El Relator Especial de Naciones Unidas para Derechos Humanos y Libertades de los Pueblos Indígenas se mostró preocupado por la creciente presión y violencia de los grupos armados contra los indígenas en Colombia y pidió al gobierno protegerlos.
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Según la ONIC en el año 2008, 99 indígenas fueron asesinados y en lo que va corrido de este año se han registrado 25 muertes violentas.
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El relator de la ONU para los pueblos Indígenas James Anaya se mostró preocupado por la situación de los derechos humanos de los indígenas de Colombia y la calificó como “grave, crítica y profundamente preocupante”, tal como lo había concluído un informe que en 2004 presentó en entonces relator Rodolfo Stavenhagen (Ver informe). Es decir, cuatro años después el panorama sigue empeorando, a pesar de haber tenido algunos pequeños avances.
Con la llegada de Anaya varias ONG presentaron un informe que evidencia la críctica situación de los indígenas (‘Elementos sobre la situación de derechos civiles y políticos de los pueblos indígenas en Colombia’). Según el documento en 2008, 99 indígenas fueron asesinados y en los que va corrido de este año se han registrados 25 muertes violentas, de acuerdo a información de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Además, 1.000 indígenas fueron asesinados en los últimos siete años, del 2002 a la fecha. Se estima que durante este mismo periodo 176 indígenas fueron víctimas de desaparición forzada, 187 fueron víctimas de violencia sexual y tortura, y 633 detenciones arbitrarias y sus comunidades y organizaciones han recibido 5.000 amenazas.
Entre el 2002 y el 2009 se estima que 84 indígenas abrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, practica atribuida a la fuerza pública, como lo cita el documento.
El documento presentado a Anaya se apoya en informes de la ONIC y del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, de donde se concluye que los pueblos indígenas más afectados por asesinatos fueron los Nasa, Wayúu, Kankuamo, Awá y Embera Chamí. Las cifras indicaron que la situación ha empeorado en los dos últimos años.
Sobre este tema y de acuerdo con dos de los informes del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo de enero y julio de este año, los cuales se encuentran citados en el documento, la situación de riesgo de las comunidades Wayúu, Wiwa y Kogui, ubicadas en el departamento de la Guajira debe ser atendida, con miras a garantizar la seguridad de estas comunidades.
En cuanto a la desmovilización del paramilitarismo en Colombia, el informe fue claro en definir que “sus estructuras permanecen y continúan siendo una fuente de riesgo para los pueblos indígenas”. El hecho de que gran parte de los asesinatos y amenazas en contra de los indígenas y sus organizaciones hayan sido perpetrados por células de paramilitares, que continúe el reclutamiento forzado y persistan acciones contra la libertad de circulación, y que todavía no hayan sido devueltos los territorios usurpados a los indígenas por los paramilitares, evidencian que existen considerables deferencias en cuanto a la situación de los indígenas y el discurso oficial.
Adicionalmente el reporte insistió que en el proceso de desmovilización no han sido otorgadas las garantías de los derechos a la verdad y reparación de los pueblos indígenas, y que por el contrario existe un amplio espectro de impunidad relacionado con estas comunidades.
Durante la visita que concluyó este 27 de julio, el Relator especial de la ONU indicó que las Farc son los principales violadores de derechos de pueblos indígenas en Colombia y reiteró con preocupación que los actores armados ilegales, en especial las FARC, “parecen desconocer por completo los estándares de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, y, adicionalmente, afirmó que los actores deben dejar a un lado la práctica del reclutamiento forzado y la vinculación de niños y niñas al conflicto, así comoel uso de minas antipersonales (Ver declaraciones).
Anaya indicó que se debe otorgar garantías de salud y educación a los pueblos indígenas que se encuentran en “extrema vulnerabilidad” en Colombia. “Las iniciativas del Gobierno de Colombia en materia de los derechos de los pueblos indígenas necesitan ser consolidadas y su efectiva implementación asegurada”. También hizo evidente la necesidad de avanzar en el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en el país, ésto con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos para estas comunidades y evitar que sigan siendo objeto del descuidado estatal (Ver declaraciones).
El designado por la ONU visitó Nariño y Cauca, donde existe ha habido un recrudecimiento del conflicto en contra de las poblaciones indígenas allí asentadas. Anaya se reunió con varios de los líderes en Bogotá para analizar casos con el de la comunidad Awa, a quienes las Farc asesinó a varios de sus integrantes en febrero de este año. Durante su visita también se reunió con el Presidente Álvaro Uribe, ministros, magistrados de la Corte Constitucional y funcionarios de varios órganos del Estado colombiano.
Otros diagnósticos prensentados por las ONG colombianas
De acuerdo al informe ‘Elementos sobre la situación de derechos civiles y políticos de los pueblos indígenas en Colombia’ (Ver informe), los índices de violencia contra las comunidades indígenas se evidencian en “el alto número de homicidios, aumento del desplazamiento forzado, restricciones a la libertad de circulación y criminalización”. Los principales responsables de las violaciones de los derechos humanos de estas comunidades siguen siendo los actores armados, la persistencia del conflicto y el desarrollo de megaproyectos en sus territorios, indicó el documento.
El informe enfatiza en las falencias de la Política de Seguridad Democrática, asegurando que ésta ha generado mayores violaciones a los derechos y libertades ciudadanas.
En el caso de las comunidades indígenas el informe recalca que la militarización de sus territorios y la incitación a la participación en el conflicto con programas como el de soldados campesinos, soldados por un día y red de informantes han contribuido a que la situación de sus derechos fundamentales empeore.
Tags: indigenas, conflicto armado, Farc
