En este municipio de la región de los Montes de María, muchas víctimas aseguran que el miedovolvió y que la garantía para quedarse en el territorio es que las restituciones sean colectivas.
En Carmen de Bolívar, empresas acumularon 27 mil hectáreas, según la Superintendencia de Notariado y Registro. La mayoría de estas tierras eran de campesinos desplazados por la violencia de los últimos veinte años. Foto: archivo Semana.A mediados de enero de 2014, un panfleto llegó a la casa de un joven amenazándolo con quitarle la vida sino se desplazaba en las siguientes diez horas del pueblo. Para ese momento, las organizaciones de víctimas denunciaban 35 amenazas enviadas a sus líderes a través de mensajes de texto a sus teléfonos celulares, sin contar los sufragios y ramos de flores que les han llegado a las puertas de sus casas. Al finalizar ese año, cuando las víctimas organizaban una reunión, dos hombres armados hicieron presencia en el lugar del encuentro. Y en una segunda convocatoria, los líderes notaron que extraños los estaban filmando y tomando fotos.
“Aquí vivimos en una permanente zozobra y amenaza”, dice un líder, refiriéndose a lo que sucede en Carmen de Bolívar, Bolívar, donde se desplazaron 73 mil personas entre 1997 y 2010, y donde las víctimas reclaman la restitución de por lo menos 22 mil hectáreas. Aunque el gobierno le dio prioridad a este municipio incluyéndolo en las llamadas zonas de consolidación, es decir regiones donde se supone concentrará su presencia para erradicar los cultivos ilícitos e impulsar el desarrollo, varios pobladores aseguran que civiles armados presuntamente pagados por empresarios así como las bandas criminales tienen en vilo el retorno de las comunidades y el proceso de restitución de tierras.
Por eso son pocos habitantes los que prefieren que se les cite como reclamantes. Para ellos, esta condición los pone en peligro y prefieren no dar detalles de quiénes y dónde recibieron las amenazas o vieron a los encapuchados. “Acá la gente comenzó motivada con la restitución, con mucho interés por reclamar. Pero muchos de los que ejercían ese liderazgo se echaron para atrás porque recordaron lo de años anteriores: que después de las amenazas venía el asesinato o la masacre”, relata un campesino. Entre los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI, los paramilitares cometieron 56 masacres, cada una con numerosas víctimas, en los Montes de María entre ellas la de Pichilín, Colosó, El Salado, Macayepo, Chengue y Las Brisas. “Por miedo, la gente está reclamando que les restituyan el derecho a educación, vivienda y salud, pero a la tierra no”, dice.
Otro líder de la región asegura que una familia favorecida con un fallo de un juez de restitución no ha podido disfrutar del predio. “Es muy sospechoso que días antes de que se conociera la sentencia fuera asesinado un familiar de los beneficiarios de la restitución. Por las tierras se las pasan sujetos en motocicletas de alto cilindraje y con pasamontañas. Los ven en las noches y las madrugadas, en las horas en la que la Policía no está haciendo la ronda. Es un mensaje directo que no se puede entrar al territorio”, dijo.
En distintas denuncias presentadas ante los organismos de investigación, las autoridades nacionales y locales y el Ministerio Público, las víctimas de Carmen de Bolívar aseguran que los panfletos y amenazas se han concentrado en la parte baja del municipio, en la zona de El Cocuelo y Mandatú, mientras que en el casco urbano han visto cómo miembros de bandas criminales les ofrecen de a 50 mil pesos a los jóvenes para que empuñen las armas.
“Pedimos fallos colectivos”
Según la comunidad, aunque la fuerza pública hace presencia en la zona, con patrullajes durante el día, la mejor garantía para que la comunidad vuelva es que haya más celeridad en los fallos de restitución pero sobre todo, que las decisiones de los jueces beneficien a varios parceleros y no a familias de forma individual. Lo que las víctimas piden concretamente es que en una misma sentencia se restituya a las víctimas que tienen tierra en una misma parcelación. “El proceso avanza de forma lenta y los fallos que ha habido son de una, dos o tres predios de una misma parcelación; cuando deberían ser de decenas de parcelas. Uno no sabe si es que los funcionarios que documentan los casos tienen miedo, o que los jueces también”, comenta otro reclamante.
Según datos de la Unidad de Restitución Bolívar, entre junio de 2013 y enero de 2014 los jueces especializados en restitución de tierras han emitido 11 sentencias que han beneficiado a 17 familias que por la violencia tuvieron que abandonar o les fueron despojadas de 370 hectáreas. Aunque la mayoría de los fallos reconocieron que los parceleros fueron víctimas primero del asedio de la guerrilla y luego del terror paramilitar, la sentencia de octubre de 2013 reconoció el despojo posterior que sufrieron los campesinos cuando vendieron a bajos precios sus terruños.
Después de la desmovilización del Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc en 2005 en esta región, la Superintendencia de Notariado y Registro, el organismo encargado de vigilar el registro de los bienes inmuebles, encontró que en los Montes de María diversas empresas agropecuarias acumularon tierras que habían sido tituladas a campesinos pobres, y que en muchos casos se habían saltado la protección que había sobre los predios para poder comprar. En sus denuncias ante la Unidad, los campesinos relataron que estas empresas se aprovecharon de la pobreza en que los dejó la violencia para comprarles a bajos precios y concentrar tierra.
En octubre de 2013, el Tribunal de Cartagena encontró que la Agropecuaria Carmen de Bolívar se hizo a una parcela de 24 hectáreas actuando de mala fe, porque según el juez hizo la compraventa a sabiendas que los propietarios habían sido víctimas de la violencia y que la Gobernación de Bolívar había solicitado proteger las tierras cuando detectó compras masivas en el pueblo. La Unidad de Tierras encontró que esta misma agropecuaria compró por lo menos 87 predios que suman 4 mil 500 hectáreas, pero la sentencia por ahora solo ha restituido una parcela (Lea: “Agropecuaria Carmen de Bolívar no actuó de buena fe”: Tribunal de Cartagena)
Los reclamantes de tierras en Carmen de Bolívar consideran que el “goteo” en las sentencias de restitución por un lado está llevando a que los actores armados ilegales como las bandas criminales generen miedo para que la comunidad ni retorne ni reclame, pero por otro, que las agropecuarias les sigan haciendo “ofertas” a los campesinos.
“Acá se está presentando algo y es que los empresarios están convenciendo a las víctimas que desistan de la restitución porque el proceso no está prosperando. Les están planteando renegociar o que cuando tengan el título restituido les vendan”, cuenta otro habitante de Carmen de Bolívar. “Es un mensaje perverso. Eso hace que la gente no se preocupe por la tierra sino por la plata. Pero esto no significa que la mayoría de las víctimas no estemos interesadas en el proceso”, comenta un representante de víctimas.
Según un estudio realizado por el investigador Alejandro Reyes, a partir de datos de la Pastoral Social, entre los 15 municipios (de Bolívar y Sucre) que integran los Montes de María, entre 1997 y 2007 fueron abandonadas y despojadas 81 mil hectáreas, la mayoría en Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, María la Baja, Zambrano, Ovejas y San Onofre.
Álvaro Tapia, director de la Unidad de Restitución en Bolívar, asegura que el organismo ha sido ágil en atender los casos y presentarlos ante la justicia. “De las 4 mil solicitudes que nos han presentado las víctimas en Carmen de Bolívar, hemos dado trámite administrativo, es decir, hemos estudiado 1.500 casos. De estos últimos, hemos presentado 400 casos en varias demandas ante distintos jueces de restitución. La justicia tiene unos plazos definidos pero los fallos dependen del aparato judicial, no de la Unidad”, dijo el funcionario.
Según Tapia, 80 por ciento de los 400 casos ya presentados ante los despachos de los jueces corresponden a demandas de despojo relacionadas con las empresas agroforestales que se aprovecharon de la situación de los campesinos y les compraron a bajos precios. Frente al cuestionamiento de por qué los fallos no pueden ser colectivos, es decir, que en una misma sentencia se restituya a las víctimas que tienen tierra en una misma parcelación, el funcionario explicó que cada caso es diferente y no todos quieren reclamar la tierra.
“Eso es más complejo de lo que se piensa. Hay por ejemplo una parcelación de veinte predios donde no todos reclaman tierras. Unos dicen que vendieron y que están conformes, otros señalan que no están interesados en el proceso; otros sí solicitan la restitución. El proceso opera por solicitud”, indicó Tapia, quien sobre el tema de seguridad negó que en Carmen de Bolívar haya presencia de bandas criminales. “Las autoridades señalan que estas bandas están más hacia el Golfo de Morrosquillo, en la zona de zona de San Onofre y María La Baja. En Carmen de Bolívar lo que se está presentando es delincuencia común”, agregó el funcionario.
¿Cuál es el interés por la tierra?
El control de los corredores del negocio de la droga por parte de las bandas criminales y el desarrollo de proyectos ganaderos y de cultivos forestales extensivos por parte de empresas son las principales razones de la puja por la tierra en Carmen de Bolívar. El estudio Montes de María: Entre la consolidación del territorio y el acaparamiento de tierras, elaborado por el Instituto Lationamericano para la Sociedad y un Desarrollo Alternativo (Ilsa), muestra una radiografía del conflicto en esta región durante los últimos veinte años retomando distintas fuentes.
En los años 90, primero la guerrilla y luego los paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc se disputaron el territorio, considerado estratégico por su cercanía al Golfo de Morrosquillo, es decir salida al mar, como un corredor para el tráfico de armas y de la cocaína que se procesa en la serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar. Tras la desmovilización de los paramilitares en 2005, la Corporación Nuevo Arco Iris advirtió que en los Montes de María ex integrantes de las Auc habían formado bandas criminales dedicadas al negocio del narcotráfico y que rondaban por la región con los nombres de ‘los Paisas’, ‘los Urabeños’, ‘las Águilas Negras’ y el ‘Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia, Erpac’.
En 2010, la antigua Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación (Cnrr) señaló que la situación había recrudecido y que contrario al discurso oficial de que ya no había más desplazamientos, en los Montes de María entre 2005 y 2010 hubo 17 mil personas salieron expulsadas en Carmen de Bolívar, San Onofre, Ovejas, María La Baja, Colosó y San Jacinto. En noviembre de ese año, 80 campesinos del Carmen denunciaron que una banda criminal había asesinado a un integrante de la comunidady que por eso no había garantías de seguridad para retornar.
Cercados por un conflicto que persistía y en condiciones de pobreza, muchos campesinos cedieron vender las mejoras de sus parcelas a diferentes compañías agroforestales. En marzo de ese año, el gobierno reconoció la inminencia de desplazamiento en la región de los Montes de María y muchos habitantes comenzaron a solicitar la protección de sus predios. El estudio de Ilsa señala que en este momento hubo la primera inconsistencia en el proceso. Aunque los pobladores solicitaron la protección 1.746 predios, la Oficina de Instrumentos Públicos del Carmen de Bolívar sólo aceptó 327 casos argumentando que había problemas con la identificación de los predios.
Más tarde la Superintendencia de Notariado y Registro, encontró que una decena de agropecuarias y particulares aprovecharon el momento y compraron las tierras de los campesinos que habían sido desplazados. La Superintendencia también advirtió que muchas de estas empresas falsificaron las autorizaciones que debía emitir el Comité de Atención de Desplazados para poder comprar las tierras protegidas.
En junio de 2011, el gobierno firmó la Ley 1448 o Ley de Víctimas que prometió reparar y restituir tierras a quienes sufrieron la violencia desde 1991 en adelante. Las organizaciones de víctimas de Carmen de Bolívar recuerdan que en 2012, cuando comenzó el proceso de restitución en su pueblo la situación se complicó. Las amenazas se intensificaron y ocurrieron los primeros asesinatos contra líderes.
En marzo y en junio de ese año Carlos Alberto Paredes Ariña y Jairo Mejía Martínez fueron asesinados. El primero en Zambrano, Bolívar, y el segundo en Montería, Córdoba. Aunque los crímenes ocurrieron en otras ciudades, ambos reclamaban o asesoraban a víctimas que reclamaban tierras en Carmen de Bolívar. Los dos recopilaban los documentos necesarios para solicitar la restitución de las tierras de su familia y comunidades.
En agosto de 2012, veinte hombres armados llegaron hasta una vereda, apenas a siete kilómetros del casco urbano del pueblo, y cercaron la entrada con troncos. En estas tierras los campesinos reclaman sus predios, que después de ser desplazados durante años no han podido recuperar porque desde 2008 los explota un empresario. Durante 2013 las amenazas continuaron, esta vez a través de mensajes de texto, panfletos y presencia de hombres armados en los predios que las víctimas esperan que la justicia les restituya.
“Estamos a la expectativa. Pero nuestro futuro por ahora no es claro. En este momento hay miedo porque como están las cosas uno no busca la tierra para que lo entierren ahí mismo”, dice un líder reclamante de tierras, quien asegura que su caso está a la espera de que un juez lo conozca.
