Un grupo de víctimas con la ayuda de la Personería de Medellín y una ONG, están intentando que se agilice la reparación judicial que deben hacer los paramilitares. Algunos de ellos le contaron a VerdadAbierta.com lo que han tenido que hacer para que la justicia les devuelva lo suyo.
 Las víctimas demandan que los paramilitares respondan rápidamente por el daño que les causaron. Foto VerdadAbierta.com |
“Durante varios años he sido víctima, y ahora soy víctima del mismo Estado”, dice, con énfasis, José Durango, un hombre que ha vivido sus últimos trece años el conflicto armado colombiano: en 1996 perdió sus tierras en Urabá, en el 2003 a uno de sus hijos y por estar reclamandolo intentaron matar dos veces en el 2006. Hoy lo único que espera es una reparación integral que le devuelva su dignidad.
José es una de las 77 personas comenzaron en Medellín a buscarle soluciones a las demoras en los procesos penales que se llevan contra los paramilitares postulados a Justicia y Paz. Acompañados por la Personería de Medellín y la organización no gubernamental Forjando Futuro, presentaron ante los tribunales un incidente de reparación para modificar las normas para que la reparación judicial sea más rápida y favorezca a las víctimas.
“Desde que empezó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y las audiencias de Justicia y Paz he estado pendiente de mis casos, pero no avanza”, resalta José. “La Fiscalía dice que tengo derecho a un defensor público, pero cada abogado tiene hasta mil procesos, y revisa uno por día, así que cada tres años se tendría una cita con él, así es imposible”.
En ese mismo sentido, Damaris Torres, madre de Wilson Alberto, asesinado el 1 de junio de 2004 en el barrio 20 de Julio de la populosa comuna 13, cuenta lo que ha tenido que hacer para lograr quien la represente: “Tres años hace que contacté a un abogado de la Defensoría del Pueblo aquí en Medellín. Lo vi una vez, y no lo volví a ver. Así, ¿qué esperanzas voy a tener de una reparación?”.
Para el Personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, el incidente de reparación es un mecanismo válido con el cual se pretende presionar a los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz para que agilicen las investigaciones sobre las confesiones ya hechas por los paramilitares y se condene rápidamente, “sólo así las miles de víctimas podrán ser reparadas por la vía judicial”, indicó el funcionario.
El proceso comenzó con la presentación de 77 solicitudes de incidentes de reparación que corresponden a 16 grupos familiares afectados por los bloques Metro, Cacique Nutibara, Héroes de Granada y el Central Bolívar en los últimos diez años.
“Nos preocupa que después de cuatro años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz no haya ninguna condena contra los paramilitares y las que se han dado parcialmente la Corte Suprema de Justicia no las haya aceptado”, sostuvo el Personero. A su juicio, los derechos de las víctimas se han visto menoscabados pues hasta el momento no existe un solo fallo de responsabilidad en relación con los jefes de los grupos paramilitares, lo que ha impedido a las víctimas obtener justicia y alcanzar una debida reparación.
“La Personería de Medellín considera que es jurídicamente viable realizar imputaciones parciales, cuya aceptación por los extraditados confesos, podrá realizarse en audiencia de formulación de a través de los mecanismos visuales y tecnológicos ya utilizados con anterioridad, lo que permitirá destrabar los obstáculos que impiden a las víctimas acceder a los procesos vía incidentes de reparación”, precisó Herrán Vargas.
Por su parte Nora Saldarriaga, directora de la organización Forjando Futuros, reiteró el pedido de José y Damaris: “esperamos que la justicia empiece a actuar. ¿Por qué razón? Porque las víctimas no solo quieren escuchar la verdad, no solamente piden que sean juzgados aquellas personas que les causaron mal, sino que pretenden que sus daños materiales e inmateriales sean reparados de manera integral”.
Saldarriaga argumenta que no se puede esperar a que se haga la imputación total de todos los cargos ni que se verifiquen todos los hechos dada la gran cantidad de víctimas registradas en todo el país, que se calcula en 220 mil personas, y en los numerosos hechos confesados y por verificar.
“Por eso nos queremos meter en este campo y presionar. Puede que no sea la Ley 975, puede que se tengan que buscar otras alternativas, que sea necesario, incluso, crear una nueva ley específica para las víctimas, pero es importante que se busquen soluciones prontas”, insistió la directiva de Forjando Futuros.
Para quienes impulsan esta iniciativa la reparación administrativa, que viene pagando el Gobierno nacional a las víctimas de la violencia, no es una salida digna para las víctimas, puesto que sólo es un aporte económico por un hecho concreto, un homicidio, una mutilación o una desaparición forzada. “Lo que busca la reparación judicial es la reparación del daño que le han causado a una persona por la muerte de un familiar o la pérdida de la tierra, que no solamente es material, sino sicológico, por eso es más integral”, explicó Saldarriaga.
Raúl Mejía, abogado que acompaña este proceso, no descartó las dificultades que pueda tener este proceso, pues en las circunstancias actuales, determinadas por los condicionamientos que ha impuesto la Corte Suprema de Justicia a las imputaciones, los fiscales se ven abocados a llegar al fondo de los hechos confesados, lo que torna la situación muy compleja.
“Por esta vía va a ser muy difícil, porque habrá que esperar a que se condene al primer paramilitar desmovilizado”, agregó Mejía, quien, no obstante, confía en que haya salidas claras, que podrían lograrse, según dijo, si se aceptaran algunos conceptos de la justicia transicional, aplicada en diversos países en conflicto para zanjar los procesos penales que se derivan de acuerdos entre los grupos armados ilegales y los gobiernos. “La ventaja que tiene esa justicia es que tiene la posibilidad de adaptarse a las condiciones jurídicas y plantear alternativas para destrabar la Ley de Justicia y Paz”.
Los temores que abrigan tanto José Durango como Damaris Torres es que al paso que van los procesos de Justicia y Paz, no alcancen a ser reparados y sean las generaciones posteriores las que lo logren. Por ello se embarcaron en esta aventura jurídica, que de prosperar, le abrirá mayores esperanzas a las miles de víctimas del paramilitarismo en Colombia.
