Después de cuatro años de Justicia y Paz, una encuesta de la Fundación Social revela que el conflicto armado colombiano ha cambiado. Un alto porcentaje cree que ha bajado su intensidad pero que aun sienten que no se ha acabado el paramilitarismo y la subversión.
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| Según el informe de la Fundación Social, 71 por ciento de las víctimas piensan que la justicia no está haciendo nada para indagar por la verdad. |
Un estudio realizado por la Fundación Social revela que si bien el proceso de desmovilización de 30.000 paramilitares ha sido un paso importante hacia la solución del conflicto armado, las víctimas experimentan grandes problemas para que la Ley de Justicia y Paz sea una realidad (ver documento completo).
Por ejemplo, es preocupante un dato: el 71 por ciento de las víctimas encuestadas piensan que la justicia no está haciendo nada para indagar por la verdad.
Una cifra esperanzadora es que el 82 por ciento de los encuestados creen que la violencia ha disminuido, pero contrasta con que solo el uno por ciento considera que ya no hay paras y ni guerrilla.
El informe titulado “Los retos de la justicia transicional en Colombia” indaga en las experiencias de víctimas, personas del común, abogados y funcionarios frente a la Ley de Justicia y Paz.
Revela además que los grandes vacíos de la justicia transicional en Colombia son la falta de formación de los funcionarios, el poco rigor de las instituciones con los paramilitares reincidentes, la falta de información para las víctimas y los pocos recursos para implementar efectivamente la Ley.
El informe muestra además que, a pesar de implementada la ley de Justicia y Paz, el campo colombiano ha vuelto a caer presa de los grupos armados, en especial de las bandas emergentes. También que aun no se ha podido avanzar en la reintegración, y que muchas de las víctimas creen que no han visto resultados en términos de justicia, verdad y reparación.
El cáncer de las bandas emergentes
Uno de los mayores problemas que sin duda identificó el informe es la desmovilización incompleta de parte de las autodefensas y el fenómeno creciente de las bandas emergentes. Para Paula Gaviria coautora del informe asegura que “la reincidencia es muy grave, delinquir y no cumplir con los compromisos de la paz no tiene consecuencias. Estos grupos perpetúan las acciones de los antiguos paramilitares: asesinatos selectivos, desplazamiento forzado, robo de tierras y narcotráfico”.
Así, otra de las conclusiones de la encuesta es que en ninguna de las regiones estudiadas los paramilitares han desaparecido por completo.
En el Valle del Cauca hay presencia de grupos armados del cartel del Norte del Valle, tradicionalmente ligados a los paramilitares de la región. Para la fecha del estudio se enfrentaban en la zona los ‘Machos’ dirigidos por el extraditado‘Don Diego’ y los ‘Rastrojos’, liderados por ‘Varela’, asesinado en el 2008. En el departamento actuaban además las Autodefensas Unidas del Valle, las Rondas Campesinas Populares y las Águilas Negras.
En Antioquia también se mantenían a finales del 2008 varios grupos armados al mando de ‘Don Berna’, ex jefe extraditado del Bloque Héroes de Granada. Estos se oponían a la banda de‘Don Mario’ por el control de la ‘Oficina de Envigado’. El estudio de la Fundación Social también registró reincidentes del Bloque Central Bolívar y de las Águilas Negras en el Bajo Cauca antioqueño.
La situación en los Montes de María es similar, pues desmovilizados al mando de ‘Jorge 40’ continuaron delinquiendo y manejando el narcotráfico en la región. También se señala la existencia del Frente Social Común por la Paz y existen amenazas por parte de las Águilas Negras. El informe de la Fundación Social denuncia además la compra masiva de tierras por personas que no son de la región.
Finalmente en el Meta el Frente Contrainsurgente del Meta, al mando de ‘Cuchillo’, también sigue activo, al igual que los ‘urabeños’ y los ‘buitragueños’, grupos asociados con el narcotráfico.
Otra vez víctimas
Uno de los objetivos de la ley de Justicia y Paz era precisamente reconocer a las víctimas y que con la justicia, verdad y reparación dejaran de serlo.
Sin embargo, según Paula Gaviria, coautora del informe, la cifra de hogares colombianos que se han convertido en víctimas en los tres últimos años ha aumentado, pero esto puede obedecer a que muchas de estas víctimas han salido a la luz pública intentando reclamar sus derechos.
En la primera encuesta urbana de 2006 que realizó la Fundación Social, la cifra de hogares urbanos afectados por el conflicto armado era el 12 por ciento de la población. Pero en el último informe este porcentaje aumenta al 20 por ciento de los hogares rurales.
Llama la atención el alto grado de victimización de departamentos como Meta(24 por ciento) y Antioquia(29 por ciento), Valle(29 por ciento) y en especial los Montes de María(35 por ciento), en donde aun persiste la presencia de las Farc, el Eln y grupos paramilitares del Bloque Norte.
La encuesta también revela que una mayor proporción de hogares golpeados por el conflicto están constituidos en una mayor proporción por viudas, familias con bajo nivel educativo y difíciles condiciones de vida. Aunque no es claro si la vulnerabilidad es un resultado directo del conflicto armado, lo cierto es que cuatro de cada 10 hogares afectados por el conflicto declararon haber perdido bienes o propiedades a manos de los actores armados.
Sobre los responsables de los crímenes, la guerrilla es sindicada como culpable por 63 por ciento de los encuestados, los paramilitares por 44 por ciento y la fuerza pública por 9 por ciento.
Los retos de la reintegración
Pero para Paula Gaviria “así como la atención a las víctimas es clave para superar el conflicto armado, la reintegración de los alzados en armas es igual de importante para dejar la guerra en el pasado”.
El estudio de la Fundación Social encontró una serie de fallas en este proceso, que pueden comprometer seriamente el proceso de Justicia y Paz. Hay un muy bajo nivel de vinculación laboral de los desmovilizados pues en los Montes de María, Antioquia, Meta y Valle del Cauca tan sólo un uno por ciento de los ex paramilitares trabajan. Aunque el fenómeno se explica en parte por el bajo nivel educativo de los ex combatientes, el compromiso del gobierno para brindar proyectos productivos a los ex combatientes ha sido muy deficiente. El informe cita además la desconfianza de los desmovilizados en el proceso de reintegración y el rechazo de las comunidades para reintegrarlos.
Verdad, justicia y reparación, todavía lejanas
Aunque muchos encuestados piensan que el proceso de Justicia y Paz a reducido los niveles de violencia, el problema parece estar en el modo como funciona la Ley de Justicia y Paz. Esta ofrece garantías a las víctimas del paramilitarismo pero excluye a los afectados por la guerrilla y de los agentes estatales, que son la mayoría.
El informe denuncia además que los funcionarios no tienen suficiente conocimiento de los mecanismos de la Ley de Justicia y Paz. Para Paula Gaviria “los funcionarios no están preparados, incluso muchas veces confunden a las víctimas en vez de guiarlos apropiadamente. Hay que saber además que un defensor público atiende cerca de 300 casos”.
Otro de los problemas identificados por el estudio es la impresión que el proceso de Justicia y Paz no va a llevar a la verdad. El 51 por ciento de los encuestados no conoce los responsables, las circunstancias o las razones del caso que los afectó. La percepción de la labor del Estado también es desalentadora, pues 71 por ciento de las víctimas piensan que la justicia no está haciendo nada para establecer la verdad.
De todas maneras hay un fuerte interés por conocer la verdad, pues 63 por ciento de las víctimas manifiestan su interés por asistir a versiones libres. Los encuestados que no quieren conocer la verdad declaran que los guía el miedo a las represalias o la negativa a revolver el pasado. “Es urgente que el gobierno refuerce la protección pues las amenazas aún mantienen mucha gente al margen del proceso” opina Paula Gaviria.
Si bien hay una gran confianza en la justicia, ocho de cada 10 personas consideran que juzgar los victimarios es un medio efectivo para superar la violencia, el 61 por ciento de las víctimas afirma que no se están adelantando investigaciones por sus casos. Pero la Fundación Social resalta el enorme esfuerzo de la Rama Judicial ya que para diciembre de 2008 atendieron a más de 160.000 víctimas en el marco de la Ley de Justicia y Paz.
La falta de confianza en la justicia podría explicarse por los pocos desmovilizados que están presos. En ninguna región la proporción de sometidos a Justicia y Paz encarcelados supera el 35 por ciento. Existen incluso casos extremos como el del Bloque Pacífico, donde este porcentaje alcanza apenas el nueve por ciento de los desmovilizados. Es decir que en las cuatro regiones estudiadas por Fundación Social, 65 por ciento de los paramilitares desmovilizados están libres.
Otro delos temas que preocupan es que tras cuatro años de Justicia y Paz, dos tercios de los hogares afectados por el conflicto no han solicitado reparación por la pérdida de sus bienes, principalmente por temor o por ignorancia de los mecanismos existentes. Además, los encuestados que han pedido reparación no están satisfechos, pues su solicitud todavía está en trámite o no se resolvió favorablemente. Esto quiere decir que de los 43.363 hogares que perdieron bienes por el conflicto, tan sólo 325 recibieron una restitución satisfactoria
Paula Gaviria exhortó a las víctimas a no rendirse pues “sí hay interés por conocer su verdad, su drama, su dolor. Aunque el proceso no es rápido y la capacidad del estado no es suficiente, la justicia va a llegar”.
El estudio, realizado en el 2008, se basó en tres fuentes básicas: una investigación entre profesionales sobre justicia transicional, una encuesta nacional a más de 2.000 hogares y finalmente un estudio de campo en Antioquia, Montes de María, Meta y Valle del Cauca, regiones seleccionadas por estar en diferentes etapas de la Ley de Justicia y Paz.
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