Escrito por: Carlos Mayorga Alejo – @CarlosMayorgaA

Entre plantas de bambú, manos pintadas, velas blancas y una muñeca, el 13 de noviembre, cinco magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentaron al país las conclusiones de 50 años de conflicto armado en el que las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) reclutaron niños, niñas y jóvenes a sus filas.

A través de este Auto de Determinación de Hechos y Conductas, seis de los siete representantes del último Secretariado de las extintas Farc fueron imputados como cautores mediatos por el reclutamiento, alistamiento y la utilización de menores, así como por otros crímenes de guerra cometidos contra los menores, que contemplan malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio.

La decisión se tomó dentro del macrocaso 07 —que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, bajo la dirección de la magistrada Lily Andrea Rueda—, después de determinar que los excomandantes son máximos responsables, los cuales, a partir de una posición de autoridad, definían las políticas y condiciones de esta práctica.

Entre los máximos responsables a los que alude esta decisión se encuentran Rodrigo Londoño Echeverry, conocido en la guerra como ‘Timoleón Jiménez’; Pablo Catatumbo Torres Victoria, ‘Pablo Catatumbo’; Pastor Lisandro Alape Lascarro, ‘Pastor Alape’; Milton de Jesús Toncel, ‘Joaquín Gómez’; Jaime Alberto Parra, ‘El Médico’; y Julián Gallo Cubillos, ‘Carlos Antonio Lozada’.

Sobre Rodrigo Granda Escobar o ‘Ricardo Téllez’, la magistratura explicó que no participó en la definición o implementación de estas políticas. “El fue suplente del Secretariado y no miembro permanente de este grupo”, precisó Rueda durante el acto público de presentación de la decisión.

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas estableció cinco patrones dentro del caso: primero, el reclutamiento y utilización de niños y niñas, incluidas personas menores de 15 años; segundo, malos tratos, torturas y homicidios en contra de niños y niñas reclutados en el marco de su vida en las filas; tercero, violencias reproductivas que afectaron a niñas reclutadas; cuarto, violencias sexuales en contra de niños y niñas reclutadas; y quinto, violencias basadas en el prejuicio en contra de niños y niñas reclutadas con orientación sexual o identidad o expresión de género diversas.

En lo que respecta al cuarto patrón, sobre violencias sexuales en contra de niños y niñas reclutadas, la magistratura hizo la salvedad que llamó a los exmiembros del Secretariado a reconocer responsabilidad como autores por mando —y no por autoría material directa— por los crímenes de guerra de tortura, violación y esclavitud sexual.

“Si bien estas prácticas estaban prohibidas por reglamentos internos de las Farc-EP, la Sala encontró que ellos omitieron sus deberes como comandantes de adoptar las medidas eficaces para controlar las tropas bajo su mando y así prevenir y sancionar estos actos”, precisó la JEP. (Leer más en Reclutamiento en las Farc estaba reglamentado desde 1966)

Más de 18 mil víctimas provisionales

El tribunal de justicia transicional maneja un Universo Provisional de Hechos (UPH) dentro del cual ha documentado 18.677 víctimas de reclutamiento entre 1971 y 2016 en todo el país, excepto por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Meta registra el mayor número de victimizaciones, con un 25 por ciento de los hechos (5.132); seguido de Antioquia (2.187), Guaviare (1.810) y Caquetá (1.775).

El mayor volumen de hechos tuvo lugar entre 1996 y 2016, con picos en 1999, 2002, 2007 y 2013. Las principales fuentes contrastadas para llegar a estas conclusiones fueron 77 informes presentados por organizaciones de víctimas, ocho informes presentados por entidades del Estado; 951 acreditaciones de sobrevivientes de reclutamiento y de familiares de niños y niñas en condición de desaparecidos, con las que se reconstruyó la historia de reclutamiento de 805 niños (56 por ciento) y niñas (44 por ciento).

Para hacer una primera evaluación de los daños, la Sala buscó comprender las afectaciones diferenciadas, considerando no sólo la perspectiva de la niñez, sino también del género y la etnia. Cerca del 24 por ciento de las víctimas reclutadas reportó haber sufrido algún tipo de violencia basada en género durante su vida en las filas de la antigua guerrilla. De este grupo, el 91 por ciento son mujeres. Y del total, el 7 por ciento tiene una orientación sexual o identidad de género diversa.

Además, de las 9.854 víctimas que participaron del macrocaso, el 90 por ciento (8.903) pertenecen a cinco pueblos indígenas: Koreguaje, Hitnu, Bari, Sikuani y Cubeo. Este fenómeno agravó el riesgo de extinción física y cultural de estos pueblos originarios, al ser sometidos a las mismas normas de vida intra filas que afectaron lengua, costumbres y prácticas culturales. 

“La Sala constató que las antiguas Farc-EP se sirvieron de la vulnerabilidad histórica de estas comunidades, causada por el racismo y la desprotección estatal, para llegar a sus territorios con promesas de ayuda o mediante la imposición de normas sociales y territoriales y afectando las tradiciones y la estructura del gobierno propio”, precisó la magistratura durante la presentación del Auto. 

Según la extensa investigación, las Farc vincularon a los niños y niñas indígenas a través de tres modalidades: engañándolos con promesas de comida, trabajo, estudio o poder ver a familiares previamente reclutados; persiguiéndolos ideológicamente, convenciéndolos de unirse a las filas; y mediante la fuerza, amenazándolos o extrayéndolos de sus territorios. 

A partir del análisis de los relatos de las víctimas acreditadas, este tribunal estableció que las modalidades de reclutamiento y utilización más frecuentes fueron la amenaza o el uso de la fuerza (57 por ciento  de los casos), seguidas de diversas formas de engaño (28 por ciento) y a través de estrategias de persuasión o convencimiento ideológico (15 por ciento). “Igualmente, los niños y niñas fueron llevados a integrar otras redes de apoyo a la organización, como las milicias bolivarianas y las milicias populares”, precisa la JEP.

En su investigación, la JEP detalló la gravedad de las violencias que los menores padecieron en las filas, así como aquellas que también fueron cometidas por la fuerza pública en su contra. El caso insignia es la conocida como Operación Berlín, una acción militar realizada entre el 19 de noviembre de 2000 y el 5 de enero de 2001 en los límites entre Santander y Norte de Santander, en donde, en un enfrentamiento, decenas de menores perdieron la vida y otros fueron capturados. (Leer más en ‘Operación Berlín’: historias de reclutados y sobrevivientes)

“Estos hechos están relacionados con la Columna Móvil Arturo Ruiz de las Farc-EP, en donde la Sala documentó la presencia de, al menos, 201 niños y niñas, incluso menores de 15 años, que equivalían a una tercera parte de sus miembros. En relación con la creación de esta subestructura, la Sala encontró la participación de altos mandos de la organización, incluso del Secretariado”, señalaron los togados durante la rueda de prensa. Precisaron que a partir de entrevistas con los sobrevivientes de estos hechos se evidenció las violencias basadas en género, tratos crueles, torturas, homicidios y múltiples sufrimientos y daños que permanecen en la actualidad.

La Sala concluyó que los niños y niñas reclutados abandonaron las Farc, principalmente, por deserción o fuga, capturas, reincorporación en el marco del Acuerdo de Paz, licencias autorizadas por la antigua guerrilla, o abandono por parte del grupo debido a heridas o enfermedades. También se comprobó que algunas víctimas, o sus familias, sufrieron graves violencias durante el proceso de salida.

La investigación mostró que tanto la extinta guerrilla, así como la fuerza pública y otros actores, perpetraron actos de violencia contra estas personas, evidenciando la complejidad del contexto en el que los menores dejaron el grupo armado.

Ahora los comparecientes tienen cerca de 30 días para pronunciarse sobre la imputación. Sin embargo, el mismo día en que fueron imputados por la JEP, señalaron en una misiva pública que reconocían los hechos y conductas “que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad durante el conflicto”, así como los posibles hechos que se desprendieron de esta dinámica. “Estos hechos no debieron haber ocurrido”, reconocen. 

#COMUNICADO del antiguo secretariado de las extintas FARC-EP

“Los jueces han dispuesto de manera excesiva de tiempo y recursos investigando hechos cuya ocurrencia hemos admitido desde las negociaciones de paz. Hemos renunciado expresamente a la presunción de inocencia sobre lo… pic.twitter.com/FD0bszioLp

— Partido COMUNES (@ComunesCoL) November 13, 2024

Dinámicas por bloque

Según el Auto, de las 18.677 víctimas registradas “16.466 están asociadas a bloques únicos, es decir, se trata de víctimas que, en todas las fuentes consultadas, refieren al mismo bloque como responsable. Sin embargo, 2.211 víctimas presentan registros en donde una fuente asocia un bloque como presunto responsable de su victimización y otra fuente hace referencia a otro bloque”. 

Así, el Bloque Oriental registra el mayor número de reclutamiento de niñas y niños (8.987), seguido del Bloque Sur (2.669), el Bloque Noroccidental (1.818) y el Bloque Occidente (1.420). 

Según este tribunal, el voluminoso número de casos registrados en el Bloque Oriental se dio por los planteamientos estratégicos y operativos de la antigua guerrilla que, desde la séptima Conferencia Nacional Guerrillera, estuvieron principalmente encaminados a fortalecer la organización en la zona de influencia de este bloque para contar con el mayor número y capacidad militar de las Farc y así cercar, bloquear y ejercer control sobre Bogotá.

La Sala destaca la información aportada por el pueblo Sikuani, en la que esta comunidad resalta cómo la masacre en Mapiripán en 1997 fue un importante hito asociado al aumento de reclutamientos. “Conllevó a que la guerrilla iniciara un proceso de defensa armada y de control territorial que implicó el reclutamiento amplio de NNA (niños, niñas y adolescentes)”. Posteriormente, la instalación de la zona de distensión, entre 1998 y 2002, impactaron en el reclutamiento de menores (Leer más en Convivir financiaron tropas de la masacre de Mapiripán, según compulsa de copias en macrocaso sobre la UP)

La instrucción de crear las condiciones político-militares para ejercer dominio total sobre los departamentos del Putumayo y Caquetá, dejándolos aislados del resto del país, estaba bajo la dirección del Bloque Sur. Según el registro, entre 1996 y 2016, San Vicente del Caguán, Caquetá, presentó el mayor número de hechos de reclutamiento y utilización de niñas y niños.

En el caso del Bloque Noroccidental, tras el incremento de la confrontación armada en la región del Urabá, por la expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y, posteriormente, de las Autodefensas Unidas de Colombia; aumentaron los hechos de reclutamiento y utilización de niños y niñas por parte de las Farc. Entre 1996 y 2016 los municipios con mayor cantidad de victimizaciones atribuibles a este bloque fueron Medellín, Dabeiba e Ituango.

Además, el hecho de que esta guerrilla haya establecido zonas libres de la presencia de la fuerza pública para facilitar canjes humanitarios en la región, como ocurrió en los municipios de Nariño, Antioquia y Pensilvania, Caldas, causó un amplio control territorial que repercutió  en el aumento del reclutamiento.

En los piedemontes costeros de los departamentos de Nariño y Cauca, el Bloque Occidental tenía una alta densidad de cultivos de uso ilícito. Los puertos de Buenaventura y Tumaco aseguraban el acceso al océano Pacífico y las regiones del Naya, El Patía y Sanquianga servían como corredores naturales de recursos para la organización. El funcionamiento de estos corredores le permitió al entonces Comando Conjunto de Occidente adelantar un proceso de fortalecimiento basado en el control de retaguardias estratégicas, crecimiento de personal y desarrollo de acciones armadas.

Estas regiones han presentado históricamente un importante porcentaje de población afrocolombiana e indígena. “Estas poblaciones, particularmente los pueblos indígenas Nasa y Awá y las comunidades afrocolombianas de la costa pacífica, fueron fuertemente afectadas por las dinámicas de reclutamiento de las FARC-EP y sufrieron importantes afectaciones sobre sus tradiciones culturales y procesos representativos propios”, precisa el Auto.

Desaparecidos

Alrededor del 28 por ciento de los menores reclutados hoy permanecen con paradero desconocido. A través de las acciones de familiares buscadores, la JEP ha conocido sus historias. “Las familias han liderado iniciativas de búsqueda en condiciones adversas y sin apoyo institucional, enfrentando una escasa respuesta estatal, la falta de recursos económicos y el temor ante posibles represalias”, resaltó la magistratura en la rueda de prensa. Lo cierto es que varias de estas familias han recibido amenazas por tratar de encontrar el paradero de sus niños.

Dentro de sus hallazgos, la JEP, junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, ha logrado localizar y entregar dignamente los cuerpos de algunas víctimas. Una de las acciones más destacadas tuvo lugar en el corregimiento de Unión Peneya, en el municipio de Montañita, Caquetá, en donde se logró identificar y entregar ocho cuerpos, de los cuales seis fueron víctimas de reclutamiento y dos  murieron de manera violenta siendo menores de 18 años.

Cinco patrones sobre el reclutamiento

Menores de 15 años

Aunque dentro de las directrices internas, las Farc prohibía el reclutamiento de niños y niñas menores de 15 años, la JEP llegó a concluir que la vinculación y utilización de menores de esa edad no fueron casos aislados ni esporádicos, sino en realidad se trató de un fenómeno sistemático.

De las 8.677 víctimas provisionales, el 30 por ciento fueron reclutadas cuando tenían 14 años o menos. “En los registros de víctimas acreditadas que participan en esta investigación, el 64 (por ciento) tenía esta edad cuando fueron llevadas a las filas de las extintas Farc-EP”, señala la magistratura. Para entender las causas, la JEP resalta el contexto rural de pobreza y de ausencia estatal, así como la estructura y objetivos de la organización rebelde.

Factores que jugaron un papel importante para que se consumara este patrón incluyeron la ausencia de un mecanismo efectivo para verificar la edad de las personas vinculadas en las filas; la prevalencia dada al requisito de aptitud física de la persona a ingresar sobre la edad mínima de ingreso; la falta de sanciones efectivas y ejemplarizantes para quienes reclutaran niños y niñas menores de 15 años; y la existencia de mensajes que fomentaban y validaban esta práctica, alineados con los planes de crecimiento de personal.

Malos tratos, torturas y homicidios

Como parte de los entrenamientos, las asignaciones, la participación en combates o la aplicación disciplinaria la guerrilla cometió varios tipos de violencias contra los niños y niñas. Estas políticas no distinguían la edad o condición de vulnerabilidad de los menores, causando la pérdida de su autonomía e imposibilitando la posibilidad de consentir decisiones.

“La Sala encontró un entorno de coacción permanente que fue, de facto, creado, organizado y controlado por la organización, bajo el liderazgo del Secretariado, y que generó condiciones de vida adversas para los niños y niñas reclutados, resultando en sufrimientos físicos y psicológicos, malos tratos e incluso suicidios y homicidios”, señaló la magistratura en la rueda de prensa.

De igual manera, denotó cómo las relaciones patriarcales de creencias y relaciones de género, fueron trasladadas de la sociedad a las filas. A pesar de que la guerrilla exaltaba la paridad entre los géneros, en la práctica se perpetuaron relaciones desiguales en donde niñas, mujeres y población diversa ocupaban posiciones de subordinación.

Violencia reproductiva

Sobre las violencia basadas en género dentro de la guerrilla, la JEP encontró que anulaban la autonomía de las víctimas para decidir sobre su vida sexoafectiva y reproductiva.

“En la vida intrafilas, las niñas sufrieron anticoncepción forzada, aborto forzado y malos tratos derivados de estos procedimientos, y en algunos casos, el asesinato y la desaparición de sus hijos e hijas recién nacidos o su entrega forzada a otras familias, impidiendo el ejercicio de la crianza.” señala la magistartura. Al menos 24 por ciento de las mujeres reclutadas acreditadas en el caso sufrieron anticoncepción forzada y 19 por ciento fueron sometidas a abortos forzados. 

La Sala constató que las prácticas forzadas se debieron a la falta de consentimiento de las víctimas, quienes carecían de información y comprensión sobre los procedimientos. Incluso llegaron a impartirse sanciones y se empleó la fuerza en algunos casos contra quienes se resistían. Los abusos incluyeron anticonceptivos seleccionados sin exámenes médicos, negligencia en su aplicación y abortos sin recuperación adecuada, incluso en etapas avanzadas de embarazo. 

Estas violencias buscaban evitar que a raíz de posibles maternidades y paternidades se disminuyera el número de integrantes o representara un riesgo para el grupo, consolidándose en una política formal de control de natalidad supervisada por el Secretariado de las Farc, que en la práctica prohibió ser madre o padre en sus filas.

“La Sala llama a reconocer a los comparecientes, quienes participaron en la Octava Conferencia Nacional Guerrillera de 1993, en donde se establecieron directrices formales sobre la aplicación obligatoria de métodos anticonceptivos. A partir de estas directrices era previsible que, en el curso normal de los acontecimientos, se dieran lugar a otras conductas violentas que buscaran materializar los fines de la política de facto de prohibición de la maternidad y la paternidad”, precisó la magistratura.

Violencia sexual

Entre los actos sexuales violentos que padecieron niños, niñas y jóvenes; el tribunal deterninó que se cuentan violaciones, esclavitud sexual, uniones forzadas y desnudez forzada. Al menos 135 víctimas reclutadas reportaron haberla padecido, esto equivale al 17 por ciento de las víctimas reclutadas que se han acreditado con la JEP. Igualmente, del total de mujeres reclutadas, el 35 por ciento reportaron haberlas sufrido. 

La Sala determinó que se normalizó estas violencias, a pesar de ser conside

rado un delito dentro de la organización y de existir sanciones por estas conductas, no hubo medidas efectivas de prevención, control y sanción. 

La JEP busca el reconocimiento del último Secretariado como responsables de mando que, por omisión, se quedaron cortos a la hoa de “adoptar las medidas eficaces para controlar las tropas bajo su mando y así prevenir y sancionar estos actos”.

Juventud diversa

“Los niños y niñas con orientación sexual, identidad o expresión de género diversas sufrieron fusilamientos, amenazas de muerte, sanciones correctivas, violencia sexual correctiva y otros tratos crueles que incluyeron la obligación de ocultar su identidad o diversidad sexual o de género”, señaló la magistratura durante la rueda de prensa. El objetivo, según la Sala, fue ocultar y erradicar la diversidad sexual y de género.

Las violencias que documentó el tribunal se originan en creencias de género arraigadas socialmente de lo considerado como natural y correcto. El último Secretariado no se opuso a las acciones deliberadas de apartar de las filas de las Farc a esta población y en cambio se dio discrecionalidad a los diferentes niveles de mando para tratar el tema a su parecer.  

The post El reclutamiento de menores fue sistemático en las filas de las Farc appeared first on VerdadAbierta.com.

Durante décadas, miles de víctimas de violencia sexual en medio de la guerra han tenido que lidiar solas con las secuelas que les dejaron miembros de grupos armados, que atacaron sus cuerpos y su ser, impulsados por la discriminación basada en cuestiones de género. Además de sufrir horrores como acceso carnal violento, embarazos no deseados, abortos forzados, entre otros vejámenes, la justicia les dio la espalda y la sociedad las estigmatizó con su dedo inquisidor.

La mayoría de los crímenes de violencia sexual se encuentran impunes y su denuncia tiene altos índices de subregistro. Las razones son múltiples, pero entre las principales se encuentran la cultura patriarcal que predomina en Colombia, en donde las víctimas suelen ser estigmatizadas y revictimizadas.

Sin embargo, con la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de abordar el tema de manera más integral, esa tendencia podría romperse para que, finalmente, estas víctimas del conflicto armado puedan ser escuchadas en entornos seguros, encontrar respuestas, obtener medidas que les ayuden a aliviar el daño irreparable que les causaron y tener herramientas para que ese tipo de violencia nunca más vuelva a ocurrir.

Esa puerta se abrió el pasado 27 de septiembre, cuando la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) emitió el Auto 005-23, con el que dio apertura al Caso 11, denominado como “Violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva, y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano”.

La decisión atiende años de reclamos de organizaciones feministas y de la comunidad LGBTIQ+. Desde las negociaciones de paz en La Habana, Cuba, entre delegados del Estado colombiano y de la extinta guerrilla de la Farc, se abogó para que los delitos cometidos en relación con ese tipo de violencia no fueran amnistiables y luego se insistió ante la JEP para que abriera un caso especializado en ella.

En su auto de apertura, la SRVR conceptuó que el Caso 11 no es sobre una conducta o crimen particular (la violencia sexual), sino sobre repeticiones de crímenes en el marco del conflicto armado que corresponden a unos motivos o lógica que los caracteriza.

“No se trata de los motivos individuales, sino de los motivos que expresan la lógica de la violencia de la organización armada, y de la manera como las armas y el poder magnifican la violencia basada en género. Estos motivos, como lo señala la Corte Constitucional, si bien hunden sus raíces en las relaciones de género dominantes, también se transforman en el marco del conflicto armado en la prerrogativa de los ejércitos de, a través del uso de las armas y el poder que confieren, reproducir e imponer, estas relaciones de género”, concluye.

Tras analizar 971 informes aportados por organizaciones de la sociedad civil y entidades del Estado, a los que se sumó la revisión de 13 bases de datos, el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP, generó los insumos que marcan el punto de partida del Caso 11. Ese trabajo documental dio cuenta de la existencia de un universo de al menos 35.178 víctimas únicas de violencia sexual, cuyos crímenes ocurrieron entre 1957 y 2016.

A la par, el Auto 005-23 reitera en varias ocasiones que esa cifra es producto de un gran subregistro y que la cantidad de víctimas puede ser mayor, porque existen múltiples causas para que no se conocieran más casos, tanto por las autoridades como por organizaciones no gubernamentales.

En su documento de apertura del Caso 11, la SRVR explica que “en Colombia la recopilación de datos estructurados en el marco del conflicto armado ha sido muy heterogénea en términos de cobertura geográfica, periodo histórico y contenido de la información. Esto es resultado, dice (el GRAI), tanto de las dificultades probatorias propias del fenómeno, como de las limitaciones institucionales, la revictimización, estigmatización, miedo y amenazas a las víctimas alrededor de las posibles denuncias”.

Asimismo, advierte que los casos denunciados tienen vacíos de información: “Ello dado que la mayoría de estos registros presenta información faltante para algunas de las características analizadas, en especial la orientación sexual, la identidad de género, la pertenencia étnica y el presunto actor armado responsable”.

Por esa razón, en el 97 por ciento de los casos se desconoce la orientación sexual de las víctimas, en el 78 por ciento su etnia y en el 30 por ciento quién es el perpetrador. Por el contrario, los datos recurrentes son el lugar de los hechos, la edad y el sexo de las víctimas.

Teniendo en cuenta lo anterior, señala que “las magnitudes y tendencias presentadas deben entenderse no como un reflejo del fenómeno real, sino como el reflejo de la capacidad de documentación de las diferentes instituciones oficiales y organizaciones sociales cuando se denunciaron los hechos, el fomento de las denuncias en periodos particulares, coyunturas institucionales y sociales, etcétera”.

¿Qué se ha establecido sobre violencia sexual?

El Auto 005-23 deja en claro que los crímenes de violencia basada en género fueron cometidos por todos los grupos armados, tanto legales como ilegales. De ese universo parcial de 35.178 víctimas de violencia sexual, el análisis del GRAI señala que tuvo dos picos de ocurrencia: uno en 2002 y otro en 2014.

También identificó dos patrones diferenciados para personas menores de edad y adultas. Para las primeras, detectó un aumento más rápido entre los años 1998 y 2000, manteniéndose hasta 2005, cuando se dio una reducción cercana a la mitad de los casos en 2006 y en 2016 se dio otra fuerte caída de comisión de casos.

Al respecto, el GRAI concluye que es posible un “subregistro de víctimas menores de 18 años, en particular cerca del año 2014 cuando la incidencia no refleja el pico nacional”.

Para las personas adultas, el aumento crítico de víctimas ocurrió entre 1994 y 2002, cuando empezó un constante descenso hasta 2010, para empezar una nueva tendencia al alza, que concluyó con el pico nacional casos de 2014.

En cuanto a etnia, la distribución de las víctimas es la siguiente: 1.857 se identifican como indígenas, 5.793 como negros, afrocolombianos, raizales o palenquera (NARP) y 19 como Rrom. No obstante, el GRAI advierte que la gran mayoría de los casos, 27.509, no registra una pertenencia étnica. Lo anterior implica que en el 78 por ciento de los casos se carece de ese dato.

A nivel territorial, los departamentos con más casos reportados son Antioquia (5.320), Magdalena (3.346), Nariño (2.734), Bolívar (2.499), Cauca (1.734), Valle del Cauca (1.664), Caquetá (1.625), Putumayo (1.553), Chocó (1.546), Norte de Santander (1.249), Santander (1.181), Cesar (1.154), Tolima (1.113) y Meta (1.070).

Sobre responsables de los casos de violencia lugar, el primer lugar lo ocupan grupos paramilitares (33 por ciento), en el segundo se encuentran grupos sin determinar (30 por ciento), le siguen las extintas Farc con 2.051 víctimas atribuibles (5,82 por ciento), agentes estatales con 1.103 víctimas (3,14 por ciento) y 500 víctimas fueron violentadas por diferentes grupos armados (1,42 por ciento).

Sobre el desconocimiento del presunto responsable, el GRAI indica que es reflejo del subregistro de la información de violencia sexual: “Es difícil determinar si hay un nivel de subregistro mayor según el tipo de actor armado que perpetró el hecho, ya que el subregistro puede variar según el modus operandi de cada actor, de los territorios en los que sucedió y de los momentos de coyuntura”.

En relación al sexo de las víctimas, el GRAI estima que los grupos paramilitares ejercieron violencia sexual contra las mujeres doce veces más que contra los hombres; y que, las extintas Farc y los agentes del Estado, la ejercieron cerca de seis veces más contra mujeres que contra hombres.

Finalmente, el Auto 005-23 concluye: “Para las FARC-EP, los departamentos más críticos son Antioquia, Santander, Nariño, Tolima, Cundinamarca, Meta y Caquetá. Para los agentes del Estado, los departamentos más críticos son Antioquia, Tolima, Santander del Norte, Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander. Para los grupos paramilitares se identifican los departamentos de Magdalena, Antioquia y Bolívar como los más críticos, seguidos de la región pacífica y el sur del país, y finalmente, Cesar y Norte de Santander”.

Una vez más, el GRAI recalca que sus análisis son producto de la revisión documental disponible a la fecha, la cual “puede ser el resultado de una mayor afectación por el fenómeno, de una mayor voluntad de reportarlo, o de una mayor capacidad institucional para recibir la denuncia”.

La violencia sexual que abordará el Caso 11

Dado que ante la JEP sólo comparecen miembros de las extintas Farc que dejaron las armas en 2017 y de la Fuerza Pública, la totalidad de los 35.178 casos documentados por el GRAI no serán procesados ni juzgados por este tribunal de justicia transicional.

Los investigadores y magistrados partirán de la base de 3.154 casos (2.051 atribuidos a las extintas Farc y 1.103 a agentes estatales), más los que sean denunciados por víctimas o los de autoría indeterminada que posteriormente se le terminen atribuyendo a los integrantes de los dos grupos armados sobre los cuales la JEP tiene competencia.

La revisión de 309 informes y bases de datos sobre violencia sexual llevó a la SRVR a establecer tres subcasos con sus respectivas conductas y patrones, los cuales guiarán las investigaciones y audiencias judiciales. El primero es sobre violencia de género de miembros de las extintas Farc contra civiles; el segundo, sobre violencia de género de miembros de la Fuerza Pública contra civiles; y el tercero, sobre violencia de género intrafilas, es decir, de miembros de las extintas Farc contra miembros de las Farc y de integrantes de la Fuerza Pública contra integrantes de la Fuerza Pública.

Sobre el subcaso de violencia de miembros de las antiguas Farc contra civiles, a través de los informes reseñados se identificaron 316 relatos de víctimas, de los cuales 103 corresponden personas con orientaciones o identidades de género diversas: “Los crímenes son principalmente el desplazamiento forzado, seguido de crímenes de naturaleza sexual. Los demás relatos describen crímenes contra mujeres, niñas y adolescentes que no participaban en las hostilidades, principalmente hechos de naturaleza sexual”.

El Auto 005-23 concluye que esos crímenes están relacionados con la discriminación estructural que sufren las mujeres, las niñas y las personas de la comunidad LGBTI, “y la manera como el conflicto armado se convierte en la ocasión para el ejercicio impune de violencias motivadas por el género”.

En este subcaso se identificaron dos patrones de conducta: crímenes motivados por la orientación sexual, identidad y/o expresión de género diversa de personas de la población civil; y crímenes motivados “por ser mujer” contra niñas, adolescentes y mujeres adultas de la población civil.

Del subcaso de violencia basada en género contra personas civiles cometidas por miembros de la Fuerza Pública, la SRVR apela a informes de la Fiscalía General de la Nación y del Centro Nacional de Memoria Histórica que señalan que ocurrieron en diferentes escenarios, como presencia transitoria y permanente de la Fuerza Pública; operaciones militares; en el desarrollo de acciones de connivencia entre agentes de estructuras paramilitares; acciones individuales que llevaron a la victimización de niñas y mujeres en condición de vulnerabilidad; de disputa territorial; de control territorial e intrafilas.

Asimismo, la revisión de 80 informes, da cuenta de un total de 290 víctimas, entre niñas, mujeres y personas de la comunidad LGBTI. De ellas, 42 son de orientación sexual diversa; 244 mujeres y niñas; y tres niños.

En este subcaso también se investigarán los patrones asociados a crímenes motivados por la orientación sexual, identidad y/o expresión de género diversa de personas de la población civil; y crímenes cometidos “por ser mujeres”, por parte de efectivos de la Fuerza Pública, contra niñas, adolescentes y mujeres adultas de la población civil.

Finalmente, en cuanto al subcaso de violencia sexual intrafilas, fueron excluidos los casos cometidos contra menores de edad, porque están asociados a presuntos reclutamientos ilícitos, los cuales son competencia del Caso 07 de la JEP. La revisión documental y los testimonios de víctimas, llevaron a establecer puntos en común entre estos crímenes: la existencia de un orden de género en torno a la “masculinidad guerrera”, el ejercicio de poder basado en el rango o la jerarquía y la ausencia de medidas de sanción y corrección.

Al respecto, la SRVR señala que esos puntos en común “se configuran, integran y expresan de manera diferente en la cultura de cada organización y dan lugar al despliegue de repertorios diversos de violencias. Atendiendo a ello, los hechos atribuibles a cada actor se estudiarán como patrones diferentes, atendiendo a las particularidades que estos revisten, como pasa a explicarse”.

Lo que se espera del Caso 11

Este portal consultó a voceras diferentes organizaciones que impulsaron la creación de este macrocaso de la JEP y que también han representado a víctimas en otros escenarios de ese tribunal de justicia transicional para conocer cuáles son sus expectativas y los desafíos que deberá enfrentar la JEP para satisfacer los derechos de estas víctimas que han sido marginadas y estigmatizadas constantemente.

Para Lilibeth Cortés, subdirectora de Justicia Transicional de la corporación Sisma Mujer, organización que hace parte de la Alianza Cinco Claves, junto con la Red Nacional de Mujeres, Women´s Link, la Corporación Humanas y Colombia Diversa, la cual pidió con insistencia la apertura de este macrocaso especializado, una de las prioridades pasa por crear una metodología de trabajo que permita superar el subregistro de casos y la falta de información.

Para ello, plantea que se debe garantizar la participación efectiva de las víctimas durante todo el proceso judicial, la cual debe ser cualificada y con enfoque diferencial, para evitar la acción con daño. Y recalca que el trabajo con las víctimas de violencia sexual debe contar con características que permita ser reparador y no termine ahondando las heridas que cargan desde hace años.

Una de sus principales preocupaciones es la posible falta de reconocimiento de responsabilidad de los perpetradores, quienes suelen evadirla en casos de violencia sexual y de género. “Esos implica que la JEP debe avanzar parlamente para agotar el procedimiento dialógico y que tengan la oportunidad de reconocer su responsabilidad, pero también para estar lista y llevar a juicio a quienes no lo hagan. De ese modo se puede avanzar y no esperar como ha pasado en los otros macrocasos”, plantea.

Esos planteamientos son compartidos por la abogada Yury Flórez, quien hasta hace poco tiempo representó a víctimas del Caso 01 de la JEP, enfocado en secuestros, en los cuales fueron detectadas falencias para indagar por hechos de violencia sexual ocurridos en cautiverio. (Leer más en: Violencia sexual durante el secuestro, ¿un crimen invisible en la JEP?)

Para vencer el subregistro de casos, esta jurista plantea que se debe impulsar la acreditación de víctimas, aumentando la presencia territorial de la JEP, porque muchas víctimas, a pesar de que el tribunal de justicia transicional está vigente desde hace cinco años, aún no saben qué y cuáles son sus derechos. Indica que “es urgente que se llegue a los territorios”.

Por otro lado, Flórez ve en el Caso 11 la oportunidad de enmendar errores que se cometieron en otros macrocasos de la JEP a la hora de aplicar un enfoque de género. “El Caso 01 tuvo falencias en las versiones voluntarias de los comparecientes, en la investigación y en la contrastación. Nunca se llegó a una garantía real para las mujeres de sus derechos: no había preguntas y metodologías especializadas en cómo tratar casos de violencia sexual”, recuerda.

Y reitera: “Como representante de víctimas espero que se salden esas deudas; que haya metodologías de investigación particular, que se acrediten más personas y que no se permita desacreditar los testimonios de las víctimas en las versiones voluntarias”.

Para Ana María Rodríguez Valencia, directora del Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la apertura del Caso 11 es de vital importancia porque puede lograr que los distintos actores armados reconozcan que la violencia sexual no fue secundaria, aislada o casual, sino que hizo parte de sus estrategias de guerra para ganar ventajes militares, avanzar territorialmente o castigar a las comunidades que supuestamente eran cercanas a sus enemigos.

“El Caso 11 también representa una oportunidad para que la JEP cree metodologías que establezcan las causas y formas de la violencia sexual en el conflicto armado colombiano, las particularidades que tuvo la comisión de estos crímenes por cada uno de los actores armados y, especialmente, las afectaciones particulares y diferenciadas que generaron en las víctimas, ya fueran mujeres, hombres, niñas, niños y personas de la comunidad LGBTI”, señala.

Y agrega: “No estamos hablando sólo de actos de violencia sexual contra el enemigo, por así decirlo. También se trata de violencia reproductiva, como embarazos y abortos forzados; violencia obstétrica y de otro tipo que ocurría dentro de los grupos armados. Y la violencia por prejuicio, que permitirá ver dimensiones de fenómeno que hasta ahora no se han analizado por parte de alguna autoridad judicial”.

María Susana Peralta, coordinadora de Paz y Justicia Transicional de Colombia Diversa, organización que defiende los derechos la comunidad LGBTIQ+, considera clave que en el Caso 11 exista aceptación de responsabilidad de los crímenes de violencia sexual y de género por parte de los actores armados, para lograr un proceso de justicia integral que conduzca a la reconciliación.

También que, en este tipo de violencia, la discriminación tuvo y sigue teniendo un papel preponderante: “Que haya sido normalizada la discriminación no significa que no haya sido un error. Estuvo mal, nos equivocamos como sociedad y los actores armados se valieron de eso, pero tienen que reconocer que fue un error. No porque todo el mundo lo hizo significa que está bien, significa que todos tenemos que mejorar. Y eso pasa por el reconocimiento y la reconciliación”.

Por otro lado, sobre el subregistro de casos, señala que es necesario entender que los crímenes motivados por la discriminación, son sólo una parte del problema. “Cuando tienes un sistema social y cultural, en el que está constituido que los hombres son más valiosos que las mujeres, cada hecho de discriminación tiene un efecto social expansivo: basta un hecho de discriminación para que se refuerce todo el sistema social de control y de poder que la discriminación ha establecido”, plantea.

Y complementa: “No es lo mismo un hurto, que un hecho motivado en la discriminación; estos siempre le envían el mensaje al resto del grupo de personas que se identifican con la víctima. Aunque una sola persona reciba el hecho violento, todas las personas que viven en esa comunidad y que se parecen a esa víctima, sienten inmediatamente el mensaje amenazante de que están bajo control, que no pueden actuar libremente y que está la posibilidad real de ser sometidos a ese mismo tipo de violencia”.

En cuanto a la reparación, las cuatro fuentes consultadas coinciden en que las víctimas deben tener una participación activa y definir las medidas que les permitan aliviar un daño irreparable.

Para la directora de la CCJ, el Caso 11 abre un escenario inédito para pensar cuáles pueden ser las medidas que contribuyan a reparar a las víctimas de esta clase de violencia: “Seguramente se dirá que esto no puede tener reparación, pero es la oportunidad para escuchar a la víctimas, para pensar qué pueden hacer quienes fueron responsables de esa violencia para compensar el daño que causaron y pensar en garantías de no repetición para un país que sigue funcionando en medio del conflicto armado”.

Para la abogada Flórez, la única respuesta la tienen las víctimas y por eso se deben garantizar condiciones óptimas para ser parte de todo el proceso. “Además de la acreditación, tienen que estar presentes y garantizarles la participación desde el primer momento. Preguntarles cómo no se sentirían revictimizadas en una versión voluntaria de los comparecientes o cómo se sentiría repara en eventuales medidas de Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Restaurador-Reparador (TOAR)”, indica.

Por otro lado, recuerda que las víctimas siempre apelan a saber la verdad integral y el reconocimiento de los hechos por parte de sus victimarios: “Si no hay reconocimiento, eso hace a la justicia revictimizante y no responde a las necesidades de las víctimas”.

La Subdirectora de Justicia Transicional de Sisma Mujer también hace énfasis en el reconocimiento de los crímenes como un componente clave para la reparación de las víctimas. “Las mujeres saben qué pasó, pero eso no implica explicaciones relacionadas con el por qué. Y la necesidad de que los responsables reconozcan tiene un sentido reparador porque social y comunitariamente, queda claro que el responsable de la violencia sexual es el agresor y no la víctima. Es algo que no curre sólo en el conflicto armado, sino en la sociedad: a las víctimas se les cuestiona por qué estaba allí, por qué vestía así… Siempre hay un subtexto que indica que la víctima hizo para provocar el ataque”.

Sobre los TOAR, que son una medida de reparación que determina el Tribunal de Paz al emitir sentencia contra los comparecientes que aportaron verdad y reconocieron su responsabilidad en los crímenes que les fueron imputados, Cortés recalca que deben tener sentido para las víctimas y garantizar su participación para lograr su definición, haciéndolo en condiciones adecuadas para no ser revictimizadas, dado que deben compartir espacios con sus victimarios, pues es un proceso de construcción colectiva.

Para la coordinadora de Paz y Justicia Transicional de Colombia Diversa, la verdad puede ser un componente de reparación para las víctimas, porque esta obra a tres niveles: el de los hechos, el de las motivaciones detrás de los crímenes y el social. Y coinciden con las demás fuentes consultadas en que el reconocimiento es vital para lograr medidas que alivien el daño que sufrieron.

“Es muy importante que se reconozca que esta es una violencia motivada en la discriminación que los perpetradores tienen. No es culpa de la mujer por ser mujer. La razón es que porque el victimario quería controlar a las mujeres. Esa es una respuesta que no han recibido”, explica.

Y en cuanto al último nivel, señala que está relacionado con las consecuencias que han devenido: “Lo que la mayoría de las víctimas ha tenido que sobrevivir después de la violencia misma, es a la vergüenza, al secretismo, a la estigmatización, al ser señaladas como que se lo buscaron: ‘¿Quién la manda a ser un travesti tan visible? ¿Quién la manda a usar minifalda?’. Esas no son razones válidas para que a uno lo ataquen. Nunca es culpa de la víctima, pero la sociedad todavía está llena de esas razones porque es más fácil culpar a la víctima”.

Por esa razón, considera que ese tercer nivel sobre la verdad y el reconocimiento, puede ser un componente de reparación. “Muchas personas que representamos nos dicen: ‘Yo ya sé lo que me pasó, lo que quiero es que estas personas vayan a mi pueblo y digan que me atacaron por ser una mujer lesbiana y ahora sé que eso no está mal, y ser lesbiana no tiene relación con la guerra’. También nos dicen: ‘Yo quiero que la comunidad escuche esas palabras’. Y lo dicen porque la comunidad ha recibido el mensaje contrario: ‘¡Por ser lesbiana la ataqué y de malas! ‘ Lo que quieren es que esos mismos actores armados que durante mucho tiempo sostuvieron una autoridad social, deshagan ese daño social que crearon fortaleciendo la discriminación y que digan fue un error que se debe dejar de hacer”, indica Peralta.

La JEP escuchó a las víctimas y abrió una puerta que puede conducir a que por fin encuentren justicia y reparación. Los retos que afronta ese tribunal de justicia transicional son grandes, como las expectativas y el tiempo que llevan esperando quienes padecieron uno de los crímenes más crueles del conflicto armado. Se espera que dentro de unos cuantos años el país tenga sentencias que sancionen estos hechos y se determinen medidas que lleven a la no repetición de esta clase de actos que, como el mismo conflicto armado interno, nunca debieron ocurrir.

The post Caso 11 de la JEP, una puerta que se abre para las víctimas de violencia sexual appeared first on VerdadAbierta.com.

“En esa casa se hacía lo que Hernán Giraldo ordenaba”, narró la Fiscalía al detallar uno de los casos de agresión sexual cometidos por este exjefe paramilitar, amo y señor en la Sierra Nevada de Santa Marta, durante las décadas de los años ochenta y noventa sin mayor contención por parte de las autoridades.

Sus perversiones lo llevaron a perder los beneficios de la justicia transicional, luego de que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla acogiera la petición del ente acusador de excluirlo de este sistema de justicia transicional por continuar delinquiendo desde la cárcel luego de su desmovilización en febrero de 2006, obviando de esa manera los acuerdos con el Estado colombiano.

Uno de los relatos que recogió la Fiscalía para sustentar su petición fue el de Luisa*, una mujer que hoy tiene 31 años de edad, pero que comenzó a ser abusada y violada desde cuando tenía por los menos 15 años, en la cárcel La Modelo, de Barranquilla, por Giraldo Serna, en su calidad de jefe desmovilizado del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Dada la importancia que tenía el lugar de residencia donde vivía la víctima, siempre estaba vigilada “por hombres que permanecían afuera de la casa”, dijo la Fiscalía retomando el testimonio de Luisa. Esa vivienda de la ciudad de Santa Marta estaba regentada por Noralba Vasco, una mujer de confianza del exjefe paramilitar que le proveía menores de edad a este depredador sexual en sus sitios de reclusión y uno de los primeros eslabones de una cadena de cómplices de quien era conocido con el alias de ‘El Patrón’.

Luisa no era la única que vivía allí. En esa casa había otras dos niñas, Patricia*, de 10 años, y Ana*, de 12 años y con condiciones especiales, quienes estaban bajo el cuidado de Vasco porque, al parecer, “un señor se las había dado para que ella las cuidara” en un viaje que realizó sin precisar a dónde.

De acuerdo con lo narrado por Luisa a la Fiscalía, Patricia, de 10 años de edad, era considerada como “la mujer” del exparamilitar Giraldo Serna, “y por esa razón lo visitaba en la cárcel todos los domingos en compañía de Noralba Vasco”.

En una ocasión, la regente de la casa del criminal le dijo a Luisa que ella debía acompañarla en la visita dominical a la cárcel porque Patricia no podía ir. Cuando ella se negó, recibió reproches de Vasco, y según su relato, ésta le dijo que “en esa casa se hacía lo que Giraldo Serna ordenaba”.  No tuvo más opción que acudir a la visita, la primera de varias, en las cuales fue agredida por el depredador paramilitar, quien le recordaba constantemente que “ese era el precio que tenía que pagar por vivir en su casa”.

A la causa penal de los vejámenes contra Luisa, se le sumaron los hechos ocurridos con las niñas de 10 y 12 años, así como el de dos más. Las agresiones contra ellas ocurrieron cuando eran menores de edad, se presentaron en tres centros carcelarios y para aquellos años, 2006 a 2008, Giraldo Serna tenía la condición de desmovilizado y estaba postulado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.

Los primeros hechos ocurrieron en el Centro de Reclusión Especial para Justicia y Paz (conocido anteriormente como Club Prosocial), del municipio de La Ceja, en el oriente antioqueño, a donde fue conducido Giraldo Serna a mediados de agosto de 2006 junto con otros 13 exjefes paramilitares, todos ellos desmovilizado bajo los acuerdos con el Estado colombiano. Allí estuvieron custodiados por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y en dos anillos de seguridad externos, por la Policía y el Ejército.

Las agresiones continuaron en el centro penitenciario y carcelario La Paz, del municipio de Itagüí, también en Antioquia, a donde fueron trasladados Giraldo Serna y varios exjefes paramilitares más a comienzos de diciembre de 2006, por orden presidencial, tras conocerse que algunos de ellos estarían delinquiendo desde La Ceja.

Y su horrenda práctica se trasladó a la cárcel La Modelo, de Barranquilla, a mediados de 2007, a donde fue enviado el exparamilitar, hasta su extradición a Estados Unidos en mayo de 2008.

Pero estos cinco casos por los cuales fue expulsado de Justicia y Paz no son los únicos que involucran a Giraldo Serna. Desde febrero de 2009, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía venía investigando por lo menos 19 casos de violación contra menores de edad. (Leer más en: Acusan a Hernán Giraldo de violar a 19 niñas)

Tras una detallada exposición de hechos, basada en incontrovertibles testimonios de las víctimas corroborados con registros carcelarios, la Fiscalía demostró que el exjefe paramilitar incumplió con los compromisos suscritos para acceder a los beneficios de Justicia y Paz, entre ellos el de no reincidir en el delito, por lo que solicitó su exclusión de este sistema transicional para que sus crímenes sean procesados por la justicia ordinaria, exponiéndose a penas carcelarias superiores a los 40 años.

Rescataron denuncias

Los casos en contra de Giraldo Serna se reactivaron luego de hacerse públicos, en febrero de 2018, los testimonios de Luisa a través del diario El Espectador y de Noticias Caracol. En ambos medios, detalló lo ocurrido desde aquella primera vez que se vio obligada a visitar al exjefe paramilitar en la cárcel La Modelo, de Barranquilla.

El impacto mediático del caso llevó a la Fiscalía a indagar qué había ocurrido y encontró que la joven había instaurado la denuncia ante el ente acusador el 10 de enero de 2016, lo que sugiere que, si su testimonio no hubiese sido expuesto en ambos medios de comunicación, el caso se hubiera refundido en los anaqueles judiciales.

Por la voz de Luisa se conocieron los aberrantes casos de Patricia y Ana, quienes eran trasladadas por Vasco a los centros penitenciarios donde estuviera recluido Giraldo Serna. Según las pruebas recabadas por el ente acusador, ambas ingresaron a La Ceja e Itagüí, donde fueron agredidas sexualmente repetidas veces.

Un tercer caso se conoció luego de que la víctima, llamada Nubia*, acudiera a mediados de 2021 ante la Fiscalía a dar una entrevista. En esa ocasión, detalló que las agresiones sexuales comenzaron cuando ella cumplió 13 años de edad y Giraldo Serna aún no se había desmovilizado. Las violaciones continuaron cuando depuso las armas y gozaba de libertad, y continuaron en los centros penales de La Ceja y Barranquilla.

En su relato al ente acusador, aseveró que el ingreso al centro de reclusión en La Ceja lo hizo en compañía de Daniel Giraldo Contreras, hijo del exparamilitar, y de Luis Édgard Medina Flores, conocido con el alias de ‘Chaparro’, al parecer de mucha confianza de los Giraldo.

Meses más tarde, Nubia narró que entró dos veces a La Modelo, de Barranquilla. En ambas ocasiones, lo hizo a las 8 de la noche, una hora no permitida para las visitas. En la primera de ellas, tuvo que salir por la parte de atrás del penal ante la inminencia de una requisa sorpresa del Inpec.

Y en la segunda visita, “el personal de guardia del Inpec ya tenía orden de Hernán Giraldo Serna que me dejaran entrar, ese día tuve relaciones con el señor Hernán Giraldo Serna en una habitación donde a él lo tenían recluido y salí como a las 10 de la noche por la puerta principal”.

Otro de los testimonios incorporado por la Fiscalía al expediente contra el exjefe paramilitar fue el de Ana, de 12 años de edad, y que fue conocido por la versión entregada por Luisa.

Lo particular de este caso es que la Fiscalía pudo comprobar la existencia de una entrevista de esta menor que fue realizada el 21 de noviembre de 2018 por una investigadora del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Seccional de la Fiscalía de Bucaramanga, a donde acudió a pedir protección para su vida, pues estaba siendo amenazada por los hijos del exjefe paramilitar.

Esta víctima también refirió en su testimonio que las agresiones comenzaron cuando ella tenía 11 años y Giraldo Serna no se había desmovilizado, y que continuaron una vez fue conducido a La Ceja, de ahí a Itagüí y luego a Barranquilla.

La joven relató que “mientras aquél permaneció privado de la libertad en la Ceja e Itagüí (Antioquia), así como en Barranquilla, ingresó obligada a los establecimientos donde estaba recluido”. Las agresiones sólo cesaron cuando Giraldo Serna fue extraditado a Estados Unidos, en mayo de 2008. Al referirse a lo que ocurrió durante las visitas a La Ceja, dijo: “Yo tenía en mente que tenía que dejarme, no gritar, nada, ahí estaban todos los jefes de las autodefensas”.

“Ese señor duró ahí como un mes –agregó– y fue cuando lo mandaron para la cárcel de Itagüí, luego nosotras nos mudamos para Itagüí también, en arriendo”. El dinero era proveído por Giraldo Contreras, el hijo del exparamilitar, quien se lo entregaba directamente a la señora Vasco, quien continuamente decía que tanto Ana como Patricia eran sus hijas y Giraldo Serna su esposo.

Otro de los casos presentados por la Fiscalía fue el de Leticia*, quien entregó su testimonio al ente acusador en agosto de 2021. En esa ocasión, relató que fue agredida en La Ceja a la edad de 12 años, y sus entradas eran coordinadas por Daniel y Gladys Giraldo, hijo e hija del exjefe paramilitar, y el esposo de ésta, Henry Acevedo Patiño, conocido con el alias de ‘Mojello’.

Leticia, según le contó a la Fiscalía, quedó embarazada de Giraldo Serna, y tras sufrir varios dolores, fue trasladada a un centro asistencial de Medellín, donde fue revisada. Allí, ante la sugerencia del médico que atendió el caso de llamar a la Policía y a Bienestar Familiar, al parecer fue intimidado por alias ‘Mollejo’ por lo que se limitó a recetar varias medicinas y a dejarlos ir.

Esta víctima contó que ‘Mollejo’ le sugirió que se fueran a una finca de un amigo, “no sé si eso quedaba en Villavicencio o Villa de Leyva”, para que se recuperara de sus dolencias. “Yo no le presté atención a nada, paramos en un lugar a desayunar, después a almorzar, en ese lugar recogimos a un señor que le decían el veterinario, nunca lo había visto, lo recogimos ahí… y seguimos”.

En una de las caballerizas de la finca, Leticia fue sometida a un proceso de aborto realizado al parecer por un veterinario que usó varios elementos metálicos y jeringas para extraer el feto, con la ayuda de alias ‘Mollejo’, otro supuesto paramilitar conocido como ‘Ovejo’ y una mujer de nombre Irente. Entre los tres sujetaron a la víctima.

Ante la pregunta de la Fiscalía si sabía qué estaba pasando, su testimonio es desgarrador: ”Pues sí, me imaginé, porqué como el médico había dicho que yo estaba embarazada me imaginé que me estaban sacando lo que tenía, entonces él me decía, ya después de esto no le va a doler, quédese quieta para no reventarla tanto, y me seguía metiendo eso ahí… y me removía eso allá como dándole vueltas”.

Al volver a hablar con Giraldo Serna, éste le pidió perdón, “que él me amaba mucho, que me quería mucho pero que él había hecho eso porque eso le podía traer problemas a él porque yo estaba muy pequeña”.

Cadena de cómplices

Dos de los hijos de Giraldo Serna, así como dos yernos, y un sobrino, a los que se suman los guardianes del Inpec de las cárceles de La Ceja, Itagüí y Barranquilla, varias mujeres y hombres de confianza y, al parecer, uno de sus abogados, conformaron un entramado no sólo para que Giraldo Serna tuviera acceso a menores de edad durante su permanencia en la cárcel, sino para protegerlo una vez regresó al país y comenzó a enfrentar ante la justicia las denuncias por sus agresiones sexuales.

Varias de las víctimas que decidieron hablar ante las autoridades fueron acosadas por los familiares más cercanos del exjefe paramilitar. En todos los casos, les exigían que cambiaran sus testimonios para evitar que Giraldo Serna fuera excluido de Justicia y Paz, sobre todo porque desde enero de 2021 ya estaba en territorio colombiano luego de pagar una larga condena en Estados Unidos. (Leer más en: Así se defendió el exjefe paramilitar Hernán Giraldo en Estados Unidos)

Una de las víctimas le contó a la Fiscalía que “le dejaron una razón con su suegro, consistente en que cambiara la versión de los hechos y únicamente se refiriera a los acontecidos antes de la desmovilización de aquél y no a las visitas que realizó a las cárceles donde estuvo privado de la libertad donde fue sometida a esos encuentros sexuales, por lo que instauró una denuncia penal por amenazas, la cual se estableció que está archivada y como no se retractó se vio obligada a desplazarse a otro lugar”.

En otro de los casos, los hijos de Giraldo Serna localizaron a dos de las víctimas que habían sido acogidas por la Fiscalía en el programa de protección de testigos para pedirles que retiraran las denuncias o, cuando menos, cambiaran sus versiones, sin que lograran su propósito, pues las mujeres estaban empecinadas en buscar justicia.

La decisión de exclusión registra los nombres de Daniel Giraldo Contreras, alias ‘El Grillo’, quien hizo parte de la estructura paramilitar dirigida por su padre. Desde enero de 2010 está detenido por su reincidencia en la conformación de grupos armados ilegales.

También fue reseñada por las víctimas Gladys Giraldo Contreras, conocida con el alias de ‘La Paraca’, quien permanece detenida desde 2019, acusada de pertenecer a la banda ‘Los Pachenca’ y administrar las extorsiones en un amplio sector turístico de Santa Marta y la Troncal del Caribe, que conduce a La Guajira.

De ese entramado hizo parte Henry Acevedo Patiño, alias ‘Mollejo’, esposo de alias ‘La Paraca’, quien continuó delinquiendo en el Magdalena. Fue asesinado el 29 de agosto de 2012 en una de sus fincas y en medio de la guerra que libraron el clan Giraldo con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

En el caso de Noralba Vasco, fue detenida en mayo de 2021 por su vinculación a la red de Giraldo Serna. Un informe de policía judicial de marzo de ese año estableció que esta mujer ingresó al penal de La Paz, en Itagüí, en 18 oportunidades y al de La Ceja, en 20 ocasiones. Se presume que en esas visitas acompañaba a menores de edad para visitar con fines sexuales al depravado exparamilitar. Ella está siendo procesada por los delitos de trata de personas agravada y explotación sexual agravada.

Sobre uno de los supuestos abogados de Giraldo Serna, identificado por una de las víctimas solo como “Alex”, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla compulsó copias a la Fiscalía con el fin de que “adelante las investigaciones pertinentes con el propósito de lograr la identidad del abogado […] y su posible incursión en el tipo penal de falsedad y fraude procesal”.

Conocedores de este proceso se preguntan si ese abogado “Alex” por el cual indagará la Fiscalía es el mismo Alex Fernández Harding, quien ha sido el abogado de confianza de Giraldo Serna, lo representó en Justicia y Paz en este caso, y se vio obligado a declinar su candidatura a la Asamblea del Magdalena para las elecciones de octubre de este año por cuenta de un video de apoyo enviado desde la cárcel de Itagüí por el exjefe paramilitar.

En su decisión, la Sala de Justicia y Paz también compulsó copias con el fin de que “la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, adelanten las investigaciones y actuaciones pertinentes orientadas a determinar la posible responsabilidad penal y disciplinaria en la que pudieron haber incurrido los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- (directivos y guardias para aquel entonces) por presuntamente facilitar la comisión de delitos de género al interior de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, y las demás conductas antijuridicas que de estos hechos se puedan desprender”.

Por último, también se compulsaron copias para que el ente acusador “adelante las investigaciones pertinentes con el propósito de determinar la posible responsabilidad penal en la que pudieron haber incurrido los funcionarios instructores por la mora en las investigaciones respectivas, relacionadas con la denuncia por la posible comisión de delitos de género por parte del postulado con posterioridad a su desmovilización”.

Como se evidenció en este proceso, por lo menos dos de las víctimas radicaron denuncias contra el exparamilitar en enero del año 2016. En ese sentido, este tribunal de justicia transicional expresó su preocupación por la parsimonia del ente acusador en atender estos casos “sin que de manera inmediata se hubiesen adelantado las labores de verificación correspondientes y puesto en conocimiento a esta Sala de Conocimiento de Justicia y Paz a fin de evaluar la situación y tomar las medidas que en derecho resultaren procedentes”.

“[…] resulta necesario precisar que las víctimas no pueden padecer las consecuencias de la mora de la Fiscalía competente de investigar estos hechos, máxime cuando se trata de víctimas que requieren de una protección especial dada su condición de vulnerabilidad, tal y como se ha señalado en reiterada jurisprudencia de orden nacional e internacional”, reclamó la Sala de Justicia y Paz.

Y conminó a la Fiscalía “a que con carácter URGENTE (sic) tome las medidas de protección para con las víctimas aquí referenciadas y adelante las gestiones que le asisten dentro del ámbito de su competencia a fin de evitar la impunidad de estos hechos, lo que de por sí también representaría un acto de revictimización”.

(*) Los nombres fueron cambiados por seguridad y respeto a las víctimas y, ante todo, porque los crímenes en su contra ocurrieron cuando eran menores de edad.

The post ¿Quiénes apoyaron a Hernán Giraldo en su depredación sexual de niñas? appeared first on VerdadAbierta.com.

The post Violencia sexual durante el secuestro, ¿un crimen invisible en la JEP? appeared first on VerdadAbierta.com.

Los estragos del conflicto armado colombiano han trastocado la vida de millones de personas en el país, pero los impactos son diferentes de acuerdo a la configuración cultural, social, económica y política de cada grupo poblacional.

Los pueblos afrodescendientes, así como los indígenas, las personas situadas en contextos de pobreza, las mujeres y los menores de edad, son afectados de una manera particular por la guerra, de acuerdo con el informe Basta ya Colombia: Memorias de guerra y dignidad, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

El espacio en que habitan, por ejemplo, tiene un significado particular para los afrodescendientes por ser un referente identitario, simbólico y material de su cultura, que ha sido dañado por la guerra.

Como ya es bien conocido, las cifras sobre victimizaciones en el conflicto varían de acuerdo a las organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, sus fechas de corte y estrategias de recopilación de la información. En el caso de los afrodescendientes, hay una variable adicional, relacionada con la clasificación de grupos étnicos, que dificulta trazar los límites de la guerra.

La JEP, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la Unidad de Víctimas tienen una clasificación de Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros (NARP). Para esta última institución, creada con la Ley 1448 de 2012, los afrocolombianos son aquellos que tienen raíces directamente africanas; los negros, quienes tienen ascendencia afrocolombiana; los raizales son los nativos de de las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, descendientes de europeos y africanos; y los palenqueros son los descendientes de esclavizados que se refugiaron en asentamientos denominados palenques.

Los cuatro grupos se pueden considerar, de una u otra manera, afrodescendientes. Pero mientras la Unidad de Víctimas ha reportado la acreditación, hasta el 30 de junio de este año, 1 millón 139 mil 700 negros y afrocolombianos, 11.353 raizales y 7.357 palenqueros; el CNMH, sin hacer la distinción, contabilizó, hasta mayo de 2020 y según denuncias presentadas ante la JEP, más de 4 millones de víctimas afrodescendientes.

La diferencia entre ambas cifras es amplia; sin embargo, en ello podría influir que no todas las víctimas deciden registrarse ante la Unidad de Víctimas y que la población NARP ha variado a través de los años, según el DANE. Con el Censo General realizado por esa institución en 2005, 4 millones 311 mil 757 personas se autoreconocieron como parte de esas comunidades, en cambio, en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, solo 2 millones 982 mil 224 lo hicieron.

Expertos coinciden en que se ha hecho un esfuerzo para lograr que se entienda la distinción entre los pueblos NARP, pero que no es tan sencillo como parece. En primer lugar, porque consideran que el DANE tiene un subregistro y que el número de afrodescendientes en términos generales es mucho mayor al reportado.

Como un segundo factor, expresan que en ocasiones los negros son señalados como quienes viven en consejos comunitarios y los afrocolombianos como quienes viven en las ciudades, lo que tergiversa y obstaculiza los procesos de reparación colectiva.

Y, finalmente, dicen que las personas que se reconocen dentro de alguna de las categorías de la sigla NARP tienen claras las diferencias entre esas clasificaciones, pero que las instituciones oficiales no han hecho un ejercicio real de concientización al respecto.

Esas diferencias sustanciales se vienen evidenciando, según algunas fuentes consultadas, en la desconexión que hay entre las autoridades étnicas y la JEP. Lo que afirman es que ese es apenas un factor que se tiene por mejorar desde el componente de justicia transicional.

Muchas expectativas

El desplazamiento forzado es el hecho al que se enfrentaron con más frecuencia las comunidades afrodescendientes en medio del conflicto armado, a lo que deben sumarse otras victimizaciones, como amenazas, homicidios, hostigamientos y delitos contra la integridad y libertad sexual.

Desde las organizaciones sociales se trabaja arduamente en visibilizar esas acciones violentas. Luz Marina Becerra, secretaria general de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), cree que el desplazamiento forzado y la violencia sexual son dos crímenes que deben ser priorizados por la JEP.

Incluso, el colectivo La Comadre, que hace parte de Afrodes, presentó a la JEP el pasado 28 de julio un informe que habla de 109 casos de violencia sexual contra mujeres afrodescendientes, principalmente entre los 12 y los 18 años de edad, ocurridos entre 1991 y 2021.

El documento, que se dio a conocer durante la celebración del Día de la Mujer Negra, Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, expone que la violencia sexual fue una práctica sistemática, responsabilidad de varios actores armados durante el conflicto, que marcó los cuerpos y las vidas de las mujeres.

Para las integrantes del colectivo La Comadre, el objetivo central del informe es lograr avances en las investigaciones, posteriores sanciones a los victimarios involucrados, un esclarecimiento sobre las razones que hubo detrás de su accionar y una reparación integral para las víctimas.

En palabras de Becerra, tiene un significado de esperanza en acceder al fin a la justicia: “Lo que esperamos es que la JEP efectivamente analice la información que se le suministró y que después de hacer ese análisis, tanto de contexto como de la sistematicidad y tipología de violencia, se pueda avanzar en las investigaciones, que las mujeres puedan acceder a esa justicia que la justicia ordinaria no le ha brindado al pueblo negro”.

Diana Bernal, abogada del colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda (OFB) y conocedora del Caso 02 de la JEP, que prioriza la situación territorial de los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, en el departamento de Nariño, donde hay una prevalencia de población afro, le indicó a VerdadAbierta.com que también se construyó un informe desde la organización a la que ella pertenece.

El escrito, titulado ‘Racismo y violencia estatal en los territorios étnicos del Pacífico nariñense’, resalta la responsabilidad que tiene la JEP de reconstruir el conflicto armado desde una mirada donde se aborde el papel que tuvo el racismo. En otras palabras, en cómo la violencia afectó a las personas afrodescendientes por el hecho de pertenecer a pueblos étnicos.

Visiones divididas

La JEP ha hecho algunas cosas bien, a juicio de Juan Carlos Angulo, líder comunitario y representante legal de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas), y destaca que se ha acercado a las víctimas afrodescendientes y desarrollado metodologías para el entendimiento con sus autoridades.

El pasado 11 de agosto en Apartadó, Antioquia, la JEP firmó la ruta de articulación con autoridades negras y afro del Bajo Atrato, del Darién chocoano y del Urabá antioqueño, en el marco del Caso 04. En su construcción, que llevó dos años, se han podido identificar las autoridades de cada uno de los consejos comunitarios, junto a sus formas de representación, participación y de ejercicio de justicia propia.

La ruta “es vital, es crucial para poder llegar hasta la última de las comunidades, hasta la última de las víctimas acreditadas para recibir de ellos las observaciones de acuerdo a lo que los comparecientes han dicho en las versiones voluntarias”, de acuerdo con la magistrada relatora del caso, Nadiezhda Natazha Henríquez.

Emigdio Pertuz, representante legal del consejo comunitario Cocomanorte considera que con ese acuerdo, la JEP visibiliza ante el mundo judicial la autonomía de las comunidades afrodescendientes.

En esa misma materia, en mayo de este año, se lanzó un protocolo de relacionamiento construido en diálogo con justicias del pueblo NARP de Putumayo, Buenaventura, Urabá, Bajo Atrato, Darién, Chocó, Tumaco, Barbacoas, norte del Cauca, Palenque de San Basilio, Sucre y San Andrés.

El reconocimiento y respeto de los consejos comunitarios, expresiones organizativas y prácticas de justicia propia; la articulación para la búsqueda de satisfacción en los derechos de las víctimas; la promoción de garantías de no repetición; y la implementación de acciones diferenciales hacen parte de los temas que se abordan en el protocolo

Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, resaltó durante la divulgación de ese protocolo que se quiere “visibilizar y honrar a los pueblos afrocolombianos, negros, raizales y palanqueros (…) Son actores determinantes para que Colombia pueda construir una paz territorial. La justicia transicional tiene presente y futuro porque está presente en ella la justicia ancestral afrocolombiana”.

Es cierto que los magistrados de la JEP, tanto para ese como para otros eventos han tenido posiciones positivas, pero aún así, hay víctimas afrodescendientes que no están del todo satisfechas. De hecho, en el Pacífico nariñense muy pocas de ellas tienen clara la misionalidad de esta Jurisdicción y todavía menos son las que la perciben como medio de reparación al dolor que han padecido.

Para empezar, Bernal asegura que en el Caso 02 mayoritariamente se hizo referencia a las comunidades indígenas, sin embargo, “ahora ya hay todo un proyecto de construir la verdad desde las comunidades afrodescendientes, esto gracias a la lucha que desde los territorios se ha librado para conseguir dicho reconocimiento”.

La abogada, por otra parte, ha notado que desde distintas instituciones del Estado no se tienen en cuenta las condiciones y necesidades que aquejan a las víctimas en sus regiones, donde en la mayoría de los casos ni siquiera se tiene acceso a los servicios básicos como luz, agua potable y/o acueducto. Opina que será un reto para la JEP darle un vuelco a estas formas de relacionamiento.

Angulo afirma que, incluso, las personas que desempeñan cargos directivos en la JEP no están bien informadas sobre esas situaciones, lo que hace que tomen decisiones poco acertadas en materia presupuestal y frenan procesos.

La pandemia es uno de los factores que ha hecho más notorio ese desconocimiento, pues los encuentros con las comunidades han tenido que desarrollarse de forma remota.

A eso se suma que los sistemas de comunicación en algunas zonas donde hay víctimas afrodescendientes son limitados y la información que se intercambia con los líderes sociales, que muchas veces son la voz y los oídos de la población frente a procesos institucionales, no es fluida.

En ese sentido, uno de los factores más preocupantes es que desde el centro del país no sólo se encabezan las reuniones sino que se toman las decisiones que involucran a las víctimas afrodescendientes, lo que incluye cómo, cuándo y con quién se hacen los encuentros y actividades; y, para el caso de la puesta en marcha de investigaciones, cuál es la metodología, la dinámica y los tiempos de desarrollo.

Pero allí no acaban las dificultades. Los embrollos y el papeleo que implican la mayoría de actividades con la JEP también han causado la cancelación o aplazamiento de encuentros con las comunidades, que piensan que la JEP debería ser más práctica, independiente y clara a nivel operativo y administrativo.

“Se establecen a veces procedimientos demasiado institucionalizados, que eso hace lenta la cercanía con las comunidades, el quehacer de la gente que tiene la responsabilidad de tratar con la comunidad a veces es demasiado lento. Se planea una cosa y termina en una oficina, la Secretaría Ejecutiva, por ejemplo, lo que se tiene y se debe hacer”, menciona Angulo al respecto.

Bernal asegura que la JEP ha dado pasos importantes estableciendo un diálogo directo con las autoridades étnicas del territorio, teniendo como desafío agotar todos los medios que sean necesarios para escuchar a las víctimas de maneras interculturales y considerando las estructuras de organización interna que existen. Son estas personas quienes han vivido y conocido los efectos de la guerra sobre su identidad y sobre sus territorios.

Así las cosas, tras cuatro años de funcionamiento, la JEP parece todavía no entender las necesidades de las víctimas afrodescendientes del conflicto, que cada vez sienten menos confianza en una institución de la que tienen una percepción de lejanía.

Nota del Editor: Se buscaron las versiones de algunos integrantes del Comité Étnico de la JEP, pero no fue posible obtener respuesta al cierre de este artículo.

The post Víctimas afrodescendientes, inquietas con una JEP lejana appeared first on VerdadAbierta.com.

1 of 16

The post Mujeres alzaron la voz en la protesta social appeared first on VerdadAbierta.com.

En los últimos siete años, en medio de un proceso de paz y de tránsito hacia el posconflicto, que paradójicamente terminó aumentando los niveles de riesgo y de violencia que ya padecían desde tiempo atrás, 1.336 defensoras de derechos humanos sufrieron algún tipo ataque a causa de las múltiples reivindicaciones que abanderan. En total, fueron asesinadas 84 y 1.132 recibieron amenazas.

Esas son algunas de las principales conclusiones del informe Defensoras: Voces de Vida y Resistencia, publicado este miércoles por Sisma Mujer, la organización feminista Limpal, la Cumbre de Mujeres por la Paz, el colectivo Grupo Género en la Paz (GPaz) y el Programa Somos Defensores. Más allá de las cifras, que evidencian patrones y pautas claves para entender ese flagelo, el documento analiza a profundidad los escenarios de riesgo que padecen las lideresas sociales, que, sólo por su condición de género, sufren una violencia diferenciada. (Leer más en: Mujeres tras el telón de la guerra)

“De forma puntual, las defensoras de derechos humanos deben encarar prejuicios y discriminaciones en virtud de los estereotipos sociales de género que invisibilizan el papel político de estas mujeres. Sin embargo, existen otros factores que entrecruzan las dinámicas de violencia como la raza, la etnia y la ubicación geográfica que exacerban la discriminación hacia las mujeres y la falta de reconocimiento de su labor de defensa”, indican las organizaciones.

Y a modo de ejemplo, ponen de presente la situación de las defensoras negras, raizales y palenqueras, cuyo “legado de la esclavitud continúa delineando la marginalización socioeconómica y, sin embargo, a través de movimientos de los feminismos negros y decoloniales se han creado respuestas colectivas: la interseccionalidad y la sororidad o solidaridad de las mujeres negras”. (Leer más en: Las mujeres de ASOM, claves para transformar el norte de Cauca)

La investigación hace un barrido por los llamados de atención que han realizado algunas entidades estatales, en los que advierten riesgos diferenciados que padecen las mujeres que defienden diversas agendas.

Entre ellos está la Alerta Temprana 026-18, emitida por la Defensoría del Pueblo en febrero de 2018, mediante la cual advirtió las amenazas que se ciernen alrededor de líderes, lideresas y organizaciones sociales de todo el país. En ese documento alertó que, a diferencia de las amenazas dirigidas contra hombres, “el lenguaje usado en los mensajes amenazantes contra defensoras incluye contenido sexista, alusiones al cuerpo, insinuaciones sexuales y, en el caso de las agresiones a personas con orientación sexual e identidad de género diversa (OISGD), evidencian los riesgos asociados al desarrollo de su identidad y orientación”. (Leer más en: Una alerta temprana que llegó 282 muertos después)

Esa diferencia también había sido reseñada por la Corte Constitucional, concretamente en su Auto 098 de 2013, en el que indicó que las defensoras “encaran riesgos de género que no enfrentan los defensores varones, en la misma proporción, debido a los roles preestablecidos que subvaloran y degradan la condición femenina… las mujeres defensoras enfrentan de forma constante el riesgo de ser objeto de abusos, agresiones y esclavitud sexual, trata de personas con fines de esclavitud sexual y doméstica, el reclutamiento con fines de explotación doméstica y sexual, amenazas de violencia sexual, humillaciones públicas con contenido sexual, marcas en el cuerpo producidas con objetos corto punzantes o quemaduras en la que imprimen mensajes denigrantes contra la víctima”.

Asimismo, el alto tribunal se pronunció sobre las intimidaciones que reciben las lideresas, las cuales generalmente son vinculadas con sus familias: “Muchas de las amenazas y actos de violencia se dirigen contra miembros del núcleo familiar, especialmente contra hijos e hijas, lo cual pone de manifiesto que tales ataques también pretenden una afectación diferenciada que ocasione daños en los bienes y relaciones que las mujeres consideran valiosos e importantes dada su condición femenina”.

En buena parte, esas alarmas encendidas por la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional, explican por qué las amenazas son la agresión más recurrente para silenciar las voces de defensoras de derechos humanos, lideresas sociales y autoridades étnicas. (Leer más en: La valiente lucha de las mujeres del Catatumbo por su dignidad y la paz)

En medio de ese panorama de continuum de violencias, como lo califican las cinco organizaciones, las mujeres sufren revictimizaciones y otras agresiones por parte de funcionarios estatales al atender las denuncias, obstaculizando su acceso a la justicia y perpetuando el ciclo de agresiones en su contra.

“La principal razón está en las pocas herramientas de análisis e interpretación que limitan el acceso efectivo a la justicia y reparación de mujeres víctimas, lo que desencadena en impunidad con respecto a la investigación y enjuiciamiento de los autores de dichas violencias. Es de destacar, que muchas mujeres defensoras han expresado que se sienten más maltratadas por las instituciones que por otros actores debido a la desinformación por parte de funcionarios/as del sistema judicial conduciéndolas a un escenario de re-victimización constante”, sostiene el informe.

Radiografía de la violencia

Entre 2013 y 2019, Somos Defensores documentó 4.355 hechos de violencia, de los cuales 1.336 fueron contra defensoras de derechos humanos y 3.017 contra defensores. Es decir, casi la tercera parte de los casos corresponden a hechos contra mujeres, quienes fueron víctima de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida y obstaculizó su activismo.

A pesar de la diferencia, al revisar las cifras detalladamente, se encuentra que las agresiones contra las mujeres tuvieron un mayor aumento: “El incremento porcentual de las agresiones deja ver la manera cómo se ha agudizado la violencia contra defensoras, incluso por encima de los ataques contra hombres, pues en el período analizado las agresiones contra mujeres aumentaron en un 165%, mientras que las de los hombres se incrementaron en 116%”.

Lo anterior se explica por la diferencia de agresiones ocurridas en 2013 y en 2019, las cuales fueron aumentando constantemente, a excepción de los años 2016 y 2017, cuando las comunidades y los líderes sociales recibieron un respiro por la firma del Acuerdo de Paz y la dejación de armas de las Farc. Sin embargo, a partir del año siguiente, la violencia volvió a picar en punta: “Para el año 2018, el panorama cambió nuevamente y las agresiones contra defensoras presentaron un aumento preocupante, con un incremento del 64% de casos de agresiones en relación con el año inmediatamente anterior”.

A juicio del informe, esa situación “responde a las dificultades para la implementación de los Acuerdos de Paz en las regiones y a la incapacidad del Estado para ocupar con su institucionalidad los espacios que anteriormente estaban controlados por las FARC, lo que permitió que otros actores, en particular armados, fijaran sobre estos territorios sus intereses y surgieran múltiples disputas para tomar el control de estas zonas. Entre las pugnas de los armados por dominar estos lugares y el control social, la más perjudicada fue la población civil y, particularmente, las personas defensoras de derechos humanos”.

Y como efecto secundario, apostarle a la implementación del Acuerdo de Paz y a la construcción de las políticas del posconflicto, generó una exposición del liderazgo de decenas de mujeres que terminó convirtiéndose en un factor de riesgo. “Las defensoras son un actor muy visible por sus roles en las comunidades y esto las convierte en un blanco para los grupos armados que quieren tomar el control de los territorios, los cual implica conseguir el control de la población”, agrega el informe. (Leer más en: El día en que las mujeres se anticiparon a la refrendación de la paz y Visión de las mujeres, fundamental en formulación de los PDET)

Bajo ese contexto, las lideresas sociales sufrieron asesinatos, amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, uso indebido del sistema penal, desaparición forzada, violencia sexual, robos de información y heridas. Entre ellas, la agresión más recurrente fueron las amenazas, con 1.132 casos (85 por ciento); seguidas de los asesinatos, con 84 casos (seis por ciento); y los atentados, con 57 casos (cuatro por ciento). (Leer más en: Vuelven las amenazas contra organizaciones de mujeres)

1 of 9

Las lideresas más afectadas fueron las indígenas, con 118 casos; las comunitarias, con 75 casos; las campesinas y las de víctimas, con 68 casos; las afrodescendientes, con 66 casos; y las comunales, con 63 casos. Ante ese panorama, el informe concluye que los roles más afectados son los “asociados con la defensa de la tierra y el territorio, como los de las mujeres defensoras indígenas, que tienen en el centro de sus movilizaciones el respeto de los derechos de sus comunidades y del territorio como espacio vital sin el cual no hay garantías”. (Leer más en: Masacre de Tacueyó: el alto costo de ejercer la autoridad propia)

En cuanto a los presuntos responsables de las 1.336 agresiones contra defensoras de derechos humanos, el informe revela que la mayoría de los casos corresponde a grupos de origen paramilitar y que se desconoce quiénes son los autores materiales de 331. En menor medida, aparecen la guerrilla del Eln, disidencias de las Farc y miembros de la Fuerza Pública.

Bogotá, como Distrito Capital, es la región donde más agresiones ocurrieron (483), y le siguen los departamentos de Cauca (127), Valle del Cauca (119), Atlántico (62), Antioquia (61) y Santander (50). Sobre la capital de la República, la investigación aclara que el alto número de agresiones corresponde a las amenazas masivas que se dirigen contra organizaciones que tienen sede en ella.

En cuanto a los 84 asesinatos ocurridos en esos siete años, Somos Defensores identificó que disminuyeron entre 2014 y 2016 respecto a 2013, pero que ocurrió un grave aumento a partir de 2017. En este caso se desconoce quiénes son los presuntos responsables en la mayoría de los casos; y los departamentos con más asesinatos son Cauca (13 casos) Antioquia (10), Norte de Santander (ocho), Arauca (siete) y Valle del Cauca (seis).

Además de ese diagnóstico, el informe hace una radiografía de las entidades estatales a cargo de la protección de las lideresas sociales y de los pocos resultados en materia de sanción de los crímenes que sufren, revelando alarmantes fallas.

Por esa razón, hace 19 recomendaciones para que se implemente de manera efectiva el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos; y se pongan en marcha, con enfoque de género, los mecanismos consagrados en el Acuerdo de Paz para la protección de la defensa de los derechos humanos y mejorar las condiciones de las regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado.

Foto de apertura: Cumbre Nacional de Mujeres y Paz

The post La violencia que sufren las defensoras de derechos humanos appeared first on VerdadAbierta.com.

The post El silencio de las niñas abusadas en Putumayo appeared first on VerdadAbierta.com.

“Estamos aquí para que sepan que su sufrimiento y su indignación es nuestra. Creemos en su palabra seria, veraz y profética, y la asumimos como nuestra. Estamos igualmente para aceptar nuestra responsabilidad social, y llamar a todos en Colombia a aceptar, cada uno desde su lugar, la inmensa responsabilidad de nuestra sociedad sobre esta vergüenza de nuestra historia”.

Con esas palabras, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, quien preside la Comisión, entidad del Estado creada en el Acuerdo de Paz para producir un informe sobre las causas y los efectos del conflicto armado, dio apertura al Primer Encuentro por la Verdad, realizado ayer en Cartagena.

La elección del tema no fue fortuita. Los comisionados decidieron poner los reflectores sobre la “violencia más silenciada y la más invasora de la profundidad sagrada de las víctimas”. Para ello, se relataron 30 casos de diferentes tipologías de violencia sexual: algunos fueron narrados por las víctimas con su propia voz; y otros, por razones de seguridad, fueron leídos por defensores de derechos humanos, funcionarios de diversas agencias del Estado y representantes de la comunidad internacional que acompañan el proceso de paz.

El lema de este primer encuentro fue Mi cuerpo dice la verdad. Y así lo recalcaron 22 víctimas de violencia sexual, vestidas con prendas blancas, que ingresaron una a una a la tarima del Teatro Adolfo Mejía, hasta crear un círculo alrededor de unas flores tendidas en el piso. Conforme ingresaban al escenario, todas entonaron una frase similar, en la que cada una cambió el significado de su cuerpo. La primera indicó: “Mi cuerpo es resistencia y dice la verdad”. La segunda, replicó: “Mi cuerpo es diversidad y dice la verdad”. La siguiente: “Mi cuerpo es miedo y dice la verdad”. Así, hasta que la última repitió la frase de la primera y todas, al unísono, gritaron contundentemente: “¡Mi cuerpo dice la verdad!”.

Ese acto simbólico, lleno de fuerza, fue una declaración de intenciones sobre la estigmatización y la poca credibilidad que por lo general tienen las víctimas de violencia sexual que se atreven a denunciar sus tragedias. Como dijo más adelante la investigadora Rocío Martínez, del Centro Nacional de Memoria Histórica, que en noviembre de 2017 publicó una detallada radiografía sobre el tema, “la violencia sexual es el único crimen en el que la víctima tiene que demostrar que no lo merecía, que no lo buscó, que no era su culpa”. Y en ese sentido, en otro momento del encuentro, fue reproducido un audio de la historiadora Diana Uribe: “La violación es el único crimen en el que la víctima tiene que probar que no lo provocó”.

Antes de dar inicio a los testimonios de las víctimas, la comisionada Alejandra Miller recalcó que ese evento buscaba “movilizar a la sociedad para que conozca y reflexione sobre uno de los crímenes que ha sido más naturalizado, invisibilizado y negado en ésta y en todas las guerras. Esperamos iniciar un proceso para que los responsables escuchen a las víctimas y avancemos hacia el reconocimiento de sus responsabilidades, en condiciones de dignidad”.

Asimismo, recalcó que la deuda con ellas es muy grande. Según datos del Registro Único de Víctimas, 25 mil personas sufrieron ataques de violencia sexual en el marco del conflicto armado, y el 91 por ciento de los casos corresponde a mujeres. Y si se revisan los resultados de judicialización, de acuerdo con cifras aportadas por la Fiscalía General de la Nación, apenas han sido denunciados alrededor de mil casos y sólo se han producido 23 sentencia condenatorias contra miembros de las Farc y de la Fuerza Pública.

Barbarie y resistencia

El primer testimonio lo brindó Lina Palacio, sentada en una silla y cubriendo sus piernas con la bandera de la comunidad LGBTI. Realizó un sentido y pausado relato para contar que a los 31 años fue violada y desplazada por un grupo armado; considera que la despojaron de su dignidad como lesbiana porque optó por no entregarle su cuerpo a un hombre sino a otra mujer. Señaló que todos los vejámenes sufridos por hombres que portaban fusiles le produjeron cáncer en el alma y les encomendó a los colombianos la tarea de encontrar su cura. Antes de levantarse de la silla, cubrió su cabeza con la bandera del arcoíris y salió del escenario mientras se apagaban las luces.

John Peter Podahi, embajador de Noruega, leyó el relato que Sandra, una excombatiente de las Farc, escribió con su puño y letra. Inicia contando que de niña fue secuestrada por las Farc y violada la primera noche que estuvo bajo cautiverio; insiste en que no fue reclutada sino secuestrada, y acto seguido dice le provocaron abortos muy dolorosos. En ese momento el llano corta la lectura del embajador y después la retoma para decir que dentro de las filas Sandra nunca sintió amor y que entregó a una bebé que logró concebir. Señala que sufrió un daño irreversible porque perdió a su familia y su identidad: “El día que cumplí 15 años estaba con un fusil en un combate”. Por esa razón, le mandó un mensaje a las Farc: “¡Es el momento de decir basta de mentiras y que asuman su responsabilidad!”. Su caso también es muestra de estigmatización, pues cuando se escapó de ese grupo armado y acudió a la Defensoría del Pueblo para denunciar la violencia sufrida, le dijeron que cómo iba a declarar una violación si fue guerrillera, “que cómo venía a decir eso”.

La procuradora delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Mónica Cifuentes, leyó el caso de una mujer que fue víctima de esclavitud sexual. Su tragedia inició cuando un grupo paramilitar arribó a su pueblo y cuatro hombres se la llevaron para interrogarla porque la señalaron de ser guerrillera. “Para nosotros todo indio es guerrillero”, le dijeron. La retuvieron durante tres días en un campamento, en donde fue violada durante las noches. Al tercer día la dejaron abandonada en una carretera porque no le encontraron nada, pero durante los cuatro meses siguientes fue llevada a la fuerza a los campamentos, porque “el comandante y otros paramilitares querían acostarse” con ella. La amenazaron para que no denunciara, so pena de asesinarle a la familia.

Lina Mercedes Caro narró ante el auditorio que también fue víctima de esclavitud sexual. Se define como víctima por la violencia que padeció, y como sobreviviente por un empalamiento que sufrió. “Desde mi primera violación masiva y sistemática me mataron, soy una mujer muerta en vida”, sentenció. Después explicó que no hizo denuncias por miedo: “¿Cómo voy hablar si vivía en un territorio en donde todos eran puestos por paramilitares, desde el alcalde hasta el médico?”. No obstante, hoy en día tiene otra actitud: “Estamos cansadas, estamos muertas, qué más nos da y qué viene para nosotras, cunado una cantidad de cobardes, que no eran capaces de soltar sus fusiles para violarnos, porque son unos cobardes… (su relato se interrumpe y lo retoma con fuerza) pero nosotras somos más valientes que ellos porque hoy estamos paradas aquí y en cualquier lugar, dando la cara: ¡no nos estamos escondiendo!”. Con esas palabras terminó su testimonio, haciendo estallar el auditorio en aplausos por su coraje.

Gonzalo Sánchez, exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica, leyó la historia que Marabel Sánchez escribió sobre su hija Paola Hernández Sánchez, quien decidió, a sus 13 años, enlistarte en la guerrilla que operaba en la zona de Gaitania, en el sur del Tolima. “Nadie la obligó ni le puso un arma en la cabeza […] Cuando se fue a la guerrilla le pusieron otro nombre, se llamaba ‘Daniela’. Antes de que ella muriera conocí que había combates en la zona, se escuchaban los combates, los helicópteros, el plomo. Un día una vecina me mandó a decir que habían hablado con un soldado y le había dicho que estaban dos ‘guerrillas’ muertas, que una era una monita, bajita, gordita, y yo en mi pensamiento dije esa es mi hija […] A mi hija le pegaron un tiro en la vista y en la nuca tenía moretones, como cuando lo van a ahorcar a uno. Ahí se veía la huella. Cuando me la entregaron en la funeraria y llegamos a la casa en Gaitania y la revisamos y la arreglamos, vimos que con el tiro en la pierna ella quedó viva. Con mi hija abusaron de la manera que ellos quisieron”.

Arropada por una luz tenue generada por un par de veladoras en el piso se escuchó la voz quebrada por el dolor de Gloria, representante legal de una asociación de mujeres víctimas del conflicto armado del departamento de Cauca: “Pienso yo que tal vez, dolorosamente, uno se puede sobreponer a la pérdida de un ser querido porque la violencia me quitó a mi papá y a mis dos hermanos, pero no a una violencia sexual: eso lo marca a uno para toda la vida, rompiéndole sus sueños y sus ilusiones. Pierde totalmente la dignidad y desaprovecha por momentos compartir momentos bonitos con su familia”.

Los testimonios fueron alternados con cantos de un grupo de mujeres afrodescendientes sobre valor y resistencia. También fue proyectado un video en el que 20 víctimas contaron algunos detalles de sus casos y se identificaron como campesinas, indígenas, negras, lesbianas, hombres transexuales y homosexuales. En él, guerrilleros y paramilitares fueron los más mencionados como victimarios, ambos en ocho casos; seguidos por miembros de la Fuerza Pública en tres; y en el restante se desconoce al responsable.

¿Por qué usaron la violencia sexual?

La principal voz para responder esa pregunta fue la de Rocío Martínez, relatora de la investigación La guerra inscrita en el cuerpo: Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en noviembre de 2017. (Leer más en: La barbarie de la violencia sexual como arma de guerra)

La investigadora indicó que las violencias sexuales son mecanismos para generar terror, dominio y humillación, a través de la expropiación corporal de las víctimas: “Han sido usadas de manera diferencial, atendiendo a los distintos momentos del conflicto armado; a las condiciones de emergencia particulares; a cada contexto; y a los imperativos que cada actor armado ha tenido en momentos específicos”. De esa manera, el CNMH encontró tres escenarios específicos en los que grupos armados, legales e ilegales, emplearon la violencia sexual: de disputa armada, de control territorial e intrafilas.

En los escenarios de disputa armada, los actores juzgaron como pertenecientes o colaboradores de sus adversarios a quienes habitan los territorios antes de su arribo. “En las incursiones la violencia sexual envía un mensaje de terror a la población. Ha sido usada para romper lazos comunitarios, amedrentar a la población con el fin de desplazarla y despojarla de sus territorios; también para someter a las combatientes enemigas y minar la capacidad bélica del contrincante”, indicó Martínez.

Sobre los momentos de consolidación, refirió que la violencia sexual se ha usado para eliminar, reducir y someter las resistencias de lideresas, activistas y figuras reconocidas de las comunidades, que denunciaron los atropellos del grupo invasor, así como para silenciar sus voces. Y enfatizó que “donde predomina la presencia de un grupo, ha transmitido el mensaje de que los actores armados son dueños de los cuerpos que dispongan”.

En cuanto a los escenarios intrafilas, que se dan al interior de los grupos armados, la investigadora señaló que han hecho parte de estrategias de disciplina y moldeamiento de las combatientes reclutadas: “Ha sido usada como un medio para establecer diferencias y jerarquías entre hombres y mujeres dentro de las organizaciones armadas”.

Por otro lado, planteó que la violencia sexual se ha usado para castigar lo que se considera trasgresor de un orden moral, como es el caso de las violencias correctivas sobre mujeres lesbianas y hombres transexuales. “Se usa también para castigar aquellos cuerpos que se consideran inapropiados o indeseables”, precisó.

Teniendo en cuenta esos aspectos, concluyó que es “evidente que las violencias sexuales no han sido un resultado natural e inevitable del conflicto, ni obedece a instintos irrefrenables de hombres que han pasado mucho tiempo sin contacto sexual. Tampoco se puede entender como una acción colateral o la acción de unas cuantas manzanas podridas dentro de cada grupo armado, dado que ha sido funcional, que ha contribuido de manera significativa y efectiva a los fines que cada actor ha tenido. Las violencias sexuales han sido un engranaje fundamental en el desarrollo del conflicto armado y así deben ser analizadas”.

Y finalizó su intervención haciendo un llamado de atención: “La responsabilidad de los actores armados no nos exime como sociedad de asumir nuestra parte; a pensar las formas en que cada día, cotidianamente, construimos una sociedad racista, misógina, clasista, que contribuya a que las violencias sexuales proliferen en la más absoluta impunidad. Como ya se ha dicho, es el único crimen en el que la víctima tiene que demostrar que no lo merecía, que no lo buscó, que no era su culpa”.

Elizabeth Wood, experta de la Universidad de Yale y quien ha estudiado el tema por varias décadas, intervino en el evento y respondió con especial énfasis a la pregunta de si este tipo de violencias se pueden evitar en un conflicto armado. “Sí. Sí, se pueden evitar […] Dos décadas de investigaciones por académicos y académicas en la violencia sexual durante los conflictos armados sugieren que algunas organizaciones armadas, incluyendo fuerzas estatales y actores no estatales, participan muy poco en actos de violencia sexual contra […] No violan, no esclavizan sexualmente no torturan ni obligan a los civiles y a las civiles a ejercer prostitución forzada”.

Sustentando su afirmación en una extensa literatura sobre el tema, Wood puso como ejemplo al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador que, al parecer, cometió muy pocos actos de violencia sexual contra civiles en los años de la guerra en este país centroamericano durante la década del ochenta.

No obstante, reconoció esta académica que alrededor del tema hay mucho silencio y las denuncias han sido mínimas sobre este tipo de violencias, por lo que dijo que “se necesita un enorme coraje para contarle un evento de violencia sexual a alguien y más coraje aún para testificar públicamente”.

A su juicio, si algunas organizaciones armadas prohíben efectivamente las violaciones sexuales durante los conflictos armados, “es evidente que sí se puede evitar durante los conflictos armados. Este simple hecho conlleva tres implicaciones importantes: si se pueden evitar, podemos responsabilizar a aquellas organizaciones que sí cometen las violencias sexuales; si se pueden evitar, debemos insistir en que violar no es normal, no es parte de la naturaleza humana, y no se explica con así se comportan los hombres; y si se pueden evitar, podemos trabajar para prevenirlas, para mitigarlas, para disminuir este flagelo que ocasiona tal sufrimiento”.

Esperanzador

Antes del cierre del evento, intervino la comisionada Ángela Salazar, quien calificó lo vivido en Cartagena como el “parto de la verdad” y resaltó que las organizaciones de base son las protagonistas de este “parto”, y retomó unas palabras que escuchó el día anterior de la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell: “Las mujeres parimos la verdad”. Pero fue más allá y celebró que la población LGTBI se atrevió también a “parir esa verdad”. Y agregó que “es una verdad tan difícil de decir, es una verdad que nuestro cuerpo está marcado por todos los dolores que esto representa”.

La comisionada Miller destacó que “a pesar del dolor, las voces de estas víctimas nunca se ubicaron en la venganza, retaliaciones ni en la cárcel. ¡No! Sus voces nos hacen un llamado a la verdad y al reconocimiento como las claves de la reparación; sus propuestas son un faro para la convivencia y las garantías de no repetición”.

Finalmente, el padre De Roux retomó la palabra y agradeció a las mujeres que tuvieron el coraje de exponer ante el público “los testimonios de su intimidad pisoteada. Ustedes han hablado por encima de las prevenciones del pudor, del miedo y de la incertidumbre”; resaltó que esos testimonios, dados por una amplia diversidad de mujeres, “nos han mostrado la voluntad de seguir adelante porque la causa que nos mantiene unidos es más grande que nosotros mismos”; y se comprometió a que la Comisión que preside encontrará, “en cuanto nos sea posible, si con ustedes mismas, participantes forzadas en este drama, la explicación que permita esclarecer esta realidad atroz”.

The post Violencia sexual, el crimen silenciado que inauguró los Encuentros por la Verdad appeared first on VerdadAbierta.com.

El cuerpo de las mujeres es un botín de guerra en los conflictos armados y deja marcas imborrables por el grado de violencia que se ejerce sobre ellas. Así ha quedado demostrado por décadas en diversas regiones del mundo donde han chocado ejércitos regulares e irregulares. Y Colombia, con más de 53 años de confrontación, no es la excepción.

En su afán de conquistar territorios, someter a las comunidades, ejercer presión sobre las poblaciones, atacar a sus adversarios y satisfacer sus deseos, incluso con mujeres de sus propias tropas, tanto guerrilleros como paramilitares y agentes del Estado recurrieron a la violencia sexual.

El drama no es anecdótico y así lo concluyó el entonces magistrado Rubén Darío Pinilla, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en una de sus sentencias: “[…] la violencia y abuso sexual del que son víctimas las mujeres especialmente, pero no únicamente, y en las distintas formas y modalidades que ésta puede asumir, es un fenómeno endémico en Colombia y en particular en el conflicto armado”.

El tema ha cobrado actualidad por cuenta del presidente de la República, Iván Duque, quien en su alocución del pasado 10 de marzo, anunció que presentaría ante el Congreso una reforma constitucional al Acto Legislativo 01 de 2017 que le dio vida al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en el cual propondría, entre otros cambios, que los delitos de violencia sexual a menores de edad sean juzgados por la justicia ordinaria. (Leer más en: Objeciones a ley estatutaria, ¿el ‘caballo de Troya’ para reformar la JEP?)

Su idea, y la de aquellos que apoyan esa iniciativa, es que los exjefes de la antigua guerrilla de las Farc, convertida en partido político gracias a los acuerdos firmados el 24 de noviembre de 2016 con el Estado colombiano representado por el presidente Juan Manuel Santos (2010-2014), paguen por esos crímenes por fuera del sistema de justicia transicional, donde se someterían a penas superiores a los 30 años y sin ninguna clase de beneficios.

La medida propuesta es asimétrica si se compara con los beneficios contenidos en la Ley 975 de 2005, conocida como de Justicia y Paz, y que recibieron excomandantes, mandos medios e integrantes rasos de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), una estructura paramilitar que combatió a las Farc durante varios años con el apoyo de sectores políticos, económicos, militares y policiales.

Decenas de exparamilitares, postulados, procesados y juzgados en los tribunales que creó la Ley de Justicia y Paz pagaron, en promedio, ocho años de cárcel, tal como fue convenido en los acuerdos que permitieron la desmovilización colectiva, entre los años 2003 y 2006, de las estructuras que pertenecieron a las Auc, y que fueron pactados con el entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Su comparecencia ante los tribunales de Justicia y Paz, donde rindieron extensas versiones de sus actividades en razón del conflicto armado, permitió abrir una senda vedada para un amplio sector de los colombianos que estuvo de espaldas a los atroces crímenes que perpetraron los comandos paramilitares en buena parte del país, tanto en sectores urbanos como rurales. Una de esas sendas fue la de la violencia sexual, cuyas víctimas estuvieron silenciada por muchos años ante la intimidación de quienes la ejercieron y sus cómplices en las esferas estatales. (Leer más en: ¿Qué nos dejan 10 años de justicia y paz? y La otra Colombia salvaje)

Una de las sentencias de Justicia y Paz más completas sobre el tema fue proferida el 30 de enero de 2017 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. Se trata del fallo contra Rodrigo Alberto Zapata Sierra, William Mosquera Mosquera, Games Lozano Badillo, Carlos Mario Montoya Pamplona y Luis Omar Marín Londoño, exintegrantes del Bloque Pacífico, con ponencia del magistrado Rubén Darío Pinilla.

El togado le dedicó decenas de páginas al análisis de este brutal comportamiento en la guerra y presentando cifras de la Unidad de Víctimas para el periodo 1990-2010, concluyó que “el aumento de los casos de violencia sexual asociados al conflicto armado se produce en el período de expansión y consolidación de los grupos paramilitares en todo el territorio nacional”, que corresponde al periodo 1997-2002.

Abordando lo vivido por las comunidades afro de Chocó, el magistrado ponente de esta sentencia expuso que esa misma dinámica nacional se replicó en ese departamento bajo la presencia y control del Bloque Pacífico, que operó desde marzo de 1996, cuando ingresó el primer grupo a Quibdó, hasta el 23 de agosto de 2005, cuando se desmovilizó. El caso tiene un agravante, que se infringió dolor a las mujeres no sólo por esa condición, sino por ser afros.

Pero más allá de la constatación de la comisión de este atroz crimen a través de las cifras, lo que permitió la aplicación de la Ley de Justicia y Paz fue la apertura de las víctimas a contar sus casos con todo el dolor que les implicó recordar.

Si bien la sentencia contra los exparamilitares del Bloque Pacífico es una de las más detalladas en cuanto a destacar el crimen de violencia sexual en razón del conflicto armado, muchas más decisiones judiciales de Justicia y Paz han abordado el tema y descrito las atrocidades cometidas por aquellos que tomaron el cuerpo de las mujeres como botín de guerra.

VerdadAbierta.com revisó varios fallos en busca de esos dolorosos relatos a través de los cuales se conoció la cara más perversa del paramilitarismo en el país, por cuyos delitos, integrados a otros más, solo pagaron, en promedio, ocho años de cárcel, tal como se estableció en las normas que regularon su desmovilización y regreso a la legalidad. (Leer más en: Los pecados de la guerra paramilitar contra las mujeres)

Hablan mujeres de Chocó

Los siguientes relatos están consignados en la sentencia proferida contra los exintegrantes del Bloque Pacífico, ya reseñada en apartes anteriores, y los señalamientos de las mujeres implican a varios de ellos. En total, se investigaron 31 casos relacionados con violencia sexual. Los testimonios fueron dados bajo reserva. (Leer más en: Los abusos sexuales de los ‘paras’ contra las mujeres en el sur de Chocó)

“D.M.M. fue víctima de asedio desde que tenía 10 años y los paramilitares llegaron al corregimiento Aguacatico del municipio de Medio Baudó e ‘inicio alias el Vaquero a molestarme a decirme que le parara bolas, a enviarme razones’ y como no accedió a su hostigamiento, ‘me cogió a la fuerza y me violó’”.

“E.M.M.U. relata que ‘llegaron 2 hombres… dijeron que iban de parte de su jefe y que él quería que me presentara en su casa, me toco irme… me llevaron a un cuarto donde estaba alias don Mario vestido con una pantaloneta y sin camisa… se me presentó como el jefe de la zona y que necesitaba de mis servicios, que estuviera con él, a lo que yo me rehusé y este se puso como bravo, me cerró la puerta y me dijo que tenía que estar con él’”.

“Y R.I.M.M. describió como llegó ‘un muchacho y me dijo que fuera donde el comandante y yo le dije que no iba a ir por que no tenía nada que hablar con él.. a la media hora llegó con otro muchacho… me dijeron que el jefe había mandado por mí, yo le dije que no y cada uno me cogió del brazo y me llevaron, cuando llegamos allá, el comandante me dijo que yo me las tiraba de muy creída, que de que me las aplicaba, que nunca una mujer lo había despreciado’ y la violó”.

“M.H.M.R. narró que ese día llegaron unos 200 paramilitares que reunieron a todps los pobladores y llamaron a algunos con nombre propio y los retuvieron, ‘luego el comandante Nilson Machado Rentería, alias Capaceño, me dijo que teníamos que hablar aparte y me dijo que me tenía que acostar con él para que no le pasara nada a mi esposo y me cogió a abrazarme y tratar de tirarme al piso y yo como pude me solté’”.

“M.Y.T.S. tenía 13 años cuando fue violada y narró su experiencia así: ‘era de noche más o menos como a las diez… cuando sentí fue que por detrás alguien me tapo la boca… me decía que no gritara que si gritaba me mataba, fue brusco, yo llevaba un vestidito que mi mamá me había comprado y cogió y me lo rompió todo… me golpeaba en la cara con la mano… que yo era una perra que dejara la bulla porque yo lo había provocado a él’”.

Torturas en el Bajo Cauca antioqueño

En la sentencia contra el excomandante paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, del Bloque Mineros, fechada el 2 de febrero de 2015 y proferida también por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, con ponencia de la magistrada Consuelo Rincón, se incluyen testimonios de victimarios que detallan la manera cómo esta estructura de las Auc, que operó en el Bajo Cauca antiqueño, apeló a la violencia sexual, en ocasiones en medio de masacres como la de El Aro, en Ituango. (Leer más en: Los crímenes sexuales del Bloque Mineros en Ituango)

“Luis Adrián Palacio Londoño, alias ‘Diomedes’, comentó que ‘La orden era no violar a ninguna mujer, que una vez un hombre, alias ‘Maider’, se encontró con una pelada de 16 o 17 años, le quitó la moto, la violó, le quitó la moto y la descuartizó, nosotros matamos a Maider a principios de 2003. Por medio de la familia que lo denunció nos dimos cuenta que había sido Maider’. Asimismo, dice que pudo haberse sucedido más casos, pero no tenía control sobre los patrulleros”.

“Luis Adrián Palacios Londoño, alias ‘Diomedes’, […] dijo que siempre utilizaban, como forma de tortura, los cables eléctricos puestos en los dedos o en las manos de las víctimas, los que en una oportunidad le fueron puestos a una mujer en los senos, víctima a la cual le habían llamado la atención dos veces acusándola de ‘escandalosa’ y a modo de castigo, a la tercera vez, la llevaron a una finca donde la sometieron durante horas a los cables, hasta que murió”.

“Las mujeres de la región en la cual se asentaba el Bloque Mineros, también eran obligadas a realizar bailes y desnudos forzados; al respecto una declarante del municipio de Tarazá, informó que en las fincas de los comandantes ‘Cuco’, ‘Puma’, ‘Navarrete’ y ‘Picapiedra’, a las jóvenes las sometían a prácticas tales como hacerlas correr desnudas por el predio, para luego ser perseguidas por los hombres y sostener relaciones sexuales con ellas, hacer striptease, a tocamientos libidinosos, consumo de drogas y licor”.

“Al día siguiente cuando mi mamá […] se desplazaba donde una amiga […] que vivía ahí mismo en el pueblo, fue retenida por esta gente armada. Se la llevaron a una casa donde ellos mismos estaban, se la llevaron caminando. Yo me encontraba en la casa cural recogiendo una ropa y desde ahí alcance a mirar lo que le pasaba a mi mamá. Después de esto me fui para mi casa y me di cuenta que mi mamá no había llegado. En horas de la noche llegó un sujeto paramilitar conocido con el alias de ‘Cobra’, él manifestó que iba por orden de ‘Junior’, me sacó de la casa, yo estaba en pijama, porque yo estaba acostada durmiendo, mi familia se dieron (sic) cuenta cuando me sacaron, pero no pudieron hacer nada por temor, este sujeto me llevó hasta el parque. Eso era ya como tarde en la noche. De este ‘Cobra’, lo único que me acuerdo es que era un tipo alto como acuerpado, estaba uniformado, no recuerdo si estaba armado, no recuerdo mayores datos de él por el tiempo que ha pasado. En este desplazamiento cuando llegó al parque, miro a mi mamá que se encontraba al frente de una casa sentada, habían paramilitares al lado de ella, de ahí me llevaron para otra parte con otros paramilitares, no supe cuál sería el sitio, no me dijeron para que lo hacían o que me iba a pasar. Cuando llegue al sitio los hombres me tiraron al piso y me violaron”.

“[…] violaron un poco de mujeres, violaron dos hijas de la abuela, le echaron en la piel un polvo blanco que sacaron de unas caletas para ver si quemaba. Sacaron una crema de una caja, untaban una aguja y con eso le chuzaban en las uñas a la muchacha, a la mamá y al hermanito. Me fui para La Granja, casi pierdo a mi hija porque estaba embarazada, me violaron estando embarazada”.

Ocurrió en Urabá

El tema también fue abordado con detalle en la sentencia contra Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, y ocho hombres bajo su mando, todos ellos del Bloque Elmer Cárdenas (Bec), con operaciones en el Urabá antioqueño, norte de Chocó y sur de Córdoba, así como en Boyacá. El fallo fue proferido el 17 de mayo de 2018 con ponencia del magistrado Juan Guillermo Cárdenas, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. (Leer más en: Los pecados de guerra del Bloque Élmer Cárdenas)

“V.R.C refirió que ‘gracias a Dios no fui violada como sí pasó con muchas mujeres de la región, sino que la mayoría se fueron a Panamá, no mataron mujeres, sino que las cogían a plena luz del día, no me acuerdo bien de sus nombres’”.
“M.E.R.R. relató que en esa época violaron a muchas muchachas, ellos iban entrando y las que le gustaba, así tuvieran marido se las llevaban, las violaban y las soltaban, no las mataban … muchas se fueron a otros sitios”.

“La víctima M.P.B. contó que aparte de su caso de violencia sexual ‘escuché de otras conocidas que tenían el mismo perfil, en cuanto a las características que a alias Serrucho le gustaban (todas las mujeres eramos trozitas (sic) y parecidas en cuanto a que le gustaban quietas de su casa es decir al mando de sus padres), no me acuerdo del nombre de estas chicas’”.

“M.P.B., en entrevista rendida ante funcionarios de policía judicial el veintisiete (27) de febrero de 2014, al pregustársele sobre las relaciones afectivas entre miembros del GAOML con mujeres de la población civil, dio cuenta que ‘también se dio con menores de edad, aquí lo que hacían era comprar la mamá de la menor, si era muy pobre le llevaban mercado’”.

“El hermano de la víctima A.C.C., al preguntársele si conocía el motivo por el cual miembros de la agrupación ilegal violaron a su consanguínea, contestó ‘por hacerle la maldad’”.

C.P.M.U. narró que ‘cuando terminó de violarme, yo le dije desgraciado porque me hiciste eso y me dijo es que usted me gusta mucho, yo tenía doce años de edad’”.

“[La hermana] de una víctima de violencia sexual y homicidio, sobre las motivaciones del hecho criminal perpetrado por hombres del BEC refirió que ‘una vez el mismo Andrés Chimurro me dijo ‘su hermanita es muy creidita y algún día ella me las tiene que pagar‘, yo le dije que porqué, que cual era ese delito y me respondió que’ por que se mantiene en la calle y que en la calle no hacían nada de cosas buenas’, yo pienso que ellas le paraban bolas a otros pero a ellos no y por eso las mataron’”.

“K.J.R.G., reclutada a los 15 años confesó que ‘durante el reclutamiento no me gustaba porque los comandantes especialmente Cheja, nos ponía a hacer más trabajo, nos dañaba las cosas y me decía que fuera la mujer de él o sea que tuviéramos relaciones sexuales y a mí me tocaba acceder para que no me maltratara, yo si me sentía que me estaba violando aunque no utilizaba para tener sexo, yo accedía por miedo, para que no me dañara las cositas personales que tenía allá, o para que no me pusiera más trabajo, estuve varias veces con él’”.

“M.C.G.H. contó que se le privó de la libertad durante catorce días, interregno en el que fue accedida carnalmente por un miembro del grupo criminal. Aseguró que desde el momento en que fue abordada violentamente por los forajidos se le tildó de pertenecer a la subversión. Narró la víctima que en el trayecto ‘me decían esta maldita guerrillera, e insultaban feo… me tuvieron encerrada en un alambre de púa, era como una cárcel con alambre de púa, estaba ahí sola, se acercó ‘platina‘ y conversó conmigo, me dijo que si yo era guerrillera, yo le dije que no, que no sabía que estaba haciendo allá, entonces me dijo que le habían dicho que yo era guerrillera, que un muchacho le había dicho… me dijo eso y yo les dije que no… durante esos catorce días me golpearon una vez, fue ‘Fredy‘, me dio un puñetazo en el brazo, también me violaron, fue a los ocho días que me trasladaron para el barrio el chino, a una escuelita de ahí…me entraron para el salón, me tenían suelta, en la noche fue que entró Carlos, le decía así, me violó, estaban mirando tres compañeros de él, no sé sus nombres… nadie intervino para evitar que me violara”.

En el Magdalena Medio

Con ponencia del magistrado Eduardo Castellanos, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, fechada el 16 de diciembre de 2014, se dictó sentencia contra Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’, y una veintena de sus hombres, quienes hicieron parte de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá (Acpb), con operaciones en zonas del Magdalena Medio antioqueño y santandereano. En el fallo también abordó con detalle lo ocurrido a las mujeres de diversas regiones donde operó esta estructura paramilitar. (Leer máas en: Mujeres violentadas en el Magdalena Medio se atrevieron a hablar)

[F.M.A.O] laboraba como trabajadora sexual en la Vereda Campo Seco del municipio de Cimitarra, Santander. En marzo de 2003, tuvo un inconveniente con una compañera de trabajo que era menor de edad, por lo que en horas de la noche llegaron al sitio varios miembros de las ACPB vestidos de civil, quienes se las llevaron y las condujeron hacia el cementerio, sitio donde fueron amarradas a un árbol y despojadas de sus prendas, luego les lanzaron agua fría. Luego, fueron accedidas sexualmente sin protección alguna, al tiempo que las golpearon en sus rostros por negarse a realizar algunas prácticas sexuales. Después del hecho, las víctimas fueron amenazadas para que no denunciaran lo acaecido a Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’, comandante de la zona. La señora […]fue contagiada con una enfermedad de transmisión sexual (sífilis)”.

“En junio de 2003, horas del mediodía, [L.D.V.S] se trasladaba a pie hacia la Finca El Quitasol, Vereda Tambo Redondo, municipio de El Carmen de Chucuri, Santander, donde residía con su núcleo familiar, cuando fue abordada por un sujeto desconocido vestido con uniforme del ejército, botas pantaneras de caucho color negro, con el rostro cubierto, el cual la agredió sexualmente, situación que le generó un trauma psicológico que la llevó a terminar su relación sentimental con el padre de sus hijos, hechos que nunca denunció por temor a la integridad de sus dos pequeños hijos”.

“En el año 2000, [N.Q.G] de 15 años de edad y habitante de la calle en el municipio de Puerto Boyacá, fue retenida por integrantes de las ACPB y trasladada hacia el sitio conocido como “Transmisores”. Allí, los paramilitares la maltrataron, le introdujeron agujas en los dedos de las manos, la golpearon con una correa, le propinaron descargas eléctricas en una silla acondicionada para ello, al tiempo que le realizaron tocamientos en su cuerpo. Igual, fue obligada a realizar oficios varios como barrer, sembrar pasto y fumigar. Finalmente, el paramilitar alias ‘Leonel’ la abandonó en un caño”.

El 9 de junio de 2005, la menor de nueve años, [A.T.A.V], fue desaparecida por integrantes de las ACPB cuando iba del colegio a su vivienda, ubicada en la zona rural en el municipio de Zapatoca (Santander). La niña fue vista por última vez, a las cuatro de la tarde, en el parque del municipio. Al día siguiente, aproximadamente a las 8:30 horas, en la Vereda Santa Rosa, Finca Buenos Aires, fue hallado su cadáver a unos 300 metros de su vivienda, en una zona boscosa, el cual presentaba signos visibles de agresión sexual. El paramilitar Luis Eduardo Sandoval delató a Hernando Rodríguez Zarate, alias ‘Volunto’, comandante del Frente Ramón Danilo de las ACPB, como responsable de los crímenes, y precisó que, el móvil fue por venganza contra Farid Arzuaga, padre de la menor, quien para la época de los hechos se encontraba privado de la libertad por rebelión, y a quien se le señalaba de ser informante de la guerrilla y responsable de la muerte de unos paramilitares de las ACPB”.

Cifras dramáticas

“La violencia sexual es quizás la violencia más olvidada y silenciada entre los repertorios de violencia empleados por los actores armados”, concluyó el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en su investigación La guerra inscrita en el cuerpo: Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado, divulgado a finales de 2017. (Leer más en: La barbarie de la violencia sexual como arma de guerra)

“Ningún actor armado admite con franqueza haber violado, acosado o prostituido forzadamente a una víctima. Es mucho más fácil confesar el despojo, el desplazamiento forzado e incluso el asesinato, pero sobre la violencia sexual impera un profundo sentido moral que la convierte en un crimen horrendo, que denota, no la inhumanidad de las víctimas, sino la de los victimarios”, se consigna en el informe final.

Al abordar las cifras, estima que del universo de víctimas que tuvo en cuenta 13.810 eran mujeres, 1.235 hombres y de 31 no se tenía información. Al respecto, precisa que, si bien esas cifras pueden ser indicativas de las magnitudes de la violencia sexual, “el aún importante subregistro, la invisibilización de algunas modalidades de violencia sexual, y el porcentaje en el que se desconoce el perpetrador, hace que no sean concluyentes”.

Sobre la autoría, el CNMH indica que los paramilitares son presuntos responsables de 4.837 casos, las guerrillas de 4.722, los grupos armados posdemovilización de 950 y los agentes del Estado de 206. Añade que se desconoce la autoría de 3.973 casos; y que la violación es usada por todos los grupos armados ilegales y legales, mientras que la esclavitud sexual es particularmente usada por grupos paramilitares y guerrillas.

Una de las precisiones más significativas de esta investigación es que la violencia sexual es empleada con una función comunicativa para decir quién manda en el territorio: “El cuerpo ha servido para descifrar entre líneas eso que los actores armados quieren comunicarse unos a otros, a los pobladores y a sus víctimas. En el cuerpo se lee la firma característica de cada uno de los actores armados. Esos cuerpos se debaten entre la borradura y el trauma, porque guardar dichos significados es una experiencia terriblemente dolorosa”.

The post Los hechos de violencia sexual que acabaron con castigos de ocho años de cárcel appeared first on VerdadAbierta.com.