La Fiscalía asegura que un predio de 370 hectáreas, en lo profundo de San Vicente del Caguán, hace parte de la reserva estratégica de este grupo guerrillero y debe ser destinado a la reparación de las víctimas. La familia que hoy vive ahí se niega a abandonar la tierra.
Predio que la Fiscalía señala debe ser entregado para la reparación de víctimas. Foto: VerdadAbierta.com.En la destapada carretera que de San Vicente del Caguán, Caquetá, conduce a La Macarena, en el Meta hay un pequeño corregimiento de no más de tres cuadras llamado La Sombra. En este pueblo ganadero, donde también abunda la coca, hace presencia histórica el Bloque Oriental de las Farc.
En la Sombra queda la finca Terranova, una de las más de 60 haciendas de la región que están en la mira de las autoridades. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, en 2002, cuando se rompieron los diálogos de paz entre la Farc y el entonces presidente, Andrés Pastrana (1998-2002), la guerrilla dio inicio a un plan de consolidación territorial enfocado en la adquisición de grandes extensiones de tierras. Para ello crearon el Frente 62, conocido como “Combatientes del Yarí”, y que por orden de Jorge Briceño Suarez, alias ‘Mono Jojoy’, se compró o tomó posesión de varias haciendas en la zona.
Esta investigación fue la que motivó que en julio de 2015 el gobierno de Juan Manuel Santos anunciara la recuperación de 280.000 hectáreas de tierra baldías que supuestamente estaban en poder de ese grupo guerrillero. El destino de estas tierras sería el banco de tierras planteado en los preacuerdos de La Habana, donde, desde hace más de tres años, adelantan diálogos para ponerle fin a la confrontación.
Dentro de esa gran cantidad de tierras, que supera la extensión de un departamento como Quindío, no solo se presume que hay fincas de las Farc, también se encuentran parques naturales, parte de una zona de reserva campesina y pobladores que aseguran ser poseedores de esa tierra con derechos de titulación. (Leer más en: Un viaje al corazón de las tierras de las Farc)
Algunos, no la mayoría, de estos predios cuentan con papeles de propiedad. En estos casos, la pelea entre los que figuran como propietarios y la Fiscalía tiene lugar en los tribunales de Justicia y Paz. Un magistrado de este tribunal debe decidir si los predios son de las Farc – y en ese caso deberían ser destinados a la reparación de las víctimas- o si pertenecen y deben quedar en manos de quienes dicen ser sus dueños. En esa situación se encuentran predios como Villa Nohora, la finca que sirvió de escenario para las conversaciones con las Farc en el gobierno de Pastrana, y la finca Terranova.
“Acá ha venido la Fiscalía a tomar un montón de fotos a la casa, dicen que ahí dormía el ‘Mono Jojoy’, eso no es mentira porque esa casa tiene dos años de construida”, dijo Carlos Alberto Cardona, la persona que ocupaba la finca Terranova en agosto de 2015, cuando VerdadAbierta.com recorrió la región. (Leer más en: “No todas las fincas de San Vicente del Caguán son de las Farc”: campesinos)
Hace más de dos años, el 27 de marzo de 2014, la Fiscalía ordenó el embargo de cinco fincas que presuntamente estaban en manos de testaferros de la guerrilla. Entre esas la finca conocida como ‘Vivienda Marulanda’ y Terranova.
La decisión se basó en el testimonio de Ely Mejía Mendoza, alias ‘Martín Sombra’, un exjefe guerrillero del Bloque Oriental, quien fue jefe de seguridad de la zona de despeje. ‘Sombra’ asegura que escuchó decir al ‘Mono Jojoy’ que Terranova hacía parte del reserva estratégica de las Farc. El desmovilizado Raúl Antonio Gamba Mora, alias ‘Ramiro’, dijo también que asistió a tres reuniones de la dirección del ‘Frente Combatientes de Yarí’ y escuchó decir a los comandantes guerrilleros que la finca era de las Farc.
Quienes figuran como propietarios interpusieron un incidente para levantar el embargo. De acuerdo con la defensa, los exguerrilleros son testigos de oídas que basas sus afirmación en suposiciones sin peso probatorio. En un fallo del 18 de mayo, La Corte Suprema negó la petición y pidió que continué el juicio que determiné si el predio es o no de las Farc.
El pasado del predio
La historia de esta finca comenzó en 2009, cuando el ganadero Miller Morales le permutó un predio de 93 hectáreas a Darío Polanía – quien ha sido acusado por la Fiscalía de ser un supuesto testaferro de las Farc- a cambio de una finca en el Huila.
Morales no solo compró esa tierra, sino tres fincas vecinas. Las englobó en un solo predio y lo bautizó nuevamente Terranova. Esta finca no la puso a su nombre, sino en el de su hija: Marisol Morales. El abogado que ha defendido el caso asegura que se trató de una compra de buena fe. Para 2011, Polanía gozaba de buena reputación en San Vicente del Caguán y ya había sido absuelto de los cargos de testaferrato.
En los años siguientes la tierra pasó por tres manos diferentes. Como pago de una supuesta deuda, Molares se la entregó a Rodrigo Villalba, quien la pone a nombre de Vianey Valderrama, una señora a la que le debe 200 millones de pesos, pero no para pagarle la deuda, sino como garantía de que le pagará. Pero Vianey no vive en San Vicente del Caguán y resulta que nunca ha pisado la finca.
De hecho, hace más de tres años vive allí Carlos Cardozo Villalba, primo de Rodrigo, junto a su esposa, tres trabajadores y sus familiares que cuidan más de 300 cabezas de ganado. Este campesino de Baraya, Huila, asegura que le compró a su familiar las más de 300 hectáreas con los ahorros de toda una vida. “A los poquitos días que llegué me di cuenta de ese problema, cuando Rodrigo fue a hacer papeles se dio cuenta del problema. Por eso yo no tengo papeles a mi nombre”, aseguró Cardozo.
“La titularidad aparente torna posible que, tal cono los denuncian los postulados Mejía Mendoza y Gamba Mora, el fundo sea de propiedad de la organización al margen de la ley, en la medida que las titulares inscritas reconoce que prestaron su nombre para figurar como tales y que no han ejercido actores de señor y dueño, situación inusual en las transacciones realizadas de forma transparente”, dice la Corte Suprema en su decisión.
La Corte asegura, además, que para que una compra se considere de buena fe exenta de culpa, no basta con que se haga una simple revisión de los certificados de tradición y libertad, sobre todo en una zona donde impera un grupo armado ilegal.
Los propietarios se han defendido asegurando que no pueden estigmatizarse ni dudar de la titularidad de los bienes por el simple hecho de estar ubicados en la zona de distención. “No pueden hacer carrera que las transferencias de bienes ubicados en municipios de la antigua zona de distención, calificado como “zona roja”, o donde existan alteraciones de orden público sean sospechosas o irregularidades sin pruebas que así lo demuestren”, dijo el abogado en el juicio.
La pelea por la Terranova continuará en los tribunales de Justicia y Paz. Mientras trato, Carlos Cardozo se niega a entregar la finca y no está dispuesto a sacar ni a su familia, ni su ganado. “Yo estoy decidido a no dejármela quitar. Me sacarán muerto, porque acá están los ahorros de toda mi vida”, aseguró.
