“Es una satanización tan grande que no podemos ni siquiera empezar a hablar”, afirmó anoche la documentalista en el Museo de Arte Moderno de Medellín ante un nutrido auditorio que llegó expectante a escucharla al final de un día marcado por una intensa actividad en redes sociales en la que le pedían a Cine Colombia no proyectarlo en sus salas.

El rechazo inicial provino de Álvaro Uribe, senador por el Centro Democrático y expresidente de la República (2002-2006/2006-2010), quien, a partir de una pieza publicitaria audiovisual de un minuto y 30 segundos, lo descalificó y le sugirió a la empresa cinematográfica que cancelara su proyección, que inicia mañana y va hasta el próximo domingo. En igual sentido se pronunció el exministro Fernando Londoño. Ambos se sintieron agredidos en la pieza promocional.

Srs Cine Colombia:

Faltan uds a la objetividad al facilitar que nos acusen al dr Fernando Londoño y a mi persona d enemigos de la paz.

Cuando el No ganó el plebiscito propusimos modificar los acuerdos, no eliminarlos.

El Gbno desconoció el plebiscito en afrenta democrática.

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 27 de noviembre de 2018

Finalmente, Cine Colombia no acogió la propuesta y anunció que se proyectaría el documental tal como estaba programado desde meses atrás. Si bien a través de un comunicado informó que “en ningún momento ha sido presionado para que dicho documental sea retirado de la cartelera de cines”, al parecer hubo un momento de vacilación, que generó que la compra en línea de los boletos se suspendiera por unas horas, según denuncias que se ventilaron en redes sociales.

“Lamento que este documental salga en estas condiciones. En esa descalificación no construimos democracia ni construimos sociedad”, dijo Martínez ya casi al final de un conversatorio sobre La Negociación, que fue convocado por la Caja de Compensación Familiar Comfama y moderado por la periodista Ana Cristina Restrepo, en el que tampoco se pudo ver ni el documental completo ni la pieza publicitaria que generó el candente debate en redes.

La documentalista, que tiene una profunda experiencia en la cobertura del conflicto armado colombiano y se conoció nacional e internacionalmente por su documental La Sierra (2005), realizado en una de las comunas más violentas de Medellín por aquellos años de fuerte paramilitarización de la ciudad, contó que el expresidente Uribe conocía el documental, “de mis repetidos requerimientos para que me diera una entrevista y él, entiendo perfectamente, declinó, y me facilita material, y me sorprendo ahora que diga que no la parece. No entiendo eso. Tuvo toda la oportunidad del mundo de hablar”.

Cuatro días antes del conversatorio convocado por Comfama y del debate que generó entre los opositores al Acuerdo de Paz, VerdadAbierta.com habló con Martínez sobre lo que fue construir este documental, los retos que enfrentó y lo que pretende con este aporte audiovisual.

VerdadAbierta.com (VA): Finalmente, se va a presentar su documental en el país. ¿Qué representa este momento para usted?

Margarita Martínez: (MM): Llevo seis años trabajando en este proyecto y había sido periodista de agencia de noticias AP (Associated Press) durante las conversaciones del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) con las Farc en San Vicente del Caguán. Por eso siento que es la culminación de muchísimos años de trabajo de mi vida profesional.

El documental empieza con el momento en que el jefe guerrillero conocido como ‘El Medico’ (Jaime Alberto Parra Rodríguez, conocido en filas como ‘Mauricio Jaramillo’), jefe del Bloque Oriental, el más importante de las Farc, en la fase secreta de los diálogos, aborda un helicóptero en la selva para irse a La Habana y cierra con el triunfo del hoy presidente Iván Duque.

VA: Para periodistas con su trayectoria en la cobertura del conflicto armado, la noticia de la paz era la que querían dar, pero cuando llegó, el ciudadano de a pie, sobre todo el de las ciudades, no la sintió así. ¿Qué pudo haber pasado para que se generara esa percepción?

MM: Yo los entiendo, en las ciudades hace tanto tiempo no se siente la guerra, pero que haya paz con el actor más importante de la guerra cambia totalmente los números. Cuando empiezan las negociaciones con las Farc, los ceses de fuego que se pactan, consistentemente todas las cifras de homicidios empiezan la bajar, no sólo en las zonas donde se combatía, sino en todo el país. Somos un país y todo está relacionado. Ya muy poca gente tiene miedo de que lo vayan a secuestrar en zona rural, aunque todavía pase, pero en proporciones muy bajitas.

VA: Cuando el 18 de octubre de 2012 se oficializa en Oslo, Noruega, el inicio formal de las negociaciones y luego se instala la mesa en Cuba, ¿ya estaba concibiendo el documental?

MM: Cuando anunciaron eso, yo ni siquiera quería ver, dije: yo no le entrego mi corazón a esto nunca jamás en mi vida. Yo en San Vicente de Caguán era una reportera y tenía tantas ilusiones, fue un momento de gran ilusión, pero esas negociaciones tan mal hechas, tan mal estructuradas, tan mal planeadas, pues fue una terrible desilusión; y después lo que vino fue una escalada de violencia que trajo ese fracaso. Fue, guerra, guerra, guerra. Yo me sentía como los colombianos: yo en esto no creo para nada.

VA: ¿Y cómo empezó entonces la idea de La Negociación?

MM: Sergio Jaramillo había visto el documental La Sierra y me invitó a hacer un registro visual de las negociaciones para la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Entregué ese trabajo y yo me quedé filmando, recolectando material y haciendo entrevistas. Así que este documental tiene material anterior; material que yo filmé durante las negociaciones; material y entrevistas que hice después. Y una cantidad de archivo que yo he venido recolectando, que las partes me dieron, me dieron el gobierno y las Farc, me dio el anfitrión el gobierno de Cuba, que filmó cosas increíbles.

Incluí imágenes que tengo del hospital militar de hace como seis o siete años en uno de esos picos terribles de esas incursiones que hubo en La Macarena y, evidentemente, era un hospital de guerra, estaba lleno de hombres de 21, 22, 23 años de edad, mutilados, ciegos, con heridas gravísimas para el resto de la vida.

VA: Hay algunos documentales sobre este proceso de paz. ¿Qué tiene de distinto el documental La Negociación con respecto a otros, como por ejemplo el de Natalia Orozco, El silencio de los fusiles (marzo de 2017)?

MM: Unas imágenes inéditas, acceso desde dentro, no desde fuera. Es la historia de un proceso político de la búsqueda de la paz con las Farc. Es que yo estuve adentro de la negociación, es un trabajo de seis años, que empieza en 2012 y se acaba en 2018. El de Natalia, que me parece que sale en un momento maravilloso, y que la gente tenía tantas ansias, no alcanza a cubrir ni siquiera el plebiscito, entonces digamos que son periodos de la historia diferentes.

VA: ¿Cómo se logra adquirir esa confianza para que las partes (gobierno nacional y Farc) y países garantes (Cuba), le hayan dejado estar desde dentro y cedido material?

MM: Eso es un trabajo de años que se logra con una cantidad de tiempo, una cantidad de perseverancia. Una de las entrevistas más difíciles y la que más tiempo me costó fue la del general (r) Jorge Mora (miembro del equipo negociador del gobierno nacional). Al final le pregunté: ‘General, ¿usted por qué me dio esta entrevista? ¿Le dio pesar de mí’?’ Y me dijo: ‘porque yo respeto el trabajo y veo la dedicación que ha puesto en esto’.

Para todo el que quiera hacer documentales, y en general periodismo, se requiere mucha perseverancia, mucha paciencia, también se requiere mucho ‘cuero’, porque a uno todo el mundo le dice que no. Yo tenía una profesora que decía que un no, significa hola. Detrás de cada cosa íntima que hay en el documental, hay 200 no.

VA: ¿A qué tipo de dificultades se tuvo que enfrentar durante la producción del documental?

MM: Hacer la historia de un proceso político entre enemigos, con una oposición feroz, en un país totalmente escéptico y con un odio profundo hacia la guerrilla de las Farc, hace que el acceso y permanecer en el acceso sea lo más difícil. Cuando se hace ficción, el centro de la ficción es el guion; y cuando se hace documental, el centro de un documental es tener acceso. La dificultad de hacer este documental fue el acceso.

En el desarrollo de este documental cada rato tenía acceso, pero también cada rato lo perdía. De hecho, me sacaron muchísimas veces, y hay gente que lo sabe públicamente. Me preguntaban: ‘¿Tú qué haces acá?’, ¡Vete!, ¡Vete! Eso era muy duro y me preguntaba al otro día: ¿ahora cómo voy? Además, estás en Cuba, había invertido una cantidad de plata en el pasaje, en estar allá, has dejado tu familia, eso tiene una gran cantidad de componentes.

VA: ¿Y por qué perdía ese acceso?

MM: Yo dejé de filmar mucho tiempo con cámara grande porque no conseguía realmente nada; entonces me compré una muy buena cámara, pero chiquita, que me cupiera en la cartera. Aprendí que de esa manera tenía cien veces más posibilidades de que me dejaran hacer algo, entonces me dejaban entrar un momentico, sólo para hacer un registro. Pero había una tensión horrible.

Me dejaban entrar un momentico porque tal vez se aburrían de que rogara tanto y después alguien de un comité, en un corredor, hace un comentario sobre algo difícil y se volteaba, me veía la cámara, y me decía ‘usted qué hace acá’. ¡Váyase, váyase! ¡Ya no más, ya no más!

VA: ¿Quiénes eran los más malgeniados? ¿Los del gobierno nacional, los de las Farc?

MM: (Risas) Los dos, los dos. Es que no es que fueran malgeniados, es que había un nivel de tensión por la responsabilidad de lo que se hacía, pero no era algo personal, si uno se lo toma personal, le toca irse. Yo entendía que era un ambiente tenso y una cámara no ayuda. Es la cámara, no yo.

VA: Eso era en cuanto a lo que ocurría en la sede de los diálogos en La Habana, pero cuando regresaba al país y visitaba algunas zonas donde estaban los guerrilleros rasos y las comunidades alrededor de donde estaban concentrados, ¿qué tipo de dificultades enfrentó?

MM: Desde el 2013 ya había como una calma. Tuve la oportunidad de ir al Batallón Cazadores (en San Vicente del Caguán) y eso supuestamente era guerra, y resulta que todos los soldados estaban acampados porque no había combates. Lo único que había de vez en cuando eran minas antipersonales. Eso no me parecía difícil, pues tenía la experiencia necesaria. Lo que me parecía difícil era cubrir la negociación, eso realmente era la almendra de todo. Es que uno no puede creer que, en una mesa, unos señores que llegan con unos maletines realmente puedan cambiar la vida de tantas regiones.

VA: Durante los seis años de producción del documental ocurrieron en el país hechos políticos que generaban optimismo y pesimismo a la vez, uno de ellos fue el plebiscito del 2 de octubre de 2016 para refrendar los acuerdos y ganó el No. ¿Cómo vivió ese día?

MM: El día del plebiscito fue un día, para mí, de nunca olvidar. Semanas antes yo había estado en la Décima Conferencia de las Farc en los Llanos del Yarí (máximo espacio decisorio de las Farc). Y de allí fui a Cartagena, de donde es mi familia, y me di cuenta que iban a votar por el No. Dios mío, yo me sentí en una burbuja en los Llanos del Yarí. Mientras tanto, la oposición y Álvaro Uribe llenaban plazas con unos discursos muy duros en contra del acuerdo, de la impunidad. Y cuando realmente comencé a poner atención, ese día no me sorprendí porque ya llevaba esa última semana viendo y leyendo lo que estaba pasando.

Recuerdo que alguien que trabaja en la Registraduría me dijo, como a las 12 del día, que no había votado casi nadie en varias zonas del país donde se suponía apoyaban el acuerdo de paz, entonces me fui al hotel Tequendama porque el presidente Santos iba a ir allí, y cuando dieron como el tercer resultado y dijeron que va ganando el No, pensé, esto no va a tener reversa, me fui de inmediato a la calle y vi mucha gente celebrando.

VA: ¿Y dolió?

MM: Claro, claro, yo comencé a preguntarme ¿y ahora qué va a pasar? Y, además, yo sabía que las unidades guerrilleras ya estaban en movimiento a los sitios de concentración. Dios mío, pensaba yo, va a haber una matazón.

VA: ¿Qué impacto tuvo el triunfo del No en el desarrollo del documental?

MM: En términos de mi narrativa yo pensaba terminar con el plebiscito, era lo evidente, y pensaba que lo que vendría sería la implementación, pero con ese resultado yo dije que ese resultado marca es una paz más chiquita, sin sueños, una paz sin transformación. Le quitaron a la paz todo el brillo. Y no sabemos qué va a pasar con la implementación. El presidente Iván Duque lleva 100 días y no es muy claro cómo va a ser eso. (Leer más en: Implementación del Acuerdo de Paz aún tiene oxígeno)

VA: En un trabajo de largo aliento como este documental y con un tema tan complejo, es normal que en el equipo de trabajo se presentaran contradicciones. ¿Cómo se resolvieron?

MM: En La Habana, cuando yo veía que nadie me hablaba, llevaba un director de fotografía español, magnifico, amigo increíble, pero dije, no puedo llevar a alguien en un viaje en el que estoy cinco días y sólo me hablan uno, no puedo pagar esto; entonces contraté a un equipo cubano, que son maravillosos. Digamos que fue segmentado el tema de la producción.

Pero en el tema de la edición teníamos una gran cantidad de contradicciones sobre qué queríamos mostrar. Había una enorme dificultad de escoger ese material. Era la angustia de escoger y tratar de mostrar esta historia tan compleja, con tantos actores y tanto material.

VA: La manera cómo se desarrolló este documental fue desde dentro, lo que le dio acceso a más información que la que tenían aquellos periodistas que estaban totalmente por fuera. Bajo una mirada comparada, ¿se equivocaron los periodistas en la cobertura del proceso?

MM: Yo no diría que estuvieron equivocados en la cobertura, pero cada rato pasaba que en la mesa se estaban discutiendo unas cosas y aquí en Colombia se estaban hablando de otras. Había como una esquizofrenia, pensaba yo, pero el gobierno y las Farc nunca la pudieron resolver, y era porque está esa contradicción de unas conversaciones tan confidenciales y delicadas, que ellos querían que se hiciera con hermetismo, pero al mismo tiempo la oposición, los escépticos, empiezan a llenar de supuesta información sobre lo que estaba pasando en La Habana.

Uno de los aprendizajes de este proceso es que las comunicaciones fueron muy malas y en la mesa nunca encontraron la manera de resolver el tema entre la confidencialidad y dar información de una manera eficiente. Era una cosa difícil de hacer. Las comunicaciones de este proceso de paz nunca lograron contrarrestar los miedos, rumores y mentiras que dijo la oposición.

VA: En todo este proceso de trabajo de seis años, ¿se sintieron en riesgo o que estaban siendo vigilados?

MM: Todo el tiempo sentí que mis comunicaciones estaban vigiladas. Pero aquí en Colombia es como el día a día. Lo probé cuando quise enviar unos e-mail y no le llegaban al destinatario y estábamos casi juntos.

VA: ¿Por qué el documental sale dos años después? ¿Por qué no salió para el primer año del Acuerdo de Paz?

MM: Yo esperé a que se supiera quién iba a ganar la Presidencia y también quería saber cómo estaba pintando la implementación. Además, porque me costó mucho trabajo la edición. Y no es que haya mucha distancia en los dos años, no está caliente, pero tampoco está tan frío. En caliente no te da ninguna distancia. Y la idea es que este trabajo fuera para la historia, no para la coyuntura.

VA: ¿Qué organizaciones financiaron este documental?

MM: Casi todos los recursos los conseguí afuera, pero en el país hubo dos organizaciones que más que con plata, me ayudaron con su apoyo, presentándome gente, buscarme financiadores, que fueron el Centro Internacional para la Justicia Transicional, con Camila Moreno, y la Fundación Ideas para la Paz, con María Victoria Llorente. Ambas fueron unas aliadas increíbles en ayudarme a mantenerme. Y, de hecho, varias de las organizaciones que me dieron plata, las encontré a través de ellas.

VA: Luego del lanzamiento, ¿qué camino seguirán La Negociación y su directora?

MM: Aspiro a ir a muchos lugares, a muchas regiones, a muchos municipios, a muchas universidades, a muchos colegios, para mostrarla y que sea un instrumento de conservación de la memoria, que invite al diálogo y a la reflexión.

VA: Para terminar ¿por qué los colombianos tenemos que ver La Negociación?

MM: Todo aquel al que le interese la política debería ver este documental porque es una mirada interna de un proceso largo de seis años, de un proceso político que marca el presente. Además, todo el que quiera opinar sobre guerra y paz, tiene que verlo, para tener mejor criterio.

The post “Inaceptable que el documental no haya salido y ya lo estén descalificando”: Margarita Martínez appeared first on VerdadAbierta.com.

Tras nueve meses de estudio, la Corte Constitucional anunció en la noche del pasado jueves su decisión de declarar constitucional la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que desarrolla el Acto Legislativo 01 de 2016, que introduce en la Constitución Política el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición pactado con la extinta guerrilla de las Farc.

En una sentencia de 822 páginas, que aún no es pública, la Corte hizo precisiones en 47 de los 162 artículos que contiene la norma, algunos de los cuales generaron álgidas discusiones durante su trámite en el Congreso. Uno de los temas en los que la Corte hizo cambios sustanciales es en el de juzgamiento de delitos sexuales y reclutamiento forzado contra menores de edad, frente a los que se pronunció sobre la competencia de la JEP y la concesión de beneficios.

Para el caso de los delitos sexuales, la Corte eliminó el artículo 146, impulsado en el legislativo por la senadora Maritza Martínez, del Partido de La U. Allí estaba contemplado que quienes cometieron ese tipo de crímenes contra menores en desarrollo de la guerra no podían recibir sanciones propias o alternativas por parte de la JEP, sino que debían ser castigados con las penas del Código Penal; es decir, de la justicia ordinaria. El artículo también contemplaba que los excombatientes responsables de esos crímenes no podían acceder a “ninguna clase de beneficios o subrogados penales, judiciales y/o administrativos”.

Al respecto, la Corte señaló que el Congreso no podía establecer sanciones distintas a las contempladas en el artículo 13 del Acto Legislativo 01 de 2017. En ese artículo, declarado exequible por la Corte, el Congreso decidió que la JEP podía establecer las sanciones propias, alternativas y ordinarias contempladas en el Acuerdo de Paz, siempre en “relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad” de los comparecientes y con la finalidad de “satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz”.

De ahí que, para el magistrado Antonio José Lizarazo, ponente de la sentencia, “el Congreso carecía de competencia para imponer nuevas sanciones, distintas a las que ya el Acto Legislativo estableció que se pueden imponer dentro de la JEP”.

En su momento, la decisión que tomó el Congreso recibió el respaldo de un sector de la opinión pública que considera que los delitos sexuales contra menores de edad deben ser castigados con las más altas penas. No obstante, varias organizaciones de juristas y defensores de derechos humanos advirtieron que la imposición de sanciones drásticas desestimularía a los perpetradores para efectuar reconocimientos tempranos de responsabilidad y contar la verdad, lo cual iría en detrimento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. (Leer más en: El debate por la verdad sobre violencia sexual en las Farc)

El segundo tema que involucra a menores de edad y sobre el cual se pronunció la Corte es el del reclutamiento forzado. Tal como salió del Congreso, la Ley Estatutaria restringía la concesión de algunos tratamientos penales especiales a excombatientes de las Farc y agentes estatales responsables de reclutamiento de menores “conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma”.

En dicho estatuto se considera como un crimen de guerra “reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades”, contrario a lo contemplado en el Código Penal Colombiano, en el que el delito de “reclutamiento ilícito” abarca el reclutamiento de menores de 18 años.

Al respecto, la Ley Estatutaria contemplaba que la JEP no podía conceder indultos, renuncias a la persecución penal o libertades transitorias, condicionadas y anticipadas para agentes del Estado cuya privación de la libertad sea menor a cinco años por casos de reclutamiento de menores de 15 años. Contrario a ello, la Corte Constitucional decidió que esa disposición debía condicionarse, en consonancia con la sentencia de constitucionalidad de la Ley de Amnistía.

Por ello, el alto tribunal decidió que esos beneficios tampoco podían concederse a los responsables de reclutar jóvenes mayores de 15 y menores de 18 años después del 25 de junio de 2005, fecha en que entró en vigor en Colombia el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados”, que establece en el ámbito internacional la edad mínima para la vinculación en 18 años.

En su informe “Vinculación y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de las desmovilizadas Farc-Ep”, entregado en julio pasado a JEP, la Fiscalía General señaló que investiga a 5.043 exintegrantes de la desaparecida organización insurgente por el presunto reclutamiento forzado de 5.252 niños, niñas y adolescentes, quienes habrían sido mayormente ingresados a filas en los departamentos de Meta (23%), Antioquia (11%), Guaviare (11%) y Putumayo (9%).

De acuerdo con la Fiscalía, 3.350 de las víctimas fueron hombres y 1.790, mujeres. La entidad señaló que “aunque tuvieron un porcentaje menor de victimización, estas (últimas) sufrieron delitos graves contra la libertad y formación sexual”. (Leer más en: Proceso de reincorporación de menores de edad excombatientes, bajo total hermetismo)

Otras modificaciones

Tal como habían advertido varias organizaciones sociales, de víctimas y defensoras de derechos humanos, la Corte declaró inconstitucionales todas las nuevas prohibiciones que el Congreso introdujo en la Ley Estatutaria para ejercer el cargo de magistrado del tribunal y de las secciones que componen la JEP.

Esas inhabilidades, introducidas por iniciativa del partido Cambio Radical en cabeza del senador Germán Varón Cotrino, habían sido duramente cuestionadas por múltiples organizaciones de juristas, que las señalaron como violatorias de los derechos a la igualdad, al acceso a cargos públicos y al debido proceso. (Leer más en: Implementación de la JEP: persiste la deuda con las víctimas)

Las prohibiciones estaban relacionadas con el hecho de haber representado a víctimas del conflicto armado en procesos penales o administrativos y haber litigado en contra del Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos, al Derecho Internacional Humanitario o al Derecho Penal Internacional, en la jurisdicciones nacional e internacional, todo ello dentro de los cinco años anteriores a la posesión.

La Corte también declaró inconstitucionales las cinco nuevas causales de impedimento y recusación para los magistrados que había incluido el Congreso en la Ley Estatutaria. Entre ellas se encontraban haber tenido vínculos en procesos judiciales anteriores con alguno de los sujetos procesales, denunciado penal o disciplinariamente a los procesados o sus abogados o emitido conceptos “fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso”.

Asimismo, y tal como decidió para el caso del sistema de justicia transicional de Justicia y Paz, la Corte Constitucional determinó que la JEP no podrá ordenarle al Estado reparaciones simbólicas cuando “haya omitido procedimientos efectivos para prevenir la conducta sancionable”. Asimismo, le impidió tomar decisiones tendientes a otorgar “garantías de no repetición” para casos en los que estuvieran involucrados el Estado u otras “organizaciones”.

El alto tribunal también declaró inconstitucional el parágrafo del artículo 91 de la Ley Estatutaria, según el cual una vez culminadas definitivamente sus funciones la JEP podría revivir todos los procedimientos de su competencia en caso de que se llegaran a proferir nuevas providencias judiciales, administrativas o disciplinarias por hechos relacionados con el conflicto armado.

Con esta decisión solo resta que la Corte se pronuncie sobre la demanda de inconstitucionalidad que presentaron varios juristas contra la Ley de Procedimiento de la JEP para que la jurisdicción cuente con todas las normas necesarias para funcionar. Dicha demanda pide declarar inexequible la decisión del Congreso de suspender el juzgamiento de militares y policías hasta tanto no se cree un “procedimiento especial y diferenciado” para ellos, determinación que fue incluida por iniciativa del Centro Democrático y que ha sido duramente cuestionada por las víctimas de agentes del Estado. (Leer más en: En medio de incertidumbre, expediente contra general Torres llega a la JEP)

The post Menores de edad, tema clave en decisión de la Corte sobre la JEP appeared first on VerdadAbierta.com.

“Hemos venido para ratificar la decisión y la voluntad del Estado para proteger el acuerdo de paz, para proteger su implementación y para proteger a quienes trabajan en la construcción de la paz”, declaró en Popayán el presidente de la República, Juan Manuel Santos, el 23 de febrero del año pasado al final de la instalación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), una instancia acordada con las Farc en La Habana.

En este grupo de trabajo confluyen representantes de los ministerios del Interior, Defensa y Justicia, así como de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, expertos en el tema de la sociedad civil y voceros de las plataformas de derechos humanos.

La tarea de esta Comisión, cuyos aspectos esenciales quedaron consignados en el Acuerdo de Paz firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016, es de gran calado: “tendrá como objeto el diseño y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas de que trata este acuerdo que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.

Pero la realidad superó lo consignado en el papel. Desde la rúbrica del Acuerdo hasta mediados de este año han sido asesinados poco más de 300 líderes, lideresas y autoridades étnicas por razones de su trabajo, compromiso comunitario y defensa de lo pactado en La Habana. De hecho, en 2018 los ataques se han incrementado dramáticamente.

Para conocer detalles de cómo ha funcionado esta Comisión y su futuro, VerdadAbierta.com dialogó con Vilma Liliana Franco, socióloga experta de la sociedad civil en esta instancia, autora del libro Orden Contrainsurgente y Dominación (Siglo del Hombre Editores, 2009), entre otras publicaciones académicas, quien esboza una postura crítica de una labor que ya ajusta 17 meses desde su creación.

VerdadAbierta (VA): Ante un nuevo gobierno que se ha mostrado resistente al Acuerdo con las Farc, ¿qué futuro tiene la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS)?

Vilma Liliana Franco (VLF): No dispongo de elementos para hacer previsiones al respecto, pero quienes hemos hecho parte de la Comisión en calidad de expertos de sociedad civil o delegados de plataformas de derechos humanos consideramos importante que el nuevo gobierno, así como cada una de las instituciones estatales que en ella toman asiento, conserven esta instancia y tengan la voluntad política de desarrollar cada una de las funciones. La Comisión debe pasar al diseño efectivo y evaluable de una política pública integral para el desmantelamiento de lo que el Acuerdo de Paz con las Farc nombró como “organizaciones derivadas del paramilitarismo” y las conductas criminales que atenten contra defensores derechos humanos, movimientos sociales y políticos.

VA: ¿Para qué una instancia de esas para el diseño de una política de desmantelamiento si existe una institucionalidad que puede ocuparse de ello?

VLF: En efecto, existen instancias como el Consejo Superior de Política Criminal que asesora al gobierno nacional en la implementación de la política criminal en general y el Consejo de Seguridad Nacional. La Comisión es una instancia igualmente colegiada, pero con una composición distinta y una función muy específica, la cual debe ser entendida como una herramienta especial para un contexto de transición y construcción de la paz. Ahora bien, es necesario la coordinación entre estas instancias entorno al objeto específico de la Comisión. El Fiscal General y el Ministro de Justicia pueden facilitar el diálogo y coordinación con el Consejo Superior; asimismo, el Presidente de la República y Ministro de Defensa pueden hacer lo mismo respecto al Consejo de Seguridad. No se trata de duplicación de funciones, sino del fortalecimiento de la articulación interagencial para la superación de un fenómeno que no es solo de naturaleza criminal y que, por su persistencia, requiere replanteamientos profundos en la acción del Estado.

VA: ¿Y qué pasos debe dar la Comisión para que se llegue a un diseño efectivo y evaluable de una política pública integral para el desmantelamiento de lo que el Acuerdo con las Farc nombró como “organizaciones derivadas del paramilitarismo”?

VLF: Cuatro mínimos. Lo primero es una revisión de la caracterización del fenómeno a partir de un diálogo de las distintas entidades del Estado y organismos académicos y sociales que tienen aproximaciones distintas.

En ese análisis es importante, aunque insuficiente, la identificación de un una tipología organizativa y formas de operación. En este campo aún es preciso tener en cuenta que un grupo armado no se define solo por el número de ataques y víctimas o tipo de armas, pues hoy no estamos frente a jerarquías estándar tipo Accu (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá), sino jerarquías regionales en las que una organización como las Agc (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) opera de una manera en zonas rurales como en Chocó y de otra en zonas urbanas como Medellín donde subordina otras organizaciones criminales.

En el plano organizativo, es necesario analizar también su composición poblacional (por ejemplo, origen y lugar de operación, antecedentes organizativos, etc.); qué factores socioeconómicos, culturales e institucionales favorecen su formación y persistencia; cómo se articulan internacionalmente; cuál es el impacto de su acción en las poblaciones en términos de todo el conjunto de derechos fundamentales y acciones colectivas. Como no se trata un fenómeno homogéneo espacial y temporalmente, también es preciso tener en cuenta las transformaciones en el tiempo a partir de todas sus interacciones estratégicas, así como las diferencias territoriales, pues las conflictividades en las que se insertan y los agentes con los cuales se articulan difieren de Tumaco a Catatumbo.

Lo segundo es hacer un balance en términos de lecciones aprendidas de cada una de las estrategias y operaciones implementadas, por ejemplo la estrategia anticorrupción y la operación Agamenón, entre otras. Tercero, formular una estrategia comprensiva con acciones de largo, mediano y largo plazo de tipo preventivo, reactivo y restaurativo. Y cuarto, disponer de un sistema de seguimiento y evaluación cuyos indicadores sean de impacto.

VA: ¿Por qué es importante este último aspecto?

VLF: Se pueden desplegar múltiples acciones y recursos, pero sin impactos sustanciales y sostenibles. Esto tiene como agravante que los indicadores de la acción institucional suelen enmascarar la ineficacia de la política. Por ejemplo, pierden relevancia resultados operacionales como el número de lo que eufemísticamente se denominan “neutralizaciones” por muerte o judicialización, si no se modifican las condiciones de reclutamiento o se afecta el mercado legal e ilegal de armas. La reducción de la tasa de homicidios es igualmente un indicador de seguridad insuficiente si se tiene en cuenta que el tránsito de zonas de disputa a zonas de dominio de un grupo armado supone una economía de la violencia letal y el despliegue de otras acciones que son violatorias de las libertades civiles.

Reforzar estrategias

VA: Ya existen políticas orientadas al desmantelamiento de organizaciones criminales, ¿qué más es necesario?

VLF: Existe un conjunto de disposiciones normativas y planes de acción que recaen sobre las organizaciones y conductas criminales objeto de la Comisión. Algunas son de vieja data y otras de reciente formulación. Por ejemplo, la Directiva 15 del Ministerio de Defensa emitida en abril de 2016 hizo una nueva caracterización de las organizaciones criminales que distingue entre grupos armados organizados y grupos delictivos organizados). Con ello se replantearon varias disposiciones del Consejo de Seguridad Nacional a partir de la preocupación por un marco normativo aplicable que no generara problemas de seguridad jurídica para los miembros de fuerza pública. Es decir, una preocupación referida a medios y no a fines.

Sin embargo, pareciera que ni las estrategias definidas por el Consejo de Seguridad Nacional en 2011 (en materia de caracterización, información, coordinación interinstitucional y judicialización, anticorrupción, seguridad territorial y consolidación, fuentes de financiamiento y prevención) ni las estrategias recientes del Ministerio de Defensa han logrado reducir o desactivar el fenómeno criminal. El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, la MAPP/OEA y diferentes organizaciones no gubernamentales han documentado la existencia de múltiples organizaciones armadas ilegales, y demostrado que son muchos los territorios y poblaciones afectados por su acción. Esto evidencia la necesidad de un replanteamiento profundo de la política aplicada hasta el momento. No se pueden esperar cambios mientras se continúen aplicando las mismas fórmulas.

VA: ¿Y qué puede estar ocurriendo para que esas estrategias no incidan en la reducción o desactivación de las organizaciones criminales?

VLF: Un punto crítico ha sido la caracterización de ese fenómeno que el Acuerdo con las Farc designa escrupulosamente como “organizaciones criminales derivadas del paramilitarismo”. Generalmente, la discusión queda trabada en el plano de las denominaciones: organizaciones criminales o paramilitarismo. A una le subyace como presunción que se trata de crimen organizado con fines de codicia y articulado fundamentalmente a economías ilegales (narcotráfico y minería ilegal); la otra presume que la naturaleza de dichas organizaciones es política. El problema para una es la ilegalidad y para la otra la violación de los derechos civiles y políticos. Es difícil alcanzar consensos sobre la forma de nombrar, pero es necesaria una caracterización del fenómeno en su integralidad y desde una perspectiva histórica para poder aproximarse a la realización del principio de no repetición.

VA: El Acuerdo de Paz con las Farc ya contiene una designación del fenómeno, por tanto, hay consenso. Ahora usted dice que “es difícil alcanzar consensos sobre la forma de nombrar”. ¿No está incurriendo en una contradicción?

VLF: La locución “organizaciones criminales derivadas del paramilitarismo” establece al mismo tiempo una la relación y una distinción entre dos fenómenos organizativos. El vocablo “derivado” nos está hablando del paramilitarismo como un fenómeno de un tiempo pasado, que ya no es. Bajo esa perspectiva, uno puede concluir que la Comisión no fue pensada para el desmantelamiento del paramilitarismo, sino de un fenómeno de distinta naturaleza. Es decir, su punto de partida es la negación del fenómeno que ciertos sectores sociales y políticos esperan que se desactive como garantía para el ejercicio de la política. De hecho, la postura predominante en la institucionalidad es que hoy no existe paramilitarismo (solo organizaciones criminales con fines de lucro) e incluso algunos sectores en ella consideran, contrario a lo esclarecido en Justicia y Paz, que tampoco lo hubo en el pasado.

Ahora bien, esto tiene una razón de ser que, creo, va más allá de la negación de responsabilidades políticas y criminales. Hablar del fenómeno propiamente paramilitar significa que uno de los principales campos de intervención deben ser las condiciones político-institucionales que han favorecido la descentralización del monopolio de la fuerza para mantener cierto orden. Sería nodal revisar cómo ha sido reorganizado el “monopolio” de la fuerza en los continuum legalidad e ilegalidad, público y privado, y economía y política. Por eso, esta postura ha negado la necesidad de revisar, como parte de la construcción de la paz, los manuales o reglamentos de combate que han orientado la acción de las Fuerzas Armada.

VA: ¿Cómo se deben caracterizar entonces las “organizaciones criminales derivadas del paramilitarismo”?

VLF: Más que un juicio ligero sobre un asunto tan complejo, me parece conveniente tener en cuenta varios aspectos en un ejercicio de caracterización de las organizaciones criminales actuales.

Primero, se pueden distinguir fases del conflicto y transformaciones organizativas, pero es importante reconocer que la violencia de dichas agrupaciones es experimentada por las poblaciones como una continuidad debido a sus agentes o a sus repertorios. Segundo, reconocer los legados o impactos de la estrategia de terror desarrollada por las Auc (Autodefensas Unidas de Colombia), tanto en el comportamiento y subjetividades de las poblaciones como en la definición de la intensidad y formas adquiridas por la violencia en la última fase del conflicto. Tercero, entre legalidad e ilegalidad no existe una relación de oposición sino una fina complementariedad que exige problematizar algunos asuntos dentro de la primera. Cuarto, la imbricación entre lógicas de acumulación y de guerra contrainsurgente en los fenómenos de despojo y abandono forzado en muchas regiones ha evidenciado que la relación entre economía y política no es de exclusión. Quinto, la noción del enemigo interno y la concepción de orden orientaron la acción hasta 2006 hacen parte de una mentalidad, son parte del patrimonio común tanto de las instituciones como de la sociedad en su conjunto.

VA: Las organizaciones derivadas del paramilitarismo están dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas. ¿No están equivocados aquellos que denuncian la existencia del paramilitarismo como un fenómeno con dimensión política?

VLF: Lo político no se define por la existencia de un discurso ideológico esgrimido por un orador o contenido en documentos. Es importante considerar tanto el discurso como las acciones, pero no solo en clave de sus fines, sino de sus efectos. Por ejemplo, lo que hoy es específicamente político en “organizaciones criminales derivadas del paramilitarismo” es el control de las poblaciones mediante el desarrollo de dispositivos de vigilancia (permanente y exhaustiva) e información que garantizan el funcionamiento de economías ilícitas, pero que tienen efectos de poder porque constituyen una forma de coacción permanente, un constreñimiento profundo de las libertades civiles y políticas.

Desde mi perspectiva, esos dispositivos son como una “mirada sin rostro” que se orienta por la sospecha y registra conductas, se apoya en la incorporación de población local, disolviendo relaciones vecinales de solidaridad y confianza, y tiene como efecto un disciplinamiento que acostumbra al orden y a la obediencia. Es aquí donde reside la dimensión política de esta violencia que parece movida sólo por la codicia. La violación del derecho a la vida y a la propiedad son las cosas que más se lamentan en esta sociedad; pero, hay formas de coerción y coacción que son muy lesivas para una sociedad que se reivindica democrática.

VA: Dada la dificultad de nombrar un fenómeno armado ilegal como el que padecemos los colombianos, ¿es viable entonces decir, como afirman ciertos sectores, que a los líderes sociales los están matando “los paramilitares”?

VLF: Un porcentaje importante ha sido asesinado por eso que se denominan organizaciones criminales derivadas del paramilitarismo y lo que el Ministerio de Defensa denomina grupos delictivos organizados u organizaciones tipo C en términos de la Fiscalía. Otro porcentaje importante es atribuido a particulares. Sin embargo, es necesario que las autoridades competentes puedan esclarecer las autorías intelectuales y analizar quienes se han servido del sicariato, el cual ha sido un modo de operación frecuente.

Hay gente, funcionarios del alto gobierno, incluso, que desvirtúan los crímenes contra líderes sociales afirmando que en algunos casos no son líderes o estaban involucrados de manera directa o indirecta en actividades ilegales. ¿Qué opina al respecto?

Es reprochable que el afán por desvirtuar la hipótesis de la sistematicidad conduzca a algunos funcionarios a prejudicializar y desestimar la gravedad de lo que ocurre. Por responsabilidad política y ética, estos no pueden hacer justificación velada de los crímenes mediante la descalificación de la calidad de las víctimas o el señalamiento de sus antecedentes judiciales o vínculos familiares. Algunos pronunciamientos permiten inferir que hay vidas que no cuentan y casos en los que se puede matar sin incurrir en el delito de homicidio. Lamentable, no solo porque evidencia que hemos perdimos la capacidad de llorar la muerte, sino porque en un Estado de Derecho quienes han cometido delitos también tienen derechos y es una obligación irrenunciable del Estado la protección de la vida de todos sus ciudadanos, sin distinción.

VA: ¿Eso significa que los crímenes son sistemáticos?

VLF: Algunas autoridades dicen que no hay sistematicidad, pero preciso tener en cuenta que esta no se define solo en relación con la existencia de un plan, sino que también se refiere a una práctica tolerada, a la inactividad del Estado. Es decir, una política no se manifiesta solo por acción sino también por omisión, por un dejar hacer que debe ser deliberado.

Ahora bien, el proceso de esclarecimiento de estos crímenes, mácula e impronta de esta democracia, ha permitido identificar una población objeto de ataque con unos perfiles más afectados, zonas de mayor ocurrencia y perfil de victimarios. Pero, es necesario no olvidar que el incremento de la violencia selectiva contra liderazgos sociales y políticos cuando se vislumbran periodos de democratización ha sido un patrón histórico. Por eso, la investigación penal debe estar basada en análisis de contextos de todo el universo de casos denunciado, es decir no solo los registrados por Naciones Unidas, también los de Defensoría del Pueblo.

No es suficiente entonces con establecer la calidad de la víctima y el perpetrador material, también es necesario comparar modos de operación y los espacios de ocurrencia, analizar frecuencias temporales, identificar autorías intelectuales, establecer la trayectoria de las armas y la conexidad de los hechos con los conflictos regionales, triangular la información a nivel nacional, identificar y contrastar otras formas de violencia contra ese grupo poblacional, valorar el impacto en las dinámicas de acción colectiva  y, un aspecto muy importante pero soslayado, establecer las responsabilidades por omisión de agentes del Estado.

VA: Cuando habla de omisión, ¿se refiere a connivencia?

VLF: Una de las transformaciones más importantes que experimentó la fuerza pública durante la política de seguridad democrática y el tiempo de la guerra fue el aumento de su tamaño. De acuerdo con el Banco Mundial, en 2015 este ascendió 481.100 unidades. Esto significa que la tasa por cada 1000 habitantes es de 9.98, levemente superada por la Federación de Rusia que es de 10.34 y ocupa el lugar 22 en el ranking mundial; asimismo, en términos de cobertura territorial la proporción es de un hombre en arma por cada 2.37 km² respecto a 11,47 km² en el caso ruso o 11,65 km² de Brasil. La pregunta entonces es por qué en nuestro caso, después del cese de las hostilidades y el desarme de la principal guerrilla, ese tamaño aún es insuficiente para garantizar la seguridad de los colombianos.

El futuro

VA: ¿Qué desafíos tendría la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad?

VLF: De cara tanto al desmantelamiento de las organizaciones criminales como de las conductas, es necesario reconocer que las medidas de orden militar, policial y judicial tienen un alcance limitado. Bajo una concepción de seguridad humana, el Estado tiene una responsabilidad de protección que implica el deber de  prevenir, reaccionar, con medidas coercitivas, y reconstruir. Bajo esa perspectiva, la reacción no solo no es la única acción, sino que debe ser el último recurso. El desafío está entonces en el plano de la prevención que supone transformar o limitar las condiciones propiciatorias de producción la violencia, no solo la homicida, tanto en la política como en la economía, intervenir en los factores estructurales y desencadenantes. De ahí, la importancia de la articulación interagencial y de entender que la seguridad no se resuelve en lo estrictamente militar y judicial.

El gobierno ha desarrollado una serie de disposiciones en materia de prevención, pero la acción institucional no es integral y por tanto el impacto de la acción de la fuerza pública no puede ser sostenible. Esto guarda una relación estrecha con una concepción de seguridad que debe ser modificada. ¿En qué sentido? La seguridad como protección de la población, de su vida y dignidad de una manera que realce las libertades fundamentales.

VA: Pero, ¿ya no hay una amplia gama de medidas en materia de prevención?

VLF: Sí, las disposiciones normativas son amplias, pero algunas tienen problemas de implementación. Por ejemplo, el Sistema de Alertas Tempranas para la reacción rápida que fue objeto de reforma enfrenta varias dificultades estructurales. Asociado al mecanismo político de selección del Defensor, la vinculación de nuevos funcionarios para fortalecer el SAT, según denuncias de Sindhep, uno de los sindicatos de la Defensoría, no se está haciendo por mérito, sino bajo la lógica del clientelismo. Esto, de ser cierto, es preocupante porque no solo debilita técnicamente el sistema, sino que socava la autoridad de dicha institución ante las demás entidades del Estado. Al parecer, la veracidad de los informes el Ministerio Público sigue siendo puesta en cuestión por una instancia que funciona bajo el viejo modelo, por esos las alertas suelen ser desatendidas por las distintas autoridades concernidas, sin ninguna consecuencia disciplinaria.

Otras medidas de prevención como las disposiciones en materia de la lucha contra la estigmatización son insuficientes y no se comprende su relación con la seguridad. En este campo es urgente la construcción de una política estatal contra los discursos del odio y la estigmatización, teniendo como referente la recomendación de política general número 15 adoptada en diciembre de 2015 por la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa. Sin perder de vista la protección de las libertades individuales y las garantías al derecho a la oposición política, esto implica modificaciones en la ley de medios y la regulación de las redes sociales para dificultar la circulación de discursos de odio; transformaciones curriculares orientadas a la deconstrucción de viejos imaginarios sobre otredades negativas y la promoción del pluralismo político, entre otros. Esto es particularmente relevante porque no se pueden seguir reproduciendo las condiciones subjetivas de legitimización del exterminio de sectores sociales por razones políticas u otras.

Asimismo, la protección del derecho a la vida pasa también por una política de juventud fuerte como mecanismo de prevención del reclutamiento por parte de grupos armados. También exige una discusión pública sobre la distribución de las armas legales en el país (más del 50 por ciento de las cuales está en manos de particulares, según estudio de Unodc) y el mercado tanto ilegal como legal de armas. Esto último debería conducir a la formulación de una política efectiva del control de armas que comprenda el diseño de un sistema preciso de registro y control, medidas anticorrupción, planes de desarme, entre otros.

VA: ¿El éxito de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad depende de algún factor en particular?

VLF: En primer lugar, el desempeño de la comisión debe evaluarse en términos del número de políticas formuladas e implementadas para el desmantelamiento de un tipo de organizaciones y conductas, así como para la transformación de las condiciones que en el pasado favorecieron el paramilitarismo (para que el uso del vocablo no sea en vano). Eso exige que el sistema de garantías de seguridad previsto en el Acuerdo funcione como tal. Sin embargo, las modificaciones que sufrieron la Unidad Especial de Investigación y la Jurisdicción Especial de Paz en relación con el juzgamiento de los terceros, así como los problemas de implementación en los otros componentes constituyen una limitante  para el logro de ese objetivo.

Pese a lo evidenciado en el marco del proceso de Justicia y Paz, quienes fungieron como auspiciadores y colaboradores del paramilitarismo hasta 2006, quienes en condición de civiles fueron determinadores de la violencia paramilitar así como beneficiarios económicos de ésta no han sido ni serán llamados por el aparato judicial. Si los centros de poder que agenciaron y permitieron la expansión de las Auc no son objeto de alguna sanción, que podría ser restaurativa, pues la cárcel es una institución infame, y si la riqueza usurpada por mercenarios y beneficiarios no es efectivamente restituida, entonces puede decirse que las garantías de no repetición del paramilitarismo no están dadas. No hay que olvidar que el paramilitarismo ha sido un factor de reorganización económica de territorios, es decir, la violencia ha sido usada en la política, pero también en la economía.

The post Balance agridulce de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad appeared first on VerdadAbierta.com.

Ilustración: Flip.“El actuar de algunas entidades del Estado, las Farc y actores claves dentro del proceso de paz sugiere que hay un interés de evitar que los medios hagan un cubrimiento que pueda derivar en críticas de temas que son de alto interés público”, señala el informe sobre el estado de la libertad de prensa en 2016 de la FLIP. (Vea aquí el informe)

De acuerdo con el documento, varios periodistas se encontraron con restricciones para grabar escenas, acceder a zonas o eventos de interés público del proceso de paz. De hecho, se documentaron ocho casos de agresiones contra reporteros por parte de miembros de las Farc, del gobierno nacional y de bandas criminales, la mayoría cuando intentaban cubrir los eventos de pedagogía que se hizo en las filas de la guerrilla.

“Algunos de los hechos registrados muestran que es menos problemático tener medios de comunicación pasivos y a la espera de la información que le suministren las diferentes instancias con competencia dentro del acuerdo de paz”, indica la FLIP. Esto, sin duda, va en contravía de los intereses de los ciudadanos que esperan un cubrimiento integral de este proceso.

Malos precedentes

El informe se refiere a tres aspectos o decisiones específicas que se tomaron en pleno proceso de paz que afectan la libertad de prensa.

La discusión más vigente tiene que ver con cómo se va a garantizar el cubrimiento periodístico en las 29 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y siete Puntos Transitorios de Normalización (PNT), espacios donde los miembros de las Farc dejarán las armas y harán tránsito a la vida civil. Para la Flip no es claro que la prensa tendrá plenas garantías para cubrir el desarme de la guerrilla.

Esto porque cada una de las zonas cuenta con un espacio delimitado conocido con nombre del campamento, donde sólo tendrán acceso los miembros de las Farc con armas y los observadores internacionales, es decir, que allí no pueden ingresar la población civil ni los medios de comunicación. Dentro de cada zona existirá un centro de atención previsto para atender la prensa, pero fuera del campamento.

La FLIP recomienda que se establezca un protocolo claro que determine las condiciones para ejercer el oficio periodístico en la zona campamentaria para evitar futuros incidentes.

El informe también se refiere a irregularidades en la ley que reglamentó el plebiscito del 2 de octubre, específicamente, a las facultades que se le entregó al Presidente de la República para publicitar y difundir durante cinco minutos gratuitos el acuerdo de paz en televisión y en radio. “El principal problema con esta norma era que, sin los controles adecuados, podría presentarse una imposición de contenidos a los medios de comunicación por parte del gobierno nacional”, dice el documento.

Sinembargo, ante las preocupaciones que presentó la FLIP, la Corte Constitucional señaló que el gobierno nacional debía ceñirse condiciones de objetividad e imparcialidad.

Ilustración: Flip.

Por otra parte, la Fundación asegura que el Consejo Nacional Electoral (CNE) abusó de sus competencias, cuando publicó la Resolución 1733 de 2016 en la que estableció que los medios debían presentar un equilibrio informativo e imparcial sobre las campañas del Sí y de No. Por esta razón los medios debían remitir un informe semanal al CNE, quien incluso podía ordenar rectificaciones.

“Esta regulación, aunque no presentó problemas en la práctica, sienta un mal precedente para la garantía de la libertad de expresión en las elecciones y el rol del organismo de vigilancia electoral como garante de la libertad de prensa”, de acuerdo con la FLIP. Esto porque, entre otras cosas, desconoce que las rectificaciones sólo pueden ser definidas por un juez y porque en algunas salas de redacción se abstuvieron de publicar encuestas por miedo de enfrentarse a una multa.

La FLIP le manda también un mensaje a las Farc, quienes en varias oportunidades han criticado públicamente a los medios de comunicación: “Las Farc deberán aprender a vivir en democracia, siendo tolerantes a la crítica y absteniéndose de dar lecciones pontificando sobre qué tipo de periodismo debe hacerse. Esto parte de evitar estigmatizaciones y dejar de señalar a los medios de comunicación cuando los contenidos que publican no son de su agrado”.

Regiones silenciadas

El informe retoma una investigación que la FLIP comenzó en 2015 llamada ‘Cartografías de la Información’. En una primera etapa el proyecto caracterizó 447 medios de comunicación, en 220 municipios de 9 departamentos y dos subregiones: Bajo Cauca, en Antioquia, y Catatumbo, en Norte de Santander.

El resultado arrojó que 2 millones 460 mil personas viven en lugares donde no existen medios de comunicación que produzcan noticias locales. “En Chocó, Bajo Cauca y Catatumbo el 50% de sus habitantes no tiene acceso a la información local. En los departamentos de Putumayo, Cauca y Caquetá ese porcentaje es del 40%”.

Además, de los 447 medios observados, 41 son emisoras de la Fuerza Pública. La militarización de la radio ha sido utilizada en las últimas dos décadas como un arma de guerra del Estado en contra de las guerrillas y otros actores armados. “En Guaviare, El Catatumbo, Vichada y Amazonas el número de estas emisoras superan o igualan al de medios comunitarios. Hay municipios como Miraflores y Calamar, en Guaviare; Caloto, Guapi y Miranda, en Cauca; Solano, en Caquetá; y El Bagre, en Bajo Cauca, donde el único medio que existe es del Ejército o de la Policía”.

Este panorama, para la FLIP, envía un mensaje claro a las zonas de conflicto en el que prima la guerra ante la información.

Aunque la implementación del acuerdo de paz permitirá hacer ajustes normativos a temas importantes como la publicidad oficial y los medios comunitarios. Para la FLIP debe resolverse el problema de manera integral “Más temprano que tarde, el déficit de liderazgo y metas del sector deberá ser compensado”.

The post Restricciones a la libertad de prensa en pleno proceso de paz appeared first on VerdadAbierta.com.

El domingo 5 de febrero la población de El Tarra despidió a los guerrilleros del Frente 33 que salían rumbo a Caño Indio. Foto: Giovanni Mejía.El pasado viernes 3 de febrero, sesenta guerrilleros del Frente 33 de las Farc se preparaban para salir de la zona de preconcentración en la vereda La Esperanza, ubicada en las agrestes montañas entre los municipios de El Tarra y San Calixto, en Norte de Santander, hacia Caño Indio, en el municipio de Tibú, lugar donde pasarán los próximos seis meses en camino hacia la vida legal.

El viaje estaba previsto para el sábado pasado, pero se retrasó porque no llegaron los vehículos que los llevarían hasta la zona veredal, donde se encontrarían con los otros guerrilleros del Frente 33 que estaban saliendo de San Isidro. Así las cosas, la comunidad tarrense y los comandantes del frente aplazaron su despedida para el día siguiente.

No obstante, el trabajo logístico no se detuvo. Hombres y mujeres organizaban sus equipos de campaña y desarmaban los cambuches en los que pasaron muchas noches bajo el frio y la lluvia, propias de la geografía del Catatumbo. “Siempre ha sido un ajetreo duro, pero llegó lo que estábamos buscando, y optimistas por el tema de la paz, con la cual estamos muy comprometidos por que es tarea de todos”, dijo ‘Arnovis’, un guerrillero con 24 años de en la organización subversiva.

Con camiones cargados de pertrechos y embarcados en vehículos, el domingo 5 de febrero iniciaron el desplazamiento desde La Esperanza hasta el casco urbano de El Tarra, conocido en la región como “el corazón del Catatumbo”. Allí, cientos de campesinos y habitantes de la región se congregaron para despedir a quienes tuvieron como sombra permanente y cuyos lazos, quisieran o no, se entrelazaron.

En medio de banderas blancas y una pancarta que decía ‘Bienvenidos a la vida civil’, los comandantes del Frente 33 dieron sus discursos. “Hoy, para El Tarra, para Norte de Santander, para Colombia entera es un momento histórico, un momento que marca un punto de partida. Nosotros los integrantes de las Farc, vamos a dar un paso gigantesco después de más de medio siglo de confrontación y vamos a dejar de ser un movimiento guerrillero armado, para convertirnos en un movimiento político”, afirmó ‘Toledo’, el segundo al mando del Frente 33 y quien ahora tiene el control de la “guerrillerada”.

Antes cientos de asistentes, el jefe insurgente fue enfático al advertir que “las Farc no nos vamos a desmovilizar; por el contrario, vamos a asumir otro reto que está planteados desde los comienzos de la fundación de nuestra organización. Agradecemos inmensamente este gesto de todos ustedes por el acompañamiento y la masiva concurrenciaes un momento que no podremos olvidar”. Tras estas palabras de despedida, los hombres y mujeres del Frente 33 continuaron su recorrido hacia Filo Gringo, donde también la comunidad los esperaba.

Los pobladores de esta región del Catatumbo también sintieron este momento como histórico, pues fueron tres décadas durante las cuales el grupo guerrillero representó a un Estado ausente en El Tarra y mediaban hasta en un mínimo problema entre vecinos; fueron años en los que la connivencia fue irremediable.

El férreo poder de las Farc en el Catatumbo

Yuleixer Torrado, líder cívico y dirigente de una naciente fundación humanitaria y medioambiental de El Tarra, recordó que desde que era niño las Farc tenían posesión de las tierras del Catatumbo: “Fue una confrontación muy dura porque quedábamos en medio de los combates entre el Estado y la guerrilla y era frecuente el amedrentamiento a los campesinos. Afortunadamente hoy estamos aún vivos para contar la historia”.

Para Torrado, “la paz del Catatumbo” significa mayor presencia del Estado con proyectos agropecuarios y acceso a la salud. Por lo menos esa es su esperanza y por eso mira este proceso con optimismo.

Quien tiene las mismas expectativas es Jesús Albernia Ruedas, miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Esperanza, quien espera que tras la salida de las Farc llegue el Estado, pero de una manera distinta a la que están acostumbrados. “La presencia del gobierno es sólo con aviones y helicópteros”, aseveró el líder comunitario.

Su queja va más allá y reclama mayor atención en el tema vial y otras necesidades comunitarias. Este líder cuenta que para acceder a la vereda donde vive hay que atravesar tres quebradas, lo que se convierte en una maniobra temeraria para los conductores que se atreven a recorrer el carreteable. “El abandono es total, no hemos sido tenido en cuenta para nada, aún tenemos los rastros de la guerra, por eso llamamos la atención para que nos arreglen las carreteras, no tenemos profesores ni restaurante escolar”, reiteró Albernia.

Esperanza insurgente

{gallery}tarra-0702-17{/gallery}

Sobre su partida al sitio de concentración, concertado con el gobierno nacional bajo los acuerdos de La Habana, los guerrilleros también expresaron sus expectativas. Del grupo que se alistaba a salir sobredalía ‘Yurani’, una curtida combatiente quien, por su trayectoria guerrerista, estuvo en la mira de las autoridades. “En el proceso revolucionario estamos viendo los cambios y esperamos qué orientaciones nos dan los mandos, seguimos en expectativa con respecto a garantías para nuestro futuro más adelante”, afirmó la mujer.

“La ‘guerrillerada’ se ve muy optimista y ya sueñan con un futuro diferente”, opinó ‘Dany’, quien ahora se atreve a decir con tranquilidad que su nombre de pila es Paola. Oriunda del corregimiento Las Mercedes, de Sardinata, y con estudios que apenas llegan a primero de primaria, dijo que quiere estudiar fotografía. Es la única que, con dificultad, maneja la sofisticada cámara fotográfica del grupo, ahí nació su pasión por las imágenes.

‘Mayerli’ también tiene su propia aspiración profesional. Al igual que su compañera Paola, esa idea le ronda desde que la nombraron la odontóloga del grupo: “Yo aprendí en diez meses, en un curso quehice en Venezuela”. Ya en la legalidad espera continuarlos y titularse.

‘Sandra’ tiene apariencia de adolescente. Es ocañera y estudió hasta noveno grado en el colegio La Salle de este municipio. Se enroló en la guerrilla en una visita que hizo a sus familiares en zona rural de San Calixto hace cuatro años, justo cuando iniciaban los diálogos en La Habana por lo que es poca su experiencia en combate. Ingresó a las Farc por una razón que para ella era suficiente para tomar las armas: “Por la mucha pobreza”. En medio de sus tareas logísticas de preparación para el viaje, también expresó uno de sus anhelos: “A mí me gustaría estudiar sistemas”.

Habla segundo al mando del Frente 33

‘Toledo’ es un hombre alto y delgado. Por ahora tiene el control de la “guerrillerada”, hasta llegar a la zona veredal de Caño Indio. Verdadabierta.com habló con él para conocer sus expectativas cuando está a un paso de concentrarse y comenzar su tránsito a la vida legal.

El guerrillero conocido como ‘Toledo’ es el segundo al mando del Frente 33 de las Farc. Foto: Giovanni Mejía.VerdadAbierta.com (VA): ¿Cómo ha sido todo este proceso en la zona del Catatumbo?

‘Toledo’ (‘T’): Hace mucho rato venimos trabajando el tema de los acuerdos que se han establecido en La Habana. Ahora, finiquitando la etapa del traslado a las zonas veredales. Ha habido dificultades, pero ya estamos próximos a concentrarnos en Caño Indio

(VA): ¿Cómo está el ánimo de los guerrilleros?

(‘T’): Con mucha moral, el personal guerrillero está comprometido con esta tarea, la sentimos como algo muy propio y obedeciendo los mandatos del Estado Mayor Central y el Estado Mayor de las Farc. El compromiso es sin condiciones, aquí llevamos una logística necesaria para continuar con los acuerdos entre las Farc y el gobierno nacional

(VA): ¿Cuál es el sentir al dejar una zona en la cual estuvieron por años?

(‘T’): Yo diría que no nos despedimos, vamos a cumplir una etapa que establece el proceso. La presencia del Frente 33 sigue, ya no como movimiento armado sino como movimiento político. Vamos a seguir trabajando con las comunidades con las que nos han acompañado todo este tiempo. La actividad política es con todos ellos.

(VA): ¿Hay aspiraciones políticas en los municipios del Catatumbo?

(‘T’): Desde luego que las hay. La agente es muy clara y el punto de participación política es claro y está desarrollado el planteamiento de las Farc. En mayo, cuando se realice el primer congreso del movimiento político, se darán las líneas generales y directrices. Considero que cumplimos tareas y mandatos, y si asignan tareas políticas las vamos a desarrollar.

(VA): Ustedes se van, pero quedan el Eln y el Epl. ¿Qué les dice a los mandos de esos grupos frente a procesos de paz?

(‘T’): En eso el secretariado y la organización en su conjunto, han sido clara y respetuosa en cuando a las decisiones que cada uno tome. Es de conocimiento que el Eln entra en un proceso que tiene que llevarlos al mismo espacio que estamos nosotros. Creemos profundamente que ellos (Eln) están también comprometidos y ojalá las garantías se les posibiliten y lleguen al término en el que vamos nosotros.

(VA): ¿Usted siente nostalgia?

(‘T’): Me da nostalgia por lo que ha ocurrido, es decir, la guerra ha sido muy cruel, en el Catatumbo se han perdido vidas importantes, guerrilleros, guerrilleras, población civil; y desde luego, como revolucionarios, un principio que tenemos es el afecto por las demás personas, por lo que hay que trabajar para que el sacrificio que ha hecho la gente no sea en vano.

The post El Tarra despidió a los últimos guerrilleros del Frente 33 de las Farc appeared first on VerdadAbierta.com.

Fidel Castro, expresidente y líder de la revolución cubana. Foto: tomada de Semana.com.Fidel Castro quiso escribir sobre nuestro país y así lo hizo. En 2008 publicó el libro La paz de Colombia (Editora Política), que reúne su visión sobre las guerrillas colombianas, particularmente de las Farc y de sus principales líderes ‘Manuel Marulanda Vélez’ y ‘Jacobo Arenas’; además, recurre a documentos y a conversaciones con varios políticos de nuestro país para ofrecer una dimensión más integral de lo que sucedió en nuestro país y en las Américas en los últimos sesenta años.

Es un texto claro, preciso y riguroso en fundamentar sus discrepancias frente a lo que pensaba de la lucha armada que desarrollaban las Farc en las montañas y ciudades. “Mi desacuerdo con la concepción de Marulanda se fundamenta en la experiencia vivida, no como teórico sino como político que enfrentó y debió resolver problemas muy parecidos como ciudadano y como guerrillero, solo que los suyos fueron más complejos y difíciles”, se lee en la introducción del texto.

Y lo que se viene después es una profunda clase de historia política que revela detalles de cómo se forjaron los grupos insurgentes en América Latina a partir del triunfo de la revolución cubana, y de las marcadas diferencias entre unos y otros grupos guerrilleros, entre ellos los centroamericanos y los colombianos, y de cómo su gobierno apoyó ideológicamente a unos y otros, fortaleciendo sus discusiones.

Para escribir este libro, Castro abrió sus archivos para exponer detalles de los contactos con los líderes subversivos de las Farc en distintas décadas y, con el paso de los años, expresar su preocupación por la evolución de la guerra en el país. “He revisado numerosas notas, informes y documentos relacionados con el tema colombiano, entre ellos relatos de las conversaciones sostenidas con personalidades que visitaron a Cuba y con las que intercambiamos extensamente sobre la paz en Colombia”, dice.

No es un texto complaciente con la guerrilla de las Farc; si bien hay palabras de exaltación a los fundadores de este grupo insurgente, por su origen campesino y su persistencia en plantear discusiones sobre la justicia social y la vía armada para lograrlas, no escatimó palabras para marcar distancia con sus comandantes y recriminarles sus estrategias de guerra, como el secuestro de civiles, práctica con la que nunca estuvo de acuerdo “como método revolucionario de lucha o una vía para obtener reivindicaciones sindicales”.

Como una pieza de valor histórico y un legado del líder cubano fallecido anoche en La Habana, a sus 90 años, publicamos el epílogo del libro, que recoge reflexiones que creemos importantes para pensar en el futuro de nuestro país, en momentos en que se espera consolidar un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, algo que Castro impulsó durante varias décadas contra todas las adversidades, críticas y señalamientos.

Las realidades objetivas de las que habló Belisario Betancur condujeron a Pastrana a lo que sin duda no deseaba cuando asumió su período de cuatro años como presidente de Colombia entre 1998 y 2002.

Estados Unidos no es amigo de los pueblos de América Latina. Durante más de un siglo y medio intervino en sus asuntos internos, les arrebató territorios, saqueó sus recursos naturales, agredió su cultura, les impuso el intercambio desigual, saboteó los intentos unitarios desde la época de la independencia, promovió los conflictos entre nuestros países, explotó las grandes diferencias en el seno de nuestras sociedades. Las naciones de América Latina han sufrido olas de inflación y crisis económica mientras otras partes del mundo se desarrollaban. A pesar de las emigraciones, el número de los que padecían pobreza extrema se elevaba, y tambiénel número de niños obligados a pedir limosnas en las grandes urbes.

Durante los últimos 50 años, los golpes militares y las tiranías sangrientas, promovidos por Estados Unidos, han significado cientos de miles de desaparecidos, torturados y asesinados en Centro y Suramérica. En las escuelas militares de ese país se han formado los golpistas y torturadores.

A pesar de la gravedad del crimen cometido contra el pueblo de Estados Unidos por la acción terrorista perpetrada en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 —en la que para nada se toma en cuenta la responsabilidad por negligencia del Presidente y las deficiencias de los cuerpos de seguridad de su gobierno—, no se justificaba el apoyo a la guerra declarada por Bush contra “60 o más oscuros rincones del mundo”, entre los que pueden ser incluidos los países latinoamericanos.

Pastrana, que tantas veces se reunió con el jefe guerrillero, sin duda podía comprobar la diferencia entre la sinceridad de Marulanda y el cinismo de Bush. Son hechos absolutamente contradictorios la paz con Bush y la guerra contra Marulanda.

El problema de las drogas, que hoy constituye un azote para los pueblos de América Latina, en realidad fue originado por su enorme demanda en Estados Unidos, cuyas autoridades nunca se decidieron a combatirlo con energía, mientras asignaban esa tarea únicamente a los países donde la pobreza y el subdesarrollo impulsaban a masas de campesinos a cultivar la hoja de coca o la amapola en vez de café, cacao y otros productos subvalorados en el mercado de Estados Unidos.

No en balde Raúl Reyes le contó a Arbesú que el Departamento  de Estado hizo contacto con las FARC, interesado en su colaboración para luchar contra las drogas. “Era lo único que les interesaba” —dijo Reyes. ¡Para solicitarle tal “cooperación” las FARC no eran terroristas!, podemos añadir nosotros.

Marulanda era partidario de la sustitución de esos cultivos acompañada de programas sociales y compensaciones económicas. Con gran realismo, no veía otra forma de liquidarlos.

Así lo hizo Cuba con los cultivos ilícitos cuando triunfó la Revolución. Durante muchos meses, en las montañas ni siquiera sabíamos cómo era una planta de marihuana. Los pocos que la cultivaban eran los más astutos en filtrarse de un lado a otro de las líneas enemigas. Algunos extremistas nuestros querían comenzar a juzgar a los responsables. Yo recomendé esperar el fin de la guerra. Así se erradicaron tales cultivos, aunque no existía, desde luego, el grave y complejo problema actual de Colombia.

Raúl Reyes y Manuel Marulanda ya no viven. Murieron en la lucha. Uno, por ataque directo con nuevas tecnologías desarrolladas por los yanquis; el otro, por causa natural.

Yo discrepaba con el jefe de las FARC por el ritmo que asignaba al proceso revolucionario de Colombia, su idea de guerra excesivamente prolongada. Su concepción decrear primero un ejército de más de 30 000 hombres, desde mi punto de vista, no era correcta ni financiable para el propósito de derrotar a las fuerzas adversarias de tierra en una guerra irregular. Hizo cosas extraordinarias con unidades guerrilleras que, bajo su dirección personal, penetraban en la profundidad del terreno enemigo. Cuando alguien fallaba en el cumplimiento de una misión parecida, estaba listo siempre para demostrar que era posible. En cierta ocasión, estuvo dos años recorriendo la mitad de Colombia con una unidad de 40 hombres.

Las FARC, por sus concepciones operativas, nunca cercaron ni obligaron a la rendición a batallones completos con el apoyo de artillería, unidades blindadas y fuerza aérea a su favor, experiencia que nosotros llegamos a conocer y así vencer unidades aun mayores de sus tropas élites. No ocurrió así con las FARC, pese a la enorme calidad de sus combatientes.

Es conocida mi oposición a cargar con los prisioneros de guerra, a aplicar políticas que los humillen o someterlos a las durísimas condiciones de la selva. De ese modo nunca rendirían las armas, aunque el combate estuviera perdido. Tampoco estaba de acuerdo con la captura y retención de civiles ajenos a la guerra.

Debo añadir que los prisioneros y rehenes les restan capacidad de maniobra a los combatientes. Admiro, sin embargo, la firmeza revolucionaria que mostró Marulanda y su disposición a luchar hasta la última gota de sangre.

La idea de rendirse nunca pasó por la mente de ninguno de los que desarrollamos la lucha guerrillera en nuestra patria. Por eso declaré en una Reflexión que jamás un luchador verdaderamente revolucionario debía deponer las armas. Así pensaba hace más de 55 años. Así pienso hoy.

Invertí más de 400 horas de intenso trabajo en este esfuerzo. Lo revisé cuidadosamente bajo el impacto de los huracanes que golpearon con extrema violencia a Cuba. Me satisfizo hacerlo. Aprendí mucho. He cumplido mi promesa.

Fidel Castro Ruz
Septiembre 16 de 2008
3 y 15 p.m.

The post El epílogo de Fidel Castro sobre la paz en Colombia appeared first on VerdadAbierta.com.

Mientras en el Teatro Colón se firmaba el Acuerdo Final, en la Plaza de Bolívar decenas de manifestantes se reunieron para celebrar la nueva oportunidad que se abre para terminar 50 años de guerra con las Farc. Foto: Juan Diego Restrepo E.Tras el estrecho margen la victoria del No en el plebiscito delpasado 2 de octubre, que obtuvo el 50,21% de la votación (6.431.376 Votos) frente al 49,78% (6.377.482 Votos) del Sí, múltiples movimientos ciudadanos y estudiantiles se gestaron y se volcaron a las calles en ciudades y pueblos para apoyar la continuidad de las conversaciones entre el gobierno nacional y las Farc para que lograran un rápido acuerdo.

Hoy, tras haberse firmado en Bogotá y por cuarta vez el Acuerdo Final, voceros de distintos gremios y movimientos sociales aseguran que este nuevo estrechón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, máximo jefe de las Farc, es también producto de la presión que realizó la sociedad civil a través de las marchas y campamentos por la paz.

En el discurso pronunciado durante la firma en el Teatro Colón, Londoño expresó su sentimiento de admiración para todos aquellos que salieron  a las calles a rechazar la guerra y exigir a las partes en la mesa no pararse hasta logar un nuevo acuerdo: “A las comunidades indígenas, campesinos y afrodescendientes; a líderes comunitarios; a decenas de miles de familias que se unieron a las Farc en vigilas por la paz; a la iglesia católica; la ciencia; a los académicos de las plataformas por la paz; a quienes participaron en las marchas del silencio, de las flores, de las víctimas de la UP; a quienes fundaron campamentos por la paz y se sembraron en ellos; a quienes convocaron actos por la paz en diferentes ciudades: este acuerdo final les pertenece porque ayudaron a construirlo con sus esperanzas y acciones”.

Katherine Miranda, una de las voceras del campamento ubicado en la Plaza de Bolívar, dijo que pese a ser desalojado con un fuerte dispositivo policial el fin de semana pasado, cerca de 250 personas permanecieron alrededor 45 días esperando a que se firmara el nuevo acuerdo. “Nosotros ya habíamos cumplido nuestra labor como ciudadanos. Hoy estamos a puertas de una paz con las Farc gracias a la presión ciudadana”, afirmó esta activista.

Para los fundadores del campamento lo que realizaron por más de 40 días es el resultado de todos los esfuerzos que se hicieron desde la sociedad civil para rodear el acuerdo. Las marchas, las jomadas pedagógicas y los espacios culturales realizados con la ciudadanía, a juicio de los voceros, se convirtieron en las herramientas que ayudaron a impulsar la consecución del nuevo Acuerdo Final.

“El campamento por la paz no fueron las carpas, es su gente. Seguiremos en movilización pacífica para rodear el acuerdo. Queremos acompañar la implementación, es una movilización pacífica, ciudadana. Estamos enviando un mensaje de reconciliación y nos vamos a mantener en esa tónica”, agregó Iván Vargas, miembro del colectivo Paz A La Calle.

A ellos se suma el sentir de las víctimas, movimientos sociales y partido políticos que respaldaron el proceso de paz y que insistieron en la salida negociada al conflicto una vez triunfó el no en el plebiscito.

A las calles

Las calles y las redes sociales se convirtieron en escenarios de debates al rededor de la paz. El mes de Octubre estuvo cargado de decenas de iniciativas para rodear el acuerdo, se espera que el Uribismo y sectores afines se tomen las calles. Ilustración: Javier de la Torre.Pese al panorama de optimismo que generó la firma del Acuerdo Final y definitivo, el partido político Centro Democrático y sectores afines a esa colectividad anunciaron que buscarán las vías jurídicas para frenar la implementación. Algunos senadores de esa colectividad, entre ellas Paloma Valencia, plantearon hasta la revocatoria del Congreso y que por lo pronto saldrían a las calles a defender el triunfo del no y a abogar por un acuerdo nacional.

Por su parte el senador Álvaro Uribe aseguró que el arma que tiene el Centro Democrático es apelar al pueblo: “el gobierno prefirió descartar un pacto nacional que habría sido tan conveniente y nosotros, con toda claridad tenemos que decirles a ustedes que por responsabilidad política con muchos colombianos buscaremos un mecanismo de participación ciudadana para apelar a los puntos que el gobierno no quiso aceptar”.

Si el Congreso insiste en desconocer los resultados democráticos y refrendar lo q fue rechazado habrá q buscar formas de revocar el congreso

— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) 22 de noviembre de 2016

A él se sumaron diversas voces de la oposición como la del exprocurador Alejandro Ordoñez y a del expresidente Andrés Pastrana, quienes en ocasiones pasadas convocaron a la ciudadana marchar en contra de lo acordado con las Farc. Si octubre fue el mes de las movilizaciones y manifestaciones de los sectores del Sí, muy seguramente el Centro Democrático, sectores afines al uribismo y algunas iglesias cristianas se tomarán las calles para expresar su desacuerdo con lo pactado con ese grupo guerrillero y su implementación.

“Después del pronunciamiento del pueblo en el plebiscito del 2 de octubre, la única fuente de legitimidad posible para el viejo acuerdo reformado es la refrendación por el mismo pueblo. Otro plebiscito o un referendo sobre determinadas materias es el camino”, aseguró Carlos Holmes Trujillo a través de una declaración publicada en su cuenta de twitter.

Las reacciones no se hicieron esperar. Diversos sectores de la Unidad Nacional aseguraron que la oposición tiene todo el derecho a la protesta y a estar inconformes, pero los invitaron, una vez más, a que se sumen a la implementación y a hacer la oposición desde el debate en el Congreso.

“Hay que buscar la manera de podernos reconciliar todos, también en la política”, declaró el senador del Partido Liberal Horacio Serpa y agregó que la polarización no va a aumentar porque los colombianos han recibido con lafirma del acuerdo un impulso de optimismo y compromiso muy grande: “Todos vigilaremos la paz y aspectos que tengan que ver con la reconciliación”.

No obstante, la realidad del país ha mostrado la fuerza que ha logrado condensar el Centro Democrático y sus sectores afines luego del triunfo del No el pasado 2 de octubre, donde los próximos días medirán su injerencia y capacidad tanto en las calles como en los recursos jurídicos que utilicen para convocar a una nueva refrendación.

Carlos Lozano, director del Semanario Voz, cree que las acciones de la oposición serán contundentes para ir en búsqueda del referendo. “No veo tampoco al uribismo como tan fuerte y poderoso como para que arrase con todo, pero sí tiene influencia y capacidad. Aquí la calle será definitiva”, sentenció.

Por ahora, el Acuerdo Definitivo será discutido la semana entrante en el Congreso, donde se espera su refrendación definitiva, pero sin duda alguna, durante su discusión, y más aún, en su implementación, la calle será el escenario donde se expresen todos los puntos de vista sobre un momento histórico para el país, que marca el comienzo de cómo las Farc dejaron las armas para convertirse en un movimiento político.

The post Las calles, el otro escenario de disputa por la paz appeared first on VerdadAbierta.com.

Pasadas las once de la mañana y con el Teatro Colón lleno, fue firmado el nuevo Acuerdo Final. Foto: Presidencia de la República.Los protagonistas eran los mismos, pero el lugar y los acompañantes otros. A diferencia de la firma del pasado 26 de septiembre en Cartagena, Juan Manuel Santos, como presidente de los colombianos, y Rodrigo Londoño Echeverri, como comandante máximo de las Farc, firmaron el nuevo Acuerdo Final en el Teatro Colón, de Bogotá, rodeados por todos sus negociadores en el escenario.

Tras estampar sus firmas con un ‘balígrafo’, una bala de fusil convertida en bolígrafo, que simboliza la esperanza de que la historia del país ya no será escrita por la violencia sino por la paz, llegaron los discursos.

El primero en tomar la palabra fue el jefe las Farc, también conocido como ‘Timochenko’ o ‘Timoleón Jiménez’. Su corto discurso lo inició con una arenga: “¡Que la palabra sea la única arma de los colombianos!”. Acto seguido enumeró los años de confrontación y de negociaciones que han transcurrido para llegar al día de hoy, en el que se sientan las bases para terminar una guerra que ha desagrado a la nación por más de 52 años.

En especial destacó la fase de renegociación a la que se llegó tras la derrota del acuerdo de Cartagena en el plebiscito refrendatorio del 2 de octubre: “Estudiamos con desprevención y esmero todo lo puesto a consideración de las partes en la Mesa por los interesados e introdujimos importantes y numerosos cambios y modificaciones sustanciales a los textos antiguos, hasta convertir el Acuerdo Final en definitivo”.

Asimismo, agradeció el apoyo que el proceso de paz recibió por parte de la comunidad internacional, de los países amigos de la negociación y de los diferentes sectores de la sociedad civil tras la derrota en las urnas.

El jefe guerrillero argumentó que Colombia debe cerrar filas en torno a este nuevo acuerdo de paz porque implicó debates profundos con todas las voces del establecimiento, a prestantes miembros de las Fuerzas Armas, tensó las posiciones a los puntos más extremos y requirió inusuales esfuerzos de aproximación. “Nadie debe quedarse por fuera de él. Con este acuerdo no se deponen posiciones ideológicas, políticas o de conciencia, solo ponemos fin de manera definitiva a la guerra para confrontar civilizadamente las contradicciones. Por eso reclamamos su implementación pronta y eficaz”, planteó.

Por otro lado, ‘Timochenko’ se refirió a las víctimas y a los opositores del proceso. A las primeras les reiteró, a nombre de las Farc, su solidaridad sin distinción del bando al que hayan pertenecido, e hizo una “petición de perdón por las consecuencias que para ellos haya podido provenir de nuestras manos”. A los otros, a sus “adversarios públicos”, les ofreció respeto y un “ramo de olivo”, así como “nuestra invitación fraternal a convivir en la diferencia. No habrá más violencia entre colombianos por política. Ese sólo hecho debe llenarnos de ánimo para trabajar por hacer de nuestra patria un país muchísimo mejor”. Y terminó su intervención señalando que creen “indispensable que para el bien del país, la palabra sea la única arma que nos permitamos usar los colombianos”, indicó.

Posteriormente tomó la palabra el presidente Santos. Sus primeras palabras fueron para las víctimas del conflicto armado y destacó los diferentes intentos que se han realizado para ponerle fin: “Ese gran objetivo común nos ha sido esquivo, a pesar de múltiples intentos hechos a lo largo de más de medio siglo”. Y destacó la perseverancia del pueblo colombiano, la cual permitió que este 24 de noviembre se firmara un nuevo acuerdo de paz, que tuvo que ser renegociado por los resultados del plebiscito del 2 de octubre.

Las dos delegaciones de paz estuvieron en el escenario central durante la firma del nuevo acuerdo. A la izquierda el equipo el gobierno, y a la derecha el de las Farc. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz.Por esa razón, explicó el mandatario, “durante más de cuarenta días, en jornadas intensas, nos pusimos en la tarea de recoger, ordenar y atender las propuestas de ajustes y cambios para tener un nuevo acuerdo”. Al mismo tiempo aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo que recibió el proceso de paz tras los resultados del No y los aportes de diferentes sectores para mejorar el acuerdo anterior.

Eso sí, aclaró que la renegociación se hizo “entendiendo que esos cambios no podían echar para atrás los inmensos logros alcanzados a lo largo de seis años de negociaciones”. Además, reconoció que se logró un acuerdo “mejorado y ajustado gracias a los aportes de la sociedad, incorpora la inmensa mayoría de las propuestas presentadas, pero preserva los objetivos esenciales del acuerdo de Cartagena”.

Tras explicar las transformaciones que implicará la implementación del Acuerdo Final, el presidente destacó que el objetivo principal del pacto de paz es que “los que estaban alzados en armas las abandonen, reconozcan y respeten las instituciones y las leyes y puedan participar en la contienda política en la legalidad. Que todos los colombianos puedan decidir su futuro con tranquilidad. De eso se trata la democracia. Tramitar pacíficamente las diferencias”.

Santos precisó, apelando a la Constitución Política, que en esta ocasión el nuevo texto no será refrenado por consulta popular, sino que “será discutido en el Congreso, para que sean los representantes elegidos por los colombianos quienes lo refrenden y lo implementen, bajo el control de la Corte Constitucional”.

Según el jefe de Estado, el Acuerdo Final será refrendado la próxima semana y a partir de ese día arrancará el famoso Día D que, según los protocolos acordados en La Habana, es la unidad de medición del proceso de concentración, desarme y tránsito a la vida civil de los integrantes de las Farc.

De acuerdo con los cálculos del mandatario, “cinco días después (de la refrendación) se iniciará el movimiento de las Farc hacia las zonas veredales transitorias, a los 90 días se iniciará la dejación de las armas, y en 150 días, tan sólo 150, todas las armas de las Farc estarán en manos de las Naciones Unidas”. Y agregó que, “también a partir del Día D, la semana entrante, empezará en forma el desminado para que nuestros campos no sean nunca más una trampa mortal para nuestros niños. Ese mismo día iniciará el proceso de implementación de todos los demás elementos del nuevo acuerdo en el Congreso”.

Sobre por qué se acudirá al Legislativo para la refrendación, explicó que esa decisión se tomó por la urgencia de la paz: “Había comenzado a desmoronarse el cese al fuego por cuenta de la incertidumbre sobre el futuro. No podíamos dilatar un minuto más la implementación”.

Al finalizar su intervención, el presidente Santos reconoció que este acuerdo es mejor que el de Cartagena, porque “recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa mayoría de los colombianos. Del 50 por ciento de los que votaron Sí y de un importante porcentaje de los que votaron No. Este nuevo acuerdo nos permite trabajar juntos, como nación, para recuperar las regiones más afectadas por el conflicto, para reconciliarnos, para aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento y progreso”.

Por eso, les pidió a todos los colombianos unión para aprovechar el reto que plantea este nuevo acuerdo: “Quiero invitarlos a que dejemos atrás definitivamente décadas de violencia para unirnos, por nosotros, por Colombia, por esta patria querida, y trabajar juntos por la reconciliación, alrededor de ideales compartidos de paz, de convivencia, y de respeto. Quiero invitarlos a que veamos en este momento un momento de cambio, de transformación que nos permita creer en un mejor mañana no con la exigencia de lo inalcanzable, sino con la certeza de lo posible”.

Minutos después, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, radicó el nuevo Acuerdo Final y la proposición de refrendación ante el Congreso de la República. Con ello se espera que el próximo martes empiece a ser debatido y que el jueves concluya positivamente la refrendación. Si se cumplen las estimaciones, el 1 de diciembre sería el Día D y el 6 de diciembre los guerrilleros de las Farc iniciarían su traslado a las zonas veredales de concentración, en donde, a lo largo de seis meses, le entregarán gradualmente sus armas a la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Voces y expectativas

En la Plaza de Bolívar, en Bogotá, se vivió minuto a minuto con emoción la firma del nuevo acuerdo de paz. VerdadAbierta.com consultó a varios asistentes. Foto: Juan Diego Restrepo E.Carlos Lozano, director del Semanario Voz, advirtió que la refrendación a través del Congreso es la mejor opción por las circunstancias actuales, pero alertó sobre los riesgos que implica, entre otras razones porque el gobierno nacional no tiene control total sobre la totalidad de su bancada y desconoce cuál será la postura de Cambio Radical y del Partido Conservador, cuyos votos son clave.

“La refrendación de pronto es más fácil, pero luego viene la implementación y el gobierno tiene que garantizarla y no lo veo muy claro todavía. Hay que acompañarlo desde fuera, con movilización social, popular, democrática, respaldando esto que es fundamental y vital. Ese esfuerzo hay que hacerlo desde la sociedad civil, no sólo la izquierda, sectores democráticos, progresistas y todos los amigos de la paz. Con ese empeño es posible”, planteó.

A la par, consideró que el apoyo popular se puede resentir por las decisiones que el gobierno nacional está adoptando en materia económica: “Lo de La Habana y la paz está muy bien, pero aquí vemos una reforma tributaria; y la Cumbre Agraria, que acompaña la paz, está muy indignada porque no le han resuelto sus compromisos”.

Por esa razón, le sugirió a la administración del presidente Santos “una agenda para la paz, que incluya la parte social porque no puede ser que en La Habana se pacte la paz del silencio de los fusiles, pero aquí la parte social se agrava. En todo eso tiene que pensar el gobierno y paradójicamente este proceso de implementación de los acuerdos estarátambién en el marco de luchas sociales, de movilizaciones populares, de paros y de agitación social, y de guerra sucia”.

Otro tema que salió a relucir en esta nueva etapa que afrontará el proceso de paz es el de la oposición, que en días anteriores desconoció el nuevo acuerdo y pidió más ajustes. Para Horacio Serpa, dirigente del Partido Liberal, esos sectores deben aportar en las etapas de refrendación e implementación, puesto que “el país quiere convivencia, no más violencia, que se acaben rencillas, que dejemos los odios y venganzas. Creo que es el momento de lograr para Colombia lo que no se ha logrado en dos siglos, no en 50 años sino en dos siglos”.

Clara Rojas, congresista que estuvo secuestrada durante seis años por las Farc y dio a luz en cautiverio, destacó que con el Acuerdo Final hay un compromiso de que no habrá más víctimas. Además, es optimista sobre el reto que enfrentará el Congreso a partir de la próxima semana, y recordó que “el gobierno no tenía ni obligación de hacer plebiscito ni de pedir refrendación por el Congreso. Había todas las opciones. De manera que no se trata de polarizar más el país”, y concluyó reafirmando su posición ante este proceso: “lo hemos apoyado desde el día uno y lo apoyaremos hasta que esto funcione”.

The post El 6 de diciembre comenzará el proceso de desarme de las Farc appeared first on VerdadAbierta.com.

Las delegaciones de paz estuvieron en el escenario central donde se firmó el nuevo Acuerdo Final de paz. Foto: tomada delsitio web de la Presidencia de la República.El 2 de octubre fue un día dramático para quienes promovieron el proceso de paz y esperaban que al día siguiente se empezara a implementar lo pactado con la guerrilla más vieja del continente, tras casi cuatro años de negociación, para ponerle fin a una confrontación fratricida que ha desangrado a la Nación por más de 52 años. Ese día, por una diferencia mínima, en las urnas se alzó victorioso el No en el plebiscito refrendatorio ante la siguiente pregunta: ¿Apoya el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera?

Como respuesta inmediata, amplios sectores de la ciudadanía, liderados por estudiantes universitarios, se tomaron las calles de las principales ciudades del país y marcharon exigiendo un nuevo acuerdo o que se implementara lo pactado; en las regiones más golpeadas por el conflicto se escuchó con fuerza su angustia por quedar atrapados en un nuevo ciclo de violencia; y en la Plaza de Bolívar, en la capital de la República, se instaló un campamento permanente por la paz hasta que se firmara un nuevo acuerdo.

Por otro lado, el apoyo de la comunidad internacional, que ha sido permanente con este proceso de negociación, se sintió con más fuerza que nunca. Cuando el presidente de los colombianos se encontraba en el peor momento de sus seis años de gobierno, fue galardonado con el Premio Nobel de Paz, el cual fue interpretado como un espaldarazo para que fijara un nuevo rumbo que permitiera cerrar guerra con las Farc.

A partir de allí empezaron unas nuevas negociaciones. Primero, escuchando a los líderes del No, quienes tras casi cien horas de encuentros con los negociadores del gobierno nacional, presentaron más de 500 propuestas, que posteriormente fueron debatidas con las Farc en Cuba durante un segundo cónclave del que salió un nuevo Acuerdo Final.

Dicho acuerdo fue firmado por los jefes de las delegaciones de paz en Cuba el 13 de noviembre e incluyó ajustes en todos los temas planteados por los opositores del anterior pacto, a excepción de uno: el de participación política de las Farc. Y aunque los promotores del No rechazaron el nuevo texto, Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverri, se reunieron por segunda vez, esta ocasión en el Teatro Colón de Bogotá, para firmar otro acuerdo que permita cerrar la confrontación entre el Estado y las Farc.

En la siguiente línea de tiempo reunimos los momentos más destacados del proceso de paz. Después de ella, encontrará una reseña sobre cómo se desarrolló la negociación y se concertó la agenda que hoy se cierra con las firmas del Presidente de la República y el máximo jefe de las Farc.

Mucha agua ha corrido debajo del puente desde que el presidente Juan Manuel Santos reconoció que estaba en conversaciones con la guerrilla de las Farc para alcanzar un acuerdo que le pusiera fin a la confrontación armada. Desde mediados de agosto de 2012, hasta la fecha, los colombianos han sido testigos de varios hechos que hace unos cuantos años no habrían sido posibles.

El proceso de paz arrancó con entusiasmo, pero rápidamente enfrentó varios reparos. Si bien han sido planteados por diferentes sectores del país, estos se han concentrado en el movimiento Centro Democrático, liderado por el expresidente y actual senadorde la República, Álvaro Uribe Vélez. Sus posturas, y las de sus seguidores, han rayado, incluso, con el saboteo a las conversaciones en La Habana y la difusión de tergiversaciones y mentiras sobre lo acordado.

Sus acciones van desde plantear la necesidad de alcanzar la paz, pero sin impunidad, hasta difundir información sensible y desconocida por la opinión pública, como los secretos contactos exploratorios entre delegados del gobierno nacional y las Farc, los puntos que las dos partes negociarían en el Acuerdo General del para la Terminación del Conflicto, e incluso, las coordenadas y la suspensión de operativos militares para permitir que algunos guerrilleros se sumaran a los diálogos en la isla del Caribe.

Por parte de las Farc, en estos cuatro años de conversaciones moderaron su lenguaje y, poco a poco, fueron dejando sus posturas arrogantes, expresadas al inicio del proceso, como la de ‘Jesús Santrinch’, quien, en Oslo, Noruega, cuando se anunció formalmente la negociación, respondió que “quizás, quizás, quizás” reconocerían que han dejado víctimas en este medio siglo de confrontación armada.

Años después, este grupo alzado en armas reconoció que la práctica del secuestro fue un “error” y viajaron hasta Bojayá para reconocer su responsabilidad por la masacre de marzo de 2002 en esa comunidad de Chocó. También le pidieron perdón a los familiares de los diputados de Valle del Cauca que fueron secuestrados en la Asamblea Departamental y asesinados en cautiverio, e hicieron lo mismo con los habitantes del barrio La Chinita, en Apartadó, Urabá antioqueño, donde masacraron a 35 personas durante una fiesta popular.

El gobierno nacional, a su vez, pasó a reconocer a las Farc como un actor político con el que se puede dialogar para encontrarle una salida negociada al conflicto armado, y dejó de verlo como una amenaza terrorista que debía ser derrotada por la vía militar.

El presidente Santos también se ha jugado su capital político al apostar por medidas impopulares como la restricción de movilidad a cambio de la no encarcelación de los futuros desmovilizados, la no extradición de miembros de las Farc y la posibilidad de que participen en política.

Estos años de negociación han mostrado los beneficios de buscar una salida negociada al conflicto armado, y al mismo tiempo la fragilidad de negociar en medio de la guerra. Con los diferentes ceses unilaterales al fuego de la guerrilla, los habitantes de ciertas regiones que durante décadas se habituaron a vivir en medio de la confrontación armada, empezaron a vivir en una tensa calma, previa a la paz. Y el país ha alcanzado cifras de poca violencia no registradas desde hace más de 50 años.

Uno de los momentos más difíciles de la negociación fue la escalada del conflicto armado, que se dio tras la ruptura del cese unilateral al fuego de la guerrilla -que como respuesta había recibido la suspensión de los bombardeos de la Fuerza Pública- cuando emboscó y asesinó a 11 soldados en una vereda del municipio caucano de Buenos Aires, el 13 de abril de 2015. A pesar de que en los meses previos la violencia había mermado, tras la nueva entrada en confrontación de ambas partes, las muertes en combate y los atentados a la infraestructura aumentaron considerablemente en dos meses.

No obstante, a pesar de los avances y de los retrocesos, estos años de negociación han dejado importantes momentos, como la participación de 60 víctimas del conflicto armado en la Mesa de Diálogos, hecho que no había ocurrido en ninguna negociación anterior; el trabajo conjunto entre guerrilleros y militares activos para alcanzar la paz, como los miembros de la Subcomisión del Fin del Conflicto, y los que hacen parte del piloto de desminado de la vereda El Orejón en Antioquia; y la pronta liberación del general Rubén Darío Alzate, quien fue retenido por las Farc en Chocó y liberado a los pocos días, pese a ser el primer oficial de mayor rango del Ejército que tenían en su poder.

Después de 52 años de guerra y casi cuatro de negociación formal, hoy se dan cita, por segunda vez, los jefes del gobierno nacional y de las Farc para firmar el acuerdo de paz. En esta ocasión, la refrendación y la implementación de lo pactado quedó en manos del Congreso de la República.

The post Así se llegó al segundo Acuerdo Final appeared first on VerdadAbierta.com.

Loscálculos del Ministerio de Defensa y del mismo presidente Juan Manuel Santos es que serían más los milicianos (cerca de 10 mil) que los guerrilleros armados (poco más de 7.000). Fotografía: archivo SemanaCerca de un mes y medio tardaron los voceros del No y los negociadores del gobierno nacional y la guerrilla delas Farc en plantear las propuestas que se debían agregar o modificar del acuerdo de paz que se firmó con este grupo insurgente el pasado 26 de septiembre. El resultado final fueron diferentes cambios a lo largo del texto, que pasó de tener 297 páginas a 310.

Varios de ellos se introdujeron en el tercer punto, relativo al Fin del Conflicto. Por ejemplo, las llamadas zonas de concentración ya serán menos, se pasó de 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización a 20, y de 8 Puntos Transitorios a 7. Estos últimos son más pequeños que las zonas veredales.

Además, en el mismo tema de dejación de armas, se le dio un plazo límite al Consejo Nacional de Reincorporación (creado en el acuerdo) para que en solo 15 días contados a partir de la firma de lo renegociado cree el programa de reintegración a la sociedad para los menores de edad que están en las filas guerrilleras.

Pero uno de los cambios sustanciales del punto de Fin del Conflicto es el tema de las milicias. Varios de los voceros del No se habían quejado en sus intervenciones de que los milicianos que trabajaban para la guerrilla en las zonas urbanas y con un perfil menos militar no fueran a aparecer en la lista de personas a desmovilizar. Aunque el general Javier Flórez, jefe de la delegación de la subcomisión del Fin del Conflicto, aclaró que sí habría milicias, en la primera versión del acuerdo solo se hablaba de que le insurgencia le entregaría al gobierno un “listado de todos los y las integrantes de las Farc-Ep”, sin especificación alguna.

Ahora, tras la renegociación, se incluyó un apartado explícito donde se asegura que en los listados también estarán los milicianos y se estableció un protocolo para que los miembros de las Farc que no estén armados pasen a la legalidad. El nuevo acuerdo plantea que “a las personas que sean acreditadas (como tales) se les resolverá la situación jurídica otorgándoles indulto mediante los instrumentos legales vigentes si no estuviera en vigor la Ley de Amnistía y quedarán en libertad a disposición de la JEP (Jurisdicción Especial de Paz) en caso de que tuvieran acusaciones por delito no amnistiables.

Pero el reto no es nada fácil, pues si bien las Farc pueden conocer plenamente la identidad de esas personas, no siempre han querido entregarlos por cuanto siempre han estado en condición de ciudadanos del común sin que nadie sepa que son insurgentes.

En otros casos, esos combatientes que la guerrilla insertó en las zonas urbanas muchas veces no tienen rigurosidad ideológica, como ocurre en Tumaco. Por éste y otros motivos, muchos de los milicianos en el puerto nariñense se pasaron de las filas subversivas a las bandas dedicadas al narcotráfico, bien sea porque decidieron contrariar las órdenes de sus comandantes de acogerse al proceso de paz o porque las Farc les dieron libertad de elegir qué querían hacer, como lo detalló VerdadAbierta.com en septiembre de este año.

Tumaco, convulsionado por la violencia

A esto se suma la posible persecución que habría desatado la guerrilla en contra de esosgrupos. Fuentes de Tumaco cercanas a este medio de comunicación aseguraron que el pasado viernes 11 de noviembre alias ‘Don Y’ fue asesinado presuntamente por guerrilleros de las Farc en la vereda San Pedro del Vino, del municipio Francisco Pizarro.

Algunos sostienen que en su momento ‘Don Y’ fue un miliciano que en los últimos meses abandonó la insurgencia para dedicarse de lleno al narcotráfico, mientras que otro conocedor del tema lo señaló de ser un narcotraficante neto. “Era un narco narco con ejército privado que le pagaba impuestos a las Farc en tiempos de guerra y por eso tenía una convivencia con las milicias”, señaló el experto, quien pidió la reserva de su nombre.

Esa misma persona explicó que ‘Don Y’ estaba en San Pedro del Vino por ser uno de los puntos estratégicos para transportar la pasta de coca hacia Pital de la Costa, en Tumaco, y Firmes de los Coimes, en el municipio de Mosquera; dos puntos que desembocan en el océano Pacífico, por lo que son una ruta ideal de estratégica para mover drogas, migrantes ilegales y armas.

Este punto es tan significativo que a comienzos de la década del dos mil estuvo bajo el control del Bloque Libertadores del Sur de las Auc y cuando ellos se desmovilizaron en 2005, la banda criminal ‘Los Rastrojos’ tomó el control. Desde hace poco más de tres años, el Frente 29 y la entonces columna móvil Daniel Aldana de las Farc se hicieron a ese territorio.

“Le ganaron a sangre y fuego a ‘Los Rastrojos’ y a la Armada. Desde entonces dejaron milicias en Coimes y guerrilla en las veredas San Pedro del Vino y Ramos, del municipio Francisco Pizarro; y en Gómez Jurado y Fátima, del municipio de Olaya Herrera”, precisó el experto y agregó que en ese contexto eran las relaciones de ‘Don Y’ con el grupo subversivo.

Todos estos lugares fueron señalados también por la Defensoría del Pueblo como sitios de ubicación de las milicias de las Farc y de riesgo de extorsiones y amenazas a las comunidades “en tanto se define la situación del Acuerdo Final”, según la Nota de Seguimiento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) del pasado 8 de noviembre, que conoció VerdadAbierta.com.

Por su parte, un testigo aseguró al canal de televisión local Noti6 que ‘Don Y’ sí era un miliciano de las Farc y que fue hasta San Pedro del Vino para negociar con la guerrilla y entregar sus armas, pero que a cambio recibió disparos. Dos de los civiles que iban como garantes y el mismo ‘Don Y’ resultaron heridos. Este último habría muerto horas después.

Hasta ahora, las Farc no se han pronunciado oficialmente al respecto. La única información de ellos sobre ‘Don Y’ está publicada en la página web del Bloque Occidental Alfonso Cano. Allí, lo señalan como el responsable de la muerte de por lo menos 10 civiles entre mediados de septiembre y finales de octubre de este año.

“La comunidad manifiesta su enorme preocupación por esta ola de homicidios realizados por bandas criminales y del paramilitarismo al servicio del narcotráfico, que están sembrando el terror, la desconfianza y desolación en esta martirizada región de Colombia. Estas comunidades están solicitando con urgencia la presencia de la guerrilla de las Farc-Ep, quienes históricamente handefendido la población en estas áreas”, precisó el comunicado del pasado 26 de octubre, firmado desde El Playón, la Zona Veredal Transitoria de Normalización que habrá en Tumaco.

Por su parte, el comandante de la Policía del puerto nariñense, coronel Carlos Castellanos, expresó a VerdadAbierta.com que todavía no está muy claro qué sucedió. “Preferimos que sea la Fiscalía la que se pronuncie porque sería irresponsable de mi parte salir a sobresaltar lo que de pronto no sea real. Son hechos confusos”, detalló el coronel.

¿Sin control?

Henry Castellanos, conocido en las Farc como ‘Romaña’, habría llegado a Tumaco en los últimos meses para ejercer control sobre el Frente 29 y el Daniel Aldanaque operan en la zona. Fotografía: Andrés Celis, periodista de VerdadAbierta.com.Desde mitad de año, por las calles de los barrios del Puente del Pindo en este municipio costero de Nariño han circulado panfletos a nombre de ‘La gente del orden’ con la prohibición explícita para sus habitantes de colaborar con alguien ajeno a la zona.

Un conocedor del conflicto en Tumaco explicó que este es un grupo conformado por milicianos que hace unos meses las Farc ubicaron en el barrio Viento Libre, pero que comenzaron a obrar por su propia cuenta y que la prohibición es para que nadie le dé información a la guerrilla de lo que está ocurriendo.

“Un miliciano de apellido Camacho empezó a matar personas, incluso a los que no estaban en los planes de las Farc. La guerrilla le llamó la atención y luego lo mataron el 20 de julio. Pero los partidarios de Camacho se organizaron y se nombraron ‘La gente del orden’”, detalló la fuente consultada y añadió que desde entonces han continuado los asesinatos, los panfletos y las afirmaciones de que no se acogen a los designios del ahora Frente Daniel Aldana.

Todo ocurre mientras la mayoría de guerrilleros están preconcentrados en El Playón, según la más reciente nota de seguimiento del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pubelo: “las Farc avanzan a los Puntos de Pre agrupamiento Temporal (PPT) en el marco del cese al fuego bilateral decretado por el Gobierno Nacional, por lo que algunos integrantes de la organización (presuntamente milicianos y algunos combatientes) que no quieren acogerse al proceso de paz, pretenden conformar nuevas estructuras que mantengan las rentas de economías ilegales y el control de territorios y poblaciones estratégicos para ese fin”.

Una fuente dijo a VerdadAbierta.com que en este contexto hay por lo menos dos grupos armados por su propia cuenta. Uno estaría en Agua Clara, una de las primeras veredas al salir de Tumaco hacia Pasto; y el otro en el corregimiento de la Guayacana, comandado por alias ‘Chancleto’. Algunos indican que el surgimiento de estos grupos fue la principal razón para que Henry Castellanos, el guerrillero conocido como ‘Romaña’ y miembro del Estado Mayor Central, llegara a ejercer el control de las Farc en Tumaco desde hace unos meses.

“No tendríamos una respuesta categórica para decir cómo son las cosas acá porque los hoy disidentes guerrilleros fueron de las Auc y luego de Los Rastrojos. Son gente sin ideología, delincuentes que se camuflan en el grupo armado que les toque porque no pueden manejar sus negocios con independencia en un lugar como este”, concluyó un líder social del municipio.

Precisamente su falta de postura política y su alto interés en el narcotráfico, es lo que se interpone para que estos milicianos se acojan al proceso de paz, acepten estar en las listas guerrilleras y además concentrarse en diferentes lugares para dejar las armas. Por lo menos, así lo ha demostrado el caso de Tumaco. El reto entonces de lo planteado en el nuevo acuerdo será que se incorporen a la vida civil todo aquellos miembros que, con armas o sin ellas, han colaborado con las Farc. ¿Estarán todos?

The post Milicias: modificación al Acuerdo Final difícil de implementar appeared first on VerdadAbierta.com.