Tras la pista de los baldíos de Bellacruz

Los campesinos dicen que los baldíos que reclaman en esta hacienda en el sur del Cesar hacen parte de una plantación de palma. Germán Efromovich, principal accionista del proyecto palmicultor dice que compraron a conciencia y sus títulos son legítimos. VerdadAbierta.com investigó a fondo y esto fue lo que encontró.

El caso de la Hacienda Bellacruz en el sur del Cesar,  de donde han salido desplazados unos 600 campesinos a lo largo de 25 años, es perfecto para demostrar lo complicado que será devolver las tierras despojadas y titular las posesiones, a partir de que se pongan en marcha la Ley de Víctimas y su plan de restitución de tierras.

Como lo ha venido revelando una investigación de VerdadAbierta.com, para resolver cada caso,  se debe recorrer un camino tortuoso de archivos saqueados, decisiones públicas sin registrar, actuaciones técnicas a medio hacer, linderos marcados con mojones que ya no existen, y en fin, descubrir que el Estado colombiano no tiene registros de propiedad confiables en el campo y ni siquiera posee un inventario completo de sus propios predios, los baldíos  de la Nación.

En la nota ya publicada, Las trampas de Bellacruz, narramos la larga lucha de estas 64 familias para preservar su derecho a sembrar la tierra, y cómo la poderosa familia del político y ministro Carlos Arturo Marulanda, los enfrentó a lo largo de más de una década. Al punto de que un miembro de los Marulanda se unió a los paramilitares de Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’, entonces jefe de las Autodefensas del Sur del Cesar, organización que según registros de Justicia y Paz, dejó 5.826 víctimas en esta zona del país.

Los campesinos habían ocupado unos terrenos baldíos adentro de Bellacruz y el Incora de la época, en lugar de titulárselos, les compró a los Marulanda otros predios de su finca que él quiso vender y les prometió a los campesinos titulárselos. Esos predios se llamaban San Antonio, Santa Helena, Los Cacaos y San Carlos. Algunos se fueron a vivir allí,  esperando convertirse pronto en propietarios, pero no les dieron los documentos, y si se los dieron no se enteraron pues los ‘paras’ de ‘Juancho Prada’, los sacaron corriendo de allí.

En octubre de 2010, con los anuncios de que el gobierno iba formalizar y restituir tierras, algunas de las 64 familias se rencontraron y se organizaron en la Asociación Colombiana Horizonte de Desplazados, Asocol, para averiguar qué había pasado con sus predios. Encontraron que el Incora solo les había titulado a 21 familias, algunas de ellas en parcelas de menos de 35 hectáreas, que es la Unidad Agrícola Familiar mínima que se debe adjudicar en esa región, según la ley. Los otros predios comprados por el Incora habían sido titulados a otras personas, algunos a campesinos pobres como ellos, otros a personas de la ciudad, como a Poncho Zuleta, el famoso cantante.

No queriendo desplazar a nadie más, los campesinos le propusieron al Estado que a las 43 familias que se habían quedado sin tierra y a las que les dieron menos tierra de la que correspondía legalmente, les titularan las 1.500 hectáreas de predios baldíos que ellos habían ocupado y solicitado al Estado inicialmente. Alegaban que estaban adentro de la Bellacruz, pero que el mismo Incora había certificado en 1994 y otra vez en 1996 y de nuevo en abril de 2011,  que eran, en efecto, predios de la Nación. (Lea las resoluciones 1, 2 y 3 haciendo clic aquí).

No obstante, el Incora nunca registró, como ha debido, en la Oficina de Registros Públicos esos predios como de la Nación. La única a referencia a ellos que quedó en los documentos, fue una una anotación, la número 16, en  la matrícula original de la Hacienda Bellacruz, en la que se advierte que desde 1990 había predios en esa hacienda, cuya propiedad estaba en verificación. (Lea la Anotación 16 del folio de matrícula original).

Los campesinos le solicitaron al Incoder que recuperara esos baldíos con diligencia pues ellos veían en terreno que toda esa hacienda estaba siendo sembrada en palma aceitera.

VerdadAbierta.com se dio a la tarea de averiguar quiénes eran los empresarios que estaban desarrollando la nueva plantación, y si en efecto, como decían los campesinos reclamantes, esta se extendía a los baldíos. Y pudo establecer que la empresa líder del proyecto agroindustrial se llama La Dolce Vista y su  accionista mayoritario es Germán Efromovich con el fondo de inversión de capital de riesgo (hedge fund) Elliott cuya cabeza es el reputado hombre de las finanzas Paul Singer.

La Dolce Vista compró las empresas de la familia Marulanda que eran dueñas de la Hacienda la Bellacruz en 2008. Y según le dijeron sus directivas a VerdadAbierta.com en el riguroso estudio de títulos que realizaron para comprar esas tierras, que cuando compraron tenían el nombre de La Gloria, no encontraron que hubiera allí baldíos de la Nación, ni menos que hubiera reclamaciones de campesinos sobre esas tierras.

En entrevista con VerdadAbierta.com, el mismo Efromovich respondió que está seguro del due dilligence que hizo su empresa. “Si le muestro la cuenta de abogados, pueden quedarse tranquilos”, dijo el enérgico empresario que recuperó Avianca de la bancarrota, y que aunque es de nacionalidad brasileña, hoy orgulloso, muestra que también tiene cédula de ciudadanía colombiana. “Nos certificamos que los títulos de las tierras no tuvieran ningún tipo de problema. Tanto, que el propio Estado nos aprueba una zona franca ahí, nos emite un documento oficial donde dice que no hay gravamen, y el banco con garantía de la tierra nos presta una plata… Se hizo todo lo que se tenía que hacer. Obviamente no nos deja exentos de una estafa… Yo no creo, pero todo es posible”.

¿Pudo haberles metido Marulanda gato por liebre y en la hacienda que les vendió a estos empresarios había predios que no eran de suyos sino de la Nación?

Durante varias semanas VerdadAbierta.com buscó las escrituras públicas de la hacienda original y de la nueva, examinó las cartas oficiales,  revisó los certificados de constitución de las empresas involucradas y mapeó los linderos de los predios en cuestión sobre los planos catastrales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

A partir de estos documentos, incluyendo las resoluciones del Incoder, reconstruyó qué tierras exactamente vendieron los Marulanda a La Dolce Vista y encontró que esos predios baldíos sí hacen parte de las tierras hoy sembradas de palma, aunque la palabra final, la tendrá el Incoder luego de que culmine el proceso de recuperación de estos baldíos.

Esta es la historia de quiénes compraron, por qué y qué tierra compraron, y cómo se cruza este proyecto agroindustrial con las reclamaciones campesinas.

La Dolce Vista y sus planes de agroindustria
El 30 de diciembre de 1997 la familia Marulanda registró una subdivisión, que se conoce jurídicamente como ‘desengloble’, de la Hacienda Bellacruz en la Notaría 1 de Cartagena. Para esa época, la hacienda tenía 6.000 hectáreas, pues, como se dijo, había vendido al Incora otras dos mil hectáreas para que se las titulara a los campesinos (Lea el folio de matrícula de la Hacienda Bellacruz).

La antigua Hacienda Bellacruz, ubicada en el sur del Cesar, fue subdividida en 1997 y englobada diez años después. Desde 2009 se llama Hacienda La Gloria y su dueña es La Dolce Vista Estate. Foto suministrada

Durante los siguientes años, según lo determinó la justicia que lo condenó a 18 años de prisión, el 24 de julio de 2003, Francisco Alberto Marulanda (hermano del ministro Carlos Arturo) en complicidad con los paramilitares de alias ‘Juancho Prada’ se instalaron en la hacienda. Amenazaron a los campesinos que vivían en las parcelas tituladas por el Incora. A algunos los obligaron a aceptar adjudicaciones en lotes con extensiones menores a las de ley, y a otros los extorsionaron. En marzo de 2006 la presión cesó pues las Autodefensas del Sur del Cesar de desmovilizaron.

En 2007 la familia Marulanda hizo un levantamiento topográfico de la Bellacruz. Es decir, en un mapa dibujó las 6.000 hectáreas de su extensión y el 13 de diciembre en la Notaría 7 de Bogotá englobó los predios que había subdividido diez años atrás. En la diligencia anexó el mapa (Lea la escritura 1 y la escritura aclaratoria).

El englobe estaba compuesta por siete lotes colindantes a los que llamó Solo Bloque y uno más llamado Bodega La María. A todos los predios, que estaban en el municipio de La Gloria, los registró con un solo folio de matrícula el 27 de diciembre de 2007 en la Oficina de Instrumentos Públicos de Aguachica, Cesar. Hasta este momento, la tierra seguía llamándose Hacienda Bellacruz  (Lea los folios de matrícula de cada lote haciendo clic aquí).

En 2008 La Dolce Vista Estate Inc. compró a los Marulanda los ocho lotes  que comprendían la Hacienda La Gloria así como las empresas de los Marulanda que los poseían, M.R. Inversiones Ltda. y Frigorífico La Gloria S.A. Ramiro de Francisco Reyes, gerente de esa empresa en Colombia, le dijo a VerdadAbierta.com que La Dolce Vista pagó por esa finca dos millones de dólares.

La Dolce Vista Estate había sido creada  el 10 de febrero de 2006 en Panamá, mucho antes incluso de que Marulanda hiciera el nuevo registro de su finca. En su directorio aparecen Jan Veldwijk (ya fallecido), Jhon R. Hager, Andrés Londoño, Daniel Andrés Peláez y Carlos Murgas Guerrero (vea el registro).  

Los primeros, según explicaron los funcionarios de la empresa en Bogotá, son representantes del fondo Elliot  y de Efromovich, los segundos, Londoño, Peláez aportaron sus fincas al oeste de Bellacruz,  al otro lado del río Magdalena, en el departamento de Bolívar. Carlos Murgas, presidente honorario de la federación de palmeros Fedepalma, y uno de los empresarios más grandes de esta agroindustria en Colombia, es el otro socio minoritario.

Ya habiéndole comprado la finca a Marulanda en 2008, La Dolce Vista creó una sucursal en Colombia el 25 de febrero de 2009 y para ello, absorbió las sociedades San Lucas S.A. y Palmeras Río Azul, dueñas de las dos haciendas que cultivan palma aceitera en el sur de Bolívar, y que precisamente Londoño y Peláez aportaron a la sociedad. La Dolce Vista Colombia está integrada por los mismos socios de la sociedad matriz registrada en Panamá.

Unos meses después todas las antiguas empresas de los Marulanda quedaron en  manos de La Dolce Vista, representadas por el abogado de la compañía, Mario Restrepo Torres. (Lea aquí los certificados de Cámara de Comercio 1, 2 y 3).

El 22 de septiembre de 2009 La Dolce Vista registró la finca que le compró a Marulanda (el lote independiente y los otros siete lotes englobados) como la Hacienda La Gloria, con una extensión de 5.833 hectáreas. (Lea la matrícula de la Hacienda La Gloria)

Es en esta finca de La Gloria y sus vecinas en el sur de Bolívar donde La Dolce Vista está desarrollando un proyecto agroindustrial ambicioso, que alcanzará unas 7.000 hectáreas de palma aceitera propias, y una planta productora de aceite que procesará la producción propia y también la de vecinos campesinos que siembren palma.

“Ya tenemos sembradas 5.000 hectáreas y estamos en el plan de sembrar las otras 2.000”, dijo El gerente Ramiro de Francisco Reyes a VerdadAbierta.com. “Estamos construyendo una planta extractora, que empezará a operar en mayo de 2012 con una producción inicial de 30 toneladas por hora. En un plazo de cinco años queremos que sea una de las plantas extractoras de aceite más grandes del país, con una producción de 90 toneladas por hora”.

Para cumplir con esa meta, De Francisco explicó que La Dolce Vista creó en febrero de 2010 la firma Extractora La Gloria S.A.S. y empezó a gestionar ante el gobierno de Álvaro Uribe la aprobación de una zona franca para producir y exportar el aceite con las ventajas que da esta condición legal. En abril pasado, el Ministerio de Industria y Comercio del gobierno Santos le dio el visto bueno. Esta es una de las siete zonas francas permanentes autorizadas por el gobierno para este tipo de producción agroindustrial (vea el listado de resoluciones).

En su entrevista con VerdadAbierta.com, Efromovich explicó que como empresario le apuesta a la producción de alimentos y de energía, dos cosas que van a escasear en el mundo, Por eso invirtió en el sur del Cesar. Además de desarrollar la planta extractora de aceita de palma, explicó que más adelante también desarrollará en la Hacienda La Gloria una refinería para producir biocombustible. “El plan de negocios que está por etapas, debe ir hasta una refinería, en un proyecto de US150 a 160 millones de dólares”, dijo (Lea la entrevista completa en la infografía).

¿Palma en tierras baldías?
La gran pregunta es si este gran proyecto de desarrollo para la zona, cuyo epicentro son los terrenos de la vieja Hacienda Bellacruz, está asentado en parte en terrenos de la Nación reclamados por campesinos que fueron desplazados y vejados por la violencia.

Según los campesinos, las 1.500 hectáreas de predios baldíos que ellos reclaman, y que están dentro de la antigua Bellacruz, están sembrados con palma de La Dolce. Foto suministrada.

Desde 1994, el Incora dijo que los predios Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel, que suman 1.500 hectáreas de tierra, eran baldíos y se ratificó en 1996 y se volvió a ratificar en 2011. El problema es que el Incoder no sabe a ciencia cierta dónde están esos predios, no si son o no son parte de la Hacienda La Gloria.

Para los representantes de las 64 familias campesinas  no hay duda de que predios baldíos que ellos han reclamado desde hace casi 20 años  están hoy sembrados con palma aceitera por La Dolce Vista. Los reconocen porque varios de ellos vivieron allí, como consta en la resolución del viejoIncora de 1994 donde listó a quiénes encontró habitando esos baldíos y certificó que en efecto eran terrenos de la Nación.

La certeza de los empresarios es la contraria: que ellos, con documentos en mano, estudiaron con cuidado esos títulos de las 5.800 hectáreas de tierra para cerciorarse de que compraban algo legítimo; que el Estado les permitió matricular la finca como de su propiedad; que el  Banco Davivienda realizó un exhaustivo estudio de títulos para poderles girar los 40 millones de dólares que les prestó para desarrollar el proyecto; y que el mismo Estado les autorizó una zona franca allí.

Incluso la abogada de La Dolce Vista, Ana María Botero, le presentó a VerdadAbierta.com una copia de una carta que les envió el Incoder en julio de este año, certificando que sobre La Hacienda La Gloria no hay pendientes reclamaciones ni actuaciones de su competencia.“…Le informamos que revisando los archivos y la base de datos de proceso agrarios, encontramos que esta dependencia no adelanta ningún proceso de clarificación, extinción de dominio, recuperación o deslinde del predio en mención”, señaló el Incoder (Lea la respuesta).

“Revisamos todos los títulos y no aparece ninguno de los mapas que ustedes mencionan… Hicimos una revisión de las resoluciones (del Incora e Incoder) y esos linderos no están dentro de lo que compramos… Revisamos todo lo que puede existir. Para hacer una inversión de US160 millones de dólares uno revisa dónde es que va invertir”, dijo Botero.

Ante dos versiones tan encontradas, VerdadAbierta.com se dio a la tarea de buscar los mapas y revisar las escrituras del caso y tardó varias semanas en hacer una reconstrucción. Halló el mapa de la Hacienda Bellacruz, la originaria,  en los archivos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, en una plancha catastral que muestra la dimensión de lo que fue esa inmensa finca de más de 14.500 hectáreas que llegó a abarcar tres municipios: La Gloria, Pelaya y Tamalameque.

El mapa de los lotes  de la Hacienda La Gloria (la que compró La Dolce Vista) lo encontró anexo a la escritura que la familia Marulanda registró en diciembre de 2007, cuando desenglobó La Bellacruz en los ocho lotes que le vendió luego a La Dolce Vista.

En 1994, cuando hubo una inspección a la hacienda para determinar cuáles eran los lotes baldíos, los peritos no anexaron ningún mapa. Y pese a la declaratoria de baldíos en tres resoluciones, el Incora ni el Incoder registraron estos predios como propiedad de la Nación en la Oficina de Instrumentos Públicos. Por tanto, ninguno de los siete nombres de los predios baldíos aparece en el registro nacional de baldíos del Igac.

Sin embargo, en la resolución en la que los declara baldíos, hay una descripción detallada de los linderos de esos predios baldíos. Y allí aparecen referencias como la Quebrada Simaña, que está adentro de la Hacienda La Gloria. Con apoyo de expertos y con la información de los mismos campesinos que están reclamando la tierra, VerdadAbierta.com hizo un mapeo aproximado de dónde quedan estos baldíos. Y encontró que esas 1.500 hectáreas de baldíos no están unidas entre sí, sino que son predios sueltos, ubicados en los lotes 2, 3 y 4, tres de los ocho terrenos englobados por Marulanda para vender (vea  el mapa interactivo o infografía).

Será el Incoder quien determine finalmente si los predios que dictaminó como baldíos están en efecto, como lo encontró VerdadAbierta.com, adentro de la Hacienda Bellacruz. Y aunque cuando le preguntaron si La Hacienda la Gloria tenía algún problema, el Incoder dijo que ninguno, es probable que no lo haya encontrado pues esta hacienda creada en 2007 con una nueva matrícula, no figura en sus récords de esa manera. Otra cosa y es si le hubieran preguntado por la matrícula catastral de la antigua Hacienda Bellacruz.

Los derechos de los campesinos
Los campesinos organizados en Asocol le pidieron al Estado que recuperara los baldíos y luego les titulase a ellos, como víctimas del conflicto armado.
Desde 2010 enviaron cartas a la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, Incoder, que por competencia asumió el caso. El 25 de abril de 2011 el Incoder reconfirmó la existencia de los baldíos dentro de la antigua Bellacruz y ordenó a la Subgerencia de Tierras Rurales que los recuperara (Lea la resolución).

El 1 de junio de 2011 los campesinos viajaron a Bogotá para preguntar en qué iba el trámite. Durante la reunión, David Montaño, director Técnico de Procesos Agrarios del Incoder, les dijo que su caso había sido seleccionado como prioritario, que el proceso iba a ser articulado con la Oficina Jurídica encargada de la restitución de tierras, y que ordenaría una inspección a los baldíos entre el 13 y el 17 del junio siguientes (Lea el acta de la reunión).

“La visita se realizó. Vinieron dos funcionarios del Incoder Cesar, uno del Incoder nacional y el Secretario de Desarrollo Social de Pelaya. Confirmaron que había baldíos y nos dijeron que el proceso estaba en estudio, que pronto nos darían respuesta. Hasta el momento no sabemos más”, dijo uno de los campesinos de Asocol.

VerdadAbierta.com preguntó al Incoder en qué iba el proceso y el 11 de agosto la Subunidad de Tierras informó que estaba terminando de recopilar la información para comenzar con un proceso de recuperación de los baldíos, y que incluía notificar a todas las personas y empresas que pudieran ser afectadas. Según el Incoder, la recuperación comenzaría a finales de agosto y tardaría nueve meses. “Sólo hasta entonces podremos saber a ciencia cierta si los baldíos hacen parte de los terrenos de La Dolce Vista o no”, dijo Alexandra Lozano, subdirectora de tierras del Incoder a VerdadAbierta.com.

Explicó que el Incoder tiene toda la documentación, visitó los terrenos y elaboró un informe técnico. Sin embargo, advirtió que éste será reservado mientras emiten una resolución de apertura de investigación.

La visión de los empresarios
VerdadAbierta.com les preguntó a los empresarios si conocían la historia de Bellacruz y la tierra que iban a terminar comprando, y ambos respondieron que sabían del desplazamiento y de las violaciones que se habían cometido allí y, precisamente por eso querían convertir a esta zona golpeada por la violencia en un territorio de desarrollo.

Germán Efromovich, principal accionista de La Dolce Vista Estate, empresa que compró la antigua Hacienda Bellacruz. Foto archivo Semana

“Esto es lo que llamo del infierno a la Gloria”, dijo Ramiro de Francisco Reyes, y explicó  que ya han empleado a 600 personas de esa golpeada zona y que a mediados de 2012, cuando empiece a funcionar la planta extractora aspiran a llegar a los 1.000 empleos. Además están generando muchos más trabajos indirectos pues todo lo están contratando localmente, y planean comprar gran parte de la producción a campesinos, que con su respaldo, se dedique a sembrar palma. La idea es promover una clase media campesina empresarial que prospere también en forma independiente.

Efromovich le contó a este medio que compró La Bellacruz por referencia de Andrés Londoño, un agrónomo que tenía dos fincas de palma en el sur de Bolívar. “Hay una proximidad con la Hacienda San Lucas, que es montarse en una barquita y pasar el río Magdalena. Es una tierra muy buena agronómicamente hablando. Está sobre un corredor logístico para manejar la salida del aceite hacia puertos o el interior del país”, dijo De Francisco.

“Londoño me dijo, Germán, hay una finca cerquita de ahí, gigantesca, creo que se puede comprar. Nadie la quiere, dicen que es una tierra maldita… Entonces yo le digo: déjame mirar y en una ida a Nueva York me encuentro con John (Hager, ejecutivo del Elliott Hedge Fund). Y empezamos a hacer un plan de negocios”, dijo Efromovich.

Efromovich explicó que su fin es promover el desarrollo del país y que confía en el Estado. “La tierra es buena. Qué culpa tiene la tierra, si puede producir y dar empleo. Quien violó los derechos humanos que pague. Que lo juzguen. La tierra no violó los derechos humanos. Fue un individuo y por eso existe lo judicial, para que lo juzguen y pague su cuenta”, dijo.

El empresario se refirió a la familia Marulanda y aseguró que por los antecedentes no hizo sociedad con esa familia. VerdadAbierta.com le preguntó qué haría él en el caso hipotético de que el Estado confirmara que dentro de la Hacienda La Gloria están los predios baldíos.

“No tengo la fórmula matemática -respondió-. Pero el Estado me dio documento oficial de que sí podía comprar esa tierra y si no es así, me indemnizan. Si no hay estabilidad jurídica, nadie vuelve a invertir. A aquellos que los sacaron a bala y prueban que esa tierra era de ellos, que los titulen en otro lado o cerca de ahí (de la Hacienda La Gloria) y que hagan un acuerdo con el empresario. El empresario puede enseñarles a plantar, les financia las semillas y les garantiza la compra de la producción a un precio justo.”, dijo Efromovich.

Los interrogantes
Por el pasado trágico de la hacienda y lo que sucede actualmente con esa tierra, el caso de la antigua Hacienda Bellacruz resulta emblemático para el proceso de restitución de tierras que contempla la Ley 1448 o Ley de Víctimas sancionada el 10 de junio de 2011.

Los campesinos han demostrado con documentos que llevan 25 años exigiendo una parcela dónde trabajar. El Estado no les ha respondido. Foto suministrada

El Estado, como en este caso por influencias del poderoso interesado, ha hecho mal las cosas por muchos años, y así, en lugar de titularles a las familias los baldíos que estaban trabajando, le compró a Marulanda dos mil hectáreas de su tierra a un alto costo para el erario público, y con sospechosa lentitud y sesgo demoró años en titularles sólo a unos de los reclamantes.

Ratificó su decisión de declarar siete predios dentro de Bellacruz como baldíos, pero nunca pidió cédula catastral en el Agustín Codazzi, como ha debido hacer, y por lo tanto tampoco los registró ante la Oficina de Instrumentos Públicos como propiedad de la Nación. Por eso cuando los empresarios compraron la finca, no encontraron banderas rojas que les indicaran que allí podía haber predios enredados.

Tampoco se entiende cómo los Marulanda consiguieron registrar la subdivisión de la Bellacruz, desenglobar y englobar los lotes, en distintas notarías y oficinas de registro, sin que ninguna autoridad los obligara a aclarar y dejar registrada también la anotación que había originalmente en la matrícula de la Bellacruz y que indicaba que desde 1990 había predios en cuestión.

Baldíos que nunca se incluyeron en el censo de baldíos de la Nación, tierras propias que nunca el Estado registró oficialmente, oídos sordos al clamor de campesinos sin tierra durante años, oficinas de registro y notariado que certificaban lo que los amigos poderosos querían,  funcionarios desprolijos que cometían error tras error… todo eso lleva a que hoy desenredar los entuertos de tierras en Colombia, con todo y Ley de Tierras, sea muy difícil.

Así, si en el caso de La Hacienda La Gloria, el Estado confirma que, como lo encontró VerdadAbierta.com, los baldíos están sembrados con palma, dentro de los terrenos que La Dolce Vista le compró a los Marulanda, ¿qué va hacer?  ¿Los recupera y se los entrega a los campesinos?, ¿significa esto que tendrá que reconocerles mejoras a los empresarios que pueden valer más que la tierra? ¿o más bien, les comprará a los campesinos parcelas cerca a la hacienda o en otra zona cercana? ¿liderará un acuerdo entre empresarios y campesinos para que estos últimos recuperen su tierra, adentro de la finca pero sigan con el cultivo de la palma para no entorpecer el desarrollo de  un proyecto que podrá traer prosperidad a una región deprimida y golpeada por la violencia?

También quedan los interrogantes por el lado de los empresarios. Dicen que conocían el pasado de la hacienda, que por eso prefirieron comprarle todo a Marulanda y no ser sus socios, y que para hacer la multimillonaria inversión hicieron los respectivos estudios de títulos. Se soportan además en un estudio de predios hecho por un banco y la respuesta del Incoder que les informa que sobre esa tierra no había problema.

Sin embargo, ¿por qué La Dolce Vista solo preguntó al Incoder si había problemas con la Hacienda La Gloria hasta el 8 de junio de 2011, si compró la tierra en 2008? ¿por qué cuando fueron a comprar los lotes que hoy integran la Hacienda La Gloria no encontraron que estos fueron inscritos en una escritura en 2007 y que este documento, a su vez, hace referencia al folio de matrícula original de la Bellacruz que advierte que los predios estaban en proceso de clarificación desde 1990? (Lea la Anotación 16 del folio de matrícula original). ¿Por qué desde que los campesinos de Asocol empezaron su brega en octubre de 2010, los ejecutivos de La Dolce Vista nunca se han reunido con ellos para escucharlos?

Visto a la luz del artículo 77 de la Ley de Víctimas, surgen otras preguntas sobre el caso. Este describe las situaciones por las que una acción -como comprar tierras- puede considerarse ilícita, y una de éstas es cuando en la tierra hubo actos de violencia generalizados, desplazamiento y graves violaciones de derechos humanos que causaron el despojo o abandono.  ¿Cabe esta presunción en la antigua Bellacruz, cuando ha sido de público conocimiento que allí fueron despojados 600 campesinos con violencia, fueron asesinados líderes que reclamaban tierras e incluso hay sospechas de que hay fosas comunes con víctimas enterradas allí?  ¿Cabe, cuando hay además, varias pruebas de que al menos uno de los Marulanda, la familia vendedora, fue condenado a 22 años de prisión por violencia paramilitar? ¿Es aplicable, cuando los empresarios cumplieron todo lo que les exigía la ley y el Estado mismo les dijo que no había problemas con esa tierra?

Todas estas preguntas serán las que tendrá que resolver la justicia en este y otros miles de casos que se vendrán como avalancha, una vez se ponga en práctica la Ley de Víctimas, ahora en etapa de reglamentación.

Mientras tanto, los campesinos que empezaron su lucha en 1989, están lejos de alcanzar la gloria. Dicen que no tienen nada en contra de la empresa ni su desarrollo palmicultor; sólo piden que se les dé una parcela para trabajar, que es a lo que tienen derecho.