La cifra corresponde al 0,7 por ciento de los excombatientes que dejaron sus armas e intentan regresar a la vida legal. Los pocos recursos se han obtenido a través del Consejo Nacional de Reincorporación. Varias iniciativas han sido autofinanciadas y gestionadas por ellos mismos.
De los cerca de 14 mil exintegrantes de las Farc que dejaron las armas, sólo 87 han recibido dineros del Estado para proyectos productivos de carácter colectivo. Las cifras están consignadas en un informe de diez páginas que el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) le acaba de enviar a la Comisión de Paz del Senado de la República, a propósito de una sesión realizada el miércoles pasado en la que se analizó el proceso de reincorporación de los excombatientes y a la que asistieron el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Andrés Stapper.
El documento, preparado por el componente de la Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), da cuenta del lánguido estado en que se encuentra la puesta en marcha de proyectos productivos para los exguerrilleros, de vocación mayormente agraria (el 77 por ciento son de origen rural, de acuerdo con el censo realizado por la Universidad Nacional de Colombia).
En el informe consta que, a la fecha, el Estado sólo ha entregado recursos para el desarrollo de dos iniciativas. La primera agrupa a 17 excombatientes asentados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Antonio Nariño, ubicado en Icononzo, Tolima, y consiste en la cría de ganado doble propósito. Aunque desarrollarla cuesta cerca de 488 millones de pesos, apenas se han desembolsado 136.
La segunda iniciativa incluye a 70 excombatientes que se encuentran en el ETCR Óscar Mondragón, de San Vicente del Caguán, Caquetá, y consiste en el montaje y mantenimiento de una granja integral. A diferencia de la primera, esta iniciativa ya recibió el total de 560 millones de pesos que requiere para funcionar.
Así las cosas, sólo el 0,7 por ciento de los exguerrilleros que se acreditaron ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz han sido cobijados por la ejecución de proyectos.
La cobertura podría aumentar si el gobierno nacional desembolsa los dineros que se requieren para las otras 15 iniciativas que han sido aprobadas por el CNR y que agrupan a 1.031 personas ubicadas en Bogotá, Tolima, Caquetá, Nariño, Cauca, Meta, Chocó, Antioquia, Guaviare, Putumayo y Santander.
Ese paquete de proyectos requiere 11.844 millones de pesos, de los cuales los excombatientes pondrían 8.248 millones mediante la inversión de los ocho millones a los que cada uno tiene derecho para desarrollar proyectos en virtud del Acuerdo Final de Paz. Los 3.596 millones restantes los aportaría el gobierno nacional.
A la fecha están en fase de alistamiento cuatro de las quince iniciativas, que se desarrollarían en Nariño, Cauca y Meta. Ello implica que, aunque aún se deben superar requerimientos legales, los desembolsos para esos proyectos deberán hacerse en el corto plazo.
La compleja situación fue reseñada por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia en su informe trimestral fechado el 20 de julio pasado y presentado al Consejo de Seguridad: “Pese a estos esfuerzos, el objetivo fundamental de proporcionar oportunidades de generación de ingresos a 14.000 excombatientes está lejos de alcanzarse”. (Descargar informe)
Sin impacto
Aun habiendo aprobado esas propuestas, la reincorporación colectiva canalizada a través del CNR ha tenido un bajo impacto en el universo de excombatientes. Si se ejecutaran exitosamente las 17 iniciativas aprobadas a la fecha, tan sólo se impactaría al ocho por ciento de esa población.
El ritmo lento al que van los procesos en el CNR ha llevado a cientos de exguerrilleros a desarrollar proyectos con sus propios recursos o con apoyo de cooperación internacional. De acuerdo con los cálculos del componente Farc en el CNR, actualmente existen 259 iniciativas productivas en los ETCR o en zonas aledañas. De ese número, el 67 por ciento han sido enteramente gestionadas por los excombatientes; el 12 por ciento cuentan con apoyo de organismos internacionales; y el 5 por ciento han recibido donaciones. El resto no cuenta con fuente de financiación definida o hace parte del grupo que se encuentra en trámite ante el Consejo Nacional de Reincorporación. (Lea más: Farc en Arauca: entre amenazas de disidencias y compromiso con la reintegración y en el ETCR más atrasado del país no dejan de apostarle a la paz)
Según Leonardo Sarmiento, integrante del equipo técnico de la Farc en el CNR, la demora de los trámites en esa instancia está relacionada con, por lo menos, dos factores: de un lado, las precarias condiciones en que trabaja el equipo y, de otro, la falta de recursos para desarrollar las iniciativas.
En cuanto a las capacidades de la Farc, Sarmiento señala que tan solo seis de sus cerca de 20 integrantes en el CNR están destinados exclusivamente a la estructuración de proyectos en todo el país, debiendo realizar diagnósticos, análisis de cadenas productivas y presupuestos: “El CNR componente Farc tiene una debilidad muy grande en términos de su capacidad operativa, por lo que hoy en día no existe la posibilidad de llegar a todos los ETCR y a los Nuevos Puntos de Reagrupamiento (NPR) para hacer el ejercicio de elaboración de proyectos”.
La situación empezó a agravarse hace un par de meses, cuando se terminaron los contratos de los 26 estructuradores regionales pagados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La falta de esos enlaces obligó a los seis integrantes del CNR designados para esa tarea a distribuirse el país en áreas extensas, distantes entre sí y de difícil acceso, al punto de que uno solo debe atender las iniciativas formuladas en los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo.
La debilidad del equipo de la Farc fue reconocida por el gobierno nacional en el documento Conpes de Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de los Exintegrantes de las Farc-Ep, publicado en junio pasado. En él, se acordó que, a partir del primer semestre de 2019, la ARN deberá gestionar recursos para “garantizar el funcionamiento del componente Farc en el CNR y los CRT (Consejos Territoriales de Reincorporación)”, así como para fortalecer sus capacidades técnicas y de formación.
Tropiezos
En cuanto al desembolso de los recursos necesarios para desarrollar las iniciativas, también se han presentado múltiples obstáculos. Uno de los más relevantes tiene que ver con las solicitudes de apertura de cuentas bancarias para las cooperativas creadas por los excombatientes, que han sido negadas en 38 ocasiones por cuenta de la situación jurídica en la que se encuentran las personas en proceso de reincorporación, lo cual ha retrasado aún más los desembolsos de los proyectos aprobados en el CNR, que deben surtir múltiples trámites.
Esa misma razón, sumada a la falta de historia crediticia, ha impedido el acceso a créditos en el Banco Agrario y en el Fondo de Financiamiento para el Sector Agropecuario (Finagro).
El problema para acceder a nuevas fuentes de financiamiento ha hecho que los proyectos formulados se hayan limitado a la fase de producción, según explica Sarmiento: “Nos ha tocado ajustar los proyectos a los recursos, por lo que está muy primarizado el enfoque. Nos falta mucho para poder proponer, por ejemplo, la creación de sellos de paz o de productos con denominaciones de origen, que es lo que nos permitiría generar empleo, valor agregado y sostenibilidad”.
Esas carencias presupuestales y la complejidad de los trámites administrativos se han extendido a la organización Economías Sociales del Común (Ecomún), concebida como el paraguas de las organizaciones de economía solidaria de los excombatientes. A la fecha, la entidad no cuenta con recursos para comunicaciones, transporte o planta de personal, y sus promotores han invertido la mayor parte del tiempo en resolver asuntos administrativos. (Leer más en: Las cooperativas de las Farc, apuesta de desarrollo local)
Según consta en el documento Conpes de Reincorporación, de las 70 cooperativas creadas bajo Ecomún, 47 cuentan con registro de Cámara y Comercio, pero sólo siete han superado el “trámite de control de legalidad” realizado por la Superintendencia de Economía Solidaria, todo lo cual se ha debido a “debilidades administrativas y de gestión”. De acuerdo con el documento, ninguna de esas organizaciones, integradas por 3.276 excombatientes, cuenta con “infraestructura, dotación y personal calificado”.
Al respecto, Sarmiento opina que “el esfuerzo de formulación e implementación de proyectos requiere acompañamiento técnico, seguimiento y monitoreo de las cooperativas para que la gente involucrada participe, se apropie y se meta en la lógica de mantener su iniciativa desde una organización solidaria. Esa situación no ha sido tenida en cuenta por las entidades que acompañan este proceso, y nosotros con seis personas no lo podemos hacer”.
¿Y la tierra?
El otro problema para el desarrollo de los proyectos productivos es la falta de tierra. Después de múltiples discusiones en el CNR, el gobierno nacional expidió unilateralmente un decreto que permite la adjudicación colectiva, aunque no de manera prioritaria. Con ese marco normativo, las partes acordaron solicitarle a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la compra de predios de manera gradual, a medida que se van aprobando los proyectos productivos. (Lea más: Se embolata adjudicación de tierras para la Farc)
A la fecha, el CNR le ha solicitado a la ANT la adquisición de ocho predios, que suman 384 hectáreas y cuestan cerca de seis mil millones de pesos. De ellos solo se ha comprado la finca en la que se construyó el ETCR Jaime Pardo Leal, ubicada en San José del Guaviare, Guaviare, de 71 hectáreas y un valor de 599 millones, aunque aún no ha sido adjudicada a la cooperativa que existe en la zona.
De acuerdo con el Conpes, son dos los principales obstáculos que ha enfrentado la ANT para la adjudicación de tierras: el aumento de los precios por parte de los propietarios de los predios “al evidenciar que el Estado llevaría a cabo la compra”, y la falta de “capacidad técnica” de las cooperativas “para el cumplimiento de los criterios exigidos en cada procedimiento de acceso”.
Al respecto, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, en su informe trimestral de julio pasado reseñó que “si bien la vía hacia la adquisición de tierras por parte de excombatientes ya se ha definido, será responsabilidad del próximo Gobierno hacer que sea amplia y prontamente accesible para los excombatientes en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación y otros asentamientos”.
Todas esas dificultades han generado no solo la salida masiva de los excombatientes de los ETCR y la constitución de los NPR, sino también fuertes cuestionamientos desde las regiones hacia la dirigencia de la Farc que reside en Bogotá, señalada de no acompañar a la base en los territorios ni presionar lo suficiente para que avance el proceso de reincorporación colectiva.
Como consecuencia de las críticas y de la “desaparición” de ocho de los antiguos excomandantes de la guerrilla que se encontraban liderando seis ETCR del suroriente del país, el presidente de la Farc, Rodrigo Londoño, se encuentra en una gira por varios de esos espacios para “escuchar atentamente a la militancia, traer las conclusiones del (segundo) pleno del Consejo Nacional de los Comunes y responder las dudas”, según declaró en su cuenta de Twitter. (Lea más: Farc sigue unida, pero golpeada por caso ‘Santrich’ y debates internos)
Son múltiples los desafíos que enfrenta el nuevo gobierno nacional para sacar adelante la reincorporación. El pasado jueves 20 de septiembre, tras una reunión con el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Jean Arnault, el presidente de la República, Iván Duque, reconoció que el proceso atraviesa una “fragilidad de recursos”, así como “complejidades institucionales”. No obstante, se comprometió a “seguir adelante en el proceso de desmovilización, desarme, reinserción, reincorporación de las personas que han estado en esa organización (las Farc)”.
En su Segundo Informe sobre el Estado Efectivo de la Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, publicado en agosto pasado, el Instituto Kroc señaló la necesidad de “poner en marcha lo más pronto posible” la Política Nacional de Reincorporación, así como “terminar de aprobar en el CNR los proyectos productivos” y “dar mayor asistencia técnica a Ecomún y las cooperativas constituidas en los ETCR”.
De momento, el gobierno nacional se encuentra evaluando la manera como implementará la Política, clave para la consolidación del proceso de paz.
