Tambalea sometimiento de alias ‘Macaco’ a la JEP

Un informe de inteligencia difundido por el diario El Espectador tiene en vilo la asistencia de este exparamilitar a una audiencia única de aporte a la verdad para evaluar si es aceptado en esta jurisdicción transicional. El documento advierte que sigue delinquiendo desde la cárcel. Lo paradójico es que su versión de la guerra comprometería a amplios sectores de la Fuerza Pública.

El pasado 17 de mayo, el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, conocido con el alias de ‘Macaco’, recibió una notificación que le cayó como un balde de agua fría: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le notificó que estaba estudiando una denuncia que lo señalaba como jefe de una organización del crimen organizado que se conoce como ‘La Cordillera’ y de su conclusión depende si se será escuchado en esa instancia judicial para evaluar su sometimiento y recibir sus beneficios o declinar de manera definitiva su petición.

La JEP le notificó a ‘Macaco su situación el mismo día de publicada la denuncia en El Espectador.  El artículo de prensa del diario capitalino se fundamenta en un documento calificado de “ultra secreto” y fechado el 3 de mayo de 2022. Al parecer fue elaborado por Inteligencia Militar con información de Inteligencia de la Policía.

Según el informe citado, “este grupo delincuencial organizado está compuesto por aproximadamente 35 integrantes, bajo el mando criminal de alias Don A o Diego Pereira. Según información de inteligencia de la Policía, estaría siendo direccionada además por el exparamilitar alias Macaco, extraditado a los Estados Unidos en 2008, deportado y recapturado en Colombia a su retorno en julio de 2019”.

La fecha del documento es clave: al parecer se elaboró un día después de que el Gustavo Petro, en su condición de candidato presidencial, cancelara una gira por varios municipios de la región del Eje Cafetero porque se habría descubierto un plan de ‘La Cordillera’ para matarlo durante ese recorrido.

En el informe de Inteligencia, citado por El Espectador, se cuestiona la decisión del entonces candidato Petro porque a juicio de quienes lo elaboraron “está siendo usado políticamente para cuestionar al Gobierno (Duque) y para hacer señalamientos tendenciosos a la fuerza pública, argumentando supuesta complacencia de sus integrantes con la Cordillera”.

La JEP le notificó a ‘Macaco’ que su pretensión de someterse a esa instancia de justicia transicional, como tercero civil que financió grupos armados ilegales, está bajo revisión y a la espera de mayor información de las autoridades, lo que pone una pausa a la cita que se había convenido con el exparamilitar para que en julio próximo asistiera a una audiencia única de aporte a la verdad.

No es la primera vez que los organismos judiciales lo relacionan con una posible reincidencia criminal. En el pasado, fue investigado por sus posibles nexos en la creación de las llamadas ‘Águilas Negras’ en el departamento de Norte de Santander, conformadas por exparamilitares. En esa ocasión, un juez lo absolvió. (Leer más en: Juez sentencia que ‘Macaco’ no creó ‘Águilas Negras’)

Este exjefe paramilitar comandó el Bloque Central Bolívar, una de las estructuras más poderosas asociadas a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que alcanzó a tener cerca de 7 mil integrantes, un área de operaciones que abarcó amplias regiones de 14 departamentos del suroriente del país, en especial, aquellos donde había enclaves cocaleros, y realizar alianzas con sectores de organismos de seguridad del Estado. (Leer más en: Los tentáculos del Bloque Central Bolívar)

Notificación de la JEP

“A efectos de decidir si es procedente o no continuar con el trámite de solicitud de sometimiento del señor Jiménez Naranjo en la JEP, se debe establecer la veracidad de la información difundida en el diario El Espectador el 17 de mayo de 2023”, le comunicó la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas a alias ‘Macaco’ a través de la Resolución SDSJ N° 1528.

La decisión de esta Sala de la JEP se basa en los requisitos que se aplican para aquellas personas que buscan el sometimiento a esa instancia judicial, entre ellos que realice aportes a la verdad plena y que sean verificables; haga una propuesta seria de reparación a las víctimas; y brinde garantías de no repetición de sus acciones criminales. De no cumplir con esas condiciones, “será emitida decisión interlocutoria de inadmisión por incompetencia”.

Para sopesar la situación del exjefe paramilitar, la Sala de Situaciones Jurídicas de la JEP le solicitó al Comando General de las Fuerza Militares de Colombia, así como a la Dirección General de la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación “que informen a este despacho si el señor Carlos Mario Jiménez Naranjo […] se encuentra investigado por conductas punibles ocurridas con posterioridad al 1° de diciembre de 2016, relacionadas con la banda delincuencial ‘La Cordillera’”.

“En caso afirmativo –agregó la comunicación citada– deberán remitir copia de los documentos, piezas procesales o decisiones judiciales que así lo acrediten”. Para el cumplimiento de esa petición, les dio a las entidades un plazo de diez días hábiles, “contados a partir de la comunicación de esta decisión”, que se vencen a finales de la semana entrante.

La Sala les recordó a esas instituciones que, según las normas que la rigen, “la Jurisdicción Especial para la Paz contará, en todo tiempo y lugar, con la plena colaboración de la fuerza pública y de los órganos de la jurisdicción ordinaria, a efectos de garantizar el adecuado ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales”.

Además, les precisó que, según el artículo 20 de la Ley 57 de 1985, “el carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones”.

Finalmente, le ordenó a la Secretaría Judicial de la Sala que una vez vencidos los “términos concedidos en la presente resolución para dar cumplimiento a lo ordenado, en caso de que no sean atendidos, transcurridos tres días hábiles reitere por una sola vez los requerimientos realizados, ante un nuevo incumplimiento deberá informarlo a este Despacho para adoptar las decisiones pertinentes frente al desacato a la decisión judicial”.

¿Qué es ‘La Cordillera’?

Es una organización criminal de la que se tienen rastros desde el 2005, cuando se cree que fue constituida en Pereira, coincidiendo con los procesos de desmovilización colectiva de los distintos bloques y frentes asociados a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), entre ellos el Bloque Central Bolívar, comandado por Jiménez Naranjo, a quien las autoridades señalan de ser su fundador.

Investigaciones judiciales definen esta organización criminal como “una mega estructura criminal”, con una clara distribución de funciones, que tiene bajo su control diversas actividades ilícitas que se desarrollan en la región del Eje Cafetero y está integrada al tráfico internacional de cocaína de alta pureza a través de diversas rutas hacia los mercados de Centroamérica y Estados Unidos; asimismo, cuenta con diversas estrategias de lavado de activos para blanquear sus ganancias; y con redes que financian campañas políticas locales y regionales.

‘La Cordillera’ cuenta con un gran poder corruptor y resultado de ello son sus relaciones con sectores de la Fiscalía y de la Policía, que al parecer influyen en las investigaciones contra sus integrantes, lo que ha evitado que las acciones judiciales contra ellos prosperen. De hecho, es frecuente que en los operativos en su contra se capturen agentes activos o exagentes de la institución policial.

Esta organización criminal estaría involucrada en el asesinato del activista y estudiante universitario Lucas Villa Vásquez, ocurrido el 5 de mayo de 2021 en Pereira, durante una jornada de protestas en desarrollo del llamado estallido social contra el gobierno del entonces presidente Iván Duque.

De acuerdo con una investigación periodística adelantada por un consorcio internacional liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el medio universitario 070, en este hecho habrían participado agentes de la Policía e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, en asocio con ‘La Cordillera’. (Leer reportaje en: Los policías, el barbero y los cabos sueltos de un crimen impune)

Sus redes se extienden a diversos municipios de Risaralda, Antioquia, Chocó, Cundinamarca, Valle del Cauca, Quindío y Caldas, y se han fortaleció a través de alianzas con organizaciones del crimen organizado de esos departamentos. Si bien informes de investigación judicial indican que ‘La Cordillera’ logró “establecer su hegemonía territorial bajo el liderazgo de varias personas que son invisibles para las autoridades en la actividad delincuencial, ya que son reconocidos en el ámbito local como distinguidos empresarios y comerciantes”, por lo menos han logrado identificar a varios de ellos.

Se destaca a la cabeza de la estructura Obed Erminson Maldonado Arenas, alias ‘Trescaras’ o ‘El Número’. Capturado el 28 de agosto de 2015 en Medellín por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y testaferrato, fue dejado en libertad el 22 de febrero de 2020 y a finales de ese año retomó el mando de ‘La Cordillera’.

Detrás de Maldonado Arenas, ubican a Diego Fernando Ruiz Quintero, conocido con los alias de ‘Don A’ o ‘Diego Pereira’. Entre los años 2017 y 2020 asumió la jefatura de ‘La Cordillera’, tras la captura de varios de sus principales mandos, entregándolo de nuevo a alias ‘Trescaras’ o ‘El número’, para bajar su perfil y, de esa manera, retomar la coordinación de alianzas con organizaciones internacionales del tráfico de drogas, según se lee en expedientes judiciales conocidos por este portal.

En documentos consultados por VerdadAbierta.com se lee que “la alta capacidad de corrupción de la empresa criminal genera dificultades para que las investigaciones en contra de esta organización avancen de manera efectiva”, y reporta que esta organización tiene códigos de comunicación que “dificulta establecer las actividades que desarrollan, utilizando aplicaciones y tecnologías, y en la actualidad no se cuenta con herramientas informáticas que permitan infiltrar la empresa criminal”.

La investigación periodística liderada por CLIP y 070 contiene una frase que da cuenta del pesimismo de un funcionario judicial para enfrentarse a esta estructura del crimen organizado: “Dada la ubicación geográfica de esta Fiscalía y la alta peligrosidad que el Grupo Delincuencial representa, así como las limitaciones en cuanto a personal como de medios, resultando complejo para esta Fiscalía avanzar con la investigación.

¿Y la verdad?

De prosperar la investigación contra el exparamilitar Jiménez Naranjo, se privaría la posibilidad de conocer a fondo y, posiblemente, con material probatorio, su versión de cómo logró constituir una estructura paramilitar de más de 7 mil integrantes que se conoció como el Bloque Central Bolívar (BCB) y se posicionó a sangre y fuego amplias regiones de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cundinamarca, Chocó, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Putumayo y Vichada, según información de los tribunales de Justicia y Paz.

Inicialmente acogido a los beneficios de la Ley 975 de 2005, conocida como de Justicia y Paz, fueron pocas las veces que versionó en ese escenario de justicia transicional creado para juzgar a los exparamilitares que se desmovilizaron de manera colectiva bajo los acuerdos con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (Auc).

En ese proceso fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 por orden presidencial y tras negarse a comparecer desde ese país ante Justicia y Paz, fue excluido del sistema por decisión tomada el 2 de diciembre de 2014, la cual fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia el 2 de noviembre de 2016. Tras pagar una condena de poco más de diez años regresó al país en 2019 para enfrentar a la justicia por los delitos cometidos a su paso por el BCB, razón por la cual enfrenta altas condenas.

Desmovilizados que estuvieron bajo su mando y continuaron en el proceso de Justicia y Paz detallaron cómo este bloque paramilitar tuvo alianzas con sectores de la Fuerza Pública para expandirse, consolidar su poder y desarrollar sus operaciones contra enclaves de las guerrillas de las extintas Farc y el Eln en zonas cocaleras.

Detalles de esos nexos quedaron consignados en las cinco sentencias que han proferido la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá entre los años 2013 y 2019 contra más de un centenar de exparamilitares del BCB. A través de diversas versiones de sus exintegrantes, se conocieron detalles de cómo esta estructura asociada a las Auc se concertó con oficiales y suboficiales de brigadas y batallones del Ejército, así como con comandantes de Policía y agentes del DAS, para operar sin mayores obstáculos. (Leer más en: Miembros del BCB dicen que tenían informantes en el DAS y el Ejército en Barranca)

De hecho, en una de las sentencias proferidas, se exhortó a la Fiscalía para que continuará “las labores de investigación sobre los nexos que tuvieron integrantes de la Fuerza Pública con el Bloque Central Bolívar en sus zonas de injerencia”.

El BCB también estableció alianzas con sectores del comercio, el transporte y la industria en aquellas zonas donde operaron, con el fin de obtener recursos para el mantenimiento de sus estructuras con el fin de contener las acciones de las guerrillas. También se identificaron nexos con sectores políticos locales, regionales y nacionales. (Leer más en: El matrimonio entre el BCB y Convergencia Ciudadana en Santander)

El testimonio de alias ‘Macaco’ podría ser clave para esclarecer lo ocurrido la Cárcel La Modelo de Bogotá con las desapariciones de varios internos durante la confrontación que sostuvieron paramilitares y guerrilleros presos en ese centro penitenciario entre los años 1997 y 2005. (Leer más en: Los desaparecidos de La Modelo)

Al respecto, en una de las sentencias de Justicia y Paz, los magistrados le solicitaron a la Fiscalía que documentara “la extensión del conflicto armado al interior de la Cárcel Modelo de Bogotá y de otras cárceles del país que fueron tomadas por los grupos paramilitares. Así mismo, que los hallazgos puedan develar las estructuras organizadas de poder, los patrones de criminalidad, la red de terceros que permitieron su funcionamiento, su funcionalidad y articulación con estructuras paramilitares que operaban en las ciudades o departamentos donde se encontraban los centros carcelarios y penitenciarios”.

Otro de los temas en los que probablemente alias ‘Macaco’ tendría qué aportar en el ámbito político, no sólo porque el BCB tuvo nexos probados con líderes políticos locales, regionales y nacionales, sino porque fue una estructura que no solo fue una máquina de guerra, sino que tuvo un ideario político que consignó en por lo menos dos publicaciones. (Leer más en: Bloque Central Bolívar: una máquina de guerra con ideario político)

Además, su testimonio sería clave para establecer si su poderosa estructura armada, que dejó miles de muertos, desaparecidos y desplazados, tuvo alguna injerencia en las elecciones presidenciales que los años 2002 y 2006, que llevaron a la Casa de Nariño al entonces candidato Álvaro Uribe Vélez.

Al aceptar su asistencia a una audiencia única de verdad plena, la JEP le había solicitado a Jiménez Naranjo una “relación de los temas que sustenten que en el periodo comprendido entre los años 1990 y 1996 financió las AUC, especificará en concretó cómo lo hizo, en qué montos si se trata de dinero, cómo lo entregó, si se trata de otro tipo de financiación o fortalecimiento del grupo armado ilegal explicará en qué consistió, de qué manera lo hizo, dónde, con quienes se contactó y demás circunstancias que permitan corroborar la veracidad de sus afirmaciones”.

Además, que expresara “si mientras fue paramilitar estuvo ‘incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública’, en caso afirmativo deberá demostrar respecto de qué hechos actuó como ‘bisagra o punto de contacto entre el aparato oficial y los paramilitares, no solo par efectos operacionales, sino, también, para el flujo de información e inteligencia, la entrega de armas y dotación, apoyo logístico, transferencia de recursos económicos”, así como “su posible máxima responsabilidad por los patrones macrocriminales ejecutados conjuntamente con las fuerzas armadas regulares, bajo la modalidad de liderazgo”.

Por lo pronto, esas peticiones exigidas por la JEP para evaluar su sometimiento a esta instancia judicial están en vilo, mientras se aclara si su reincidencia en el crimen es cierta, tal como lo advierten informes de inteligencia militares y de policía.