Por orden la Corte Suprema, este será el primer exjefe paramilitar que va a salir de prisión. Sus víctimas aseguran que no cumplió con su compromiso de verdad y en el sur del Cesar temen su llegada.
Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, jefe desmovilizado de las Autodefensas Campesinas del Sur de Cesar. Foto: archivo Semana.
El exjefe paramilitar Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, va a quedar en libertad en los próximos días. Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia le concedió la sustitución de medida de aseguramiento, lo que significa que ya puede abandonar el penal y el lnpec tendrá que instalar un sistema de vigilancia electrónica en su domicilio. ( descargue acá la decisión)
La decisión ha causado conmoción en el Sur del Cesar. Víctimas consultadas por VerdadAbierta.com aseguran que en la zona no existen las condiciones de seguridad para su posible regreso y temen que afecte los procesos de restitución que hoy se adelantan en la región, ya de por sí complejos. (Ver: La tensión que ronda la restitución de tierras en San Alberto, Cesar)
Alias ‘Juancho Prada’ comandó el Frente Héctor Julio Peinado, un grupo paramilitar que aterrorizó a municipios Aguachica, San Alberto y San Martín en el Sur del Cesar y Ocaña en Norte de Santander. Según ha documentado la Fiscalía, este grupo paramilitar cometió más de 800 homicidios y exterminó movimientos políticos y sociales en la zona (Ver: Sentencia reconoce exterminio político en el Cesar)
Este exparamilitar se desmovilizó estando en la cárcel y el gobierno lo postuló a la Ley de Justicia y Paz el 15 de agosto de 2006, por lo que ya cumplió los ocho años en la cárcel, tiempo máximo al que pueden ser condenados los desmovilizados que hagan parte de la justicia transicional. De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, también cumplió con los demás compromisos, como no seguir delinquiendo, reparar a las víctimas y aportar a la verdad.
En primera instancia un magistrado del Tribunal Superior de Justicia y Paz en Bogotá le había negado la libertad argumentando que no contó toda la verdad y que tampoco entregó la totalidad de sus bienes. Sin embargo, la Corte revocó esta decisión.
De manera que el Inpec deberá comenzar el procedimiento para dejar libre a ‘Juancho Prada’. La única condición es firmar un acta en la que se compromete a asistir a las diligencias judiciales, acogerse a los programas de la Agencia Colombia de Reintegración, tener un buen comportamiento, avisar cualquier cambio de residencia, no salir delpaís ni portar armas.
Al grupo paramilitar de este hombre pertenecieron algunos de sus familiares, unos no se desmovilizaron y continúan en la región, según dicen los pobladores. “Su hijo Raúl Prada quedó el libertad y tiene mucha fuerza en la zona, con la libertad de su papá tememos quienes fuimos testigos y los que lo presionamos en las versiones libres para que dijera la verdad”, declaró una víctima de San Alberto, quien pidió la reserva de su nombre.
¿Por qué va a quedar en libertad?
Este es el primer exjefe paramilitar que efectivamente va a quedar en libertad, pues en otros casos como el de Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’, y Uber Bánquez, alias ‘Juancho Dique’, aún no se han resuelto en los tribunales. Aunque Juan Francisco Prada ya fue condenado en Justicia y Paz, aún no hay un fallo en firme en segunda instancia de la Corte Suprema que lo ratifique, a diferencia de lo que sucede con los otros exjefes paramilitares.
Esto cambia radicalmente el proceso judicial. En Justicia y Paz existen dos procedimientos para que los desmovilizados soliciten su excarcelación: el primero es la libertad a prueba por pena cumplida, que aplica para aquellos que ya hayan sido sentenciados; el segundo advierte que quienes aún no han sido condenados pueden recurrir a una figura conocida como la sustitución de medida de aseguramiento. En ambos casos, los magistrados de Justicia y Paz evalúan que los postulados hayan cumplido con sus compromisos legales.
Una vez la sentencia de alias ‘Juancho Prada’ quede en firme el exjefe paramilitar tendrá que solicitar lo que se denomina libertad a prueba, pero esto lo puede hacer estando efectivamente en libertad.
Contra Prada hay una denuncia instaurada por el Fiscal del Justicia y Paz que lleva el caso por unas presuntas amenazas que al parecer le hizo a algunos de quienes fueron sus subalternos en las filas paramilitares. Sin embargo, la investigación está en etapa preliminar y eso no va a frenar su salida de la prisión.
El debate sobre la verdad
Además de la sustitución de la medida, el auto de la Corte abre un debate sobre el tipo de verdad que los postulados a la ley de Justicia y Paz están obligados rebelar. Para la Fiscalía, el desmovilizado cumplió con su compromiso, pues asistió a todas las versiones libres a las que fue citado y aceptó su responsabilidad en 628 delitos.
No obstante, durante todo el proceso judicial las víctimas se han quejado de que ‘Juancho Prada’ se ha limitado a aceptar todos los crímenes por línea de mando, es decir, hacerse responsable de los delitos que cometieron hombres bajo su mando, pero se ha negado a contar por qué ordenó los asesinatos y quiénes fueron sus cómplices, entre ellos políticos locales y miembros de la Fuerza Pública (Ver: Los olvidos de ‘Juancho Prada’)
Esto queda claro en la sentencia proferida contra el exjefe paramilitar donde se le condena, entre otros hechos, por el exterminio de movimientos políticos en Aguachica y San Alberto. Aunque los demás desmovilizados del Frente Héctor Julio Peinado admitieron esos asesinatos por razones políticas y denunciaron a sus aliados, ‘Juancho Prada’ no aceptó su participación en política durante el trascurso de las versiones libres de Justicia y Paz. El exparamilitar dijo, una y otra vez, que ordenó el asesinato delos líderes políticos por su cercanía a grupos guerrilleros, y se ha rehusado a mencionar a políticos tradicionales de su región.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Ayda Cecilia Lasso Gemade, candidata a la Alcaldía de San Alberto, quien fue asesinada el 21 de julio del 2000 mientras se encontraban en una reunión familiar. Los sicarios dispararon contra la líder política y cuando su hija intentó ayudarla también la asesinaron. Hechos por los que toda la familia Lasso tuvo que salir desplazada.
Otros desmovilizados se han referido a tres reuniones previas entre paramilitares, políticos y miembros de la Fuerza Pública en las que se tomó la decisión de asesinar a Lasso por considerarla un obstáculo político. Prada reconoció que ordenó el asesinato, pero no se ha referido a las reuniones ni quiénes fueron los que asistieron a esos encuentros. Su testimonio habría sido clave en procesos que se siguieron contra varios dirigentes locales que fueron absueltos por el crimen.
“El caso quedó en total impunidad. ¿Cómo esposible que se le dé la libertad a una persona que se negó a aceptar lo que todos ya conocemos?”, se preguntó uno de los familiares de la ex candidata.
Algo similar han denunciado los familiares de Luis Fernando Rincón, exalcalde de Aguachica, quien promovió la consulta popular para la paz en 1995 y creó el movimiento “Aguachica lugar de Paz”, y los del periodista Martín Larrota Duarte, director de la emisora Palma Estéreo, que denunció y se opuso a las continuas extorsiones de los paramilitares de ‘Juancho Prada’.
Al respecto, la Corte advierte que el concepto de verdad debe ser flexible y que no será en la ley de Justicia y Paz la que llegue a una verdad absoluta, “atendiendo al tiempo transcurrido y a la criminalidad macro que se ha venido despejando en el marco de la ley de justicia y paz (…) es prácticamente imposible ofrecer una verdad absoluta, concreta y detallada sobre la forma como se ejecutaron todos y cada uno de los episodios delictivos y más aún si se trata de los cabecillas de dichas organizaciones, quienes en muchos casos, como aquí sucede, ni siquiera conocen la totalidad de los delitos perpetrados por los hombres bajo su mando, situación que no ha sido obstáculo para que los mismos sean aceptados por ellos”, asegura el auto que dejó en libertad a Prada.
“Esto solo significa que nunca sabremos la verdad de lo que pasó y los delitos seguirán en impunidad”, aseguró un familiar de una de las víctimas. Los pobladores del sur del Cesar coinciden en que su silencio del paramilitar encubre a autoridades locales que aún conservan su poder en la región.
