El informe de la Procuraduría General de la Nación sobre el daño colectivo que causaron los paramilitares en el norte de Cundinamarca revela que los afectados no han recibidio la adecuada atención del Estado y las huellas de la violencia siguen latentes.
En el olvido y sin una presencia efectiva del Estado, así se encuentran las víctimas que dejó a su paso el Bloque Cundinamarca de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en diversos municipios del departamento de Cundinamarca. A esa conclusión llegó la Procuraduría General de la Nación luego de investigar la situación de las comunidades golpeadas por ese grupo armado ilegal.
Los resultados de esa investigación fueron presentados durante una audiencia ante el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá como parte del proceso de juzgamiento de Luis Eduardo Cifuentes, alias ‘El Águila’, y otros cuatro ex paramilitares, quienes operaron en los municipios de Caparrapí, La Palma, El Peñón, Pacho, Paime, Puerto Salgar, San Cayetano, Topaipí, Ubaté, Villa Gómez, Yacopí, Carmen de Carupa y otras poblaciones del noroccidente del departamento.
Para el Ministerio Público, la presencia del Estado en estas regiones ha sido insuficiente durante décadas y la atención a las víctimas poco satisfactoria: “a la fecha de inicio del incidente ni siquiera se había prestado atención a las víctimas ni mucho menos se les hizo algún seguimiento; igualmente, los pocos proyectos productivos fueron insuficientes”.
Durante el juicio a estos ex paramilitares la Fiscalía ha documentado 200 casos de desplazamiento, 129 homicidios y 26 desapariciones forzadas ocasionados entre los años 2001 y 2004 por la estructura armada a la que pertenecieron y con la cual se desmovilizaron en diciembre de 2004. (Ver: Los crímenes del ‘Águila’ en Cundinamarca)
Desde la década del ochenta, en la región donde operó el Bloque Cundinamarca ha tenido una fuerte presencia de grupos de autodefensa, conformados para contener las acciones de la guerrilla. A comienzos de los noventa se adelantaron negociaciones de desarme con el gobierno nacional, logrando una desmovilización parcial.
No obstante, la facción lideradapor alias ‘El Águila’ y Julio Alberto Sotelo, alias ‘Beto’, no se sometió a esos acuerdos y continuó operando bajo el nombre de Autodefensas de Yacopí. Para el 2001, tomó el nombre de Bloque Cundinamarca y se eligió a ‘El Águila’ como su comandante.
Aunque la presencia de narcotraficantes y grupos armados al servicio de esmeralderos ha tenido injerencia en esa zona de Cundinamarca desde hace varias décadas y se le hanatribuido nexos con la organización bajo el mando de alias ‘El Águila’, éste ha manifestado que su objetivo fue combatir a las Farc.
Comunidad estigmatizada
A través de su investigación, la Procuraduría sostiene que sigue la presencia de actores armados ilegales en la zona y que después de la entrega de armas que hicieron los hombres de ‘El Águila’ no hubo acciones concretas por parte del Estado “dirigidas a su desplazamiento y erradicación en la zona”.
Advierte el informe que en los municipios no hay suficiente presencia de Fuerza Pública sobre las carreteras principales; asimismo, asevera que las vías de acceso siguen en malas condiciones y sus alrededores están deshabitados por la falta de seguridad.
Según la Procuraduría, la falta de presencia del Estado también ha llevado a que exista “mucha decepción respecto del proceso de Justicia y Paz, pues aunque se ha contado con la participación de las víctimas, también es cierto que las mismas han hecho manifestaciones de inconformidad por el excesivo tiempo de trámite en los procesos y el advenimiento de posibles libertades”.
La desarticulación de movimientos sociales y la estigmatización que promovieron los paramilitares contra algunos líderes comunales llevó a que la comunidad no creyera en instituciones como las juntas de acción comunal, “ya no se tiene interés ni intención de hacer parte activa por temor a la estigmatización”.
Estos señalamientos se extendieron a casi toda la población y se derivó de los enfrentamientos por el control territorial entre guerrilla y paramilitares. Los pobladores, que estaban en el medio, fueron considerados como miembros o colaboradores de uno y otro bando. El Bloque Cundinamarca de las Auc utilizó estrategias como generar desplazamientos y perpetrar homicidios para expulsar a quienes ellos consideraban como guerrilleros por simples rumores o supuesta “información de inteligencia”.
La Procuraduría incluyó en sus análisis el tema de llamada “limpieza social”, que advirtió, “fue común de los paramilitares y sobre la que habrá que ahondarse por parte de la Fiscalía General de la Nación, aún cuando en la legalización de cargos se abordaron muy pocos casos”.
De acuerdo con el informe, “la humillación a la que se sometió a los habitantes de la región de Rionegro (noroccidente de Cundinamarca), especialmente por parte de los paramilitares, evidenció victimización y destrucción del tejido social construido. La confianza entre las personas se perdió y las acciones con un propósito común se desvanecieron”.
Los cultivos ilícitos
El Ministerio Público también estableció que la presencia de los actores armados ilegales y la precaria situación económica motivaron el auge de cultivos de hoja de coca para uso ilícito, “los cuales fueron sustituyendo otras pequeñas plantaciones que existían en la región como plátano, yuca, caña panelera, café y cacao”.
El informe precisó que a pesar de la intervención que hizo el gobierno entre el 2002 y 2005 siguiendo las directrices de la política de seguridad democrática y los propósitos del Plan Colombia, no se mejoró la situación para los pobladores de las zonas de injerencia del Bloque Cundinamarca, quienes en su mayoría se dedican a trabajar el campo.
Organizaciones de víctimas y funcionarios de la Alcaldía de Yacopí manifestaron que los campesinos se enfrentan en los últimos años a recursos limitados y a falta de seguimiento a los proyectos productivos que sustituyeron los cultivos de hoja de coca, por lo que la gran mayoría de predios se encuentran improductivos, sobre todo los ubicados en las inspecciones de Patevaca, Pueblo Nuevo, Guadualito, Chapón, Aposentos, Cabo Verde, Alsacia, Llano Mateo e Íbama.
Ante ello, la Procuraduría aseguró que “los medios de subsistencia en la zona prácticamente desaparecieron, salvo la ganadería, puesla agricultura se ve estancada por ausencia de proyectos productivos y olvido de los pocos que fueron implementados”.
Adicional a esto, el Ministerio Público encontró que gran cantidad de campesinos de Yacopí y Pacho que sembraron hoja de coca en sus pequeñas parcelas para narcotraficantes y bajo la presión de paramilitares y guerrilla, están a punto de perder sus predios, pues hay investigaciones en curso en la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía.
Las propuestas
Entre las propuestas de la Procuraduría para mejorar la situación de las poblaciones donde tuvo presencia el Bloque Cundinamarca, están “la realización de un acto simbólico de resarcimiento, tendiente a la purificación de las cuencas hidrográficas donde se arrojaron tantos cuerpos”. La propuesta surgió ante el hallazgo de que algunos afluentes como Río Negro y el Magdalena son vistos por los pobladores como “cementerios”.
El informe también recomendó la presencia y articulación de instituciones como Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, Auditoría General de la Nación y Procuraduría General de la Nación. Además de la presencia de la fuerza pública y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
El Ministerio Público también estableció como prioritario la creación de “un Programa de Atención Psicosocial Comunitario” para las víctimas de la violencia en Caparrapí, Paime, Yacopí, La Palma, Villagomez, Puerto Salgar y Topaipí.
