Por lo menos 10 departamentos están en riesgo al reactivarse las acciones militares de las Farc luego de anunciar que suspenden la tregua armada decretada en diciembre de 2014. Presidente Juan Manuel Santos afirmó que su gobierno está preparado para enfrentar represalias.
Hay temor de que escenas como estas se repitan por ataques de las Farc contra la Fuerza Pública, en donde también resulta afectada la población civil. Así quedaron varias casas de Jambaló, en Cauca, luego de un ataque. Foto: archivo Semana.
La decisión de la guerrilla de las Farc de suspender el cese al fuego, decretado de manera unilateral desde diciembre pasado, pondrá en riesgo las comunidades rurales y urbanas de por lo menos diez departamentos en el país en los cuales hay una fuerte presencia de estructuras de este grupo alzado en armas. Las alertas fueron encendidas por la Defensoría del Pueblo tras conocer la decisión del grupo guerrillero difundida desde La Habana, Cuba.
Si bien ese grupo armado había decretado el cese al fuego como una manera de contribuir al desescalamiento de la confrontación armada y allanar el camino para alcanzar un acuerdo del fin del conflicto con el gobierno nacional, que adelanta conversaciones con este grupo guerrillero desde octubre de 2012, los resultados contra uno de sus campamentos los llevó a levantar la medida.
Tales circunstancias generarán riesgos, según la agencia del Ministerio Público, en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Arauca, Putumayo, Huila, Nariño, Meta, Caquetá y Valle del Cauca, donde podría incrementarse la confrontación armada, lo que implicaría ataques contra la Fuerza Pública y, en consecuencia, se podría afectar la población civil ante eventuales acciones armadas indiscriminadas.
A través de un comunicado de prensa, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, hizo un llamado a la sensatez y dijo que “resulta necesario mitigar el impacto de la confrontación, de tal manera que se garantice la protección de los ciudadanos y se respeten lasnormas del Derecho Internacional Humanitario”.
La decisión de las Farc fue tomada luego de conocer los resultados de un bombardeo contra uno de sus campamentos en zona rural del municipio de Guapi, departamento del Cauca, en el que, según cifras gubernamentales perdieron la vida 26 guerrilleros. Ante ese ataque aéreo, los negociadores del grupo insurgente reaccionaron suspendiendo el cese al fuego decretado de manera unilateral el 20 de diciembre de 2014.
“Deploramos el ataque conjunto de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía ejecutado en la madrugada del jueves contra un campamento del 29 Frente de las Farc en Guapi (Cauca), en el que, según fuentes oficiales, resultaron asesinados 26 guerrilleros. Nos duelen por igual las muertes de guerrilleros y soldados, hijos de un mismo pueblo y procedentes de familias pobres. Debemos parar este desangre”, afirmaron en un comunicado los insurgentes desde La Habana, Cuba, sede de los diálogos.
De acuerdo con los alzados en armas, esta medida, que describieron como “un gesto humanitario y de desescalamiento del conflicto”, no estaba en sus planes inmediatos, pero decidieron tomarla ante “la incoherencia del gobierno Santos”, a quien señalan de adelantar, durante lo corrido de este año, “ofensivas terrestres y aéreas contra nuestras estructuras en todo el país”.
En su comunicado, los insurgentes de las Farc aseveraron que “contra nuestra voluntad tenemos que proseguir el diálogo en medio de la confrontación. Aunque Santos anuncia que mantendrá la ofensiva, insistiremos en la necesidad de acordar cuanto antes, para la salud del proceso de paz y evitar nuevas victimizaciones, el cese bilateral de fuegos que con tanta insistencia han reclamado las mayorías nacionales”.
En respuesta, el presidente Juan Manuel Santos, destacó la legitimidad del ataque aéreo en zona rural de Guapi y resaltó que las “Fuerzas Armadas están cumpliendo con su deber y con las órdenes”. Además, aseguró que su gobierno está preparado para enfrentar las represalias de las Farc: “La guerrilla salió precisamente a decir que suspendían su cese al fuego, enviaban ofensivas militares como un acto de represalia. Por supuesto que estaremos preparados para eso, pero insistiremos en buscar esa paz, esa paz que el país necesita”.
Como un gesto de desescalamiento, el presidente Santos tomó la decisión el 10 de marzo pasadode suspender, durante un mes, los bombardeos contra campamentos de las Farc tras recibir informes de los altos mandos militares y policiales, así como de gobernadores y alcaldes, del cumplimiento del cese al fuego unilateral de esa guerrilla.
Si bien la medida fue temporal, se esperaba que tras un mes de vigencia se renovara, pero las acciones de los insurgentes contra un batallón del Ejército el pasado 14 de abril que estaba asentado en la vereda La Esperanza, del municipio de Buenos Aires, Cauca, que dejó 11 uniformados muertos, llevó al presidente Santos a levantar la medida y ordenar de nuevo las operaciones aéreas contra las posiciones de la guerrilla.
Tregua de cinco meses
Las Farc anunciaron en diciembre un cese al fuego unilateral, pero decidieron suspenderlo tras el ataque que recibieron en Guapi. Ahora se teme que el conflicto escale nuevamente. Foto: archivo Semana.
Si bien desde el comienzo de las conversaciones con el gobierno nacional se decidió dialogar sin detener las acciones armadas, las Farc han decretado varios ceses al fuego de manera unilateral en los últimos dos años como un gesto de buena voluntad, siendo el decretado el 20 de diciembre pasado el más prolongado y con resultados que han sido destacados, incluso, por diversas entidades estatales, organizaciones no gubernamentales y agencias multilaterales.
Al respecto, el Defensor del Pueblo reconoció “las bondades del cese unilateral ofrecido por las Farc, el cual se refleja en la disminución de ataques terroristas, menos afectaciones a la infraestructura energética y petrolera, así como en un número inferior respecto a las muertes de combatientes. Según el Ministerio de Defensa, entre enero y abril hubo una reducción del 47 por ciento, al pasar de 116 miembros de la Fuerza Pública asesinados en actos del servicio durante 2014, a 61 en el mismo período del presente año”.
El Sistema de Naciones Unidas en Colombia destacó, por su parte, los resultados del cese al fuego unilateral: “los combates y acciones bélicas con participación de las Farc-Ep se redujeron en un 66% en comparación con el mismo periodo del año anterior y hubo 47% menos muertes de militares. Según datos de analistas independientes, los niveles de enfrentamientos armados disminuyeron hasta niveles no vistos desde los años 80. El número de personas desplazadas en eventos masivos a raíz de acciones con participación de las Farc-Ep disminuyó un 83% en comparación con el período inmediatamente anterior”.
Para Naciones Unidas, “estos logros no deben ser desperdiciados. Son vidas humanas preservadas y sufrimiento que se ha evitado”, e hizo un llamado para sean reforzados esos logros “con el objetivo de alcanzar al fin definitivo del conflicto. Es justo en los momentos de dificultad y desaliento en la negociación cuando más hay que insistir en los beneficios de la paz”.
De acuerdo con el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), que dirige Jorge Restrepo, cumplidos cinco meses del cese al fuego unilateral, las Farc registran 21 acciones ofensivas violatorias de su propia decisión, no obstante, se mantienen en mínimos históricos. En un informe enviado a VerdadAbierta.com, este organismo advierte que la acción armada que acabó con la vida de 11 militares “borró de la opinión pública el efecto positivo de la reducción de la violencia”. (Vea mapa de las violaciones identificadas)
Cauca, teatro de guerra
En el departamento de Cauca han ocurrido los últimos grandes episodios de la guerra que afectan al proceso de paz: la muerte de ‘Alfonso Cano’, la emboscada a los soldados en La Esperanza que acabó con la suspensión de los bombardeos de la Fuerza Pública y el ataque en Guapi que originó el fin del cese unilateral de las Farc. Foto: archivo Semana.
Este departamento vive en medio de paradojas generadas por el conflicto armado. El pasado 21 de mayo será recordado como el día en el que la Fuerza Pública le asestó un fuerte golpe a las Farc en Guapi; sin embargo, ese día y en ese mismo municipio de la Costa Pacífica caucana, 184 familias que fueron desplazadas y estaban hacinadas en la cabecera municipal desde hace diez meses por enfrentamientos entre la guerrilla y bandas criminales que se lucran de minería ilegal, regresaron a sus sitios de origen sobre el río Guapi.
Amarildo Correa, secretario de Gobierno de Cauca, le explicó a VerdadAbierta.com que ese retorno se hizo con motivo del Día de la Afrocolombianidad, y que para tal propósito intervinieron diferentes instituciones como la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Alcaldía, la Gobernación, la Unidad de Víctimas y la Armada Nacional. “Esperamos que el cese al fuego por parte de las Farc no afecte el retorno de las familias”, apuntó Correa.
El funcionario agregó que en Guapi, como en la mayoría de sitios donde vive población afrocolombiana, no hay Estado: “allá se imponen la delincuencia común, el crimen organizado a través de la minería ilegal, la insurgencia con sus movimientos, y el narcotráfico: la población está atrincherada y miserable”. En medio de esas circunstancias vive la población civil del municipio que está en boca de todos los colombianos porque fue el epicentro de una nueva fisura en el proceso de paz.
El anuncio de suspender el cese al fuego unilateral inmediatamente generó temor entre las comunidades de este departamento. “Hay una gran preocupación porque teníamos la gran esperanza de que en Colombia por fin cesara la guerra, pero vemos que esto se está embolatando por acciones de gente que no quiere la paz”, le dijo a VerdadAbierta.com un líder indígena Nasa perteneciente a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), que pidió mantener en reserva su nombre. A este líder le preocupa que ante “el evidente reagrupamiento de todos los actores armados” se generen fuertes confrontaciones en las que termine afectada la población civil, como ha sido habitual en esa región.
Para Roller Escobar, coordinador del Área de Derechos Humanos de la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas (Uaofroc), que agrupa a 23 consejos comunitarios, el fin del cese al fuego unilateral genera una situación muy delicada, porque últimamente se ha incrementado el pie de fuerza en el norte del departamento, sobre todo en la entrada hacia la región de El Naya, en Buenos Aires.
Además, denuncia que tropas del Ejército han transitado y acampado en bienes civiles, los cuales posteriormente han sido minados por la guerrilla. “El Ejército ha venido ocupando sitios públicos en Buenos Aires, se ubican en las escuelas, en los sitios comunitarios, y entonces la guerrilla los mina. Eso es una infracción al Derecho Internacional Humanitario”, señala, al recordar que hace unos días murió una niña de siete años activar una mina antipersonal cuando salió de la escuela en una de las veredas de ese municipio. (Ver: Muere niña de siete años por mina antipersonal en escuela de Cauca)
El secretario de Gobierno espera “que el rompimiento de la tregua no desencadene fuertes ataques contra la población civil ni contra los cuarteles militares ni de policía”, y pide que no se rompan los diálogos porque “los colombianos estamos esperando frutos para la paz”. Las comunidades también coinciden en que las negociaciones de paz no se deben acabar por el bombardeo de la Fuerza Pública en Guapi y por la cancelación del cese al fuego unilateral, y les piden a los negociadores de ambos bandos que no se paren de la mesa en Cuba.
Pese a que el Procurador General de la Nación calificó el cese al fuego de las Farc como “caricatura que en la práctica no se aplicaba” y a que diferentes sectores sociales lo han cuestionado, las comunidades consideran que éste fue beneficioso y les dio respiro durante estos cinco meses.
Escobar, quien le hace seguimiento de cerca a la situación de derechos humanos del pueblo afro en el norte de Cauca, destaca que con el cese unilateral “había algo de tranquilidad”, y considera que antes los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la subversión eran semanales. “Hasta octubre del año pasado tuvimos bastantes enfrentamientos en la zona alta de Buenos Aires y Suárez, que dejaron más de 2.200 desplazados; por combates en 2013, en La Alsacia se desplazaron 180 familias y otras 200 en Timba”, recuerda, y reconoce que se dieron algunos hostigamientos que no fueron como los combates de antaño.
El miembro de la Acin estima que “a pesar de los hechos que se presentaron en el norte de Cauca, hubo tranquilidad hasta el día en el que sucede lo de La Esperanza (la emboscada del mes pasado en donde fueron asesinados los once soldados). En ese periodo los indicadores de hechos violentos y de señalamientos bajaron sustancialmente, y nos dio tranquilidad a los pueblos indígenas, especialmente en la parte alta, donde se presentaban las confrontaciones”. Las acciones a las que se refiere son choques entre las Farc y el Ejército, como los que ocurrieron en el resguardo de Huellas, en la vereda Carpintero y en El Palo.
Y el secretario Correa define que en el “departamento sí sintió la tregua, y aunque habían algunas confrontaciones aisladas, puedo decir que había cierto ambiente de tranquilidad que valoramos y que seguramente vamos a extrañar”.
Los líderes comunitarios consultados por VerdadAbierta.com coinciden en que se deben respaldar las negociaciones de paz a pesar de todos sus accidentes y del dolor que se genera con el paso del tiempo por negociar en medio de la guerra. “Una de las cosas más importantes para las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas que estamos en los territorios donde hay conflicto armado, es que las negociones continúen y avancen. En las ciudades es muy fácil decir que se levanten de la mesa y bombardeen, pero la gente del campo se levanta con el temor de pisar una mina al peinar sus cultivos”, señala Escobar.
El líder Nasa hizo un llamado para que “el pueblo colombiano le diga no a la guerra y sí a la paz, especialmente en nuestros territorios. Los convocamos a todos para que visiten las zonas donde hemos sido victimizados por la guerra, para que conozcan nuestras realidades y nuestras percepciones. Las realidades del campo y de la ciudad son muy diferentes”.
Las dudas sobre el rumbo que tomará la guerra están abiertas, pero desde ya las comunidades han identificado y alertan que en la zona alta de Buenos Aires, a la entrada de la región de El Naya, existe una amenaza de desplazamiento masivo por el aumento de tropas en la región y la disposición de las Farc de entrar en confrontaciones abiertas. Así las cosas, con el rompimiento de la tregua unilateral, la población civil podría llevar la peor parte.
