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Durante cinco días, testigos relataron ante la justicia transicional cómo el excoronel del Batallón de Artillería No. 2 La Popa de Valledupar, Publio Hernán Mejía, les ordenó a sus subalternos una y otra vez presentar a civiles como supuestos guerrilleros dados de baja en combate.

En la segunda de tres etapas del primer juicio adversarial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como parte del Caso 03 sobre los llamados ‘falsos positivos’, los que alguna vez estuvieron bajo el mando de Mejía recalcaron el papel del excomandante en los crímenes contra civiles. (Leer más en: El primer juicio de la JEP: las víctimas primero)

Édgar Beltrán Hurtado y Albeiro Flórez Hernández, jóvenes de Luruaco, Atlántico, fueron dos de las víctimas de La Popa cuando lo comandaba Mejía. Habían ido a Pueblo Bello, Cesar, con la promesa de trabajo como jornaleros en una finca. Sin embargo, fueron interceptados y asesinados en agosto del 2007 por los paramilitares bajo el mando de alias ’38’ y luego presentados por el Ejército Nacional como guerrilleros muertos en combate.

Yesenia Flórez, hermana de Albeiro, espera que se haga justicia “para que este señor por fin acepte su responsabilidad, que por fin pague por tantas muertes que hizo, por la muerte de esos dos muchachos que salieron del pueblo por un mejor futuro”.

La hermana de Édgar Beltrán se presentó un día en la audiencia con una camiseta impresa con la fotografía de su hermano asesinado pero la defensa de Mejía puso la queja de que “le dañaba la integridad” a su representado.

Los testigos

Ante la JEP en Bogotá, el coronel (r) Heber Hernán Gómez contó cómo, en el caso de los dos jóvenes, los integrantes del Pelotón Zarpazo del batallón “llegamos a hacer el drama, pero allí no hubo ningún combate, ya los habían matado a las dos personas”.

Eduart Gustavo Álvarez, compareciente y quien entre los años 2002 y 2003 comandó el Pelotón Zarpazo corroboró lo dicho por Gómez: “Cuando llegué allá… había dos tipos muertos que supuestamente iban a atentar contra unos transformadores de luz”.

“Yo le escuché decir a mi coronel Mejía que al soldado que diera la baja con arma corta le daban un premio de 500.000 pesos y con arma larga de 1.000.000”, agregó Álvarez.

Según la JEP, entre febrero de 2002 y mayo de 2005, el Pelotón Zarpazo reportó bajas en combate en 14 ocasiones. En 13 de esos reportes, según estableció la Sala de Acusaciones, se incluyeron 40 personas que la Sala de Acusaciones estableció que fueron asesinadas ilegítimamente.

Manuel Valentín Padilla, oficial de inteligencia conocido como Hugo, contó que era el encargado de recibir y llevar notificaciones de los paramilitares a Mejía bajo las órdenes directas del acusado y contaba con la ubicación exacta de a dónde tenían que ir los soldados a recoger los cuerpos para luego hacerlos pasar por integrantes de las Farc

A la pregunta del abogado representante de víctimas Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, de si no era ilegal llevar a la tropa a recoger un muerto que ha sido enviado por parte de grupos paramilitares, Padilla respondió: “Señor, estaba recibiendo una orden y las órdenes militares se cumplen. El concepto de llevar la tropa era legal, pero ya lo que íbamos a hacer era ilegal”.

Efraín Andrade Perea, sargento primero retirado, quien es compareciente ante la JEP como máximo responsable, contó lo sucedido en la masacre de Bosconia en octubre del 2002.  Mejía le dijo que había habido combates cerca al Socorro, y le ordeno a alistarse para ir a “legalizar” las bajas. “Cuando llegamos al lugar de los hechos, había unos cadáveres”, testificó. Su tarea, dijo, era realizar las actas, supuestamente velando por el funcionamiento de los procesos.

Carlos Andrés Lora, testigo compareciente, excomandante del Pelotón Trueno, relató su participación en una operación en El Mamón, en donde también estuvieron presentes el entonces mayor José Pastor Ruiz Mahecha y el sargento Andrade.

“Mi coronel Mejía nos formó frente a la batería y me dijo que formara el pelotón que íbamos a salir en una operación. Me ordenó que me desplazara hacia el sitio conocido como El Mamón, que allá iba a encontrar al mayor Ruiz y al sargento Andrade y Manuel Valentín”.

Ruiz Maecha, también acusado de ser máximo responsable y que no reconoció responsabilidad, le dijo que se metiera por una trocha que iba a encontrar una casa, entonces que disparara porque ahí supuestamente estaban haciendo desayuno las autodefensas, relató.

“Yo rodeé la casa y le dije a mi mayor Ruiz que yo no veía al enemigo, él me dijo que disparara. Luego hicimos un registro y en la parte de un hueco se encontraron tres cuerpos, yo lo reporté al batallón, recogimos los cuerpos y los llevamos al batallón”, dijo.

Eduart Gustavo Álvarez Mejía fue durante cinco meses subteniente de artillería del Batallón La Popa. Narró cómo participó en varias operaciones, una de esas la del indígena kankuamo Uriel Evangelista Arias, quien fue hecho pasar como ‘Tito Arias’, jefe del Frente 59 de las Farc el 16 de julio de 2003.

“Yo recibo la orden de llegar al batallón en la noche para realizar la operación y ahí estaba Hugo, nos indicaron que íbamos a realizar una operación en contra de Tito Arias y personas de las Farc que hacían presencia en la zona de Guatapurí”, dijo Álvarez.

“Nos quedamos esperando y el guía (paramilitar) escuchó una voz que se acercó y dijo ‘Ese es Tito Arias’. Valencia que era un soldado mío, disparó contra el señor en la cabeza a menos de diez metros y ahí murió”, recontó.

Guillermo Gutiérrez, excomandante de batería y exoficial de operaciones, testificó sobre cómo Mejía daba las órdenes directamente y adicionó que si daban resultados por bajas se le daba a todo el pelotón 15 días de permiso.

Mauricio Zabala Cardona, brigadier general y compareciente forzoso, no inculpó a Mejía, pero sí recordó que durante su época en el batallón le parecía muy raro que llegaran pelotones con resultados operacionales en los que él debía firmar las órdenes de operación, aunque no participara en los hechos ni en la toma de esas decisiones.

Ángel Mauricio Suaza, entre lágrimas narró el asesinato de Ramón Enrique Cárdenas, agricultor en el corregimiento de Media Luna, Cesar.

En 2003, Cárdenas se encontraba jugando billar cuando un grupo de militares entró al lugar para pedir documentos y le quitaron su cédula. Le dijeron que para entregársela tenía que ir al día siguiente a reclamarla en el punto de control.

En la mañana, Cárdenas se dirigió al lugar con su padre, donde le dijeron que tenía que esperar otra noche porque estaban realizando la verificación de antecedentes. Llegó al otro día, solo, y le pidieron que esperara en el sitio. Pasaron las horas, le ofrecieron comida y lo mantuvieron cautivo por dos días.

Suaza contó cómo el 11 de noviembre de 2003 le pidieron que saliera en el viaje de abastecimiento de víveres vestido con uniforme militar y una capucha para que no lo reconocieran en el pueblo. “En este punto los soldados se estaban imaginando cosas, había una situación complicada por integrantes del batallón, ya era común de que había ‘falsos positivos’ y todo el mundo quería dar resultados porque les prometían días de permiso”, Suaza.

El 12 de noviembre, a mediodía, el capitán le dijo que debían matar a Cárdenas, así que dieron la orden de iniciar combate, y fue el soldado Cristian Ávila Von quien disparó que Suaza se rehusó a ser parte de ese asesinato.

Trasladaron el cuerpo en el mismo camión que llevaban la comida y los enseres hasta dejarlo en el batallón donde lo hicieron pasar por guerrillero.

“Al día siguiente nada que mi hermano aparecía y llegaron unos soldados o militares en ropa de civil a la casa de nosotros a decirle a mi mamá que no se preocupara por él porque mi hermano se había quedado trabajando con ellos, que un día de estos él venía a visitarla”, dijo la hermana de la víctima, Elsa Cárdenas. Sin embargo, continuaron buscando, hasta que reconocieron el cuerpo de Ramón Enrique en la morgue del cementerio de San Diego.

El veredicto y posible sentencia en el caso contra Mejía se espera a principios de diciembre, cuando se reanudan las audiencias en Medellín.

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A Armando Pumarejo no le importa cuántos años pase en la cárcel el hombre acusado de ser responsable por el asesinato de su hijo, Carlos Alberto, quien fue ejecutado y presentado como guerrillero dado de baja en un supuesto combate en 2002.  

“Para mí sería más satisfactorio que él llegara pasado mañana y dijera que mi muchacho no era ningún guerrillero y que le quiten todos esos estigmas. El día que eso pase, yo descanso tranquilo”, asegura el hombre de 71 años que lleva dos décadas esperando que se limpie el nombre de su hijo. 

Pero Publio Hernán Mejía, acusado de ser autor mediato y coautor en el caso de Carlos Alberto Pumarejo y 71 más en el departamento de Cesar presentados ilegítimamente como bajas en combate entre 2002 y 2004, no parece estar dispuesto a eso. 

Al no aceptar su responsabilidad en esos crímenes, el excomandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa enfrenta el primer juicio adversarial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como parte del Caso 03, que trata con el tema de los llamados ‘falsos positivos’. 

Entre el 18 y 20 de septiembre se realizó en Valledupar la primera etapa de este proceso inédito en el sistema de justicia transicional que estableció el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc. 

Era la primera vez que algunos de los familiares de las víctimas se encontraron cara a cara con Mejía. 

“Fue muy duro para las víctimas que pudieron participar de manera presencial en la audiencia en Valledupar, ver a Publio Hernán Mejía caminar entre ellas y mantener esa dignidad inquebrantable, casi como un semidiós”, dijo Pumarejo.

Y es que la actitud del excomandante durante la diligencia fue de altivez, pese a que todos los testigos que llamó la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y que hicieron parte del batallón contaron cómo Mejía les daba las órdenes y sabía lo que estaba sucediendo en todo momento. La UIA señaló en la presentación del caso que, durante el tiempo que Mejía comandó el batallón, el 87% de las bajas que reportaron en ese momento fueron ilegítimas.

Sin embargo, el oficial reiteró lo que ha dicho en audiencias pasadas, exculpándose de cualquier suceso. “Por la verdad y la historia que la JEP debe reconstruir por este país, no puedo aceptar lo que nunca hice”, dijo. 

Su abogado, Germán Guillermo Navarrete, alegó que la Fiscalía había incumplido en su deber de investigar, realizando de esta forma una alianza “conveniente con delincuentes que se habían inmiscuido en el batallón”. 

Las víctimas tienen voz

Mientras se realizaba la audiencia, en una sala contigua, 62 víctimas siguieron el juicio por circuito cerrado de televisión, con acompañamiento psicojurídico. Otras 10 víctimas seleccionadas previamente pudieron estar presentes en la diligencia principal para dar su testimonio. 

El primer testigo para la acusación en ser llamado al estrado fue Alith Alonso Pacheco, hermano de Anuar Pacheco, miembro de la comunidad Kankuamo, quien fue asesinado por paramilitares en 2002 y luego lo hicieron pasar por guerrillero en el Batallón La Popa.

Según Pacheco, la madrastra de los hermanos los señaló ante los paramilitares como pertenecientes a un grupo armado, lo que desencadenó en la muerte de Anuar con cuatro disparos a quema ropa en su pecho y rodillas. 

Pese a las medidas tomadas para que familiares de las víctimas pudieran dar testimonio, dos que habían sido citadas para ser testigos decidieron no presentarse, aduciendo motivos de seguridad y también por el impacto emocional de enfrentarse, dijo Michael Ramos, psicólogo que lleva estos casos del Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Otra víctima que también fue llamada sí tomó el estrado, pero pidió que se detuviera la transmisión de su testimonio y fueron retirados del recinto los periodistas mientras ella narraba los hechos. 

El único que no sabía lo que pasaba

Al iniciar la diligencia, el fiscal Samuel Serrano Galvis presentó el caso con una narrativa contundente y pidió la sanción más alta para Mejía: 20 años de pena privativa, afirmando que “a la sombra instrumentalizaba la institucionalidad, diseñada por el Estado para defender a la comunidad, para cometer los más deleznables crímenes, creando y dirigiendo un temido ilegal aparato de poder en una zona azotada por violencia”. 

Asimismo, lo acusó de aliarse con grupos paramilitares para cometer estos delitos y llamó a estos hechos como el “el tren del horror”. En 2009 un desmovilizado paramilitar testificó en versión libre que Mejía mantenía contacto con alias “39”, quien fue exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. (Leer más en Desmovilizado asegura que alias ‘39’ y el coronel Mejía eran aliados)

Tres exfuncionarios y militares que hicieron parte del Batallón La Popa testificaron en contra de Mejía. Heber Hernán Gómez Naranjo, quien en su momento era teniente coronel y estaba siendo procesado antes de entrar en la JEP, contó cómo Mejía cambió las dinámicas de poder en el batallón y la forma en la que se empezaron a dar los primeros casos de bajas de civiles que se hacían pasar por guerrilleros o paramilitares. 

Gómez relató cómo el antiguo comandante le ordenó una noche que se dirigiera hacia la carretera de Patillal y que se detuviera al ver una fogata. Siguiendo sus indicaciones, llegó al punto con sus uniformados y de repente empezaron a recibir disparos de una camioneta, hasta que dio el alto al fuego porque la camioneta escapó. Cuando se acercaron a registrar la zona un soldado encontró un cuerpo.

“No se hizo levantamiento judicial y la orden que había recibido de Hernán Mejía era que tenían que llevar el cuerpo a la morgue municipal y se reportó como un miembro de las autodefensas. La orden puntual era que se debía reportar un combate. Desde ahí todo inició, las dinámicas ya tenían una ruta de cómo se realizaban”, aseguró Gómez. 

Nelson Javier Llanos hizo parte del mismo operativo como comandante del primer pelotón. En sus versiones ante la justicia penal militar siempre relató este hecho como un combate real porque él había visto que les habían disparado. Dijo en el juicio que sólo se enteró años más tarde que todo había sido un montaje cuando le contó su superior, Heber Gómez.  

También indicó cómo se había enfrentado una vez a Mejía para reclamarle porque le estaban haciendo firmar documentos manifestando que habían tenido combates que no habían ocurrido. Según Llano, Mejía le respondió: “Hermano, eran bandidos y tenían que morir”.

Manuel Valentín Padilla, quien era mejor conocido en el batallón como Hugo, se desempeñó como oficial de inteligencia y dijo ser la mano derecha de Mejía. Padilla siempre andaba con ropa de civil y se hacía pasar como vendedor de plátanos para recolectar información. Él recibía órdenes directas de Mejía con quien se comunicaban a través de llamadas por celular. 

Contó cómo un día le realizaron un retén los paramilitares cuando iba destino a Valledupar vía Patillal, lo paró el comandante alias ‘El Paisa’ y cuando lo vio quien era lo dejó seguir. Días después, el paramilitar convocó a Padilla a una reunión en donde ‘El Paisa’ le pidió que le comentara a Mejía que le iba a dejar un positivo en la carretera, según cuenta. Cuando transmitió el mensaje a Mejía, éste le respondió que él ya tenía conocimiento, y que había que estar pendiente. 

A la espera de una sentencia

A pesar de que hasta ahora sólo se ha dado una fase inicial del proceso, los representantes de las víctimas creen que es un buen inicio. Se le dio voz a las víctimas y la UIA pudo corroborar a través de los testigos la hipótesis de responsabilidad del acusado.

“Para nosotros fue una jornada muy positiva, creemos que los objetivos que se buscaban con la UIA y desde nuestra participación se lograron”, dice Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Los representantes de las víctimas también valoraron el hecho de que los tres testigos que eran militares expresaran de manera directa su responsabilidad es un gran acierto, pese a que solo fue en uno de los patrones macro criminales.

“Ese simple y sencillo reconocimiento tiene un impacto en la psique de las personas, un impacto cultural y social necesario. Por ejemplo, a muchas de las víctimas hoy se les reconoce como guerrilleros caídos en combate y sus familiares quieren que se les limpie su nombre”, dijo Ramos. 

Las siguientes audiencias del juicio contra Mejía se realizarán en la ciudad de Bogotá los días 17, 18, 28 y 29 de octubre; y se reanudarán el 12, 13, 25 y 27 de noviembre, en las cuales podrían ser llamados por la defensa testigos como los expresidentes Álvaro Uribe Vélez o Andrés Pastrana. Las últimas fechas en las que se realizará esta diligencia serán en Medellín el 3 y 4 de diciembre, donde se dará una sentencia. 

Hasta ese momento, a Mejía aún le queda oportunidad de reconocer los hechos y que su pena privativa no sea de 20 años como pide la UIA, sino que vaya de cinco a ocho años si admite y reconoce responsabilidad tardía de todo de lo que está siendo acusado. 

El subcaso Costa Caribe

El macrocaso nombrado Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, es uno de los más avanzados hasta el momento, de ahí que este juicio adversarial haya sido el primero en la JEP. 

Uno de los factores determinantes para que se haya dado de esta forma es la división por subcasos dependiendo de las zonas con más hechos. Entre estos se encuentran priorizadas Meta, Casanare, Huila, Antioquia, Norte de Santander y la costa Caribe.

Cesar fue el centro de cientos de asesinatos entre 2002 y 2005; estuvo en la comandancia de primero de Publio Hernán Mejía y luego de Juan Carlos Figueroa Suárez. Ambos han negado su responsabilidad en los hechos. 

Fueron 15 militares que llamaron a la jurisdicción para reconocer responsabilidad por haber cometido delitos dentro del código penal, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. De este grupo, 12 de ellos aceptaron que sabían de los sucesos o que tuvieron participación, quienes no lo hicieron fueron los excomandantes Mejía, Suárez y el coronel (r) José Pastor Ruiz Mahecha. 

La JEP estableció que fueron dos patrones criminales los que se implementaron. Uno de ellos fue el señalamiento de civiles como personas que pertenecían a grupos armados o delincuencia común. Las bajas presentadas habían sido previamente asesinadas y retenidas por grupos paramilitares como las AUC, tenían informantes que les daban nombres de que cierta familia tenía supuestas conexiones con la guerrilla y adicionalmente asesinaron en estado de indefensión a miembros que se habían rendido y entregado las armas. 

El segundo patrón fue la elección de personas en condiciones vulnerables, pues asumieron que nadie reclamaría por su muerte. Usaron estrategias como ofrecerles trabajo y llevarlos a zonas alejadas para asesinarlos; bajo este método trasladaron a personas desde Barranquilla y Valledupar. 

Todo esto se realizó durante la política de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe, que buscaba recuperar el control del país a través del fortalecimiento militar y la presencia estatal para debilitar los grupos armados al margen de la ley. En consecuencia, se empezaron a condecorar a los militares y batallones donde daban mayores resultados operacionales y bajas en combate. 

La JEP afirmó en el Auto 128 de 2021 que integrantes del Batallón La Popa presentaron, en el periodo de 2002 a 2005, ilegítimamente 127 personas asesinadas como dadas de baja en combate, en 71 hechos ocurridos en los municipios de Valledupar, San Diego, Pueblo Bello, El Copey, Codazzi, Manaure, La Paz y Bosconia, del norte de Cesar, y San Juan del Cesar y Urumita, al sur de La Guajira. 

Casi un tercio de las víctimas civiles fueron presentadas como dadas de baja en combate por miembros del Batallón La Popa y el Grupo Mecanizado de Caballería Juan José Rondón.

Después de dos décadas, las víctimas de estos casos se sienten un poco más cerca de alcanzar una parte de justicia con este primer juicio, que marca un hito para la justicia transicional en el país y les otorga un espacio para exigir de alguna manera la reparación que se prometió en el Acuerdo de Paz de 2016. 

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Entre el 8 y 10 de agosto, en Neiva, se realizó la primera audiencia de reconocimiento y aceptación de responsabilidad del Caso 03 en Huila, donde 74 exmiembros de la Fuerza Pública contaron a más de 140 víctimas presentes los hechos que los llevaron a cometer asesinatos y desapariciones forzadas contra civiles en la región entre los años 2005 y 2008.

De los 28 imputados del Ejército Nacional, fueron seis militares quienes no reconocieron su responsabilidad, pese a todos los testimonios entregados por sus subalternos que los involucran directamente. Ahora, el proceso se trasladará a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA) donde se hará una recopilación de información y de existir mérito se les acusaría ante el Tribunal de Paz.

Y ante esta última instancia se realizaría un juicio adversarial que les implicaría sanciones ordinarias entre los 15 a 20 años de cárcel.

En esta situación se encuentran los generales Édgar Alberto Rodríguez Sánchez, Fernando Moncayo Guacha y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, quienes fueron llamados a reconocer su responsabilidad como coautores. El mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca enfrentarían cargos como autores a título de comisión por omisión.

“Los aportes de verdad que surgieron en la audiencia, servirán mucho en el proceso adversarial contra los seis comparecientes que no reconocieron. Las víctimas esperan conocer la verdad de la voz de los comandantes que continúan en negación; quiénes fueron los responsables y cuáles fueron los motivos de los crímenes. Esperan que los responsables sean sancionados de manera justa y proporcionada a la gravedad de los delitos cometidos y la responsabilidad que ostentaban”, dice Rosa Liliana Ortiz, coordinadora del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio.

Desde el equipo de la defensa de estos militares dicen que ellos no reconocen su responsabilidad porque no encuentran fundamento de reproche válido, porque creen que no faltaron a ningún deber y no están de acuerdo en la forma en la que se les atribuyeron los hechos.

Será el Tribunal para la Paz quien tome la decisión de estos seis militares, pero con la información que brindaron los comparecientes en la audiencia les será complicado defenderse. Aún así, continúan teniendo la posibilidad de reconocer su responsabilidad y verdad antes de que se produzca una sentencia definitiva, que le podría dar entre cinco y ocho años, pero si no lo hacen podrían tener una pena privativa entre 15 y 20 años.

Adicionalmente, entre las peticiones de las víctimas se encuentra que se limpie el nombre de las familias y comunidades de forma pública a través de medios de comunicación, la creación de símbolos y escenarios en los que se mantenga la memoria y la reparación a las familias por no sólo el daño de los militares sino el olvido estatal durante tantos años.

La verdad de los subalternos

Durante tres días, los comparecientes dieron a conocer cómo ejecutaron el patrón criminal que hoy en día se conoce como ‘falsos positivos’, que en Huila produjo en el asesinato de 200 personas, 32 desapariciones forzadas y ocho víctimas que lograron escapar de la tentativa de homicidio, tres de esas presentes en la audiencia.

Para Gloria Orcué, representante de víctimas de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, durante todo el proceso diferentes comparecientes mencionaron cómo desde los altos mandos había una presión sobre los subalternos para mostrar esos resultados y hacerlos pasar como combates a pesar de que eran asesinatos a civiles. “Cada vez que se presentaba un hecho daba total credibilidad a pesar de que hubo denuncias no hicieron nada y al contrario facilitaron el ascenso y la entrega de medallas”, dice.

En este caso en específico la Sala de Reconocimiento de Verdad y la Sala de Situaciones Jurídicas decidieron articularse al darse cuenta que las víctimas necesitaban una verdad completa y esta fue la razón para que el subcaso tuviera un alto número de comparecientes contando su historia.

“Una verdad que no sólo podía ser otorgada por los máximos responsables, sino que era necesaria que las víctimas supieran la verdad que también podían dar en detalle aquellos que no fueron seleccionados como máximos responsables en la JEP. Por eso hoy hay 28 máximos responsables y 46 comparecientes que no fueron máximos responsables”, expresó la magistrada Claudia Rocío Saldaña.

Entre los máximos responsables se encontraban tres excomandantes del Batallón de Infantería No. 26 Cacique Pigoanza, los tenientes coroneles en retiro Carlos Yair Salamanca Robles, Orlando Pico Rivera y Ricardo Andrés López García. También comparecieron subtenientes, comandantes y soldados profesionales del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena, de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 y de la Novena Brigada.

El departamento de Huila fue uno de los escenarios ‘prodigiosos’ para cometer estos crímenes debido a la posición geoestratégica que tiene gracias al río Magdalena y al valle interandino.  Desde 1993 las extintas Farc expandieron su poder hacia el sur del país. Por este motivo, la Quinta División del Ejército, a través de la Novena Brigada, desplegó sus fuerzas para retomar el control sobre todo con la política de Seguridad Democrática entre 2002 y 2010, haciendo que la guerrilla se alejara.

Debido a la presencia militar, las Farc decidieron tener otra estrategia y los enfrentamientos disminuyeron pero las fuerzas militares siguieron reportando un alto número de bajas en combate para ser presentados como guerrilleros y reportar ante la opinión pública que estaban trabajando por la paz del país.

En medio de la audiencia, el teniente coronel (r) Yair Salamanca, reconoció que requirió a sus subordinados que presentaran bajas en combate simulando los enfrentamientos y falsificando los informes. “Se empezaron a establecer operaciones pero los resultados eran mínimos, no eran los esperados. Entonces me reuní con el oficial de inteligencia Luis Carlos Aguilera, le ordené tomar contacto con grupos al margen de la ley para identificar a las personas que íbamos a asesinar y luego llevarlas donde se encontraban los grandes pelotones con el fin de cegarles la vida”.

Y es que para los representantes de las víctimas es claro que había coordinación entre las planas mayores y los comandantes de compañía, de ahí la existencia de los tres patrones macro criminales identificados por la JEP, cumpliendo las etapas de planeación, ejecución y encubrimiento, las cuales  guardaban muchas similitudes entre sí. La cadena de mando no se rompía. Todo obviamente obedeciendo la política del conteo de cuerpos, como afirmó Rosa Liliana Ortiz.

Entre las órdenes y la estigmatización

Fueron 59 casos que la JEP incluyó en el patrón de criminalidad en el que los militares traían víctimas de otros lugares del país con ofertas de trabajo falsas, los alejaban de las zonas donde vivían y luego ponían en los informes que habían caído en combate.

Luz Mery Martínez, víctima acreditada, contó cómo fue asesinado su hermano Jaime Rodríguez. “Ese día llegó un señor a preguntarlo. Mi hermano salió a la puerta y le dijo a la mamita que por favor le tapara la comida que no se demoraba más de cinco minutos”, dijo en la audiencia. Amaneció la comida tapada y desde ese momento él no volvió a la casa. Al otro día su familia se enteró que Jaime había sido asesinado por el Ejército, y presentado como un guerrillero.

De acuerdo con el subteniente del Batallón Cacique Pigoanza, Miller Damián Forero, el proceso consistía en engañar o forzar a las víctimas a ir a sitios alejados, donde las identificaban y preparaban el lugar para su asesinato. Los comandantes de pelotón preguntaban a los soldados quién estaba dispuesto a cometer el acto, y organizaban funciones como la seguridad y el disparo final.

Tras el asesinato, colocaban armas en las víctimas para simular un enfrentamiento, y luego informaban al comando del batallón para que realizaran el levantamiento.

En medio de su reconocimiento aseguró haber declarado ante la Justicia Penal Militar y ante la justicia ordinaria “una versión que fabriqué y que le llevé a mis hombres para que lo dijeran en esos dos escenarios”.

La forma en la que decidían quién iba a ser la víctima era por informantes que llegaban a las brigadas, remitidos al comando del batallón para vender la información. Quienes llegaban con los señalamientos recibían entre $1.3 millones y $2.5 millones provenientes de dineros públicos de los impuestos de los colombianos como lo menciona la JEP en su serie documental “Nunca Más: historia de los falsos positivos”.

“Nosotros vimos la más fácil, usar la combinación de todas las formas de lucha, una guerra fratricida y asesinar pobladores que estaban estigmatizados por ser delincuentes comunes”, dijo Faiver Coronado, compareciente de la Fuerza Pública.

Fueron varios los comparecientes que reconocieron haber mentido ante la Fiscalía y la Justicia Penal Militar durante más de 15 años.

“En la justicia ordinaria di información falsa, habían amenazas de comandantes y uno tenía que declarar basado en el informe que hacía el comandante del batallón. Permití, ordené y supervisé”, dijo Wilder Samboní, compareciente del Batallón Magdalena.

“El comandante del batallón no puede decir que no sabía, esto era prácticamente una cadena. Porque esto se convirtió en algo común a nivel nacional. En algunas ocasiones hice capturas y por obedecer, tomamos la decisión (de ejecutarlos) porque no les funcionaba que los llevaran vivos”, Fernando Riveros, compareciente del Batallón Magdalena.

Pese a que varios comparecientes mencionaron a sus superiores como al mayor general retirado Marcos Evangelista Pinto y Édgar Alberto Rodriguez Sánchez, estos dos no reconocieron su responsabilidad por los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

En su versión voluntaria, Pinto reiteró que la intención siempre tuvo una orden que era capturar, tratando de neutralizar y causar el menor daño posible a las personas que se estaban contrarrestando. Dentro de su testimonio defendió al general William Perez Laiseca, quien tampoco aceptó la imputación, diciendo que nunca sintió presión ni una mala señal dentro de lo que está en la ley.

“No era un indigente, no era un guerrillero”

En medio del conflicto en Huila, los militares se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban cientos de personas para hacerlos pasar por guerrilleros, pensando que nadie iba preguntar por ellos.

Eran personas desplazadas en malas situaciones económicas de las ciudades de Pitalito, Garzón y Neiva. Este patrón coincide con la estructura de ejecución de los ‘falsos positivos’ en diferentes zonas como Norte de Santander, Casanare, Antioquia y la costa Caribe; se realizaban para demostrar el control territorial.

Aprovechaban los días festivos que eran días de reunión familiar en los que no había movimiento de gente o vehículos.

Mario Hernán Duarte, del Batallón Magdalena, compareciente y máximo responsable, aseguró que debido a la presión ejercida por sus superiores planeaban operaciones y realizaban misiones de observación en las que identificaban a las personas en situaciones vulnerables.

“Nos encontrábamos con el comandante del batallón, quien recibía la información de inteligencia, se daban las instrucciones al oficial de operaciones y este era quien determinaba cuáles eran las patrullas que iban a ejecutar”, manifestó Duarte.

También comentó que las dinámicas de presión eran muy fuertes y se les pedían resultados operacionales por parte del comandante de brigada Jaime Lasprilla Villamizar y Édgar Rodríguez Sánchez, comandante del batallón.

Frente a esto, la magistrada Lily Andrea Rueda resaltó que durante esa audiencia estaba ocurriendo algo evidente y que tal vez no lo era antes y es que “esto que sucedió es una mentira que no se puede mantener y esta audiencia es un ejemplo y la voz viva”.

Felipe Andrés Ramírez, de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas, teniente para ese momento, reconoció el asesinato de Juan Carlos Aguirre Macías a quien llevaron a Iquira el 1 de febrero de 2008, lo bajaron de una moto y le dispararon tres veces para luego hacerlo pasar por guerrillero del Frente 66 y dejarlo como un N.N.

Su hermano Mauricio Aguirre le reclamó a Ramírez, pidiéndole la verdad: “¿Cuál era la estructura militar, quién dio la orden? Éramos personas humildes, no era un desechable como ustedes dijeron”.

Ramírez pidió perdón a las víctimas y afirmó que fue amenazado para cumplir estas órdenes. “Mi carrera se vio amenazada por un artículo de un código de reglamento institucional de régimen, en el artículo 103 de facultad discrecional. Con el mismo amenazaron a generales, coroneles, comandantes de batallón de relevarlos y echarlos si no cumplían con la política de Seguridad Democrática”.

En este artículo del Decreto 1790 se establecen las circunstancias por las cuales un miembro de las Fuerzas Militares puede ser excluido del servicio, incluyendo comportamientos que afecten la disciplina, la ética militar o faltas graves o delitos.

De supuestos atracos a asesinatos

El tercer patrón macro criminal que se presentó fue usar situaciones de delincuencia común, como atracos o robos, para justificar supuestas investigaciones que terminaban en asesinatos.

El magistrado Alejandro Ramelli resaltó, con algo de ironía, que se lanzaban operaciones contra supuestos delincuentes comunes y el resultado siempre era el mismo: “En las tropas ningún herido, ningún delincuente, ni capturado. Todos muertos”.

A pesar de esto, Marcos Pinto en versión voluntaria dijo que la delincuencia estaba contemplada como organizaciones al margen de la ley y las operaciones que se realizaban eran solo de control territorial.

Fabián Fermín Durando, compareciente y quien fue sargento del Batalllón Magdalena entre 2008 y 2010, contó que el 26 de febrero de 2008 en la vereda Los Ángeles, dijo que por órdenes de su teniente, con el mayor Álvarez y con pleno conocimiento del general Marcos Evangelista Pinto, recibió la orden de desplazarse con siete hombres para recibir unas personas que habían sido recogidas en Pitalito para transportarlas y hacer un montaje de un combate para luego asesinarlas.

“No ganamos nada, sólo era inflar estadísticas de resultados operacionales de un batallón y los fines personales de un comandante. Marco Evangelista Pinto Lizarazo, que no está acá hoy presente, que necesitaba ser general. Tanto fue el descaro que los días posteriores a estos hechos ganamos medio pollo y una gaseosa, diciéndonos: ‘Muy bien, salen de permiso, muchas gracias por el aporte dado’”, aseguró Durando. Por esos “resultados” finalmente fue ascendido al grado de general.

Todo esto se dio gracias a la directriz ministerial 029 de 2005 en el que se daba un incentivo económico de $3.815.000 por cada guerrillero dado de baja, entonces con ese dinero se les pagaba a los reclutadores poniendo precio así a seres humanos. Esta información se dio a conocer públicamente en uno de los informes de la Comisión de la Verdad.

Julián Andrés Motta, quien fue uno de los que intentó quitarle la vida a Ríos, quiso dejar claro que el comandante de pelotón no era una rueda suelta. “Quiero comentar la precisión que se recibía por parte del comandante de batallón, que no está presente, Édgar Alberto Rodríguez Sánchez. Que precisamente no me dijo vaya y asesine, pero las palabras por medio del radio eran: ‘Usted es un mal oficial, usted no da resultados, usted se está comiendo los víveres, le voy a hacer una sanción en el folio de vida’. Y eso era más humillante que cualquier otra cosa”.

El panorama de los militares en el Caso 03

Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son las seis zonas priorizadas, hoy en día subcasos, en las que se concentran los esfuerzos de los magistrados, pues fue donde se registró la mayoría de las víctimas.

Adicionalmente, hay un caso conjunto del “Cementerio las Mercedes de Dabeiba, Antioquia”, que recoge algunas situaciones dentro del 03 y el 04 que prioriza la situación territorial en Urabá.

Hasta el momento Huila ha sido uno de los departamentos con más militares imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad. Pero aún falta que se dé un Auto de Determinación de Hechos y Conductas en el subcaso de Meta para conocer a los imputados.

Sin embargo, las cifras revelan que una gran parte de los militares comparecientes que han sido acogidos por la JEP han aceptado su responsabilidad y recibirán sanciones propias que incluyen el reconocimiento de verdad y la realización de trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador (Toar).

Finalmente, todavía no existe una fecha para llevar a cabo los juicios públicos de quienes no admitieron la imputación, entre esos los seis militares del Huila. Hasta ahora la única cita de este tipo para el Caso 03 será llevada a cabo el 18, 19 y 20 de septiembre al coronel retirado, Publio Hernán Mejía responsable del Batallón La Popa en Valledupar, por la costa Caribe.

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Poco a poco, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ido armando el rompecabezas de los denominados ‘falsos positivos’, nombre mediático con el que se conoce a los miles de asesinatos de civiles que cometieron integrantes de la Fuerza Pública para presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Pero aún falta encontrar la ‘ficha‘ principal.

Ese tribunal de justicia transicional, creado por el Acuerdo de Paz que firmó el Estado colombiano con la extinta guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016, tiene el mandato de investigar y sancionar a quienes comparezcan voluntariamente ante él, sean exguerrilleros, funcionarios estatales o civiles. Sin embargo, no tiene esa competencia para procesar a quienes presidieron la Nación.

De ese modo, ante la JEP han comparecido 3.582 exintegrantes de la Fuerza Pública para que rindan cuentas en el Caso 03, en el que son investigadas esas ejecuciones extrajudiciales. El país ha escuchado en viva voz de quienes tuvieron el deber constitucional de proteger a todos los colombianos, cómo se confabularon para matar a civiles que no hacían parte de las confrontaciones para recibir beneficios.

El muro de silencio que existía alrededor de estos crímenes fue derrumbado por las audiencias públicas de reconocimiento que decenas de comparecientes han realizado ante la JEP, tras haber sido imputados por cientos de ejecuciones extrajudiciales y otros delitos que cometieron con el fin de llevar a cabo su cometido.

En total se han realizado cuatro audiencias de ese tipo, que han sido retransmitidas en tiempo real por diferentes canales virtuales, para que la sociedad colombina se entere de ese oscuro capítulo del conflicto armado. La primera fue en Antioquia (Dabeiba), le siguieron Norte de Santander (Ocaña), Cesar (Valledupar) y Casanare (Yopal).

Son espacios judiciales que han servido para dimensionar el alcance de ese crimen cometido por agentes del Estado. Y al final, las víctimas siempre le hacen la misma pregunta a los exmilitares que confiesan sus crímenes, aceptan responsabilidad y les piden perdón: ¿quién dio la orden?

Las miradas de las víctimas apuntan hacia los ministros de Defensa y el Presidente de la República de la época, pero los relatos sólo llegan hasta comandantes de batallones y brigadas. La responsabilidad, hasta ahora, no ha escalado hasta el nivel más alto de la cadena de mando.

Por esa razón, el pasado 7 de noviembre, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL), en representación de un grupo de familiares de once víctimas de ‘falsos positivos’, demandaron penalmente en Argentina al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Sebastián Escobar, abogado del CAJAR, reconoce los esfuerzos y resultados que hasta el momento ha logrado la JEP, como establecer un universo de víctimas y realizar de manera pública las audiencias de reconocimiento de responsabilidad. Sin embargo, ante la imposibilidad de procesar a exmandatarios de la República y los nulos avances de la justicia ordinaria, la organización para la que litiga decidió demandarlo de manera colectiva en el exterior.

“Hemos decidido acudir a Argentina porque es un país que reconoce en su Constitución el principio de jurisdicción universal, que permite a los Estados perseguir los graves crímenes internacionales sin importar el lugar donde se encuentren sus presuntos perpetradores. Tiene una experiencia reciente en la aplicación de este principio de jurisdicción universal con el tema del franquismo o en Venezuela”, explica.

Recalca que esta denuncia “es totalmente procedente en la medida en que la justicia colombiana, después de 20 años, ha sido incapaz, pese a los serios indicios, de avanzar en acciones de exigibilidad y justicia en contra del expresidente Uribe en todos estos años”.

Esta investigación permitirá que por primera vez un exmandatario colombiano sea indagado desde el exterior por su presunta responsabilidad en crímenes. Para Escobar es claro que Álvaro Uribe tuvo conocimiento sobre las ejecuciones extrajudiciales cuando apenas estaban empezando, pero le faltó adoptar medidas para impedir que siguieran sucediendo y terminó desestimando las denuncias presentadas.

“Su gobierno tuvo conocimiento de los primeros momentos en que se presentó esta práctica y a pesar de esto siguió alentando la presentación de resultados operacionales consistentes en bajas, siguió presionando a sus subordinados”, precisa.

Y agrega: “Ya no niega la existencia misma de las ejecuciones, ahora se centra en señalar que él adoptó las medidas que estaban a su alcance para prevenir este tipo de hechos. Sin embargo, la realidad lo desmiente, porque estos hechos se siguieron presentado durante casi todo su mandato y porque realmente, en lugar de adoptar medidas oportunas, utilizando presiones de todo tipo que desencadenaron en la masividad de los hechos en sí mismo”.

Yopal, la audiencia más reciente de la JEP

Con jarrones rotos, como símbolo del camino quebrantado, llegaron familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales del departamento de Casanare a la audiencia de reconocimiento de verdad que se realizó en Yopal, entre el 18 y el 20 de septiembre de 2023.

“Ese quebranto lo sentimos cuando al pasar del tiempo escuchamos tantas mentiras”, dijo, en el acto simbólico inicial, Derly Patiño, esposa de Hugo Edgar Araque, asesinado el 10 de octubre de 2005 por miembros del Ejército Nacional.

Esta es la cuarta audiencia de reconocimiento de responsabilidad que hace la JEP dentro de los departamentos priorizados en la primera fase del Caso 03, que es uno de los puntos vitales dentro del proceso investigativo que adelanta la JEP y define el tipo de sentencias a las que se exponen quienes comparecen ante ella por haber cometido crímenes en el marco del conflicto armado hasta 2016.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que en Casanare 296 personas fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate por la Brigada XVI. Los crímenes fueron cometidos entre los años 2005 y 2008; algunos sobrepasaron la jurisdicción de ese departamento y fueron cometidos en municipios de Boyacá, Meta y Arauca.

En Casanare, la JEP reveló la actuación de una red criminal de 367 personas, entre militares, miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y civiles, que planeaban y cometían asesinatos de jóvenes, la cual se instauró en la Brigada XVI, al mando del general retirado Henry William Torres Escalante.

Los magistrados describieron que esa alianza estuvo compuesta sub organizaciones criminales que operaron en red, orientadas al asesinato y desaparición de hombres, mujeres y jóvenes indefensos de la población, cuyas edades oscilaban entre 18 y 25 años de edad.

Se articularon para presentar a sus víctimas como personas dadas de baja en combate, con el fin de aparentar una ventaja militar en el conflicto armado, que se valió de la institución militar y recursos para desplegar acciones orientadas al cumplimiento de un plan criminal. (Leer más en: ‘Falsos positivos’: macabra estrategia para mostrar que se estaba ganando la guerra)

Mediante el Auto 055, la Sala de Reconocimiento imputó a un general retirado, dos coroneles, tres tenientes coronel, diez oficiales, seis suboficiales, un soldado, un funcionario del extinto DAS y dos terceros civiles por crímenes de guerra y lesa humanidad, como homicidio y desaparición forzada sistemáticos.

Además, en este subcaso se presenció un evento histórico, ya que se reconoció el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género. La JEP recolectó información donde encontró que dentro de los asesinatos hubo un joven con orientación sexual diversa y nueve mujeres. Dos de ellas se desempeñaban en la prostitución y una estaba en embarazo.

Patrón de persecución de la Brigada XVI

Las pesquisas de la JEP en este macrocaso partieron de abajo hacia arriba; es decir, empezar a indagar a los soldados rasos para ir subiendo de rango hasta localizar los altos mandos responsables de dar las órdenes de asesinar a jóvenes simulando combates. Es una forma contraria a lo que han realizado con los miembros de las Farc que dejaron las armas y están compareciendo ante ella, pues sus investigaciones empezaron con los comandantes de la otrora guerrilla.

Para esta audiencia, la magistrada Catalina Díaz y el magistrado Óscar Parra, hicieron la contrastación judicial y el análisis de ocho informes aportados por entidades estatales como la Fiscalía y la Procuraduría, además de organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos.

También escucharon 106 versiones de comparecientes (desde soldados hasta generales de la República, incluyendo terceros civiles que colaboraron con las unidades militares); las observaciones de las víctimas y de la Procuraduría; las versiones en informes escritos y en audiencias públicas; las inspecciones judiciales a 48 procesos de la Jurisdicción Penal Ordinaria y 224 de la Justicia Penal Militar, adicionales a los expedientes que la Sala recibió por parte de la jurisdicción ordinaria.

Este trabajo de documentación y contraste le permitió establecer a la JEP que las 296 ejecuciones extrajudiciales imputadas constituyen casi dos terceras partes de los resultados que reportó la Brigada XVI en la época. Esas supuestas bajas en combate fueron utilizadas como un indicador militar, como lo reconocieron numerosos comparecientes.

En esos crímenes también participaron unidades militares subordinadas a la Brigada XVI como el Batallón de infantería No 44 Ramón Nonato Pérez (Birno), Grupos Especiales Delta y el Gaula Casanare. Sobre el extinto DAS, la Sala refiere que sus miembros participaron en la producción de información de inteligencia para darle apariencia de legalidad a las actuaciones y en la ejecución de los hechos; en varios casos, incluso, asesinaron a las víctimas.

El general retiro Henry William Torres Escalante comandó la Brigada XVI entre 2006 y 2007. Ese fue el periodo en el que se registraron los porcentajes más altos de ‘resultados’ cuestionados a la unidad militar. En junio de 2020, en las primeras audiencias de observaciones, Torres reconoció, después de haberlo negado en diversas ocasiones, su responsabilidad por omisión en varias ejecuciones extrajudiciales y admitió que sus exigencias pudieron derivar en los casos de ‘falsos positivos’.

“De manera libre, voluntaria y consciente de mi posición y de las obligaciones que me eran exigibles como oficial del Ejército Nacional, asumo con vergüenza el señalamiento de máximo responsable y autor inmediato por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada”, fueron las palabras de Torres Escalante frente a las víctimas.

De igual manera, mencionó que las presiones constantes venían del general (r) Mario Montoya, por aquel entonces comandante del Ejército Nacional, quien también fue imputado por la JEP el pasado 30 de agosto. En su relato, el exoficial indicó que las presiones ocasionaron que los subordinados se obsesionaran con los resultados, contratando menores de edad para que fungieran como reclutadores. (Leer más en: “Las bajas no es lo más importante, es lo único”: general Mario Montoya)

Por otro lado, se refirió a incentivos para cometer las ejecuciones extrajudiciales, como permisos, comidas especiales, planes vacacionales, cursos de formación en el exterior y reconocimiento que les permitieran ascender en sus carreras.

En cuanto a los crímenes relacionados con el Grupo Gaula de Casanare, en la JEP se pudo establecer que uno de sus antiguos comandantes, el mayor en retiro Gustavo Enrique Soto Bracamonte, dio órdenes expresas, orientadas a la comisión de los crímenes, que fueron cumplidas por sus subordinados.

Entre 2019 y 2020, Soto Bracamonte compareció ante este sistema de justicia transicional y entregó versiones que comprometen al entonces comandante de las Fuerzas Militares, el general (r) Mario Montoya. Según su confesión, Montoya presionaba para que se consiguieran resultados a “toda costa”. Sin embargo, la defensa del otrora oficial de mayor rango, ha desacreditado dichas acusaciones.

Y fue el único en negar responsabilidad frente a los ‘falsos positivos’. Al día siguiente de terminada la audiencia, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) reaccionó de manera agresiva contra la JEP, afirmando que esta instancia jurídica “estimula reconocer delitos no cometidos”. Además, revictimizó a quienes les fue segada la vida por quienes debían garantizar la seguridad de los colombianos, al decir que la JEP “presenta como inocentes a quienes estaban delinquiendo así sus familias no lo supieran”. La mayoría de esos crímenes sucedieron durante gobierno mientras era el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares. Este caso de revictimización fue analizado y contrastado en el proyecto VERIFICO.

La voz de las víctimas

Las víctimas acreditadas para esta audiencia fueron 14, quienes preguntaron a los comparecientes por sus familiares y les recriminaron por no haber aceptado los cargos en otros momentos, cuando fueron llamados por la justicia ordinaria. Sólo lo hicieron, “a medias”, años después ante la JEP.

Llanto de hijos y madres demostraron que solo el dolor los ha acompañado después de su pérdida.

Yohana Torres fue una de las pocas víctimas que pudo cuestionar a los exmilitares. En el año 2007, integrantes del Grupo Delta asesinaron a su padre, Germán Torres Arciniegas, y a su hermano de 16 años de edad, Roque Julio Torres. Ambos fueron reportados sin identificar y como supuestos miembros de las Farc dados de baja. Yohana los cuestionó con dureza: “Hoy estamos las víctimas. No para mendigarles a ustedes la verdad, hoy estamos aquí para exigirles la verdad”.

Un par de años antes de ser asesinados, los Torres fueron testigos y denunciantes del asesinato de Hugo Édgar Araque, a manos de miembros del Ejército Nacional, quien también fue presentado como baja en combate; en este caso, por hombres asignados al Birno.

Yohanna tenía trece años cuando asesinaron a sus seres queridos. Su dolor no ha dejado de aumentar con el paso de los años y alega que es alimentado por la falta de verdad y justicia.

“Nos quitaron la niñez, la posibilidad de crecer en el hogar con el amor de nuestros padres. Nos obligaron a reprimir nuestros miedos, nuestro dolor y nuestras tristezas. Y nos obligaron a salir, siendo unos niños, a trabajar para llevar un sustento a nuestras madres. Después del encuentro personalizado con los comparecientes, duré tres noches teniendo pesadillas, viendo a mi padre y a mi hermano siendo asesinados”, indicó en medio de la audiencia.

Las víctimas le exigieron respeto al general (r) Torres Escalante.  Y resaltaron una frase del exmilitar que les despierta profunda indignación y que han escuchado durante mucho tiempo en el proceso de esclarecimiento de la verdad: “A mí no me pagan por capturas, a mi me pagan por bajas”. Criticaron la actitud del general por estar escudándose.

Ninfa Cruz, integrante de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc), que hace acompañamiento a víctimas de ‘falsos positivos’ en Casanare desde hace veinte años, explica que “desafortunadamente esa audiencia lo que removió fue dolor, porque las víctimas se fueron inconformes hacia sus casas, porque no escucharon la verdad de la situación que se dio con sus familiares, empezando por el general Henry Torres Escalante”.

Y pone lupa en la forma como se expresaba el coronel Torres Escalante: “Era una forma muy sarcástica, donde se veía que él no estaba diciendo la verdad, teniendo en cuenta que los otros militares siempre lo implicaban a él y él insistía en que estaba diciendo nada más que la verdad y se escudaba mucho en la religión. Los familiares no se fueron satisfechos frente a eso”.

Esas “mentiras” que cuestionó Derly Patiño al inicio de la audiencia se vieron reflejadas a lo largo de los días que duró y al final las víctimas quedaron aún más confundidas. Aseguran que no tienen garantías, que no les dan respuesta y que se sienten agotadas.

“Las familias no quedaron satisfechas con los militares –advierte Ninfa Cruz–; no hubo aclaración de qué pasó con sus familias. Se fueron muy enfermas las víctimas, muy recargadas, sin tener claridad frente a su situación. Decepción fue lo que sintieron porque los militares no dijeron la verdad, no hubo claridades frente a los campesinos que fueron ejecutados por ellos. Hubo revictimización”.

El Estado pidió perdón

Días después de realizada esta audiencia, el Estado colombiano pidió perdón de manera pública, por primera vez, a las familias de víctimas de ‘falsos positivos’. El evento se realizó el 3 de octubre en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Fue un acto de excusas públicas liderado por el ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien estuvo acompañado por el comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina. Si bien el evento se centró en las familias de los 19 jóvenes de Soacha y Bogotá asesinados en Ocaña, Norte de Santander, se extendió a las demás víctimas de esta clase de ejecuciones extrajudiciales. Según estimaciones de la JEP, al menos 6.402 personas fueron asesinados bajo esa modalidad.

Con camisetas blancas, estampadas con el rostro de sus seres queridos, las familias se reunieron en la Plaza de Bolívar y en un acto de unidad, tomadas de las manos, con fotos de sus hijos gritaron: “¡Las madres no se rinden carajo!”. De nuevo revivieron el dolor por sus pérdidas, pues este es un capítulo de la historia de Colombia que es aterradora y cruel. Agradecieron por el espacio, pero exigieron la presencia de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

Allí, el Ministro habló sobre la necesidad de enfrentar el pasado y buscar la verdad. Considera que es la única forma de lograr justicia y reconciliación. “Pedimos perdón por estos crímenes que nos avergüenzan ante el mundo”, fueron sus palabras al inicio de las excusas públicas, además, resaltó “la valentía, tenacidad y fortaleza” de las madres de los ‘falsos positivos’ para insistir en dignificar sus seres queridos.

El presidente Gustavo Petro también asistió al evento, pidió perdón, reconoció la lucha de las madres de Soacha e hizo un llamado para que se acelere el esclarecimiento de la verdad. “Ustedes son las madres de la patria, las que han querido silenciar”, les dijo el mandatario.

Para Ninfa Cruz es un avance que el Estado reconozca a los familiares, “que limpien su nombre, que digan públicamente que no fueron ningunos guerrilleros, no eran asesinos ni delincuentes, que sean reconocidos como víctimas, que sean indemnizados por todo el daño que les hicieron”.

Luego, el 12 de octubre, por segunda vez el Estado pidió perdón por ocho ‘falsos positivos’ en diferentes municipios de los Llanos Orientales. El evento se realizó en Villavicencio y también asistió el ministro Iván Velásquez, en donde aseguró que pedirán perdón en todo el territorio colombiano, repitiendo en voz alta los nombres de personas inocentes.

Olga Lucía Naizir, abogada del Colectivo Orlando Fals Borda, organización que hace acompañamiento a esas familias, exalta estos actos de perdón por parte del Estado porque “permite dignificar el nombre de la familia y que toda la sociedad colombiana sepa que sus seres queridos no hacían parte de ningún grupo armado ilegal, no hacían parte de las hostilidades y eran campesinos que labraban el campo”.

Insiste en que es importante que la sociedad sepa lo que sucedió para que estos crímenes no se vuelvan a repetir: “Para las víctimas es muy doloroso todo este proceso, pero que se les haya pedido perdón públicamente genera cierto grado de sanación del dolor, porque fueron señaladas de ser familiares de guerrilleros”, dijo a este portal la abogada del Colectivo.

Estos eventos de excusas públicas y reconocimiento a las víctimas tienen origen el pasado 4 de junio, cuando el Estado le pidió perdón a la familia de Álix Fabián Vargas, uno de los jóvenes de Boyacá asesinado en 2008, que fue engañado para trabajar en Ongaza, Santander, y luego presentado como guerrillero del Eln dado de baja en combate.

Ese acto sólo se realizó con la familia de la víctima, en privado, pero fue la antesala para que el Ministro de Defensa decretara que se revisen todas las sentencias judiciales que ordenan pedir perdón a las familias víctimas de ‘falsos positivos’, pues estaban engavetadas. Velásquez refirió 53 sentencias y algunas están archivadas desde 2015. Por ello, se comprometió a cumplir esas sentencias a partir de este mismo año.

Para Sebastián Escobar del CAJAR, que el Estado haga un reconocimiento de estos crímenes y de las víctimas, es muy necesario porque “justamente ellas han tenido que enfrentar muchos años de negacionismo frente a estos hechos. Con estos actos hay un reconocimiento a la historia particular de las víctimas que han tenido que hacer enormes sacrificios para mantenerse en esa búsqueda de verdad, de justicia y de una reparación integral”.

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“No fueron hechos aleatorios, ocasionales o aislados”, afirmó la magistrada Catalina Díaz Gómez, quien, en compañía de los magistrados Óscar Javier Parra y Julieta Lemaitre Ripoll, presentó los hallazgos de la investigación que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre las ejecuciones extrajudiciales, también llamados ‘falsos positivos’, que perpetraron militares de diversos rangos adscritos a la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín.

“La política establecida en la IV Brigada para confrontar a las Farc-EP, recuperar el territorio bajo su control y ganar la guerra, al menos en el departamento de Antioquia, permitió que los perpetradores tuvieran la motivación y contaran con los recursos necesarios para cometer estos crímenes”, concluyó el tribunal de la JEP.

Los hechos quedaron registrados en el Auto que Determina los Hechos y Conductas que la JEP presentó el pasado miércoles sobre lo ocurrido en la región del oriente antioqueño durante los años 2002 y 2003, atribuibles a tropas de la IV Brigada, cuando empezaba el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y entró en operación el Plan Patriota, una estrategia de seguridad  militar contra los grupos guerrilleros del país.

Según la magistrada, las muertes en combate fueron impuestas en la IV Brigada como “único indicador de éxito militar” por la comandancia de aquella época.

La JEP recordó que estos hechos se dieron en el marco de una política de seguridad y defensa del Estado colombiano, en cabeza de los presidentes Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), cuyo objetivo principal fue alcanzar la victoria militar.

“Ambos gobiernos trazaron líneas de acción compartidas que se caracterizaron por el fortalecimiento de la fuerza pública en términos presupuestales, en pie de fuerza, nuevas tecnologías, sistemas de información, y en el mejoramiento del régimen prestacional y de carrera de sus miembros”, explicó la magistrada.

Las unidades implicadas por la JEP son el Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 Juan del Corral (GMJCO); la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas Número 5 (AFEUR); el Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez Restrepo (BAJES); el Batallón de Infantería No. 32 General Pedro Justo Berrío (BIPEB); el Batallón de Infantería No. 10 Coronel Atanasio Girardot (BIGIR); y el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina (BIOSP).

Se trataron de nueve imputaciones que se dieron dentro del Subcaso Antioquia I, que investiga la ejecución de ‘falsos positivos’ entre 2002  y 2003 en el oriente antioqueño, dentro del Caso 03: Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Hasta la fecha, la JEP ha imputado a 62 personas por la comisión de esos delitos.

Antioquia reúne el mayor número de casos registrados en el Universo Provisional de Hechos del Caso 03. De las 6.402 víctimas identificadas por la JEP entre 2002 y 2008, por lo menos 1.613 (25,19%) ocurrieron en este departamento.

De este total, 501 casos ocurrieron en el oriente antioqueño. “Esto contribuyó a que en Antioquia se experimentara un aumento progresivo de hechos, que reflejaron una tendencia exponencial, que influyó en la dinámica del fenómeno criminal en el resto del país”, señaló la magistratura. (Leer más en Estos eran los oficiales del Ejército en las zonas con más ‘falsos positivos’ y ‘Falsos positivos’ y justicia restaurativa: el dolor de empezar a sanar)

Estrategia de guerra

Como máximo respondiente, la JEP llamó a reconocer responsabilidad al excomandante de la IV Brigada (2001-2003), el general (r) Mario Montoya Uribe, quien años después fue comandante del Ejército Nacional (2006- 2008). También imputó cargos contra dos excomandantes del Batallón de Infantería No. 4: teniente coronel (r) Julio Alberto Novoa Ruiz (2000 -2003) y teniente coronel (r) Iván Darío Pineda Recuero  (2003).

Según el auto de la Sala, estos oficiales, mediante la articulación de órdenes genéricas e implícitas, instigaron a los ejecutores materiales, a pesar de no tener siempre contacto directo con ellos y encontrarse, por regla general, relativamente alejados del lugar de la perpetración de los crímenes.

“La imputación del excomandante de la IV Brigada y de los dos excomandantes del BAJES se sustenta, en parte, en la presión que cada uno de ellos ejerció por bajas en combate. Una práctica que se replicó a lo largo de toda la cadena de mando militar, hasta constituir el punto de partida del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate”, indicó la magistrada Díaz.

Por su participación en estos delitos, la JEP también imputó en calidad de coautores a seis militares más: subteniente Emerson Antonio Castañeda Morales, comandante de pelotón en las baterías Deriva, Atacador y Cañón, aún activo en el Ejército; teniente (r) Nelson Enrique Carvajal Chisco, comandante de las baterías Bombarda y Cañón; subteniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez, comandante del pelotón Atacador 1; subteniente (r) José Alejandro Ramírez Riaño, comandante de la batería Cañón; subteniente (r) Diego Germán Guzmán Patiño, comandante del pelotón Bombarda 1; y al soldado regular Óscar Iván Mayo Marulanda.

Este segundo grupo de máximos responsables “estando en el teatro de operaciones ordenaron directamente a sus subordinados inmediatos la comisión de los asesinatos y actuaron junto con los ejecutores materiales o realizaron aportes esenciales en el nivel de ejecución, para la consolidación del patrón macrocriminal”, precisó la magistrada.

La togada expuso que la decisión de imputación se tomó basada en 130 asesinatos y desapariciones forzadas —tres víctimas son sobrevivientes— cometidos entre el 2002 (53 casos) y el 2003 (77 casos) en el oriente antioqueño.

Por lo menos 33 víctimas fueron desaparecidas forzadamente y enterradas como personas no identificadas; del total de víctimas, tres estaban en condición de discapacidad; así como 11 niños y 4 niñas.

Los atroces hechos se presentaron, especialmente, en el BAJES, que concentró el 80 por ciento de los crímenes analizados por la JEP.  Los magistrados llegaron a la conclusión de que la presión por resultados en la Brigada IV se centró en presentar “muertes en combate como único indicador de éxito”, asesinando y desapareciendo forzadamente a personas en 16 municipios del oriente antioqueño, entre ellos San Carlos, San Rafael, Granada y Cocorná.

La Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad reiteró que estos homicidios en persona protegida y desapariciones forzadas no fueron hechos aleatorios, ocasionales o aislados: “Los crímenes fueron planeados, dirigidos u organizados por agentes del Estado que se encontraban en cumplimiento de sus deberes oficiales”.

El tribunal precisó tres modalidades en estos hechos. Por un lado, era frecuente que las víctimas fueran sacadas de sus casas o sus trabajos, o fueran interceptadas en los transportes y vías públicas, luego de ser señaladas como guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla.

“Este fue el caso, entre muchos otros, de Luz Stelly Morales, de 16 años, quien fue asesinada por tropas de la Batería Atacador 1 luego de ser sacada de su casa en la zona de El Morro, en el municipio de Granada. Luz Stelly fue señalada por una guerrillera desmovilizada del ELN y asesinada por la tropa luego de que su captura fuera rechazada por el comandante de la Batería”, expuso la magistrada Diaz.

Por otro lado, el engaño de personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica para ser trasladadas al lugar donde serían asesinadas. En su mayoría, las víctimas de este patrón eran personas habitantes de calle y, en algunos casos, trabajadores informales de la Central Minorista de Medellín.

“Así ocurrió, el 6 de julio de 2003, cuando miembros del Pelotón Cañón 2 del BAJES, vestidos de civil, se dirigieron a la central minorista de Medellín “José María Villa”. Allí  llegaron a ofrecerles a cuatro hombres que trabajaban en oficios varios ayuda con una mudanza a las afueras de Medellín. Los cuatro hombres aceptaron la propuesta engañosa, fueron conducidos por los militares hasta Granada, donde fueron asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate en el marco de la operación Marcial Norte”, ejemplarizó la magistrada.

Finalmente, se regista la modalidad de asesinato y desaparición de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, que estaban fuera de combate. Es el caso de un guerrillero enfermo y en silla de ruedas asesinado el 1 de septiembre de 2001 en el municipio de Granada.

“En el marco de las tres modalidades identificadas, las víctimas fueron asesinadas en estado de indefensión, con la intención de presentarlas falsamente como muertas en combate. Tanto en la selección como en la ejecución de las víctimas jugó un rol central la  connivencia con grupos paramilitares de la región y el uso de guerrilleros desmovilizados”, resaltó Díaz.

Montoya, en los ojos de la JEP

Las órdenes hablaban de reportar “litros”, “chorros”, “ríos”, “barriles” o “carrotancados” de sangre, según pudo establecer la JEP. “Esto llevó a los comparecientes a entender las bajas en combate como el único indicador de éxito militar”, precisa la institución y responsabiliza al general (r) Mario Montoya Uribe por tipo de “presiones”.

“La JEP identificó que uno de los elementos más graves para encubrir las muertes ilegítimas cometidas por miembros de las unidades militares de la IV Brigada consistió en presentarlas como bajas en combate ante los medios de comunicación por parte del comandante de la Brigada, el general Mario Montoya Uribe”, señaló la magistrada Díaz.

Antes de llegar a ocupar el cargo de comandante del Ejército Nacional en 2008, Montoya fue comandante de la IV Brigada entre 2002 y 2003 y por su responsabilidad de mando y presión en los resultados militares, la Sala de Reconocimiento de Verdad lo llamó a reconocer responsabilidad en calidad de autor.

Según la JEP, las unidades y los militares que respondían a estos objetivos obtenían incentivos y recompensas, y quienes no lo hacían se exponían a castigos, traslados o retiros del Ejército de manera arbitraria y como un castigo. Además, según este tribunal, el método recurrente para comunicar estas presiones por resultados sobre los miembros de las unidades tácticas fue a través de los programas radiales diarios.

“El general Montoya sí nos decía en los programas que él no quería capturas, que él quería era muertos en combate y que miráramos a ver cómo íbamos a hacer, porque teníamos que presentarles muertos en combate”, aseguró el subteniente Pilider Torres ante la JEP en versión voluntaria del 9 de noviembre de 2021.

“En el programa, en las tardes, se escuchaba en el radio cuando el comandante del batallón decía ‘quiero bajas, ¿por qué no dan bajas? ¿No quieren trabajar o tienen pereza?’, coincidió el soldado Francisco Vanegas en versión voluntaria ante la JEP el 19 de febrero de 2019.

El tribunal de justicia transicional determinó que Montoya mintió sobre la producción de bajas pertenecientes a las Farc y se mostró dispuesto a encubrir posibles casos de extralimitación en el uso de la fuerza.

Según la JEP, ejemplo de esa conducta tuvo lugar en rueda de prensa en la que presentó como guerrilleros del Noveno Frente de las Farc-EP a dos niñas y tres jóvenes civiles que cayeron en una emboscada militar contra un vehículo que conducían dos paramilitares el 9 de marzo de 2002 en San Rafael. En ausencia de transporte público, los muchachos le habían pedido al paramilitar conocido como ‘Parmenio’ que los llevara a una vereda vecina donde había una fiesta.

“A sabiendas de que se trataba de civiles que no participaban en las hostilidades, porque así se lo había reportado claramente el comandante del Batallón a cargo de la operación, el general Montoya insistió y presentó los cuerpos de los muchachos personalmente en la rueda de prensa como guerrilleros dados de baja en combate”, explicó la magistrada Díaz.

“Te va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebes que mi hija es una guerrillera”, le gritó la madre de Erika Castañeda, niña de 13 años y una de las víctimas de ese hecho, cuando el general Montoya se llevaba los cuerpos en un camión, según recordó la mujer en una audiencia pública ante la JEP.

De la misma manera, la JEP insistió en que Montoya presionó a los miembros de las unidades militares adscritas a la IV Brigada para que produjeran bajas a toda costa y que rechazó el reporte de capturas, incautaciones y otros resultados operacionales distintos de las bajas, por considerarlos resultados operacionales indeseados.

“Tanto del comandante de brigada como de batallón, a ellos no les servían heridos ni capturados. La estructura para esa época que se formó con los batallones de la IV Brigada eran muertes en combate”, explicó en versión voluntaria ante la JEP, el 21 de febrero de 2019, el capitán Rubén Blanco.

Todo esto fue alentado, según los magistrados,  por el uso de un lenguaje violento por parte de Montoya hacia sus subordinados, “que exaltaba el derramamiento de sangre e incitaba al uso indiscriminado de la fuerza letal”.

“De hecho, en el batallón, a la entrada del BAJES, había un cartel contador de las bajas que nosotros llevabamos dentro de todo el año y había una competencia debido a las instrucciones que impartía el general Montoya”, señaló el subteniente Torres.

Piden “desmontoyizar” el tema

La Corporación Jurídica Libertad, organización defensora de derechos humanos de Medellín que, desde hace dos décadas ha llamado la atención sobre la comisión de estos delitos, reconoció el avance en lo actuado por la JEP contra Montoya y los otros ocho militares, pero aseveró que “el establecimiento de responsabilidad también debe extenderse a los demás integrantes del Estado Mayor” de la IV Brigada, “toda vez que, conforme a las afirmaciones hechas por algunos comparecientes, no sólo tenían conocimiento de esta práctica sino que además la promovían en las tropas a su disposición”.

Además, esta corporación propuso “desmontoyizar” las ejecuciones y considera que, “si bien era un eslabón fundamental para la comisión de estas graves violaciones a los derechos humanos, es necesario analizar la responsabilidad de otros comandantes como los oficiales de inteligencia y de operaciones de la IV Brigada”.

No obstante, explicaron a través de un comunicado que esta imputación no “se agota la investigación en contra de Mario Montoya Uribe y otros comandantes del ejército nacional, pues la decisión emitida está relacionada específicamente con el periodo 2002- 2003”.

De hecho, esta organización defensora de derechos humanos anunció que “esta misma semana, como Corporación Jurídica Libertad, hemos presentado otro escrito de observaciones que corresponde al periodo 2004 en adelante, también del subcaso Antioquia, y se espera que en diciembre se lleve a cabo la audiencia de observaciones con las víctimas en donde podrán presentar sus análisis y observaciones a las versiones voluntarias de otros militares”.

Por otro lado, mientras esta organización de derechos humanos hace una llamado para ver más allá de la figura de Montoya en el oriente de Antioquía, otros defensores de víctimas recalcan que la responsabilidad del excomandante del Ejército es mayor y que su alcance no se limita a hechos ocurridos en esa región.

Sebastián Bojacá, coordinador de litigio penal de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), hace hincapié en que esta imputación contra el general (r) Mario Montoya tan sólo refleja parte de su responsabilidad en el macrocaso de ejecuciones extrajudiciales, pues también está relacionado con crímenes en su paso por el Comando Conjunto Caribe; por la Primera División del Ejército, con jurisdicción en Antioquia; y como comandante del Ejército Nacional.

“Sobre cada una de esas facetas, las organizaciones de la sociedad civil hemos presentado los respectivos informes; pero adicionalmente, en las versiones voluntarias, los comparecientes (otros militares que rinden cuentas ante la JEP) lo han señalado de tener una responsabilidad inequívoca en la comisión de estos delitos”, plantea el defensor de víctimas..

Para Sebastián Escobar, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), esta imputación de la JEP es una consecuencia natural porque desde hace más de 15 años organizaciones de derechos humanos han denunciado la práctica y la responsabilidad del general Montoya y otros mandos militares.

“Es una decisión positiva, que no debe ser un punto de llegada sino de partida, para abordar la responsabilidad de este comandante en otros escenarios en los que también tiene responsabilidad. Hace poco se abrió la priorización nacional de este macrocaso, que deberá abordar parte de la comandancia del Ejército de Mario Montoya. Es un paso en un camino más largo que debe seguir avanzando la jurisdicción”, recalca Escobar..

¿Qué sigue?

Tras la notificación de la JEP a los nueve imputados de los crímenes por los que son procesados, estos tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlas. Si hay reconocimiento, se fijará una fecha para realizar una Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y posteriormente pasar al Tribunal para la Paz con una resolución de conclusiones, para que este imponga, si es el caso, una sanción propia, que tienen un enfoque de justicia restaurativa sin privación de la libertad en centros carcelarios.

En esta fase es de vital importancia el aporte de verdad que hagan los comparecientes y debe cumplir con unos estándares para ser acreedores a una pena alternativa. “Ese reconocimiento tiene que superar unos criterios orientadores o dimensiones de reconocimiento, que son contribuir a una verdad detallada de los hechos y hacer un reconocimiento de las circunstancias fácticas en las que ocurrieron; y ser un reconocimiento restaurativo, que dignifique la memoria de las víctimas”, precisa Escobar.

Quien añade que, teniendo en cuenta el comportamiento procesal del general (r) Montoya en la JEP, “se podría anticipar que no habrá una aceptación de responsabilidades y en ese caso la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad remite el auto y el expediente ante la Unidad de Investigación y Acusación, que es como la Fiscalía interna de la JEP, para que perfeccione la investigación y decida si hay méritos para presentar un escrito de acusación”.

Esa lectura es compartida por el abogado Bojacá, quien recuerda que en su primera audiencia en la JEP, ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el excomandante del Ejército dijo que los soldados no sabían utilizar baños ni cubiertos y que por culpa de la ignorancia de ellos se habían dado las ejecuciones extrajudiciales que lo tenían compareciendo en ese tribunal de justica transicional.

“Lo que intentó hacer fue aligerar su discurso frente a los miembros de la institución y de ella misma (Ejército). Pero para la audiencia de julio del año pasado, en donde se le cuestionó por la responsabilidad como comandante de la IV Brigada por hechos de Antioquia, manifestó que no podía afirmar ni negar que fuera responsable. Se le puso de presente relatos de otros comparecientes que lo señalaban como responsable y efectivamente dijo que no puede afirmar ni desmentirlos. No creo que con suficiencia haya podido establecer un aporte de verdad”, precisa el litigante de la CCJ.

Además, Bojacá advierte que que si el general (r) Montoya y los demás comparecientes no cumplen los requisitos de reconocimiento de responsabilidad y aporte pleno de verdad, organizaciones y defensores de víctimas, pedirán que el proceso vaya por la vía adversarial, en donde se pueden exponer a penas de prisión de cinco a ocho años y, en el peor de los casos, a 20 años.

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“Los que se llevaron eran amigos míos. Yo recuerdo a uno que era muy ‘sexapiloso’, muy animado, pero se mantenía muy sucio”, cuenta Omaira Montoya, la ‘Guerrera’, una mujer que libró muchas batallas en las calles de Medellín por más de 40 años y que presenció hace poco menos de una década cómo varios de sus compañeros de andanzas fueron llevados por desconocidos a supuestos lugares de trabajo fuera de la capital antioqueña. Y nunca regresaron.

“Ese muchacho ‘sexapiloso’ me dijo: ‘Guerrera’, ‘Guerrera’, estoy más contento. Mañana me voy. Aquí vinieron unos muchachos bien vestidos, me dieron la liga y me dijeron que mañana me iban a llevar a trabajar”, desgrana con nostalgia Omaira, al recordar a uno de los jóvenes indigentes que, al parecer, fue víctima de uniformados del Ejército, en su afán de mostrar resultados operacionales contra la guerrilla.

Ella estuvo a punto de aceptar esa invitación: “Ese muchacho insistió en que me fuera con ellos. ‘Usted es como nosotros de fuerte’, me decía. Y yo le respondí que al otro día hablábamos. Me acosté temprano pensando en que me iría, trabajaba, me ponía gordita y descansaba unos días”.

“Al otro día me levanté y le dije que estaba lista. Y le pregunté: ‘¿cuántos más van a ir?’ Me respondió: ‘ya vienen, ya vienen’. Y salieron rápido, por encima de mí, cuatro. Estaban limpios, bien vestiditos. Y el muchacho ‘sexapiloso’ estaba parado ahí, al pie del camión, diciendo, ‘¡vamos!, ¡vamos!’”, relata Omaira, en una conversación con este portal.

“Al rato empezaron a salir más y más. Todos hombres. Entonces yo dije: ‘no, yo no voy a ir, estoy muy delgada, no tengo fuerzas, no, yo no voy a ir. Y el camión arrancó”, recuerda esta mujer. “Y me puse a llorar sin saber por qué”.

El vehículo se había parqueado en las afueras de Centro Día N. 1, un lugar en el centro de la capital antioqueña que acoge durante el día a personas en situación de calle y con recursos de la Alcaldía de Medellín se les brinda alimentación, espacios de aseo, atención en salud básica y momentos de lúdica. Era un sitio estratégico, y los militares lo sabían.

“A mí me tocó vivir todo eso”, evoca Lorena Durango Muñoz, quien también estuvo en aquella despedida. Ella vio partir a once jóvenes indigentes, varios de ellos amigos suyos. Había mucho ánimo en los muchachos.

¿Y cómo se dieron cuenta de la supuesta invitación? Lorena asegura que en las calles de la capital antioqueña corrió el rumor de que había trabajo en fincas, “pero no decían dónde, que estaban recogiendo gente para trabajar y les prometían rehabilitación. Sólo buscaban hombres. Los habitantes de calle son muy vulnerables, y cuando les ofrecen plata ahí están. Se trata de subsistir”.

“Algunos se fueron con la idea de buscar cambios positivos”, agrega la mujer, quien vivió 29 años en las calles antes de lograr su recuperación. “Me decían que con lo que ganaran se irían a un centro de rehabilitación, que se pondrían bien, que cambiarían su estilo de vida”.

“Pero todos esos sueños quedaron truncados”, se lamenta Lorena. Los jóvenes nunca regresaron. Inicialmente, pensaron que les estaba yendo bien, que se habían recuperado realmente, que volvieron a las casas de sus familias y dejaron atrás todos aquellos consumos nocivos.

Omaira y Lorena concuerdan en destacar que entre la población de personas en situación de indigencia es normal que algunas desaparezcan por semanas, meses y hasta años, y luego vuelvan a las calles y guaridas donde pasaban sus días y sus noches. Pero en el caso de los muchachos que se fueron en ese camión fue distinto. Ellos no volvieron a la ciudad.

Ambas mujeres hablaron el jueves pasado durante una audiencia convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ante poco menos de un centenar de personas, incluidos varios militares que están siendo procesados por esos crímenes en este escenario de justicia transicional.

Ni Omaira ni Lorena sabían de ese fenómeno criminal que se conoce como “falsos positivos”, que no es otra cosa que ejecuciones extrajudiciales perpetradas por tropas del Ejército contra personas ajenas a la guerra para hacerlas pasar por guerrilleros y obtener beneficios personales e incrementar los resultados operacionales, para satisfacción de sus superiores.

“Yo apenas me estoy enterando de lo que son los falsos positivos”, reconoce Omaira, quien estuvo en aquella audiencia en representación de los habitantes de calle de Medellín y en su condición de lideresa de Ave Fénix, un grupo de personas reeducadas que salieron de la indigencia y ahora se enfocan en sensibilizar, abrazar, escuchar y motivar a quienes están sumidos en ese tipo de vida.

Esta lideresa valora lo que hace la JEP: “Aquí hay una esperanza, una luz, para saber dónde están esos muchachos, y sus familias les den sepultura”. Por su parte, Lorena valora el reconocimiento que han hecho los militares: “es un gesto de valentía. Si ellos no lo hubieran dicho, no se habría sabido la verdad”.

Estrategia sistemática

Las investigaciones realizadas hasta el momento por la JEP, en desarrollo del macrocaso 003, que aborda los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, indican que los militares inmersos en casos de ‘falsos positivos’ no solo asesinaron a campesinos para presentarlos como “guerrilleros dados de baja”; también diseñaron la estrategia de engañar a personas vulnerables de las ciudades y tras falsas ofertas de trabajo las trasladaban a diversas regiones y las mataban para mejorar sus estadísticas operacionales.

De esa estrategia habló el sargento viceprimero (r) Fidel Ochoa, uno de los uniformados que está siendo procesado por la JEP, en la audiencia pública convocada en Medellín por la JEP para escuchar la aceptación de responsabilidades de los victimarios y las pretensiones de verdad y reparación de las víctimas.

De acuerdo con Ochoa, la estrategia de buscar personas vulnerables en Medellín para trasladarlas bajo engaño a Dabeiba, en el occidente antioqueño, se concertó con el entonces mayor David Guzmán Ramírez, comandante del Batallón Contraguerrilla N. 79, y sus hombres de confianza.

“Fue el mismo comandante del batallón el que nos suministró los recursos económicos para trasladarnos a Medellín”, declaró Ochoa. El objetivo de ese viaje era reclutar personas bajo engaño a futuras víctimas y llevarlas a las zonas de operación de ese batallón para luego asesinarlas y presentarlas como “bajas en combate”.

Uno de los militares comparecientes ante la JEP narró que, en alianza con paramilitares, se cometieron varios asesinatos de personas llevadas desde Medellín. Así lo expuso el sargento (r) Jaime Coral Trujillo ante las víctimas y magistrados de la JEP en la audiencia celebrada en la capital antioqueña.

Por orden de Coral, soldados bajo su mando recolectaron plata para enviar a varios compañeros a Medellín con el fin de reclutar víctimas. En su intervención detalló cómo en dos casos sus hombres llevaron cinco personas llevadas desde la capital antioqueña, las cuales fueron asesinadas y luego expuestas en una escena para hacerlos parecer como guerrilleros muertos en combate. Los cuerpos eran enterrados como NN en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba.

La estrategia de engañar personas vulnerables en Medellín descrita por los uniformados que comparecen ante la JEP coincide con la descrita por el entonces teniente Edgar Iván Flórez Maestre en una diligencia de queja presentada el 15 de diciembre de 2009 ante la Procuraduría General de la Nación.

El oficial detalló que para aquel año había bastante presión por sus superiores para presentar resultados. De hecho, la queja disciplinaria apuntaba al entonces teniente coronel Wilson Ramírez Cedeño, oficial adscrito a la Brigada XIV del Ejército con sede en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia.

Flórez Maestre resaltó en su declaración las palabras de Ramírez Cedeño para presionar a sus subalternos: “Cada comandante de compañía me debe responder por un muerto en combate cada mes y la sección segunda me debe responder por tres muertos al mes. En este momento la guerra se mide por litros de sangre, el comandante que no tenga resultados de muertos por mes tendrá la sanción correspondiente y se verá reflejado en su folio de vida”. (Leer más en: ‘Falsos positivos’: macabra estrategia para mostrar que se estaba ganando la guerra)

Para cumplir con esas cuotas, los militares comenzaron a buscar opciones y a través de uno de los uniformados diseñaron la estrategia de reclutar en la capital antioqueña vendedores ambulantes y jóvenes sin familia: “les compraba ropa, les ofrecía plata y trabajo en Puerto Berrío en una finca y les decía que tenían que viajar a Puerto Berrío”.

De acuerdo con el relato de Flórez Maestre, a las víctimas las bajaban en retenes del Ejército instalados en las afueras de esta población de la región del Magdalena Medio antioqueño y las asesinaban fingiendo combates o enfrentamientos.

La sistematicidad de estos crímenes quedó en evidencia en 2021 cuando la JEP, a través de múltiples fuentes, estableció que entre los años 2002 y 2008 se habrían perpetrado por lo menos 6.402 muertes ilegítimas para ser presentadas como bajas en combate en diversas regiones del país. (Leer más en: Estos eran los oficiales del Ejército en las zonas con más ‘falsos positivos’)

Muchos de esos casos han sido registrados como desaparecidos, pero con el trabajo de la JEP, basado en los testimonios de los comparecientes, se logró establecer que en el cementerio de Las Mercedes, en Dabeiba, habría por lo menos medio centenar de cuerpos de víctimas de “falsos positivos”, varios de los cuales serían de personas en condición de indigencia llevadas bajo engaño desde Medellín. Las autoridades trabajan en su identificación plena.

¿Cómo reparar?

Una de las preocupaciones de las familias de las víctimas y de organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos es cómo será la reparación por los daños ocasionados. Justamente en esta audiencia pública, se expusieron algunas alternativas.

La vocería de las víctimas estuvo representada por Catalina Ortiz, hermana de un jóven asesinado por el Ejército. Recopilando las demandas y necesidades de todas ellas, y reclamando la participación de gobiernos locales y regionales, así como de la comunidad internacional, Ortiz resaltó que la principal demanda de las familias es la recuperación de los cuerpos de los jóvenes asesinados y enterrados como NN por las tropas.

Asimismo, exigió que se dignificara el nombre de las victimas y se reiterara que eran personas inocentes y no guerrilleros asesinados en unos combates que nunca existieron.

También reclamó acciones para recobrar la confianza de las comunidades en las instituciones del Estado y que en la formación de los funcionarios y agentes de la Fuerza Pública se incluyan mecanismos claros para que en el ejercicio de sus tareas protejan a la población civil.

Por último, pidió que se diseñaran medidas para reparar vías terciarias y centros educativos en zonas rurales de Dabeiba para fortalecer los proyectos agrícolas y avícolas.

En respuesta a esas peticiones, los militares procesados por la JEP y presentes en la audiencia se comprometieron a participar en procesos restaurativos para satisfacer a las familias de las víctimas.

A manera de conclusión, la magistrada Nadiezhda Hernández, quien presidió la audiencia pública, cerró la audiencia diciendo que “lo mas restaurativo es recuperar la condición humana, la palabra, la voz, esa posibilidad de contribuir y ser parte. Es un trabajo con los comparecientes y con las víctimas. En este país tenemos que salir restaurados todos”.

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En las últimas dos semana el Caso 03 de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), sobre ejecuciones extrajudiciales presentadas por el miembros de la Fuerza Pública como bajas en combate, ha conmocionado al país por las confesiones de militares que estaban adscritos en el Batallón La Popa de Valledupar, en Cesar. Esta semana se le suma la reciente imputación del mayor general (r) Henry William Torres Escalante, quien comandó la Brigada XVI, con accionar en Casanare, entre diciembre de 2005 y junio de 2007.

El 18 y 19 de este mes, en el Auditorio Fundación Universitaria del Área Andina de la ciudad de Valledupar, tuvo lugar la audiencia de reconocimiento público del Caso 03 en el subcaso Costa Caribe. Allí, 12 militares pertenecientes al Batallón de Artillería n°2 La Popa, reconocieron su responsabilidad y pidieron perdón por el asesinato y la desaparición de 127 personas.

Las víctimas, en su mayoría indígenas, hacían parte de las comunidades Wiwa y Kankuamo. Los indígenas denunciaron la persecución y estigmatización a la que fueron sometidos. Los magistrados del caso mencionaron que, aparte de los asesinatos, las comunidades étnicas también fueron desplazadas de sus territorios sagrados.

Madres, hermanas, padres, primos e hijos de víctimas de los denominados ‘falsos positivos’, como mediáticamente se conoce ese accionar criminal, intervinieron para recordar a sus seres queridos y resaltar quiénes eran. Asimismo, les exigieron a sus victimarios, ubicados a unos cuantos metros, que limpiaran el nombre de sus familiares y contaran toda la verdad.

¿Cómo se llevaron a cabo estos asesinatos?

En la costa Caribe, la JEP determinó dos patrones de macrocriminalidad en los asesinatos de civiles que fueron presentados como bajas en combate. El primero se trataba del asesinato de personas que eran señaladas de pertenecer a grupos armados al margen de la ley como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (Eln) o las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Sin embargo, los comparecientes reconocieron que estos señalamientos no se corroboraron con la inteligencia del Ejército. Esta primera forma de cometer los asesinatos se llevó a cabo con la ayuda de paramilitares. El soldado profesional Yeris Andrés Gómez relató una reunión entre el coronel (r) Publio Hernán Mejía y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, jefe del extinto Bloque Norte de las Auc, que dio inicio a la alianza entre el batallón La Popa y el Bloque Norte de las Auc.

En algunos casos los asesinatos fueron cometidos por paramilitares y tropas del Ejército se encargaron de recoger los cuerpos en un punto específico. En otros, relató el soldado Gómez, asesinaron con tiros de gracia a miembros de grupos armados que habían quedado heridos después de los combates. El exuniformado reconoció que asesinó a un guerrillero del Eln, herido en combate, por órdenes del Mayor José Pastor Ruiz Mahecha. A cambio, Gómez Coronel recibió 100 mil pesos en efectivo y un plato de arroz chino.

Declaraciones como esas también fueron realizadas hace más de diez años en el proceso de Justicia y Paz, en el que desmovilizados de las Auc confesaron pactos entre ‘Jorge 40’ y el coronel (r) Mejía. De hecho, el oficial del Ejército Nacional fue condenado por la justicia ordinaria pero recobró su libertad de manera condicional al someterse a la JEP, a cambio de aportar verdad en el esclarecimiento de los ‘falsos positivos’. (Leer más en: Desmovilizado de las Auc hace nuevos señalamientos contra el coronel Mejía y Pactos macabros que terminaron condenando al coronel Mejía)

El segundo patrón de macrocriminalidad que descubrió la JEP tiene como punto de partida la desmovilización de las Auc al someterse al proceso de Justicia y Paz. La desaparición del Bloque Norte obligó a los miembros del Batallón La Popa que participaron en las ejecuciones extrajudiciales de civiles, a realizar el trabajo sucio que les hicieron los paramilitares.

El magistrado Óscar Parra Vera relató que militares comenzaron a montar retenes en las carreteras e hicieron falsas promesas de trabajo a personas vulnerables con el fin de encontrar víctimas. Este sistema de asesinatos se alimentaba de incentivos como permisos, remuneraciones, comidas especiales, exaltaciones públicas y viajes al exterior. Elkin Rojas, cabo tercero, explicó que entre los mismos soldados del batallón recolectaban dinero para comprar las armas y los camuflados que fueron usados para “legalizar los asesinatos”.

La división de labores que hicieron dentro del batallón incluía reclutadores y todo un plan que resultaba en el traslado de civiles de una ciudad a otra con el fin de asesinarlos. El soldado profesional Alex José Mercado Sierra, otro de los comparecientes, se especializaba en el asesinato de estos civiles que llegaban engañados en busca de un trabajo. Según el Auto 128 de 2021 de la JEP, Sierra mencionó que el sargento Víctor Adolfo Cuéllar Quirá, que en el momento de los hechos estaba al mando de los pelotones Zarpazo y Albardón 1, daba la orden de trasladar a los jóvenes sin documentos para dificultar la identificación de los cadáveres.

Durante la audiencia en Valledupar, el magistrado Óscar Parra calificó de “relatos escalofriantes” los casos de 127 ‘falsos positivos’ del que la justicia transicional responsabiliza al Batallón La Popa. 

Todo era un plan

Detrás del asesinato y desaparición de civiles para hacerlos pasar como bajas en combate estaba la intención de aumentar los resultados que Batallón La Popa y así generar una sensación de seguridad Cesar. En general, los comparecientes refirieron que estas ejecuciones extrajudiciales se llevaron a cabo por la presión que los superiores ejercían sobre el grupo. Sin embargo, y a pesar de los cuestionamientos de los magistrados del caso, los implicados no dieron nombres de los altos mandos que les pedían resultados que derivaron en esa “escalofriante” práctica.

El teniente coronel (r) Heber Hernán Mejía Gómez, exjefe de operaciones, uno de los comparecientes presentes en la sesión, señaló que el comandante Publio Hernán Mejía, quien dirigió la unidad desde enero del 2002 hasta diciembre del 2003, manejaba la estructura criminal que funcionaba dentro del batallón “a su antojo”. Guillermo Gutiérrez Riveros, militar que tenía bajo su cargo la sección de operaciones en el batallón, explicó que con el cambio de comandancia entre el coronel Mejía y el coronel Juan Carlos Figueroa, las exigencias aumentaron. Esto hizo que el número de ejecuciones extrajudiciales aumentara y, en sus palabras, “los pelotones se volvieron una maquinaria de muerte”.

El sargento segundo José de Jesús Rueda Quintero se desempeñó como comandante de pelotón del grupo especial Zarpazo. Su llegada al Batallón La Popa se dio después del pacto entre paramilitares y miembros del Ejército, por lo que el plan criminal ya estaba en acción. Rueda explicó que interpretó como normal el hecho de trabajar con paramilitares, pues le dijeron que “no buscara cosas que no debía buscar”, pues él solo debía recibir las bajas.

El Sargento Primero (r) Efraín Andrade Perea, entonces responsable de la sección segunda, era analista de blancos cuando llegó al Batallón La Popa y su trabajo se trataba de hacer inteligencia para la institución. Sin embargo, con el tiempo vio que su trabajo no tenía sentido pues sus compañeros tenían permisos y salidas por lo que decidió unirse a las ejecuciones extrajudiciales.

Andrade Perea, sargento primero (r), sostuvo que los asesinatos se coordinaban con alias ‘39’, mano derecha de Jorge 40; el Sargento Primero (r) Manuel Valentín Padilla, exagente de inteligencia externa, uno de los comparecientes presentes en la audiencia; y el comandante Publio Hernán Mejía. (Leer más en: Desmovilizado asegura que alias ‘39’ y el coronel Mejía eran aliados)

Asimismo, contó que mientras que un grupo de militares se encargaba de cometer los asesinatos, otro grupo, entre los que se encontraba él, hacía informes fraudulentos en los que señalaba que los civiles llevaban material de guerra para así “legalizar” las muertes.

Como lo indica Andrade, Carlos Andrés Lora declaró en público que, además de hacer informes fraudulentos con actas de levantamiento falsas del CTI, los militares se ponían de acuerdo en las declaraciones que iban a dar.

El magistrado Parra le pidió al sargento Rueda que profundizara sobre las actividades de encubrimiento que realizaba el Ejército. Rueda explicó que todo el batallón se ponía de acuerdo para tener la misma historia. Además, se inventaban los combates en los que se daban las supuestas bajas, pues mientras uno de los soldados asesinaba a los civiles, los demás hacían tiros al aire.

La JEP ha reconocido este accionar como un plan macrocriminal que se llevó a cabo dentro del Batallón la Popa. Asimismo, víctimas como Rocío Escorcia, hermana de John Jader Escorcia, un joven que fue engañado bajo la ilusión de conseguir trabajo para luego ser asesinado, reclamaron al Ejército por no cuidar a la comunidad como era su deber. En su relato, Escorcia recuerda que durante la búsqueda de su hermano fue abusada y torturada por el Ejército Nacional. “¿Quién iba a imaginar que el Estado iba a tener a unos criminales guardados en el Batallón La Popa?”, fue su reclamo final.

Dentro del grupo de 12 comparecientes presentes en la audiencia había una multiplicidad de actores que cumplieron distintos roles según su jerarquía militar. Todos confesaron su participación de una u otra forma en la comisión de estos asesinatos. Bien sea cometiendo el delito como tal, dando órdenes a sus subalternos para que cometieran los asesinatos, trasladando personas de una ciudad a otra a partir de engaños, haciendo informes fraudulentos e incluso haciendo pactos con los paramilitares de la zona.

En la audiencia de Valledupar, los militares reconocieron su responsabilidad y pidieron perdón a las víctimas presentes. El magistrado Alejandro Rameli reconoció el cambio en la actitud de varios de los implicados e insistió en que este tipo de audiencias son el primer paso para construir verdad en Colombia.

Los reclamos de las víctimas

Laura Piña era apenas una niña cuando su padre, Álvaro Adolfo Piña Londoño, fue llevado con engaños desde la ciudad de Barranquilla, Atlántico, hasta Codazzi, Cesar. Allí, los soldados del Batallón La Popa lo asesinaron e hicieron pasar como un guerrillero abatido en combate. Laura, vestida con una camiseta de su papá, recordó a su abuelo que murió días antes de la audiencia sin conocer la verdad.

Frente a ella se encontraba Alex José Mercado, el militar que se llevó a su papá a otro departamento para asesinarlo. El magistrado Parra aclaró que Mercado se especializaba, dentro de la estructura en el batallón, en asesinar a los civiles. Frente a Laura, el soldado contó que “mi sargento Cuéllar me da la orden de ir a Barranquilla, que el soldado Gómez Payares me va a entregar tres personas”. El militar, que ya estuvo preso por estos homicidios, reconoció que tenía pleno conocimiento de lo que estaba pasando y de qué iba a pasar con las personas que se estaban llevando.

Sin embargo, el reclamo de Laura y de muchas otras víctimas presentes en la audiencia se concentra en una sola pregunta que tenían plasmadas en sus camisetas: ¿Quién dio la orden? La joven le pidió a la JEP que le den celeridad a los procesos de los comparecientes que no reconocen su responsabilidad en los ‘falsos positivos’.

En particular, el comandante (r) Juan Carlos Figueroa, quien estaba al mano del batallón al momento de la desaparición y asesinato de Álvaro Adolfo Piña en 2005, no aceptó responsabilidad por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada que le imputo el tribunal de paz. Y Publio Hernán Mejía, comandante del batallón en el momento de los hechos, tampoco aceptó responsabilidad por estos asesinatos. Por esa razón, ambos se enfrentan a un juicio en la JEP que podría enviarlos a prisión durante 20 años.

Un proceso adversarial se da cuando un compareciente ante la JEP, que se somete de manera voluntaria y por petición a ella, se niega a reconocer su responsabilidad en los hechos que investiga. En este caso, por los rangos y cargos que ostentaban, Mejía y Figueroa fueron señalados en el Auto 128 como los máximos responsables de ‘falsos positivos’ cometidos por miembros del Batallón La Popa. José Pastor Ruíz Mahecha, jefe de inteligencia en el momento de los hechos, también enfrenta este proceso.

Daniela Rodríguez, representante de víctimas y parte del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) explicó, en entrevista con VerdadAbierta.com, que estos mandos insisten en que el proceso es una “guerra jurídica”, un “montaje” y solo se trata de unas pocas “manzanas podridas”. Sin embargo, dentro de la audiencia los comparecientes mencionaron varias veces sus nombres por lo que las hipótesis de la Sala de Reconocimiento respecto a su participación fueron soportadas. 

Ahora se espera que la Unidad de Investigación y Acusación impulse el proceso en contra de estos tres militares para que se conozca la responsabilidad de los implicados. Rodríguez precisó a este medio que se espera que en este reconocimiento también incluya a altos mandos políticos que permitieron que estos crímenes ocurrieran. 

De manera contraria, Eduard Gustavo Álvarez Mejía, quien comandó al grupo especial Zarpazo, admitió que todas las muertes que reportó fueron ilegítimas. Si bien señala que no asesinó a nadie, dio las órdenes para quitarle la vida a distintos campesinos de la comunidad.

En medio de su declaración la voz de la esposa de Uriel Evangelista Arias Arias se escuchó entre la audiencia preguntándole si había asesinado a un guerrillero. La voz cortada de la mujer resonó en el micrófono mientras que le decía al compareciente: “Yo quiero que usted me diga que él no era un guerrillero”. 

El asesinato de de Uriel Arias se cometió después de que lo retuvieran ilegalmente en la carretera y le dispararan a pocos metros del lugar, por orden Álvarez. En respuesta, el exmilitar le respondió que su esposo no era un delincuente y que, a pesar de saber eso, dio la orden que acabó con su vida.

Dentro de las víctimas se encontraba Oseas Tomás Arias, quien reclamaba por el asesinato de su hermano. Además, recordó que fue expulsado del Ejército Nacional, del mismo batallón que asesinó a su hermano, por reclamar el cadáver de Uriel Evangelista, su primo.

Abelardo José Daza estuvo presente en la audiencia defendiendo la memoria de su papá, Jesús Enemias, un campesino que mientras iba de vuelta de la casa de su abuelo fue retenido por miembros del Ejército y asesinado más tarde. Abelardo recordó que la muerte de su papá dificultó la situación económica en su hogar por lo que tuvo que dejar de estudiar para apoyar a su madre con trabajo.

Daza le pidió directamente a Lora que aceptara que él dio la orden de asesinar a su papá y que, además, diga que no era guerrillero. A esa petición se sumó María Faustina Martínez, hermana de Noemi, una niña de 13 años perteneciente a la comunidad Wiwa, que también fue presentada como baja en combate. A Noemí, que además tenía dos meses de embarazo en el momento de su muerte, le pusieron un revólver y un camuflado que no le quedaba para “legalizar” su muerte.

El reclamo por el buen nombre de su hermana iba sumado a la exigencia que le hizo esta mujer a la JEP sobre la presencia de los asesinos de su hermana, pues no estaban presentes en el grupo de comparecientes. El magistrado Parra explicó que en este grupo se encuentran los máximos responsables de esos crímenes.

Sin embargo, el magistrado recalcó que esta audiencia es solo el comienzo del camino por la verdad y más adelante Martínez podrá escuchar y cuestionar frente a frente a los asesinos de su hermana. “Yo no los voy a perdonar, a ver si Dios los perdona”, dijo ella antes de hacer una última petición: “Queremos el perdón en donde está enterrada mi hermana”, le exigió a los comparecientes. 

La petición más recurrente de las víctimas fue por el derecho al buen nombre de sus familiares. En el caso de César, el Ejército tenía a su servicio a un grupo de informantes y guías dentro de la comunidad que se encargaban de señalar a las personas de ser supuestos guerrilleros o de colaborar con las guerrillas.

Estos señalamientos no eran corroborados por los militares y alimentaron un estigma en contra de las comunidades Wiwa y Kankuamo. Para los magistrados presentes en la audiencia, los señalamientos hicieron que se diera una persecución desmedida en contra de estas comunidades, pues se llegó a “considerar a los indígenas como colaboradores de la guerrilla”.

La abogada Daniela Rodríguez, como representante de las víctimas de este subcaso, indicó a VerdadAbierta.com que las reflexiones que han surgido a partir de estos espacios, al escuchar a los militares decir que las víctimas no eran guerrilleros en muchos casos, es insuficiente. La abogada explica que muchas víctimas esperan que las afirmaciones de sus victimarios puedan llegar a instancias nacionales e internacionales. En distintos procesos del contencioso administrativo se han ordenado actos públicos de reconocimiento en los municipios “con la presencia de altos mandos militares, o incluso, del ministro de Defensa, mismos que no han sido llevados a cabo”.

También reclama que así como los medios de comunicación participaron en la difusión de noticias falsas respecto a las víctimas, también deberían participar en limpiar sus nombres. En cuanto a lo que debe hacer la JEP, está abogada considera que es clave que el tribunal considere que acciones deben llevarse a cabo para que las rectificaciones de los militares tengan la misma difusión que las acusaciones iniciales.

Rodríguez tuvo la posibilidad de recoger las sensaciones de las personas presentes en la audiencia. Esta abogada explica que quedaron dos sentimientos después de la audiencia. Por una parte, un grupo de víctimas pudo escuchar directamente a las personas que asesinaron a sus familiares. Estas personas pudieron “confirmar las versiones que tenían de cómo habían ocurrido los hechos, cómo los habían reclutado, quién o quiénes aportaron a consumar los hechos”, declaró la representante a este medio.

Por otra parte, otro grupo de víctimas no encontraron respuestas pues ninguno de los 12 comparecientes admitió responsabilidad en los asesinatos o aportó información útil para esclarecer los hechos. Por ejemplo, María Faustina Martínez, incluso reclamó frente a los magistrados que los asesinos de su hermanita no estaban presentes en la audiencia, “La sensación fue de desasosiego, incertidumbre y frustración”, sintetizó Rodríguez. Sin embargo, la representante explicó que estas sensaciones también le dio a las víctimas fuerza para seguir buscando la verdad, justicia, reparación y no repetición. 

“A mí hermano le pusieron unas botas talla 44 sobre los zapatos que él tenía. ¿A quién se le iba a ocurrir que eso era una baja en combate? Eso era un disfraz y se debieron dar cuenta”, dijo Luis Carlos Meza al final de la intervención del último compareciente. Los reclamos de las víctimas fueron una constante a lo largo de la audiencia frente a lo que declararon los militares.

Afectación a la comunidad

La guerra que se dio en el territorio de las comunidades indígenas Wiwa y Kankuamo afectó  sus proyectos de vida. La magistrada Belkis Izquierdo hizo una reflexión sobre la forma en la que las acciones del Ejército Nacional causaron un gran deterioro: “Hubo un daño multidimensional que afectó a las personas, a la comunidad, la tierra, la cultura y la espiritualidad”.

Las mujeres fueron quienes se encargaron de buscar e indagar por la suerte de hijos, hermanos y esposos que habían sido desaparecidos por militares del Batallón la Popa. El asesinato de los hombres de la comunidad puso sobre ellas una carga que hizo que tuvieran que cambiar sus actividades. La magistrada Izquierdo explicó que este cambio afectó la cultura indígena Wiwa y Kankuama, trastocando la forma en la que se transmite el conocimiento de generación en generación.

Las víctimas del Ejército fueron, en su mayoría, personas vulnerables como habitantes de calle y personas consumidoras de drogas psicoactivas. La comunidad indígena estaba compuesta por campesinos y agricultores. Osmaira Nieves Oñate, una de las víctimas presentes en la audiencia, recordó la vida de su hermano y le dijo a los comparecientes: “Ustedes atentaron en contra de la vida de jóvenes indefensos y pobres”.

Aparte de los asesinatos a estos jóvenes, el Ejército hizo uso de informantes dentro de la comunidad, lo que minó la confianza y la integridad entre comuneros. Para la Sala de Reconocimiento, esto fue parte de la estrategia de guerra que usó el Ejército en los tiempos más convulsionados del conflicto armado en el Caribe.

La mayora Sibelis Villazón, parte de la comunidad Kankuamo, subió al escenario para hablar como autoridad indígena frente al auditorio. Explicó que la presencia de los militares del Batallón La Popa en las tierras que habitaban las comunidades Wiwa y Kankuamo afectó el tejido entre el cuerpo y el territorio. Los actos violentos del Ejército desarmonizaron los cuerpos de los indígenas, lo que, a su juicio, les generó enfermedades como cáncer, hipertensión y afectaciones a la salud mental. 

La mayora respaldó a las víctimas y aseguró que las comunidades indígenas están dispuestas a construir verdad y paz en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ella, como autoridad, está dispuesta a apoyar el proceso de construir la paz en la comunidad Kankuamo.

Pedro Loperena, autoridad Wiwa, comenzó su intervención preguntándole a los comparecientes “¿cómo reparar lo irreparable?”. En medio de su intervención, se detuvo y se acercó a los militares implicados en estas ejecuciones extrajudiciales y puso frente a ellos el conocido cartel que se pregunta “¿Quién dio la orden?”.

Esta autoridad indígena les reclamó a los comparecientes los nombres de los autores económicos, políticos e intelectuales que orquestaron toda la operación, pues en el Ejército “nadie hace nada sin que un superior de la orden”. La inconformidad de Loperena también se dio frente a aquellos comparecientes que leyeron sus discursos y terminó su intervención cuestionando que “el perdón no salió del corazón sino de un papel”.

La JEP, aún en construcción

Jairo Ignacio Acosta, parte del ministerio público, recalcó al final de la audiencia lo violentas que llegaron a ser algunas de las intervenciones de los comparecientes presentes en la audiencia. Los relatos de los victimarios llenos de detalles innecesarios y escabrosos llegaron a revictimizar a los familiares allí presentes. Daniela Rodríguez explica que, por ejemplo, las palabras del compareciente Soto Sepúlveda en la que explicó la ejecución de Ever de Jesús Montero Mindiola hizo que las mismas víctimas le pidieran que parara por el alto grado de detalles violentos.

Para Rodríguez, estas declaraciones crudas y sin censura fueron usadas por los medios de comunicación para mostrar el grado de “reconocimiento” que ejercieron los militares. Sin embargo, requiere que dicho reconocimiento debe ser “empático y sensible con el dolor de las familias”. El nivel de detalle al que llegó Soto Sepúlveda pudo causar más afectaciones a los familiares allí presentes.

La abogada del CSPP, en su intervención frente al auditorio, también cuestionó las justificaciones que dieron algunos comparecientes para cometer estos crímenes de lesa humanidad. En distintas ocasiones, los magistrados cuestionaron el origen de “la presión” a la que muchos exmilitares se refirieron y en respuesta los implicados explicaron que el Ejército funciona como cualquier empresa que presiona y exige resultados. Rodríguez menciona que esta comparación entre empresa y Ejército hace que “se equipare el derecho a la vida con un bien que se comercia”.

Sobre los macrocasos que lleva la JEP se han llevado a cabo tres audiencias de reconocimiento y varios encuentros privados entre víctimas y victimarios donde han tenido la posibilidad de escuchar y preguntar por sus familiares asesinados. El magistrado Óscar Parra recordó que la Jurisdicción Especial para la Paz se mantiene en construcción y hay un debate constante sobre cómo deben llevarse a cabo las audiencias públicas.

Alejandro Rameli, magistrado del caso, destacó la fortaleza y resistencia de las víctimas para encontrar a sus familiares y la paz que la violencia les robó. El togado resaltó el cambio de posición que han tenido los comparecientes a lo largo del proceso. Los implicados, que comenzaron sus procesos en 2018 y 2019 negando sus acciones se encontraron con las víctimas, se disculparon y aceptaron ser responsables de estos hechos injustos y atroces que nunca debieron haber ocurrido.

En el Caso 03 hacen falta varias audiencias que llevar a cabo, en las que otros responsables deben aportar verdad para las víctimas. El magistrado Parra recordó que la justicia restaurativa no es libreteada y es algo que debe entenderse. Sin embargo, reconoció que hay componentes de la atrocidad que son innecesarios a la hora de aportar verdad. 

El caso de los Llanos Orientales

Tras las audiencias de aceptación de responsabilidad del Catatumbo y Cesar, este lunes la JEP hizo pública la imputación a 22 miembros del Ejército pertenecientes a las Brigada XVI, a un exfuncionario del extinto DAS y a dos civiles terceros implicados en ‘falsos positivos’ en el departamento de Casanare. El tribunal descubrió que 303 víctimas, entre las que se encontraban jóvenes entre los 18 y 25 años, mujeres, ancianos y personas con discapacidades cognitivas, fueron presentadas como bajas en combate.

Con ese anuncio en el subcaso de Casanare, la JEP sigue avanzando para esclarecer y sancionar esos crímenes. Ahora, los militares imputados como máximos responsables y coautores tienen 30 días para aceptar o rechazar su responsabilidad en los hechos. En caso de que la rechacen, entrarán en un proceso adversarial que, en el caso de ser vencidos, se enfrentan a 20 años de prisión. Las víctimas acreditadas también pueden reaccionar a esta acusación.

En medio de sus investigaciones, el tribunal transicional determinó que, a diferencia de lo ocurrido en el Batallón La Popa, la forma de encubrir los asesinatos en Casanare contó con un “kit de legalización” en la Brigada XVI. De ese modo, el camuflado y el armamento que utilizaron para presentar a los civiles asesinados como bajas en combate, fueron cubiertos con recursos públicos. 

Por lo tanto, los impuestos de los contribuyentes que debían ser usados en campañas de bienestar y protección a la población, se destinaron, según la JEP, a la comisión de estos delitos. Se estima que el montó asciende a los 140 millones de pesos, los cuales fueron gastados entre 2005 y 2008.

No obstante, los magistrados también han encontrado similitudes en el modus operandi de los batallones de Cesar y Casanare: las víctimas eran personas en situación de vulnerabilidad como trabajadoras sexuales y desmovilizados en proceso de reinserción; y en esos crímenes participaron comandantes, oficiales, mayores y coroneles, cometieron asesinatos y encubrimientos, a cambio de ascensos, viajes, comidas especiales y permisos.

Además, niños y jóvenes también fueron utilizados para cometer falsos positivos:  no fueron presentados como bajas en combate, como sucedió en Cesar, sino que los utilizaron como reclutadores de posibles víctimas. El tribunal determinó que tres niños, niñas y adolescentes “fueron utilizados para participar de las hostilidades”, lo que constituye el crimen de guerra de utilización de menores de edad en el conflicto armado colombiano. Esta es la primera vez que este delito se imputa en la Jurisdicción Especial para la Paz.

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En menos de 15 días, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad propiciaron espacios en los que familiares de víctimas y perpetradores hablaron sin barreras. El reconocimiento de estos hechos por parte de exmiembros de la Fuerza Pública fueron importantes, pero queda un sinsabor ante la falta de verdad. Aún queda mucho camino por recorrer.

“El reconocimiento es verdad hecha palabra”, dijo Ariel Sánchez Meertens ante decenas de personas concentradas el pasado 10 de mayo en la plaza del municipio de Soacha para escuchar de boca de tres exintegrantes del Ejército Nacional las razones por las que perpetraron ejecuciones extrajudiciales contra civiles inermes que hicieron pasar por guerrilleros.

En su emotiva intervención, Sánchez, un antropólogo analista de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), agregó que “el reconocimiento es también, entonces, la verdad hecha memoria. Reconocer no es solamente aceptar, sino reivindicar, es volver a conocer desde una perspectiva nueva, es reiterar y reproducir un saber, unas relaciones, unas responsabilidades. Lo que se reconoce, primero y ante todo en estos eventos por la verdad y en estos procesos restaurativos, es al otro: su voz, su dignidad; el lugar del otro y de sí mismos en historias con consecuencias dolorosas”.

Se motivaba así un evento al que también asistieron familiares de 13 víctimas de los llamados ‘falsos positivos’, y que fue convocado por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) en desarrollo del Encuentro por la Verdad sobre el reconocimiento de responsabilidades sobre las ejecuciones extrajudiciales de habitantes de Bogotá y Soacha.

La selección del lugar no fue fortuita, pues de esa población cundinamarquesa, 19 jóvenes fueron llevados con engaños a la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, bajo la promesa de trabajo, pero resultaron asesinados por miembros del Ejército Nacional, quienes los reportaron como supuestas bajas subversivas en combate.

Y justamente, dos semanas antes del encuentro en Soacha, la JEP realizó en Ocaña una audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad, en la que diez exintegrantes de la Brigada 15 del Ejército Nacional y un civil, admitieron su responsabilidad en la comisión de ‘falsos positivos’ y detallaron cómo cometieron esos asesinatos.

A ese encuentro también asistieron familiares de víctimas y representantes de organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar las versiones de quienes perpetraron homicidios con el fin de satisfacer las exigencias de resultados de sus superiores y acceder a bonificaciones salariales y permisos.

Esta instancia de justicia transicional, creada para juzgar y sancionar a exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc, miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles implicados en crímenes relacionados con el conflicto armado, abrió un expediente para investigar y sancionar a los responsables de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, que es conocido como Caso 03.

Resultados preliminares de la JEP establecieron la ocurrencia de 6.402 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2008. De ellas, 120 ocurrieron en Norte de Santander entre 2007 y 2008; por esa razón, tampoco fue gratuito que la audiencia pública se realizara los pasados 26 y 27 de abril en el Teatro Leonela, de Ocaña, donde coincidieron familiares de víctimas de los denominados ‘falsos positivos’ y militares responsables de perpetrarlos. 

“Vamos a ver si ustedes tienen ese valor de algún día contarlo públicamente”, había increpado Soraida Muñoz, madre de Jonny Duvián Soto Muñoz, asesinado el 12 de agosto de 2008, en un encuentro privado que tuvieron previamente familiares de víctimas con dos exmiembros de la Fuerza Pública, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Gabriel Rincón Amado. 

“Yo no fui un asesino toda mi vida. Y téngalo por seguro que es lo más doloroso sentarse al frente de un par de viejos —las madres y padres de los jóvenes ejecutados extrajudicialmente— que uno los mata en vida”, dijo Rincón, coronel en retiro, quien fue comandante de la Brigada 15 del Ejército, en Norte de Santander.

Diálogos complementarios

En menos de un mes, tanto la CEV como la JEP abordaron, cada uno a su manera y desde las funciones que les corresponden como parte del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por el Acuerdo de Paz, uno de los delitos más execrables del conflicto armado colombiano perpetrados por agentes del Estado.

Antes que ser contradictorios o excluyentes, se trata de verlos de manera complementaria. Así lo analiza Juliana Bustamante Reyes, docente universitaria y experta en derechos humanos y construcción de paz: “La CEV trata de llenar lo que la JEP no puede. La JEP no puede conmemorar y acompañar a través de muestras musicales y artísticas”.

Por su parte, Alejandra Coll, abogada feminista y experta en justicia transicional, precisa que “el objetivo del evento de la Comisión era un perdón público de unos personajes en particular que venían trabajando por meses con la Comisión”. Y agrega: “Si bien el Informe (Final) de la Comisión nos va a ayudar a entender el por qué, lo que haga la JEP en sus sentencias va a establecer el cómo, cuándo y dónde”. 

Al respecto, María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), explica sobre el procedimiento de la JEP que “la audiencia de reconocimiento realmente es una puesta en escena de algo que ya sucedió, que sucedió por escrito y que, además, fue conocido por las víctimas con anterioridad”. 

Durante el proceso de justicia transicional se espera el reconocimiento de responsabilidades en términos fácticos, jurídicos y restaurativos, y lo que observan las expertas es que en estos espacios públicos se materializa la idea de la justicia restaurativa. 

“Tiene un sentido de que las dos partes puedan escucharse. Que los responsables escuchando a las víctimas y la expresión de su dolor puedan, en una escucha empática, dar respuesta a esa demanda de reconocer el daño causado, reconocer el dolor provocado y que ese diálogo pueda, de alguna manera, restablecer o establecer algún vínculo de humanidad entre actores, cuyo vínculo está completamente roto”, precisa Moreno.

La esperanza de los familiares de las víctimas era ver en esos eventos públicos a los altos mandos del Ejército que tuvieron responsabilidad en la comisión de los hechos. “De alguna manera no ha sido muy satisfactorio, pero escuchar y reconocer de ellos que sí existía un aparato criminal en el Ejército es bastante positivo en este trabajo que hemos hecho en 14 años”,  dice Jacqueline Castillo Peña, hermana de Jaime Castillo Peña, asesinado el 12 de agosto de 2008.

También destaca que los exmiembros de la Fuerza Pública “limpiaron la memoria de nuestros familiares, con nombre propio, leyendo a cada uno de ellos, y aclarando que no eran guerrilleros, es un logro para las familias”. Y, en términos de justicia restaurativa, enfatiza la importancia del evento de la JEP “porque a nivel de país y a nivel mundial, mucha gente duda que esto (los montajes en las ejecuciones extrajudiciales) fuera cierto”.

Bustamante destaca el valor que tuvieron estos encuentros en el proceso de construcción de tejido social, pero resalta el ansia de los familiares de las víctimas: la necesidad de más verdad.

“Aún no es una verdad completa porque se sigue protegiendo a las personas que están detrás y que tienen mucho más poder que los que están hablando. Es preocupante que pareciera que no hay posibilidad de escalar esa verdad. Es frustrante y las mamás mostraron mucho eso porque ellas quieren saber quién dio la orden. Estos espacios son valiosos, pero pueden ser revictimizantes”, considera la académica. 

Para el Caso 03 la JEP estableció una línea de investigación que va de abajo hacia arriba. Es decir, inició a procesar a los militares de menor rango y a los comandantes de unidades militares locales. Posteriormente, los casos irán escalando en jerarquía, llegando oficiales de mayor grado y encargados de roles de máximo nivel, que estén compareciendo ante sus magistrados. Esta metodología es contraria a la del Caso 01, en donde el proceso inició por el juzgamiento de los miembros del antiguo Secretariado de las Farc, quienes fueron los máximos responsables de ese grupo armado ilegal y están respondiendo por 21.396 casos de secuestro.

Exposición ante el país

La decisión de hacer un evento público con un tema de tanta sensibilidad como la que generan los ‘falsos positivos’ tuvo fuertes reacciones contra los responsables de perpetrarlos y que estuvieron presentes pidiendo perdón. 

“Lo que sucedió —en la Plaza de Soacha— es que en un espacio tan público varios transeúntes manifestaron esa responsabilidad que tenía Paulino Coronado diciéndole asesino, diciéndole que tenía su responsabilidad, lo cuál llevó a que Paulino se retirara del espacio después de intervenir manifestando que tenía problemas de tensión”, cuenta el abogado Sebastián Bojacá, coordinador de Litigio Penal de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que, desde el 2018, representa a víctimas de ‘falsos positivos’ ante la JEP.

El general (r) Paulino Coronado Gámez es el oficial de más alto rango que ha aceptado su responsabilidad en la comisión de ejecuciones extrajudiciales y estuvo presente tanto en la audiencia en Ocaña como en el encuentro en Soacha.

Como antiguo comandante de la Brigada 30 del Ejército Nacional, Coronado estuvo al tanto de esa deleznable práctica criminal cuando estaba ocurriendo en su jurisdicción tal como lo admitió en los últimos días en una carta dirigida a la JEP, luego de que le llovieran críticas porque en Ocaña aseveró que no conocía denuncia alguna sobre ‘falsos positivos’ hasta cuando estalló el escándalo a través de los medios de comunicación en 2008.

En la audiencia de la JEP, Coronado fue increpado por la magistrada Catalina Díaz quien le pidió referirse sobre su conocimiento de una reunión del 6 de diciembre de 2007 a la que el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) lo citó y que tuvo lugar en el mismo teatro en donde se estaba realizando la sesión pública de reconocimiento.

En dicha reunión, en la que participaron más de 700 campesinos de la región del Catatumbo y diferentes entes del Estado, entre ellos altos rangos militares, se denunció que campesinos de la región “eran asesinados y sus cuerpos presentados como resultados operacionales”, se lee en el Auto 125 del 2 de julio de 2021, el cual determinó los hechos y conductas ocurridos en el Catatumbo durante 2007 y 2008, atribuibles a miembros de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería No. 15. (Descargar Auto 125)

“El señor BG PAULINO CORONADO GÁMEZ manifestó ante esta Sala que él participó en la audiencia pública que tuvo lugar en el teatro Leonela de Ocaña en su rol como comandante de la Trigésima Brigada, sin embargo, manifestó que en dicha reunión no hubo referencias a presuntas muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate”, se lee en el auto.

Buscando una respuesta diferente a la que Coronado había proporcionado en el pasado y que siguió sosteniendo en la audiencia de reconocimiento, la magistrada Díaz le leyó la carta de invitación al espacio entonces citado por CISCA a finales de 2007, en la que según la agenda de la misma misiva se buscaba establecer un espacio de diálogo entre las comunidades del Catatumbo y autoridades militares y civiles para “evidenciar las posibles situaciones irregulares en el ámbito de los derechos humanos que involucraría a miembros de la Fuerza Pública, impulsar un escenario conjunto de monitoreo e investigación para clarificar las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, establecer unos compromisos en lo que en lo inmediato garantice la no repetición de dichas situaciones”.

En el Auto de julio de 2021 se recoge el testimonio de Diana Sánchez, actual y entonces directora de la Asociación Minga, quien sostiene que Coronado fue informado de las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en aquella ocasión. Sin embargo, el alto oficial no dio el brazo a torcer en la audiencia y se decretó un receso para que el excomandante de la Brigada 30 pudiera hablar con su abogada.

Moreno señala que los eventos de reconocimiento suelen estar diseñados para las imputaciones de los autos, en este caso del Auto 125 de 2021. En ese sentido, explica que “Paulino Coronado se limitó inicialmente a hacer referencia a lo que a él le habían imputado en el Auto y lo que él había reconocido, pero después le hacen una pregunta adicional y ahí es donde ocurre esta situación que casi que se volvió un debate probatorio. Que no quiere decir que esa discusión no haya que darla, por supuesto, pero no creo que sea en el escenario de una audiencia de reconocimiento, sino en el escenario previsto para eso, que es el de las versiones voluntarias”.

La pregunta que asalta al abogado Bojacá, de la CCJ, es que los hechos de 2008 no hubieran sucedido si altos oficiales para la época, como Coronado, hubieran actuado oportunamente ante las denuncias. “Si yo estoy haciendo un reconocimiento que parte de mi libertad y voluntad para aportar a la verdad y a portarle a las víctimas, yo en nada tendría que consultar con mi abogada y mucho menos cuando la magistrada me está preguntando por algo y lo está negando. Es como una verdad incompleta”, considera.

Cuestionamientos a la JEP

“La Comisión Colombiana de Juristas y otras organizaciones que representan víctimas hemos cuestionado cómo definir los máximos responsables”, advierte Bojacá, quien explica que a la JEP se han sometido 189 exmiembros de la Fuerza Pública por hechos ocurridos en la región del Catatumbo, de los cuales la institución de justicia transicional llamó a versión voluntaria a 44 de ellos por su papel determinante en los crímenes y con base en esos testimonios estableció seis máximos responsables.

Se trata del brigadier general Paulino Coronado Gámez quien fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15; el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15; el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, entonces oficial de operaciones de la Brigada Móvil 15; y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del Batallón de Infantería No. 15. (Leer más en Estos eran los oficiales del Ejército en las zonas con más ‘falsos positivos’)

La JEP también le imputó cargos a cuatro exintegrantes de la Fuerza Pública, quienes hicieron parte de la Central de Inteligencia de Ocaña, y a un civil “por haber contribuido de manera amplia y efectiva en la ejecución de conductas de particular gravedad”. Son ellos el capitán Daladier Rivera Jácome y al sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz; así como al sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, quien fue jefe de la sección de inteligencia del Batallón de Infantería No. 15; el cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la Brigada Móvil 15; y el civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de los militares. 

“Queda uno con esa inquietud de qué tienen que revelar estos otros 178 que no llaman. Uno se pregunta si el auto de determinación de hechos y conductas, el Auto 125, hubiese cambiado o hubiese variado si se hubiesen escuchado otros responsables, inclusive pidiendo reconocimientos por escritos”, se queja el abogado Bojacá, considerando que aún se está a tiempo para no desestimar estas voces en el proceso y conseguir mayores resultados de justicia.

Adicional a esas 178 personas, también habría otras que tendrían que aportar a la verdad, pero aunque familiares de víctimas y sus representantes han insistido en que sean llamadas a comparecer, la JEP no las ha vinculado al expediente. Se trataría de abogadas que, en el pasado, defendieron a militares y supuestamente participaron en estrategias de encubrimiento jurídico que, según el Auto 125, “giró en torno al uso de testigos falsos y a la unificación de versiones entre los miembros de la tropa”, especialmente de miembros de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería N. 15.

Los abogados de la CCJ han concluido después de algunos análisis que la determinación de las conductas de algunos militares son erróneas, entre ellas la de Coronado Gámez y el coronel (r) Álvaro Diego Tamayo Hoyos. En las versiones voluntarias y las audiencias públicas de reconocimiento los oficiales aceptaron dar la orden de ejecutar civiles y no solo ser responsables por omisión, al no tener los suficientes controles para evitar que esta práctica se materializara.

“Que los militares de alto rango, tenientes coroneles, comandantes de batallón, comandantes de brigada, de división, reconozcan en comisión por omisión no es fortuito, es como la manera más simple de reconocer sus errores y de reconocer que ellos estuvieron al frente de esta política”, explica Bojacá.

Lo que ha observado este abogado es que el argumento de estos militares es sostenerse en que las órdenes impartidas por Mario Montoya, entonces comandante del Ejército, de conseguir resultados con altos números de bajas en combate, bajaban directamente a los militares por los programas radiales, suplantando la autoridad del comandante de división, brigada y batallón. (Leer más en: “Las bajas no es lo más importante, es lo único”: general Mario Montoya)

“Esto quiere decir que el único responsable de la política y por dar las órdenes es Montoya y los comandantes simplemente omitieron controles, cosa que no es creíble, porque vamos a llegar a un punto en el que el único responsable de toda esta política a nivel nacional es Mario Montoya Uribe”, señala el abogado de la CCJ.

Al respecto, Sebastián Escobar, abogado representante de víctimas del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), resalta que persiste una dificultad para que los perpetradores asuman su responsabilidad. Por eso se pregunta cuál sería el aporte de Mario Montoya en una audiencia como la de Ocaña.

“Este compareciente ha demostrado que no tiene deseo de reconocer responsabilidades. Esa no es su actitud frente a la Sala y el procedimiento, más bien ha sido la de controvertir los señalamientos cada vez más numerosos que hay entre su rol en el comando del Ejército y en otras unidades de menor jerarquía. Eso explica por qué no está en una audiencia como estas, que es para el reconocimiento de verdad y responsabilidad”, plantea Escobar.

Aceptar la culpa y pedir perdón

Otra de las preguntas que salta con frecuencia es cómo esta información que surge de las audiencias y los espacios públicos, y el venidero Informe Final que la CEV va a entregar el próximo 26 de junio, ayudarán a la reconciliación del país cuando la polarización abunda. 

La abogada Coll se arriesga a responder: “Si son informaciones basadas en la evidencia, pruebas que cualquiera que las lea sin importar su posición ideológica puede comprender y puede acceder, entonces va a tener un efecto de disminuir la polarización porque ya no van a haber dos discursos enfrentados. Va a haber una verdad sólida basada en la evidencia y esa será una gran contribución para el país”. 

Uno de los militares que ha mostrado su compromiso con el aporte de verdad es Sandro Mauricio Pérez Contreras. En la audiencia de la JEP en Ocaña dijo: “Hoy acepto ante ustedes y ante el país y ante el mundo que utilicé mi uniforme, que utilicé un grado que tenía dentro del Ejército, una función, con el pretexto de dar resultados operacionales, haciéndolos creer que eran legales, pero que en realidad eran asesinatos que se cometían con seres humanos inocentes, que no tenían ninguna vinculación con ningún grupo al margen de la Ley, nunca pertenecieron”.

Esto último era una de las principales peticiones de las víctimas: que los militares le reconocieran al país que sus hijos no eran guerrilleros, sino muchachos inocentes. Jacqueline Castillo, vocera de la organización  Madres de los Falsos Positivos de Colombia (Mafapo), asegura que eso es más valioso que obtener una condena ejemplar: “Para nosotros era importante escuchar esa verdad y encontrar quién dio la orden de cometer estos crímenes”.

Sobre la segunda exigencia que buscaba que se reconociera que detrás de las ejecuciones extrajudiciales había una red criminal y se trataba de una práctica sistemática, Pérez contribuyó a compartirle al país esa realidad: “Escuché en mi formación militar un patrón criminal con una palabra (…): ‘legalizar’. En un principio no entendí y me quedaba la duda ¿qué significa ‘legalizar’? (…). Un día me senté a hablar con unos soldados que ya tenían trayectoria y me dijeron que ‘legalizar’ era agarrar a alguien y asesinarlo”.

Este exmilitar sostuvo que intentó retirarse de la institución, pero un comandante del batallón le ofreció trabajar en el área de inteligencia. A pesar de no tener ningún tipo de experiencia inició labores como suboficial de inteligencia primero en la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA) y luego en la unidad de inteligencia del Batallón de Infantería No. 15.

Las presiones por falta de resultados operacionales venían desde los superiores, entre ellos, Diego Tamayo Hoyos, entonces comandante del Batallón General Francisco de Paula Santander. Eso llevó a Sandro a fraguar un plan perverso: tomó contactos con civiles de Soacha para engañar a jóvenes de ese municipio con falsas ofertas laborales, asesinarlos y arrebatarles la identidad para hacerlos pasar como supuestas bajas en combate para reportar positivos.

“Con mi responsabilidad planeé cómo llegarían cada uno de estos jóvenes a la ciudad de Ocaña y planeé cómo se debían entregar a los militares que iban a accionar sus armas, planeé cómo se deberían comprar los pasajes para que ellos llegaran acá, planeé y entregué armas para que jóvenes inocentes, con sueños, que eran amados por sus madres, por sus hermanos, por sus esposas, por sus hijos fueran entregados, y asesinados, y reportados como un combate real, como un muerto en combate, como un resultado operacional. ¡Falso! Fueron combates ilegítimos, fueron asesinatos a sangre fría”, reconoció Pérez.

“[Este militar] colabora, entre comillas, con la verdad en principio porque huyó de la justicia ordinaria por más de ocho años. Por eso empieza a entregar algunas verdades que nunca se habían sabido en justicia ordinaria, que hacia allá apuntaban las pruebas, que en eso estaban algunos juicios, pero esa verdad era muy importante recopilarla”, expresa Bojacá.

Sensación de poca verdad

Entre el alivio de conocer a los máximos responsables persistirá la sensación de falta de verdad en las víctimas directas de ejecuciones extrajudiciales. “No ha habido verdad plena. Unos han aportado y reconocieron que los reclutaron, que los engañaron y los asesinaron, pero no pasan de allí y no dicen quién fue el superior que le dio esas órdenes. Se han quedado allí estancados”, dice la representante legal de Mafapo.

“Todo reconocimiento de responsabilidades desde la perspectiva de quien ha sufrido el daño y el daño en sus múltiples dimensiones siempre será insuficiente porque nada repara realmente el hecho de, por ejemplo, perder un ser querido, nada”, señala la directora del ICTJ. 

“La justicia restaurativa no es igual a la centralidad de las víctimas, la justicia restaurativa es restablecer los vínculos y restaurar el daño entre víctimas responsables y comunidad. Todas las partes implicadas en ese diálogo tienen que al final sentir que ese diálogo las dignificó de alguna manera”, concluye Moreno.

Uno de los retos más grandes lo tienen las víctimas que muestran la grandeza para recibir el reconocimiento de responsables que se esperaba estuvieran mostrando su humanidad y fragilidad. Sebastián Bojacá complementa esa situación desde su trabajo en los tribunales de justicia transicional del lado de las víctimas: “Una reflexión que teníamos es que la víctima no va entender de la macrocriminalidad y de las macroinvestigaciones cuando su caso todavía no ha sido resuelto, por lo menos en los términos que ellas lo piden”. 

Y aclara: “Tenemos al reclutador que nos ha contado cómo reclutó, cómo engañó, cuánta plata le pagaban por cada muchacho, pero hasta ahí se sabe. Luego nos saltamos a la etapa del encubrimiento e inclusive algunos puntos de la planeación: como se falsificaron informes de operaciones de inteligencia, las misiones tácticas”.

A su criterio, en ese proceso, “queda como ese camino (faltante) entre que fue entregado el Ejército y que lo asesinan en la gran mayoría de casos. Las madres quieren saber cómo la asesinaron, cuándo, dónde, cuáles fueron sus últimas palabras, qué dijo cuando lo estaban golpeando y torturando, en algunos casos, qué dijo de su familia y entonces queda esa gran incertidumbre en las madres. Ellas no van a tener la posibilidad de aceptar una macroinvestigación o una macrosentencia”.

Moreno precisa que en los procesos de justicia transicional no se obtiene una satisfacción total, pero sostiene que ese no puede ser el indicador que mida el éxito de este tipo de procesos. Lo que debe tener en cuenta es cómo avanza el reconocimiento de responsabilidad y la manera cómo se hace. 

Para el país las declaraciones de los militares fue novedosa, pero la gran mayoría de las cosas que reconocieron ya se conocían incluso desde los procesos penales que se habían llevado en la justicia ordinaria. Lo valioso, coinciden los expertos, fue presentarla al país.

Según Escobar, del Cajar, “se debe reconocer el impacto público que tuvo la audiencia; que es importante que la sociedad conozca de este tipo de crímenes, y no sólo por las denuncias de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos, sino por la viva voz de los perpetradores. Eso es positivo porque permite contrarrestar los discursos negacionistas que existen en algunos sectores”.

“Hay una sensación de verdad frente a la sociedad colombiana que no necesariamente tiene una exactitud porque justamente las madres venían escuchando esto desde los últimos 14 años, el país no. El país escuchaba las demandas de las madres, por eso también hay como unas falsas sensaciones de verdad en las madres”, complementa el abogado de la CCJ.

Lo que esperan las víctimas es conocer el rol que jugó cada uno de los responsables involucrados en el asesinato de sus seres queridos y aunque aún siguen esperando detalles, la participación de Sandro Pérez aportó a la expiación de algunas víctimas como Flor Hilda Hernández, madre de Elkin Gustavo Verano, asesinado el 13 de enero de 2008. 

Tanto en el espacio de reconocimiento de la CEV como en la audiencia pública de la JEP, Pérez reconoció que tomó las decisiones para asesinar a Elkin Gustavo y le sostuvo a Flor Hilda que podría decirle quiénes eran los otros responsables que debían estar reconociendo su participación en ese proceso.

Varias de las fuentes consultadas auguran que, por la naturaleza de la investigación de abajo hacia arriba, progresivamente se llegará a que se precise la responsabilidad de los altos mandos de los ‘falsos positivos’, incluyendo a la Presidencia de la República. 

La audiencia pública sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas en la región del  Catatumbo genera expectativas para víctimas de otras zonas del país que padecieron este flagelo. 

Carolina Hoyos, abogada del Colectivo Orlando Fals Borda, que representa a víctimas del departamento de Meta, región para la que no se ha proferido Auto de Determinación de Hechos y Conductas, espera que las fallas para involucrar a altos responsables no se repitan en los Llanos Orientales.

“Necesitamos saber quiénes fueron los comandantes y las unidades militares responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Es importante escalar en esa cadena de mando, que no se vio en la audiencia en Ocaña”, concluye Hoyos.

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