La historia de cómo identificaron a varias de las desaparecidas del Palacio de Justicia todavía no significa la verdad de lo que ocurrió hace tres décadas.
Durante la toma, había casi 400 personas en el Palacio. Luego, 96 cadáveres se remitieron a Medicina Legal y de esos, 36 se enterraron en la fosa común del Cementerio del Sur. Foto: archivo Semana.
Las familias de María Isabel Ferrer y la magistrada auxiliar Libia Rincón recibieron los restos de sus seres queridos días después de que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia y los militares respondieron a sangre y fuego aquel 6 y 7 de noviembre de 1985.
Las actas de levantamiento registraron que los cadáveres estaban completamente incinerados y dentro del edificio. Para reconocerlos, el hijo de María Isabel identificó unos zapatos y el esposo de Libia unas llaves. Esto fue suficiente para Medicina Legal en su momento.
Pero ahora, después de 30 años en los que ambos cuerpos estuvieron enterrados en el Cementerio Jardines de Paz, en el norte de Bogotá, la Fiscalía les dice a estas familias que parte de los restos pertenece a dos de los 11 desaparecidos del Palacio.
En la bolsa donde estaban los restos de María Isabel aparecieron cinco huesos de Cristina Guarín, quien reemplazaba a la cajera de la cafetería, y las partes de un pie que todavía no se han identificado plenamente; mientras que a la otra empleada Luz Mary Portela la encontraron donde se suponía que estaba Libia, según se detalla en el proceso conocido por VerdadAbierta.com
La confusión comenzó desde la misma semana de la retoma, en 1985, cuando Medicina Legal entregó 60 de los 96 fallecidos que llegaron del Palacio sin cotejar el ADN de todos ni tener un registro organizado. Tanto el Tribunal Superior de Bogotá como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus fallos contra militares y el Estado colombiano, respectivamente, le advirtieron a la Fiscalía de los errores garrafales que aquel instituto cometió en ese tiempo y pidieron aclarar los hechos.
“Por eso profundizamos la investigación, no por el testimonio del sargento Bernardo Garzón, como se ha dicho. Él no ha contado nada al respecto”, aclaró una persona de la Fiscalía consultada por VerdadAbierta.com y quien pidió la reserva de su nombre.
Fue así cómo, desde finales de 2014, se intensificó la búsqueda. El Ente Investigador ordenó desenterrar 15 cuerpos para estudiarlos. La mayoría de las 11 exhumaciones que se han realizado hasta ahora han sido en varios cementerios de Bogotá y otras en Cali y Medellín. Otras dos tumbas faltan por exhumarse pues todavía no encuentran el cementerio específico en el que están y no podrán analizar otros dos cuerpos porque las familias de esos magistrados incineraron los restos hace muchos años.
El primer hallazgo fueron los huesos de Cristina y Luz Mary, dados a conocer el pasado 20 de octubre; mientras que se estudian otros nueve cuerpos en los laboratorios de Villavicencio, uno de los más avanzados del país en identificación de restos.
Casi 20 años en una caja
Cristina del Pilar Guarín, Luz Mary Portela y Lucy Amparo Oviedo. Fotos: archivo Semana.
La otra de las tres personas reconocidas hace poco es Lucy Amparo Oviedo, quien minutos antes de la toma entró al Palacio para reunirse con el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes.
Su historia es completamente diferente a la de Cristina y Luz Mary pues sus restos no se los entregaron a la familia equivocada, sino que el Estado los ha tenido en sus manos desde hace 17 años sin reconocerlos. Ella es uno de los 36 cuerpos que Medicina Legal enterró en 1985 en una fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá, por orden de un juez Penal Militar, y que comenzaron a ser analizados desde 1998.
“El CTI tuvo primero los restos, luego la Universidad Nacional para hacer trabajos de ADN y por último llegaron a Medicina Legal hace unos años”, explicó Germán Romero, uno de los abogados que representan a los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Las investigaciones de la Universidad Nacional y el Equipo Argentino de Antropología Forense identificaron a Ana Rosa Castiblanco y afirmaron que ninguno de los otros huesos pertenecían a los desaparecidos. Cuando pasaron a Medicina Legal, no hubo ningún avance durante muchos años pues sólo una persona se ocupó de la identificación de los restos de 35 cuerpos, divididos en 93 cajas, según le dijeron a VerdadAbierta.com varias fuentes de este instituto.
El proceso se aceleró sólo desde 2014. Medicina Legal dedicó un equipo de antropólogos, forenses y patólogos para el estudio de los cuerpos y empezó la dispendiosa labor de organizar los más de 500 restos y objetos que había desde hace décadas. El primer resultado fue el de la caja número 55. Allí descubrieron los restos de Carmen Cristina Garzón, una guerrillera del M-19 que tenía el alias de ‘Violeta’, y de Mónica Molina, de quien todavía no se conoce por completo la identidad.
Los investigadores siguieron trabajando con esta caja durante meses pues había otro cuerpo distinto. Hoy se sabe que esos restos son los de Lucy Amparo.
¿Y ahora qué?
La mayoría de las veces, los investigadores no trabajan con huesos completos sino como restos calcinados, como se ve en la imagen. Foto: Equipo Argentino de Antropología Forense.
Cuando el fiscal general, Eduardo Montealegre, contó la noticia de los tres nuevos hallazgos también anunció la investigación para buscar las posibles responsabilidades de Medicina Legal, los militares, la Policía, el DAS y el F-2 en la demora excesiva de estas identificaciones, especialmente la de Lucy Amparo, a pesar de que sus restos estuvieron en las manos de los investigadores durante las últimas dos décadas.
Pero la Fiscalía también tiene su deber con las víctimas. Si bien se encontraron tres cuerpos, el Ente Investigador todavía no tiene pruebas de cómo murieron o quiénes son los responsables. “Durante 30 años nuestros familiares estuvieron desaparecidos y aún El Estado nos debe la verdad de qué hizo con ellos después de sacarlos vivos de la Corte Suprema de Justicia”, puntualizó René Guarín, hermano de Cristina.
Aun si esto se conociera en los próximos meses, de nada serviría en los procesos de hoy contra los militares. El abogado de las víctimas, Jorge Molano, detalló que ya terminó el tiempo de presentar pruebas en los casos contra el general Iván Ramírez, el coronel Alfonso Plazas Vega y varios integrantes de la extinta unidad de inteligencia B-2.
Ni siquiera estos nuevos hallazgos se pueden tener en cuenta en el caso delgeneral Jesús Armando Arias Cabrales, a pesar de ser el único condenado por la desaparición de una de las personas recientemente identificadas. El entonces comandante de la Brigada XIII del Ejército debe pagar 35 años de cárcel por la desaparición de Luz Mary Portela y cuatro personas más.
En su caso, el Tribunal Superior de Bogotá no lo juzgó por la desaparición de Cristina Guarín ni de Lucy Amparo porque no se tenía certeza de qué había ocurrido con ellas. Lo mismo sucede con la sentencia contra Plazas Vega por falta de información sobre Cristina, Lucy Amparo y Luz Mary.
“Lo único que se podrá hacer es que cuando las sentencias estén en firme, se le pida a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que revise las nuevas pruebas y considere reabrir el caso”, aclaró Molano. Según él, lo que puede hacer la Fiscalía es determinar si abre o no nuevas investigaciones por el delito de homicidio y aclarar cómo murieron las tres personas recientemente identificadas.
Hasta que no se llegue al final de esta investigación, no quedará claro si estas mujeres murieron dentro del Palacio y nunca desaparecieron, como lo ratificó en los últimos días el coronel Plazas; o si en efecto salieron vivas del edificio, acompañadas de militares y ahora extrañamente aparecen calcinadas por las llamas del Palacio, como lo han afirmado familiares de las víctimas. Además, todavía se desconoce el paradero de por lo menos ocho personas.
Esta incertidumbre que queda después de los hallazgos demuestra que aunque la investigación avanza, la verdad sigue siendo todo un misterio, incluso 30 años después.
