Por considerar que existen situaciones que son necesarias esclarecer en la masacre de La Horqueta, la Sala de Justicia y Paz de Medellín compulsó copias para que se investigue al actual Comandante de las Fuerzas Militares.
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| General Alejandro Navas Ramos. |
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó compulsar copias de los audios de la audiencia celebrada el pasado 7 de mayo en la capital antioqueña, en la que se relataron los hechos relacionados con una incursión paramilitar que tuvo lugar el 21 de noviembre de 1997 en el caserío La Horqueta, municipio de Tocaima, Cundinamarca, para que las autoridades competentes determinen si se abre investigación penal y disciplinaria contra el actual comandante de las Fuerzas Militares, Alejandro Navas Ramos.
Lo anterior en virtud a los señalamientos hechos por exparamilitares del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), sobre la participación en esta incursión de militares del batallón Miguel Antonio Caro, ubicado en el municipio cundinamarqués de La Mesa y comandado desde mayo de ese año por el general Navas Ramos.
Para su decisión, la Sala también consideró los pedidos expresos de familiares de los 14 campesinos asesinados ese 21 de noviembre de 1997, quienes manifestaron ante los estrados judiciales que “si el general Navas era comandante del batallón de La Mesa, él tiene que saber por qué participó el Ejército en la masacre”.
Lo que pretende la Sala de Justicia y Paz es que la justicia aclare las circunstancias por las cuales un contingente de por lo menos 22 paramilitares se acantonó en una unidad militar bajo la responsabilidad del general Navas Ramos, donde además recibieron armas, pertrechos y apoyo logístico y de ahí partieron, con otros 10 soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército, rumbo a La Horqueta para cometer una de las masacres que más dolor e impacto causó en Cundinamarca.
Otro de los aspectos que deberá aclarar la justicia con esta compulsa de copias son las razones por las cuales un comando de paramilitares del Urabá antioqueño se desplazó por tierra desde esta apartada región, pasando por Medellín, luego por Bogotá, hasta llegar a un territorio totalmente desconocido y de escasa presencia paramilitar como el Alto Tequendama cundinamarqués.
En la incursión murió uno de los paramilitares, Luis Carlos Mercado Gutiérrez, alias ‘Pantera’, de quien se supo poco después de su deceso que era el representante legal de una cooperativa de vigilancia y seguridad privada conocida como Convivir La Palma, con sede en el municipio de San Juan de Urabá, situación que también suscita múltiples interrogantes, pues se ha podido establecer que llevaba en la región cundinamarquesa varios meses haciendo inteligencia para detectar posibles milicianos y auxiliadores de las Farc.
Según datos recabados por VerdadAbierta.com, Alejandro Navas Ramos, por aquellos años ostentaba el rango de teniente coronel, tomó mando del batallón Miguel Antonio Caro en mayo de 1997, seis meses antes de la masacre. Entre los años 1995 y 1997, el hoy comandante de las Fuerzas Militares estuvo acantonado en el batallón Voltígeros, adscrito a la Brigada XVII con sede en Carepa, Urabá antioqueño, bajo las órdenes del general Rito Alejo del Río.
El nombre del batallón Voltígeros aparece envuelto en varias acusaciones de violaciones a derechos humanos cometidas en Urabá para los años 1995-1996. Una de ellas da cuenta de la desaparición del joven Jaime Enrique Quintero Cano, en marzo de 1995. Según lo denunciaron sus familiares, el 4 de marzo de 1995 Jaime Enrique partió con rumbo al batallón Voltígeros, a donde había sido enviado desde Medellín para prestar su servicio militar obligatorio. Pero una vez allí tuvo varios altercados con sus superiores, lo que le valió varios días de calabozo y, posteriormente, ser remitido en bus a la capital de Antioquia.
Sin embargo, el joven nunca llegó a la capital antioqueña. Las autoridades castrenses señalan que el joven nunca estuvo allí presente. Como si fuera poco, un soldado profesional de esta guarnición militar que había decidido colaborar con la justicia en este caso desapareció en extrañas circunstancias en 1996, en la ciudad de Medellín.
Una masacre dolorosa
Pero, ¿cuáles son los hechos por los cuales la Sala de Justicia y Paz ordenó compulsar copias? Se trata de lo ocurrido el 21 de noviembre en 1997 y que se conoció como la masacre de La Horqueta.
Según lo contó ante fiscales de Justicia y Paz Efraín Homero Hernández Padilla, postulado del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc, para mediados de octubre de 1997 él y otro grupo de paramilitares recibieron el siguiente mensaje de su máximo comandante Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’: “que se prepararan, que había llegado una orden de la casa Castaño para una misión por fuera”.
Desde ese momento, el comando paramilitar inició un periplo que los llevaría vía terrestre de Necoclí a Montería, luego a Medellín y de ahí a Bogotá, para luego terminar en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, donde fueron recibidos por alias ‘Pantera’, quien les advirtió que él comandaría la misión.
Para justificar la presencia de 21 forasteros en aquellas tierras y evitar los controles de la Policía, los paramilitares recibieron instrucciones precisas: “Teníamos que decir que éramos soldados profesionales de la Brigada XVII de Carepa, que íbamos a hacer un curso de paracaidismo en Tolemaida”, relató ante los fiscales Hernández Padilla.
El comando paramilitar fue alojado en una residencia de La Mesa hasta la medianoche, hora en que fueron recogidos por un camión tipo furgón del Ejército que los llevaría a otro sitio.
“Yo presté servicio en la Infantería de Marina y por eso supe que ese camión era del Ejército. El viaje duró como 10 o 15 minutos. Ingresamos a una guarnición del Ejército. Para entrar, el chofer del camión dijo que éramos personal de las Fuerzas Especiales. Nos formaron en la plaza de ese batallón. Nos dieron uniformes, algunos de ellos nuevos. Y al rato, ingresó un carrotanque con las armas encaletadas. Volvimos a formar, esta vez con 10 comandos del Ejército, de las Fuerzas Especiales. Esperamos allí como media hora”, aseguró el confeso paramilitar.
Solo hasta ese momento, dijo Hernández Padilla, él y sus compañeros supieron con certeza que su misión consistía en hacer un barrido en la zona comprendida entre Tocaima y Viotá, considerado bastión histórico del Frente 22 de las Farc, no solo por su posición geoestratégica, sino también porque allí, en los años 60 y 70, la lucha guerrillera había contado con cierta aceptación popular. Y para ello, dijo Hernández, los efectivos de las Fuerzas Especiales serían sus guías por una zona desconocida para un grupo de paramilitaresprovenientes del Urabá antioqueño.
En su relato, Hernández Padilla señaló que los soldados de las Fuerzas Especiales los guiaron hasta una zona próxima a La Horqueta y que luego ellos avanzaron por su propia cuenta. Y en su avanzada, los paramilitares llegaron hasta una pequeña finca, ubicada a las entradas del caserío, donde se dividieron: un grupo partió con rumbo al parque principal y los restantes instalaron un retén ilegal.
Allí, además de reducir al dueño de la parcela junto con su familia, retuvieron a dos jóvenes que se movilizaban en motocicleta y que alias ‘Pantera’ señaló de ser guerrilleros. En dicho sector se registró un intenso combate con miembros de la guerrilla. La fiereza del enfrentamiento le costó la vida a alias ‘Pantera’, hecho que desató la furia de los paramilitares, quienes asesinaron sin piedad a las personas retenidas en la finca, incluido su dueño.
Mientras este grupo repelía el ataque dela guerrilla, el resto del comando paramilitar llegó a La Horqueta, saqueó las viviendas, encerró a las mujeres y los niños en las habitaciones y sacó a punta de culetazos a los hombres y varias mujeres, que luego fueron amarrados y obligados a acostarse de bruces. Allí fueron asesinados cinco personas. Otros contaron con mejor suerte, pues fueron desatadas y sus vidas perdonadas de ser ajusticiadas. El recorrido de muerte continuó hasta una tienda veredal a las afueras del poblado, donde fueron últimas cuatro personas más. La tienda también fue saqueada. Quienes sobrevivieron a este horror decidieron abandonar el pueblo.
Hoy, 16 años después del atroz crimen, los pobladores de La Horqueta siguen pidiendo justicia, pues como lo señalaran los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, la impunidad que reina en este caso es una afrenta a la dignidad de las víctimas y de las instituciones del Estado. Y es que a la fecha solo se cuenta con la vinculación que hiciera en 2010 un fiscal de derechos humanos contra el exjefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’ y el desmovilizado del Bloque Elmer Cárdenas, Efraín Homero Hernández Padilla.
Y pese a las declaraciones entregadas por Hernández Padilla a Justicia y Paz, las cuales han sido verificadas y complementadas con testigos de los hechos y sobrevivientes de la masacre, donde queda clara la participación de miembros del Ejército en la masacre, no hay en curso actualmente ningún tipo de investigación contra militar alguno. De hecho, la Fiscalía 48 de Justicia y Paz, encargada de la documentación de este crimen, solo ha logrado establecer que para esos años el comandante del batallón Miguel Antonio Caro era el entonces coronel Alejandro Navas y que el capitán Raúl Hernando Flórez Cuervo comandaba una avanzada militar apostada en Tocaima, Cundinamarca.
Por ello, el pedido de la Sala de Justicia y Paz es para que las autoridades competentes asuman la investigación y determinen si el capitán Flórez Cuervo y su comandante, el hoy general Navas Ramos, tuvieron responsabilidad alguna en esta horrible masacre que trajo tanto dolor a Cundinamarca.
