Las detenciones arbitrarias son uno de los capítulos menos conocidios de los años de guerra. Quienes más padecieron esa situación son miles de habitantes de zonas rurales, que fueron detenidos por tener supuestos vínculos con grupos armados ilegales y dejados en libertad tiempo después por falta de pruebas. Dejusticia realizó una radiografía sobre el tema con 19 testimonios en primera persona, que pretende servir de insumo a la Comisión de la Verdad.
“Nunca tuvimos que ver con la guerrilla”. Lo dice y lo repite Dolores Torres, en la punta de su silla, con el micrófono cada vez más cerca de su boca. Viajó desde El Carmen del Bolívar, uno de los 15 municipios que conforman la región de los Montes de María, enclavada entre los departamentos de Bolívar y Sucre, para clamar por la inocencia de su marido, Erasmo Tapias. Él, y casi 40 campesinos más, fueron sacados de sus casas durante una mañana de septiembre de 2003, para ser encarcelados sin fundamentos.
Víctima de detención arbitraria y 15 años después, Tapias unió su voz a otras 18 para reivindicar sus nombres y pedir justicia. Una investigación realizada durante dos años por la organización Dejusticia recopiló los testimonios en el libro Que nos llamen inocentes: testimonios de detenciones arbitrarias desde El Carmen de Bolívar, que fue lanzado a principios de mayo en ese municipio del Caribe, y la semana pasada en Bogotá.
“Esa madrugada fue humillante”, relata en el libro Erasmo Tapias, entonces acusado de “quemador de carros” y quien estuvo preso durante 26 días. “Nunca fuimos guerrilleros, que los medios lo escriban. Y quiero decir también al gobierno que se equivocó”, insiste su esposa Dolores Torres, que llegó a Bogotá para reclamar “que nos llamen inocentes”, tal como tituló Dejusticia su informe.
Entre 2003 y 2004, en El Carmen del Bolívar fueron capturados y encarcelados decenas de vecinos. Al respecto, la Defensoría del Pueblo indicó en un informe de 2006, que 328 personas fueron capturadas masivamente y, de ellas, 231 fueron dejadas en libertad en los meses siguientes por falta de pruebas para llevarlas a juicio.
En 2017, 30 de estas personas pidieron apoyo a Dejusticia para conocer su situación jurídica. Todos fueron puestos en libertad sin ninguna condena, sin que se pueda demostrar relación alguna con la guerrilla. De esta manera los investigadores Dejusticia, un equipo encabezado por Irina Junieles Acosta, lograron poner en relieve las irregularidades de estas detenciones.
Los registros estatales brillan por su ausencia en toda la cadena: ni expedientes judiciales, ni órdenes de captura, ni registros de su paso por la cárcel y tampoco seguimientos de los casos. La simple puesta en libertad fue por carecer de pruebas y en algunos casos ni siquiera se abrieron procesos penales.
Una de las irregularidades encontradas por la investigación apunta a los informantes que señalaron a los campesinos de esa región, que en antaño fue escenario de fuertes enfrentamientos entre las Farc, las Autodefensas Unidades de Colombia y la Fuerza Pública, de tener nexos con subversivos.
Sus testimonios se hicieron a cambio de incentivos económicos y algunos de ellos fueron duplicados para incriminar a diferentes personas. “Delatar paga”, decía un comercial de aquella época.
Para Manuel Hernández Serpa, el informante que lo mandó a capturar hizo una plata “ridícula” en comparación al daño que le causó. Hoy tiene 33 años, pero cuando fue detenido acababa de cumplir la mayoría de edad y considera que fue incriminado por una venganza personal. Estuvo encarcelado durante dos meses, los cuales les parecieron 200 años: “Yo era un niño y la gente se daba cuenta de que no era malo.”
Marco nacional
La figura del encapuchado es común a muchos testimonios. Un hecho que apunta a la Política de Seguridad Democrática, instaurada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), la cual tuvo a los Montes de María como uno de sus “primeros laboratorios de aplicación”, escriben los investigadores.
Dicha política implicó la expedición de varias normas legislativas, algunas de rango constitucional, que con el fin de “enfrentar el terrorismo”, modificaron los artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución Política de 1991.
Al respecto, el informe recalca que “ese cambio constitucional permitió a las autoridades administrativas –con el fin de “prevenir” actos de terrorismo– tomar medidas como interceptar comunicaciones, ordenar y ejecutar detenciones con fines de identificación, efectuar registros domiciliarios sin previa orden judicial y llevar a cabo informes de residencia de los habitantes del territorio nacional en determinadas poblaciones”. Sin embargo, esas normas fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-816 de 2004, por vicios de forma.
A nivel nacional, entre agosto de 2002 y junio de 2006, alrededor de 6.912 personas fueron detenidas de manera arbitraria, según registros del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos.
La “lógica cuantitativa que llega a excesos”, como la describió Hobeth Martínez, investigador Dejusticia, es aquella de exigir resultados en términos de muertos y de capturas, que posteriormente derivó los mal llamados ‘falsos positivos’ y en detenciones masivas.
Una lógica que también subrayó Marta Ruiz, integrante de la Comisión de la Verdad, quien, insistiendo en los patrones que se vieron en todo el país, señaló que esa política de seguridad convirtió al civil en enemigo al confundirlo con el guerrillero. “Creo que es algo que tenemos que reflexionar muy profundamente. Esta manera como la Fuerza Pública, como los organismos públicos han asumido quién es el enemigo. Con una sospecha sobre un pueblo entero, un barrio entero, una organización entera”, dijo la comisionada en el lanzamiento de Bogotá.
“Para mí, no ignoraban que estaban tomando personas inocentes. Intentaban tener resultados”, complementó Emilse Hernández, también de El Carmen de Bolívar. Ella cree que fue perseguida durante años por ser parte de una Junta de Acción Comunal.
Y ese rol es otro elemento en común que tienen las víctimas de detenciones arbitrarias de esa región: muchos de los capturados ejercían liderazgo y promovían la defensa de los derechos humanos.
Emilse pasó años viendo llegar soldados a su casa, hasta la mañana del 25 de octubre de 2005. Estuvo nueve días en la cárcel, pero al salir ya no fue la misma: “Y ahí sí me dio todo el miedo que no me había dado antes”. Nunca volvió a desempeñarse en reuniones de juntas, y tampoco a confiar en el gobierno.
Limpiar el nombre
Estas detenciones pueden ser invisibles en los registros públicos, pero las heridas siguen abiertas, las cuales se agravan por el estigma social. “Es difícil encontrarse un trabajo bueno, todavía me están mirando como si fuera guerrillero”, contó Manuel Hernández.
Parte de la estigmatización fue producto del tratamiento que los medios de comunicación le dieron al cubrimiento de las capturas. Varios artículos se limitaron a difundir versiones oficiales, dando por cierto que estas personas eran guerrilleros o colaboradores de la subversión. Sus datos personales, como nombres y edades, acompañados con fotografías, fueron publicados sin que se hubieran verificado las supuestas conexiones con grupos armados ilegales.
“Nos pusieron como titular que vende. Para que eso no ocurra más es necesario pensar y conocer más de estos casos. Así, cuando estén sucediendo, se pueden parar a pensar: ‘¿Es tan real que está pasando?’”, invitó Guiber González, una de las víctimas que aportó su relato al informe.
La presunción de inocencia desapareció bajo titulares como “Caen guerrilleros” o “Condenan terroristas” en los principales periódicos y noticieros de la región. De esta manera, el llamado a reconocer públicamente su inocencia se dirigió no sólo al gobierno nacional y las autoridades judiciales, si no a los medios de comunicación. “Que los medios también nos llamen inocentes”, pidió González.
Es más, para Dolores Torres, es más importante limpiar su nombre que recibir alguna reparación económica. En ese sentido, la comisionada Ruiz concluyó que el papel de autocrítica y de rectificación de los medios de comunicación es importante para evitar la repetición de esa clase de hechos. A ella, Torres le entregó formalmente el informe, pidiendo que “se sepa la verdad”. Otro reto más que hace la Comisión de la Verdad, para que una parte de las víctimas del conflicto armado pueda superar sus heridas.
