Miles de desplazados en el Catatumbo, policías y militares secuestrados durante 40 horas en el departamento de Cauca, paros armados en Chocó, 41 víctimas de masacres en todo el país. Todo esto ha ocurrido desde comienzos del 2025 y todo, de alguna forma u otra, está relacionado con el narcotráfico.

Y a pesar de los miles de millones de dólares invertidos en erradicación e interdicción, y los miles de muertos en disputas por territorio y control de rutas, el monitoreo de las Naciones Unidas muestra que el cultivo de coca en Colombia se cuadriplicó en la última década, mientras que la producción mundial de cocaína se duplicó.

Por eso, y ante nuevas presiones desde Estados Unidos para insistir en un enfoque prohibicionista en la “guerra contra las drogas”, el gobierno de Gustavo Petro busca darle un nuevo aire a su estrategia contra el narcotráfico tanto a nivel interno como en el plano nacional.

El gobierno estadounidense, en cabeza del presidente Donald Trump, está utilizando sanciones arancelarias, o la amenaza de ellas, para exigir mayores esfuerzos de Canadá y México para detener el flujo de drogas —principalmente fentanilo— hacia el mercado de Estados Unidos. Algunos sectores políticos colombianos temen que, ante el incremento de cultivos de coca y de producción de cocaína en el país, el país del norte podría imponer sanciones similares a Colombia o exigir que se retome la política de fumigación.

Incluso podría “descertificar” a Colombia en su proceso anual de evaluar los esfuerzos antinarcóticos de países de producción o de tránsito de drogas ilegales alrededor del mundo, lo que significaría una suspensión de fondos de cooperación, que ya se han visto afectados por el cierre de programas financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). (Leer más: Cooperación en vilo mientras Colombia atraviesa crisis humanitaria)

El gobierno colombiano defiende su enfoque de centrarse en las mafias que transforman el producto natural de la coca en cocaína, en lugar de en los productores campesinos.

La estrategia antinarcóticos, presentada en 2023, tiene dos pilares fundamentales que el gobierno ha denominado “oxígeno” y “asfixia”. Bajo el pilar de “oxígeno”, el énfasis está en aliviar la presión sobre los objetivos tradicionales de la ley, como los pequeños cultivadores de coca y los consumidores de drogas. Esto implica fomentar la sustitución voluntaria de cultivos de coca por alternativas legales y promover un enfoque de salud pública en el consumo de sustancias narcóticas.

Por otro lado, la estrategia de “asfixia” adopta una postura más agresiva, confrontando directamente las redes de narcotráfico a gran escala de Colombia en los eslabones más altos de la cadena. Este enfoque implica interceptar envíos, desmantelar laboratorios, incautar precursores químicos e investigar las actividades asociadas al lavado de dinero.

En un consejo de ministros el 10 de marzo, Petro señaló que su gobierno se seguirá oponiendo a la estrategia de fumigación. “Nos van a decir que fumiguemos, y no nos certifican, y fumigar es matar a los campesinos”, indicó. “Es una política de dominación”. “Queremos ayudar a resolver problemas (…) y la respuesta es ‘síganse matando’”.

Violencia del narcotráfico se expande

En un nuevo estudio, el centro de estudios International Crisis Group dice que es la competencia entre grupos criminales para controlar las ganancias del narcotráfico lo que provoca mayor violencia no sólo en Colombia, sino en toda América Latina.

Las dinámicas de violencias relacionadas con el narcotráfico se han regado por casi toda América Latina “a pesar de décadas de campañas de seguridad basadas en acciones policiales y militares”, dice el informe Mitigar la violencia en los centros de narcotráfico en América Latina.

Mientras la represión militar y las capturas de alto nivel generan victorias a corto plazo, “una y otra vez alimentan nuevas olas de violencia y provocan reconfiguraciones en las estructuras criminales”, indica el informe.

“La región sufre una cruel ironía, en la que más acciones de fuerza, más incautaciones y una prohibición más estricta, tienden a elevar el precio de las drogas y, por lo tanto, las ganancias de los traficantes”, dice el centro de estudios.

“Aunque el contexto político preponderante, particularmente en Washington, presionará a la región a continuar con la ‘guerra contra las drogas’, América Latina debe aprender de sus éxitos y fracasos”, dice Elizabeth Dickinson, Analista Senior, Los Andes, Crisis Group. “La experiencia sugiere que una combinación de enfoques, incluidas intervenciones policiales más inteligentes y una política social robusta, es la estrategia más adecuada”.

Internamente, la estrategia del gobierno de Petro le apuesta a la erradicación voluntaria, a pesar del fracaso del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), creada como uno de los pilares del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc en 2016. (Leer más:  PNIS: ¿Qué salió mal y cómo se podría enmendar el camino hacia una verdadera sustitución?)

Es la oferta que se ha hecho a los campesinos cocaleros del Catatumbo, luego del estallido violento en esa región de Norte de Santander en enero de 2025 por la disputa entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de la Farc por el control de las 53.000 hectáreas de coca en la región, y las rutas de cocaína hacia Venezuela. (Leer más: Crisis en el Catatumbo: el pueblo en el medio de una guerra anunciada)

Algo similar tiene en mente para el Cañón del Micay, en Argelia, Cauca, en donde 29 miembros de la fuerza pública fueron secuestrados por más de cuarenta horas, que el mandatario colombiano llamó “una zona de producción cocainera de las más grandes del mundo”.

A nivel internacional, la canciller, Laura Sarabia, planteó ante la reunión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND, por sus siglas en inglés) en Viena, que se elimine a la hoja de coca del listado de estupefacientes prohibidos.

“La evidencia es contundente: el narcotráfico ha frenado el desarrollo de nuestro país, ha victimizado a millones de campesinos, ha financiado grupos terroristas y ha devastado ecosistemas esenciales como la Amazonía (…) La ciencia demostrará que la hoja de coca en sí misma no es perjudicial para la salud. Solo podremos arrebatársela a los narcotraficantes si aprovechamos su potencial en usos industriales, como fertilizantes y bebidas”, dijo Sarabia.

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Tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc 2016, se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) con el objetivo de ofrecer alternativas de desarrollo socioeconómico a las comunidades afectadas por las economías de las drogas ilegales, promoviendo la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos. Sin embargo, el programa ha presentado deficiencias en la articulación institucional y el incumplimiento, por lo que se generan dudas en la efectividad de la planeación e implementación del programa. 

Con la creación del PNIS, mediante el Decreto 896 de 2017, se esperaba generar condiciones de bienestar para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito, en particular, para las comunidades campesinas en situación de pobreza. Junto con el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), se buscaba priorizar el desarrollo económico, social y ambiental en las zonas más afectadas por el conflicto armado interno y solucionar uno de los principales problemas que causan el conflicto armado en Colombia: la falta de alternativas económicas en las zonas rurales del país. 

Los resultados no han sido los esperados, pues se encontró que el anuncio del programa aumentó los cultivos de coca y la deforestación, tanto en los lugares donde hay beneficiarios, como en sus vecinos, de acuerdo con el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de Los Andes. Además, en la mayoría de los casos, los pagos a las familias participantes fueron inoportunos o demorados, según cuentan algunos campesinos.

Por eso, los cambios que se han anunciado desde la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) en el actual gobierno de Gustavo Petro serán clave para el cumplimiento de los objetivos del programa, asegurar que las comunidades reciban los beneficios prometidos hace ocho años, y facilitar su integración a las economías lícitas.

Las fallas en la implementación

El PNIS se planeó con un enfoque familiar. Cada beneficiario podía ser un hogar que tuviera cultivos ilícitos; un hogar que no tuviera cultivos ilícitos pero que habitara en zonas afectadas por este fenómeno; o un hogar que se dedicara a la recolección de hoja de coca.

En el programa se registraron 99.097 familias ubicadas en 56 municipios de 14 departamentos, en los que se concentra el 65 por ciento de los cultivos ilícitos del país según el censo del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci). 

A lo largo de estos ocho años, se han retirado 12.612 beneficiarios, según la DSCI. Desde la entidad, se asegura que no tienen registradas las razones específicas. Actualmente, los cinco departamentos con mayor cantidad de familias inscritas al programa son: Putumayo con 16.307 familias; Nariño con 15.846 familias; Caquetá con 12.051; Antioquia con 9.615 y Meta con 8.918.  

“Nosotros firmamos ese acuerdo en enero del 2017 y, hoy, en noviembre de 2024, no se le han cumplido las expectativas a la gente (…)”, declara un líder social campesino del Caquetá, que prefiere mantener su identidad oculta por seguridad. “¿Qué proyecto productivo puede haber cuando esos ingresos de 36 millones de pesos [prometidos] a la gente se lo dieron a cuentagotas?”, agrega.

Al inicio, el Estado le prometió 36 millones de pesos a cada familia inscrita que se entregarían mediante el Plan de Atención Inmediata (PAI) ruta familiar. El PAI tiene cinco componentes: Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI), Asistencia Técnica Integral (ATI), Proyectos de Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria (SA), Proyectos Productivos de Ciclo Corto (PPCC) y Proyectos Productivos de Ciclo Largo (PPCL). 

El objetivo era ejecutar todos los componentes y realizar todos los pagos en dos años. Sin embargo, ocho años después, no se ha completado. Según Gloria Miranda, actual directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, la entidad registra el siguiente porcentaje de cumplimiento:

Miranda aclara que, a pesar de estos avances, dentro de estos mismos hubo fallas, por lo que hay componentes que se implementarán “desde cero”. 

• Pagos demorados

“El peor mal que le hicieron al programa es que nosotros sustituimos inmediatamente. Erradicamos el cultivo y nos quedamos manicruzados esperando la atención del gobierno y el primer pago lo recibimos a los 16 meses. Todos esos cultivadores y no cultivadores, ¿qué hacíamos? Esas familias quedaron a la deriva, sin ninguna alternativa de un proyecto productivo o de un empleo”, continúa el líder campesino del Caquetá. 

Las familias que se inscribían en el PNIS debían erradicar voluntariamente los cultivos de coca antes de recibir los beneficios del programa. Este compromiso incluía el cumplimiento de una fase inicial en la cual eliminaban los cultivos ilícitos como requisito para acceder a los pagos de apoyo económico y la asistencia técnica en proyectos productivos. 

En la Evaluación Institucional de Resultados y de Impacto del PNIS de el Cesed, que tiene corte hasta diciembre de 2022, se explican las consecuencias que vivieron las familias debido a la ineficacia de la aplicación de cada componente: 

1. La Asistencia Alimentaria Inmediata era el pago de un millón de pesos mensuales durante 12 meses, como remuneración económica por adelantar actividades de apoyo a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, adecuación y preparación de tierras para siembras legales y trabajos de interés comunitario. El Cesed reporta que los retrasos en los pagos de la AAI añadieron presión a los hogares, pues no recibieron los beneficios prometidos a tiempo, aunque ya habían erradicado sus cultivos de coca. Esto afectó especialmente a los hogares más vulnerables, que dependían económicamente de esta ayuda tras la eliminación de sus cultivos ilícitos.

2. La Asistencia Técnica Integral era un servicio profesional y técnico para acompañar a las familias en la implementación y/o fortalecimiento de sus actividades productivas lícitas mediante asesoría en buenas prácticas agrícolas, gestión financiera y comercialización. También promovía asociatividad, economía solidaria, educación nutricional y participación comunitaria para un desarrollo sostenible. El pago era de 3,2 millones de pesos. Según el Cesed, la ATI fue el componente con los menores niveles de ejecución de todo el programa. Y lo que logró ejecutarse no fue exitoso. 

XXXX [Gráfico del número de familias que recibieron atención técnica por departamento]

Desde la DSCI tienen registro de que se gastaron más de $117.364 millones para ofrecer asistencia técnica en los 56 municipios del programa. Sin embargo, la misma entidad reconoce que no se hizo lo prometido. “Este fue uno de los escándalos de los operadores. Ellos decían que sí se había la asistencia técnica, pero tú ibas a preguntarle a las familias y decían: “No, acá solo vinieron y nos obligaron a firmar un acta” o “nos dieron una charlita y ya”, afirma la directora Miranda. 

3. Los Proyectos de Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria (SA) consistían en pagos de 1,8 millones de pesos. Estos proyectos buscaban asegurar un suministro estable y adecuado de alimentos, así como su acceso y consumo regular, seguro y de calidad para toda la población. El Cesed asegura que no se observaron mejoras socioeconómicas en los hogares que recibieron este beneficio, debido a la baja calidad o la falta de adecuación de los insumos entregados. 

Hasta 2022, el 96.47 por ciento de los hogares recibió el pago por SA, pero solo el 7.3 por ciento calificó los insumos como de excelente calidad, mientras que el 27.25 por ciento los consideró deficientes. Los beneficiarios señalaron que estos insumos, incluidos animales en mal estado y productos agrícolas inadecuados y costosos no respondían a sus necesidades reales.

4 y 5. Los Proyectos Productivos de Ciclo Corto y Proyectos Productivos de Ciclo Largo tenían un valor de 9 millones y 10 millones de pesos, respectivamente. Su objetivo era fortalecer la economía local y regional a corto, mediano y largo plazo, promoviendo ingresos estables mediante alternativas agrícolas, pecuarias, forestales, de transformación y servicios, seleccionadas con base en el análisis agroecológico del territorio. Estos componentes eran muy esperados por las familias, ya que ofrecían una vía hacia actividades económicas lícitas. Aunque se estableció una distinción entre ambos componentes por los plazos, la entrega no fue diferenciada y no hubo lineamientos para separarlos. El componente no alcanzó sus objetivos debido a retrasos en su implementación, sobrecostos, productos de mala calidad, y la discrepancia entre lo solicitado y lo entregado, además de la imposición de proyectos productivos. El inicio tardío de la implementación y la falta de asociatividad también impidieron el cumplimiento de sus metas.

• Seguridad en las zonas

La exdirectora del Cesed, María Alejandra Vélez, explica que en algunos lugares donde sí funcionó el programa, se vio afectada la seguridad. “Para quienes recibieron el programa hubo una disminución pequeña de pobreza multidimensional del 6 por ciento, y eso es positivo, pero a un costo muy grande, porque también se aumentaron los cultivos en un porcentaje importante, se aumentó la deforestación y se aumentó el asesinato de líderes sociales”, afirma Vélez. 

Los líderes sociales fueron los encargados de convencer a sus comunidades de ingresar a este tipo de programas, y, al no funcionar, algunos campesinos los culparon. “Que por culpa de nosotros ellos habían arrancado la coca entonces por culpa de nosotros ellos estaban aguantando hambre (…), pues nosotros no habíamos robado la plata”, cuenta Maydany Salcedo, la presidenta de la Asociación Municipal Campesina de Trabajadoras y Trabajadores de Piamonte, Cauca (Asimtracampic). “El programa también llevó a que el proceso organizativo recibiera muchas amenazas”, agrega. 

La Unidad Nacional de Protección (UNP), en el marco del programa, tuvo 1.978 beneficiarios de medidas de protección, que, entre otras cosas, incluían chalecos de protección, botones de apoyo, entrega de vehículos convencionales y entrega de vehículos blindados. Pero eso no fue suficiente. 

En el análisis ¿Qué hacer con el PNIS?, hecho por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), se explica que cuando comenzó el programa, la tasa de homicidios en los municipios que hacen parte del PNIS era de 56 por 100 mil habitantes. En 2018 llegó a 73 y en 2021 se encontraba en 60. Lucas Marín, economista, estima que la tasa de asesinatos de líderes sociales aumentó en un 481 por ciento y la probabilidad de un asesinato, en un 122 por ciento. 

También se revela que hay un mayor efecto donde los líderes sociales se oponen a la expansión de cultivos ilícitos y hay presencia de grupos armados ilegales. Aunque con la firma del Acuerdo se fueron las extintas Farc, el Estado no llegó a tiempo a los territorios, por lo que llegaron otros grupos armados ilegales a controlar las zonas. 

Los cambios necesarios

Después de todas las fallas en el programa, tanto campesinos como organizaciones y expertos expresan que para terminar de desarrollar este programa con éxito y para la creación de otros programas en el futuro que tengan el mismo objetivo, se deben implementar cambios. 

“Consideramos que se debe partir de construir con la gente, no de llegar a imponer qué tipo de cultivo deben sembrar. Nadie mejor que la gente, que conoce el territorio y sabe lo que mejor se produce en él, para que se desarrollen los proyectos”, dice la lideresa Sánchez. 

La investigadora Vélez destaca cuatro sugerencias para las principales fallas del programa. La primera es que este tipo de programas se debió -y se debería- hacer con un enfoque ambiental. Para el PNIS no se tuvo en cuenta que el 50 por ciento de la coca está en zonas que deberían ser protegidas en términos ambientales y se llegó a estas zonas con un modelo agropecuario. 

La segunda es que hay que enfocarse en solucionar no solo el problema del cultivo de coca, sino también los problemas estructurales de las regiones. Debido a la falta de articulación institucional “el programa no tuvo un enfoque regional, sino que simplemente era sustituir un producto por otro y eso fue una falencia”, dice Vélez. 

La tercera es que no se tuvo en cuenta la visión de cadenas de valor, de acceso al mercado, de comercialización. “A la gente no le basta con cambiar de un producto a otro. Se necesita también acceso a los mercados, que es una de las cosas que la coca siempre tiene” explica Vélez. 

Implementación del gobierno actual

A pesar de todas las fallas y de las expectativas que no se cumplieron, hay campesinos que no se arrepienten de haber ingresado al programa, pues agradecen no seguir dependiendo de las economías ilícitas. 

“Para nosotros, el sostenimiento de esos cultivos de coca no era viable. Nos dimos cuenta de el daño que le estábamos haciendo a la a la sociedad, a la gente, cuando nosotros producíamos eso, el tema del (im)pacto ambiental que generamos, qué mensaje le mandamos a nuestros hijos”, cuenta el líder del Caquetá. Agrega que, con o sin ayuda del Estado, ahora se dedican a economías legales, como la ganadería. 

Aunque se sienten decepcionados del programa en general, “fue una ayuda muy significativa porque se adquirieron maquinarias, como máquinas de ordeño, guadañas, motobombas, electrobombas, entre otros, y esto ha logrado reducir costos en trabajos en nuestras fincas”, cuenta una lideresa del Caquetá, que pide que no se revele su identidad en secreto por motivos de seguridad. 

La lideresa siente que con la llegada del gobierno Petro, se ha reflejado el avance del programa PNIS en su departamento, por lo que tiene esperanza de que siga siendo así. 

Desde que Miranda llegó a la dirección de la DSCI en mayo del 2024 ha reconocido que se deben corregir varias estrategias para la implementación, por lo que se decidió plantear una nueva ruta para terminar de cumplir el PNIS y llevarlo hasta el cierre, con el respectivo cumplimiento, en 24 meses. 

“El PAI, que son los famosos 36 millones, lo vamos a cumplir en un plazo de 10 meses”, dice Miranda y agrega que van a corregir varios errores, como la “planeación deficiente y la falta de presupuesto”. Asegura que ahora sí se cuenta con el dinero para cumplir lo que se les prometió a los beneficiarios: tanto los insumos para sus proyectos productivos como la asistencia técnica para que los proyectos se desarrollen con éxito. 

Según la directora, a diferencia de antes, ahora sí se va a contemplar el encadenamiento productivo. “La siembra muy chévere, pero ¿y el resto de cosas qué? Necesitamos hablar de agregación de valor a los productos, o sea, transformación, y necesitamos hablar de garantizar vinculación de la gente al circuito de mercado”, explica. También van a cambiar el enfoque familiar por uno territorial para que sea posible tener procesos de agroindustria: “Vamos a tomar núcleos veredales completos y en cada núcleo veredal vamos a escoger tres líneas productivas grandes”. 

Finalmente, Miranda asegura que el PNIS se articulará con la Reforma Rural Integral para garantizar otros derechos fundamentales de las comunidades. 

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Familiares de las víctimas que abandonaron Alto Remanso denuncian que no tienen garantías jurídicas y de seguridad para regresar a la vereda, escenario de un cruento operativo de tropas del Ejército que acabó con la vida de por lo menos 11 de sus pobladores.

“La mayoría de los que vivíamos allá, fuimos desplazados de otros lugares del país por la guerrilla antes del Acuerdo de Paz. Mi familia y yo estamos acreditados como desplazados ante la Unidad de Víctimas. Ahora estamos nuevamente desplazados, pero por el Estado. El Ejército aún está allá y la gente que se quedó dice que los mantienen insultando”, cuenta Argemiro Hernández, padre de Divir Hernández, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda.

Divier tenía 35 años de edad y su esposa, Ana María Sarria de 24 años, fueron dos de las víctimas mortales que dejó la incursión del Ejército Nacional el pasado 28 de marzo. La familia Hernández es natal de Paujil, Caquetá, y Argemiro recuerda que llegaron hace año y medio a una casa en la ribera del río Putumayo, exactamente en el Bajo Remanso, en búsqueda de un mejor futuro.

“Él sólo tenía quinto de primaria, pero era muy educado. Siempre fue muy familiar y nos colaboraba con cualquier aporte económico o cuando alguno de nosotros se enfermaba. Se hacía coger cariño y por eso lo nombraron presidente de la Junta de Acción Comunal”, se lamenta este campesino.

Y agrega que la esposa de Divier estaba embarazada: “Tenía dos meses, y dejó dos hijos huérfanos: un niño de dos años y una niña de seis. Prácticamente ellos quedaron a la deriva porque nosotros no tenemos recursos y hasta ahora ninguna institución se ha contactado para ayudar”.

Habitantes de la vereda estiman que por lo menos 60 personas vivían ahí y que más de la mitad se vieron obligadas a desplazarse hacia otras regiones. “El miedo y la incertidumbre ha generado que la gente se haya ido, principalmente, hacía Puerto Asís y Puerto Leguizamo, y no es para menos. Allá aún la situación es muy complicada”, afirma Ober Pama, tío de Brayan Santiago Pama, joven de 16 años de edad, asesinado en el operativo militar.

Fabian Álvarez, abogado de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), asegura que, hasta la fecha, las instituciones del Estado no han activado los mecanismos de emergencia y atención humanitaria para tratar la salud mental y física de las víctimas.

“La Unidad de Víctimas ha sido completamente ausente, Presidencia no se ha responsabilizado y Ministerio del Interior tampoco ha verificado la situación de los habitantes. Entonces, no sé sabe realmente cómo se encuentra la gente de la vereda”, dice Álvarez.

Hasta ahora, las familias del Alto Remanso se han sentido desamparadas y piden atención estatal para enfrentar el dolor y el miedo que les dejó el operativo militar contra supuestas disidencias de las antiguas Farc.

“Lo correcto es que el Estado envíe brigadas de psicólogos, médicos y abogados porque esta es una zona con mucho conflicto. Además, después de lo que ocurrió, el daño emocional es muchísimo mayor”, plantea Camila*, familiar de José Antonio Peña Otaya, de 40 años de edad y una de las víctimas del operativo militar mortal.

¿Qué ocurrió?

El pasado 28 de marzo, a las 7:30 de la mañana, el Ejército inició un operativo militar, supuestamente, contra los ‘Comandos de Frontera’, también conocidos como ‘Los Sinaloa’, en la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo. El objetivo era capturar a dos de sus integrantes, conocidos con los alias ‘Bruno’ y ‘Managua’, encargados del tráfico y la comercialización de drogas. En el lugar de los hechos los pobladores realizaban un bazar para recaudar fondos para sus actividades comunitarias.

En la tarde de ese lunes, el presidente Iván Duque afirmó que el operativo dio de baja a 11 miembros de dicho grupo armado y que representaba un fuerte golpe contra el narcotráfico. Sin embargo, al mismo tiempo habitantes de la región y organizaciones de la sociedad civil denunciaron graves irregularidades. Tras las versiones encontradas, el ministro de Defensa, Diego Molano, reafirmó que el operativo siguió todos los protocolos y defendió la incursión armada.

“Esto fue una masacre. Nos dimos cuenta que fue el Ejército y no la guerrilla porque luego de que pasaron los disparos, llegó un bote de la Armada y tres helicópteros. En vez de defendernos, dejaron que los violentos se subieran y al rato salieron vestidos con camuflados del Ejército. Inmediatamente sacaron a toda la gente y la ubicaron en el polideportivo con la espalda hacía atrás para que nadie mirara lo que estaba sucediendo”, recuerda Andrea*, asistente del bazar, quien quedó herida tras el operativo.

Santiago*, habitante de la región y defensor de derechos humanos, afirma que el comando del Ejército que perpetró la masacre se hizo pasar por una unidad de la disidencia conocida como Frente Carolina Ramírez para capturar a dos miembros de los ‘Comandos Frontera’.

“Lo irónico es que el Ejército ha trabajado de la mano con ese grupo armado aquí en el Putumayo. Los ‘Comandos Frontera’ son una agrupación real e irregular donde hay disidentes de las Farc, pero también paramilitares. Entonces, lo que sucede es que el Ejército iba a engañar a sus mismos aliados de guerra, haciéndoles creer que quienes matarían a sus comandantes eran los del Frente Carolina Ramírez”, comenta una de las fuentes consultadas que, por razones de seguridad, pidió omitir su nombre.

Ante la complejidad para esclarecer los hechos, la Mesa Territorial de Garantías de Putumayo, integrada por organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, realizó una Misión de Verificación el pasado 2 de abril en el territorio y estableció que “se desarrolló una ejecución extrajudicial, la cual pretendió ser presentada por el Ministerio de Defensa como un exitoso operativo con blancos legítimos”.

Agrega que fue cometida “una serie de irregularidades que refleja la intención de acomodar los hechos a la versión oficial, como el levantamiento de los cuerpos o la tardía presencia de la Fiscalía, quien inició investigaciones cinco días después de lo sucedido, y en los que hubo presencia permanente del Ejército y lluvias contantes”. Situación que entorpeció la recolección de información para determinar tiempo, modo y lugar de los hechos y, además, favorece la impunidad.

Según Diego Arteaga, coordinador de la Fundación Inty Grillos Colombia, la Misión de Verificación encontró alta presencia militar, y coartó las labores de investigadores y organizaciones de derechos humanos que estaban reconstruyendo la escena de los hechos. “El Ejército al tratar de cambiar el contexto real de la masacre, no se dio cuenta que la gente tiene memoria de dónde quedaron los cuerpos y cómo quedaron. Es imposible que le den de baja a tantos testimonios”, sostiene.

Demoras en Medicina Legal

El pasado 26 de abril, el ministro Molano fue citado a una sesión de la Cámara de Representantes para enfrentar un proceso de una moción de censura. En ese debate se conocieron nuevas inconsistencias de las versiones oficiales sobre el operativo.

La representante Katherine Miranda, citante del debate, denunció que las listas de los fallecidos que reposan en la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo no coinciden: “El informe de la Defensoría es absolutamente claro cuando habla de 11 personas. Ministro, a la lista que usted les dio a los medios de comunicación le faltan Daniel Eduardo Paredes Sanjuán y Lizandro Paredes Sanjuán. Los dos oriundos de Puerto Leguizamo”.

No obstante, Molano señaló que tenía un informe donde la Defensoría corrige ese supuesto error: “Aquí no han aparecido dos muertos más y eso es necesario que lo determine la Fiscalía. Son las mismas once víctimas. Nadie ha querido ocultar nada”.

Los hermanos Sanjuán fueron dados por muertos desde el pasado 12 de abril, cuando esa entidad los nombró en el informe que presentó la misión humanitaria que llegó hasta el lugar de los hechos. Sin embargo, sus familiares tienen más dudas que certezas porque aún no aparecen sus cuerpos.

Para Álvarez, de la OPIAC, el obstáculo para determinar el número exacto de civiles asesinados y desaparecidos se debe a que no hay una caracterización poblacional en el territorio.

“La OPIAC hizo una caracterización indígena, pero no hay una caracterización campesina que permita tener un panorama más claro. Si se tuviera, se sabría cuáles fueron esas otras personas asesinadas y de qué nacionalidad son porque ese es un espacio trinacional donde hay gente de Perú y Ecuador. Lo que quiere decir que, si hay víctimas de los países vecinos, la situación recobra un carácter internacional”, asevera este abogado.

Además de las dificultades para determinar el número exacto de víctimas que dejó el operativo militar, las jornadas de recepción de testimonios han presentado fallas. “La Fiscalía habilitó el 20, 21 y 22 abril, el problema es que lo hicieron en Puerto Asís y Puerto Leguízamo. Estos municipios quedan a tres horas en transporte marítimo del Alto Remanso, por lo que no es garantía de absolutamente nada. Si en el futuro las víctimas ponen una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno va a decir que nadie quiso hablar”, asevera Álvarez.

Por su parte, familiares de las víctimas mortales denuncian que, hasta la fecha, Medicina Legal no les ha entregado el dictamen de balística que permite reconstruir la escena del crimen.

“No me los han entregado y me preocupa porque ahí es donde los militares van a quedar hundidos. Mi hijo no murió en el fragor de la bala, el cayó cerca de la casa y tenía más lesiones: el brazo izquierdo tenía un corte como de 18 centímetros y dos veces hicieron manipulación del cuerpo. Derechos Humanos ha hablado con Medicina Legal y lo único que dicen es que esos resultados se demoran”, señala Rodolfo Pama, padre de Santiago, el menor asesinado.

Incumplimiento del PNIS

 “Nosotros estuvimos en la sesión de moción de censura y ellos continúan defendiendo la masacre porque, según ellos, somos indígenas y campesinos ‘narcocaleros’. Si eso fuera cierto, ¿por qué estamos inscritos al PNIS? El gobierno nos ha cumplido con ese programa y si no lo hubiera hecho, probablemente está masacre no habría ocurrido.”, reprocha Carmen*, indígena del Alto Remanso.

Esta mujer se refiere al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, incluido en el Acuerdo de Paz suscrito por el Estado colombiano con la antigua guerrilla de las Farc en noviembre de 2016, con el que se puso fin a una confrontación de más de cincuenta años.

En las negociaciones de La Habana, Cuba, se planteó la necesidad de ejecutar un programa que beneficiara a familias cultivadoras, no cultivadoras y recolectoras de hoja de coca para liberar los territorios de los cultivos ilícitos. Así nació el PNIS.

El objetivo central de este Programa es acompañar a las familias cultivadoras de hoja de coca para uso ilícito en su proceso de sustitución voluntaria, previa suscripción de un acuerdo, para que retornen a la legalidad a través de proyectos productivos. (Leer más en: PNIS, un programa ejecutado a cuentagotas)

El departamento de Putumayo es uno de los más afectados por esos sembradíos ilegales desde tiempo atrás.  En la década de los años ochenta aparecieron las primeras plantaciones de hoja de coca para uso ilícito y tras la ocupación de grupos armados ilegales, se estableció la economía cocalera en la región.

Según datos del Observatorio de Drogas, manejado por el Ministerio de Justicia, a junio de 2021, Putumayo es el departamento con mayor cantidad de familias vinculadas al programa PNIS: 31 por ciento son no cultivadores, 18 por ciento son cultivadores y 22 por ciento son recolectores. Sin embargo, a pesar de que las cifras entregadas por esta entidad parecen alentadoras, la realidad según sus inscritos es preocupante.

“Si el gobierno no se hubiera demorado con el PNIS, hace rato me hubiera ido de aquí. Yo me quería ir a Puerto Leguízamo para darle educación a mi hijo, pero nos incumplieron. El año pasado se volvió a activar el programa, el Consorcio Amazónico es el encargado, pero hasta ahora nada. Como quien dice, por esperar al gobierno, me mataron a mi hijo”, lamenta Pama, uno de los afectados en Alto Remanso.

* Nombre modificado por razones de seguridad

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Hernando Londoño, director nacional del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito,  expuso algunas restricciones que impone Parques Nacionales Naturales para su implementación y, de paso, hizo fuertes críticas a la manera cómo se concibió esta iniciativa en el Acuerdo de paz. Comunidades campesinas también se quejan.

“En vez de mejorar, nos tiene jodido el Acuerdo de Paz”, sentencia Jennifer Martínez, lideresa de la vereda San Miguel, del municipio de Mesetas, departamento de Meta. Hace cinco años, ella empezó a incentivar a las comunidades de su vereda para que se recogieran en el Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc, pero cuando empezó a ver las falencias de la implementación, se alejó de los espacios de seguimiento porque prefería “estar bien con su comunidad”.

Una de las iniciativas pactadas para ofrecerle una salida a miles de campesinos, indígenas y afros, sacarlas de la ilegalidad y comenzar a superar el problema de las drogas ilícitas en el país, es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Si bien se concibió como una alternativa esperanzadora, con el paso del tiempo surgieron los tropiezos en su implementación y campesinas como Jennifer Martínez comenzaron a perder la fe en los resultados, sobre todo cuando se valoran las dificultades que afrontan las comunidades que habitan áreas protegidas, como los parques nacionales naturales de los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta.

En estos tres departamentos se encuentran los parques Chingaza, Serranía de Chiribiquete, Tinigua, Cordillera de los Picachos, Sierra de la Macarena y Sumapaz (Meta); Serranía de Chiribiquete, Cordillera de los Picachos, Alto Fragua Indi Wasi, Serranía de los Churumbelos Auka Wasi y Cueva de los Guácharos (Caquetá); y Serranía de Chiribiquete, Sierra de La Macarena y la Reserva Nacional Natural Nukak (Guaviare).

En total, se estima que abarcan 6,4 millones de hectáreas y de acuerdo con estimaciones estatales, que surgen de una caracterización sobre uso, ocupación y tenencia de tierras en los parques, son habitadas por 700 familias, compuestas por 2.385 personas.

Los problemas de las comunidades surgen porque Parques Nacionales Naturales (PNN), la entidad encargada de tutelar esas extensas reservas naturales, adoptó políticas de conservación ambiental que ahora riñen con la implementación del PNIS, situación de la que se quejan las comunidades y que intenta resolver el director nacional del Programa, Hernando Londoño.

Para precisar qué pasa con la implementación del PNIS en zonas de reserva, VerdadAbierta.com conversó con Londoño, quien desde hace tres años lleva sobre sus hombros la responsabilidad de cumplirle a las 99.097 familias que han decidido erradicar de manera voluntaria sus sembradíos de hoja de coca para uso ilícito en los 14 departamentos donde tiene presencia esta iniciativa y en el que se han invertido 1,7 billones de pesos,  según datos del gobierno nacional.

VerdadAbierta.com (VA): ¿Cómo califica, en general, la implementación del programa en esta subregión Guaviare y sur de Meta, donde hay presencia de comunidades en zona de reserva?

Hernando Londoño (HL): Yo llego hoy a La Macarena y quiero implementar el PNIS y el director del Parque me dice: ‘qué pena, usted no puede traer abejas porque las abejas son una especie introducida y usted no puede meterla al Parque’, entonces me frena el PNIS.

En términos generales, si a uno le preguntan cómo va el PNIS en esos territorios uno dice: hemos hecho un esfuerzo por cumplirle a las familias y las cifras no lo contradicen, las cifras nuestras son inmensamente significativas. Pero si uno va a mirar por qué no hemos implementado proyectos, hombre, porque Parques [PPN] no nos deja entrar.

Yo tengo problemas con los operadores que no pueden implementar el proyecto productivo porque Parques no me permite entrar, ni siquiera a mí como gobierno. O sea, Parques no ha entendido que el punto 4 del Acuerdo de Paz es constitucional, es una obligación constitucional del Estado. El presidente Duque quiere cumplirle a las 100 mil familias, quiere entregarle los recursos.

Pero no puedo entrar porque, obviamente, hay restricciones ambientales y porque el PNIS no se pensó para Parques. El PNIS se pensó como si fuéramos a sustituir cultivos ilícitos en el Valle, en el Magdalena Medio donde se puede titular o donde no hay problemas. Y así no funciona.

Las familias están en territorios muy complejos, las familias que cultivaban coca y que resolvieron voluntariamente erradicar los cultivos no están en la Sabana de Bogotá, están en unos territorios complejos donde no hay accesos, donde no hay vías, donde no hay títulos. Están en el territorio donde, además, hay factores que están permanentemente presionando a las familias para que retornen a la ilegalidad.

VA: ¿Cómo va el Programa en Guaviare?

HL: Los cinco componentes del programa de sustitución son: el primero, la asistencia alimentaria, que son los pagos de los 12 millones de pesos en efectivo que le entregan a cada familia. El segundo componente es el de la asistencia técnica integral que son 24 meses de asistencia técnica. El tercer componente es el de los proyectos productivos de huertas caseras. El cuarto componente es el de proyectos productivos de ciclo corto. Y el quinto es el de proyectos productivos de ciclo largo. Todo eso sumado da 36 millones de pesos por familia.

En Guaviare, en pagos, vamos en el 88 por ciento de la asistencia alimentaria; el 93 por ciento de las familias tienen asistencia técnica; el 89 por ciento tiene proyecto de huerta casera; el 85 por ciento de los recolectores están atendidos y es la cifra más alta del país, porque en el resto del territorio tengo el 40, el 35, el 20. Y el 4 por ciento de las familias ya ingresaron a los proyectos productivos de ciclo corto.

VA: ¿Y por qué tan bajo ese 4 por ciento?

HL: Lo primero que hacía el programa era atenderlos en asistencia alimentaria, después en asistencia técnica, huertas caseras y después proyecto productivo ciclo corto, o sea, es secuencial. Ahora, si a uno le dicen que ‘¿por qué está tan atrasado?’, pues porque esto valía 3.6 billones de pesos y el gobierno no los tenía. Si nos hubieran dejado la plata, pues reclámenme y diganme por qué no ha avanzado teniendo la plata, pero a mí me dan la plata puchitos. Ha habido años en que me dan 300 mil millones de pesos, habiendo solicitado 1.1 billones.

Son 7.200 familias sólo en Guaviare a las que el programa les ha entregado 96.969 millones de pesos en tres años. ¿Sabe cuánto se tardaría la Gobernación de Guaviare para llevar 96.969 millones a todo el sector agropecuario del departamento? 50 años, porque el presupuesto de inversión para todo el sector agropecuario de la Gobernación de Guaviare es de menos de 2.000 millones de pesos al año, no para 7.200 familias, sino para las más de 40 mil o 50 mil que hay en Guaviare.

Entonces, no pueden decir que el gobierno no está cumpliendo, no pueden decir que no se ha hecho un esfuerzo inmenso. Es una realidad. Yo digo, venga, esto sólo va para los cultivadores que dejaron la coca, ¿cuándo le regalan un peso al que nunca ha sembrado coca? A ese pobre señor le toca ir al banco al que le presten al DTF + 2 (una tasa de interés variable) porque regalado no le dan ni un tinto en el banco, después se lo cobran en los intereses.

Cuando salen los cultivadores de coca allá a decir que es que el gobierno no les ha cumplido, que es que el gobierno no les ha llevado, ¡hombre, de por Dios! Algo nos está faltando de pedagogía en los territorios porque no se ve la realidad.

VA: ¿Y cómo va en Meta?

HL: En Meta es similar. Vamos en el 95 por ciento en pagos, o sea más alto; en el 98 por ciento en asistencia técnica; en el 95 por ciento en huertas caseras; y en el 7 por ciento en proyectos productivos. Sin embargo, en recolectores no voy sino en el 17 por ciento, pero a las 9.644 familias de Meta vinculadas al PNIS ya se les han entregado 114.855 millones de pesos.

El presupuesto de la Secretaría de Agricultura, todo, incluida nómina, de los últimos tres años, tendría que multiplicarse por 17 veces para llegar a 114 mil millones, es decir, sería en 52 años.

VA: Y en términos de sustitución voluntaria, ¿cómo van en ambos departamentos?

HL: En Meta se ha sustituido 4.130 hectáreas y en Guaviare 3.394. Hemos entregado una cantidad de plata impresionante. Si yo te digo cuánta plata voy a invertir en lo que resta del año en Meta y en Guaviare pues las cifras son inmensas. En Guaviare, son más de 50 mil millones de pesos y en el Meta son casi 70 mil millones.

VA: ¿Cómo se aseguran de que en esta región no vayan a volver a cultivar si la mayoría de los habitantes de esta región no poseen títulos de propiedad de los predios?

HL: Aquí hay dos temas que son fundamentales: uno, las zonas no titulables por ser Parques, que eso me parece perfecto, pero también las zonas no titulables porque son zonas de reserva forestal de la Ley 2 de 1959.

Después de una lucha muy grande este gobierno se dio la ‘pela’ de tramitar el Acuerdo 58, que es el de los Contratos de Conservación Natural y Derechos de Uso, y es otorgarle un derecho de uso a una familia que está en Ley 2 de 1959, que no es titulable, pero permitirle tener ese derecho de uso por 10 años, prorrogable y heredable, que es como otorgarle un título, lo único que le pide es que suscriba un contrato de conservación natural donde se le pide a la familia que conserve las condiciones en las cuales están los territorios.

Con ese contrato de conservación y ese derecho de uso, la familia puede, en primer lugar, implementar el PNIS porque yo puedo invertir recursos en una área que está formalizada, lo que no puede el Estado es implementar el PNIS donde la familia no tiene formalizada la propiedad o el uso del suelo.

Eso es excelente porque le permite a las familias que toda la vida han peleado por los títulos en zona de reserva forestal, está bien, no le titulan el baldío porque es reserva forestal, pero le otorgan un derecho de uso para que se puedan quedar en ese territorio, entonces es bueno.

Pero la gente no aprecia eso y dice: ‘yo llevo aquí 30 años, ¿cómo así que ahora me van a dar el derecho a usar esto y fuera de eso me descuentan dos millones de pesos?’ Yo le digo: ‘no, es que esto no vale dos millones, lo que vale dos millones de pesos es el trámite, es el topógrafo, es la georreferenciación, es hacer todo el trámite con la Agencia Nacional de Tierra’.

De hecho, yo no fijé esas tarifas. A mí la Agencia Nacional de Tierras me dijo que valía dos millones y medio, pero pues yo llegué a un acuerdo en que no pago más de dos millones de pesos por ese trámite porque no me parece descontarle a la gente tanta plata.

¿Por qué se da tanta presencia de cultivos ilícitos en esos territorios? Porque a quien le encuentren un cultivo de coca no le pueden quitar nada porque no es dueño de nada, por eso la presión de los grupos al margen de la ley está sobre aquellos territorios donde no se puede titular.

VA: ¿Qué pasa en el caso específico de las comunidades de Tercer Milenio, Puerto Cachicamo o Nueva Colombia, que se encuentran dentro del Parque Nacional Natural Serranía de La Macarena?

HL: Efectivamente, una de las dificultades que ha tenido el PNIS, por los problemas de planificación en su implementación desde el principio, es que no se concibió que sustituir cultivos ilícitos en áreas de manejo especial tales como parques nacionales requiere la autorización de la autoridad ambiental, que en este caso es la Unidad de Parques.

En virtud de que se requiere una autorización, PNN ha dicho que los lineamientos técnicos para sustituir cultivos tienen que enmarcarse en los lineamientos del manejo del parque, en este caso es la restauración, la recuperación; y que no hay posibilidades de adelantar actividades económicas productivas diferentes a lo que se pueda obtener con negocios verdes provenientes de productos no maderables del bosque y otras actividades como ecoturismo y de ese tipo.

Hasta tanto la autoridad nacional que tiene que ver con el manejo de los parques no nos dé los lineamientos, ejecutar el PNIS con estas familias que decidieron sustituir voluntariamente cultivos ilícitos, pues, no se ha podido adelantar. Venimos manejando mesas de trabajo con ellos y hemos llegado a acuerdos, pero igualmente la gente que está dentro de los parques tiene que entender que el cultivo de coca es ilícito y que la sustitución sólo puede darse en virtud de una restauración y recuperación de las áreas ambientales.

Entonces, esa dificultad que hemos tenido desde la dirección de sustitución de cultivos, ha atrasado la implementación y la ejecución de esa sustitución especialmente a familias que están dentro de los parques nacionales naturales.

Eso se da en esas veredas que he mencionado porque es donde, hoy por hoy, tenemos más inconvenientes en la implementación, pero no solamente porque tengamos familias dentro de parques que suscribieron acuerdos de situación voluntaria de cultivos, sino porque son las veredas donde más cultivos se están presentando actualmente y donde ha habido más problemas con la Fuerza Pública cuando llega a erradicar.

VA: Cuando un equipo periodístico de este portal estuvo con comunidades de Tercer Milenio, Puerto Cachicamo o Nueva Colombia, que se encuentran dentro del Parque Nacional Natural Serranía de La Macarena, que no tienen títulos, recogió testimonios de familias que aseguraban que aun así eran beneficiarias del PNIS, ¿es así?

HL: Sí. En primer lugar, a la gente se le pagó los 12 millones. La gente hubiera podido con esos 12 millones salir a buscar un predio afuera porque tenían una plata en efectivo, pero la gente no lo hizo.

A la gente también se le dio asistencia técnica, a la gente también se le han llevado los apoyos de las huertas, porque Parques cedió y nos entregó lineamientos para la implementación de la seguridad alimentaria, entendiendo que la gente tiene que comer.

Pero vamos llegando ya al componente de proyectos productivos y ahí sí estamos mal.

VA: En estas regiones, las familias dicen que 12 millones no es una cifra que asegure que una familia de cinco personas sobreviva, de cara además de los incumplimientos en los pagos. ¿Qué responde a esta crítica?

HL: Pero el salario mínimo mensual rural puede estar por los 500 mil, o sea, son dos años de salario mínimo, además la gente no tiene solo coca, la gente tiene otras actividades. Eso lo hemos detectado en todos los casos.

Lo fácil es decir: ‘sí, es que 12 millones no alcanzan para nada’, pero ¿a cuál campesino que no ha sembrado coca le han regalado 12 millones? Recordemos que ellos vienen de una actividad que mal que bien es ilegal.

Sí, el programa está atrasado, pero, primero, crearon un monstruo de 3.7 billones sin tener un peso; segundo, crearon un programa para atender de una manera que no se podía porque estaba en territorio donde no se podía hacer el PNIS como estaba, o sea, le faltó toda la planeación del mundo. Y, tercero, se pusieron a entregar una cantidad de incentivos que lo que hace es motivar a que los vecinos se pongan a sembrar coca. Es un incentivo perverso.

Esa suma de cosas está generando ese caos social en los territorios. La gente todavía no ha entendido que esta fue una oportunidad que le dio el Estado, que le dio el gobierno, para que dejara los cultivos y que se pusieran de acuerdo y cogieran lo poquito o mucho que les da el gobierno y hagan algo propositivo. La gente vive peleando porque no le damos. Yo le digo, pero venga, ¿cuánto se les ha dado? Me parece injusto en esos territorios con los que no han sembrado coca.

VA: Todo esto resume un poco el problema agrario en Colombia.

HL: No se puede pensar que un programa de sustitución voluntaria vaya a solucionar los problemas del campo. Este es un componente, pero acordémonos que el punto uno del Acuerdo tiene la Reforma Rural Integral En últimas no podemos pretender que el PNIS solucione todos los problemas. El PNIS está enfocado en sustituir cultivos ilícitos, no a solucionar problemas de tierras, no a solucionar problemas ancestrales de otros componentes de la reforma,  como vías terciarias, infraestructura productiva, comercialización y mercadeo. Si le pedimos todo eso a un sólo programa, pues obviamente esto será un fracaso.

Si esto lo volvemos integral dentro del PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque  Territorial) y de la Reforma Rural Integral, seguramente vamos avanzando, pero pedirle todo al PNIS es un error..

VA:¿Desde su perspectiva, usted cree que hoy en día la gente le cree al PNIS?

HL: El PNIS ha venido cumpliendo al ritmo que los recursos del Estado le permiten porque, además, nos llegó la pandemia, la plata se fue para otras cosas porque la pandemia exigió otras prioridades y otras obligaciones. Sin embargo, este año el gobierno dijo: ‘oiga, hay que cumplirle a las familias PNIS’ y este año me dieron 700 mil millones de pesos. Esa es la plata que tiene el Ministerio de Agricultura para hacer inversión en todo el país. Yo estoy en 56 municipios y el país tiene 1.130 municipios.

Yo tengo 700 mil millones sólo para invertir en 100 mil familias. No son ni el 5% de las familias del sector rural y le estoy entregando el 70% del presupuesto del Ministerio de Agricultura.

Que crean en el PNIS o no crean en el PNIS casi que, como dijo un amigo, ya me tiene sin cuidado. A la gente se le está cumpliendo con los pagos, a la gente se le está cumpliendo con la asistencia técnica, a la gente se le está cumpliendo con las huertas caseras y a la gente se le están contratando los proyectos productivos de ciclo corto.

Programa alternativo

VA: Desde el año pasado, el gobierno propuso Hecho la Medida, una estrategia para las familias que no estaban en el PNIS. ¿En qué va esa estrategia?

HL: PNIS es una obligación que tiene el gobierno con 100 mil familias, que se lo dejaron heredado, pero eso no puede desviar la atención de que hay en Colombia otras 140 mil familias que hoy tienen coca.

Las 100 mil familias de PNIS ya cumplieron y dijeron: ‘listo, acabamos 44.185 hectáreas’, pero hoy hay otras 140 mil familias que tienen cultivos ilícitos. Y, ¿qué se les puede ofrecer a ellas que no sea PNIS?

Hecho a la Medida no es a la medida del gobierno, es a la medida del territorio y construido con los territorios, en los territorios y con las comunidades. Cada territorio tiene una medida especial, cada comunidad tiene una medida especial. Es una construcción colaborativa, donde pone la Gobernación, pone la Alcaldía, pone la gente, ponemos nosotros, pone la cooperación internacional.

Vamos a una comunidad, por ejemplo, la vereda El Indio. Hay 300 familias de las cuales hay 100 que tienen coca y dicen ‘vengan, nosotros queremos acabar la coca de toda la vereda, ¿por qué no nos ayuda con un proyecto?’. Nos vamos, decimos, ‘venga, miremos aquí el uso del suelo qué nos permite, miremos aquí como están las condiciones de tenencia de la tierra, miremos a ver aquí qué es lo que podemos producir y se pueda comercializar y vender’.

Y entre todos construimos una propuesta que tenga un componente de formalización de la propiedad, que tenga un componente ambiental, que tenga un componente de ciclo corto productivo para generar seguridad alimentaria, ingresos cortos y que tenga un proyecto de mediano y largo plazo asociativo, colectivo, territorial, que podamos apalancar con un privado que esté dispuesto a absorber la cosecha.

Pero a la gente no le gustó, ¿por qué? Porque no eran los 36 millones de pesos. La gente ahora lo que dice, es: ‘No a mí deme los 36 millones, si no me da eso, yo no voy a arrancar’. Entonces ahí tenemos un problema y es que cuando llega el momento en que le dice a las familias, suscríbame el acuerdo de erradicación voluntaria para poder iniciar el proyecto le dicen: ‘Ah, no. Si no me trae la plata, no’. Entonces es como si estuviéramos comprando cultivos de coca y el Estado no compra cultivos de coca.

VA: Pero según eso, ¿Hecho a la Medida no se ha implementado en el país?

HL: Sí, claro. Tenemos un proyecto en Vichada; en Arenales y Morales, Sur de Bolívar;  en Sardinata, Norte de Santander, con la Gobernación y la Alcaldía; tenemos uno de miel de abejas, que creo que estamos montando también en el Norte de Santander; tenemos uno en Valdivia, Antioquia, que ya tiene el concepto de viabilidad sectorial; tenemos uno en Timbiquí con la alcaldesa para coco; tenemos uno, inclusive, con el alcalde de Barbacoas, para sustituir coca mediante un título de minería artesanal, con un título formalizado.

Estamos construyendo uno en Meta que es ambiental para atender familias no PNIS también en Parques que se está construyendo con la Gobernación y con el Ministerio de Ambiente. Estamos avanzando.

VA: Tal como lo evidenció la masacre de la comisión de tierras en Mesetas, ¿funcionarios del PNIS han tenido problemas en territorio con actores armados ilegales?

HL: Sí, hemos tenido amenazas. En Meta, nuestra profesional en el municipio de Mesetas está amenazada. Está amenazado obviamente el coordinador. En Guaviare sí que están amenazados allá en Calamar. Están amenazados ahí en la zona de Puerto Concordia y en esa zona que es limítrofe, Meta-Guaviare, ahí también tenemos problema. Tenemos amenazas en Caquetá, tenemos amenazas en Putumayo, tenemos amenazas en Tumaco; amenazaron a varios.

Esto no es fácil, porque uno está tratando de que la gente se retire de una actividad ilícita que afecta a los intereses de los grupos al margen de la Ley.

VA: ¿Qué les dicen en estas amenazas?

HL: Que no nos quieren volver a ver en el territorio, que no pueden ir. ‘Dígale a fulano que no aparezca por acá, porque aquí no queremos verlo’.

VA: ¿Y cómo se están protegiendo los funcionarios del PNIS?

HL: Nosotros tenemos, en el marco del programa de sustitución y lo que hace la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, la estrategia de protección de líderes, que es clarísima, y la ruta de protección de líderes y cómo debe seguirse esa ruta para que cualquier alerta tenga una rápida reacción de las entidades para brindarles protección.

Lo mismo sucede con los funcionarios nuestros, que no tienen el carácter de líderes porque la Unidad Nacional de Protección no nos brinda protección a los funcionarios, pero sí por lo menos ante Fiscalía y ante las autoridades de Policía de cada uno de los territorios se deja expresa evidencia de la amenaza para que determinen las acciones que se requieran tomar con los funcionarios.

VA: ¿Y esto ha hecho que no vayan a terreno?

HL: Pues yo tengo que cumplirle a las familias. Yo tengo contratistas que están ejecutando entregas esta semana en Uribe, entregan lo de seguridad alimentaria y están entregando lo del proyecto de ciclo corto. Toca con seguridad y tratando que ellos vayan con protección, pero no es fácil.

Las familias no pueden ser las que resulten afectadas porque los funcionarios estén amenazados. Ahí lo que nos toca es tener muchísimo cuidado de cómo hacemos esa atención para que no vaya a suceder lo que le pasó a la gente de la Unidad de Restitución de Tierras.

VA: Por último, ¿cuáles son las zonas más retadoras para implementar el PNIS?

HL: En Colombia hay hay seis enclaves de cultivos ilícitos, seis sitios donde se está generando la mayor producción, la mayor transformación y el mayor desarrollo de la actividad ilícita alrededor de los cultivos de coca y son en Nariño, son en Argelia y El Tambo en Cauca, son en Puerto Asís en Putumayo, son en el Catatumbo, son en el sur de Meta y norte de Caquetá y Guaviare, y Nordeste antioqueño y sur de Córdoba.

En esos sitios, donde se está concentrando la mayor producción y productividad de cultivos ilícitos, quiere decir que hay todavía mucho por hacer, mucho por avanzar, pero en términos generales en el Meta y en Guaviare ha habido buena respuesta y se ha podido avanzar, digamos que no todo es tan difícil ni tan malo.

Esta entrevista surgió de una misión de prensa a los departamentos de Guaviare y Meta coordinada por el Programa Somos Defensores.

* Foto de portada Proclama del Cauca.

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Los campesinos que siguen esperando la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), creado tras la firma del Acuerdo de Paz, tomaron vocería en las movilizaciones del Paro Nacional, que inició el pasado 28 de abril, para exigirle al gobierno nacional que se cumpla. Sólo en los Llanos Orientales, más de tres mil campesinos estuvieron desde mayo en la capital del Meta y se regresaron a sus hogares entre los pasados días del 19, 20 y 21 de julio tras lograr varias mesas de diálogo con diferentes instituciones del Estado.

En los últimos días se ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los puntos más críticos en el tema de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito: fumigar con glifosato. El 26 de junio pasado el senador Antonio Sandino radicó nuevamente, junto a 45 senadores, un proyecto de ley que busca “prohibir el uso del glifosato o cualquiera de sus derivados en la implementación de la Política Nacional de Drogas y priorizar y preservar el derecho a la vida, la salud y un ambiente sano de todos en todos los territorios del país”.

Es un segundo intento. Siete días antes de que iniciaran las movilizaciones nacionales, la Comisión Quinta del Senado archivó este proyecto, situación que caldeó los ánimos en regiones como Putumayo, Nariño, Cauca y Catatumbo, donde, históricamente, se ha concentrado el mayor número de cultivos y desde donde levantan la voz en protesta en contra de la intención del gobierno nacional de volver a las aspersiones aéreas con glifosato.

“El tema del glifosato va provocar una movilización, ya no urbana, porque sabemos que no es del interés de la gente de la ciudad, pero sí va desencadenar una movilización mucho más rural”, afirma Arnobis Zapata, vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).

La Coccam y el Colectivo de Abogados José Albear Restrepo (Cajar) enviaron un escrito a la Corte Constitucional a comienzos de este año buscando que los magistrados verificaran el cumplimiento de la Sentencia T-236/17, que condiciona el uso del glifosato en la lucha contra las drogas. Al día de hoy, la Corte no les ha respondido el oficio.

El pasado 14 de julio, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) modificó el Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato, solicitado por la Policía Nacional en agosto de 2019. Tras meses de estudio, un equipo de expertos en diferentes disciplinas ambientales acordó “más medidas de manejo y un programa de seguimiento y monitoreo más detallado”, pero el concepto fue enfático en no reanudar las aspersiones.

Zapata ha observado un cambio en el discurso del gobierno nacional. Según él, en este momento está exaltando los logros de erradicación y sustitución voluntaria: “Lo que ellos están mostrando ahorita es que la disminución de cultivos obedece al programa nacional de sustitución, cosa que no logró este gobierno, sino el gobierno anterior”.

Sin embargo, las cifras en ese sentido son contradictorias: de un lado, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), registró en 2020 una área sembrada de 143 mil hectáreas, un 7% menos que en 2019, cuando se observaron 154 mil hectáreas; de otro, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP) registró, para ese mismo año, un récord de 245 mil hectáreas.

Detrás de esas estadísticas están las comunidades campesinas, indígenas y afro vulnerables a grupos armados ilegales y estructuras del narcotráfico. En el campo, siguen buscando sus propios mecanismos de seguridad y muchas veces “tienen que hacer de alguna manera alianza con los grupos, no en términos de delinquir, indica Zapata, sino en términos de hablar y decir: ‘Bueno miren, ustedes sigan con sus acciones, no se metan con nosotros y nosotros no los denunciamos a ustedes’. Como para poder sobrevivir o acogerse a las reglas de los grupos armados allí en el territorio”.

En entrevista con VerdadAbierta.com, Zapata, sobre quien pesa, desde enero pasado, una medida de detención domiciliaria por el delito de porte de armas y se declaró inocente, hizo un balance sobre la implementación del PNIS y el diagnóstico nacional ante la posibilidad de la reanudación de la fumigación aérea con glifosato.

Una visión crítica

VerdadAbierta.com (VA): ¿Qué evaluación hace de la implementación del PNIS?

Arnobis Zapata (AZ): La implementación del PNIS está en implementación tortuga, por así decirlo. Desde finales del 2019, no ha habido avances sustanciales en ninguna parte del país. Digamos que han estado concretando algunas cosas que se habían quedado, lo que ya estaban en caja, por así llamarlo, pero no ha habido ningún desarrollo, o sea, todo 2020 fue casi muerto para el tema de la implementación del PNIS.

En los primeros cuatro meses de 2021 los funcionarios no aparecían para decir absolutamente nada.  Han hecho algunos escenarios del Consejo Asesor Territorial de la manera, pues, como ellos lo hacen, que es simplemente convocar a la gente como para que la gente escuche lo que tienen que decir y ya. O sea, sin participación real de la gente.

En materia de implementación el PNIS todavía está en la etapa del tema de la seguridad alimentaria. O sea, el millón 800 que le entregaron a las familias, que eso es lo que están cerrando. Todavía no hay ni un proyecto productivo instalado, ni ejecutado, en ninguna parte del país. Eso sí lo podemos asegurar. El gobierno nacional no tiene los recursos para implementar los proyectos productivos. Hay ahorita mismo una destinación de recursos que no llega al 50 por ciento que valen los proyectos productivos de las familias que estaban ahí.

Lo único que hay, en algunas partes, es lo que han estado trabajando los técnicos desde sus casas, que es montar planes de inversión para esos proyectos productivos sin contar con la opinión del beneficiario.

VA: ¿En cuáles regiones han identificado que los funcionarios no aparecen y no se han activado los proyectos?

AZ: Por ejemplo, en el sur de Córdoba no tenemos razón de los funcionarios del PNIS desde el 2020, obviamente por la pandemia estuvieron perdidos. Luego de la pandemia hicieron el Consejo Asesor Territorial en Córdoba, que creo que fue entre octubre y noviembre. De resto, no hemos sabido nada de funcionarios del PNIS.

En Antioquia pasaba lo mismo. Nos cuentan también que, por ejemplo, en el Catatumbo estaban perdidos. En Caquetá, por ejemplo, perdidos. O sea, no se sabe… Me imagino que tenían trabajo desde casa. Hay un silencio completo frente al tema de implementación del PNIS. Donde hemos logrado hablar con ellos, lo que nos dicen es que no hay recursos y que les han dicho que ‘paren hasta ahí porque no hay recursos para implementar los proyectos productivos’.

En los últimos meses, han hecho reuniones departamentales, pero todavía no han llegado a los territorios. Lo otro que hicieron fue presentar el nuevo operador del programa, que nadie lo conoce ni sabemos de dónde lo sacaron: la Organización de Estados Iberoamericanos. La gente no está conforme con eso porque precisamente eso no lo consultaron.

Sobre los proyectos lo último que salieron a decir los voceros del PNIS es que cada departamento les puso una plata para iniciar con los proyectos productivos. Lo que nos dicen es que no hay la totalidad de los recursos y los campesinos no van a permitir que les den los proyectos a cuentagotas porque así se van a demorar implementando tres, cuatro años, como se demoraron con la asistencia alimentaria.

VA: ¿Qué es lo que está fallando en el PNIS?

AZ: Yo no creo que el PNIS esté mal estructurado. Tal y como estaba su ruta metodológica, su ruta de implementación, hacía que la gente pudiese al final quedarse con una entrada económica, de pronto mínima, pero con un proyecto productivo que le garantizara al menos subsistir un tiempo mientras que la Reforma Rural Integral entraba y todo este tipo de cosas que nos esperanzaron y nos dijeron que iban a llegar.

Yo creo que los errores en el PNIS han sido más de voluntad política que de otra cosa. O sea, el gobierno nacional no priorizó la implementación del programa de sustitución, sino otras alternativas.

VA: ¿Y qué busca con ese cambio de prioridades?

AZ: El hecho que un programa de sustitución como el PNIS saque del cultivo de la hoja de coca a 99 mil familias, eso iba a ser, efectivamente, un golpe de opinión muy grande y lo que ha trabajado este gobierno es que el PNIS no cumpla sus objetivos para luego salir a decir que el Programa Nacional Integral de Sustitución, que salió del Acuerdo de Paz, no sirvió para nada.

Creo que a lo que está jugando el gobierno es hacer fracasar el PNIS, dejándolo sin presupuesto, sin funcionarios, sin ruta y sin rumbo. Y están dejando que la gente se canse del Programa.

Entonces este gobierno lo que ha hecho es retrasar todas estas metas, quitarle la ilusión a la gente de salir del cultivo de la hoja de coca y obligarlos, de esa manera, a que la gente vuelva al cultivo de la hoja de coca y después decir que los campesinos inclumpieron y que es culpa de los campesinos y que el plan de restitución no sirvió para nada.

Este gobierno de Duque lo que está buscando es que el PNIS fracase para ellos poder tener argumentos para decir que la erradicación aérea y que la fumigación con glifosato es lo que funciona. Eso se ha evidenciado cuando han dejado desfinanciado el programa, nadie habla de PNIS en los territorios, ahora están hablando de un tema de Hecho la medida, que es una estrategia diferente, dejaron de coordinar las asambleas comunitarias con la gente, dejaron de involucrar a las comunidades en el desarrollo del PNIS.

VA: ¿Y cuál puede ser el impacto de esos cambios?

AZ: El tiempo que el gobierno ha dejado para implementar el PNIS pues ha ido perjudicando el objetivo del programa y lo perjudicó desde la ejecución del PNIS desde el año presupuestal, entonces lo que hicieron fue desbaratar la ruta de implementación del PNIS y hacer una ruta que ellos llaman de componentes. Una ruta para implementar componente por componente y eso no era lo que estaba presupuestado.

Lo que estaba presupuestado era que el PNIS se tenía que ejecutar digamos que de manera consecuente. O sea, mientras se apoyaba con el auxilio económico, con el sistema de asistencia alimentaria, inmediatamente en ese año se iban haciendo los proyectos productivos para que cuando eso se acabara los campesinos tuvieran de dónde coger y no le tuvieran que estar pidiendo más plata al gobierno.

Y este gobierno lo que hizo fue decir: ‘no, primero pagamos la asistencia alimentaria. A lo que paguemos la asistencia alimentaria, entonces empezamos con la seguridad alimentaria; cuando terminemos con la seguridad alimentaria, implementamos el proyecto de 19 millones de pesos’.

Y eso lo que hace es que el campesino se gastó, se comió la seguridad alimentaria, que eran los 12 millones de pesos al año; se comió el millón 800 de la seguridad alimentaria, que bueno, ya te imaginarás para qué puede servir un proyecto de millón 800, y llevan un año esperando el de 19 millones de pesos.

El presidente Santos combinaba erradicación forzosa y sustitución voluntaria, pero se respetaba donde se estaba haciendo sustitución. Es una estrategia válida y uno podía decir “Bueno, por ahí se puede”, pero este gobierno siempre es erradicación forzosa, erradicación forzosa.

VA: ¿Cree que se debe rescatar el PNIS o es necesario formular algo diferente?

AZ: La gente no le cree al Gobierno, pero le cree al Programa. Incluso, la gente sigue en los territorios diciendo ‘necesitamos el PNIS’, solo que para estar seguros de que no les van a ‘faltonear’, lo que está diciendo es: ‘Necesitamos el PNIS, pero primero necesitamos la Reforma Rural Integral’, ‘Si aquí no meten carretera, si aquí no meten esto y lo otro, no nos sirve”. Eso es lo que está diciendo la gente ahorita, pero ‘claro que el PNIS se tiene que retomar’.

La gente no ha dicho: “El PNIS no sirve”. Lo que dice es que tiene que ir acompañada de la Reforma Rural Integral y tienen toda la razón. Eso fue un error político, incluso por los afanes del gobierno Santos y las Farc, de mostrar resultados que se pusieron a implementar el punto cuatro como una estrategia de entrar al territorio.

¿Ahora quiénes estamos pagando eso? Los líderes que promovimos el Programa porque ahorita quedamos con una popularidad muy jodida dentro de los cultivadores de coca que por ahí todavía nos creen, que todavía nos quieren y todo, pero sí nos dicen: “No, ustedes nos engañaron” o “No, ni siquiera nos han cumplido” o algunos nos dicen: “Aquí no nos digan que le reclamemos al gobierno, nosotros les tenemos que reclamar a ustedes porque nosotros les creímos fue a ustedes” Y ya nosotros ya nos quedamos sin interlocución con este gobierno, entonces ¿cómo le responde uno a esa gente?

¿Aspersión a la vista?

VA: Ahora que vuelve a estar sobre la mesa la controversia sobre el glifosato, ¿qué análisis hace al respecto?

AZ: Ha cambiado un poco el discurso del gobierno. Nosotros creemos que este gobierno no va a alcanzar a reactivar la fumigación con glifosato. En regiones como Guaviare y Caquetá se dieron reclamos por el PNIS y el glifosato dentro del paro. Hace poco se retiraron porque están desgastados y esperando qué otra decisión toma el gobierno para volver a salir.

El tema del glifosato va a ocasionar una movilización, ya no más urbana, porque sabemos que ese no es el interés de la gente de la ciudad, pero sí va a desencadenar una movilización rural mucho más fuerte. Incluso, en la comisión política de Coccam se está hablando de esperar noticias del gobierno para salir.

Estamos esperando qué pasa a raíz del pronunciamiento que dio la ANLA sobre la licencia ambiental, dado que dijo que tenía que cumplir una serie de requisitos más y eso obedece a que el gobierno tiene que volver a retomar el planteamiento. Eso retrasa al gobierno frente a todas las acciones, por eso creemos que no van a poder retomar efectivamente.

VA: ¿En su momento, el Decreto 380, que establece los pasos para iniciar la aspersión con glifosato, fue socializado con ustedes en algún sentido?

AZ: No, eso no se socializó con nosotros ni con ningún gremio del país. Lo que yo creo que ellos están intentando con todo este tema es pasar por encima de los otros poderes y utilizar algunas herramientas que ellos tienen.

VA: ¿Qué acciones han adelantado sobre la intención de reanudar las aspersiones?

AZ: Enviamos un escrito a la Corte Constitucional a inicios de año para que la Corte dijera de una vez qué había cumplido el gobierno y qué no, para que los magistrados volvieran a retomar el asunto de cara al decreto que condicionó la reanudación de las aspersiones aéreas con glifosato, pero la Corte no nos ha respondido. Entonces estamos esperando también que nos respondan. Ahora, junto al Cajar, estamos adelantando una solicitud más contundente ante la Corte.

VA: ¿Ustedes, desde la Coccam, han evidenciado afectaciones a la salud en las regiones donde se ha realizado aspersión con glifosato?

AZ: Nos ha tocado ver, por ejemplo, la muerte de un campesino del sur de Córdoba en el año 2011, nunca entendimos eso. Eso apareció en los medios, de cuando un vecino murió por intoxicación por glifosato después de que una avioneta fumigara. También están las rasquiñas, las ‘brotaduras’ en la piel, después de una fumigación; las afecciones respiratorias; y los abortos.

Se le ha puesto denuncias a la Defensoría del Pueblo, se han puesto miles de denuncias frente a las afectaciones que produce el glifosato. Hay suficiente ilustración frente a las enfermedades que producen, denunciados por los mismos campesinos que nunca se han tomado en cuenta o que han quedado ahí.

Tensión con grupos armados

VA: ¿Qué ha generado la presencia de la Fuerza Pública en las zonas cocaleras?

AZ: El Ejército no es garantía de seguridad en el territorio y donde más se ve presencia del Ejército en los territorios, como haciendo acciones, es cuando entran a erradicar cultivos de hoja de coca. De resto, digamos que se mantienen en las bases o en los pueblos.

Así haya 40 soldados en un corregimiento, el que sigue mandando ahí es el comandante de los ‘gaitanistas’ (en el caso del sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño). Y es a quién la comunidad le tiene que rendir cuentas y se mantienen pendientes de quién habla con el Ejército y quién no; quién se reúne con ellos, quién no se reúne con ellos; y luego que ellos se van o salen del territorio pues las afectaciones son en contra de la comunidad. Eso genera una agudización de los conflictos dentro de los territorios.

Por ejemplo, la confrontación que hay en el Catatumbo. Allá, la presencia de la Fuerza Pública tampoco ha generado un cambio en materia de seguridad. Lo que ha hecho es incrementar la conflictividad. Hay gente a la que le ha tocado desplazarse por acciones del Ejército. ¿Por qué? Cuando llega considera a los campesinos como enemigos, como aliados de los grupos armados, y dirige sus acciones contra ellos y no contra los que tienen las armas.

VA: Si se llega a asperjar, ¿teme que los grupos armados ilegales terminen presionando a los campesinos para que cultiven en otros lados o serán los campesinos los que tomen la iniciativa de deforestar y cultivar en otros lados?

AZ: Nosotros vemos dos cosas con el tema de obligar. Lo que pasa es que la gente se ve obligada por muchas cosas. O sea, el tema no es la obligación del arma de: ‘usted cultiva coca o cultiva coca’, eso no sucede y eso toca dejarlo claro. Las obligaciones aquí por las cuales el campesino cultiva coca en otra parte es porque no genera ingresos para su familia y los grupos armados les garantizan o les dan una solución.

Por ejemplo, a mí me quitan, me erradican o me fumigan dos hectáreas de coca que es lo único que yo tengo para generar ingreso. Yo me quedo en la región porque no tengo a dónde irme y cultivando yuca, maíz, plátano que no me da sino escasamente para la comida. Los grupos armados que están en la región me dicen: ‘Oye, pero aquí se puede sembrar coca, ¿por qué no siembras otra vez?’ Cosa que se lo dicen así, como un consejo, pero aquí a nadie se le pone un arma.

Lo que hace el grupo armado en estos casos es decir: ‘Mire, como yo sé que usted se quedó sin plata para sembrar, si quiere yo le hago un préstamo para que usted siembre’, por ejemplo; o ‘Mire, consiga la semilla con fulanito, fulanito le da la semilla’; o ‘Mire, consiga la semilla más barata’. Se generan unas condiciones para que la gente vuelva a sembrar coca.

Esto es lo que sucede, y el campesino, en términos de que se ve obligado a sembrar hoja de coca, es porque no tiene de dónde sustentar sus ingresos económicos, el grupo armado que está en la zona es lo único que ofrece. Incluso, a veces, los grupos armados llegan y dicen: ‘Bueno, aquí quien no siembre coca, se va”. Eso es lo más grande que hace un grupo armado en un territorio, digamos que eso ha sucedido.

Lo que sí ha sucedido una vez empiezan a fumigar es que los grupos armados sí han orientado a que la gente salga a movilizarse. Las organizaciones van a convocar a movilizaciones, van a obligar al que se quedó o van a decirle al que se quedó: ‘o salga a movilizar o no vuelve a la región’. Eso va a suceder.

Y pues ahí va a haber mucha gente movilizada, en contra de algo, pero va a haber mucha gente que se va a sentir obligada. Pero claro, la gente va a volver a sembrar coca.

VA: Todo eso es un círculo vicioso.

AZ: Al que le fumigaron va a sembrar en otra parte y esa parte puede ser en Parques (Naturales) o puede ser en la montaña y va a tener que tumbar todo porque ahí ya no va a servir o va a tener que coger la tierra que tenía para la cosecha y ponerse a sembrar, si es que se la dejan sin fumigar también. Va a intentar cultivar cerca al Parque para que haya alguna restricción y no le fumiguen.

Estas cosas van a suceder si a la gente no se le soluciona el tema del ingreso económico a través de proyectos productivos y a través del apoyo del Estado y del gobierno. Es por eso que el tema de la coca en Colombia no tiene acabadero, es un círculo vicioso. El gobierno arranca, fumiga y la gente tiene que volver a sembrar porque eso es lo que le genera ingresos.

Lo único que saca al cultivador de coca del cultivo es hacer una sustitución voluntaria donde el campesino quede con un proyecto productivo y que pueda tener algo. La legalización de tierra puede hacer que el campesino deje de cultivar hoja de coca porque si a un campesino le titulan donde siempre ha cultivado y se la titulan, téngalo por seguro que él no va a poner en riesgo esa tierra o el título de esa tierra, no lo va a hacer porque por eso luchó toda la vida y si ya se la dieron, pues ahí va a intentar hacer préstamos para regenerar su vida, va intentar otro tipo de cosas y va a buscar sembrar en otro lado. Pero aquí no va a sembrar.

VA: A propósito, ¿cuál es la situación de los cultivadores asociados a la Coccam, tienen cultivos de hoja de coca extensos o pequeños?

AZ: En la Coccam lo que decimos es que todo aquel campesino o campesina que cultiva hoja de coca para su sustento, y el sustento no quiere decir solamente comprar la comida, y que eso le garantice un mínimo vital o al menos vivir bien, con dignidad, comprar sus cositas, su casa, todo lo que tiene derecho una persona o al menos para vivir dignamente; pues es un pequeño cultivador.

No hay como un tope de cuántas hectáreas debe tener para pertenecer a Coccam. Si tiene 30 hectáreas y quiere pertenecer a Coccam, debe cumplir con unos objetivos y uno de ellos es buscar la sustitución voluntaria, se mete en un programa de sustitución teniendo 30 hectáreas sabiendo que va a perder todo en lo que ha trabajado y lo que va a recibir es poco, pues no hay ningún problema.

No contabilizamos cuántas hectáreas tiene la gente, representamos a los cocaleros que por situaciones económicas y de buscar su sustento, están cultivando hoja de coca. Lo que no aceptamos en la Coccam son aquellos empresarios de la coca, o sea, gente que se dedica a poner capital para sembrar hoja de coca, obviamente los tenemos identificados y tampoco son muchos. No son muchos, pero cultivan bastante porque ponen de a 10 personas a sembrar 40 hectáreas de coca y eso es un montón de coca.

VA: ¿Y esos cultivadores que ustedes representan tienen títulos de propiedad de la tierra?

AZ: La mayoría, o casi ninguno, no tiene títulos de tierras. Por eso el gobierno no ha podido expropiarle la tierra a ninguno porque los cultivadores de hoja de coca no viven en territorios donde haya títulos. El 90 por ciento de los cultivadores asociados a la Coccam no tiene títulos de tierra donde están cultivando porque son territorios baldíos o son Parques Naturales o resguardos indígenas.

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En 2010, en medio de la conmemoración del segundo bicentenario de la independencia de Colombia, en esa región del Caribe un grupo de líderes sociales decidieron organizarse para denunciar los atropellos que padecen por parte de grupos armados y defender los derechos humanos de las comunidades asentadas en los municipios de Tierralta, Valencia, Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador. En 2015 adquirió su personería jurídica.

“Nos echamos al hombro el tema de política de paz y de derechos humanos, creando los consejos municipales de paz, los comités municipales de derechos humanos, impulsando plataformas de derechos humanos en el sur de Córdoba. Al día de hoy tenemos bajo nuestra responsabilidad el Consejo Departamental de Paz, como Secretaría Técnica; la Mesa de Garantías para Líderes y Defensores Departamental; y coordinamos la Red de Derechos Humanos del Sur de Córdoba”, explica Andrés Chica, director de Cordoberxia.

A pesar de haber sufrido múltiples amenazas y atentados, no ha claudicado en su labor ni le da temor en ser citado en informes y notas periodísticas. “¿Por qué? A estas alturas del partido ya no hay forma de esconderse y soy muy público”, dice con tono de desaliento y con la convicción de luchar para mejorar las condiciones de vida de las comunidades campesinas, indígenas, afordescendientes y LGBTI que hacen parte de la Red de Derechos Humanos del Sur de Córdoba.

Desde el 5 de mayo de 2018, Chica y otros integrantes de Cordoberxia cuentan con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por esa razón, hacen parte del Programa Integral de Seguridad y Protección, creado por el Decreto 660 de 2018, que está bajo la tutela del Ministerio del Interior.

“Esas medidas nos la dieron por las amenazas. Se logró demostrar ante la CIDH que somos víctimas de asesinatos selectivos, persecución y en el caso mío, que me hicieron un montaje judicial para meterme preso y he sido víctima de tres atentados. El resto del equipo también ha sufrido ataques y hay compañeros por fuera del país. Tenemos gente desaparecida y estamos tratando de encontrarla con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Tenemos 37 líderes asesinados en Córdoba entre 2016 y abril de 2021”, lamenta el director de la Fundación.

Además de las violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de diferentes grupos armados, los habitantes de Córdoba han padecido otro gran flagelo: la corrupción de su clase dirigente.

“Para nadie es un secreto que en Córdoba se fundaron las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y por eso se dieron con tanta fuerza el fenómeno del paramilitarismo y de la parapolítica. Enfrentarse a eso es complejo y además está la corrupción política. Los tres últimos gobernadores han sido inhabilitados por la Procuraduría y los cinco anteriores condenados por parapolítica. En un departamento con 18 gobernadores, y que el 50 por ciento haya sido sancionado por este tipo de delitos, denota lo complicado que es defender derechos humanos”, resume Chica.

A pesar de los costos traducidos en zozobra y muerte, los líderes sociales de esa región caribeña no bajan los brazos. Uno de sus referentes es Cristina Bautista Taquinás, gobernadora del resguardo indígena de Tacueyó, que fue masacrada con cuatro miembros de la Guardia Indígena, por oponerse a las disidencias de las Farc en Cauca. “A mí me gusta mucho la frase de la gobernadora Liliana. Ella decía: ‘Si hablamos, nos matan; y si no hablamos, también nos matan’. Acá aplicamos lo mismo. Si nos quedamos callados, nos van a matar la corrupción y los grupos armados, entonces que nos maten hablando”, cuenta el director de Cordoberxia.

Y prosigue: “Eso ya lo tenemos muy interiorizado en la organización: echar hacia atrás no es una opción, hay que seguir avanzando hasta donde nos llegue el agua”.

La implementación del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc también es una de las banderas de esta red de 136 organizaciones sociales. Su aplicación les ha generado tristezas y alegrías parciales.

En materia de orden público, ahora padecen la violencia de tres grupos armados, todos originarios de hombres que dejaron las armas y las retomaron tras firmar tratados de paz. En sus veredas desfilan hombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, denominadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’, un reducto de las Auc; el Bloque Virgilio Peralta Arenas, más conocido como ‘Los Caparrapos’, disidencia de los ‘gaitanistas’; y el Nuevo Frente 18, disidente de las Farc. (Leer más en: ¿De dónde vienen las balas contra los líderes sociales?)

El pasado 10 de febrero Cordobexia presentó un informe en el que valora la implementación del Acuerdo de Paz, concretamente sobre los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Considera que, más de cuatro años después de la aplicación de esas políticas de posconflicto, su ritmo va “a medias”.

Sobre el PDET indica que “existen avances representados en pequeñas obras comunitarias, la inclusión de proyectos relacionados en los planes de desarrollo municipal y la aprobación de otros con recursos de regalías para infraestructura vial y soluciones alternativas de energía. No obstante, las organizaciones sociales y las comunidades no tienen un mecanismo que les garantice participar de la toma de decisiones sobre su territorio”.

Y en cuanto al PNIS, lamenta los retrasos en el pago de subsidios y ejecución de proyectos productivos de familias que decidieron erradicar sus matas de coca para vincularse a una economía agrícola formal. Además, registra que, hasta el pasado mes de julio, nueve personas que se vincularon a ese programa de sustitución voluntaria fueron asesinadas en el sur de Córdoba.

Nota de la redacción: Este artículo hace parte de la campaña #EsConmigo, desarrollada por el Programa Somos Defensores, el Colectivo de Abogados José Albear Restrepo y la agencia de publicidad Sancho. En VerdadaAbierta.com nos sumamos a ella porque consideramos que visibilizar la labor de los líderes sociales puede ser un mecanismo de protección contra la violencia que padecen y destacamos la importancia de su labor para construir un país más justo.

• Consulte la entrega sobre el pueblo Awá: “Un indígena sin territorio no es indígena”.

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Organizarse para impedir la presencia de grupos armados y de economías ilegales en sus territorios ancestrales le ha costado la vida a comuneros, guardias indígenas y autoridades tradicionales de ese pueblo nativo del norte de Cauca. Padecen una violencia alimentada por la ambición de los violentos y la desidia estatal.

Gerson Acosta Salazar, Edwin Dagua Ipia, Cristina Bautista Taquinás y Sandra Liliana Peña Chocué. Esos nombres no son conocidos por la mayoría de los colombianos; sin embargo, para los Nasa, representan a grandes guías de los que fueron privados por defender sus derechos y planes de vida.

Tuvieron muchas cosas en común al crecer viviendo los horrores del conflicto armado, padecer el abandono institucional y sufrir las carencias causadas por el despojo de las tierras de sus antepasados. Por esas injusticias, decidieron luchar por el bienestar de sus comunidades desde temprana edad, llegando a ocupar el cargo más distinguido y apreciado en las montañas de los Nasa: ser gobernadores o autoridades tradicionales.

Y, cómo no, en los tiempos en los que Colombia supuestamente transita hacia un periodo de posconflicto, a raíz de la dejación de armas de las Farc y la previa desmovilización de las Auc, su desenlace fue similar: sus vidas fueron segadas y obligadas a trascender al plano de los espíritus antes de tiempo, a punta de bala, mientras empuñaban sus bastones de mando, en sus propios resguardos y cumpliendo con sus mandatos.

Gerson fue asesinado el 19 de abril de 2017 en el resguardo de Kitek Kiwe, ubicado en el municipio de Timbío, al salir de una reunión con  funcionarios de la Unidad de Víctimas, en la que trabajó para concretar la reparación de parte de los desplazados de la masacre del Naya, cometida por paramilitares en la Semana Santa de 2001; y Edwin fue asesinado el 7 de diciembre de 2018 en el resguardo de Huellas, en Caloto, porque se oponía a que las disidencias de las Farc sembraran coca en sus veredas y promovía la erradicación de esos cultivos.

El 29 de octubre de 2019, en el resguardo de Tacueyó, de Toribío, Cristina fue masacrada junto con cuatro miembros de la Guardia Indígena, porque intentaron impedir unos asesinatos por parte de disidentes de las Farc; y Liliana fue asesinada el pasado 20 de abril, a la salida de su casa en el resguardo La Laguna, en Caldono, tras recibir amenazas de disidencias de las Farc por oponerse a los cultivos de hoja de coca para uso ilícito y por promover su erradicación.

La indignación que causó el asesinato de la gobernadora Sandra despertó la solidaridad de su pueblo y para no darle gusto a sus verdugos, decidieron empelar con mayor fuerza la Minga Hacia Dentro, que consistió en buscarlos para capturarlos y hacer un recorrido para erradicar los cultivos de la hoja de coca que se encontraran en la vereda Caimito.

Esa iniciativa fue contestada, en la mañana del pasado jueves, con disparos indiscriminados contra los cientos de mingueros, entre quienes se encontraban guardias indígenas, mujeres, niños, adultos mayores y autoridades indígenas. Como saldo, 33 indígenas resultaron heridos -entre ellos otro gobernador de Caldono- y fueron capturadas 24 personas que obstaculizaron el recorrido y atentaron contra la vida de los marchantes.

De los detenidos, seis fueron sancionados con fuetazos y la aplicación de remedio por parte de la Jurisdicción Especial Indígena, pues dijeron que fueron forzados por un grupo armado para impedirle el paso a la movilización y por eso le arrojaron piedras y palos. Como no dispararon contra la Minga y son comuneros del resguardo de La Concepción, fueron dejados bajo la custodia de sus familias y quedaron bajo seguimiento.

A los otros capturados les decomisaron armas, tiendas de campaña y camuflados; y entre ellos se encuentra el presunto asesino de la gobernadora de La Laguna y un par de cómplices. Como los hechos cometidos por ellos fueron de mayor gravedad, las autoridades indígenas investigarán la situación más a fondo y en una asamblea decidirán su sanción; además, buscan esclarecer quién ordenó el asesinato y quién está detrás de los cultivos de hoja de coca por los que fueron atacados.

Finalmente, el 30 de abril, en Asamblea General, la comunidad decidió condenar a 60 años de cárcel a Farid Chamorro y Pedro Correa, quienes confesaron que asesinaron a la gobernadora Sandra a cambio de 10 millones de pesos “provenientes de bandas al servicio del narcotráfico”.

Deudas que causan muerte

Los asesinatos de Edwin, Cristina y Sandra tienen de trasfondo la fallida implementación del Acuerdo de Paz que se firmó con la extinta guerrilla de las Farc, el 24 de noviembre de 2016, pues se incumplieron dos de sus promesas centrales, que hoy tienen en apuros no sólo a los Nasa, sino a todas las comunidades rurales de Cauca y de buena parte de Colombia: el no surgimiento de nuevos grupos armados tras la dejación de armas de la otrora guerrilla más grande del continente y la puesta en marcha del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

“El Acuerdo de Paz básicamente nos dio respiro durante poco tiempo, como hasta seis meses después de la firma, en el sentido de que las comunidades tuvieron calma y armonía, pero fue algo en papel y no tuvo la respuesta esperada. El conflicto ha ido incrementando constantemente y se ha dado el resurgimiento de varios grupos armados”, explica Juan Manuel Camayo, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin).

Y, las cifras que ha recopilado el observatorio de derechos humanos que dirige, le dan la razón, pues el número de indígenas asesinados en el norte de Cauca decae fuertemente en 2013, cuando empezaron los diálogos de paz; y aumenta constantemente a partir de 2017, cuando ya estaba en marcha la implementación del Acuerdo de Paz. Lamentablemente, la cantidad de indígenas Nasa asesinados el año pasado es similar a la de 2012, cuando el conflicto armado estaba en uno de sus puntos más altos. (Leer más en: La zozobra sin fin de los Nasa)

Por otro lado, el PNIS, uno de los programas bandera del Acuerdo de Paz que haría de bisagra para solucionar el problema de drogas ilícitas y saldar las deudas de desarrollo del campo colombiano, en Cauca, y, particularmente en los territorios de las comunidades étnicas, nunca despegó con fuerza por la negativa del gobierno nacional de aceptar sus propuestas con enfoque diferencial, las cuales tenían como pilar iniciar un proceso concertado y gradual de erradicación de cultivos de uso ilícito, mientras se avanzaba con la implementación de los proyectos productivos que los reemplazarían.

Por esa razón, de los 22 cabildos indígenas del norte de Cauca, tan sólo dos, ubicados en los municipios de Jambaló y Miranda, les apostaron a las pautas del gobierno nacional, y ninguno de los 42 consejos comunitarios de comunidades negras se sumaron a él. A pesar de contar con la confianza de esos dos cabildos, el PNIS se implementó con lentitud e incumplimientos, dándole razón, en parte, a quienes no quisieron vincularse. (Leer más en: El PNIS sólo ‘aterrizó’ en dos resguardos indígenas del norte de Cauca)

Los incumplimientos de exguerrilleros que decidieron rearmarse y del Estado que no copó de manera integral los territorios que durante décadas dominaron las Farc, propiciaron una situación de disputa por poder territorial y rentas ilícitas, en la que se encuentran en medio de las comunidades indígenas. Ante esa situación, los que llevan la peor parte son los integrantes de la Guardia Indígena y sus autoridades, quienes deben cumplir el mandato de mantener sus territorios libres de elementos que causen “desarmonía”, como son los grupos armados, el narcotráfico y la minería ilegal.

Para tal fin, esas autoridades instalan puestos de control y hacen recorridos por sus veredas, en lo que denominan ejercicios de control territorial, para expulsar de sus resguardos a hombres armados e incautar vehículos robados, material de guerra y drogas; estos últimos elementos son destruidos en ceremonias de armonización.

Como consecuencia, en el norte de Cauca pululan panfletos de amenazas de muerte contra la Guardia Indígena y directivos de la Acin; en ocasiones son remitidos de manera general, y en otras van dirigidos con nombres y datos puntuales. Esa es una práctica que se ha vuelto frecuente: en 2019 se registraron 91 y el año pasado 113, según datos del Tejido de Defensa de la Vida. Y, como en el caso de la gobernadora Sandra, las amenazas terminan materializándose.

Feliciano Valencia, reconocido líder del pueblo Nasa y senador de la República por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), asegura que la implementación del PNIS podría evitar incidentes a futuro como el que sufrió la Minga Hacia Dentro: “El doctor (Emilio) Archila ha dicho que ya están apareciendo recursos para financiarlo; entonces, si resucita el PNIS, sería una gran opción para tratar de manejar la situación de los cultivos de uso ilícitos”.

Aunque advierte dificultades porque “muchas familias que confiaron en la sustitución y se comprometieron, se han retirado y volverlas a reincorporar será complicado. Los países que apoyaron el proceso de paz están aportando para que los programas se puedan implementar”.

Malestar con el Ejército Nacional

Tras el asesinato de la gobernadora Sandra, la respuesta del gobierno nacional fue la recurrente en casos de violencia que causan impacto en la opinión pública: realizar un consejo extraordinario de seguridad con el Ministerio de Defensa, comandantes de la Fuerza Pública y autoridades locales, para anunciar operativos militares y recompensas que permitan dar con la captura de los responsables del crimen de turno.

Una vez concluyó ese evento, el comandante de la Tercera División del Ejército, el brigadier general Marco Vinicio Mayorga Niño, emitió un comunicado en el que señaló que en el consejo de seguridad se acordaron compromisos para incrementar las operaciones militares que permitan desarticular estructuras armadas y narcotraficantes en el territorio; el diálogo con la Guardia Indígena para coordinar actividades de seguridad en los territorios de los resguardos indígenas; y coordinaciones con las autoridades ancestrales para iniciar tareas de erradicación de hoja de coca en el territorio.

Esas afirmaciones causaron malestar no sólo en la comunidad de Caldono, sino en las 127 autoridades de los diez pueblos indígenas agrupados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), que expidieron un comunicado rechazándolas y negaron que se llegaran a los acuerdos referidos por el oficial del Ejército.

En primera instancia condenaron esa insinuación porque “ve a la población como un eslabón de sus dinámicas militares”, y recalca que la Guardia Indígena “es un órgano civil, no armado, cuya dirección está en cabeza de las autoridades indígenas”.

Y en cuanto a la erradicación de cultivos de hoja de coca para uso ilícito, el Cric enfatizó que es una decisión que tomaron desde su “autonomía y jurisdicción propia, porque vemos claramente el daño que nos generan estos cultivos acabando con la economía propia, la cultura y la gobernabilidad, siendo además base de la financiación de los actores armados, los cuales pretenden doblegar nuestros territorios, convirtiéndose también en excusa del Estado para continuar en escenarios de guerra que atentan contra nuestra territorialidad”.

Además de esas razones, el senador Valencia expresa su malestar por el “discurso oportunista” del Ejército, dado que el pasado mes de agosto, durante una jornada de Liberación de la Madre Tierra, como llaman los indígenas a las ocupaciones que realizan de fincas que reclaman en titulación por ser de sus ancestros, esa institución calificó a los indígenas de ser instrumentalizados por las disidencias de las Farc, luego de que en esa jornada se diera un hostigamiento.

“Ese es el discurso que nos molesta, porque parece que fueran oportunistas de acuerdo a los contextos. Cuando la situación es tensa entre las comunidades y ellos (Fuerza Pública), nos salen a fustigar que somo proclives o que estamos aliados con las disidencias; y en la declaración última, cuando estábamos siendo golpeados por gente armada, salen a decir que habían coordinado con la Guardia Indígena y las autoridades tradicionales. Eso es lo que molesta, porque además de oportunistas, tratan de instrumentalizar cosas rápidamente tergiversando la realidad y colocándonos en alto riesgo”.

Camayo, de la Acin, también cuestiona que, en su comunicado, el brigadier general dijera que, durante la Minga Hacia Dentro, se presentó “una confrontación entre las comunidades indígenas y campesinas de la vereda Caimito”, cuando estaban bajo fuego. Y, lo que es peor, varios mingueros afirman que topas del Ejército en la zona no capturaron a los hombres que les dispararon a pesar de pasar por su lado y que negaron haberlos visto cuando fueron preguntados por dónde tomaron camino.

Más allá de presencia militar

Es frecuente que cuando ocurre un hecho grave en materia de seguridad en Cauca, el gobierno nacional anuncie rápidamente un aumento de pie de fuerza o la instalación de nuevas unidades militares en su territorio. A pesar de ser una fórmula reiterada, no ha conseguido mermar los altos índices de violencia y sigue siendo el departamento en donde más líderes sociales son asesinados cada año y donde más ocurren graves hechos de violencia, como el carrobomba que explotó el pasado 26 de marzo al frente de la Alcaldía de Corinto.

En octubre de 2019, cuando fue asesinada la gobernadora Cristina, el presidente Iván Duque anunció la creación de una nueva Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) para Cauca. Esa decisión fue cuestionada desde diversos sectores, que alegaron la necesidad de realizar inversión social y brindar alternativas de empleo. Por esa razón, el Ejecutivo anunció la creación del denominado Plan Social Cauca, que buscaba combinar la intervención armada con una acción integral del Estado, invirtiendo alrededor de 1,3 billones de pesos en materia socioeconómica.

“Ya va a ser casi un año de la implementación de ese Plan Social del Cauca. Yo vi al doctor Miguel Ceballos (Comisionado de Paz) en varias reuniones con las autoridades indígenas y seguramente con la institucionalidad municipal y departamental trazando la inversión de estos recursos. A la Acin se le anunció que se le iban a dar 500 millones de pesos para atender la situación del norte del departamento, pero hasta la fecha no se ha materializado, más allá de financiar un grupo técnico para la organización de proyectos”, explica el senador Valencia.

Y agrega: “De la Acin me informaron que están haciendo esfuerzos porque no han podido hablar nuevamente con el doctor Ceballos y hace 15 días dijo que quedaban 216 millones para la Acin. En fin, nos ha estado como ‘mamando gallo’ con esos recursos. Está el anuncio y no se ha firmado un convenio hasta ahora y no se han hecho los desembolsos, sólo los anuncios”.

En ese sentido concuerda Camayo, quien resalta que lo que sí ha aumentado es la intervención militar. “Las medidas de carácter colectivo han tenido inversiones mínimas, sin integralidad y han sido como pañitos de agua tibia. Pero sí hay un incremento de la Fuerza Pública; incluso, se viene hablando de instalar una base militar en el predio La Emperatriz, que ha sido solicitado por las comunidades para ser adquirido”, indica.

Para solucionar el problema con los cultivos ilícitos y el aumento de grupos armados ilegales en Cauca, el congresista del MAIS insiste en atender el llamado de las comunidades: “Nosotros seguimos diciendo que la solución efectiva para erradicar la violencia del narcotráfico, que se volvió un sistema económico que soluciona necesidades y por eso es tan fuerte, es haciendo inversión. Pero no cualquier inversión, esto no es de uno, dos o tres billones de pesos”.

Y detalla: “Acá se necesita mucha más inversión. Y no es una inversión que llegó, atendió unos proyecticos y se fue. No, aquí hay que hacer seguimiento e inyectar más recursos porque el departamento de Cauca es muy extenso y hay miles de propuestas. El Estado tiene que llegar con presupuesto, mantenerse en la región, sostener los recursos hasta que se acabe el tema de la economía ilegal, que son narcotráfico y minería. De lo contrario, nunca se va a superar. El problema que tenemos es inversión raquítica sin seguimiento y sin permanencia”.

Los hechos parecen respaldar las palabras de Valencia, pues las decisiones tomadas tras la masacre en la que murieron la gobernadora Cristina y sus guardias indígenas, no sirvieron para disolver el conflicto que padecen actualmente las comunidades de Cauca. Por ello, el pasado sábado los Nasa tuvieron que llorar y sembrar a otra gobernadora, arrebatada por la violencia que cosechan quienes incumplen el Acuerdo de Paz, desde el rearme y desde la ejecución de las políticas de posconflicto.

Mientras tanto, los Nasa siguen pagando con vidas los costos de una guerra ajena que se libra en sus territorios.

* Foto de apertura: tomada de la cuenta de Twitter @FelicianoValen.

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Diez voceros del Espacio Humanitario Campesino del Guayabero, instalado el pasado 27 de octubre como iniciativa para visibilizar la situación de violaciones a los derechos humanos, realizaron varias actividades en la capital colombiana desde el 23 hasta el 28 de noviembre pasado. Se encontraron con representantes de entidades del Estado, senadores, organizaciones no gubernamentales y periodistas para buscar ayuda a la crisis social que padecen desde hace varias décadas.

La falta de inversión estatal en la región llevó a los labriegos a pensar en alternativas para la subsistencia en la siembra de hoja de coca para uso ilícito, ampliar la frontera agrícola para ganadería y extraer madera. Tales acciones desencadenaron una fuerte persecución y generaron atropellos por parte de la Fuerza Pública.

Las comunidades asentadas en la frontera entre los departamentos de Guaviare y Meta, demarcada por el río Guayabero, históricamente han estado en peligro de perder la vida, el sustento y la integridad de las familias tras ser señalados por el Ejército Nacional de pertenecer a la guerrilla de las extintas Farc o de ser sus auxiliadores, todo porque, en el pasado, este grupo alzado en armas estuvo asentado en la región.

Pero la situación que más les preocupa ahora a los campesinos es que sean desplazados del Guayabero por estar dentro de áreas protegidas por Parques Nacionales Naturales: del lado de Meta está la Serranía de La Macarena; y del Guaviare, la Serranía de Chiribiquete, y en la denominada zona de amortiguación están los campesinos.

“Nosotros nos fundamos en esas tierras. Hay personas que llevan 40, 50, 60 años ahí. Nuestros padres, nuestros abuelos, ahí criaron a sus hijos. Ahora el Estado quiere reclamar eso, ¿para qué? El mismo Estado nos mandó para allá antes de ser parques, nosotros voluntariamente nos fuimos. Lo único que podemos hacer es trabajar, y ese es el único mal que hacemos”, cuenta Claudio Alvarado Moreno, habitante de la vereda La Cascada, del municipio de Puerto Concordia, en Meta.

Para precisar lo sucedió en el pasado en la zona del Guayabero, Jhon Edison Castañeda, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento El Capricho, en San José del Guaviare, agrega: “Esta es una región colonizada por gentes de diferentes partes del país que llegaron por la violencia. Tiene época cauchera; época maderera, apogeo de explotación de la madera más fina; otra época de la caza de pieles; luego aparece la coca como fuente de subsistencia. Entre una cosa y otra se generaron crisis. Las fuentes económicas iban desapareciendo”.

Y fue así como estos campesinos no tuvieron otra opción que dedicarse a la siembra de hoja de coca para uso ilícito desde la década de los años setenta, que se vio favorecida por el ofrecimiento de semillas, insumos y comercialización, pues todo se los llevaban a sus fincas y allí mismo recogían la pasta base de coca y les pagaban en efectivo.

Pero esas ganancias también se convirtieron, en poco tiempo, en un problema. Al respecto, Arcángel Cadena, miembro de la junta de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derechos Internacional Humanitario del Oriente Colombiano (DHOC), recuerda que las confrontaciones con el Estado empezaron en 1980 con la aspersión aérea.

“No hemos tenido otra alternativa diferente a la represión estatal”, afirma. “En 1987 los campesinos de Guayabero, voluntariamente, erradicaron la coca. Creyeron que iban a llegar los proyectos, pero ese mismo año hubo una crisis grande, la gente estaba aguantando hambre. Y siempre los gobiernos de turno señalan a los campesinos como los únicos responsables de la coca”.

Sobre la crisis actual, Cadena asevera que es a una etapa más: “A los campesinos les daba temor la presencia de la Fuerza Pública. Después de 2012, le perdió miedo al Ejército y a la Policía, y no se han dejado erradicar”.

Y por esa resistencia y la insistencia del gobierno nacional de erradicar sin ofrecer alternativas de subsistencia, a pesar de las restricciones impuestas desde marzo pasado para contener la expansión del virus COVID-19, este año ha sido de enfrentamientos constantes entre campesinos y miembros de la Fuerza Pública. (Leer más en: (Leer más en: El descontrol militar en Guayabero deja civiles heridos y el Estado calla)

Las comunidades, denuncian los labriegos, ha llevado la peor parte: se han registrado desplazamientos, judicializaciones, heridos y hasta muertes en Meta, Caquetá y Guaviare, departamentos en donde la Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército intensificó la erradicación forzada de los cultivos ilícito y la presión para expulsar a campesinos de las zonas protegidas por Parques Nacionales Naturales.

Buscan protección

Ante las medidas adoptadas por el gobierno nacional, las comunidades del Guayabero empezaron a movilizarse para frenar las acciones en su contra y buscar soluciones concertadas con el fin de evitar violaciones a los derechos humanos. Sus líderes aseveran que lo que menos quieren es alterar los ecosistemas que los rodean. (Leer más en: En la Amazonía, el campesino no odia la selva)

“La visión del Estado colombiano sobre la conservación de estas áreas se ha limitado a la necesidad de deshabitar estos territorios de la población campesina para garantizar la supervivencia de las especies naturales y animales”, afirma Juan David Espinel, secretario técnico de la Corporación Claretiana, quien denuncia las afectaciones ocasionadas por la ejecución de la Operación Artemisa, lanzada por el gobierno nacional el 28 de abril de 2019 con el fin recuperar zonas protegidas en el suroriente colombiano y detener la deforestación.

Según Espinel, esta estrategia militar se ha traducido “en capturas, prohibición de volver al territorio, robo de ganado, violencia física y violencia sicológica”. (Leer más en: Campesinos de Vista Hermosa, bajo la estigmatización de la Fuerza Pública)

Ante la preocupación por los operativos y la zozobra constante de los campesinos, voceros de diferentes asociaciones del Guayabero convocaron a otras organizaciones, nacionales e internacionales, para que verificaran los hechos que estaban sucediendo en la región.

En respuesta a esa convocatoria, y en medio de la pandemia, se realizó entre el 18 y el 27 de julio del 2020 la Misión Humanitaria por la Vida y la Paz en los Llanos Orientales y la Orinoquía. Su objetivo se centró en “escuchar las voces, sentimientos y testimonios de las comunidades locales, para visibilizarlos ante la opinión pública nacional e internacional, haciendo especial énfasis en la región del Guayabero donde se presentaron los mas recientes hechos relacionados con violación de Derechos Humanos”.

Ejército, contra la Misión

Durante diez días, voceros de trece organizaciones sociales que hacen presencia en la región del Guayabero, con el respaldo de once organizaciones más, recorrieron varias veredas de los municipios de Vista Hermosa, La Macarena y Mesetas, en Meta, así como algunas más de San José del Guaviare, y tres espacios donde excombatientes de las extintas Farc continúan su proceso de reincorporación a la vida legal.

La Misión constató a través de entrevistas con los labriegos la grave crisis que están viviendo debido a los enfrentamientos con el Ejército para no dejar erradicar la hoja de coca sin un diálogo previo y sin el cumplimiento del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), pactado con las extintas Farc en el Acuerdo de Paz como estrategia para hacerle frente al problema de las drogas en el país.

En el comunicado final, la Misión evidenció la crítica situación observada: “Vimos en las casas de los/as campesinos cultivos de pan coger como yuca, plátano, maíz, caña y frutales destrozados y arrancados; casas quemadas y desoladas; depósitos de agua destruidos, mangueras macheteadas, mercados regados por el suelo, utensilios de cocina y colchones rotos. Vimos restos de artefactos utilizados por el ESMAD y vainillas de armas largas utilizadas por el Ejército Nacional en el mismo lugar”.

Y complementa el reporte de la visita: “Vimos rostros de incertidumbre y rabia por la actuación del Estado que se ensaña en contra de los pequeños productores de coca (erradicados forzadamente), los pequeños poseedores de tierra y pequeñas parcelas para la subsistencia familiar. Mientras permite la tala de miles de hectáreas y ganadería extensiva, que ha llevado a transformar los ecosistemas generando la perdida de la funcionalidad y conectividad de los bosques”.

Los hechos revelados por la Misión indican que se estaría gestando una tragedia humana y ambiental con consecuencias irreparables, advertencia que fue controvertida por altos oficiales del Ejército en los estrados judiciales, sin resultado favorable.

“Al finalizar esta Misión, se llevó a cabo una rueda de prensa y se publicó un comunicado final que recoge lo visto, escuchado y sentido durante la visita”, cuenta Espinel y agrega que lo divulgado por las organizaciones fue considerado por el Brigadier Raúl Hernando Flórez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, “como una violación a los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de él y sus hombres. Por tanto, interpuso una acción de tutela, que perdió”.

Para contrastar esa versión, VerdadAbierta.com se comunicó con un oficial asesor del general Flórez, quien solicitó las preguntas por anticipado, pero hasta el cierre de esta publicación no se recibió respuesta.

Evidencias contra el Ejército

Las comunidades tienen pruebas sobre el exceso de fuerza de las tropas que hacen parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, recogidas por el medio comunitario Voces del Guayabero, cuyos integrantes también sufrieron lesiones cuando estaban registrando los hechos. Uno de los casos es el del reportero Fernando Montes quien fue herido en su mano por una bala de fusil y su cámara destrozada.

“El 4 de junio, que fue cuando me pegaron el tiro en la mano, el tiro me impactó la cámara, me la destruyeron, yo puse denuncia y demanda y el señor Raúl Hernando Flórez se pronuncia en pagarme la cámara, pero esta es la hora que no se ha visto nada de eso”, afirma Montes.

Además, el comunicador asegura que el Brigadier admitió el daño: “También reconoció que las Fuerzas Militares hurtaron seis reses de la vereda Caño San José. Lo reconoció ante la organización CPDH. Le iban a hacer firmar un documento al dueño de las vacas, que se las iban a pagar pero que tenía que firmar un documento, el señor dijo que hasta no ver la plata él no iba a firmar nada y hasta ahora no le han pagado el ganadito”.

Los campesinos entrevistados para esta nota aseguran que han sido víctimas de atropellos por parte del Ejército. En redes sociales y mediante comunicados han circulado pruebas de que las tropas estatales han disparado contra las comunidades y han destruido viviendas y cultivos.

Claudio Alvarado ha sido testigo de esos ataques: “Yo estuve en la Tigra, en un plantón y allá plomo corrido, cerquita de las casas. El 15 de octubre bombardearon y nosotros estábamos como a 20 metros de las casitas. Nosotros al pie del fuego. Somos campesinos, no somos delincuentes como nos tratan. Trabajamos la hoja de coca para poder sobrevivir, esa es la economía de nosotros, pero la mayoría de gente ha dejado esos cultivos para acogerse al PNIS”.

Un hecho que dejó consternados a los labriegos fue el asesinato del líder Yoanny Yeffer Vanegas Cardona, ocurrido el 27 de junio en la vía que conduce de Puerto Cachicamo a San José del Guaviare.

Vanegas Cardona era oriundo de la vereda Puerto Cachicamo y lideró la movilización campesina para evitar la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en la zona del Guayabero. Adicionalmente, participó como acompañante de los voceros a una reunión el 11 de junio en el sitio conocido como Tres Esquinas – La Báscula, de la Macarena, donde se reunieron con voceros del gobierno nacional y altos mandos militares.

Del encuentro hizo referencia  la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) en un comunicado: “Yoanny Yeffer Vanegas Cardona participó en la manifestación pacífica durante los 26 días desde el 20 de mayo hasta el 16 de junio del año 2020 con destacado liderazgo y compromiso por lo cual fue uno de los blancos que el Ejército ubicaba con frecuencia mientras disparaba, indiscriminadamente, contra la población civil desarmada”.

Entre las denuncias hechas por las comunidades contra el Ejército está la de registrar fotográficamente a los campesinos mientras realizan los operativos de erradicación. Uno de los fotografiados había sido Yoanny Vanegas. Ese mismo día del asesinato, su hermano Yilmer Enrique fue detenido por el Ejército, que luego explicó mediante un comunicado que se trató de un procedimiento de rutina.

También hay denuncias de la estigmatización contra los campesinos por parte de la Fuerza Pública al señalarlos de guerrilleros. Al respecto, Anzorc advirtió que los generales Eduardo Zapateiro y Raúl Hernando Flórez “han declarado abiertamente que la manifestación pacífica de los campesinos es una asonada organizada por los grupos guerrilleros que existen en esta región, de igual modo las declaraciones del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, que expresaba en NTN Noticias, que en la reunión del 11 de junio del 2020 en Tres Esquinas, habían estado los representantes de los grupos guerrilleros”.

Para hacerle frente a ese panorama, el pasado 27 de octubre se instaló el Espacio Humanitario del Guayabero en la vereda Nueva Colombia, en Vista Hermosa, Meta, liderado por diferentes organizaciones, entre ellas la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH en el Oriente y Centro de Colombia (DHOC) y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), con el acompañamiento de la organización internacional Swefor.

Crisis agudizada

Pese a la pandemia y ante la gravedad de la situación, durante este año los campesinos de la región del Guayabero se han movilizado, realizando plantones para evitar la erradicación forzada y exigirle al gobierno nacional el cumplimiento del Acuerdo de Paz, sobre todo lo pactado sobre sustitución de cultivo de uso ilícito, además, que sus tierras sean tituladas y que no los expulsen de las zonas protegidas por Parques Nacionales Naturales.

A pesar de las denuncias y las acciones, a finales de octubre y durante todo el mes de noviembre continuaron los operativos y se agudizaron los enfrentamientos entre campesinos y Ejército.

Además, es frecuente que las tropas estatales detengan a personas en caminos reales, ingresen a las viviendas sin orden de allanamiento, les disparan, los amenazan, insultan, maltratan física y sicológicamente; incluso a la misma Misión Humanitaria: “Que vengan esos hijueputas de la Misión Humanitaria que aquí los recibimos a plomo”, denunciaron algunos campesinos sobre la respuesta de los soldados al mencionar que pronto llegaban delegados del Espacio Humanitario para dialogar.

Las veredas La Reforma y la Tigra, del municipio de Puerto Rico, en Meta, son las más afectadas con estos últimos hechos. También denunciaron que, en medio de estas dos veredas, el pasado 9 de noviembre encontraron grabados, en las cortezas de los árboles, las siglas ‘AUC’, acompañadas con dibujos de calaveras.

El 10 de noviembre, el reportero de Voces de Guayabero, Fernando Montes, fue víctima, nuevamente de los ataques del Ejército: “El Ejército llegó a mi residencia con el cuento de que era un allanamiento, les pedí la orden y dijeron que no, que no fuera hijueputa, que no fuera sapo, que no me metiera en lo que no me importaba. Me sacaron de la cocina, yo estaba haciendo un almuercito, me sacaron y me encañonaron”.

Cuando Montes les exigió respeto y les dijo que “constitucionalmente son veedores de derechos humanos y deben respetar la integrad física de las personas, ahí fue donde me metieron tres patadas, una me la metió abajo de la rodilla y me repeló con la bota, yo seguí insistiendo en la orden de allanamiento y decían que ahí la tenían, pero nunca me la dieron. Nunca especificaron qué era lo que estaban buscando. Llegaron con pasamontañas, en el momento en que yo fui a grabar tampoco me dejaron”.

Gira de incidencia

A la región del Guayabero son pocos los periodistas que van, así como representantes de las entidades civiles estatales; tampoco tienen buena cobertura de redes para comunicación, por lo que se les complica hacer denuncias inmediatas.

Por ello, en el Espacio Humanitario decidieron que saldrían diez delegados hacia Bogotá para visibilizar los tres temas que más los están agobiando en la actualidad: crisis de derechos humanos, uso y tenencia de tierra, y erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.

Tanto desde la Misión Humanitaria como del Espacio Humanitario estuvieron citando a alcaldes, gobernadores, Ejército, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Ministerio del Interior, pero nadie atendió su llamado.

“Hemos puesto cualquier cantidad de denuncias, demandas; habíamos citado, en el momento de la manifestación pacífica que se iba llevando, a la Defensoría, la ONU, la Procuraduría para que hiciera presencia en el territorio para evitar la violación de los derechos humanos, pero nunca fuimos escuchados. Eso fue lo que nos trajo a la capital a hacer una gira de incidencia y realizar unas peticiones; ya hemos sido un poco escuchados, pero la violación de derechos humanos no para”, aclara Montes.

Estando en la capital de la República pudieron alzar la voz. “Se han abierto importantes espacios con las instituciones, pero la respuesta no ha sido significativa”, expresa Castañeda. “Nos reunimos con diez congresistas y lo que se busca es modificar esta normativa ambiental allí para que por lo menos se cumpla la figura de parques con campesinos. La principal exigencia es que nos titulen la tierra y que tengamos desarrollo, que tengamos derechos, a la vida a todo, que sembremos cultivos y que nos compren los cultivos”.

Y le complementa Alvarado: “Uno no tiene derecho a la tierra donde estamos y por eso es que vinimos a decirle al Estado que nosotros no nos vamos a ir del territorio, a ver si se da cuenta que nosotros somos seres humanos y también tenemos derecho a la vida. Los soldados también son hijos de campesinos, no sé por qué se van contra nosotros. Yo no entiendo. Ellos deben proteger al campesino y antes están es maltratándolo. No le encuentro razón a ese odio contra nosotros”.

Los congresistas que se reunieron con los voceros del Guayabero, entre ellos Aida Avella, Iván Cepeda y Gustavo Bolívar, se comprometieron a adelantar una audiencia pública para hablar de su situación y buscar soluciones. Y para el cierre de la gira, voceros del Guayabero le hablaron la Comisión de la Verdad en un evento que se transmitió el pasado 30 de noviembre a través de redes sociales.

Si bien no lograron acuerdos concretos en la capital de la República, los diez voceros del Espacio Humanitario regresaron al Guayabero satisfechos de haber logrado llamar la atención sobre su situación.

Coincidencias hemisféricas

El sentido de los reclamos de los labriegos del Guayabero coincidió con las explicaciones y recomendaciones consignadas en el informe presentado por la Comisión Hemisférica sobre Drogas del Congreso de Estados Unidos, en el que expuso un conjunto de recomendaciones al nuevo gobierno de ese país, liderado por el presidente electo Joe Biden. En el capítulo tres abordó el caso colombiano.

“Si bien el Plan Colombia fue un éxito de la contrainsurgencia, fue un fracaso de la lucha contra los estupefacientes”, se lee en el documento y reitera que el país sigue siendo el “mayor productor de cocaína del mundo, a pesar de los decenios de esfuerzos apoyados por los Estados Unidos para erradicar los cultivos e interceptar las remesas”.

Sobre el programa de erradicación forzada, el informe indica que esa actividad “por sí sola no era sostenible” y afirma que “a largo plazo, la única forma de controlar el cultivo de coca es proporcionar a las comunidades seguridad y alternativas económicas viables”.

En ese sentido, una de las recomendaciones de la Comisión Hemisférica sobre Drogas del Congreso de Estados Unidos al presidente electo Biden es que ambos países “deberían formular una estrategia que integre la cooperación en materia de drogas, programas de interdicción, seguridad y desarrollo alternativo en un amplio y específico enfoque que aborda las necesidades específicas de las comunidades afectadas por las organizaciones delictivas”.

Lo dicho en el Congreso estadounidense lo saben en el Guayabero con bastante detalle, pero el problema es que el actual gobierno nacional no los escucha con la atención necesaria y a sus planteamientos les responde con militarización. Con la perspectiva del nuevo gobierno del presidente Biden, se espera un cambio que, efectivamente, mejore las condiciones de los campesinos y puedan insertarse en actividades económicas legales.

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