En Colombia se habla de “cientos” y “miles” de ciudadanos desaparecidos por la fuerza. Nadie tiene una cifra definitiva. El primer caso, reportado ante la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, Asfaddes, y atribuido a organismos de seguridad del Estado, se remonta a 1977. Ese año, Omaira Montoya Henao, bacterióloga de 34 años, militante de izquierda, desapareció en la ciudad de Barranquilla junto con su novio. Él fue torturado y ella nunca regresó.
Publicado por Cien Días de CINEP
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| Marchas de familiares de desaparecidos. Foto SEMANA |
En febrero de 1983, por primera vez en el país alrededor de 100 personas se reunieron con claveles blancos en la Plaza de Bolívar. Cargaban 29 retablos con fotos de sus hijos, padres y hermanos que habían sido llevados por la fuerza por desconocidos y no habían regresado. Entre ellos estaban los familiares de los 13 jóvenes que desaparecieron, uno a uno, durante el 82. En su mayoría eran estudiantes de la Universidad Nacional que apoyaban las ideas del M-19 o el EPL.
“Ahí nace lo que hoy en día es la asociación Asfaddes, inspirada en la experiencia de la asociación de las Madres de la Plaza de Mayo, de Argentina”, relata Gloria Gómez, su directora. En 1984 ya se reportaban más de 300 casos. En Bogotá, Medellín, Cali y Neiva se multiplicaron los retablos, así como las familias que, llenas de dolor, pasaban a convertirse en incansables buscadoras de sus seres queridos.
“Actualmente la información sobre desaparición forzada está completamente dispersa y no está sistematizada. El Registro Único de Personas Desaparecidas recogerá toda la información a partir de este mes de noviembre. Es posible que a mediados de 2007 ya tengamos un conocimiento preliminar de las primeras estadísticas oficiales sobre víctimas de desaparición forzada en Colombia”, afirma Eduardo Realpe, delegado del Defensor del Pueblo en la coordinación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
La Comisión, integrada por representantes de la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio de Defensa, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Fondelibertad, el Instituto de Medicina Legal, Asfaddes y la Comisión Colombiana de Juristas y bajo la coordinación de la Defensoría del Pueblo, cuenta con un primer consolidado según diferentes periodos y variables. Así, la Vicepresidencia de la República reporta 4.177 casos; la Fiscalía, 7.702 y la Procuraduría General, 829 casos.
En los últimos 20 años varias son las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado por tener registros sistemáticos sobre la desaparición forzada en el país.
Asfaddes, por ejemplo, tiene registrados 7.800 casos en 27 años, aunque su directora, Gloria Gómez, asegura que en el país hay por lo menos 7 mil casos más que nadie ha reportado.
La Comisión Colombiana de Juristas, entre tanto, reporta 3.588 desaparecidos en ocho años, es decir, 448 personas cada año. De todas, 507 fueron encontradas asesinadas, en algunos casos con señales de tortura, y del resto -3.081- aún no hay rastro. Sus directivas advierten un importante subregistro en estas cifras.
Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja afirmó – en su informe del 2005- la existencia de 3.600 desaparecidos por la fuerza según datos obtenidos de sus familiares. Tan sólo en 2004 se reportaron 279 nuevos casos y en 2005, 317, dice el documento (Ver Cuadro 1).
Existe “un patrón de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas asociadas a violaciones vinculadas a la administración de justicia y a la impunidad… Esas violaciones no forman parte de una política deliberada del Estado desde las más altas esferas, pero su escaso reconocimiento por las autoridades y la insuficiencia de acciones correctivas impidieron superarlas”, advirtió en su visita a Colombia, en julio de 2005, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, para quien la desaparición forzada es un crimen “cometido por agentes estatales o personas que perpetran el delito con su tolerancia, aquiescencia o apoyo”.
Los autores y las víctimas
A pesar de las diferencias entre las estadísticas, en ellas se identifica que las regiones más afectadas han sido Arauca, Magdalena Medio, Antioquia y Cundinamarca; que los grupos paramilitares son históricamente los mayores autores de este delito, según registros de la Comisión Colombiana de Juristas y del Cinep, en su revista Noche y Niebla (ver Cuadro 2), y que el mayor número de casos ocurrió entre 2000 y 2003.
Según la Comisión Colombiana de Juristas, por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo se le atribuye al Estado la mayor responsabilidad en los casos de desaparición forzada y, en un menor porcentaje, por perpetración directa de agentes estatales. Después de los grupos paramilitares, en la lista de presuntos perpetradores aparecen el Ejército, la Policía y la Armada, en ese orden.
Más aún, las estadísticas indican que mientras aparecen los cuerpos de algunos ciudadanos, otros desaparecen, como lo revelan las cifras del Instituto de Medicina Legal.
Las víctimas de este delito son, en su mayoría, colombianos que hacían parte o adelantaban labores con comunidades y sectores populares, con cooperativas, juntas de acción comunal, movimientos estudiantiles, organizaciones sociales y de derechos humanos; simpatizantes o militantes de grupos de izquierda y que viven en regiones de alto conflicto o riquezas naturales.
“La desaparición en Colombia se convirtió enuna herramienta de lucha política contra sectores populares y contestatarios, a diferencia de Argentina, donde los desaparecidos eran profesionales y estudiantes de clase media y alta, lo que les permitió tener más capacidad de maniobra”, asegura Carlos Rodríguez Mejía, subdirector de la Comisión Colombiana de Juristas.
Las dificultades
Varias son las dificultades para conocer la realidad sobre la desaparición forzada. En primer lugar, el Estado colombiano reconoció muy tarde la existencia de este flagelo: en el 2000 fue aprobada la ley de desaparición forzada, cuando habían pasado ya 17 años desde que comenzaron las marchas de los claveles blancos.
“Antes del 2000, la desaparición forzada no era considerada delito y las denuncias eran recibidas en la Fiscalía como un secuestro simple. Nosotros siempre nos negamos a reportarlas así”, concluye la directora de Asfaddes.
Segundo, hay un alto subregistro. Por ser un crimen cometido, entre otros, por agentes estatales o con su tolerancia, las familias temen denunciar ante el perpetrador. El subregistro también se debe al “modus operandi” de este delito. En los setenta y ochenta predominaron las desapariciones individuales, en el ámbito urbano y con altos niveles de ocultamiento. En los noventa, con el auge del paramilitarismo, aumentaron las desapariciones colectivas. San Onofre, Sucre, ha sido un ejemplo dramático de la situación. En los últimos meses se han descubierto30 fosas con 80 personas. Las últimas fueron halladas el pasado mes de octubre.
Una tercera dificultad es la metodología en la recolección de información. Varias entidades oficiales no diferencian según el posible motivo de la desaparición. Por eso, incluyen al desaparecido por la fuerza y a quien se perdió por padecer una enfermedad mental, entre otros.
El Instituto de Medicina Legal, por ejemplo, incluía todo tipo de desapariciones en sus estadísticas, pero a partir del 2005 empezó a hacer la distinción. Hoy, es el coordinador del Registro Único de Personas Desaparecidas y a partir de este mes de noviembre comenzará a recoger formalmente las estadísticas de otras entidades.
De esta forma se podrá saber cuántos desaparecidos hay en Colombia, si se espera encontrar 2.500 desaparecidos, según la Fiscalía, o los 7.800 que Asfades ha contado, y, además, cuántas familias podrán volver a respirar tranquilas o, por lo menos, a sepultar a quienes han esperado por décadas.
