Más de nueve meses después de las capturas de los líderes Teófilo Acuña, Adelso Gallo y Robert Daza, calificadas por comunidades y organizaciones sociales como ‘falsos positivos judiciales’, Jimmy Moreno se convierte en el cuarto líder de este colectivo imputado por supuestos vínculos con la insurgencia armada.
Al Congreso de los Pueblos las autoridades judiciales lo tienen bajo la mira y cada cierto tiempo activan sus mecanismos para afectar a sus integrantes, a quienes sindican de ser parte activa de la guerrilla del Eln, que opera en varias regiones del país.
Esta vez el turno le tocó al líder social Jimmy Alexander Moreno, quien, además de pertenecer a Congreso de los Pueblos, es dirigente nacional de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, y actual miembro del Comité Nacional del Paro.
Su captura se produjo en la mañana del pasado 28 de septiembre en el barrio La Heroica, de Popayán, justo cuando se disponía a viajar hacia el norte de Cauca y al vecino departamento de Valle del Cauca para participar en las movilizaciones convocadas para ese día por Comité Nacional del Paro, integrado por organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales.
La orden de detención fue proferida el 9 de septiembre por un juez de control de garantías a solicitud de la Fiscalía 188 de la Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales de Popayán, que investiga a Moreno por sus presuntos vínculos con el Eln.
Una vez bajo detención fue presentado ante el juez ante quien le imputaron los delitos de rebelión agravada en calidad de dirigente de organismos de masas, presuntamente para favorecer a ese grupo guerrillero.
En esa audiencia, el ente acusador señaló que ese grupo guerrillero posee una “estructura nacional de masas” articulada al Frente de Guerra Urbano Nacional que cuenta con un equipo permanente de siete u ocho personas del cual, supuestamente, Moreno haría parte, lo que le permite viajar por todo el país participando en las distintas movilizaciones sociales que cuestionan las políticas económicas y sociales del actual gobierno nacional.
La acusación de la Fiscalía hizo especial énfasis en que Moreno propende porque Colombia “sea socialista” y, por tanto, “responde a los ideales de ese grupo guerrillero” y se respalda en material incautado supuestamente por el Ejército en operativos contra el Eln.
La defensa de Moreno sostuvo que no había hechos jurídicamente relevantes que vincularan al procesado con “el equipo de masas” del Eln. En esa perspectiva, también se pronunció la Procuradora presente en la audiencia y no sólo reiteró lo dicho por el abogado que representa al líder social, sino que consideró desafortunado presentar como parte del procedimiento de captura de Moreno el hecho de que iba a hacer un plantón en desarrollo de las movilizaciones sociales del pasado 28 de septiembre.
La Fiscalía 188 de Popayán también lleva el proceso contra los líderes sociales Teófilo Acuña, Adelso Gallo y Robert Daza, procesados desde mediados de diciembre de 2020 y según le precisó la defensa de Moreno a este portal, el caso de este último líder capturado hace parte del mismo proceso matriz con el que se abrió la investigación contra estos tres integrantes de Congreso de los Pueblos. (Leer más en: Líderes sociales judicializados: ¿quiénes son Teófilo, Adelso y Robert?)
Los cuatro líderes sociales tienen en común su trabajo como dirigentes nacionales y regionales del Congreso de los Pueblos, tienen ascendencia con organizaciones campesinas, son reconocidos por sus comunidades; además, han participado en diferentes movilizaciones sociales y actuado en procesos de negociación con diferentes instancias estatales.
Cristian Delgado, coordinador del Equipo Nacional de Garantías y Derechos Humanos de Marcha Patriótica y vocero de la Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, conoce a los cuatro defensores de derechos humanos y observa varias similitudes en sus perfiles.
“Nosotros insistimos mucho en pensar, hablar y actuar, que son los tres componentes que confluyen en las personas que están privadas de la libertad en este momento, y son personas que actúan de frente en el movimiento social, o sea, no son personas que actúen de forma oculta”, aseguró Delgado.
Por su parte, Jorge Danilo Guarín, abogado de Moreno, afirmó que “la imputación fue gaseosa, ampulosa y, ojalá no me equivoque, no la formuló (la Fiscalía) en calidad de autor. No referenció ninguna circunstancia de tiempo, modo y lugar. Sólo dijo que entre los años 2010 a 2021 (ocurrieron los hechos) y que en el seno de las comunidades difunde la ideología del Eln”.
En su intervención, la defensa del líder social se enfocó en mostrar la diferencia entre una organización guerrillera y las organizaciones sociales, y solicitó se partiera del mismo racero del caso de Adelso, Robert y Teo, a quienes no les impusieron medida de aseguramiento, pero continúan vinculados a las investigaciones. (Leer más en: “Somos molestos para el Estado”: líder social Robert Daza)
Hace unas horas, el juez de control de garantías impuso medida no privativa de la libertad y le solicitó a Moreno presentarse entre los cinco primeros días de cada mes ante la Fiscalía y le prohibió salir del país.
¿Quién es Jimmy Moreno?
“Yo conocí a Jimmy en el marco del Paro Nacional Agrario y de la constitución de lo que es la cumbre agraria, campesina, étnica y popular, en el 2013”, rememoró Delgado. “La historia política del país ha demostrado que las personas como Jimmy, que son directas, que dicen lo que piensa, que actúan como piensan y dicen; son las que más le afectan a la institucionalidad”.
Moreno empezó su liderazgo en la Junta de Acción Comunal del municipio de Floridablanca, en el departamento de Santander. Según un perfil que publicó Congreso de los Pueblos, este defensor de derechos humanos inició apoyando procesos comunitarios como cineforos y el “Consejo de Sabios”, un ejercicio de memoria con los adultos mayores.
En el 2008 empezó a participar en la Minga Social y Comunitaria, y organizó la Minga Comunera en Santander. Un año después, recorrió barrios y municipios de este departamento liderando las movilizaciones en contra del “Proyecto de Angostura”, mediante el cual se pretendía instalar un frente de explotación minera a cielo abierto en el Páramo de Santurbán, una gran fuente de agua para miles de santandereanos.
Moreno también lideró la movilización “100 mil voces por el agua” y fue vocero y líder barrial en la organización “Ciudad en Movimiento, red de liderazgos”.
Se convirtió, además, en vocero del Congreso de los Pueblos desde el 2010 y tres años después fue uno de los artífices del Congreso Nacional para la Paz, que reunió a más de 20 mil personas en Bogotá para conversar alrededor de la paz.
Para 2014 se integró a la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, un espacio articulador de organizaciones indígenas, afrocolombianas, campesinas, pescadoras, mineras y otros sectores populares rurales de diversas regiones del país, que propenden por la defensa del derecho de los pueblos a decidir sobre el uso de la tierra y la soberanía alimentaria, fortalecer los procesos participativos y de diálogo interétnico, y velar por la consulta previa, libre e informada de las comunidades negras e indígenas.
“El Congreso de los Pueblos designó a Jimmy Moreno como vocero en la Cumbre Agraria y allí, gracias a su compromiso y liderazgo, fue elegido también vocero de esa articulación de organizaciones sociales, lo cual le permitió liderar las movilizaciones campesinas e interlocutar con el gobierno en la mesa de diálogo”, se lee en el perfil realizado por esta organización.
Algunas de estas movilizaciones fueron el Paro Nacional Agrario de 2013 y la negociación del Decreto 870 que tenía por objeto establecer las bases para el desarrollo de pagos que incentivaran la conservación ambiental en áreas y ecosistemas estratégicos, a través de acciones de preservación y restauración.
Desde el año 2019, Jimmy fue delegado para hacer parte del Comité Nacional de Paro, espacio desde el que ha priorizado la necesidad de unir expresiones de movimiento social y sindical para trabajar en la garantía de los derechos humanos y la vida digna en la ciudad y el campo. Sólo para el 2021 estuvo apartado de estos espacios de concertación, reconocen sus compañeros, pero resaltan que su representación ante diferentes entes de Estado lleva desde muchos años atrás en momentos coyunturales y también cuando pasan los ‘estallidos sociales’.
“En todos estos años de trabajo comunitario, Jimmy se ha caracterizado por ser un líder que predica con el ejemplo. Su carácter humanista, solidario, humilde y respetuoso hacen que sea reconocido por cumplir con la palabra acordada, por ser de los primeros que llega y de los últimos en marcharse de una jornada de trabajo, siempre atento a servir y apoyar en cualquier tarea requerida, siempre cuidadoso del bienestar y de las necesidades de cada persona a su alrededor”, concluyen desde Congreso de los Pueblos.
Según Delgado, Marcha patriótica llegó a tener más de 397 detenidos entre 2012 a 2014 (años que coinciden con fuertes movilizaciones sociales), con lo que se afectó a más de la mitad de la dirección nacional.
“Es lo que le está ocurriendo en ese momento a Congreso de los Pueblos. Nuestros compañeros recobraron su libertad, pero luego de muchos meses privados de la libertad”, indicó este activista, quien considera que ese patrón de persecución es una forma de deslegitimar y precede a una segunda fase de violencia: la eliminación física de los integrantes de un movimiento social.
“Nosotros venimos planteando desde el Comité Nacional del Paro cómo hay una legitimación de la violencia de Estado y que pasemos una fase en donde la eliminación física en contra de algunos procesos sociales se profundice aún más de lo que está en este momento, de cara a un año electoral en donde ya se está viendo cómo se está incrementando la violencia en contra de los que se han decidido la alternativa electoral”, advirtió Delgado.
A través de un comunicado fechado el 24 de junio de 2020, Marcha Patriótica prendió las alarmas por las cifras de miembros del movimiento que han sido asesinados desde 2011 a esa fecha: “Es un país en donde el derecho a defender derechos se ha convertido en un riesgo para la vida, integridad y seguridad personal de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos (sic), es importante destacar que, desde nuestra constitución, han sido asesinados 238 compañeros y compañeras de Marcha Patriótica, sin que el Estado Colombiano tome las medidas necesarias para frenar esta grave situación y sancionar a los responsables de estos hechos”. (Leer más en: “La paz nos está costando la vida”: Marcha Patriótica)
Ahora esas preocupaciones se han trasladado a Congreso de los Pueblos que, en el último año, se ha enfrentado a la judicialización de cuatro de sus integrantes por cuenta de sindicaciones judiciales que estiman infundadas y que obedecería a una estrategia para deslegitimar el trabajo social y político que adelantan en el país.
