La Defensoría del Pueblo acaba de emitir una alerta temprana por la confluencia de cinco estructuras sucesoras del paramilitarismo, disidencias de las Farc, frentes del Eln y organizaciones de crimen organizado. Las comunidades son víctimas de amenazas, extorsiones, asesinatos y otra serie de crímenes; se teme que una potencial confrontación armada aumente los daños.
“(…) La población civil habitante en los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y Cabuyaro se encuentra expuesta al inminente riesgo de violaciones al ejercicio y goce de sus derechos fundamentales, así como de infracciones en el marco del Derecho Internacional Humanitario, cuya expresión se manifiesta en homicidios selectivos y múltiples; desplazamientos forzados; posibles reclutamientos y utilización de niños, niñas y adolescentes; despojo de bienes muebles e inmuebles, entre otras conductas vulneratorias”.
Ese es el principal llamado de atención que realizó el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana 017-20, emitida el pasado martes. El documento, de 51 páginas, describe detalladamente la crítica situación que padecen las comunidades de esa región de los Llanos Orientales.
Dicha agencia del Ministerio Público destaca que, desde finales del año pasado, en esos tres municipios delinquen ocho grupos armados. Cinco son sucesores de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc): las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), las Autodefensas Unidas de la Orinoquia Bloque o Los Cuchillitos, Los Rastrojos, los Puntilleros Bloque Meta o Libertadores del Vichada y el Ejército Revolucionario Antisubversivo Colombiano (Erac). Estos últimos registran mayor presencia en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán.
A ellos se suman la “creciente presencia” de grupos armados de las facciones disidentes del Bloque Oriental de las extintas Farc tras su dejación de armas al firmar el Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016; y en “menor medida de células” del Eln, que han “comenzado a tener mayor injerencia en la población que reside en el suroccidente de Puerto Gaitán, con el fin de expandir su presencia y control territorial desde la confluencia de los departamentos del Meta, Guaviare y Vichada, hacia la zona norte del municipio”.
El valor de esos municipios se encuentra en el tránsito de narcóticos y otras actividades ilícitas, “que desde el sur del departamento del Meta y también del Guaviare, se transportan o bien en dirección del piedemonte llanero (a través de la cordillera Oriental en los departamentos de Casanare, Boyacá y Cundinamarca) o bien hacia el norte y oriente del departamento del Vichada (a través del río Meta y jurisdicción de algunos municipios del departamento de Casanare) en dirección al territorio venezolano (Estados Apure y Amazonas)”.
La Defensoría del Pueblo alerta que, desde mediados del año 2019, los Grupos Armos Organizados (GAO) sucesores del paramilitarismo intensificaron sus acciones violentas de control social y territorial de la población civil: “El accionar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Rastrojos y Puntilleros – Bloque Meta o Libertadores del Vichada, parece obedecer a los procesos de reacomodamiento de las estructuras remanentes asociadas a las que en otrora hicieron parte de las extintas AUC”.
Ese complejo panorama podría complicarse con una eventual guerra entre esos grupos. “Hasta el momento, el monitoreo que realiza el SAT no conoce de confrontaciones entre los diferentes GAO sucesores del paramilitarismo que hacen presencia en los municipios de Cabuyaro, Puerto López y Puerto Gaitán. No obstante, tampoco se descarta que, dentro de la dinámica de posicionamiento sobre el territorio, haya lugar a eventuales confrontaciones entre las diferentes estructuras por hacerse cada una de manera hegemónica al control del territorio y la región, que terminen generando graves afectaciones a la población civil”.
Población que de por sí ya se encuentra en alto riesgo, especialmente líderes sociales, funcionarios públicos, colectivos defensores de derechos humanos, periodistas que denuncien su accionar, víctimas del conflicto armado, población migrante venezolana, comunidades indígenas, campesinos, personas que adelantan procesos de restitución de tierras, comerciantes, empresarios de campo y transportadores.
Sobre las disidencias de las Farc, el SAT señala que se encuentran hacia la zona rural del suroriente de Puerto Gaitán, en las veredas Alto Tillavá, Corozal, Puerto Trujillo, entre otras, en límites con el municipio de Mapiripán, que ha sido de uso histórico por parte de las organizaciones guerrilleras para cultivos de hoja de coca para uso ilícito y producción de clorhidrato de cocaína.
En cuanto a la guerrilla del Eln, que decretó un cese al fuego unilateral hasta hoy a raíz de la emergencia que desató la pandemia del Covid-19, indica que, en conjunto con las facciones disidentes de las Farc, estaría incursionando en la región del Siare y las áreas rurales vecinas de Puerto Gaitán.
Afectaciones por municipios
Tras hacer un recorrido histórico por la transformación del conflicto armado durante décadas en esa región de Meta, la Alerta Temprana enlista los riesgos que padecen los habitantes de los municipios de Cabuyaro, Puerto López y Puerto Gaitán, quienes nunca han dejado de ser víctimas de amenazas y controles violentos.
“Por el contrario, su sentir es la persistencia del riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales, que por periodos se exacerba o intensifica según las contingencias, reacomodamientos y purgas por las que transcurran las estructuras armadas en el territorio. En síntesis, es la permanencia y adaptación de subsecuentes generaciones de GAO sucesores del fenómeno paramilitar en la Altillanura”, define el documento.
Para Cabuyaro, resalta las amenazas y extorsiones que padecen sus pobladores por parte de grupos sucesores del paramilitarismo: “Sus mecanismos violentos tienen como repertorio las amenaza e intimidación telefónica, a través de redes sociales, entre otros medios, con el fin de obligarlos a pagar extorsiones y demás exacciones económicas. A quienes se nieguen a cumplir sus exigencias se exponen a sufrir agresiones violentas en contra de su integridad personal (atentados, homicidios, lesiones físicas) o tener que desplazarse forzosamente del territorio”.
Al respecto, cuestiona el accionar para proteger a esas víctimas y garantizarles justicia. “La parsimonia con que instancias como la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía General de la Nación han dado seguimiento a esta problemática, ha obligado a estas personas a desplazarse forzadamente como mecanismo para salvaguardar su vida; también tres familias de pobladores del Viso optaron por abandonar sus predios dadas las imposibilidades de pagar las extorsiones exigidas”.
Finalmente, sobre ese municipio, hace un apunte histórico: Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, actual jefe máximo de las Agc, delinquió allí entre 2002 y 2003 bajo el nombre de guerra de ‘Mauricio’, cuando fue uno de los jefes del Bloque Centauros de las Auc. “Fue éste mismo individuo el que amenazó e intimidó a los propietarios legítimos de la finca Simarúa, quienes tuvieron que venderlo apresuradamente en medio de las presiones. El interesado resultó ser el exgobernador del Guaviare, Óscar de Jesús López Cadavid, quien lo compró por un precio inferior a su valor real. Posteriormente los derechos de propiedad fueron transferidos a la Sociedad Ganadera de la Costa, hoy sujeto de investigación judicial”, indica al respecto.
De Puerto López destaca que los sucesores de las Auc usan o subcontratan a la delincuencia común: “Entre las acciones violentas que realizan se encuentran la extorsión, los homicidios selectivos, coadyuvar y respaldar a bandas de tierreros para despojar predios o inmuebles de interés estratégico o económico para su utilización y del control del microtráfico principalmente; además de otras tareas delictivas que, dada la necesidad, les sean impuestas por los GAO”.
Y prosigue: “Como aspecto importante se tiene que hasta el momento no se han generado disputas entre los mencionados GAO, lo que sugiere que el interés común por el control del corredor del narcotráfico de la Subregión Río Meta, está regulado por acuerdos de coexistencia y de respeto por la territorialidad para realizar extorsiones y amenazas, que son instrumentados como estrategia de control social. En el municipio de Puerto López, los GAO Puntilleros Bloque Meta o Libertadores del Vichada y AGC, ejecutan sus acciones intimidantes y sicariales mediante la subcontratación, asignando misiones a grupos de delincuencia organizada”.
Finalmente, de Puerto Gaitán, el SAT indica que los sucesores del paramilitarismo tienen una mayor injerencia en la zona norte (incluida la cabecera municipal) y la zona oriental del municipio, en los límites con Casanare y Vichada. Mientras que disidencias y Eln se encuentran hacia el sur en los límites con Mapiripán, Guaviare y Cumaribo (Vichada). Asimismo, advierte que “existen sospechas de la creciente presencia de células presumiblemente pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que, en conjunto con las Facciones Disidentes de las Farc, han comenzado a incursionar en el territorio”.
Por otro lado, en cuanto a las afirmaciones de la Fuerza Pública de que supuestamente las disidencias promueven un proceso de deforestación en el sector de Caño Viejitas con campesinos desplazados de Norte de Santander y Arauca, la Defensoría del Pueblo exhorta que se hagan las respectivas investigaciones del caso, respetando los derechos de los campesinos: “Los riesgos de no resolver la situación conllevan a la estigmatización y acciones prejuiciosas que no contribuyen a resolver la situación, por el contrario encarna riesgos para los líderes sociales que hacen parte de estas comunidades”. (Leer más en: En la Amazonía, el campesino no odia la selva)
Otra afirmación de la Fuerza Pública que resalta la Alerta Temprana 017-20 es la de alianzas entre disidentes de las Farc y miembros del Eln para realizar trabajo político en Puerto Gaitán. “A pesar de no tenerse certeza qué estructura del ELN puede ser la que la esté incursionando en la zona del Siare y Tillavá, se considera que su aparición en éste territorio no supera el año. Por tanto, no es muy claro los probables intereses de su llegada”, precisa sobre ese tema.
Y en su análisis recalca que, de ser cierta la anterior consideración de la Fuerza Pública, “se estaría concretando el escenario de proyección que trazó la AT 49-18, sobre la expansión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través del Frente de Guerra Oriental (FGO) y su estructura denominada frente Rafael Blanco Flórez hacia el Vichada y la frontera Oriental con Venezuela, proveniente de los departamentos de Arauca y Casanare. En consecuencia, cobra especial importancia en la actual coyuntura, dado el especial interés del ELN por expandirse hacia el Guainía y Guaviare, que también involucraría el sur de Meta; y en la medida en que logre avanzar, también se convertirá en un objetivo de mediano y largo plazo el interés de establecer su presencia y potencial control sobre el sector meridional del municipio de Puerto Gaitán y su vecino Mapiripán, a través de la región del Siare, en Cumaribo (Vichada)”.
Inmigrantes venezolanos e indígenas
La Defensoría del Pueblo no sólo enciende las alarmas por los connacionales que viven en Puerto Gaitán, sino por decenas de habitantes del vecino país que vinieron a Colombia buscando mejores condiciones de vida ante la crisis socioeconómica que padece Venezuela. Las describe como personas que además de vivir en condiciones de vulnerabilidad y marginalidad social, sufren discriminación y actos xenófobos.
“Las razones de tales actitudes, al parecer obedece a la notoria participación de mujeres venezolanas dedicadas al sexo por supervivencia, actividad que es asociada al consumo y distribución de sustancias psicoactivas (SPA), y por la cual también profundizan aún más tener que sufrir el rechazo y la estigmatización. Por su parte los hombres se dedican a las ventas ambulantes y otro número menor a los oficios varios, en restaurantes o de meseros en bares”, explica el documento.
Por esa razón, destaca el SAT, “los GAO, al considerar que la presencia de la población venezolana y las actividades que realizan en Puerto Gaitán configuran un factor de malestar social para los residentes del municipio, han venido convirtiéndolos en el blanco principal de sus ataques violentos, con el fin de legitimar su presencia y demás acciones ilícitas”. También indica que, al atacar a los migrantes, esos grupos encuentran una oportunidad para legitimar sus acciones violentas ante la sociedad local, a través de la amenaza y el homicidio, como mecanismos de imposición del “orden”.
Para reforzar el escenario de riesgo, el documento hace referencia a tres asesinatos ocurridos el pasado mes de febrero: “Los hechos que evidencian la gravedad de las amenazas expresadas a través de panfletos, entre otros medios, son los recientes homicidios selectivos del médico Omar Mendoza (a quien asociaban presuntamente con el consumo de drogas) y del señor Carlos Rodríguez (que asociaban presuntamente al consumo y distribución de estupefacientes); un tercer homicidio correspondió a una mujer conocida en el entorno urbano con el alias de ‘La Monita’, quien al parecer era trabajadora sexual”.
Según Migración Colombia, hasta el 13 de abril del presente año habían registrados 336 venezolanos con Permiso Especial de Permanencia (PEP). El municipio que cuenta con el mayor número es Puerto Gaitán, con 186 personas; seguido por Puerto López con 147; y Cabuyaro con tres. Sin embargo, se estima que hay más venezolanos en condiciones de ilegalidad residencial.
En cuanto a los indígenas del departamento, la Defensoría del Pueblo advierte que también se encuentran en alta condiciones de vulnerabilidad, especialmente por parte de grupos sucesores del paramilitarismo, porque sus territorios ancestrales se están siendo usados para fines del narcotráfico y por las denuncias que realizan sus autoridades.
“Se encuentran en riesgo las comunidades indígenas Kawinanae, reclamantes de tierras y sus líderes, riesgo surgido no solamente de su condición de comunidad reclamante de tierras, pues también deriva dicho riesgo del interés que los actores armados ilegales tienen de establecer cristalizaderos de cocaína en inmediaciones de su lugar de asentamiento. Lo anterior sin perjuicio del riesgo en que se puedan encontrar otras comunidades indígenas y resguardos de la Altillanura”, plantea el SAT.
Al mismo tiempo, la entidad cuestiona el accionar del Estado para garantizar los derechos territoriales de las comunidades nativas: “Es incierto el panorama jurídico de los reclamos de territorio por parte de las comunidades Indígenas ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la cual parece no mostrar interés ni gestión eficaz para definir la situación jurídica de predios en la Altillanura Colombiana. También la actuación de la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas por la Violencia no avanza significativamente, ni siquiera ha podido materializar eficazmente algunos fallos, lo que genera mayor inestabilidad en el tema de acceso a tierras en la región”.
Por todas estas situaciones observadas en Cabuyaro, Puerto López y Puerto Gaitán, la Defensoría del Pueblo considera que su nivel de riesgo es alto y les hizo 30 peticiones a diferentes instituciones estatales, desde el orden local hasta el nacional, para que tomen acciones que permitan revertir ese trágico panorama y garantizar el goce de los derechos humanos de esas comunidades.
* Foto de apertura: Bibiana Ramírez
