten de civil y sin armas para quemar vehículos, detonar artefactos explosivos y sembrar minas antipersonal. El informe de HRW indica que esos explosivos son instalados en las zonas en las que hay presencia de militares o para proteger cultivos de coca. “La gente puede saber de la instalación de estas minas, pero tiene miedo de denunciar”, dijo una persona que conoce la zona.
Los habitantes también temen cualquier tipo de contacto con una autoridad o con miembros de otro grupo armado por miedo a ser estigmatizados. En un pueblo cercano a la carretera los pobladores cuentan que una mujer tuvo que salir desplazada solo por haber sido la única que asistió al velorio de otra mujer que fue asesinada.
Para los líderes de las comunidades rurales el riesgo es aún mayor, muchos han tenido que salir desplazados hacia el casco urbano de Tumaco y a Cali. Drama reciente lo vivieron en el Consejo Comunitario Rescate de las Varas, una comunidad Afro que está a dos horas por carretera del casco urbano del puerto. Allí las Farc amenazaron a ocho de sus voceros, quienes se vieron obligados a abandonar la región.
Este poblado tiene más de seis mil habitantes, una extensión de 14 mil hectáreas y manejan recursos para desarrollar proyectos de desarrollo. Según dicen algunos pobladores, la guerrilla estaba exigiendo un porcentaje sobre los dineros que se gastaran en estos proyectos, situación que fue denunciada por los líderes ante las autoridades.
El 29 de febrero de 2013 un jefe de las Farc llamó al presidente y al representante legal del Consejo comunitario para informarles que habían sido declarados ‘objetivo militar’ y luego recibieron varias llamadas amenazantes. Pocos días después, los dos líderes junto a seis más y sus familias salieron de Consejo Comunitario, en total se desplazaron cerca de 40 personas.
El 14 de marzo de 2014 las Farc retuvieron al mayor de Policía Germán Olinto Méndez y el patrullero Edilmer Muñoz Ortíz y tres días después encontraron sus cuerpos en San Luis Robles, el pueblo más grande del Consejo Comunitario Las Varas. Casi un mes después, el 11 de mayo, dos personas en una moto dispararon contra Marcelino Castillo, líder comunitario de ese caserío.
Las amenazas siguen y el miedo a denunciar es cada vez peor. Así la resume uno de los líderes de la zona, “ya se han hecho manifestaciones de rechazo, se ha hablado con la autoridades, pero la solución es militarizar la zona por ocho o quince días, luego se van y los problemas son para nosotros, entonces a veces es mejor guardar silencio”.
