Campesinos que cultivaron por años varias parcelas en esta vereda del municipio de Cáceres, en el conflictivo Bajo Cauca antioqueño, fueron sacados a las malas por paramilitares, y aunque la Corte Suprema de Justicia protegió sus derechos de propiedad, éstos siguen en entredicho por los reclamos de una sociedad privada.
En próximos meses, el Consejo de Estado deberá resolver un largo y complejo litigio jurídico que pesa sobre la finca La Porcelana, un predio de 546 hectáreas en la vereda del mismo nombre del municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, que ha tenido enfrentados por más de 12 años a un Egrupo de parceleros con una empresa que reclama propiedad sobre esas tierras.
Unos y otros alegan tener derechos de propiedad sobre el predio y, paradójicamente, la justicia, en diversas instancias y momentos, le ha dado la razón a los dos. La batalla jurídica está lejos de resolverse y ya el caso está en la Unidad de Restitución de Tierras.
Uno de los parceleros es Roberto*, quien ocupó una finca en esta vereda desde 1998, y en asocio con su hermano, le adquirió las mejoras a un campesino, quien hasta ese momento llevaba más de 15 años explotando esas tierras y había sido parte de un grupo de campesinos desarraigados, quienes en los años ochenta, cansados de buscar un pedazo de tierra donde vivir, se asentaron en los que parecían terrenos baldíos, en jurisdicción de la vereda La Porcelana de Cáceres. Nadie en la región le conocía dueño alguno a ese extenso lote, un parte de montaña y otra de planicies cubiertas de bosque.
“Esa finca inicialmente se llamaba Agropecuaria La Porcelana, pero fue abandonada por sus propietarios hace más de 25 años, eso hace mucho tiempo. Siendo una montaña, los colonos se metieron a colonizar y a tumbar monte, así fueron haciendo las parcelas. Se formaron por lo menos 16 parcelas”, cuenta Roberto.
A cada familia le tocaron ente 25 y 30 hectáreas de tierra. Los labriegos levantaron sus viviendas, sembraron cultivos de pancoger, abrieron trochas transitables y hasta edificaron una escuela.
El labriego dice que el tiempo que estuvo explotando el predio, entre 1998 y 2002, logró sembrar una hectárea de caucho, reforestar tres hectáreas más, y desarrollar cultivos de chontaduro y plátano. “Yo logré trabajar mucho con los auxilios que obtenía de Corantioquia”, precisa. Los demás parceleros trabajaban en sus predios sin mayores dificultades.
Sin embargo, los campesinos sabían que trabajaban en tierras de las que no eran propietarios, sino ocupantes. Estaban convencidos de que estaban en predios baldíos de la Nación. Por eso a los diez años de vivir y trabajar allí, reclamaron los derechos de titularidad sobre la tierra. Ante una petición para aclarar el asunto y determinar si podían ser adjudicatarios, el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora (hoy Incoder), mediante resolución 167 del 17 de febrero de 1990, inició las averiguaciones sobre el origen del predio y si procedía algún tipo de extinción, revocatoria de adjudicación o cualquier otro procedimiento de ley.
Lo que halló el Incora en esa época fue que La Porcelana figuraba como un lote baldío del Estado que le fue adjudicado al señor Horacio Restrepo mediante Resolución 403 del 18 de octubre de 1959, quien a su vez cedió su derecho a la Sociedad Agrícola La Porcelana Ltda.
Durante la década del noventa, funcionarios del Incora realizaron varias visitas a la zona para tratar de conocer la realidad del predio, encontrándose que, quienes figuraban como propietarios, llevaban más de una década sin hacer ocupación ni explotación económica del bien inmueble. Por el contrario, éste venía siendo aprovechado por los nuevos parceleros por más de una década.
Roberto ha aprendido de normas y recurre a sus conocimientos para plantear lo que, en esencia, ha sido su causa y la de los demás parceleros: que les adjudiquen los predios que por tantos años han trabajado. “Es que cuando el dueño de un predio está ausente por más de 20 años, la ley permite que se le prescriba su posesión porque no ha ejercido el dominio”, precisa e insiste que esa circunstancia es la que les permite reclamar y esperar resultados a su favor.
Sin embargo, la situación no parece tan sencilla como la ilustra este esperanzado parcelero, pues algunos hechos posteriores a las visitas de los funcionarios del Incora comenzaron a cambiar el panorama.
Comienzan la odisea
A mediados de 2002, apareció en la región Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez, quien se presentó como representante legal de la firma Sociedad Agropecuaria La Porcelana Ltda, a reclamar el derecho de propiedad sobre las 546 hectáreas que conforman la finca La Porcelana. Su intención despertó el rechazo de los campesinos, pues consideraban que con su larga ausencia sin explotar el predio había perdido todo derecho sobre la tierra.
“Entonces el señor Álvaro Echeverría comenzó a hacer trámites para recuperar la tierra. Habló con nosotros, nos intimidó, argumentando que esas tierras eran de él; luego comenzó a ofrecernos plata por las mejoras”, explica Roberto y asevera que la situación se agravó cuando irrumpieron en esa reclamación paramilitares del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), bajo el mando de Alexander Bustos Beltrán, alias ‘W’.
“A mí me mandó llamar un señor de allá de Jardín (corregimiento de Cáceres) a quien le decían ‘W’, quien para esa época, año 2002, era el comandante paramilitar de esa zona que dominaba el Bloque Mineros. Me comenzó a decir que esa tierra era del señor Álvaro Echeverría y que nosotros nos habíamos metido allá, incluso, me acusó de organizar a los colonos, ser guerrillero y de estar repartiendo tierras ajenas a los campesinos. Textualmente me dijo que me iban a ‘amarrar’ por estar repartiendo lo que no era mío”.
En su defensa, Roberto le dijo a alias ‘W’ que estaba mal informado y le aclaró el asunto: “Yo le dije a ese señor que tenía una parcela que se la había comprado a un colono; le aclaré que no estaba repartiendo tierras a nadie ni que era guerrillero. Además, le dije que yo era una persona pública porque para ese año, 2002, trabajaba en la Alcaldía de Cáceres, como secretario del Alcalde. Lo que me dijo ‘W’ fue que don Álvaro le había dicho lo contario a lo que yo le expliqué”.
Las presiones de los ilegales surtieron efecto. Varios colonos vendieron las mejoras de sus parcelas a Echeverría Ramírez, asunto que es admitido por Roberto: “al uno le dio un millón de pesos, al otro seiscientos mil pesos, a otros les dio ochocientos mil pesos, y así fue sacando a los colonos de ahí de esas tierras. Como yo tenía mucho trabajo en mi tierra me dio 4 millones de pesos”.
Para este reclamante de tierras no hay duda que esas ventas fueron forzadas. “O le vendíamos o nos veríamos sometidos a esos señores (los paramilitares); incluso, uno de esos paramilitares me dijo que era mejor negociar para evitar problemas. Entonces yo dije que mejor le recibía cualquier cosa porque no iba a perder la vida por cosas que no valen la pena”. Según sus cuentas, 14 parceleros vendieron sus mejoras, pero dos decidieron quedarse y no vender.
En 2003, Echeverría Ramírez se presentó ante las oficinas del Incora con varios contratos de compraventa suscritos con los parceleros, en los cuales la Sociedad Agropecuaria La Porcelana Ltda. les compraba las mejoras realizadas en el predio. Con esas pruebas y argumentando que su prolongada ausencia del predio se debió a la presión ejercida por grupos guerrilleros, particularmente del Eln, que incluso le secuestró un socio, Andrés Calle, en 1983, buscó el resarcimiento de su posesión.
Inicialmente el Incoder, a través de la Resolución 097 del 17 de enero de 2007, declaró “extinguido a favor de la Nación, el derecho de dominio privado sobre una parte del predio rural denominado La Porcelana, ubicado en el municipio de Cáceres, departamento de Antioquia”. Así, un total de 417 hectáreas pasaron a manos del Estado, con la idea de que titulárselas luego a los parceleros.
El argumento fue claro: “se pudo constatar que la Sociedad Agropecuaria La PorcelanaLtda., propietaria del bien, no adelantaba ninguna explotación económica. Antes bien, ese aprovechamiento era realizado por terceras personas que no reconocen dominio ajeno ni tienen vínculo de dependencia con los propietarios inscritos y quienes tienen un tiempo de posesión de más de cuatro años”.
No obstante, ante un nuevo reclamo de Echeverría Ramírez, el Incoder cambió su decisión en cuestión de meses y mediante Resolución 1370 del 5 de junio de 2007 dijo que “si bien las pruebas citadas por sí solas no desvirtuaban la falta de explotación del predio, valoradas en su conjunto y armonizadas con las circunstancias de modo,tiempo y lugar en que se produjeron, permiten al despacho concluir que en el caso que nos ocupa, sí existe una relación de causalidad entre la presencia de actores armados al margen de la ley y la inexplotación parcial del inmueble”.
En reacción a esa decisión, seis parceleros afectados le enviaron una carta al Gerente General del Incoder, fechada el 23 de noviembre de 2007, en la que hicieron graves señalamientos contra Echeverría Ramírez, ratificando lo que le dijo Roberto a VerdadAbierta.com.
“En el año 2004 el señor Álvaro Echeverría nos convocó a una reunión con hombres de las denominadas Auc, entre los que se encontraba el comandante alias ‘W’, quien nos preguntó si queríamos recibir lo que nos iban a dar o nos queríamos morir en las parcelas”, se lee en el documento, firmado por Omar Manuel Mendi, Benito de Jesús Blanco, Juan Bautista Lozano, Adolfo Contreras, Rodrigo José Ricardo y Audel Ortega.
Los colonos agregaron que “cuando algunos campesinos fuimos obligados de manera violenta, a firmar contratos de venta de las mejoras que nos permitían vivir honradamente, pactando el pago a precios irrisorios, y fuimos desplazados de nuestras parcelas, por acción del señor Álvaro Echeverría, quien para entonces se apoyaba en los denominados grupos de Autodefensas. Constancia de dichas ‘ventas’ obligadas, reposan dentro del expediente, como documentos privados aportados por el señor Echeverría, los cuales consideramos nulos, por no haber mediado nuestra voluntad libre y espontánea”.
Al respecto, Roberto agrega que una hectárea sembrada en caucho, como la tenía él, bien podría valer unos 40 millones de pesos, valor que se incrementaría con las hectáreas reforestadas en madera. “Yo sólo recibí una mínima parte y de mi tierra me sacaron prácticamente obligado, las circunstancias hicieron de que yo recibiera lo que me ofrecieron”, afirma el colono.
Se empeora la situación
Para 2004, el municipio de Cáceres era, junto con Tarazá, un gran centro cocalero de Antioquia. Los sembradíos de la hoja y los laboratorios para su procesamiento eran de total dominio del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En ambas localidades, los comandantes paramilitares, entre ellos Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, máximo jefe de este bloque paramilitar, obligaron a los campesinos a la siembra de la hoja, quienes recibían en contraprestación un dinero.
La Porcelana no fue la excepción a la situación de la época. Decenas de parceleros fueron presionados para sembrar hoja de coca en su territorio. La presencia del cultivo ilícito aumentó los riesgos de desplazamiento forzado, pues según denunciaron los parceleros, ahí empezaron las presiones por quien alega ser dueño del predio de La Porcelana en asocio con los hombres del Bloque Mineros.
En efecto, la Defensoría del Pueblo reseñó en diferentes informes que entre 2004 y 2007 salieron de La Porcelana por lo menos 16 familias luego de ser amenazados de muerte si no firmaban las escrituras de compraventa que luego presentó Echeverría Ramírez ante el Incoder. Tras su salida se registró quema de viviendas y robo de enseres, según lo consignó la Entidad.
Uno de los desplazados fue Roberto, quien ante las sindicaciones en su contra, proferidas por alias ‘W’, decidió refugiarse en la mina San Pablo, en los límites de Cáceres con Anorí. “Tuve que dejar a mi mujer y mis hijos en el casco urbano, con todos los riesgos que eso implicaba, pero, ¿qué más hacía yo?”, se pregunta ahora este reclamante.
A quienes decidieron resistir la presión paramilitar para vender y sembraron coca les cayeron luego las acciones de la Policía contra los cultivos ilícitos. Las aspersiones aéreas con glifosato se concentraron en veredas de Cáceres como Anará y La Porcelana. El veneno no solo mató a la hoja de coca; también acabó con los cultivos de pancoger, dejando a muchos labriegosde brazos cruzados y sin saber qué hacer.
Dicha situación llevó a que el entonces Comité Municipal para la Atención Integral de Población Desplazada (Claipd), declarara en informe fechado el 10 de junio de 2007, la inminencia de riesgo y ocurrencia de desplazamiento forzado en las veredas de Cáceres La Porcelana, San Francisco, Tacuyarca, Anará, Campanario, Pite, Corrales-El Calvario y parte norte de Bejuquillo.
Roberto recuerda que cuando se dio la desmovilización del Bloque Mineros, en el 2005, bajo los acuerdos de las Auc con el gobierno nacional, llegaron a la región nuevos grupos armados: “Entonces comenzaron los problemas entre los ‘Paisas’ y los ‘Urabeños’, la zona se puso muy complicada y la gente no se metió para allá, a nadie le convenía meterse por allá. De por sí la vereda La Porcelana quedó sola”.
Más problemas
Los Claipd tenían la potestad de emitir medidas de protección colectiva sobre predios a fin de evitar un despojo o transacciones con ellos por fuera de la ley. Precisamente, en 2008 este comité emitió protección colectiva sobre La Porcelana, reconociéndoles a los parceleros su derecho a la tierra en calidad de poseedores, ocupantes y tenedores.
Cuando la medida iba a ser asentada en el folio de matrícula de la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Caucasia, los parceleros se llevarían una gran sorpresa: La finca había sido vendida por la Sociedad Agropecuaria La Porcelana Ltda al señor Luis Carlos Ramírez, tan solo 18 días después que el Incoder profiriera la Resolución 1370 del 5 de junio de 2007, mediante la cual reconoció los derechos que sobre el predio tenía la Sociedad.
“Lo que pasa es que el señor Álvaro Echeverría se tiró una ‘avionada’: él reclamó la tierra y se la vendió a otras personas. Y estos últimos señores tumbaron todas las mejoras. Mejor dicho, nos violentaron las posesiones a todos los que estábamos ahí”, explica Roberto.
Esta no fue la única sorpresa que les esperaba a los parceleros. Las amenazas persistieron contra aquellas familias que decidieron quedarse a vivir en lo que consideraban como propio. Las intimidaciones fueron venciendo el coraje de las familias y para mayo de 2012 se registró el desplazamiento forzado de las dos últimas familias de los líderes más representativos de la comunidad de la Porcelana.
Según registros de la Defensoría del Pueblo, el sábado 28 de enero de 2012 incursionó al predio un comando de hombres armados, que profirieron amenazas a un joven del sector, diciéndole que tenía que desocupar porque el dueño ya llegaba a ocupar la tierra. La zozobra entre los parceleros y quienes fungían como sus líderes es permanente, pues para su infortunio, Cáceres hace parte de un corredor estratégico utilizado actualmente por las bandas criminales tanto para narcotráfico como para minería ilegal. Ello explica por qué las víctimas de este desplazamiento forzado y presunto despojo no han querido denunciar, pues temen por su seguridad.
La Porcelana, hoy
Luego de que el Incoder fallara desfavorablemente la solicitud de revocatoria de la Resolución 1370 de junio de 2007, hecha por La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, esta agencia insistió nuevamente, entablando una acción de tutela ante Juzgado 19 laboral del Circuito de Bogotá, a fin de tutelar los derechos de vida digna, mínimo vital y subsistencia de las familias desplazadas asentadas en el predio.
El Juzgado consideró que la tutela era improcedente, decisión que fue ratificada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá del 13 de noviembre de 2009. La Procuraduría apeló nuevamente la decisión, esta vez ante la Corte Constitucional. Y en Sentencia T-076 del 8 de febrero de 2011, la Alta Corte falló a favor de los campesinos y ordenó al Incoder anular la Resolución 1370 de 2007.
Tal decisión implica que el predio volvía a ser extinguido a favor del Estado para, posteriormente, ser adjudicado a los parceleros y así lo dejó en claro el Incoder que, para acatar lo ordenado por la Corte, profirió la Resolución 1976 de agosto de 2011. Sin embargo, el 31 de enero de 2012 el Consejo de Estado admitió demanda de revisión de esta Resolución ante el Contencioso Administrativo, la cual fue instaurada por Álvaro Echeverría Ramírez. Hasta que esta no se resuelva no queda en firme la venta de Echeverría, pero tampoco los campesinos pueden insistirle al Incoder que les titule esa tierras.
Este problema no es el único que afronta este empresario. En la región de los Montes de María, también ha sido cuestionado por la compra masiva de tierras a través de varias empresas, entre ellas la Sociedad Tierras de Promisión S.A., de la que es, según la Superintendencia de Sociedades, representante legal suplente. VerdadAbierta.com buscó a Echeverría Ramírez en su oficina, pero no respondió a las llamadas.
La realidad de La Porcelana, enclavada en el corazón del convulsionado Bajo Cauca antioqueño, va mucho más rápido que las decisiones judiciales. Indagaciones de la propia Defensoría señalan que, a la fecha, y aprovechándose de la interinidad legal en que está La Porcelana, hay personas explotando oro ilegalmente allí.
Roberto emprendió, desde octubre del año pasado, el trámite de reclamación de sus 30 hectáreas ante la Unidad de Restitución de Tierras, separándose de sus vecinos y dejándolos que ellos hagan sus propios trámites por diferencias en los manejos del proceso.
“Me han advertido que es un trámite muy complejo, que puede durar mucho tiempo, pero soy consciente de que esto es un lío jurídico”, reconoce el colono. Su pretensión es que le adjudiquen las 30 hectáreas que por varios años trabajó incansablemente. “Si van a devolver la tierra, deben dársela a quien toda la vida se sacrificó por ella todo el tiempo”, concluye, esperanzado en que el Estado por fin le dé la razón.
(*) Nombre modificado por razones de seguridad
