Magistrados de Justicia y Paz consideran que se debe investigar a la comercializadora de banano, acusada de haber almacenado en sus bodegas fusiles y munición de las Auc.
Foto: Archivo Semana
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín le ordenó a la Fiscalía General de la Nación abrir investigación contra quienes fungían como directivos de la comercializadora de banano Banadex S.A para el año 2001, con el fin de determinar si tuvieron algún nivel de responsabilidad en la operación ilegal que permitió el ingreso al país de un cargamento de fusiles que acabaron en manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
La determinación del Alto Tribunal se dio a conocer durante una audiencia de control de legalidad impartido a ocho exparamilitares del Bloque Elmer Cárdenas postulados a los beneficios de Ley de Justicia y Paz, lo que les permitirá acceder a la pena alternativa de prisión bajo este modelo de justicia transicional.
La decisión hace referencia al hecho conocido como ‘Operación Otterloo’, narrado por los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. En sus versiones, ambos coincidieron en explicar que el 5 de noviembre de 2001 llegó a las costas del Golfo de Urabá y procedente de Nicaragua el barco Otterloo, de bandera panameña, cargado con 3.400 fusiles Ak-47 y cinco millones de unidades de munición camuflados en contenedores con pelotas de caucho.
De acuerdo con las versiones dadas por Mancuso y Rendón Herrera, el material de guerra fue descargado en el embarcadero Zungo, del municipio de Carepa, en el Urabá antioqueño, y de allí trasladado a las bodegas de la empresa Banadex S.A, donde fue inspeccionado por funcionarios de la DIAN (Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales), quienes en sus respectivos informes declararon que la mercancía revisada efectivamente correspondía a lo declarado, es decir: pelotas de caucho. Los contenedores fueron fletados por la empresa Banoli Ltda que, según ‘El Alemán’, fue disuelta después de la operación.
En 2009, Rendón Herrera reconoció ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz que él y Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, fueron designados por el propio Carlos Castaño Gil para coordinar el retiro de los fusiles de las bodegas de Banadex S.A, donde permanecieron almacenados por cuatro días. El transporte se hizo en 14 camiones, no sin antes pagar ‘coimas’ a los funcionarios de la aduana para que omitieran los controles respectivos. Varios exjefes de las Auc, como Jorge Iván Laverde, alias ‘el Iguano’, explicaron que Vicente Castaño comercializó esas armas entre los distintos bloques de las Auc, vendiendo lotes a 5 millones de pesos.
Entre quienes participaron en el operativo de traslado de los fusiles figuran Dairo Mendoza Caraballo, alias ‘Cocacolo’; Darío Enrique Vélez Trujillo, alias ‘El Tío’, dos de los ochos ex integrantes del Bloque Élmer Cárdenas a quienes el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín les reconoció que han cumplido, hasta ahora, con los requisitos para acceder a los beneficios de la Ley 975 de 2005.
De otro lado, en sus declaraciones ante fiscales de Justicia y Paz, Salvatore Mancuso afirmó que dicho arsenalera propiedad de la Policía Nacional de Nicaragua y que fue un regalo que el narcotraficante Francisco Cifuentes Villales hizo a los hermanos Carlos y Vicente Castaño, con quienes sostuvo alianzas para traficar cocaína desde el departamento de Antioquia. El nombre de Cifuentes Villa cobraría relevancia ante la opinión pública en 2012, pero por razones totalmente distintas.
Tras ser asesinado en zona rural de Caucasia, Antioquia, en 2007, su viuda, María Patricia Rodríguez, y sus hermanos Alexander, Jorge y Dolly de Jesús, heredaron el control del negocio del narcotráfico. En agosto de 2012, Dolly Cifuentes fue extraditada a Estados Unidos, donde se le acusa de participar en el envío de más de 30 toneladas de cocaína a ese país. Por cuenta de esta situación se supo que esta mujer sostuvo una relación sentimental con el fallecido Jaime Uribe Vélez, hermano del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, y que su hija, Ana María Uribe, de 31 años, también se encuentra detenida e imputada por los mismos delitos de su madre.
Adicional a ello, Jaime Uribe Vélez, conocido como ‘El Pecoso’ y quien murió de cáncer en el año 2001, fue referenciado por el ex paramilitar Hasbún Mendoza como un hombre cercano a las estructuras de las Auc y, particularmente, a Vicente Castaño Gil.
Los líos de Banadex S.A
La orden impartida por el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín atiza el debate jurídico sobre la participación de la comercializadora de banano en esa importación ilegal de armas. Ya en marzo de 2012 el Fiscal 33 Especializado de Medellín precluyó una investigación a favor de un grupo de directivos de las firmas Chiquita Brands International, Banadex S.A y Banacol, acusados de financiar grupos paramilitares en el Urabá antioqueño a través de aportes hechos a las cooperativas de seguridad y vigilancia privada, conocidas como Convivir. No obstante, en diciembre de ese año, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, anunció la reapertura de la investigación
En su momento, el Fiscal 33 Especializado determinó que tras revisar los estados contables de la Convivir Papagayo, que luego pasó a llamarse Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada, no se estableció que los aportes realizados por las empresas bananeras, y cuyo monto ascendió a 4.695 millones de pesos, tuvieran como destino las arcas de las Auc y mucho menos que esos dineros financiaran crímenes de lesa humanidad.
Además, argumentó que tales pagos fueron de carácter extorsivo, circunstancia que fue considerada como una causal de exclusión de responsabilidad pues los empresarios, según esta visión, actuaron bajo coacción dado que las firmas bananeras enfrentaban un riesgo si no pagaban las sumas exigidas por las Auc. Con los aportes realizados, de acuerdo con el Ente Investigador, protegieron los bienes de las empresas y sus empleados, pues las autoridades de la época no podían garantizar la protección de empresarios y trabajadores, debido a su escasa presencia y falta de recursos.
Este proceso se desprendió de la denuncia formulada el 16 de abril de 2007 por el ciudadano Ower Jimmy Borda contra varios miembros de la junta directiva de la firma estadounidense Chiquita Brands International, y contra el representante legal y miembros de la junta directiva de la empresa filial en Colombia, C.I Banadex S.A., por el delito de concierto para delinquir, genocidio, terrorismo, entrenamiento para actividades ilícitas y amenazas. En su escrito de denuncia, los hizo responsables de la financiación de crímenes de lesa humanidad, suministro, transporte y dotación de armas y municiones a las Auc.
Tras recibir la denuncia y valorar los argumentos, el Fiscal 33 Especializado decidió vincular a un grupo de empresarios bananeros mediante resoluciones proferidas entre agosto y septiembre de 2008, con el fin de determinar si eran o no responsables de los delitos ya expuestos. Lo que el Ente Acusador buscó determinar con esa vinculación era si los directivos de las empresas Chiquita Brands International, C.I. Banadex S.A., al igual que los representantes de la empresa Banacol, se concertaron con los comandantes de las Auc para realizar pagos a través de las denominadas Convivir, llamadas luego Asociaciones de Vigilancia y Seguridad Privada.
Lo que este fiscal logró establecer en su momento fue que a comienzos de 1997, el entonces máximo vocero de las Auc, Carlos Castaño Gil, organizó una reunión en su lujosa residencia del sur de Medellín conocida como Montecasino, a la que asistieron, entre otros, Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, y Charles Kaiser, director general de Banadex S.A., y uno de sus directivos, Reinaldo Escobar de la Hoz. Allí se acordó, según lo contó después Hasbún a fiscales de Justicia y Paz, aportar tres centavos de dólar por cada caja exportada a través de la Convivir Papagayo. Con todo y ello, determinó que las pruebas recaudadas no permitieron establecer que los empresarios bananeros y Hasbún, en su condición de jefe paramilitar, hubiesen celebrado acuerdos de financiación para favorecer a las Auc.
Sin embargo, el Fiscal General de la Nación anunció que reabría el proceso, tras considerar que había evidencias de que la multinacional y sus subsidiarias habrían financiado a los grupos paramilitares. “La Fiscalía General decidió revocar la decisión que se había adoptado precluyendo una investigación a favor de los empresario de Chiquita Brand, es decir que se va reabrir la investigación”, dijo el fiscal el 8 de diciembre de 2012. Hasta el momento se desconoce el avance de esas investigaciones.
Ante la orden del Alto Tribunal, lo que viene ahora es esperar que se sume a la ya existente y se determine, finalmente, qué papel jugaron los empresarios bananeros del Urabá antioqueño en el fortalecimiento de los paramilitares en esa región agroindustrial, quienes impusieron su ley recurriendo a masacres, homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados y despojo de tierras.
