Los predios que el exjefe paramilitar entregó en el marco de Justicia y Paz han traído escasos resultados para cumplir con las órdenes de reparar integralmente a las víctimas del conflicto. Día a día, varios de estos bienes pierden su valor por el abandono a causa de los problemas de administración que debe sortear la Unidad para las Víctimas. Las indemnizaciones con dineros propios de bienes de Mancuso aún no se han ejecutado.

La reparación de las más de nueve millones de víctimas del conflicto le costaría 334 billones de pesos al Estado, según ha precisado el Ministerio Público. Al ritmo en el que avanza la reparación, principalmente con recursos de la Nación, las víctimas tendrían que esperar 150 años hasta que la última fuera reparada.

“Nosotros nunca vamos a poder realmente reparar a las víctimas. Lo que se hacen son actos simbólicos, unas indemnizaciones posibles. Por eso hay que parar la guerra”, señaló la directora de la Unidad para las Víctimas (Uariv), Lilia Solano, en entrevista con este portal.

A pesar del panorama adverso, deben encaminarse todos los esfuerzos para cumplir con la obligación del Estado para reparar integralmente las violaciones de derechos humanos. Es así como la Ley 975 de 2005 resolvió que uno de esos caminos es la indemnización: un pago económico para las víctimas y sus familias que han sido reconocidas en las sentencias de las salas de Justicia y Paz.

La indemnización de las víctimas cuenta con varias fuentes de financiación, entre ellas, los bienes ofrecidos por los postulados de Justicia y Paz, así como las propiedades recuperadas de manos de terceros que en realidad hacían parte del patrimonio de los miembros de grupos armados. En las manos de la Unidad para las Víctimas ha quedado la tarea de administrar y monetizar estos bienes, sin embargo con esta bolsa poco se ha reparado y ha sido a partir de las asignaciones anuales del Presupuesto General de la Nación cómo se ha cumplido con esta obligación. (Leer más en Justicia y Paz: ¿dónde está la plata que se esconde tras la guerra?)

Desde el año 2007 el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, empezó a relacionar ante la justicia los bienes que eran de su propiedad para cumplir con la reparación de las víctimas del conflicto y poder acceder a una pena fuera de la cárcel. Muy pocas tierras del jefe paramilitar pudieron ser ofrecidas para la reparación de las víctimas en el marco de Justicia y Paz y que esto se tradujera en la adjudicación directa de predios a organizaciones de víctimas o la entrega de dinero como indemnización.

Solano advirtió sobre la dificultad que ha presentado la entidad para administrar y comercializar los bienes del exjefe paramilitar, pero lejos de dar detalles sobre cada uno de los predios que administra, se despachó contra el rumbo de propiedades que supuestamente no quedaron en manos de las autoridades colombianas. “Mancuso ha dicho insistentemente que quiere reparar a las víctimas. Hay que reconocer que la mayoría de los bienes fueron también entregados en Estados Unidos (…) y tenemos el conocimiento que la mayoría de sus bienes fueron entregados para que él pudiera obtener su libertad”, indicó la directora de la Uariv durante la entrevista.

Los abogados de Mancuso niegan que el exjefe paramilitar haya entregado bienes en Estados Unidos y que hubiera obtenido algún tipo de beneficio relacionado con la libertad a cambio de una entrega de bienes.

“Lo que sí es cierto es que Salvatore, ante la negligencia de las autoridades administrativas y judiciales colombianas para recibir los bienes ofrecidos por él para reparar a las víctimas, le expresó a las autoridades de Estados Unidos que los iba a entregar allá para que luego fueran entregados a Justicia y Paz. Las autoridades norteamericanas dijeron que no, entonces todos los bienes se entregaron en Colombia para la reparación de las víctimas de Salvatore y los hombres que estuvieron bajo su mando”, aseguró Jaime Alberto Paeres, abogado de Mancuso.

Hace unas semanas, Solano insistió en esta afirmación más allá de Mancuso y envió una carta a la embajada de Estados Unidos solicitando que con los supuestos bienes de los paramilitares entregados a la justicia de ese país se pudiera ayudar a reparar a las víctimas destinando recursos de estos. VerdadAbierta.com le pidió a la Uariv ver esta carta, pero no la compartió.

.@liliasolanor, dir. de @UnidadVictimas, elevó una solicitud ante @USEmbassyBogota para que se puedan obtener los recursos de bienes de exparamilitares extraditados a ese país y así reunir parte de los 334 billones de pesos necesarios para la reparación integral de las víctimas. pic.twitter.com/G6IlVqCcpw

— Unidad para las Víctimas (@UnidadVictimas) August 29, 2024

En cambio, la entidad explicó que con la misiva Solano había hecho una “declaración política” sobre la relación entre los grupos armados y el narcotráfico. Según explica la Uariv, Solano busca tejer relaciones de cooperación, para que “en un acto de justicia, los bienes y recursos entregados por los narcotraficantes procesados por el tráfico de drogas desde Colombia, en los EEUU sean destinados también a reparar a las víctimas que tales hechos delictivos han dejado en nuestro territorio”.

Antes de buscar en otras latitudes, queda pendiente la tarea de monetizar miles de predios entregados por paramilitares y que administra la Uariv para reparar con recursos propios a las víctimas. Sin embargo, en el proceso han aparecido varios problemas que obstaculizan la libre disposición de las propiedades y la correcta administración de los bienes.

Costa Azul, el único predio vendido

El Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV) de la Uariv administra los bienes y recursos entregados por exmiembros de grupos armados ilegales y embargados por la justicia con el fin conseguir recursos que contribuyan al pago de las sentencias proferidas en los procesos de Justicia y Paz para la reparación integral de las víctimas.

En su sistema, la Unidad para las Víctimas tiene relacionados 124 bienes ofrecidos o entregados por Mancuso, de los cuales 123 permanecen en etapa de recepción, administrados por el FRV. La finca restante fue comercializada en marzo del año pasado, cuando la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la compró, junto a 28 predios más, para titular familias campesinas en Córdoba.

Mujeres rurales de San Jacinto (Bolívar) y Montería (Córdoba) recibieron predios que comprenden 169 hectáreas y fueron comprados por la Agencia Nacional de Tierras. Nuevas propietarias del campo colombiano, gracias a la #ReformaAgraria #GobiernoDeLaGente pic.twitter.com/dHOIb30M5M

— Agencia Nacional de Tierras (@AgenciaTierras) March 3, 2023

Se trata del predio Costa Azul, de 114 hectáreas, ubicado en Montería sobre la vía que va hacia Planeta Rica. Esas tierras estaban en manos de la exesposa del jefe paramilitar, Martha Elena Dereix Martínez, hasta 2014 cuando el Juzgado Segundo Especializado en Extinción de Dominio ordenó que pasara a ser administrado por la Unidad para las Víctimas. Meses después, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá dispuso que Costa Azul debía contribuir a la indemnización de las víctimas por el accionar del Bloque Catatumbo de las AUC.

Sin embargo, la Uariv le aclaró a este portal que a la fecha no se han ordenado pagos parciales de indemnización judicial provenientes de los bienes de Mancuso para las víctimas que se encuentran incluidas en las sentencias proferidas por el alto tribunal de justicia transicional contra el postulado.

Pasado más de un año desde la venta de Costa Azul, la Unidad dice que estos dineros no han llegado a las víctimas por la dificultad por parte de la Fiscalía en la identificación de los hechos victimizantes y la “desagregación de las víctimas pertenecientes a cada uno de los bloques en los cuales militó el postulado Salvatore Mancuso, información vital para poder realizar la distribución de los recursos provenientes de los bienes que este último haya entregado”.

Sin embargo, en el sistema de información del FRV Costa Azul aparece relacionado con el Bloque Córdoba, por la sentencia contra esa estructura del 23 de abril de 2015 en la que la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín precisó que Mancuso, como miembro representante de los Bloques Córdoba y Catatumbo, “manifestó que los bienes que entregó u ofreció son para reparar a las víctimas de ambos Bloques y como quiera que él se desmovilizó con el Bloque Catatumbo, éstos fueron entregados a la Fiscalía Octava de la Unidad de Justicia y Paz de Bogotá, dentro del proceso que se adelantaba al momento de su postulación”.

En principio, serían las víctimas reconocidas en la sentencia contra el Bloque Córdoba las que serían reparadas con los dineros de la venta de Costa Azul.

Difícil administración

Los 123 predios vinculados con Mancuso que administra el FRV se encuentran en cinco  departamentos: Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca y Magdalena, y en Bogotá, Sin embargo, no todos le pertenecían al exjefe paramilitar, ni los entregó u ofreció él.

Cerca de la mitad de esos predios están relacionados con el “Bloque Casa Castaño”, del que no fue comandante. La Fiscalía ha conectado el nombre del exjefe paramilitar por haber sido comandante de diversas estructuras paramilitares.

Así lo confirma la sentencia contra Mancuso del 23 de mayo de 2018 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, donde el Grupo de Persecución de Bienes de la Fiscalía pidió la extinción de dominio de algunos bienes de Carlos Castaño y justificó esta solicitud en el proceso contra Mancuso al ser éste el siguiente en la escala de mando como máximo comandante de las AUC, tras la muerte de Carlos Castaño Gil y la desaparición y el presunto asesinato de Vicente Castaño Gil.

Es así como, por ejemplo, siete de esos predios que estaban en manos de Kenia Susana Gómez Toro, última esposa de Carlos Castaño, terminaron vinculados a Mancuso y registrados en el sistema de la Unidad para las Víctimas para la reparación del Bloque Catatumbo. (Leer más en: Testaferros de Castaño son dueños de 200 predios en Urabá)

Esto explica por qué la cifra que maneja la Fiscalía sobre los bienes que se han enviado al FRV es menor a las que maneja esa entidad. Según le precisó el ente acusador a este portal, 49 bienes inmuebles fueron enviados para la administración de la Unidad para las Víctimas que están relacionados con Mancuso, pues en estos listados no relaciona los predios que están vinculados con el postulado a través del “Bloque Casa Castaño”. (Leer más en: Bienes de Mancuso no están “perdidos”, la mayoría fueron devueltos a víctimas de despojo)

El Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz, que se encarga de hacer seguimiento de las decisiones judiciales del alto tribunal, le señaló a este portal que uno de los hechos que ha retrazado la indemnización de las víctimas ha sido la lentitud en los procesos de alistamiento por parte del FRV que permita la enajenación de los bienes.

Según cifras del FRV, 19 de los predios relacionados con Mancuso están en arriendo, nueve tienen promesa de arrendamiento, 15 son administrados por el Fondo y 80 tienen otro sistema de arriendo, que en muchos casos se traduce en la imposibilidad de hacerse cargo de estos por el difícil acceso, la improductividad, ocupación no autorizada por terceros, el orden público de la región o estar dentro de Zona de Reserva Forestal.

En los casos en que no pueda venderlos, la Uariv tiene la potestad de arrendarlos para conseguir ganancias de estos, sin embargo, Solano, directora de la entidad, señala que el hecho de la ocupación por terceros imposibilita esto. “Muchos todavía están en manos de testaferros y tenemos que hacer una avanzada mucho más eficaz con fuerza pública. Mientras ese paso no se dé, van a quedar en impunidad los crímenes y la reparación a las víctimas”, señaló.

Estos problemas sobre la administración de los bienes y la ocupación por parte de terceros se conocían hace más de una década. Entre 2005 y 2009, antes de la Ley de Víctimas y que la Uariv desempeñara esta labor a través del FRV, los bienes estuvieron bajo el control de la desaparecida Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), la cual fue criticada ampliamente por no recibir los bienes de los postulados y contribuir al deterioro patrimonial de los mismos. (Leer más en: Magistrado ordena recibir bienes de Mancuso)

Posteriormente, las propiedades fueron transferidas a la Sociedad de Activos Especiales, adscrita al Ministerio de Hacienda. Esta entidad de economía mixta, fue creada para corregir los problemas de corrupción en la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes, pero paradójicamente fue responsable de gran parte de la pérdida patrimonial. (Leer más en: Reparación sin fondos)

De otro lado están las solicitudes de restitución que, con ocasión de procesos judiciales o administrativos, relaciona a 31 predios vinculados con el exjefe paramilitar que no pueden ser dispuestos fácilmente por el Fondo para la Reparación.

A esto se suma la falta de claridad de la Uariv sobre los bienes que han sido restituidos. VerdadAbierta.com encontró que en el listado de predios relacionados por la institución y que aparecen activos bajo la administración del FRV, cuatro predios —tres en Valencia, Córdoba, y uno El Guamo, Bolívar— tienen sentencia de restitución a favor de las víctimas solicitantes. Al igual que dos predios en Mutatá que presentan solicitud de restitución en trámite con la URT, pero que en el sistema de la Uariv no registra ningún proceso de restitución.

Poca extinción de dominio

El principal reto para comercializar estos predios ha sido la falta de extinción de dominio, según le confirmó a este portal la Uariv. Hasta que no se cumpla con este requisito, el Fondo para la Reparación de las Víctimas sólo puede disponer de esos bienes parcialmente: administrándolos o enajenándolos, pues no puede venderlos hasta que se extinga el dominio de esas propiedades.

Una vez cautelado los bienes, la Fiscalía solicita la extinción de dominio en una audiencia concentrada dentro del proceso de Justicia y Paz, sin embargo, estas diligencias ocurren con amplia distancia de tiempo entre sí y sólo se materializan a través de una sentencia proferida por las salas de conocimiento de Justicia y Paz, que al reunir cientos de hechos y ser tan voluminosos tardan años en ser emitidas.

Durante las audiencias de seguimiento de las sentencias de Justicia y Paz, la Fiscalía ha argumentado que no ha sido deliberada la tardanza en hacer esas solicitudes, sino que al parecer han “existido problemas de comunicación tanto interna entre Fiscalía como con la Sala de Conocimiento y en algunos momentos no se han enterado de alguna audiencia en donde se pueda hacer la solicitud de extinción”. En otros escenarios ha sido porque no se ha dado la oportunidad de una audiencia concentrada con algún postulado del bloque donde pueda la Fiscalía de Bienes sustentar la solicitud de extinción.

Desde la creación del Fondo para la Reparación a las Víctimas, esta dependencia ha recibido 3.280 bienes inmuebles, que hacían parte de 43 estructuras de grupos armados ilegales, avaluados en más de 1,844 billones de pesos. De estos, sólo a 477 bienes se les ha impuesto extinción de dominio. Es decir, el FRV sólo puede llegar a comercializar y conseguir dinero de menos del 15 por ciento de los bienes. Lejos de cumplir esa meta, a la fecha apenas tiene en etapa de comercialización 31 de estos.

Para el caso de Salvatore Mancuso se ha ordenado la extinción de dominio, principalmente, a través de dos sentencias: la del 2 de diciembre de 2010 contra Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’,  y la del 31 de octubre de 2014, contra Mancuso. De los 123 predios vinculados con el exjefe paramilitar que sigue administrando la Unidad para las Víctimas, 37 cuentan con extinción de dominio.

Eso explica el hecho de que en las bases de datos de la Superintendencia de Notariado y Registro aún aparece un predio a nombre del exjefe paramilitar: Tierra Grata o Esperanza 1, en Córdoba, pues aunque sobre este pesa una orden de embargo del Tribunal Superior de Barranquilla y el postulado no pueda disponer del predio, aún no se ha retirado de su propiedad.

Sobre esto, el Juzgado de Sentencias le señaló a este portal que el hecho de que Mancuso haya pertenecido a más de un bloque ha causado que la Fiscalía y el Fondo deban establecer cada uno de los bienes entregados por el sentenciado parcialmente “a qué estructura pertenece o si con los mismos por partes iguales se indemnizarán a las víctimas de todas esas estructuras, punto frente al cual aún en las audiencias de seguimiento no se ha presentado una conclusión”, lo que ha demorado más el cumplimiento de la indemnización de las sentencias.

Algunas de las decisiones de cautelar predios relacionados con Mancuso han presentado oposición de sus actuales dueños. De las 11 solicitudes que ha conocido el magistrado Carlos Andrés Pérez, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, para retirar estas medidas en predios en los que la Fiscalía ha conectado el nombre del exjefe paramilitar, ocho hacen parte del listado de 123 predios relacionados por la Uariv con el Bloque Norte y Casa Castaño. Algunas de ellas fueron adelantadas por San Martín SAS, en cabeza de Ana Carolina Vélez Salgado, esposa de ‘Jorge 40’, excomandante del Bloque Norte de las AUC. Todas estas solicitudes fueron negadas desde 2022.

Baja reparación con recursos propios

Para septiembre de 2023, la Coordinación Nacional de Justicia y Paz de la Procuraduría General de la Nación indicó que el Juzgado Único de Ejecución de Sentencias de Justicia y Paz para el Territorio Nacional registra 68 sentencias ejecutoriadas, las cuales han reconocido indemnizaciones por un monto que asciende a 5,169 billones de pesos.

En el marco del seguimiento a la sentencia de la Corte Constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucionales por la vulnerabilidad de la población desplazada, la Procuraduría realizó una solicitud en el 2023 al alto tribunal para que se declarara el estado de cosas inconstitucionales en materia de indemnización judicial y administrativa de las víctimas.

Con esta acción, según quedó expresado en el Auto 1401 de 2022 de la Corte Constitucional, el Ministerio Público llamó la atención sobre la necesidad de monetizar y hacer una correcta administración de los bienes denunciados por los postulados, de cara al lento avance de esa tarea.

Dos de las tres sentencias parciales que pesan contra Mancuso han sido vigiladas en audiencias de seguimiento por el Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz. De la proferida en octubre de 2014 se había pagado, para el 18 de abril del 2023, cerca del 99 por ciento de las indemnizaciones de 842 hechos victimizantes con recursos del presupuesto general. De la proferida en noviembre de 2014 a febrero de 2024, se han pagado más del 79 por ciento de las indemnizaciones de 7.140 hechos victimizantes, también con dinero de la Nación.

En reiteradas ocasiones, el Juzgado de Sentencias y el Ministerio Público han llamado la atención sobre las diligencias de investigación de la Fiscalía sobre los bienes que están pendientes por ser rendidos a la justicia por hacer parte del patrimonio de los postulados.

Mientras todo esto avanza, las víctimas siguen esperando una distribución de recursos propios de quienes fueron sus victimarios.

Esa situación podría cambiar, pues el pasado 16 de septiembre, la Agencia Nacional de Tierras anunció un convenio con la Unidad para las Víctimas, que permitirá la compra de un paquete de predios que suman 18 mil hectáreas que hacen parte del Fondo de Reparación. Entre ellos está uno que sirvió de “centro de operaciones de los Castaño y los Mancuso en Buenavista, Córdoba”. Sin embargo, en la base de datos que le suministró el FRV a este portal, no hay bienes entregados por Mancuso o la Casa Castaño en ese municipio cordobés.

The post Sólo un predio entregado por Mancuso para indemnizar a las víctimas ha sido vendido appeared first on VerdadAbierta.com.

Para responder a estas preguntas y más, conversamos con Melba Mieles, mujer víctima del conflicto armado y candidata de la CITREP 12, de Cesar y Magdalena; Luis Antonio Valencia, candidato en Caquetá e integrante de la COORDOSAC; Elizabeth Moreno Barco, Representante legal del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN), en Chocó; e Irina Cuesta, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). ¡Dale play!

Este podcast ha sido posible gracias a la alianza entre Protection International y VerdadAbierta.com, y al apoyo de la Fundación Ford y de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI).

¡Segunda temporada de Defendemos Podcast!

En este 2022, Protección Internacional (PI) en Colombia y VerdadAbierta.com regresamos con una nueva temporada de Defendemos, un espacio de reflexión y construcción desde las voces de las lideresas, líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en Colombia, Brasil y América del Sur.

Los nuevos cinco episodios de esta segunda temporada nos invitan a conocer el mundo que día a día construyen las personas defensoras, sus comunidades y organizaciones. También, conversaremos sobre el mundo que sueñan las mujeres y las niñas, el derecho a la participación política en contextos electorales, políticas públicas de protección en el continente, y acción climática desde la defensa ambiental y territorial de las comunidades y organizaciones.

Del 8 de marzo y al 31 de mayo les invitamos a acompañarnos, unirse a la difusión en nuestras redes sociales con la etiqueta #Defendemos y compartir este Podcast para llegar a millones de oídos. Este Podcast es una producción de Protección Internacional (PI) en alianza con VerdadAbierta.com. Se autoriza su difusión sin fines de lucro.

The post Curules de Paz: riesgos y desafíos para la participación y la protección en los territorios appeared first on VerdadAbierta.com.

En la tarde del pasado viernes, el tribunal constitucional produjo una noticia que tomó por sorpresa a la opinión pública y al mundo político de Colombia. Tras resolver una tutela que instauró el senador Roy Barreras, a raíz del hundimiento en 2017 del proyecto de ley que buscaba crear 16 curules para las víctimas en la cámara baja del Congreso de la República, le dio vida a las denominadas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

De ese modo, a partir de ahora se abre la posibilidad para los habitantes de zonas que van desde La Guajira hasta Putumayo, donde han primado el abandono institucional y, por ende, la imposición de los fusiles de grupos armados ilegales, de tener voz y voto en el Legislativo nacional. El visto bueno de la Corte Constitucional tan sólo fue el primer obstáculo que debe sortear esa iniciativa para cumplir sus objetivos, pues la elección de los candidatos, el desarrollo de las campañas y la realización de las votaciones, tendrán los suyos.

Al unísono, diferentes comunidades, organizaciones de víctimas y líderes sociales, recibieron con gran satisfacción el timonazo de la Corte. Una de esas voces es la de Francia Márquez, lideresa del consejo comunitario de comunidades negras de La Toma, de Suárez, Cauca, quien la califica como “una garantía de reparación a las violencias que hemos vivido y sabemos que parte de ellas es la exclusión y el cierre de los espacios de participación democrática”.

El camino para lograr dicha participación, formulada para dos periodos legislativos, tuvo impedimentos que fueron superados después de que el senador Barreras interpusiera una tutela contra la Mesa Directiva del Senado por determinar que no existían los votos suficientes para que fuese aprobado el Acto Legislativo 05 de 2017 del Senado y 017 de 2017 de la Cámara de Representantes, en el que se contemplan las 16 circunscripciones para 167 municipios de los departamentos de Cauca, Arauca, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Huila, Chocó, Meta, Guaviare, Bolívar, Sucre, Nariño, Putumayo, Cesar, Magdalena, Córdoba, Tolima.

El senador por el Partido de la U afirmó que recurrió a la tutela con el fin garantizar los derechos constitucionales de las víctimas y que tiene la expectativa de que las curules puedan ser elegidas en las elecciones parlamentarias de 2022. Esa fecha ya fue confirmada por la Corte Constitucional, que ordenó la realización de las votaciones para el 13 de marzo de ese año.

“Ha sido una lucha larga. Para empezar, durante los acuerdos con las Farc en La Habana logramos poner la exigencia de que las víctimas tuvieran representación directa, en lugar de que sólo la tuvieran los victimarios que dejaban las armas, garantizando un equilibrio en favor de las víctimas”, explicó el congresista en diálogo con VerdadAbierta.com.

Según Barreras, el proyecto “nunca fue hundido, siempre fue aprobado legítimamente, pero las maniobras del uribismo hicieron que se dilatara su aplicación y por tanto que entrara en vigencia (…) Pero todas esas maniobras fracasaron y hoy las 9 millones de víctimas tienen su representación legítima y auténtica en el próximo Congreso”.

Al ser preguntado por lo que él se refiere como “maniobras”, dijo que “las mayorías uribistas escaparon del recinto (del Senado) para intentar romper el quórum. Obtuvimos 50 votos y solamente 7 negativos porque los demás se escaparon del salón (…) Durante todos estos años el uribismo prometió hacer trizas la paz, negó los derechos de las víctimas, mintió diciendo que las curules eran para los guerrilleros”.

Analistas políticos y víctimas coinciden en que la participación legislativa allana el camino para que las personas de las regiones más olvidadas puedan libremente dar a conocer su opinión y sus necesidades, que pueden ser particulares por la condición de violencia vivida en esos lugares, como el restablecimiento o mejora de alcantarillados, acueductos, vías terciarias y demás.

“Esto es parte de lo que significa profundizar la democracia, también de permitirle a las regiones, a los pueblos étnicos, a los sectores que sufrieron el conflicto armado, la violencia estructural, tener una voz en ese espacio donde se toman las decisiones, donde se legisla muchas veces a espaldas del país y no para la gente”, opina Márquez.

¿Víctimas frente a victimarios?

Uno de los asuntos controversiales surge entorno a la tardanza para que las víctimas tuvieran posibilidades de participar en el Congreso, en comparación con los desmovilizados de las Farc. Barreras mencionó que el Acuerdo de Paz se firmó “con las víctimas en el centro” y que se previeron las 16 curules para evitar desigualdad entre estas y quienes dejaron las armas.

Pero en 2017, las cosas no parecían ser así para Odorico Guerra, entonces coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, quien aseguró en ese año que las víctimas no eran el centro del desarrollo de los acuerdos.

“Uno no termina de entender cómo a la fecha no está claro el tema de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, que benefician a las víctimas, mientras las Farc ya tienen definidas sus curules. Esa comparación, aunque odiosa, demuestra que hay una diferenciación entre lo que es para las víctimas y lo que es para los victimarios”, cuestionó Guerra en ese momento.

Sin embargo, el exguerrillero José Lisandro Lascarro, también conocido como ‘Pastor Alape’, dijo que “no se trata de equiparar”, sino de poner un escenario de garantías de derechos con la participación de las víctimas y de los sobrevivientes, pues considera que el Estado, a partir de su violencia institucional, es quien figura como el principal responsable de la victimización.

Recordó, además, que en el Acuerdo de Paz, “las víctimas se pusieron en el centro y eso implicaba darles un reconocimiento como sujetos políticos de tal forma que pudieran acceder a los espacios de la estructuración de los aspectos legislativos para el establecimiento de la política pública para la paz”.

Un difícil panorama

Las circunscripciones estarán sujetas a unas reglas especiales para la inscripción y elección de sus candidatos y tendrán mecanismos de acompañamiento, de modo que se garantice la transparencia y libertad de voto en todo el proceso electoral.

Los votantes deben ser ciudadanos en ejercicio que estén inscritos en el registro de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. De su lado, los candidatos deben haber nacido o haber habitado el territorio de circunscripción por mínimo tres años y sólo pueden ser inscritos por organizaciones sociales, de víctimas o de campesinos. Además, en cada circunscripción se presentarán dos aspirantes al cargo, un hombre y una mujer, pero sólo quedará elegido uno de ellos.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), el 71 por ciento de los consejos comunitarios y el 45 por ciento de los resguardos indígenas del país, están dentro de las circunscripciones. De ellas, las que más resguardos indígenas tienen son la 11 (Putumayo), la 6 (Chocó) y la 5 (Caquetá). Y las que cuentan con un mayor número de consejos comunitarios son la 9 (Pacífico, Valle y Cauca) y la 1 (Nariño, Cauca y Valle).

Sobre el lanzamiento de candidatos conjuntos con diferentes comunidades, la consejera mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), Rossana Mejía Caicedo, explicó que aunque en esa región se desarrollan trabajos articulados con grupos indígenas y campesinos, de momento se está “a la espera del pronunciamiento de nuestras autoridades y que nos den directrices a seguir en este aspecto”.

Algo que sí es seguro es que los exguerrilleros no podrán tomar parte en las curules, un tema en el que el proyecto legislativo es explícito. “Los partidos y movimientos políticos que cuentan con representación en el Congreso de la República o con personería jurídica, incluido el partido o movimiento político que surja del tránsito de las Farc-Ep, a la actividad política legal, no podrán inscribir listas ni candidatos para estas circunscripciones”, se expone en el artículo tercero.

Tal consideración no es nueva, ya que el 20 de noviembre de 2017, el entonces ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que “lo que se exige para ser candidato en esas 16 nuevas circunscripciones es haber sido víctima de un grupo armado”. El exfuncionario resaltó en esa época la importancia de que los puestos sean ocupados por las víctimas, debido a que es “un homenaje para ellas y termina siendo coherente con el aspecto más importante del acuerdo de paz” que son sus derechos.

Pero Camilo Vargas, también para ese año, cuando se desempeñaba como coordinador del Observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral, señaló que sí era posible que la guerrilla y otros partidos políticos tuvieran injerencia o cercanía en las campañas.

Para evitar la participación de grupos para los que no están diseñadas las curules se requiere en la vigilancia del proceso electoral en las circunscripciones, según Marino Córdoba, representante legal de Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y miembro de la Comisión Étnica para la Paz.

Córdoba también señaló que, justamente, los escaños de las comunidades afrodescendientes en el Congreso no los ocupan personas pertenecientes a ellas, sino políticos tradicionales, una situación que espera no suceda con los cargos de representación de víctimas.

Esta preocupación es una entre muchas, pues la MOE alerta sobre otro tipo de riesgos en las zonas donde están las circunscripciones. En primer lugar, hay 214 municipios en el país que se encuentran priorizados para una política de cedulación y 77 hacen parte de Circunscripciones de Paz, de las cuales las más afectadas por la falta de identificaciones de ciudadanía de sus habitantes son la número 5,1,10 y 7.

“Es importante hacer el llamado a la Registraduría de que se adelanten con mayor esfuerzo las brigadas que se hacen de cedulación en las zonas rurales, esto es clave a la hora de anular esta variable y de verdad llegar con ese servicio básico a la ciudadanía”, expresó Diego Alejandro Rubiano, el subcoordinador del observatorio político de la MOE.

Por otro lado está la falta de acceso a puestos de votación, que afecta a 116 municipios. En 54 de ellos hay un puesto ubicado cada 2 mil kilómetros cuadrados, cuando el promedio nacional se encuentra en distancias de sólo 63 kilómetros cuadrados.

Respecto a esto, Rubiano dijo que todavía no es posible determinar si será un escenario fácil de tratar, porque está sujeto a la aprobación por parte de la Corte Constitucional de un nuevo código electoral, el cual permitiría, a través de la creación de nuevos puestos, un acercamiento de la democracia a las zonas rurales.

Para estimar la participación electoral en las zonas donde se concentran las circunscripciones, la MOE toma como referencia las previas votaciones en el país. Según esa plataforma, la población que habita en esos lugares ha estado más activa en las elecciones de Cámara de Representantes, que en las de Senado, Presidencia y alcaldías. Tanto así que para 2014 la cantidad de sufragios para la Cámara Baja representó el 11,5% del total nacional.

El último y quizá más preocupante inconveniente es la violencia política y social, una  situación que es monitoreada por el Observatorio de Violencia Política y Social de la MOE, que rastrea los casos de amenazas, secuestros, desapariciones, atentados y asesinatos contra funcionarios públicos y candidatos a cargos de elección popular.

Los actos violentos más comunes en territorios donde hay circunscripciones son las amenazas y los asesinatos. Pero, a nivel global, los municipios que son especialmente afectados por hechos victimizantes son El Doncello, en Caquetá; Caloto, en Cauca; y Montelíbano, en Córdoba.

Una salida para tal problemática sólo sería posible, de acuerdo con Rubiano, si en esas zonas el Estado brinda los bienes y servicios necesarios, instituciones como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo hacen presencia y la justicia interviene con su labor de investigación y búsqueda de verdad en los casos de violencia.

The post Los retos que enfrentan las curules para las víctimas appeared first on VerdadAbierta.com.

“En los pueblos del Suroeste hay conflictos entre bandas de narcotráfico, eso viene pasando hace varios años. Es como un secreto a gritos”, afirma una productora de café del municipio de Andes, donde, el pasado jueves en la noche, se cometió una masacre en la que perdieron la vida tres hombres, entre ellos un menor de 14 años de edad.

Las cifras sobre estas matanzas ensombrecen esta productiva región. De acuerdo con la base de datos que lleva este portal, de las diez masacres que se han cometido en Antioquia este año, dos se perpetraron en Andes, y tres más en Salgar, Ciudad Bolívar y Venecia, ocasionando la muerte a 17 personas.

Pero ese “secreto a gritos” del que habla la productora cafetera en relación con lo que ocurre en el Suroeste antioqueño, lo acaba de romper la Defensoría del Pueblo tras emitir, ayer en la tarde, la Alerta Temprana Nº 044-20, a través de la cual demanda atención de las autoridades nacionales, departamentales y municipales sobre los municipios de Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania, Jardín y Salgar, afectados por la confrontación entre la llamada ‘Oficina’ (lo que en el pasado se referenciaba como ‘Oficina de Envigado’) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).

De acuerdo con ese documento, conocido por VerdadAbierta.com, ambas estructuras criminales tienen tres áreas de interés: dominar el mercado de estupefacientes en las fincas cafeteras, sobre todo en estos meses de cosecha, que generan empleo temporal para por lo menos 50 mil recolectores del grano; acceder de manera ilícita a rentas derivadas de la extorsión a amplios sectores económicos de la región; y controlar una ruta del narcotráfico que une al Suroeste antioqueño con el departamento de Chocó, buscando salidas a los océanos Pacífico y Atlántico.

Todas esas dinámicas criminales, que implican un gran repertorio de violencia armada, se están manejando, según la Defensoría del Pueblo, desde la ciudad de Medellín y algunos municipios más del Valle de Aburrá. Se trata, si se quiere, de un “modelo gerencial” que evita los riesgos para quienes están a la sombra. Para lograr ese control se valen de pequeñas bandas que operan en los municipios alertados.

Al respecto, esta agencia del Ministerio Público asegura que “la tercerización de las actividades armadas por parte de estas estructuras les ha facilitado mantener su influencia en estos territorios, maximizar ganancias y reducir costos de exposición”. Eso significa que, además de la disputa territorial, también se registra una lucha por las lealtades de esos grupos delincuenciales locales “a través de la imposición de mandos foráneos y/o la vinculación de integrantes de estos combos a la organización armada”.

Análisis consignados en la Alerta Temprana indican que los ‘Gaitanistas’ tienen presencia en los municipios de Betania, Ciudad Bolívar, Hispania y Salgar a través del Bloque Sierra. Siguiendo esa lógica de la subcontratación criminal, trabajarían en eso municipios con las bandas ‘La Cabaña’ (Ciudad Bolívar); ‘Sangre Negra’ (Betania e Hispania); y ‘El Salto’ (Salgar).

Por su parte, la ‘Oficina’ tiene como su punta de lanza a la banda ‘La Terraza’, una de las estructuras más antiguas de Medellín y que por años actuó al servicio de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Esta estructura criminal tiene presencia en los municipios de Jardín y Andes, donde contaría con el apoyo de una banda conocida como los ‘Peli Pintados’.

Para concretar sus ambiciones de expansión, la ‘Oficina’ ha pretendido reclutar a integrantes de las bandas ‘La Cabaña’ y ‘Sangre Negra’, aprovechando “la existencia de viejas rencillas entre exintegrantes de dichas organizaciones con las AGC, las cuales, según informaciones, se originaron en la falta de respaldo por parte de las AGC a miembros de dichas organizaciones que fueron recluidos en centros penitenciarios”.

Si bien las autoridades policiales, en coordinación con las alcaldías y la Gobernación de Antioquia, tienen desplegados varios dispositivos de seguridad para contrarrestar la violencia que se genera en tiempo de recolección del café, al parecer son insuficientes, razón por la cual la Defensoría del Pueblo pide acciones más contundentes para frenar a los grupos armados ilegales.

Narcomenudeo en fincas

La producción de café sigue siendo la actividad más importante del Suroeste antioqueño, con un peso bastante significativo en el contexto económico departamental y nacional. De acuerdo con cifras de distintas organizaciones cafeteras, en los seis municipios advertidos hay por lo menos 12 mil fincas de distintas extensiones dedicadas al cultivo del grano, lo que exige, en época de cosecha, una gran cantidad de recolectores.

Gran parte de las 50 mil personas que trabajarán en esas labores y que provienen de distintas regiones del departamento y del país se concentran en estos seis municipios. Y justo en ellos se presenta uno de los fenómenos que más preocupan a los productores cafeteros y a las autoridades: la venta en las fincas de sustancias alucinógenas.

De acuerdo con la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, “la distribución y comercialización de narcóticos en los municipios de Ciudad Bolívar, Salgar, Betania, Hispania, Andes y Jardín es regulada por las AGC y La Oficina a través de bandas locales, las cuales se encargan de su distribución, la venta al detal, el agenciamiento de la violencia para la custodia de las plazas de vicio y la disputa territorial por el control de nuevos puntos de distribución y comercialización”.

Históricamente en los 23 municipios que comprenden la región del Suroeste antioqueño no se tienen registros de cultivos de hoja de coca para uso ilícito, pero de acuerdo con esta agencia del Ministerio Público se cree que en varias zonas rurales se habrían instalado laboratorios para la producción de pasta base y clorhidrato de cocaína, que tendría dos mercados específicos: el consumo interno y la exportación.

Una de las mayores preocupaciones reseñadas por la Defensoría del Pueblo es el “alto consumo de sustancias psicoactivas, esto último estableciendo un escenario propicio para dar operatividad a redes de narcomenudeo de sustancia tales como marihuana creepy, bazuco, heroína, cocaína, tusi, éxtasis, anfetaminas, metanfetaminas, popper y LSD, entre otras”.

La productora de café entrevistada para este artículo, quien por razones de seguridad no da su nombre, cuenta que en sus fincas los recolectores que llegan lo primero que les preguntan a los mayordomos si vende marihuana: “Es muy común esa pregunta, si vende o si sabe donde venden. Yo creería que si llegan preguntando es porque en los campamentos grandes sí pasa”.

Al respecto, la Alerta Temprana reseña una de las preocupaciones de los propietarios de fincas, sobre todo de aquellas que albergan a 300 o 400 trabajadores: “En consecuencia, en terreno se pudo constatar la dinámica que han establecido estas estructuras frente a la distribución de narcóticos a nivel rural, la cual corresponde al establecimiento de puntos de ventas (cambuches) dentro de las fincas cafeteras, esto a pesar de la oposición que puedan ejercer sus dueños, pues se trata básicamente de una imposición a través de la fuerza”.

De acuerdo con los analistas del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, “el negocio funciona a partir de la apertura de créditos a los recolectores de café, los cuales tienen como respaldo el dinero que devengaran por su labor de recolección”. En algunos lugares lo que gastan en sustancias ilegales “es deducido de manera directa de la nómina de los recolectores”, para ser entregado a las organizaciones criminales.

Una conocedora de estas dinámicas en el municipio de Andes, que también habló bajo el anonimato, asevera que el control sobre las ventas de estas drogas ilícitas que tiene la ‘Oficina’ es tan estricto que solo la pueden comercializar “quienes trabajan para ellos, quien se aventure de manera independiente corre riesgos y puede perder la vida.

Si bien las autoridades pusieron en marcha una estrategia de control de los recolectores, llamado Plan Cosecha, en el que confluyen las alcaldías, la Federación Nacional de Cafeteros y la Fuerza Pública, que de forma conjunta establecieron directrices para orientar a quienes llegan de otras latitudes a trabajar en las fincas cafeteras, su esfuerzo se ve menguado por el alto nivel de adicción de los recolectores.

Se estima, según consultas de la Defensoría del Pueblo a instituciones locales y regionales que por lo menos el 90 por ciento de esta población flotante es consumidora de alguna sustancia alucinógena, lo que genera altos ingresos para las estructuras criminales que manejan el narcomenudeo.

“Muchos controles se pueden hacer en fincas pequeñas”, dice la propietaria de varios predios productores del grano, “pero la tarea se dificulta cuando son fincas grandes”.

Las sustancias prohibidas estarían ingresando, de acuerdo con las investigaciones de los analistas del SAT, por el corregimiento de Bolombolo, jurisdicción del municipio de Venecia; también por La Pintada, y Santa Fe de Antioquia; así como por la zona de La Mansa, en Carmen de Atrato (Chocó), vecina a Ciudad Bolívar. Además, dice la Alerta, se estarían utilizando “algunas veredas de los municipios de Hispania y Salgar como zona de acopio de cargamentos de narcóticos procedentes de Medellín y el sur del país, para posteriormente ser distribuidos a través de la práctica del narcomenudeo”.

La Defensoría del Pueblo llama la atención sobre “la supuesta facilidad con la que se trafican y comercializan narcóticos en esta zona, situación que se favorece de los pocos controles realizados por la fuerza pública”. En esa apreciación coinciden algunos pobladores de Andes, Jardín y Betania: “A esos grupos les dejaron coger ventaja”.

Una de las mayores preocupaciones de la Defensoría del Pueblo, de las autoridades locales y de líderes sociales es la vinculación de menores de edad a las actividades ilícitas por parte de la ‘Oficina’ y las Agc. Se alerta, en ese sentido, por la población rural campesina e indígena, que está muy expuesta al consumo de sustancias ilegales, a su distribución y a la prostitución.

“En cuanto a esto último, cabe mencionar que la estrategia empleada por los ilegales dificulta la identificación de dicha práctica e impide la judicialización de los directamente responsables. En relación con lo expuesto convine resaltar la grave afectación para los indígenas de la Institución Educativa de Embera Karmata Rúa del municipio de Jardín”, se advierte en la Alerta Temprana

Ruta trasnacional

Las alianzas con grupos delincuenciales locales no sólo se reducen a la distribución de sustancias ilícitas en las fincas. Parte de sus tareas tendrían que ver con lo que la Defensoría del Pueblo describe como “la custodia de rutas internacionales para tráfico y comercialización de cocaína hacia el Atlántico y el Pacífico colombiano”.

El Suroeste antioqueño es una región que tiene conexiones viales con los departamentos de Chocó, Caldas y Risaralda, conformando un área favorable no solo para la refinación de la hoja de coca, sino para su transporte hacia los dos océanos, también a la frontera con Panamá, y de allí a los mercados internacionales.

Un excombatiente del Frente 34 de las antiguas Farc consultado y quien pidió la reserva de su nombre para no afectar su proceso de reincorporación, asegura que la situación se le salió de las manos al Estado tras la salida de esa estructura alzada en armas de la región como parte del Acuerdo de Paz.

“El Frente 34 tenía el control de esos corredores”, cuenta el exguerrillero. Y detalla que esa ruta del narcotráfico es bastante extensa: “Incluye los municipios Andes, Salgar, Ciudad Bolívar y Urrao, por donde se puede llegar a Carme de Atrato, Bagadó, Quibdó, Juradó, Bahía Solano, Medio Atrato, Vigía del Fuerte, Bojayá y Murindó”.

Esas regiones, dice este excombatiente, han permanecido “todo el tiempo bajo el control de grupos armados y de narcos”. Por allí pululan las Agc y la guerrilla del Eln. “El Estado nunca ha tenido el control de esa región”, insiste y ante esa evidencia advierte que el gobierno nacional no cumplió lo acordado en La Habana y plasmado en el Acuerdo de Paz.

“Dijeron que una vez saliéramos nosotros, el Estado llegaría con inversión social y control territorial, pero incumplió. Los indígenas y los afros que viven en esas regiones selváticas siguen con las mismas necesidades de antes y la juventud continúa sin tener oportunidades, salvo una, integrarse a los grupos armados ilegales”, se lamenta el exguerrillero.

Esa ubicación estratégica del Suroeste antiqueño se refleja también en la ejecución de los megaproyectos viales Pacífico 1, 2 y 3, que tejerá una red de carreteras entre los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Chocó configura “un eje articulador de competitividad y conectividad de la economía regional entre la Región Andina, el Atlántico y el Pacífico colombiano”, dice la Defensoría del Pueblo.

Pero esas posibilidades de desarrollo también atraen a la criminalidad. De acuerdo con la Alerta Temprana, la construcción de esa infraestructura convierte al Suroeste “en una zona geoestratégica para el intercambio comercial nacional e internacional, aspecto que despierta interés en los grupos armados ilegales que buscan obtener algún tipo de lucro de lo que allí se proyecta movilizar”.

Además, podría convertirse en un zona “para la articulación de las economías ilegales a través de estos ejes viales y extensas zonas selváticas entre los departamentos de Chocó y Antioquia, particularmente, para el transporte de precursores químicos e insumos para la producción de drogas ilícitas, así mismo como para el tráfico, comercialización y distribución”.

¿Y los proyectos mineros?

El Suroeste antioqueño enfrenta desde hace un par de años una fuerte discusión sobre el desarrollo minero. En los municipios alertados por la Defensoría del Pueblo hay una fuerte movilización social en contra de los proyectos de exploración y explotación minera, dado el potencial que subyace en el subsuelo.

Lo que muchos sectores sociales temen es que lo que en algún momento se denominó como “Locomotora Minera” arrase con las tierras productivas de la región y cambié radicalmente la vocación económica, alterando usos y costumbres campesinas forjadas durante décadas.

El potencial minero del Suroeste es amplio: oro, platino, plata, cobre, zinc, molibdeno, carbón, arenas y gravas. La Alerta Temprana, citando datos del Catastro Minero de 2019, asegura que para los seis municipios advertidos se encuentran vigentes por lo menos 30 títulos mineros y 61 solicitudes mineras “sobrepuestas sobre áreas naturales protegidas y de protección forestal, también en suelos de producción agrícola, principalmente de producción cafetera”.

En el caso particular de los títulos mineros vigentes, señala la Defensoría del Pueblo, “se observa que los municipios con mayor afectación son Betania, Andes y Jardín, superponiéndose con áreas de producción cafetera, ahora bien, en el caso específico de Jardín con zona de una gran oferta paisajística, a partir de la cual se ha proyectado la actividad económica del turismo”.

Detrás de esa riqueza están varias empresas transnacionales, entre ellas Anglo Gold Ashanti, (Sudáfrica); Continental Gold (Canadá); Tolima Gold (Canadá); Colombian Mines Corporation (Canadá); y B2Gold (Canadá).

Una de las mayores discusiones se da alrededor del proyecto Quebradona, que pretende desarrollar en el municipio de Jericó, vecino a los municipios alertados en el Suroeste antioqueño, la firma Anglo Gold Ashanti. En sus planes está intervenir 471 hectáreas de las 7.593 hectáreas que tiene el título minero afectando las veredas Cauca y Quebradona. Hasta el momento carece la licencia ambiental.

A raíz del debate regional generado por este proyecto, por lo menos 12 municipios del Suroeste han prohibido la actividad minera de metales preciosos a gran escala a través de Acuerdos Municipales, entre los que se encuentran Ciudad Bolívar, Jardín y Salgar, tres de las poblaciones con Alerta Temprana.

“La fortaleza de este proceso de defensa territorial es la capacidad que ha tenido para convocar e integrar diferentes actores y sectores institucionales, sociales, comunitarios y económicos. No obstante, continúa la incertidumbre jurídica frente a la posibilidad que tienen las comunidades de decidir sobre las actividades mineras que se pretenden adelantar en la región”, conceptúa la Defensoría del Pueblo.

Ante esa movilización social, lo que temen algunas fuentes consultadas es que las expresiones de violencia que se están viendo en la región se apliquen a los detractores de los proyectos mineros. “Es un miedo latente”, dice una fuente consultada. “A los grupos armados ilegales también les interesa el tema minero y, por tanto, todo aquel que se oponga puede ser intimidado y hasta asesinado”.

Para trata de contener los enormes riesgos a la vulneración de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, la Defensoría del Pueblo expuso 28 recomendaciones a distintas entidades del orden nacional, regional y local para que la población de los seis municipios advertidos sea protegida adecuadamente y, en un futuro, no se tenga que recurrir a informes de consumación, que registran hechos alertados con anticipación y no se atendieron debidamente.

The post La ‘Oficina’ y ‘Gaitanistas’ afectan la vida cotidiana en el Suroeste antioqueño appeared first on VerdadAbierta.com.

“Sin verdad no hay justicia”, decía una pancarta a la entrada de la Casa de la Cultura de Tumaco donde la semana pasada se reencontraron los habitantes de este municipio con los ex jefes paramilitares del Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quienes ordenaron todo tipo de atropellos contra los tumaqueños. El encuentro hizo parte de una audiencia previa a la sentencia en la que las víctimas exponen cuáles son sus principales demandas de verdad justicia y reparación.

Lo que hasta ahora han dicho los desmovilizados es que este grupo paramilitar llegó a Tumaco por orden de los hermanos Carlos y Vicente Castaño con el fin de arrebatarle a la guerrilla el control del narcotráfico y se financiaron con recursos de ese negocio. Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, quien comandó este grupo armado, fue extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008 para que respondiera en ese país por delitos relacionados al tráfico de estupefacientes.

Las víctimas en este puerto sobre el Pacífico quieren conocer, con nombre propio, quiénes fueron los principales auspiciadores de este bloque, pero no solo de los narcotraficantes que contribuyeron a financiarlo, sino los miembros de la Fuerza Pública, empresarios y políticos que actuaron mancomunadamente con los paramilitares. “Yo acepté este proceso porque quería saber la verdad sobre los autores intelectuales, pero estoy desanimada porque no he tenido la verdad”, aseguró una de las asistentes a la audiencia.

Gustavo Girón Higuita, Obispo de Tumaco, le preguntó una vez más a ‘Pablo Sevillano’ si los paramilitares fueron apoyados por alguna institución. “Nosotros hemos contado cómo nos tomamos el territorio: no tuvimos la ayuda de instituciones, agentes del Estado o gremios industriales y comerciales, no contamos con esa ayuda”, respondió el ex paramilitar a través de videoconferencia desde una cárcel de Estados Unidos.

La respuesta no cayó bien entre los asistentes, sobre todo porque algunas víctimas habían relatado hechos en los que, al parecer, hubo participación y complacencia de miembros del Estado. Clara*, hermana de una de las víctimas, relató que a su casa llegó una camioneta de la Armada Nacional y se llevó a su familiar. Una hora después les avisaron que en una calle de Tumaco habían tirado el cadáver de su hermano.

Sobre el asesinato de Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco, perpetrado el 19 de septiembre de 2001, Pérez Alzate no dio más información que la que ya había mencionado en anteriores versiones. El ex jefe paramilitar ha dicho que dio la orden de matarla porque era “marxista y proclive a las tesis de la guerrilla” y tenía supuestos vínculos con el Eln.

Pero la versión de las personas que conocieron a la hermana Yolanda es muy diferente. Para los paramilitares eran inconveniente las denuncias que hizo sobre la complicidad de la Fuerza Pública en sus acciones. Pocos meses antes de su asesinato, la religiosa escribió una carta pública donde decía que “algunos miembros de la Policía, del DAS, de la Base de Entrenamiento de la Marina habrían colaborado en los asesinatos selectivos por la acción y omisión. Asimismo es admitido que algunos comerciantes y palmicultores, la gran mayoría de ellos no nativos, colaboran con dinero para el financiamiento de los paramilitares”. (Ver Las preguntas detrás del asesinato Yolanda Cerón)

Yolanda Cerón estuvo comprometida con la titulación de los territorios de las comunidades afrodescendientes. “Ella estuvo totalmente entregada a la organización de los consejos comunitarios, a la defensa del territorio en base a la Ley 70 y a la ayuda de los más necesitados”, dijo una representante de un consejo comunitario en Tumaco. Agregó que el argumento de alias ‘Pablo Sevillano’ era inaudito.

La hermana de la religiosa intervino y exigió la verdad: “mi anciano padre de 92 años no quiere morir porque quiere saber la verdad del asesinato de su hija. Lo que los postulados dicen no es la verdad. Le pido a la Fiscalía que investiguen bien porque esto no se puede quedar así. Siento que los postulados no están arrepentidos y no hay reparación posible para esto”.

Jorge Enrique Ríos Córdoba, alias ‘Sarmiento’, quien fue el segundo al mando del grupo paramilitar, aceptó que la Fuerza Pública y la Fiscalía conocían de su presencia en la zona, pero dijo que no tenían nexos con altos mandos.

“Teníamos vínculos directos con policías rasos, pero no de manera directa con toda la Fuerza Pública de la región. No deberíamos haber llegado hasta donde llegamos si la Fuerza Pública hubiera actuado como debía. La Fuerza Pública, la Fiscalía sabía de nuestro actuar, por eso creo que todo el Estado, Policía y Fiscalía estaban involucrados”, precisó alias ‘Sarmiento’ y agregó que luego de la muerte de la hermana Yolanda se capturaron algunos paramilitares.

Los desmovilizados se han referido a vínculos con militares y políticos en el caso de Pasto, Ipiales, Llorente y otros municipios de Nariño, pero en el caso de Tumaco la información es escasa. (Ver: Miembros del Ejército señalaban víctimas a los paras: Sevillano)

Investigación no avanza
Las víctimas no solo están inconformes con las versiones de los postulados, también con la lenta y escasa investigación de la Fiscalía en algunos hechos. Tal es el caso de Piedad*, una mujer que quedó viuda porque los paramilitares asesinaron a su esposo a mediados de 2002. La víctima aseguró que ella y su familia están en el proceso de Justicia y Paz para conocer quiénes estuvieron detrás de la muerte de su esposo, porque sabe que su pareja no tenía vínculos con la guerrilla, como lo ha repetido una y otra vez alias ‘Sarmiento’.

Pero 12 años después de la muerte de su esposo, alias ‘Sarmiento’ no ha cambiado su versión y la Fiscalía no ha avanzado en otras investigaciones. “¿El proceso va a llegar al final a sabiendas de que no se ha dicho la verdad?”, lepreguntó la víctima a la magistrada.

En este caso el fiscal encargado del caso explicó que la Unidad de Justicia y Paz no lleva las investigaciones sobre terceros que no hayan sido paramilitares y que en este caso la investigación pasa a manos de otro fiscal en la justicia ordinaria. Sin embargo, la magistrada le recordó que debe hacerse seguimiento a estas investigaciones

“Para mí lo más triste es que la justicia se quedó con la versión de ellos y no entró más allá a investigar la verdad. Para la justicia es un éxito saber quiénes fueron los causantes directos de los hechos, pero para el pueblo tumaqueño eso no es un éxito, queremos saber quiénes fueron los verdaderos asesinos”, dijo otra de las víctimas

En la mayoría de los casos los desmovilizados se limitaron a decir que mataron a las víctimas porque les informaron que se trataba de supuestos colaboradores de la subversión. Nunca aceptaron ser ellos mismos quienes señalaron a las víctimas, sino que se refirieron a ex paramilitares que están muertos o no están postulados a la ley de Justicia y Paz, como Alberto Castillo, alias ‘Paraquito’, y José Manuel Landázuri, alias ‘Manuel’.

Muchos de las víctimas solo se acercaron a la Casa de la Cultura porque quieren que los paramilitares dejen de decir que sus familiares tenían vínculos con la guerrilla. Algunas de estas personas recordaron cómo los ‘paras’ mataron a sus familiares solo por robarles sus pertenencias, por haber chocado con uno de sus carros o porque el jefe del grupo se emborrachó y empezó a disparar.

No obstante, en las versiones han dicho que todos ellos eran supuestos colaboradores de la subversión. “Haga lo que haga, diga lo que diga, las palabras de nosotros se ve que no son validas, le creen más a esos delincuentes que a nosotros, si ellos dicen la mataron por guerrillera, entonces resulta que la mataron porque ella era guerrillera”, dijo la hermana de la una de las víctimas.

El miedo que no cesa
Una de las mayores sorpresas para algunos de los asistentes cuando llegaron a la Casa de la Cultura fue encontrarse de frente con sus victimarios, muchos no los veían desde antes de la desmovilización del grupo, en junio de 2005. Varias víctimas aseguraron que de haber sabido que se iban a encontrar con los ex paramilitares no habrían asistido. Casi todas coincidieron en que aún temen por su vida.

A pesar de eso se atrevieron a enfrentar sus miedos y hablar con los postulados. “Yo no quería venir y tenía miedo de hablar, pero es que Tumaco era un remanso de paz hasta que llegaron estos delincuentes, y yo me dije: ‘por eso estamos como estamos porque toda la vida nos hemos quedado callados y eso no debe ser así’. Si me pasa algo es cosa que asumo”, dijo uno de los presentes.

Algunas víctimas no querían hacer señalamientos directos a terceros y entre llantos repetían que ellas no estaban acusando a nadie y que esperaban que no hubiera represalias. “Ese miedo se explica porque la violencia en Tumaco no se ha acabado y desde la desmovilización surgieron otros grupos, especialmente ‘los Rastrojos’, a los que se han vinculado muchos miembros de las Auc que no se desmovilizaron”, dijo a VerdadAbierta.com una persona que conoce de cerca la problemática de la región. (Ver: Un puerto anclado en el silencio)

Una de las víctimas que asistió a la audiencia contó que su hijo fue reclutado cuando era menor de edad en una vereda cercana a Tumaco y se desmovilizó con el grupo en 2005. Cuando regresó a la zona lo buscaron los miembros de las nuevas bandas criminales para que volviera a delinquir, pero él se negó. Luego de un tiempo el joven desapareció en un retén que al parecer instalaron ‘los Rastrojos’.

El obispo de Tumaco también contó que después de la desmovilización y hastael 2013, la Pastoral Social ha sido amenazada en nueve oportunidades por ‘los Rastrojos’ y una por las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, conocidos también como ‘los Urabeños’, otro grupo que surgió después del desarme de las Auc.

Otros temen porque los verdaderos autores intelectuales son narcotraficantes, empresarios o miembros de la fuerza pública que no están tras las rejas y aún se encuentran en el municipio.

El liderazgo entre las víctimas también está debilitado después de que el pasado 2 de diciembre de 2013 asesinaron en Tumaco a Miller Angulo, representante de la Mesa Departamental de Víctimas. “Ninguno de los líderes de la Mesa del municipio asistió a la audiencia, muchos tienen amenazas y tienen miedo, entonces prefieren mantener por ahora un bajo perfil”, le dijo a VerdadAbierta.com una persona que asistió a la audiencia.

Las secuelas de las masacres
Las víctimas recordaron el crimen conocido como la ‘Masacre del kilometro 28’, ocurrida el 11 de octubre de 2000, cuando un grupo paramilitar llegó a una esquina del pueblo donde los vecinos se reunían a jugar dominó y parqués, y disparó indiscriminadamente. Cuatro personas murieron en el sitio. Cuando los vecinos se asomaron a ver qué había sucedido los‘paras’ dispararon nuevamente y dejaron heridas a otras siete personas.

“En esa masacre mataron a un sobrino que quería mucho, al hijo de una prima hermana; mi hija y dos sobrinos resultaron heridos. Mi familia fue la que más se fue a más se vio afectada y desde ese día nuestra vida cambió para siempre”, dijo una de las mujeres que asistió a la audiencia.

Milena*, la hija de esta mujer, relató que solo tenía 19 años cuando resultó herida, luego de esto tuvo que pasar dos meses hospitalizada y un tiempo en silla de ruedas. En esta oportunidad asistió a la audiencia para pedir que le proporcionaran un tratamiento médico para su rodilla, pues dijo que hasta el momento no había recibido ayuda de ninguna entidad del Estado. Como Milena, acudieron tres víctimas más que resultaron heridas el día de la masacre y que no han recibido un tratamiento médico oportuno.

“Quiero saber por qué me mataron a mi marido si él era un hombre trabajador, lo único que hizo fue sentarse con unos amigos a jugar dominó”, dijo otra de las víctimas. Este episodio y el caso de otras víctimas que fueron asesinadas por equivocación recordó la crudeza que reinó en la época en que los paramilitares, bajo el mando de alias ‘Pablo Sevillano’, deambulaban por la calles de Tumaco.

Las víctimas están ahora a la espera de que sus demandas sean tenidas en cuenta en la sentencia que deberá proferir el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá en los próximos meses.

The post Las víctimas de Tumaco quieren la verdad appeared first on VerdadAbierta.com.

Manuel Arturo Salom Rueda, alias ‘JL’, un exmilitar que le dio instrucción a cientos de combatientes que luego se integraron a distintos bloques y frentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), no continuará colaborando con la justicia hasta tanto no reciba beneficios jurídicos a cambio de su información o, en su defecto, sea postulado a la Ley de Justicia y Paz.

Así se lo hizo saber mediante una carta entregada a la Fiscalía 13 de Justicia y Paz, encargada de documentar la historia y crímenes cometidos por la estructura denominada ‘Casa Castaño’ y quien requirió a Salom Rueda para que diera información sobre el funcionamiento, la ubicación, la logística y las estrategias empleadas en las escuelas de formación que los hermanos Castaño Gil tuvieron en Córdoba, así como en Urabá y el Nordeste antioqueño.

Al momento de ser abordado por los investigadores de este despacho en su sitio de reclusión, la cárcel de Máxima y Mediana Seguridad de Itagüí, Salom Rueda se negó a entregar información tras considerar que no le asiste ninguna obligación de declarar sobre lo que sabe ni mucho menos tiene compromiso alguno con los principios de verdad, justicia y reparación por no estar postulado a los beneficios jurídicos de la Ley 975, conocida como de Justicia y Paz.

En su misiva, alias ‘JL’ señaló que pese a haber colaborado con distintas instancias judiciales, como fiscalías de las unidades de Derechos Humanos y Justicia y Paz, y de entregar información considerada por él como valiosa a magistrados de los tribunales de Justicia y Paz e investigadores de la Corte Suprema de Justicia, ninguna de esas instancias ha intercedido ante el gobierno nacional para que aceptara su postulación, que fue presentada en el año 2010.

“Ninguna fiscalía me ha dado respuesta a mis peticiones y quiero pedirle a todos los que me requieren que no insistan más con las diferentes entrevistas, pues renuncio a todas las propuestas emitidas por ustedes […] deseo callar, no me importa lo que me acarreará más adelante”, manifestó Salom Rueda, quien adujo, además, desconfiar del Ente Investigador: “hoy en día no confío en la Fiscalía pues muchos de mis compañeros, después de que entregaron información, fueron excluidos de Justicia y Paz y están esperando la condena por la justicia ordinaria. Hay investigadores y fiscales que tienen rabo de paja”.

El pasado 5 de octubre, Salom Rueda ajustó cinco años de reclusión en la cárcel de Itagüí, donde purga una condena de 30 años por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, secuestro agravado y homicidio agravado que le impuso un juez por la masacre perpetrada el 14 de enero de 1990 en el corregimiento Pueblo Bello, de Turbo, en el Urabá antioqueño, en la que perdieron la vida 43 personas y los cuerpos de 37 de ellas siguen desaparecidos.

“Yo estaría dispuesto a estar en Justicia y Paz siempre y cuando me valgan los años que llevo en la cárcel de Itagüí” añadió alias ‘JL’, quien pidió, además, ser trasladado a un centro penitenciario en el departamento de Córdoba con el fin de estar cerca de su familia.

“No se trata de presionar por información, simplemente estoy pidiendo que se pongan en mi lugar”, agregó este ex paramilitar, quien, según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, comandó el Bloque Héroes de Tolová de las Auc, que operó en el municipio de Valencia, Córdoba.

Salom Rueda fue capturado el 4 de octubre de 2008 en San Pedro de Urabá, Antioquia, y fue presentado por las autoridades como un miembro importante de ‘Los Urabeños’, grupo armado conformado semanas después de la desmovilización colectiva de la última facción del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc, en agosto de 2006.

Pero, ¿por qué es de vital importancia para la Fiscalía de Justicia y Paz un hombre como Manuel Arturo Salom Rueda, alias ‘JL’, y qué dejaría de conocerse sin su colaboración?

Camino en armas
En mayo del próximo año, Salom Rueda cumplirá 65 años de edad, la mitad de ellos dedicados a la guerra. Se retiró del Ejército siendo sargento viceprimero, institución a la que sirvió por cerca de 22 años. Sus últimos años como militar los pasó en la década de los ochenta en el Batallón Bárbula, con sede en Puerto Boyacá.

Estando en esa guarnición militar conoció el grupo de autodefensa que lideraba Henry Pérez, al cual terminaría entrenando. En varias declaraciones rendidas ante fiscales de Derechos Humanos, alias ‘JL’ manifestó que recibió adiestramiento militar por parte del mercenario israelí Yair Klein. Y fue precisamente ese amplio conocimiento en armas y tácticas de guerra el que puso a disposición de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil cuando decidieron fundar las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).

De la mano de otro militar retirado, Carlos Mauricio García, alias ‘Doblecero’, hombre de confianza de Carlos Castaño Gil, el instructor Salom Rueda creó las escuelas de entrenamiento más importantes de las Accu, como La 35, La 15 y La Acuarela, ubicadas en fincas de propiedad de los hermanos Castaño Gil en Córdoba. De allí salieron miles de combatientes que conformarían bloques paramilitares en Antioquia, Chocó, Putumayo, Santander y Caquetá.

Lo conocido hasta ahora por la Fiscalía de Justicia y Paz, que ha sido aportado por desmovilizados que integraron las Accu, es que en dichos centros se impartía adiestramiento militar, se enseñaban técnicas de tortura, se mostraba cómo desmembrar cuerpos. Además, aseguran que en dichas escuelas yacen los restos de decenas de hombres que quisieron desertar del régimen de las Autodefensas. También coinciden en señalar que alias ‘JL’ tenía la responsabilidad de seleccionar los instructores, diseñar los cursos, los manuales, los reglamentos y componentes ideológicos, así como de conseguir armamento.

En noviembre de 2012, en entrevista con el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, alias ‘JL’ señaló que la iniciativa de expandir las escuelas de formación paramilitar no solo provenía de los hermanos Castaño Gil sino de políticos y ganaderos que les solicitaban presencia de las Autodefensas en las distintas regiones del país. “Esto se dio luego de la muerte de Fidel Castaño, cuando (alias) ‘El Profe’ (Vicente Castaño) y Carlos empezaron a dar la orden de expandirnos a otras partes donde no estábamos”, explicó el ex militar.

En esa misma diligencia, alias ‘JL’ señaló que en una ocasión su compañero de instrucción, alias ‘Doblecero’, le contó que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, había solicitado a través de Carlos Castaño “que se instruyera gente buena para las Convivir”. La versión de ‘JL’ no puede ser confirmada porque ‘Doblecero’ fue asesinado en mayo de 2004 en la ciudad de Santa Marta.

El ex militar agregó que “realizó un curso intensivo para las convivir de 15 a 30 hombres”. De acuerdo con su versión, en esa época, un delegado de la gobernación de Antioquia, canoso, de bigote y de apellido Moreno, revisó junto con ‘Doblecero’ el plan de entrenamiento y la calidad de los hombres que habían seguido el curso. “El delegado de la gobernación quedó contento con lo que vi”, agregó ‘JL’.

Fuentes judiciales consideran que un hombre como Salóm Rueda, con su experiencia y conocimiento, ayudaría a comprender mejor lo que fue el fenómeno del paramilitarismo y cómo logró expandirse desde Córdoba hacia diversas regiones del país como el más mortal virus.

Y ello lo sabe alias ‘JL’, quien en su misiva, donde renuncia a toda colaboración con la justicia, dijo: “Los comandantes Fidel, Carlos y Vicente, que ya están muertos; ‘Mono’ Mancuso; Ramiro Vanoy; (alias) ‘Jorge 40’; (alias) ‘H.H’; estas dos últimas personas estuvieron bajo mi mando en curso de comandantes superiores. El señor (alias) ‘Diego Vecino’; (alias) ‘Don Berna’; (alias) ‘El Alemán’; Pedro Hasbún; todos ellos tienen conocimiento de por qué entrené gente y hacía dónde iban. Todos ellos tienen sus abogados y económicamente están bien, pero yo no tengo un solo abogado y no me han tenido en cuenta por lo que fui”.

Su decisión de no continuar colaborando con la justicia también podría afectar procesos que vienen adelantando otros despachos, como la Fiscalía 46 de Derechos Humanos, que está documentando todo lo relacionado con la masacre de Pueblo Bello.

De acuerdo con el ente investigador, alias ‘JL’ posee información valiosa que ayudaría a esclarecer magnicidios como el del líder de la Unión Patriótica, José Antequera y el periodista Jaime Garzón, así como todo lo relacionado con las cooperativas de vigilancia y seguridad privada conocidas como Convivir.

Según las normas vigentes, el gobierno nacional tiene la potestad de postular o los beneficios de la Ley de Justicia y Paz a todos aquellos que consideré elegibles para obtener los beneficios de esta ley, situación que parece no cumple alias ‘JL’, el entrenador de las Accu.

The post Instructor de los ‘paras’ no colaborará más con la justicia appeared first on VerdadAbierta.com.

“El Museo Casa de la Memoria será el espacio de reflexión donde permanentemente el ciudadano va a reconocer la dimensión de lo que ha sido el conflicto urbano en Medellín. Nosotros no vamos a hacer semejante inversión, que le va a costar al Municipio cerca de 27 mil millones de pesos, para convertirla en una ludoteca o un colegio de calidad”.

Con esta afirmación, el subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, Yomer Benítez Álvarez, busca ponerle freno a la ola de comentarios e inquietudes que vienen circulando en diversos sectores de la capital antioqueña, principalmente entre organizaciones sociales y el movimiento de víctimas, sobre la destinación final que se le dará al Museo Casa de la Memoria, iniciativa impulsada por la administración del exalcalde Alonso Salazar Jaramillo como espacio de construcción de memoria histórica sobre el conflicto urbano en la ciudad, y que ya debería tener sus puertas abiertas al público.

El retraso que a la fecha presentan las obras, sumado a otros factores como la no convocatoria en lo que va del año al Comité Asesor, integrado por voceros de las víctimas del conflicto, representantes de organizaciones no gubernamentales y funcionarios de la Alcaldía de Medellín y cuya función era debatir, proponer, estudiar y definir los contenidos del Museo,  despertaron gran preocupación entre sectores sociales al punto de preguntarse si para la actual Administración era prioridad el Museo o no.

“Si bien es cierto que en una reunión el alcalde Aníbal Gaviria nos manifestó su intención de apoyar el Museo, es bueno que la Alcaldía se vuelva a pronunciar, porque esa reunión fue comenzando este año y ya se va a terminar, y todo lo que tiene que ver con el Museo está muy callado. Eso nos preocupa mucho”, le dijo a Verdadabierta.com Silvia Quintero, una de las integrantes del Comité Asesor en representación de las víctimas del conflicto de la ciudad.

Sin embargo, para Benítez Álvarez la demora en la entrega de la edificación y la falta de espacio de diálogo con el Comité Asesor obedecen a los traumatismos propios del cambio de administración y mucho más la de Aníbal Gaviria, que prácticamente se restructuró en todas sus dependencias, y no a un problema de voluntad política en el tema de las víctimas.

“El tema del Comité Asesor es que, como sabrá, estamos en la fusión de dos dependencias que son el Programa de Atención a Víctimas y la Gerencia del Desplazamiento, y hemos estado muy metidos con eso. A principios de año fue todo lo de Plan de Desarrollo”, precisó el funcionario.

A esas explicaciones se sumó el hecho de que la Subsecretaría a su cargo es nueva, y ponerla a marchar también les demandó tiempo. “Lo que nos exige la Ley de Víctimas a los entes territoriales también nos ha ocupado bastante, a pesar de que ya teníamos mucho de eso adelantado. Entonces, no ha sido falta de voluntad o desinterés. De hecho, lo que hemos hecho ha sido con base en las propuestas del Comité Asesor”, señaló Benítez Álvarez.

Detalle de los retrasos
Las obras físicas, que iniciaron en agosto de 2011 y demandaron una inversión inicial de 17 mil millones de pesos, fueron programadas para terminarse en su totalidad en mayo de 2012 y se esperaba que el Museo entrara en funcionamiento iniciando el segundo semestre de este año.

El optimismo era tal que la entonces directora del Programa de Atención a Víctimas del Conflicto de la Alcaldía de Medellín, Lucía Mercedes Ossa, realizó un evento inaugural el 16 de diciembre de 2011: una obra teatral que buscaba exaltar la memoria de las víctimas que han dejado todas las violencias en Medellín que tuvo como sede una edificación aún en un 35% de su ejecución.

Pero los trabajos no avanzaron al ritmo que se esperaba; el contratista incumplió sus fechas de entrega; y como si fuera poco, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), responsable de la construcción del Museo, debió exigirle al contratista que repitiera parte de lo construido porque lo había hecho mal.

Mientras se resolvía el pleito jurídico, la obra estuvo parada de mes y medio (septiembre-octubre) y si bien las partes lograron subsanar el impase, lo obra demandó realizar adecuaciones que no fueron contempladas en el diseño inicial y sin las cuales la Casa de la Memoria no podría catalogarse como Museo.

“Faltó concertar más el diseño y construcción del edificio con el asunto conceptual. Eso hay que hilarlo desde el principio. Para la EDU, y para nosotros, el tema de construcción de museos es algo nuevo, porque no es lo mismo supervisar los diseños de una obra tipo parque lineal, parque biblioteca, a tener que aplicar, además, el concepto de museografía. Entonces, tuvimos que contratar, aparte, el equipo de arquitectos de museografía”, explicó Benítez Álvarez.

Lo anterior, según este funcionario, implicó no solo nuevos tiempos de entrega sino que también demandó una nueva inyección de recursos. A los 17 mil millones iniciales hubo que sumarle 500 millones de pesos para las adecuaciones de obra física y cerca de 1.600 millones de pesos para completar los elementos de dotación del museo y que, de acuerdo con conceptos de la EDU, más del 70% de ellos deben ser importados.

“¿En qué estamos hoy? El Municipio va a poner estos 2.100 millones de pesos adicionales. Con esto, la EDU se compromete a entregarnos la obra completa, con las adecuaciones físicas pero eso sí, sin la dotación, el 1 de diciembre. En este momento la EDU abrió la licitación para comprar todas estas adecuaciones”, añadió el Subsecretario.

Precisamente en el edificio donde quedará el Museo Casa de la Memoria, la Alcaldía de Medellín realizará un evento simbólico el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

Aunque será la segunda inauguración de esta obra, solo hasta marzo o abril de 2013 la ciudad podrá apreciar en toda su dimensión el Museo, que a juicio de Benítez Álvarez, se va convertir en el referente en investigaciones conceptuales e históricas de lo que ha sido el conflicto urbano en Medellín.

“Ya tenemos contemplada la segunda etapa del Museo, que nos vale tres mil millones en adecuaciones y cuatro mil millones en obra. Pero el Museo ya viene trabajando. Hay 20 funcionarios, pagados por la Alcaldía, trabajando en la Casa de la Memoria, sensibilizando a la ciudad sobre el tema”, indicó.

No obstante, hay temas que aún no están claramente definidos, entre ellos el presupuesto que tendrá el Museo para los próximos años; el tipo de figura administrativa que adoptará el proyecto una vez entre en funcionamiento; y más importante aún, quién será la persona que direccionará estainiciativa pensada y diseñada en memoria de las víctimas que la violencia ha dejado en Medellín. Por ahora solo les resta esperar las determinaciones que, en este sentido, adopte el alcalde de la ciudad, Aníbal Gaviria Correa.

The post Museo Casa de la Memoria de Medellín, una obra inconclusa appeared first on VerdadAbierta.com.

Convencido de que está contando la verdad histórica, el ex jefe paramilitar Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’, ratificó su denuncia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez e insistió ante una funcionaria judicial que éste, junto con su hermano Santiago, y otros ganaderos del Nordeste antioqueño, había fundado el Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) a mediados de los años noventa.

Sierra fue llamado a declarar por la Fiscalía en su defensa, pues los hermanos Uribe Vélez lo demandaron por injuria y calumnia a mediados de septiembre del año pasado, una vez se conoció un video divulgado por el representante a la Cámara Iván Cepeda, en el que el exparamilitar los denunciaba. Acudió el martes 3 de abril ante la Fiscalia 248 del municipio de Itagüí, a donde llegó escoltado por agentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y acompañado por su abogada. Ante ese despacho, volvió a narrar lo que ya había dicho en el video realizado por Cepeda en la cárcel de Itagüí en agosto del año pasado y divulgado un mes después.

“Me vine a ratificar en los hechos”, le dijo alias ‘Alberto Guerrero’ a VerdadAbierta.com a la salida de la diligencia judicial. “¿En qué hechos? En la fundación y creación del Bloque Metro participaron el ex presidente Álvaro Uribe, su hermano Santiago, así como los hermanos Gallón y los hermanos Villegas”.

Ante el representante Cepeda, el ex jefe paramilitar, quien comandó el Frente Cacique
Pipintá, había dicho algo muy similar: que quienes crearon el Bloque Metro de las Accu fueron “el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, su hermano, Santiago Gallón,Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas”.

Estas personas tienen en común que han tenido fincas en la zona de San José del Nus, en el Nordeste antioqueño, muy cerca del corregimiento Cristales, del municipio de San Roque, donde tuvo la base este bloque de las AUC. En esa misma zona la guerrilla del Eln había tenido mucha influencia.

En su relato de agosto del año pasado, alias ‘Alberto Guerrero’ aseveró que la creación de este bloque, que comandó el excapitán del Ejército, Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doblecero’, estuvo relacionada con el robo de 600 cabezas de ganado y de varios equinos de la finca Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez. También dijo que esta finca fue la primera base del Bloque Metro, antes de que fuera trasladada a Cristales.

En su corta declaración a VerdadAbierta.com aseguró que con sus testimonios está contribuyendo a reconstruir la verdad histórica del paramilitarismo en Antioquia, a pesar de que no está postulado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Sierra tiene en su contra por lo menos nueve condenas por hechos relacionados con su actividad paramilitar, desarrollada desde finales de la década del noventa hasta su desmovilización tardía, en septiembre de 2007, como comandante del Frente Cacique Pipintá, considerado un apéndice del Bloque Central Bolívar que delinquió en algunas regiones de Caldas, Risaralda y Antioquia.

Otros paramilitares han coincidido con Sierra en denunciar los supuestos nexos de diversos integrantes de las Auc con algunos miembros de la familia Uribe Vélez.

Denuncia en Comisión de Acusaciones

Alias ‘Alberto Guerrero’ además dio a conocer una denuncia presentada el 12 de diciembre del 2011 ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el ex presidente Uribe Vélez por hechos relacionados con la extradición de 14 jefes paramilitares el 13 de mayo de 2008 hacia Estados Unidos.

En el documento, de once páginas y que llevan cada una de ellas su firma y huella, hizo un recuento pormenorizado de los hechos que condujeron a la entrega de los excomandantes de las Auc a la justicia estadounidense, en los que, según alias ‘Guerrero’, se cometieron nueve delitos contenidos en el Código Penal colombiano: prevaricato por acción, empleo ilegal de la Fuerza Pública, abuso de función pública, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, infidelidad de los deberes profesionales, tortura sicológica, detención ilegal y privación del debido proceso, prolongación ilícita de privación de la libertad y calumnia.

De acuerdo con los argumentos presentados por alias ‘Alberto Guerrero’, sobresale el relacionado con la ausencia de órdenes de captura contra la mayoría de los 54 paramilitares retenidos desde el 18 de agosto, cuando inicialmente fueron conducidos a un centro vacacional en el municipio de La Ceja, Antioquia, conocido como Prosocial y adecuado como lugar de reclusión bajo la custodia de la Policía Nacional y el Inpec.

En la denuncia penal presentada ante la Comisión de Acusaciones también se lee cómo el entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, apeló a varias justificaciones para apaciguar los ánimos de los ex paramilitares recluidos en La Ceja, entre ellas que se trataba de una “estrategia del presidente Uribe Vélez orientada a disminuir las enormes presiones de la embajada y del gobierno de Estados Unidos contra varios ex comandantes de las llamadas Auc que tenían requerimientos con fines de extradición”. Asimismo, les dijo que se buscaba “apaciguar los medios de comunicación de tal modo que acallaran las críticas contra el gobierno, a raíz del proceso de paz con las autodefensas”.

En esa misma reunión, celebrada el 20 de agosto de 2006, es decir, cuatro días después de la detención masiva, el Alto Comisionado para la Paz aseveró que por instrucción del Presidente tenían que firmar un documento previamente elaborado por su Oficina cuyo contenido literal, según alias ‘Alberto Guerrero’, “aludía a una certificación mediante la cual se hacía constar que la reclusión de cada uno de los ex comandantes de las autodefensas era eminentemente voluntaria”.

De acuerdo con lo denunciado por el exjefe del Frente Cacique Pipintá, en esa reunión se advirtió que quien no firmara el documento sugerido por el Alto Comisionado para la Paz “ocasionaría por parte del Gobierno Nacional la no postulación del remiso a la Ley de Justicia y Paz, y la extradición de los que tenían órdenes de captura con ese fin”.

Sobre las supuestas irregularidades en la legalización de esa captura masiva, que fue presentada efectivamente como una decisión de reclusión voluntaria, alias ‘Guerrero’ aseguró que en los primeros días del mes de octubre del 2006 regresó a La Ceja el Alto Comisionado para la Paz “en compañía de varios miembros de la Sijin y oficiales del Inpec”, quienes recogieron datos personales de los ex paramilitares, se les tomaron fotografías y fueron escuchados en versión, sesión en la cual se habrían autoincriminado del delito de concierto para delinquir.

“Con este acto se legalizaba improvisadamente la captura abusiva y vejatoria de todo derecho, de más de 40 desmovilizados privados de la libertad, desde hacía dos meses, por disposición autoritaria del Presidente de la República”, se lee en la denuncia presentada ante la Comisión de Acusaciones.

Pero según alias ‘Alberto Guerrero´, las irregularidades se intensificaron a finales de noviembre de 2006 una vez los ex comandantes de las Auc recluidos en el Centro de Reclusión Especial de La Ceja firmaron un documento dirigido al Alto Comisionado para la Paz a través del cual le notificaban al Gobierno Nacional su decisión de “confesar toda la verdad sobre el fenómeno paramilitar y  la participación y contribución de miembros de la clase política, del alto gobierno y del empresariado en la agenda militar y política de las Autodefensas Campesinas”.

De acuerdo con el ex paramilitar denunciante, esta expresa intención de aportar la verdad fue castigada con el traslado de los ex jefes paramilitares a la cárcel de máxima y mediana seguridad de Itagüí, realizado el 1 de diciembre de 2006 y con ello empezaría, según el documento de denuncia, “un largo proceso de amordazamiento e intimidación dirigido a callar la verdad de los paramilitares a cualquier precio”.

Dos estrategias que alias ‘Alberto Guerrero’ interpreta como parte de esa “intimidación” para acallar a los exjefes de las Auc. La primera de ellas fue una reunión realizada el 1 de diciembre de 2007 en la biblioteca de la cárcel de Itagüí entre el entonces subdirector nacional del Inpec, coronel (r) Leonardo Ortiz y varios ex jefes paramilitares, cuando ya habían transcurrido varios meses de versiones libres ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, en la cual se estaba develando la relación del paramilitarismo con varios sectores sociales, políticos, económicos y militares del país.

“En la citada reunión, el señor coronel Ortiz manifestó que por encargo del señor general Eduardo Morales, director nacional del Inpec, y del Gobierno, no podía menos que recriminar, censurar y condenar la actitud desleal de la alta excomandancia de las Autodefensas con la Fuerza Pública. Recordó que cuando estaba en el servicio activo había sido muy amigo y había apoyado a varios jefes paramilitares, entre los cuales hizo mención expresa del ex comandante Salvatore Mancuso”, afirmó alias ‘Alberto Guerrero’ en su denuncia.

De acuerdo con este documento, en esa reunión “el coronel Ortiz dejó entrever las gravísimas consecuencias que podría acarrear a los ex jefes desmovilizados la delación indiscriminada y descarnada contra miembros del gobierno y de la Fuerza Pública con impecables hojas de vida”.

La segunda estrategia estuvo relacionada con una operación de registro comandada por el  coronel Ortiz y realizada a comienzos de febrero de 2008 por un grupo especial del Inpec en elpabellón donde estaban recluidos los exjefes las Auc en la cárcel de Itagüí. Según las autoridades, en ese operativo fue encontrada una pistola 9 milímetros y una granada, escondidas en dos libros huecos.

“El escándalo que desató dicho hallazgo no podía ser mejor pretexto para alegar que los ex comandantes ‘paras’ seguían delinquiendo y, por esa razón potísima, había que prescindir cuanto antes de la mayoría de estos incómodos personajes por la expedita vía de la extradición”, aseveró alias ‘Alberto Guerrero’ en su denuncia, y recordó que esa decisión se tomó pronto.

“Y el día de prescindir de esos individuos molestos, peligrosos y acaso traidores –portadores de grandes verdades muchas de las cuales aún no dichas– llegó en la fecha del 13 de mayo de 2008, cuando fueron extraditados 14 excomandantes de las Autodefensas, bajo el pretexto infundado de estar delinquiendo en el interior del penal”, se aseguró en el documento.

Alias ‘Guerreró’ reiteró que las supuestas pruebas halladas en el operativo del Inpec “nunca fueron puestas por el Gobierno Nacional en manos de la Corte Suprema de Justicia” y sólo seis meses después la autoridad carcelaria “informó que los internos del pabellón uno de Justicia y Paz no tenían ninguna responsabilidad sobre el corrompido “hallazgo” del coronel Oriz”, ya cuando los 14 exjefes de las Auc estaban en manos de la justicia estadounidense.

Según dijo Sierra García, él busca que la Comisión de Acusaciones, órgano competente para juzgar a los Presidentes de la República, “dé apertura a la investigación penal” por los hechos que condujeron a la extradición de los excomandantes paramilitares y se establezca el grado de responsabilidad del exmandatario “en los actos y decisiones, directa o indirectamente ejecutados como Jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, de los cuales pudo derivarse una grave violación de derechos fundamentales, provocados por abuso y desbordamiento del ejercicio constitucional de autoridad”.

En los dos casos, el de injuria y calumnia ante la fiscalía de Itagüí y en el que inició Sierra García ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, es la palabra de un ex paramilitar con nueves condenas encima contra la de un exPresidente de la República. Será la justicia la que determine si son verdaderas estas denuncias del ex paramilitar o si, como asegura el expresidente Uribe, se trata de meras injurias y calumnias

The post ‘Expara’ ratifica señalamientos contra el expresidente Uribe appeared first on VerdadAbierta.com.