Desde hace décadas, los indígenas de los Llanos Orientales han sido perseguidos y desplazados de sus tierras.En la última década, funcionarios del Incoder se prestaron para que colonos se quedaran con territorios quehabían pertenecido ancestralmente a los sicuani.
Desde hace décadas, los indígenas de los Llanos Orientales han sido perseguidos y desplazados de sus tierras.En la última década, funcionarios del Incoder se prestaron para que colonos se quedaran con territorios que habían pertenecido ancestralmente a los sicuani.
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¿Cómo fue el despojo?
El despojo de las tierras en el Llano no solo ocurrió a manos de los señores de la guerra. Desde hace décadas, el Estado se ha prestado para que particulares se apoderen de enormes terrenos baldíos que han sido habitados por siglos por los indígenas Sicuani, llamados antiguamente guahíbos. Mega-proyectos de cultivo de palma y caucho que bordean los territorios Sicuani buscan ampliar sus fronteras como sucedió, por ejemplo, con los reiterados intentos de empresarios que han querido obtener títulos de propiedad de las zonas vecinas al resguardo indígena Awalibá.
El resguardo está en los límites entre los departamentos de Meta y Vichada en una sabana infinita. No hay carreteras, ni acueductos y menos energía eléctrica, es como si fuera “una tierra sin hombres, para unos hombres sin tierra”, el lema del escudo del Vichada.
A pesar del lema, gran parte de la tierra en esta zona del Llano sí tiene dueño. En 1981 el Estado demarcó 22 mil hectáreas en el Meta como el resguardo de los Sicuani. Aunque los terrenos aledaños fueron declarados baldíos, familias de esta etnia siguieron habitándolos y reclamándolos como suyos. “Hace cien años, el hogar de los Sicuani se extendía desde Puerto López en el Meta, hasta el Orinoco (el límite con Venezuela). Ahora solo nos queda esto. Siempre nos desplazaban hacia el oriente, pero ahora no tenemos a donde ir y por eso defendemos lo poco que nos queda”, dijo a VerdadAbierta.com Rubén Vicente Aguilar, líder de la comunidad indígena.
Para los Sicuani, las tierras alrededor de su resguardo eran también propias porque así lo habían sido toda la vida. No obstante, a mediados de la década pasada le aparecieron dueños. En 2004 el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, fraccionó un predio baldío de cerca de 5 mil hectáreas y lo entregó a tres colonos que solicitaron los títulos.
La adjudicación estuvo llena de irregularidades. Para que el Estado entregue la propiedad de un terreno baldío se deben cumplir varias condiciones, entre ellas tener el consentimiento de los vecinos y haber vivido en el predio al menos cinco años. La comunidad indígena y los vecinos del predio entregado por el Incoder exigieron la revocatoria de los títulos porque, según dicen, no fueron consultados, ni los beneficiarios de la tierra han vivido en la zona.
VOLVER¿Quién se quedó con la tierra?
“Por aquí han venido a proponernos todo tipo de negocios, pero siempre hemos dicho que no”, dijo Aguilar a VerdadAbierta.com. “A veces se encuentra a uno gente de las petroleras. Otras veces vienen a decirnos que nos pagan 50 mil pesos de arriendo para que los dejemos cultivar caña. Hemos tenido que rechazar todo porque sabemos del daño cultural y económico que sufriríamos si aceptamos”.
La situación se complicó a finales de 2010, cuando aparecieron grandes camiones que transportaban insumos para el cultivo de árboles de caucho. En ese momento las comunidades del resguardo que vivían en el predio se dieron cuenta que quienes recibieron los títulos habían vendido la tierra y ahora pertenecía a los floricultores, Roso Elías Sterling y Claudio Otero Ramos.
VerdadAbierta.com confirmó que Otero recibió créditos y subsidios del Ministerio de Agricultura, cuando Andrés Felipe Arias era el ministro y luego financió su campaña en la consulta interna del Partido Conservador para escoger candidato a la Presidencia de la República. Su caso al igual que el de otros floricultores, es investigado por la Fiscalía.
Los indígenas comenzaron a sospechar que los empresarios habían utilizado a terceros para recibir la titulación de las tierras para luego asumir la propiedad del terreno. “Fue muy raro que les dieran los títulos a unos desconocidos que decían ser campesinos y luego llegaran unos empresarios a decir que habían comprado”, dijo una persona de la comunidad Sicuani a VerdadAbierta.com.
La tierra había sido dividida en tres predios por el Incoder, cada uno de ellos con una superficie menor a una Unidad Agrícola Familiar, una medida que limita la entrega de terrenos baldíos del Estado a particulares. Luego de la venta a los empresarios, en la práctica las tres propiedades volvieron a ser una sola en manosde Otero y Sterling.
Según la investigadora en temas de despojo y restitución de tierras, Yamile Salinas, el caso del resguardo Awalibá ilustra la política del Estado, en la que ganan los grandes empresarios a costa de los campesinos y las comunidades indígenas. “En realidad lo que ocurre es un despojo administrativo. El Incoder le quita la tierra a las comunidades y luego termina en manos de unos empresarios agroindustriales que montan su negocio de acuerdo con el modelo que se propone desde el gobierno”, explicó Salinas.
Según un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, de las 13 millones de hectáreas de la región de la Altillanura (que incluye todo el departamento del Vichada y parte del Meta), el gobierno busca “transformar entre 5 y 6 millones de hectáreas en una especie de ‘cerrado brasileño’, que contribuyó a convertir a ese país es unapotencia agrícola mundial”, señala el documento.
El ‘cerrado brasileño’ es un modelo de cultivos a gran escala que ha sido criticado por varias ONG y organismos internacionales como el Banco Mundial, por los daños al medio ambiente y las comunidades indígenas. “En esa zona (de la Altillanura) hay cuatro millones de hectáreas que pertenecen a resguardos en los que viven cerca de 45.000 indígenas. Con este modelo es casi imposible que no se termine afectando a los territorios de las comunidades nativas”, explicó Salinas.
La reversa del Incoder
VerdadAbierta.com conoció el expediente de la investigación que abrió el Incoder para determinar si revocaba los títulos y encontró que cada predio pasó por manos de dos personas diferentes antes de que fueran compradas por Sterling y Otero. Los empresarios insistieron durante el proceso que no tenían ninguna relación con las personas que recibieron los títulos originalmente. Explicaron que habían llegado a la región por casualidad, buscando un terreno para invertir en un negocio de caucho.
Aunque la investigación del Incoder no verificó si existía una relación entre los empresarios y los campesinos que recibieron los predios, y si estos últimos habían vivido en la zona el tiempo suficiente para solicitar la propiedad, sí encontró que nunca se tuvo en cuenta al resguardo en el proceso. “Reluce por su ausencia cualquier intento de requerimiento de parte del Instituto (Incoder) para comunicar al resguardo que los predios contiguos a su territorio iban a ser titulados, circunstancia que le hubiere permitido oponerse a dichas adjudicaciones”, señaló la resolución del Incoder.
La entidad del gobierno agregó que se debió tener en cuenta si estas zonas “se practicaban ceremonias o ritos ancestrales, o si se utilizaban de forma itinerante por esta comunidad para la caza, recolección y horticultura”.
Por esta razón, el Incoder resolvió tumbar la entrega de los títulos y por lo tanto, las ventas que ocurrieron posteriormente. El Instituto aceptó que se equivocó y le dio la razón al resguardo. La investigación tuvo en cuenta otras decisiones que había tomado en casos similares, en las que se adjudicaron terrenos a espaldas de las comunidades indígenas. En el departamento del Meta, el Incoder ha tenido que revocar varios títulos en al menos cuatro casos similares.
A pesar de reconocer el error, en la resolución del Incoder, no se ordena ninguna investigación a los funcionarios que participaron en la adjudicación. La directora de la oficina para el Meta en ese momento y quien firmó las adjudicaciones fue Rubiela Rincón Novoa.
Rincón Novoa dejó el cargo en 2007. No tiene ninguna sanción o investigación por parte de la oficina de control interno del Incoder o la Procuraduría. La ley señala que los procesos disciplinarios a los empleados públicos prescriben cinco años después de que ocurrieron los hechos, por lo que es posible que no se indague a los funcionarios que entregaron estas tierras en 2004.
Según el abogado que representó a los empresarios en el proceso del Incoder, la entidad estatal deberá responder a una demanda por los daños económicos de sus clientes, que invirtieron grandes sumas de dinero en la compra de unos terrenos, cuyos títulos fueron luego revocados.
Aunque la investigación del Incoder reconoció que las tierras son parte del espacio que ancestralmente han habitado los Sicuani, no le adjudicó los terrenos al resguardo.
Ante la decisión del instituto de tierras, los líderes de la comunidad van a solicitar la titulación de los baldíos que rodean su tierra. “Vamos a intentar que el Estado nos de la propiedad para evitar que vuelva a pasar los mismo. Si logramos que nos den todas las zonas que limitan con el territorio que ya es nuestro, podremos completar casi 40.000 hectáreas, que aunque parezca mucho, es muy poco por todo lo que ha vivido el pueblo Sicuani”, dijo Aguilar.
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