En esta población del Oriente antioqueño se perpetraron por lo menos 33 asesinatos colectivos, de ellas los paramilitares cometieron 23, mataron a 206 personas y desaparecieron a 42. Sus pobladores se recuperan de tanta crueldad.
En el municipio de San Carlos, oriente antioqueño, la violencia contra sus pobladores entre 1998 y 2005 fue inclemente: se perpetraron por lo menos 33 masacres que dejaron un saldo trágico de 206 personas muertas y 42 más desaparecidas. Sin embargo, tanta violencia acumulada no ha sido obstáculo para las intenciones de sus pobladores de volver a su terruño y reconstruir sus vidas.
La historia reciente de San Carlos está ligada a varios procesos, entre ellos la construcción en la década del setenta de la cadena de embalses para la generación de energía, lo que llevó a esa región de Antioquia a convertirse en la productora de por lo menos el 25 por ciento de la energía hídrica que consume el país.
A la par del desarrollo, se gestaron fuertes movimientos campesinos afectados por esos proyectos, pues sus modos tradicionales de subsistencia y sus costumbres fueron afectados sin que se compensaran como ellos lo reclamaban. Aún es recordado el Movimiento de Acción San Carlitana, creado en 1980, como reacción a esos proyectos. Sin embargo, la protesta ciudadana fue, poco a poco, desactivada tras el asesinato selectivo de sus principales líderes.
La zona se volvió entonces estratégica para los grupos armados ilegales. Inicialmente hicieron presencia las guerrillas de las Farc y el Eln, buscando capitalizar la inconformidad campesina, lo que aumentó la vulnerabilidad de los labriegos inconformes, a quienes comenzaron a señalar como supuestos aliados de la insurgencia.
El dominio armado de la subversión y los controles sociales que impuso se prolongaron por más de dos décadas, siendo confrontado inicialmente por pequeñas facciones de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio que subían desde Puerto Triunfo a atacar las células guerrilleras y para finales de los años noventa y comienzos del dos mil aparecieron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y luego las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
De acuerdo con el historiador Carlos Olaya, autor del libro Nunca más contra nadie, que documenta los estragos de la guerra en San Carlos, “los promotores del paramilitarismo, en su estrategia de ocupar y controlar este territorio, estigmatizaron a la población sancarlitana, señalándola de tener vínculos con los grupos guerrilleros. Así, crearon las condiciones para destruir aquella expresión organizada, autónoma, de las comunidades, a través de masacres, desapariciones forzadas y asesinatos sistemáticos contra la población”. (Ver: Todas las guerras atacaron a San Carlos)
Olaya, en su libro, documentó una de las primeras masacres perpetrada por grupos paramilitares de las Accu en el casco urbano, durante la octava edición de las Fiestas del Agua en agosto de 1999, una de las celebraciones tradicionales de la población. Ante la salida de la Policía del municipio, el 7 de agosto de ese año, por orden de Dirección Nacional, las guerrillas de las Farc y el Eln comenzaron a hacer presencia en las calles, sin que tuvieran resistencia alguna y bajo las miradas temerosas de sus habitantes.
En reacción, una columna de por lo menos 300 paramilitares arribó al casco urbano el 10 de agosto y después de conducir a buena parte de los habitantes al polideportivo y arengarlos, fueron atacados por células guerrilleras, lo que ocasionó gran conmoción entre los pobladores, muchos de los cuales lograron huir, pero otros fueron detenidos. Finalmente, al amanecer del día siguiente, fueron asesinadas cuatro personas –Albert Onofre Londoño Osorio, Rodolfo Sepúlveda Botero, Luis Claver Giraldo Alzate y Jaime Alcides Hernández Cuervo–.
A partir de ese momento, según el historiador Olaya, la masacre se convirtió en “una táctica de guerra contrainsurgente”. Las muertes colectivas, los homicidios y la desaparición forzada se daban tanto en la zona rural como urbana del municipio sin que hubiese una reacción efectiva por parte del Estado.
“Siguiendo el rastro de la violencia desatada en San Carlos a partir de 1998, se constató que las masacres y el asesinato de pobladores inermes se generalizó: los cuerpos quedaba expuestos en medio de los caminos, carreteras, aceras y calles de la localidad, método empleado por los paramilitares para infundir terror en las comunidades, pretendiendo bloquear, de ese modo, el posible vínculo y colaboración de los campesinos con las guerrillas, según ellos mismos decían, para luego apoderarse del municipio”, explica Olaya en su libro.
Los efectos de tanta barbarie llevó a la guerrillas de las Farc y el Eln a escalar la confrontación armada, pues ensu propósito de hostigar a las fuerzas paramilitares y al Ejército, comenzó a afectar la movilidad en las zonas rurales de San Carlos y sus salidas a las principales vías de la región, entre ellas a la autopista Medellín-Bogotá.
La grave situación humanitaria fue detallada por la Oficina de Naciones Unidas en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en carta enviada el 22 de mayo de 2000 al entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Guillermo Fernández de Soto.
De acuerdo con la misiva, firmada por Anders Kompass, director de la Oficina en Colombia “se ha registrado un aumento significativo de los actos violentos cometidos por estos actores armados en contra de la población civil de la región, bajo la forma de masacres, ejecuciones u homicidios selectivos, desapariciones forzadas, secuestros, reclutamiento de menores, ataques contra las unidades médicas, amenazas o desplazamientos forzados. Estos hechos, a pesar de haber sido reportados por las comunidades, se desarrollan en un clima permanente de impunidad, situación que, sin duda, favorecesu reiteración”.
Por lo menos 17 de las masacres perpetradas en el municipio de San Carlos están documentadas en Rutas del Conflicto, un proyecto del Centro de Memoria Histórica y VerdadAbierta.com que recopila información relacionada con por lo menos 700 asesinatos colectivos ocurridos durante el conflicto armado en el país desde 1982.
Pueblo fantasma
Las masacres tuvieron un efecto expulsor de grandes proporciones. Día a día, las familias sancarlitanas, tanto del área urbana como rural, fueron abandonando sus heredades y salieron en lo que pudieron hacia otras poblaciones vecinas, así como para Medellín y algunos otros municipios de Antioquia.
De acuerdo con el Centro de Memoria Histórica (CHM) en su informe San Carlos, memorias del éxodo de la guerra, más del “setenta por ciento de su población se vio obligada a huir, a abandonar sus pertenencias y sus tierras y emprendieron largos y dolorosos trayectos sin otro objetivo que huirle a la muerte”.
Las indagaciones del CMH establecieron que el periodo comprendido entre 1998 y 2005 el desplazamiento forzado coincidió con la intensificación de la confrontación armada. Según testimonios, este periodo es recordado “como la época en que se inicia la guerra total, cuando se implanta el paramilitarismo y ocurre el desplazamiento masivo de los pobladores”.
Durante esos años se desplazaron 17.724 personas, convirtiendo el municipio en un pueblo fantasmal. Según el CMH, 30 de las 74 veredas de San Carlos fueron abandonadas en su totalidad, en ese sentido se explica que “el desplazamiento fue una estrategia directa que los diferentes grupos armados emplearon para generar el desalojo y obtener el control de territorios con alto valor geoestratégico en el marco de la confrontación armada, o para desterrar a quienes consideraban sus enemigos directos o colaboradores del bando contrario”.
De acuerdo con las investigaciones del CMH, en el escenario de aquellos que desplazaron también aparece la Fuerza Pública, que llegó después del 7 de agosto de 2002, cuando se posesiona Álvaro Uribe Vélez como Presidente de la República y declara esta región como estratégica para la recuperación del control territorial en desarrollo de la estrategia de la llamada Seguridad Democrática. “De hecho, en varios testimonios se recalca que, en el marco de la confrontación con la guerrilla, el Ejército también desplazó a la población”, indica el informe sobre San Carlos.
Volver a la tierra
Poco a poco los sancarlitanos fueron regresando al pueblo, luego de vivir, la mayoría de ellos, en difíciles condiciones sociales y económicas en aquellos lugares donde se establecieron huyendo de la guerra. Según el CMH, la gente regresó motivada por el arraigo al territorio, la pobreza a la que estuvieron sometidos y los apoyos ofrecidos por agencias del Estado.
Uno de los testimonios recogidos por investigadores del CMH revela la condición de los desarraigados en las ciudades a donde fueron a parar y su intención de retornar: “aquí me mata la tristeza y la enfermedad porque yo quieto no puedo estar, yo debo estar en movimiento. Porque gracias a Dios, aunque tengo mis años, yo todavía tengo ánimos de trabajar y estoy aliviado, y me vine”.
Un informe de VerdadAbierta.com da cuenta que desde 2004 en San Carlos se empezó a hablar de retorno, idea impulsada por la Alcaldía local, que animaba a los pobladores a regresar a sus veredas. El loable propósito se frustró ante el acoso de la guerrilla de las Farc. De manera reiterada, este grupo subversivo, representado en la región por el Frente 9 insistió en señalar que ningún campesino podía retornar sin su permiso y señaló que estos retornos eran organizados por los paramilitares en complicidad con la administración municipal.
La situación cambiaría a favor de los campesinos cuando el 1 de agosto se desmovilizó el Bloque Héroes de Granada de las Auc, bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, en desarrollo de los acuerdos con el gobierno nacional. A esta situación se sumó la presencia del Ejército en la región, el repliegue de la insurgencia, ya afectada y disminuida, a otras zonas más montañosas, y la intervención del territorio en el tema de desminado, siendo el primer municipio del país en estar libre de sospechas de esos artefactos explosivos.
Ante tales condiciones, el retorno adquirió mayor dinámica, sumándose a ello en 2008 la participación de la Alcaldía de Medellín, pues en la ciudad estaban asentadas gran cantidad de familias sancarlitanas.
Impulsado por el entonces alcalde Alonso Salazar Jaramillo, se diseñó el programa “Retorno
Colectivo de Población Desplazada al Municipio de San Carlos”, a través del cual se apoya el regreso de los labriegos a su terruño no sólo con el transporte sino con la “creación de oportunidades para la generación de ingresos y el potencial productivo de la población en retorno para contribuir en su estabilización económica”. Al cierre del periodo de Salazar, se habían invertido poco más de 13 millones de pesos. El compromiso se proyectó más allá de la esa administración y el actual alcalde de la capital antioqueña, Aníbal Gaviria, ha brindado todo su apoyo.
Los sancarlitanos no han tenido días fáciles, pero poco a poco van retornado a la normalidad con el apoyo institucional. Como alguna vez le dijera una líder comunal a VerdadAbierta.com, “lo que pasó ya pasó, hay que seguir hacia adelante”.
