Luego de que 93 firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias decidieran desplazarse del corregimiento que los acogió durante los últimos tres años en su proceso de reincorporación a la vida civil, 150 personas que viven en el caserío y las casi mil asentadas en las veredas aledañas, temen que se repitan los hechos de violencia que padecieron 20 años atrás, cuando comandos paramilitares quemaron varias casas y obligaron a sus pobladores a abandonar la región

En el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) del corregimiento de Santa Lucía se quedaron siete reincorporados de las antiguas Farc y sus familias, quienes, por voluntad propia, no quisieron trasladarse al nuevo sitio de concentración, en zona rural del municipio de Mutatá, sur del Urabá antioqueño, y ocuparon las viviendas de la parte central del predio, a donde llegaron en 2017 en busca de un lugar para iniciar una vida distinta a la de la guerra. (Leer más en: Reubicación de excombatientes en Mutatá, un reto para el gobierno nacional)

Quien ha alzado su voz a nombre de los campesinos y los pocos reincorporados que quedaron en Santa Lucía es el sacerdote Yonay Tuberquia Agudelo, párroco de la iglesia del corregimiento. Sus preocupaciones se centran en la desprotección en la que quedaron, luego del desplazamiento de los 93 firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias por razones de seguridad.

El prelado aseveró que la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) dio la orden de desmontar las construcciones de la parte baja del predio que tenían arrendado y que hacía parte del ETCR de Santa Lucía.

El sacerdote Yonay pertenece a la Diócesis de Santa Rosa de Osos, lleva cinco meses como párroco en Santa Lucía y en ese poco tiempo ha tenido bastante cercanía con los excombatientes y la comunidad. “Desde la Diócesis hemos seguido todo el proceso de paz”, le dijo a este portal.

Tropas del Ejército y agentes de la Policía aún están en el corregimiento; sin embargo, el sacerdote teme que después de un tiempo se vayan: “Ituango tiene 124 veredas y ellos tienen que andar por todas. Hablé con el comandante de Policía hace poco y me dijo que no tienen la orden de salir, pero que si los necesitan en otro lado tendrían que irse”.

Si la Fuerza Pública es trasladada, como temen en Santa Lucía, se generará mayor vulnerabilidad en una región donde disidencias de las antiguas Farc, estructuras surgidas tras el desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia, organizaciones del narcotráfico articuladas con carteles internacionales y la guerrilla del Eln gravitan en la región, sin un control efectivo por parte de las autoridades, razón por la cual se generó el desarraigo de los 93 firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias.

La voz del sacerdote

VerdadAbierta (VA): ¿Qué expectativas tenían los campesinos frente a la reincorporación de los excombatientes en Santa Lucía?

Yonay Tuberquia Agudelo (YTA): La gran expectativa era la esperanza de paz, vivir una vida más tranquila. Es una comunidad que lleva más de 40 años afectada por la guerra y sin embargo la gente tenía esa perspectiva de perdón. Saben que les hicieron mucho daño, pero ahora ya ellos han dado el paso y la comunidad los recibió para hacer un cambio juntos.

Ahora con la salida de ellos, llega otra vez la incertidumbre; qué va a pasar en el territorio y si se llevan la fuerza pública, mucha más es la preocupación.

VA: En mayo pasado hubo amenazas tanto a excombatientes como a la comunidad, ¿eso cómo ha evolucionado?

YTA: Sí, incluso hubo un desplazamiento corto de la comunidad de Santa Lucía hacia el ETCR. Fue un desplazamiento ilógico, lo vemos de esa manera, porque no tiene sentido salir de la casa a 100 ó 200 metros de donde vivían los excombatientes. Los grupos armados enviaron el mensaje de que si el Ejército o la Policía no se retiran, entonces van a haber desplazamientos y enfrentamientos. Esas amenazas a lo último no llegaron a término, por ahora.

VA: Pero con la salida de los excombatientes sí se cumplieron las amenazas.

YTA: Los excombatientes salieron por temor, porque claro, hay presencia de grupos armados en la zona. Hay presencia de disidencias, de paramilitares y debido a eso, los excombatientes ya no se sentían tan seguros. Por eso decidieron irse para otro lugar.

VA: ¿Cuál fue la reacción de la comunidad campesina tras el desplazamiento de los reincorporados?

YTA: Hay unos sentimientos de todo tipo. La gente nunca olvida el mal que les hicieron cuando estaban en la guerra. En esa zona se mantenía la guerrilla y ahí mismo decidieron quedarse para reparar un poco el daño causado. En esos días previos a la salida, hubo nostalgia de los excombatientes al dejar un lugar al que se habían arraigado y que querían seguir.

VA ¿Qué pasará con la infraestructura física del ETCR?

YTA: Estamos tratando de hablar con la ARN a ver si hay posibilidades de que eso quede para la gente. Lo que la comunidad quiere es que esas construcciones se queden ahí tal cual para que sean un servicio para ellos mismos. En la comunidad tenemos familias que no tienen hogar y quisiéramos que esas casas las pudieran usar.  Sin embargo ya está la orden de desmontar la parte baja.

VA: ¿Qué cree que pasó con el Acuerdo de Paz en esa zona?

YTA: Creo que hubo errores de parte y parte. Los excombatientes se quejaban de que el gobierno nacional no les ha cumplido los Acuerdos y eso es evidente. Uno estando en la zona, se da cuenta que de cierta manera el gobierno falló en el cumplimiento de algunos puntos, como en la seguridad y las tantas muertes de los excombatientes aquí, a pesar de que ahí estaba la Policía y el Ejército.

Pero tampoco se desconoce que los excombatientes también fallaron en el cumplimiento, por ejemplo, que las disidencias se hayan rearmado supremamente rápido y que todavía hubieran quedado armas encaletadas, que tal vez tenían la intención de entregarlas, pero algunos rápidamente volvieron a cogerlas.

VA: ¿Qué acompañamiento gubernamental ha recibido la comunidad de Santa Lucía?

YTA: Hemos hablado con el señor alcalde de Ituango y él nos ha manifestado la intención de seguir preocupado por esta comunidad. En Santa Lucía se necesita muchísimo progreso, mejor educación, porque los jóvenes solo estudian hasta noveno y de ahí se tienen que ir hacia otra vereda a terminar el bachillerato.

Aquí no hay acceso a la información y la comunicación, la población no cuenta ni con una antena para señal de celular. Hablando también de la seguridad de estas personas, se hace muy complicado dar aviso al alcalde, a la zona urbana de alguna eventualidad que pase en la zona. No hay acueducto, la Pastoral Social con la misma comunidad ha hecho unos filtros caseros para potabilizar el agua, pero no es lo suficiente.

VA: ¿Qué intereses ilegales hay sobre Santa Lucía?

YTA: Este es un lugar montañoso y es un corredor estratégico para los grupos armados que se están disputando el territorio, eso no es desconocido para el gobierno ni para la comunidad. Por eso la comunidad no quiere que se lleven la Fuerza Pública, porque quedarían totalmente desprotegida, sería como decirles a los grupos ilegales, nuevamente bienvenidos al corregimiento. Se perdería todo lo que se ha avanzado hasta ahora.

VA: ¿Económicamente cómo se sostiene el corregimiento

YTA: La comunidad de Santa Lucía es totalmente campesina. El café es el mayor producto que se da en la zona y en general la actividad agrícola. Cuando llegó el ETCR, muchos campesinos se unieron a trabajar con los excombatientes en actividades de cuidado de ganado, cerdos, gallinas; es decir, en los proyectos productivos fruto del Acuerdo de Paz, lo que amplió las labores y la producción.

VA: En medio de la inseguridad, se expandió el virus COVID-19. Al respecto, ¿qué cuidados adoptó la comunidad para prevenir su llegada dado que uno de los focos de contagio es la zona de construcción de la central hidroeléctrica Hidroituango?

YTA: En esta contingencia, las comunidades se han acogido a los protocolos nacionales.  En el campo, la pandemia no ha afectado a nadie, nos cuidamos mucho, no salimos al centro urbano y nos quedamos dentro de la misma vereda para no contagiarnos con el virus.

VA: Finalmente, como iglesia católica, ¿cuál es la responsabilidad que tienen con Santa Lucía?

YTA: Acompañarlos. Y eso es lo que ha hecho la Diócesis de Santa Rosa de Osos, antes del proceso de paz, durante el proceso y ahora en la implementación. Esta comunidad lleva más de 40 años edificada en la zona y han tenido la presencia de un sacerdote. La tarea es acompañarlos mediante la guía espiritual como también en lo social, ayudarles para que sean atendidos por el Estado, al que le digo que no abandone a estas personas: también son colombianos y necesitan que los apoye y ayude.

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Después de tres años de la firma del Acuerdo de paz, tanto la implementación como la reincorporación de exguerrilleros del antiguo grupo insurgente, han tenido fallas que se incrementan con el aislamiento obligatorio para contener el Covid-19. Al asecho están el virus y grupos armados. Ituango, en Antioquia, la región más convulsionada.

A los excombatientes que dejaron las armas para reincorporarse a la vida legal, apegados al Acuerdo de Paz, los agobian las amenazas y ataques de grupos armados, así como el temor a la pandemia generada por la expansión del Covid-19. Sus miedos los padecen en los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las 73 Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) en todo el país.

Los ETCR son los espacios donde los excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc entregaron las armas y comenzaron su tránsito a la vida legal. Los NAR, por su parte, son lugares espontáneos y de palabra, más no registrados ante el gobierno nacional, que se crearon buscando mejores condiciones de vida o porque no había entornos de seguridad donde estaban los ETCR. El caso más representativo, en ese sentido, es el de Mutatá, Antioquia, que concentra a excombatientes comprometidos con proyectos productivos.

La Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) aseguró que el suministro de alimentos para los ETCR y los apoyos económicos para los excombatientes continuarán en medio de la emergencia económica y social derivada por la pandemia. Sin embargo, no hay mención sobre las NAR.

En una carta enviada el pasado 13 de abril por voceros de los ETCR y los NAR del suroccidente del país al Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), le reclamaron por lo que calificaron como una actitud displicente frente a estas áreas.

“A la fecha, al menos en nuestra región, aglutina y representan más del 80% del proceso de reincorporación. En este tema en particular, después de más de dos años de la conformación de los mismos, aún no se les reconoce ni respeta como tal, ni tan siquiera en su derecho al abastecimiento, ya que a algunos no les llega y a los que sí les llega no se asimila en su cantidad ni calidad a lo acordado y decretado”, se lee en la misiva.

Además de la falta de abastecimiento, hay preocupación por la escasa sanidad e implementos para atender la emergencia que ha generado la expansión del Covid-19. Por el contrario, hay riesgo en la mayoría de estas zonas, pues no cuentan con agua potable para seguir los protocolos de limpieza; incluso, la mayoría de estos espacios están lejos de algún centro de salud.

La senadora Victoria Sandino, advirtió, una semana antes del inicio del Aislamiento Preventivo Obligatorio decretado por el presidente de la República, Iván Duque, el pasado 23 de marzo, que los excombatientes no estaban preparados para cualquier eventualidad que generara el Covid-19 y citó algunos ejemplos específicos en una nota de prensa.

“En el caso del NAR El Diamante, en Meta, nos encontramos con la problemática de que el agua no es tratada”, precisó la Senadora. “La situación en La Macarena, también en Meta, es aún peor porque hay escases de agua. En Pondores (La Guajira), los servicios sanitarios son colectivos, ducha y sanitario son compartidos por lo menos de 6 a 7 familias. En el caso del NAR de San José de Leones, en Mutatá (Antioquia), no se tienen medidas de desinfección porque no tienen elementos para hacerlo”.

Además, se refirió al ETCR en Santa Lucía: “En el caso de Ituango, en Antioquia, la panadería, la huerta y el restaurante, tuvieron que cerrar. Y el abastecimiento, en esta zona en particular, no ha llegado para la cantidad de personas que viven allí, a sabiendas que el último censo se realizó a finales de enero de este año”.

La queja constante, ante esas advertencias, es que no han sido escuchados y les ha tocado, por cuenta propia y junto a las comunidades, buscar estrategias para prevenir los contagios.

En el ETCR de Caldono, en Cauca, hay 437 familias vinculadas al proceso de reincorporación y 547 niños. Sin embargo, dentro del Espacio hay sólo 150 familias, porque las otras están dispersas en doce municipios del departamento. El proyecto que allí se está realizando es un encadenamiento productivo compuesto por aguacate tipo Hass, producción piscícola, de cerdos, tomate de árbol y hortalizas y la iniciativa “Hilando la Paz”. (Leer más en: En el ETCR más atrasado del país no dejan de apostarle al proceso de paz)

Yan Carlos Moreno Flórez, excombatiente y representante legal de la Cooperativa Multiactiva Ecomún, Esperanza del Pueblo, en este ETCR, detalla el apoyo que han tenido de las comunidades aledañas: “Para nosotros, los cabildos han sido los garantes de la reincorporación colectiva en Caldono, ya que han sido ellos los que han acogido el personal, han puesto las tierras, garantizan parte de la seguridad y los que van reincorporando gradualmente las personas a las comunidades”.

Este ETCR tampoco cuenta con agua potable. Para prevenir la propagación del virus, están trabajando junto a la comunidad en los controles, haciendo los sumarios y usando la medicina tradicional del territorio.

“Como estamos en zona de resguardo indígena, estamos cooperando con el trabajo de la comunidad, estando en los puestos de control. Hemos recibido abastecimiento para 150 personas que están dentro del Espacio. Pero para el resto sí ha faltado las provisiones acordadas. Estamos haciendo por nuestra cuenta tapabocas para aportar”, afirma Moreno.

Uno de los ETCR que ha sido más exitoso con los proyectos productivos es el de Anorí, en Antioquia. Martín Batalla, artista y excombatiente, residente en este sitio, precisa qué tipo de iniciativas desarrollan allí.

“De ocho proyectos productivos que hay en el ETCR, sólo uno cuenta con apoyo directo de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y con desembolso de los recursos pactados en el Acuerdo”, precisa Batalla.

Sobre los otros proyectos, indica, “son desarrollados con recursos propios de nuestra cooperativa o recursos aportados por la cooperación internacional. Algunos de esos proyectos son: Confecciones La Montaña –Voluntad de Paz-; galpón con 1.000 gallinas y producción de 800 huevos diarios; Miel de La Montaña –Voluntad de Paz-; proyecto de ecoturismo La Casa de la Vida; proyecto piscícola La Macarena, con la meta de producir 1 Tonelada de Tilapia mensual, pero que se encuentra actualmente parado por falta de acceso a la tierra”.

Pero con la crisis del Covid-19 todos esos proyectos están paralizados, incluso el de confecciones por el tema de transporte de insumos. “La salida a esa situación, unida a la necesidad de contribuir de forma decidida a la emergencia actual, es la producción de tapabocas, pues nos permite mantener el taller en actividad. Los primeros mil tapabocas producidos fueron donados al municipio de Anorí, junto con mercados con algunos productos producidos en el mismo ETCR para las familias más desprotegidas”, afirma Batalla.

Desde el inicio de la reincorporación, los incumplimientos por parte del gobierno nacional para muchos era mal síntoma; sin embargo, seguían apostándole a cumplir con lo acordado, como lo han hecho hasta hoy. Pero la incertidumbre más grande para los excombatientes en estos momentos, más allá de los incumplimientos o de la propagación del Covid-19, es el aumento de los asesinatos de sus compañeros que también estaban decididos por la vida civil. Y hasta en la cuarentena los han asesinado dentro de sus casas.

Para prevenir estos asesinatos, que ya suman 196 después de la firma del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició el trámite de medidas cautelares colectivas para excombatientes de Farc y miembros de la Fuerza Pública, que de estos últimos van 16 los amenazados.

Así lo hizo saber la JEP en un comunicado: “La JEP avocó de oficio el trámite de medidas cautelares colectivas para proteger la vida y la integridad física de los comparecientes. El trámite de esas medidas cautelares también busca emitir órdenes estructurales dirigidas a asegurar el derecho a la verdad plena y a la garantía de no repetición de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y de guerra”.

La comunidad internacional que respalda el Acuerdo de Paz y su implementación también se ha referido sobre la actual situación. “La paz en Colombia no puede ser, no debería ser, una víctima de esta pandemia”, afirmó Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia durante una reunión del Consejo de Seguridad que se hizo de manera virtual el pasado 14 de abril.

Y agregó: “El Covid-19 está afectando y seguirá afectando la implementación del Acuerdo de Paz y a las actividades de verificación de la Misión. Sin embargo, tenemos la obligación colectiva de seguir garantizando el progreso en su implementación”.

Ruta de reincorporación

En tres años y medio de implementación del Acuerdo de Paz, durante los cuales se han presentado altibajos, incumplimientos por parte del gobierno nacional, divisiones internas en el partido político que fundaron las Farc tras dejar las armas y el rearme de algunos excombatientes, este año se inició una nueva etapa en todo este proceso.

En noviembre de 2019 fue expedida la Resolución 4309 por la ARN, que creó la Ruta de Reincorporación que fue aprobada por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), representada por dos delegados de Farc y dos del gobierno nacional, que empezó a operar en enero de 2020. La creación de esta ruta tardó un año y ha generado algunos desacuerdos porque muchos excombatientes no se sienten representados allí.

Lo que más ha causado discrepancias es que esta Ruta no fue concertada ni incluida en las Economías Sociales del Común (Ecomún), la principal herramienta de reincorporación integral de exguerrilleros para hacer el tránsito a la vida legal en materia económica. Algunos representantes de Ecomún están buscando la manera de demandarla, incluso piden que no firmen el documento en los ETCR.

Ubaldo Zúñiga, presidente de Ecomún, cuenta que están buscando asesoría jurídica: “Es una ruta arbitraria, que no se consultó con los y las exguerrilleras, aunque se argumente que se aprobó en CNR, esa ruta es lesiva para los intereses de las personas en reincorporación”.

Además, expresa que la mayor dificultad que han tenido con Ecomún “son las visiones distintas al interior del consejo de administración, sobre el modelo de cooperativismo a construir y la dependencia o no de ésta al partido”. Y agregó: “Hay quienes creemos que debe ser una organización independiente y autónoma; y hay una parte, liderada por el gerente que se subordina a un sector del partido. Esto no ha permitido que la lucha por los intereses de los reincorporados se haga de la mejor manera”.

Aun así, lograron avanzar en la legalización y formalización de la organización como una cooperativa de primer nivel. A la fecha cuenta con 36 asociados naturales, 107 organizaciones de economía social y solidaria, en las que el 80 por ciento son cooperativas multiactivas. Existen diez organizaciones de mujeres, aunque ellas tienen participación en todas las cooperativas. Se han aprobado 51 proyectos de carácter colectivo y más de 1.500 individuales.

“Esto muestra la tendencia del gobierno de desarticular e impedir que avancemos en la apuesta colectiva que decidimos. La mayoría de los proyectos aprobados con los recursos de reincorporación están en etapa de implementación, bajo el entendido que el 90 por ciento son de carácter agropecuarios, es decir, del sector primario”, explica Zúñiga.

Otra de las quejas del presidente de Ecomún es que en la Ruta no quedó establecido el acceso a la tierra ni los recursos para implementarla: “Los proyectos que están hoy en funcionamiento están mediante arriendo, lo cual le quita la rentabilidad al proyecto productivo que se propone en cada caso”.

Temas como el enfoque étnico, la salud o el arte y la cultura también generaron malestar en algunos excombatientes y analistas que han estado profundizando en todo este proceso.

El senador Israel Zúñiga, quien era conocido en las antiguas Farc como ‘Benkos Biohó’, cuestionó durante en un conversatorio virtual el tema étnico plasmado en esta ruta de reincorporación: “Esa hoja de ruta no contempla un análisis que tenga en cuenta la visión y caracterización de los pueblos étnicos. Se enuncia, pero no se contempla. No podemos seguir pensando que con enunciar es suficiente”.

En cuanto al tema de salud de los reincorporados, María Alejandra Rojas, salubrista de la Universidad Nacional, y quien ha analizado el tema de sanidad en procesos de paz, dijo en el mismo conversatorio que “esta ruta rompe el carácter colectivo de la reincorporación al proponer como objetivo, en materia de salud, la afiliación individual al sistema de salud colombiano como único criterio. Es un sistema mercantil que se centra en la gestión de la enfermedad y no en la prevención”.

Muchos de los antiguos alzados en armas se especializaron durante la guerra en medicina, enfermería o primeros auxilios, lo que podría ser un avance para que los ETCR puedan tener la atención médica inmediata. Sin embargo, los que tenían este conocimiento se dedicaron a otras labores porque no tuvieron ofertas de formación.

Martín Batalla considera que esa ruta va en contravía de lo pactado en el Acuerdo de Paz: “Cuando uno lee el Acuerdo es muy claro que lo pactado es colectivo, a través de la economía cooperativa y solidaria, y las Farc-EP dieron una discusión muy fuerte en La Habana para que eso quedara así, y esos proyectos productivos colectivos, a medida que se fueran fortaleciendo, comenzaran a generar una economía alternativa y una forma diferente de relacionamiento en los territorios más afectados por el conflicto armado”.

Y al referirse al arte y la cultura, expresa que en la resolución 4309 no quedó plasmado, “como tampoco fue contemplado, ni se menciona en el Acuerdo de La Habana”.

Evocando el pasado, este excombatiente precisa que “las Farc-EP deron mucha importancia a los procesos artísticos y culturales al interior del movimiento armado; fue un elemento de cohesión interna de la misma organización, herramienta para la formación de los combatientes y fundamental para el trabajo de masas. Pero una vez llegada la etapa de negociación el arte quedó completamente relegado y los procesos artísticos olvidados”.

Dicha ruta está pensada para excombatientes que están en los ETCR, que se habían concebido como un espacio temporal que finalizaba en agosto de 2019, pero el gobierno nacional los prorrogó un año más. Según se pudo constatar, en estos lugares el número de personas es reducido, pues muchos han tenido que abandonarlo y buscar otros lugares más seguros o mejores condiciones económicas.

El registro nacional de reincorporación, realizado por la ARN en 2019 y aplicado a 11.700 excombatientes, precisa que 2.689 están en ETCR y 9.049 están por fuera de ellos, en 430 municipios del país. En Bogotá hay 655 personas; en Villavicencio son 211; en Cali 206 y en Medellín 202 en proceso de reincorporación.

En un análisis que publicó la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre reincorporación, en diciembre de 2019, analizó los desafíos para que esta ruta llegue a buen término y llamó la atención sobre varias de las dificultades que enfrenta el proceso.

“En primer lugar, está la estabilidad territorial de los excombatientes, que se ve incierta; luego, su dispersión en más de 400 municipios; las dificultades para desarrollar proyectos productivos de manera colectiva frente al avance de proyectos individuales y el deterioro de la seguridad”, planteó este centro de pensamiento.

Además, advirtió sobre la estigmatización y la tímida responsabilidad compartida ente el gobierno nacional y las Farc, “ya que el primero ha hecho esfuerzos en política pública que deben ser desarrollados y evaluados, y las FARC se enfrentan a una fragmentación interna que puede generar tensiones y desgaste institucional. Por último, está la necesidad apremiante de diseñar la ruta de reincorporación a largo plazo, lo cual es indispensable para condicionar y hacer seguimiento a los beneficios económicos y sociales entregados a los excombatientes”.

Diáspora en algunos ETCR

Cuando los guerrilleros del Frente 18 de las Farc decidieron dejar las armas, buscaron un lugar tranquilo para iniciar su proceso de reincorporación. En condiciones adversas llegaron a la vereda Santa Lucía, a dos horas de la cabecera municipal de Ituango, en Antioquia. En un terreno empinado lograron montar sus carpas.

Ese febrero de 2017 ellos mismos denunciaron que los alimentos les estaban llegando en mal estado y temían por sus vidas. Manuel González, conocido en la guerra como ‘Elmer Arrieta’, dijo en ese entonces: “Si hay incumplimientos ahora que aún tenemos las armas, ¿cómo irá a ser cuando las entreguemos?”.

Fue una premonición que no era difícil de creer, pues muchos sectores sociales y políticos estaban, desde el principio, en desacuerdo con el proceso de paz. Al mismo Manuel González le asesinaron a su hijo Manuel Antonio, de 33 años de edad, quien nació en la guerra, pero que también había optado por conocer la legalidad. El asesinato se perpetró a 15 minutos de la cabecera de Ituango, el 13 de diciembre de 2019.

En ese ETCR van 12 excombatientes asesinados. El último fue en enero de este año. Razón por la cual 65 familias, de las 80 que viven allí, habían tomado la decisión de dejar el espacio, aún sin saber a dónde llegar. Por eso el 14 y 15 de marzo de este año la Comisión de Paz de la Cámara y del Senado, decidieron hacer una audiencia pública en Santa Lucía.

El 14 de marzo, a las 2 de la mañana salió una caravana desde Medellín para acompañar dicha audiencia, que iniciaría a las 9 de la mañana, cuando 15 congresistas arribaran al lugar en un helicóptero. Sin embargo, tanto la comunidad, como excombatientes y caravana se quedaron esperándolos, porque por decisión del presidente Duque, todos los helicópteros tuvieron que ser enviados a la frontera con Venezuela. El país comenzaba su carrera para contener al Covid-19.

Pese a ello, se realizó una especie de asamblea donde los excombatientes expresaron sus preocupaciones. Allí llegó uno de los exguerrilleros más antiguos de las Farc, Óscar Úsuga Restrepo, conocido en la guerrilla como ‘Isaías Trujillo’, quien duró 46 años alzado en armas y fue el comandante del Bloque Efraín Guzmán. Sus palabras para el público fueron sentidas.

“A mí, de nueve años, me tocó vivir la guerra del 48 y de ahí, hasta aquí, más guerra sin parar. Los compañeros de aquí se tienen que ir y no se para dónde. Nadie quiere morir, lo cierto es que aquí hay una situación delicada y que duele mucho. Ni en la guerra se sufrió tanto. Nosotros no podemos dejarle a todos los niños de Colombia el sufrimiento que nosotros vivimos”, expuso Úsuga.

Y los mismos excombatientes se preguntaron allí si las ciudades como Medellín o Bogotá estarían preparadas para recibir estas familias, si tendrían lugares para alojarlos, o serían unos desplazados más que llegarían a habitar las calles.

Gustavo Rivera, conocido en la guerra como ‘Agustín Ramírez’ y excomandante del  del Frente 18, está hoy al frente del ETCR de Santa Lucía. Expresó en esa asamblea su angustia ante la falta de garantías económicas y de seguridad: “Nos duele salir porque aquí habíamos iniciado otra vida con familias, mejoramiento de casas y empezando con un patrimonio familiar. Pero aún no tenemos predios para irnos ni protocolos para el traslado”. No obstante, se decretó el Aislamiento Obligatorio Preventivo y el problema que afrontaban se frenó por culpa del Covid-19.

Lo que no ha tenido contención es la violencia. El pasado 17 de mayo les llegó una amenaza, por parte de grupos armados, diciendo que, si en siete días no salen la Policía y el Ejército de la vereda Santa Lucía, los excombatientes deben desalojar el ETCR y los campesinos la vereda completa. La intimidación generó un grave escenario de vulnerabilidad, agravado por la pandemia.

Edilberto Gómez, dirigente de la Asociación de Campesinos de Ituango (Ascit) quien asistió a la asamblea de marzo pasado, expresa su preocupación con la situación y detalla un panorama crítico en este municipio del norte de Antioquia.

“Los campesinos no somos futuristas, pero veíamos que algo andaba mal. Sabíamos que el gobierno nacional no iba a cumplir. Nos dejó abandonados. Ahí se metieron los otros grupos armados que se querían posicionar en este territorio. En la vereda Pascuitá está el Clan del Golfo (autodenominado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia). Un viernes a las 7 pm dijeron que necesitaban a la comunidad, la citaron a una reunión, le avisamos a la Policía, ellos llegaron el sábado en la tarde y así en muchas veredas”.

La situación es tan compleja que el pasado martes, tanto los voceros del ETCR de Santa Lucía como representantes de la Junta de Acción Comunal de la vereda enviaron un mensaje urgente a las autoridades nacionales, encabezadas por el Presidente de la República, para que activaran de inmediato una alerta temprana y se tomaran medidas de protección para los excombatientes y las comunidades campesinas. Además, anunciaron que no abandonarían la región.

“La actual situación y el hecho de no tener un lugar con garantías donde llegar, nos ha llevado tanto a las personas en proceso de reincorporación del ETCR como a la comunidad campesina que habitamos en la vereda, a tomar la decisión, con todos los riesgos en cuanto a la vida y la integridad que esto conlleva, de no abandonar el territorio y resistir hasta que el gobierno restituya los derechos y la tranquilidad de nuestras comunidades, copando la zona no solo militarmente, sino con toda la institucionalidad requerida y llevando a todos los habitantes de este territorio una seguridad integral”. (Ver texto completo)

Lo que ocurre en esta región de las montañas del norte de Antioquia se ha venido advirtiendo desde comienzos de año. En un reportaje, de febrero pasado, este portal llamó la atención sobre las críticas circunstancias que se viven en el ETCR de Santa Lucía y sus comunidades vecinas. (Leer más en: Desmovilizados de las Farc en Ituango, bajo todos los fuegos)

De la selva a la realidad

El 1 de febrero de 2017 no fue un día cualquiera para 130 guerrilleros que llevaban internados en las selvas de Chocó gran parte de sus vidas. El antiguo Frente 57 de las Farc, desde días atrás estuvo desmontando sus caletas, empacando las pertenencias que habían logrado conseguir en los días en que se acercaba la paz. No eran pocos los cachivaches; tenían baldes, platos, colchonetas, sillas, mesas y cientos de cosas que empezarían a usar en sus nuevas vidas.

Hasta la madera con que habían elaborado ranchos provisionales en el Punto Transitorio de Normalización (PTN), la cargaron para construir sus casas. Ubaldo Zúñiga, conocido como ‘Pablo Atrato’ en las filas guerrilleras y quien era parte del Estado Mayor del Frente 57 en ese entonces, dijo que se la llevaban porque sabía que la iban a necesitar.

Y efectivamente, a donde llegaron no había nada construido ni el gobierno nacional había entregado materiales; además, era época de lluvia. Iban para la Zona Veredal Brisas, ubicada entre los municipios chocoanos de Riosucio y Carmen del Darién.

El día anterior salió una lancha maderera de unos 22 metros de largo cargada con todo el trasteo por el río Pogue, ubicado en las entrañas de Bojayá. Desde tempranas horas de ese primer día de febrero, la cocina emanaba aromas que producían hambre.

Una de las alzadas en armas había dicho que llevarían fiambres para el camino, porque era largo. Incluso a la periodista le empacaron uno de esos que salvó la jornada. A las 9 de la mañana fue la salida que estuvo custodiada por el sistema tripartito de monitoreo, compuesto por representantes de la ONU, del Ejecutivo y de las Farc.

Ese día llegaron 19 pangas que se encargarían de hacer el traslado. El recorrido, que empezó desde el corregimiento Pogue, hasta Riosucio, finalizó a las 5 de la tarde. A los bordes de los ríos, todas las comunidades salieron a observar el momento histórico que les estaba tocando vivir.

Las pangas estaban numeradas y así debía ser el orden de salida. Pero más adelante cuando desembocaron en el río Atrato, se desordenaron y parecían apostando carreras. Después, algunos comentaron que esas pangas pertenecían a paramilitares que las habían alquilado al gobierno. La llegada a tierra fue desoladora. La Zona Veredal quedaba a media hora en bus, por lo que la ONU dijo que de noche ya no podían hacer el traslado. Ese día sólo recibieron una comida.

En medio de una playa, al lado del río Curvaradó, en la vereda Brisas, tuvieron que pasar la noche, improvisando cambuches y ya en unas condiciones muy distintas a la guerra; con niños y trasteo incluidos. Todos aún cargaban sus armas, por lo que sentían alguna seguridad, en ese lugar alguna vez se habían enfrentado con paramilitares. Esa noche hubo tensión. Llegaron muchas personas desconocidas a rondar el lugar y a las 2 de la mañana arribaron unas personas alicoradas a intentar perturbar a los recién llegados. Hasta una serpiente venenosa los alertó.

Nadie durmió esa noche. Al siguiente día fueron trasladados a la Zona Veredal ya pasado el mediodía. Allí fueron dejados en medio de plataneras y árboles, ni una sola construcción en el lugar donde iniciarían todo el proceso de reincorporación. Montaron carpas y de ahí en adelante empezaron con la construcción de sus nuevos hogares.

De los 130 excombatientes que llegaron aquel 2 de febrero a Brisas, hoy sólo quedan 82 y hay 36 casas. Cuentan con una cancha de fútbol gestionada por ellos mismos, una sastrería, tres aulas de estudio y una pequeña escuela, con capacidad para 25 niños. Tienen, además, una cooperativa y están realizando proyectos de piscicultura y siembra de plátano.

Allí se realiza el festival de artes escénicas Selva Adentro, que va en su tercera versión, liderada por la Red Cepela y la Escuela de Danza Bailes Afroantillanos, ambos de Medellín y en apoyo con diferentes organizaciones artísticas nacionales y de la región.

Una de las quejas actuales es que no cuentan con condiciones de salubridad ni agua potable para prevenir cualquier contagio por Covid-19. “Es una situación compleja, en esos sitios la gente trata de llevar una vida sin muchas medidas y eso es muy peligroso, ya que el tema de salud en esas zonas como conocemos es muy precario, muchos siguen desarrollando sus actividades y el gobierno nacional lleva algunos alimentos, pero el problema es que hoy el 75% de los reincorporados ya no están en los ETCR”, afirma Ubaldo Zúñiga.

El drama de las mujeres

Deisy Johana Guzmán estuvo en la guerrilla durante 19 años e ingresó por cuenta propia siendo una adolescente. “Éramos once hermanitos. Vivíamos con mis padres en la vereda Cruces del Termal, a diez horas de Dabeiba (Antioquia). No había escuela y éramos muy pobres. Veía la guerrilla pasar y me daban muchas ganas de irme”.

El nombre que adoptó fue el de ‘Liney’, y asegura que esos primeros días fueron difíciles para adaptarse: “No estaba acostumbrada a la disciplina, las caminatas largas, o a cargar cosas pesadas”. En la guerrilla aprendió a leer y escribir.

Deisy ingresó al Frente 34, después estuvo en el Frente Aurelio Rodríguez, y empezando los diálogos de paz, estuvo en la unidad de guardia de ‘Pastor Álape’. Recorrió departamentos como Antioquia, Chocó, Córdoba, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca. Una de las caminadas largas que recuerda fue cuando se trasladaron de la parte baja del Chocó hacia el Valle del Cauca, un mes de camino.

Se volvió una mujer enérgica y algunos la recuerdan cargando bultos pesados sin dificultad: “Hombres y mujeres hacíamos las mismas labores sin discriminación. Así se adquirió esa fortaleza”.

La guerra la marcó y reconoce que tiene pesadillas cuando evoca esos recuerdos. Uno de los momentos difíciles que vivió fue la pérdida de un embarazo que estaba por los tres meses, en un asalto que les hizo el Ejército Nacional. “Y la pérdida de mis dos hermanos y un cuñado que los asesinó el Ejército. La pérdida de muchos compañeros en los bombardeos”. Luego tuvo un bebé que entregó a la familia del padre, a los tres meses de nacido, porque su familia había sido desplazada y no sabía nada de ellos.

Deisy llegó hasta el grado militar de comandante de escuadra: “era un hombre o mujer que se en cargaba de mandar a 11 unidades, también se le llamaba unidad básica, por ser el grupo más pequeño dentro de la estructura orgánica”. Llegó a ser oficial de servicio y comandante de guardias.

Esta excombatiente está en proceso de reincorporación. Cuando sabía que iba a volver a la legalidad, lo que más deseaba era encontrarse nuevamente con su hijo, que algunas veces se lo llevaban de visita, pero no podía quedarse con ella. “Con la paz me acerqué más a él y a mi familia, que hacía diez años no los veía. Fue muy lindo, me recibieron con mucho amor y apoyo”, expresa.

Lo primero que hizo Deisy al empezar el proceso de reincorporación fue estudiar y hacer la primaria, que con orgullo dice que ya terminó. Hace parte del partido Farc y está viviendo en una vereda con su nuevo compañero sentimental. No se quedó en el ETCR porque quería estar cerca de su familia. Quiere seguir estudiando.

Sabe que no volverá a la guerra, pero no ha sido fácil adaptarse a la nueva vida: “Me ha tocado pasar necesidades por el incumplimiento de los acuerdos, mucha inseguridad, cada que asesinan un excombatiente me siento amenaza. Por otro lado, no tengo empleo. Se dan cuenta que uno es un reincorporado y no le dan trabajo”.

Ante esa cruda realidad, la senadora por el partido Farc, Victoria Sandino, ha reiterado en diversas ocasiones que en el proceso de reincorporación hay una reclandestinización de la mujer: “Tienen que negar que han sido guerrilleras. Les dan cursos de cocina, arreglo de uñas, cría de gallinas. No hay una oferta real para las mujeres distinta a lo convencional. Los hombres tienen otras ofertas más amplias. La mayoría de ellas está al cuidado del hogar, no a formarse. Ellas son estigmatizadas por redes sociales más que los hombres”.

Y las mismas mujeres excombatientes han denunciado que muchos hombres, al salir de las filas guerrilleras, adoptaron prácticas machistas que no se aplicaban cuando las Farc estaba en armas, por eso ellas están haciendo una campaña para mantener estas prácticas de respeto, trabajo conjunto y solidaridad entre todos. Todo ello en medio de las angustias que generan la estigmatización, la violencia en su contra y el letal virus del Covid-19.

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Desde que se acogieron al proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, los excombatientes de las Farc han tenido que aprender a vivir una vida que desconocían. De lo más difícil: sobrevivir con los recursos obtenidos tras la dejación de armas.

De lejos, Marisol* luce ansiosa. De cerca, es un manojo de nervios.

“No me gusta hablar de mi vida”, sentencia de manera tajante. Luego, me pide que no la llame por su verdadero nombre, ni siquiera por el que usó en la guerra, la misma que vivió de cerca en las montañas del Catatumbo por más de diez años.

“Voy a hablar con usted porque lo he visto varias veces por aquí por Caño Indio, pero sepa que de esto es mejor no decir mucho. Allá (en la guerra), uno dejó muchas cosas abiertas y eso pesa, pueden terminar pasándole factura”.

Acepto que hablemos sin que me diga su nombre porque es la tercera persona a la que le pido que conversemos sobre lo mismo y todas han dicho que no.

A los excombatientes que aún permanecen en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio, Norte de Santander, bautizado como ‘El Negro Eliécer’, les cuesta hablar de su pasado. “No quiero hablar de eso”, les repito una y otra vez, pero no es suficiente.

Marisol arrastra las palabras al hablar, y al final de cada frase, tiene un ‘cantadito’ propio de los ocañeros que delata su lugar de nacimiento.

En Caño Indio hace calor, mucho, y la planta que les provee la energía se enciende a la una de la tarde. A esa hora, Marisol se sienta a comer. Dice que no puede hacerlo si el ventilador no está encendido, y eso que, a decir verdad, el ventilador bota más calor del que hace afuera, donde la temperatura ronda los 36 grados y la humedad hace que el sudor empape la ropa.

“¿Vio lo que almorcé?”, me pregunta. Sí, le respondo. “Bueno, de ahí, el gobierno nos da una parte. Lo demás, nos toca comprarlo a nosotros. Ahí ya le estoy hablando de lo que usted quiere”…

De lo que yo quiero hablar con Marisol es del dinero que recibe mensualmente desde que entregó las armas al Estado y decidió permanecer en el ETCR, en el que dos años y medio después, aún continúa porque ‘quiere saber si el gobierno les va a cumplir con lo prometido’.

“A mí me consignan 740 mil pesos mensualmente. Para poderlos sacar tengo que ir hasta Tibú. Y para llegar al pueblo, tengo que esperar a que un esquema de seguridad de los que hay en el ETCR salga y me ‘eche la colita’ o mandar la tarjeta con alguien para que me retire”, cuenta.

Apenas recibe el dinero, tiene claros sus gastos, que no son muchos, pero desde que se reintegró a la vida civil, se volvieron fijos.

“De ahí saco una parte para enviarle a mi familia. No es mucho, pero allá me cuidan un hijo, porque yo tuve un hijo en la guerra que me criaron en la casa. A él le envío 250 mil pesos que invierten en su alimentación, en comprarle ropa, cosas del colegio e implementos para jugar fútbol, porque le encanta el deporte”.

Ese hijo, del que no revela su edad, tuvo la oportunidad de criarlo lejos del monte, pero temiendo que pudiera ser capturada, optó por pedirle a su familia que lo hiciera, “aunque nunca perdí contacto con él”.

En el ETCR de Caño Indio, de acuerdo con los mismos exguerrilleros y los datos entregados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), buena parte de las iniciativas económicas y emprendimientos que se han adelantado en más de dos años son producto de la autogestión de los reincorporados, a partir de los recursos que reciben y conservan todavía, y del apoyo de la cooperación internacional.

El acuerdo firmado con el Estado durante el gobierno de Juan Manuel Santos estipuló que quienes hicieran dejación de armas recibirían tres beneficios económicos durante su proceso de reincorporación:

1. Dos millones de pesos de asignación única de normalización, por una sola vez, para suplir necesidades básicas como ropa, enseres, elementos de aseo, entre otros.

2. Noventa por ciento del salario mínimo, durante 24 meses, como Renta Básica Mensual para los excombatientes acreditados, a partir de la terminación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (15 de agosto de 2017), siempre y cuando no tengan un vínculo contractual, laboral, legal y reglamentario, o un contrato que les genere ingresos.

3. Ocho millones de pesos como capital semilla, por una sola vez, para apalancar una unidad de negocio individual, desarrollar una iniciativa vinculada a una organización formal asociativa o adquirir, construir o mejorar la vivienda.

De estos tres beneficios, Marisol recibió el primero y actualmente recibe el segundo. Este último, según el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, no tiene fecha de finalización. “La ayuda financiera que reciben los excombatientes se extenderá por tiempo indefinido, así como la asistencia en salud y los programas educativos”, aseguró el pasado 6 de agosto Archila, en el marco del anuncio que extendió por un año más los 24 ETCR en los que permanecen los exguerrilleros de las Farc desde la firma de la paz en 2016.

“Después de lo de mi hijo, hago mercado, porque el gobierno nos da unas cosas, pero otras, como las verduras y el ‘pelinche’ (carne, pollo, cerdo), nos toca a nosotros. También, todo lo de aseo”, indica Marisol. Para esto, destina cerca de 140 mil pesos, que parece poco, pero al vivir sola, se ajusta a sus necesidades.

“A nosotros aquí nos toca comprar cosas que a los demás habitantes de esta zona no, porque ellos en sus parcelas cultivan su ‘pancoger’, mientras que nosotros, como no tenemos dónde sembrar, nos tenemos que meter la mano al bolsillo para comprar la comida que el Gobierno no nos alcanza a suplir”.

Los artículos perecederos los guarda en una nevera que está pagando, y para la que debe destinar una cuota fija mensual de 60 mil pesos. “He querido meterme en un televisorcito, pero por ahora las cuentas no me dan. Cuando salga de la nevera de pronto me animo, porque al televisor hay que ponerle parabólica y eso sería otro gasto”, agrega.

¿Y con los 340 mil pesos restantes qué hace?, le pregunto, dándole pie para que siga enumerando sus gastos.

“De ahí tengo que sacar para pagar por el wifi en el ETCR, porque ese servicio lo prestan unos compañeros, pero hay que pagarles. Yo les doy 20 mil pesos por tener la clave y el servicio todo el día”.

Marisol, a quien la guerra, por fortuna no dejó con secuelas físicas, le gusta maquillarse. “Y el maquillaje es caro”, sostiene. Por eso, cuando va a Cúcuta, algo que hace con relativa frecuencia: tiene una parada obligatoria en los almacenes donde venden de estos productos.

“¿Usted sabe cuánto valen las cosas que uno se echa en la cara?”, me pregunta. Y antes de que pueda responderle, me dice que ‘son carísimas’. “A eso le invierto por ahí unos 50 mil pesos, cuando puedo, porque tampoco es que me sobre la plata”.

Y hasta aquí, según las cuentas, Marisol ya lleva gastados, de su salario, 520 mil pesos. Una cifra impensable cuando estaba en la guerra, porque allá, si bien no tenía salario, ‘todo nos lo daban’.

“Eso de hacer mercado y de estar comprando cosas para nosotros no lo veíamos en el monte. Ahora nos toca pagar por todo, hasta por el médico. Nosotros teníamos enfermeros, médicos y lo mejor, odontólogos. En estos días tuve unos problemas con unos dientes y por la EPS me demoraban mucho. Me tocó particular y se me fueron 70 mil pesos en eso”.

Los pocos pesos que le quedan a Marisol, alrededor de 200 mil, ‘cuando me va bien’, los está ahorrando para cuando le entreguen la capital semilla poder sumarle a su proyecto productivo o, en el mejor de los casos, para tener cómo amoblar su casa cuando se la entreguen. “Lo que llegue primero”, confiesa con un optimismo que, hasta este momento de la conversación, parecía no existir.

En Cúcuta la espera el desempleo

Si Marisol decidiese en un año irse a Cúcuta, cuando se venza el plazo que dio el gobierno nacional para que desaparezca el ETCR de Caño Indio, donde vive, tiene que saber que la ciudad cruza por una situación difícil en materia de desempleo. Si bien el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), no señala el nivel de desocupación de Tibú, donde está ubicado el ETCR, sí muestra que Cúcuta, hacia donde migra gran parte de la población del departamento, sigue ubicada en el segundo lugar en la lista de las ciudades con mayor desempleo en el país, con un 16.5 por ciento, siendo superada por Quibdó (Chocó), con el 18.1 por ciento.

• El Dane también reseña que el ingreso per cápita en Norte de Santander es de 439.610 pesos, cuando el salario mínimo legal vigente está en 952.148 pesos, incluido el subsidio de transporte.
• La cobertura de los servicios públicos en el departamento está en: 85.3 por ciento en acueducto, 78.7 por ciento en alcantarillado, 98.2 por ciento en energía, 45.9 por ciento en gas natural y 82.8 por ciento en recolección de basuras; está en la media nacional, sumados todos los indicadores.

* Nombre modificado por solicitud de la entrevistada.

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Siendo apenas una niña, las armas se convirtieron para Fanny, o ‘Claudia Guzmán’, como se hizo llamar en la guerra durante 24 años, en la única alternativa para sobrevivir y hacerle el quite al hambre y la pobreza de su familia.

Paradójicamente, haber tomado ese camino fue lo que hoy le permitió cumplir su sueño. Esta joven santandereana, desmovilizada del Frente 33 de la antigua guerrilla de las Farc que operó durante más de tres décadas en Norte de Santander, reconoce que no habría alcanzado su propósito si hubiera crecido en el seno de su familia: estudiar odontología.

‘Claudia’, a quien no le disgusta que la sigan llamando así ahora que está en la vida civil, es una de los 84 reincorporados que hacen su tránsito a la legalidad en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio, en Tibú, ubicado a 141 kilómetros de Cúcuta, la capital del departamento.

Sin duda, no ha sido fácil la vida en el ETCR desde que empezó el proceso de concentración, en febrero de 2017, luego de la firma de los Acuerdos de la Paz. Buena parte de las promesas que en un principio se hicieron en materia de vías, servicios públicos y proyectos productivos no se han cumplido como esperaban los reincorporados y los habitantes de la vereda y sus alrededores. Sin embargo, los excombatientes que siguen en Caño Indio, incluidos sus líderes, destacan un aspecto positivo del proceso: la formación académica.

“Hemos podido participar de varios procesos de formación. Yo me gradué recientemente de bachiller junto con otros 17 compañeros. Gracias al Consejo Noruego para Refugiados y a la cooperación internacional esto ha sido posible y hemos podido educarnos”, reconoció ‘Willy Peña’, como se le conoció en la guerra a este exintegrante de las extintas Farc que tenía mando en algunas áreas del Catatumbo y quien ahora lidera el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en la zona.

Lo mismo admite ‘Claudia’, quien desde el pasado 8 de mayo se encuentra en Bogotá formándose como técnica en salud oral, junto con otros cuatro compañeros del ETCR, como parte de los proyectos educativos impulsados por la comunidad internacional, en el marco del Acuerdo de Paz.

“Este era un sueño inalcanzable por las condiciones en las que estábamos, y si no hubiera sido por los acuerdos firmados, ya que con el Estado sólo vivimos fue la persecución, esto no hubiera sido posible”, asegura.

Esta mujer, que recientemente se convirtió en madre, cuenta que durante su paso por la guerrilla recibió procesos de formación en primeros auxilios, economía y computación. Con esos aprendizajes desempeñó diferentes roles al interior del grupo armado, uno de ellos el de enfermera. Sin embargo, fue en el 2000, en plena época de los diálogos de paz de San Vicente del Caguán, donde empezó a despertarse en ella el gusto por la odontología.

“En la guerrilla todo el tiempo se estudiaba, pero fue en la zona de despeje, donde estuvimos dos años recibiendo formación en odontología por parte de un compañero que sí tenía toda esa capacitación. Él tenía su cartón profesional y fue quien nos dio esa especialización”, recordó.

Rotas las conversaciones de paz con el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana Arango, en febrero de 2002, Claudia fue enviada al Catatumbo, en donde permaneció hasta que se concretó el acuerdo de paz de La Habana. Allí tuvo la oportunidad de empezar a aplicar sus nuevos conocimientos en odontología.

Un nuevo amanecer

Si bien en los recuerdos de esos largos años en la guerra no hay reproches, pues insiste que las armas se convirtieron en una herramienta de lucha y de reivindicaciones, ‘Claudia Guzmán’ admite que el tránsito a la vida civil abrió nuevas puertas en su vida que la mantiene motivada y lista para, en adelante, poner a disposición de las comunidades del Catatumbo, sus conocimientos profesionales.

“Queremos tejer lazos de reconciliación y poner nuestros conocimientos al servicio de la comunidad. Queremos que el Catatumbo sea visibilizado y el gobierno nacional entre con proyectos productivos para todas las comunidades y para quienes estamos en este proceso de reincorporación y no con más pie de fuerza como hasta ahora”, dice.

Su proceso de formación como excombatiente empezó en Caño Indio en 2017, después de su concentración en la llamada Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN). Allí validó el bachillerato y se convirtió, junto con ‘Willy Peña’, en uno de los 18 exintegrantes de las Farc que han finalizado con éxito sus ciclos académicos y se han graduado como bachilleres.

Después de este gran primer paso, la excombatiente hizo parte de los procesos de capacitación en economía, primeros auxilios, formación para el trabajo y otros que también han sido impartidos por el Sena, la Secretaría de Educación de Norte de Santander y la Universidad Nacional a Distancia (UNAD).

Sin embargo, fue a comienzos de este año que comenzó a materializarse su sueño, al ser seleccionada, junto con otros cuatro compañeros del ETCR Caño Indio, para adelantar un proceso de homologación de saberes en el proyecto Fortaleciendo Comunidades para la Paz, liderado por la Cruz Roja Colombiana, el Sena y la Cruz Roja Noruega.

“Ahora lo que estamos haciendo es dando a conocer nuestra experiencia y al mismo tiempo mirando en qué nivel estamos. Eso es lo que nos están evaluando, para ponernos en un mismo nivel y podernos certificar. En este proceso hubo un reconocimiento de saberes previos que hicimos en octubre del año pasado y ahora estamos en la fase presencial. Luego pasaremos a la práctica, que es donde evaluarán nuestro rendimiento. Todo esto será en Bogotá”, explica ‘Claudia’, quien agrega que el proceso irá hasta diciembre cuando se certifiquen como técnicos en salud oral.

Según cifras de la Agencia para la Normalización y la Reincorporación (ARN), el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Noruego para Refugiados, entre 2017 y lo que va corrido de este año, 197 excombatientes del antiguo Frente 33 han sido beneficiados con el proyecto de formación académica ‘Arando la educación’ en los diferentes ciclos de formación impartidos como parte del proceso de reinserción a la vida civil.

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De acuerdo con la ARN, entidad estatal encargada de acompañar el proceso de formación académica de los exguerrilleros, ‘Arando la educación’ es un proyecto de alfabetización y nivelación dirigido a los exintegrantes de las extintas Farc que se acogieron al proceso de paz y que se mantienen en los ETCR, pero que también se extiende a las comunidades aledañas a estos puntos de concentración.

“Este proyecto surge a partir de la iniciativa de la Fundación Colombiana de Excombatientes y Promotores de Paz (FUCEPAZ), la cual señala que desde la oferta educativa de adultos se carecía de un modelo que respondiera a las expectativas de la población reincorporada, por lo que se planteó la necesidad de crear un modelo propio que permitiera identificar sus intereses, pero a la luz de los procesos no solo individuales, sino también colectivos”, indica la ARN.

Para poner en marcha esta iniciativa,  el Ministerio de Educación Nacional (MEN) suscribió con el Consejo Noruego para Refugiados el Convenio 931 de 2017, “cuyo fin es aunar los esfuerzos técnicos y financieros para la prestación del servicio educativo a la población joven y adulta en proceso de reincorporación de las Farc – EP y de las comunidades aledañas, a partir de la caracterización de las necesidades educativas, la definición del modelo educativo pertinente a las necesidades y la implementación del proceso de alfabetización”.

El informe entregado por la ARN a La Opinión da cuenta de que, hasta el primer trimestre de 2019, el gobierno nacional invirtió un total de $10.712’081.418 para la ejecución del Convenio 931 de 2017 en los 24 ETCR. No obstante, el monto destinado para estos proyectos educativos no se pudo conocer discriminado, es decir, cuál fue la inversión precisa sólo en Caño Indio.

El Convenio entre el MEN y el Consejo Noruego para Refugiados tenía como fecha de terminación el 30 de abril de 2019, por lo que en este momento el gobierno nacional adelanta los trámites para concretar uno nuevo que permita dar continuidad al proceso educativo de la población que se encuentra en los ETCR de todo el país.

Beneficio para comunidades aledañas

A pesar de que el Acuerdo de Paz con las extintas Farc le ha dejado desilusiones a los habitantes de las comunidades que están cerca al ETCR de Caño Indio, ya que fueron muchos los que creyeron encontrar en esta transición la oportunidad de contar -por fin- con la presencia del Estado, la apuesta que ha hecho el gobierno nacional por garantizar la educación de los reincorporados, como parte de los compromisos suscritos en el acuerdo de paz, ha traído beneficios también para 1.168 habitantes del núcleo veredal conformado, además de Caño Indio,  por los sectores Chiquinquirá, El Progreso 2, Palmeras Mirador y Casa de Zinc.

“El proyecto ‘Arando la Educación’ ha buscado beneficiar no sólo a los excombatientes de las Farc que residen en los ETCR, sino también a las comunidades que se encuentran alrededor de dichos espacios. Bajo esta premisa, y para el caso de Caño Indio, un total de 1.168 personas de las comunidades aledañas se han visto beneficiadas, atendidas con el modelo flexible para adultos ‘Ser humano’, con el acompañamiento del Centro Educativo La Serpentina y la institución Educativa Francisco José de Caldas”, explicó la ARN.

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A propósito de esta iniciativa, el Plan de Acción para la Transformación Regional del Catatumbo, elaborado por la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), y el cual recoge las expresiones y visiones del campesinado catatumbero, frente a lo que ha sido la estructuración del PDET en esta zona del país, señala justamente que “la educación rural en el Catatumbo ha sido un renglón de la sociedad que ha enfrentado las mayores problemáticas agrupadas en deudas históricas, que de ser saldadas, son garantía para aportar nuevas posibilidades y futuro a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que representan el 33% de  la población del territorio”.

Este mismo documento advierte que para que la educación se pueda convertir en una verdadera opción en el proceso de transformación de esta convulsionada subregión de Norte de Santander, es necesario que el Estado pueda disponer de las suficientes aulas de clase, la alimentación escolar, el transporte, útiles y otras herramientas, para que los 44.829 niños y jóvenes de la zona puedan encontrar una oportunidad diferente a la guerra.

Según un censo adelantado recientemente (no precisan la fecha) por el Consejo Noruego para Refugiados entre más de 2 mil hogares de diez municipios del Catatumbo, y que es detallado en el Plan de Acción de la ART , el 38 por ciento de los estudiantes de la zona abandona la escuela entre tercero de primaria y primero de bachillerato; el 45 por ciento de niños desescolarizados no puede estudiar por problemas económicos, y un 11,5 por ciento de los adolescentes desescolarizados entre los 13 y 17 años abandona el aula escolar como consecuencia de su estado de embarazo.

De ahí la satisfacción que hoy siente ‘Claudia Guzmán’ de haber podido cambiar las balas por libros y, en unos cuantos meses, por los instrumentos quirúrgicos con los que espera empezar a aplicar sus conocimientos como técnica en salud oral entre las mismas comunidades del Catatumbo que hoy todavía no tienen una oportunidad como la que logró ella gracias a la paz.

“Lo que queremos es sacar adelante esa región, visibilizarla y que el gobierno nacional se dé cuenta que estas comunidades también existen, que también merecen una oportunidad como la que estamos teniendo nosotros hoy. Por eso, estamos dispuestos a dar lo mejor en este propósito”, señaló esta excombatiente, quien asegura que regresará a Caño Indio una vez termine sus estudios.

¿Qué hay en el PDET?

Dentro del programa Catatumbo Sostenible que lidera la Consejería para la Estabilización y Consolidación y que tiene a su cargo la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el gobierno nacional tiene proyectada la intervención de 160 escuelas en los próximos cuatro años, con una inversión estimada de 45.200 millones de pesos, unos 282 millones por escuela. Estos planes quedaron incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso de la República.

Adicional a estos recursos, la Consejería ha anunciado planes de formalización, mejoramiento y dotación de la infraestructura educativa en el Catatumbo entre 2019 y 2022, así:

Los anuncios generan esperanzas en el Catatumbo, pues a pesar de que el conflicto sigue vivo en la zona, lo que lograron ‘Claudia’, ‘Willy’, ‘Leidy’, ‘Cecilia’, ‘Aleida’ y otros excombatientes de cambiar las balas por cuadernos y, de paso la educación de las comunidades vecinas a este Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, mantiene viva la ilusión de que la paz allí será posible.

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En medio de uno de los bosques del Jardín Botánico de Medellín se levantó una estructura en madera para que se instalaran en ella excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc y presentaran varias de sus iniciativas productivas. El pequeño espacio fue rotulado como Economías de Paz, una promoción de su reincorporación que se mueve entre sabores agridulces.

Hombres y mujeres que por varios años estuvieron en armas confrontando al Estado colombiano pretendían mostrar su mejor cara, convencidos de que la legalidad y la productividad, son los caminos adecuados para dejar atrás un pasado lleno de vicisitudes y de violencias.

Provenientes de diversas regiones del departamento y del país, estos excombatientes aceptaron la invitación que les hicieran las directivas de la Cooperativa Confiar para participar este domingo en su tradicional Bazar de la Confianza, un evento que, en su edición número 20, reunió a 19.419 personas.

Quienes hicieron parte de la que fuera la guerrilla más antigua del continente se mostraban afables con los visitantes y explicaban con todo detalle en qué consistía cada una de sus iniciativas. En sus voces se percibía la confianza y el convencimiento de que estaban haciendo bien sus tareas de reincorporación y que ese era el camino que debían seguir, sin dejar de reconocer las dificultades que afrontan, entre ellas la inercia del gobierno nacional para apoyarlos.

Entre luces y sombras

En el Bazar participaron nueve unidades productivas de sectores de la confección, alimentos y bebidas, artesanías, ecoturismo, producción audiovisual y vivienda, todas arropadas en diferentes cooperativas, conformadas por los reincorporados y apoyadas, en gran medida, por recursos de la cooperación internacional.

Luis Albeiro Soñet, un exmiembro del Frente 36 que operó en buena parte del municipio de Anorí, nordeste de Antioquia, ahora está integrado a una empresa que se llama La Montaña, dedicada a la confección de prendas de vestir, bolsos, morrales y accesorios. Sus talleres se encuentran en el ETCR de la vereda La Plancha, justo en la zona donde, en el pasado, confrontó al Estado.

“El proceso de paz ha sido una experiencia muy positiva porque nos hemos encontrado una realidad de convivencia con mucha gente con la que compartimos nuestro conocimiento, nuestras historias y nuestras ideas”, declaró Soñet a este portal.

Entre atender a las personas que se acercaban a conocer sus productos y responder las preguntas, este excombatiente admitió que el proceso de retorno a la legalidad no ha sido fácil: “No es lo mismo tener una vida militar a una vida civil; estábamos acostumbrados a levantarnos a las 4 de la mañana, prestar un turno de guardia, cumplir órdenes, a llevar una vida normal, a estar pendientes de lo cotidiano que nos toca hacer a cada uno de nosotros en la empresa”.

Estos confeccionistas no son nuevos en esas labores. En la guerra contra el Estado, en la que la población sufrió la peor parte, esas máquinas de coser las usaban para confeccionar sus propios uniformes y accesorios militares. “Ahora lo que tenemos en La Montaña son las confecciones para la paz”, reiteró Soñet.

Son 22 personas, entre hombres y mujeres excombatientes que se acogieron al Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, las que trabajan en la confección de prendas de vestir, morrales, bolsos, accesorios y hamacas.

Tampoco ha sido fácil conseguir los recursos para mantener esa apuesta productiva. “En esta parte debemos ser realistas: los que nos han dado la mano son países internacional”, aseguró el reincorporado. En los talleres de confección que tienen en el ETCR de la vereda La Planca han recibido la visita de representantes de gobiernos extranjeros, quienes han visto las labores y los apoyan.

“Nos han visto coser y observado lo positivo que estamos haciendo”, agregó Soñet, quien no vaciló en señalar que el mayo ausente es el gobierno nacional: “Hay mucho incumplimiento de su parte, pero nosotros le hemos apostado al proceso y creemos que nuestro grano de arena es fundamental en este proceso de paz”. (Leer más en: Excombatientes tejen su futuro con máquinas de coser de las antiguas Farc)

A unos pocos pasos de Soñet se escuchaba la voz segura y fluida de Ezequiel González, quien estaba dando a conocer el proyecto de 53 excombatientes: NC Producciones. A cuanta persona se arrimaba a su pequeño espacio, le explicaba esta iniciativa.

“Pertenecí al Frente 1 y me desmovilicé con el Frente 40”, le detalló a VerdadAbierta.com. Tras sus años en la guerra y de dejar sus armas bajo el Acuerdo de Paz firmado con el entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), se concentró en aportar conocimiento y experiencia en crear una cooperativa multiactiva de producción y comunicación.

“Decidimos lanzarnos en las líneas de producción audiovisual, editorial y realización de eventos y comunicaciones. Tenemos nuestra sede en Bogotá”, detalló, casi que atropellando las palabras, y reconociendo que están incursionando en un mercado muy competido.

Pero tienen un objetivo claro. “Queremos aportarle a la implementación del acuerdo de paz y a la reconciliación”, afirmó el vocero de NC Producciones. Y se justificó planteando que la paz ha tenido muy poca difusión: “No se le ha hecho una buena propaganda”.

Entre sus logros ya cuentan con varios títulos de libros publicados y la participación en la Feria del Libro de Bogotá. “Apoyamos con estos servicios a quienes son nuestros compañeros en estos procesos, pero también se los ofrecemos a quienes nos busquen”, precisó González.

No obstante, el proceso de consolidación de esta productora ha estado rodeado de violencia. A las amenazas que han tenido que afrontar varios de sus integrantes se suma el homicidio de Anderson Pérez, ocurrido el pasado 17 de junio en el municipio de Caloto, departamento de Cauca.

De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la víctima, un excombatiente en camino de reincorporación, “había participado en la escuela de comunicadores para la paz que se realizó en las zonas veredales transitorias a principios de 2017 y trabajaba como reportero audiovisual y camarógrafo”.

De acuerdo con el último informe de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el proceso en Colombia, fechado el pasado 27 junio, desde la firma del Acuerdo de Paz se ha registrado el asesinato de 123 excombatientes, además de 10 desapariciones y 17 tentativas de homicidio.

Ante ese drama, y con la fluidez que lo caracteriza, González afirmó que la ruta que siguen quienes se embarcaron en la iniciativa de comunicaciones no tiene duda alguna: “Nuestro camino es la paz y de ese camino no nos va a desviar nadie”.

Ese mismo convencimiento lo expresó Doris Higuita Tuberquia, una joven excombatiente que estuvo desde los 13 años de edad en las filas del Frente 5 de las Farc, que operó en buena parte del Urabá antioqueño y chocoano, quien llegó al Jardín Botánico de Medellín desde la zona de Godó, municipio de Dabeiba, donde impulsan la Cooperativa Multiactiva Futuros de Paz.

“Le pusimos multiactiva porque tenemos de todo”, bromeó, y detalló que desde hace varios meses y con esfuerzos propios, 20 exguerrilleros trabajan en la producción de yuca, plátano, maracuyá, lulo y en el cultivo de peces.

Esta mujer narró que inicialmente se concentraron en el ETCR de Llanogrande de Dabeiba, pero por dificultades del terreno para hacer lo que proyectaban, se salieron de allí y se ubicaron más cerca de esta población.

“Con esfuerzos propios pusimos de a poquito y con eso sostenemos la producción”, dijo esta excombatiente, a quien también le ha costado, según ella, reincorporarse a la vida legal. “No ha sido fácil acostumbrarse a la vida civil, pero con ayuda de muchas entidades vamos saliendo adelante”.

Visión crítica

Fredy Escobar, un antiguo miembro de las Farc, estuvo presente en el Bazar hablando de las Ciudadelas de Paz, un proyecto de autoconstrucción asistida de vivienda que pretende edificar 200 viviendas en el ETCR de Pondores, en La Guajira, y 150 en el ETCR de Manaure, en Cesar, para los excombatientes del extinguido grupo subversivo.

En esa apuesta han confluido recursos de los mismos exguerrilleros, quienes aportaron los ocho millones de pesos que les otorgó el Estado colombiano tras la firma del Acuerdo de Paz; se sumaron 630 mil euros que les otorgó la Unión Europea tras ganar una convocatoria de financiación; adicional a ello la asistencia técnica, topografía, ingeniería y arquitectura la aportan universidades de la región; y se agrega un préstamo de 76 millones de pesos que les hizo la Cooperativa Confiar, con el que pretenden comprar el lote en el Cesar.

Pese a que Escobar describió esta iniciativa con detalles que la hacen ver como exitosa, al ser preguntado por el futuro de las cooperativas que están constituyendo los excombatientes esbozó una visión crítica.

“Si bien la idea es buena, es conveniente, por ahí es por donde nos tenemos que enrutar, la verdad es que condiciones para que eso arranque no ha habido las suficientes, ha sido más bien iniciativas propias de los excombatientes y la cooperación internacional”, indicó el exguerrillero.

A su juicio, las cooperativas en los ETCR “funcionan con muchas dificultades, a veces trabajando a pérdida”, y agregó que Ecomun (Economías Sociales del Común), la cooperativa nacional conformada por el partido la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, “no tiene el suficiente músculo político ni financiero para acompañar esos procesos”. (Leer más en: “Ecomun representa una simbiosis de paz y desarrollo económico”: promotor de las Farc)

En su análisis, Escobar planteó que esos procesos son muy débiles y agregó que la reincorporación social y económica a partir de las cooperativas “todavía genera mucha incertidumbre”. Y parte de esa situación, dijo, la genera el propio gobierno nacional, que no ha financiado lo que calificó como “estrategias de sobrevivencia”, y no ha adoptado el suficiente compromiso “como para decir que eso va a tener futuro”.

En un corte de cuentas que va del 7 de agosto de 2018 al 30 de abril de 2019, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación reportó desembolsos en proyectos productivos por 14.277 millones de pesos que estarían beneficiando a por lo menos 1.300 hombres y mujeres en proceso de reincorporación, es decir, cerca del 12 por ciento de las 10.949 que se encuentran acreditadas en el Registro Nacional de Reincorporación.

Pese a esas cifras, Escobar planteó que en este momento “hay experiencias que están mostrándose como exitosas, pero porque están arrancando. Deje que le quiten el ambiente de la reincorporación para que ver que corren un alto riesgo”.

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En 2016, los colombianos sabían muy poco sobre esta zona rural de Norte de Santander. Ese mismo año, mientras los ojos del mundo estaban puestos en La Habana por el resultado del proceso de paz entre las Farc y el gobierno nacional, los aproximadamente 360 habitantes de esta vereda estaban a punto también de salir de su anonimato.

Ubicada a unos 50 kilómetros de Tibú, que se recorren en una hora y media, y a 10 de la vía principal que comunica a ese municipio con La Gabarra, Caño Indio se encuentra en su tránsito a la vida civil tras la firma del acuerdo de paz. A pesar de que no cumplía casi ninguna de las condiciones y características que en su momento exigió el gobierno nacional para establecer allí una Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN), era la oportunidad para que el Estado por fin llegara a este recóndito lugar del Catatumbo. Esa ausencia histórica pesó para que fuera elegida como zona de concentración.

A Caño Indio se llega a través de una vía de acceso en pésimas condiciones e intransitable en época de lluvias. No hay redes de energía eléctrica para surtir las viviendas del núcleo conformado por otras cuatro veredas (Chiquinquirá, El Progreso 2, Palmeras Mirador y Casa de Zinc) y entre las que suman 250 familias. Tampoco hay acueducto para abastecerse, el agua lo sacan de caños y quebradas. Esas condiciones y una economía alrededor de los cultivos ilícitos se convirtieron en la excusa de estas comunidades para permitir que allí empezara a florecer la paz de la región con el impulso de la ZVTN.

Desde la primera visita que hicieron los representantes del gobierno nacional a la zona, en agosto de 2016, se habló de los beneficios que podría significar para estas comunidades el fin del conflicto con la guerrilla más antigua del hemisferio.

Gerson Arias, entonces asesor del Ejecutivo en la llamada Comisión Tripartita, llenó de esperanzas a los habitantes de Caño Indio y sus alrededores al advertirles que, de instalarse allí la Zona Veredal, no sólo se les abriría la oportunidad de contar con servicios públicos, sino que en el tiempo que duraran los campamentos, los pobladores de la zona tendrían prioridad en la contratación de otros servicios como alimentación, compra de productos, entre otros.

En el acuerdo suscrito por el gobierno y las Farc el 28 de enero de 2017, en el que se definió que Caño Indio sería ZVTN, quedaron consignados exclusivamente los compromisos relacionados con la inmediata implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Para los habitantes era un hecho que con el acuerdo de paz llegaba también el progreso a su territorio. Pero casi tres años después, la efervescencia que produjo la ansiada presencia del Estado se transformó -nuevamente- en frustración y desconfianza, sentimientos a los que ya están acostumbrados los catatumberos.

A tres meses de terminar la vigencia de los ahora Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), los 84 excombatientes que siguen allí deben abastecerse de dos generadores de energía que les dispuso la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), esto obliga a hacer racionamientos diarios debido a que presentan fallas.

“A nosotros nos prometieron la electrificación. Nos dijeron que el ETCR iba a quedar con luz eléctrica y no con generadores. Nada de eso se cumplió y nos preocupa que eso no se haga, porque representa una cantidad de combustible que nosotros no estamos en condiciones de costear a futuro”, reprochó Karina Galván, excombatiente y enlace del Espacio Territorial con las instituciones del nivel regional.

A las comunidades que creyeron encontrar en esta su gran oportunidad no les fue mejor y todavía tienen que recurrir a las velas para alumbrarse, cuando la luz del día se va. La televisión y la tecnología todavía es para ellos un espejismo y la única brisa que los refresca es la que producen los mismos árboles que los rodean, pues aún no saben lo que es el aire de un ventilador, a pesar del sofocante calor característico de esta zona del norte del departamento, que a diario supera los 30 grados.

Desde 2015, cuando aún no se concretaba el acuerdo de paz, la Pastoral de Víctimas de la Diócesis de Tibú, en conjunto con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las cinco veredas que conforman el núcleo Caño Indio, empezaron a gestionar e impulsar el proyecto de electrificación para la zona con Empresas Públicas de Medellín (EPM), dueña de Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS). Todavía está desfinanciado, por eso el proyecto no ha empezado a ejecutarse.

Por iniciativa propia, CENS invirtió cerca de $1.000 millones, con los que se construyó una subestación eléctrica, 14,4 kilómetros de red de media tensión y 8,5 kilómetros de red de baja tensión, y se instalaron 11 transformadores de distribución. La construcción de esta infraestructura benefició a 34 familias, 31 de ellas en la vereda Palmeras Mirador y 3 en la vereda Casa de Zinc.

La Gobernación de Norte de Santander también planea intervenir: acaba de suscribir un convenio con CENS para la ejecución de nuevas obras por valor de $600 millones, que permitirá conectar a 16 usuarios adicionales. Además, espera construir 6,5 kilómetros de red de media tensión y 5 kilómetros en baja tensión.

El gerente de Centrales Eléctricas, José Miguel González, dijo que se requieren $4.500 millones para conectar a las 200 familias que restan, así como a los excombatientes que permanecen en el ETCR de Caño Indio.

González señaló que además de los recursos que ha destinado la empresa al proyecto de electrificación de la zona, en 2017 instalaron dos paneles solares para llevar energía a dos escuelas de las veredas Caño indio y Chiquinquirá, y que benefician a cerca de 50 niños y niñas. “Los sistemas generan la energía suficiente para una nevera, siete computadores, 14 luces, cinco ventiladores, cuatro tomacorrientes y dos televisores. Estas acciones contribuyen a la alimentación, salud y uso de las TIC en los estudiantes de estos centros educativos”. Agregó el gerente de la empresa que el costo de los equipos fue de $60 millones, donde CENS asumió la inversión.

Hoy se desconocen las razones por las que el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) finalmente no destinó esos $4.500 millones para terminar de llevar la electricidad a las comunidades que le apostaron a la paz. En mayo de 2017, tres meses después de la concentración de las Farc, el entonces ministro de Minas y Energía, Germán Arce, firmó el Decreto 884 por medio del cual expidió “las normas tendientes a la implementación del Plan Nacional de Electrificación Rural”, en el marco del acuerdo de paz de La Habana.

Dicho plan, sancionado el 2 de agosto de 2018, días antes de comenzar el gobierno del presidente Iván Duque, proyectó llevar energía eléctrica a las zonas más apartadas del país que, entre otras razones, no cuentan con este servicio como consecuencia de las cinco décadas de conflicto.

En el documento se advierte, sin embargo, que en los municipios seleccionados para implementar los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), “el objetivo de universalización del servicio será cumplido en su totalidad en el año 14”, es decir, en el año 2031.

Los planes de la nueva administración presidencial, enmarcados en el programa Catatumbo Sostenible para estabilizar y consolidar la paz en la subregión, están orientados a llevar electricidad a 2.899 hogares al término de 2019, aunque no se determina cuántos de esos corresponderían al núcleo Caño Indio. Adicionalmente, el Ejecutivo ha dicho que espera atender a 4.525 hogares adicionales entre 2020 y 2022, y reducir el déficit en un 70% durante el cuatrienio, así:

Vías de acceso

Tener una buena vía de acceso, como la electricidad, ha sido otra ilusión truncada para habitantes y excombatientes. Hoy sigue siendo un suplicio conectar a la vereda con la carretera principal que conduce a Tibú y transitar los caminos internos hacia la escuela del lugar y al ETCR mismo. Son 10 kilómetros que reclamaron hace casi dos años y que hoy siguen siendo difíciles de recorrer.

Esta vía es la única ruta de acceso a la zona y por ende es imprescindible para la vida de sus habitantes, pues por allí mueven sus productos, van al hospital, al banco, se conectan con Cúcuta, la capital del departamento.

Dada su importancia, esta fue una de las promesas que desde un principio el gobierno hizo a las comunidades, cuando se dio la concentración de las Farc en el lugar, pero actualmente son pocos los recursos que se han invertido para mejorarla.

En 2015, la Gobernación, por intermedio del Banco de Maquinaria, y los mismos campesinos de la zona que aportaron la mano de obra, lograron que el camino se hiciera transitable para automóviles y motos.

Entre 2017 y 2018, a partir de la estrategia 50/51 (que consiste en mejorar 50 kilómetros en cada uno de los 51 municipios priorizados por ser los más afectados por el conflicto), la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) adelantó una inversión de $198.282.502 entre Mirador y Caño Indio. Esta contempló la construcción de tres alcantarillas, un tramo de placa huella, el arreglo de cinco kilómetros y el mejoramiento de uno más.

Recientemente y como parte de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Invías asignó $10.000 millones para el mejoramiento de corredores viales correspondientes a la red terciaria de la zona del Catatumbo, de los cuales fueron priorizados $800 millones para el tramo que va desde el puente sobre el río Vetas hacia la escuela de Caño Indio, que comprende aproximadamente tres kilómetros de vía. Estos recursos se gestionarán a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Paz, OCAD Paz.

Vuelven a ser un sin fin de proyecciones y promesas. Mientras estos nuevos dineros se materializan, campesinos y exguerrilleros suplican para que el verano agresivo no les termine quebrando la polvorienta carretera.  O que el invierno los vuelva a dejar confinados, más de lo que ya se sienten hoy.

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Se trata de uno de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación que existe en el país donde excombatientes de las antiguas Farc se preparan para reintegrarse a la legalidad. Sus esfuerzos e iniciativas también están contempladas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Desde el primer momento se muestran amables y cálidos al recibir una visita. Con el interés notorio de exponer lo que están haciendo y sustentar que la vereda Tierra Grata en realidad se ha convertido en un espacio de integración, normalización y proyección, reciben a quienes llegan a dicho lugar atraídos por diversos intereses.

Más de 160 de excombatientes de las antiguas Farc, provenientes de los frentes 19 y 41 del Bloque Caribe, quienes en medio del proceso de paz y posterior a la firma del Acuerdo se encuentran establecidos en este Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en jurisdicción del municipio de Manaure Balcón del Cesar, en el centro del departamento de Cesar.

Allí han dado rienda suelta a las diferentes ideas que tienen como parte de su reintegración a la sociedad para, sobre todo, refrendar su lucha, pero esta vez usando la palabra como única arma que los lleve a lograr sus objetivos de convertir a Tierra Grata en un corregimiento en el que se puedan establecer de manera permanente y conseguir una sostenibilidad para ellos a la vez que se integran con las comunidades vecinas.

“Tenemos una Junta de Acción Comunal con su personería jurídica, fue una de las JAC que se creó a nivel nacional dentro de los ETCR. Lógicamente esto no es el pedacito de la vereda Tierra Grata sino que hace parte donde todos los campesinos se integran a la vereda y también estamos integrados”, explica Carolina Vargas Cabrera, encargada de género de este Espacio.

Ecoturismo, principal iniciativa

El conocimiento que tienen los excombatientes concentrados en este ETCR sobre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá es ahora su herramienta para que desarrollen uno de sus proyectos productivos más significativos y el que hasta ahora, como explican, avanza en su segunda fase de una proyección a seis que diseñaron.

Se trata de ‘Tierra Grata Ecotours’, una iniciativa a través del cual ofrecen diferentes planes para los turistas que decidan adentrarse en los mágicos paisajes de la Serranía, donde llevan a cabo con más frecuencia los recorridos y visitas.

“La Sierra Nevada, del (departamento de) Magdalena y parte de Cesar los conocemos como la palma de la mano”, afirma Wilman Aldana, uno de los miembros de esta comunidad vinculado al proyecto, y recuerda que sus años de lucha insurgente le dieron experticia a él y sus compañeros para moverse en esta zona del nororiente del país.

En los planes de senderismo incluyen recorridos hasta la frontera con el vecino país de Venezuela y ofrecen también la posibilidad de subir hasta 3.600 metros sobre el nivel del mar, camino que hacen en carro una parte, utilizando la carretera que comunica con la vereda San Antonio, y otra a pie, para llegar a Casa de Vidrio, de donde se observan paisajes únicos de esta parte de la geografía colombiana.

Justamente la principal oferta de esta aventura es la de brindar una ruta turística para ver hermosos paisajes y conocer la rica y diversa flora y fauna, así como aprender de la historia de la frontera y, sobre todo, entender cómo era esta zona en el tiempo del conflicto armado.

“Donde llegamos era un campamento de la guerrilla y todavía se ven las señas de las caletas. También era campamento del Ejército ahí y eso es histórico, las rutas, todo eso y lo otro es el paisaje, se les cuenta la historia del Cerro Pintado, entonces la vista, de ahí se mira la Sierra Nevada, a la gente le gusta el ecosistema tan lindo que es el páramo, mirando los frailejones, entonces la gente quiere conocer eso”, relata Aldana, quien ya ha subido hasta dicho lugar con cuatro grupos diferentes de turistas.

Sin embargo, para el proyecto de ecoturismo, que iniciaron hace más de dos años, han tenido que  atravesar un lento proceso al que todavía les falta mucha logística por lo cual esperan invertir más recursos que les permitan, entre otras cosas, acondicionar mejor algunos espacios como el restaurante y el hotel de dormida que se encuentran en el ETCR para atención a los visitantes.

Además, existe la posibilidad, si los turistas quieren, de pasar una noche en el campamento que han organizado en Tierra Grata, una réplica de los que generalmente utilizaban en la selva cuando aún vivían en conflicto. “Donde dormía yo en el monte, exactamente”, enfatiza Aldana.

En este lugar, ubicado a unos cuantos pasos de donde tienen las unidades habitacionales los excombatientes en Tierra Grata, las personas se encuentran con el mismo tipo de cuarto, cocina, lavadero y despensa que utilizaban cuando eran combatientes.

Félix Arango, uno de los encargados del mantenimiento de este lugar explica cómo funcionaba esta estructura, la manera en que se distribuían las tareas entre todos y el protocolo que seguían, entre otros por menores.

Meticulosamente va dando detalles de la organización con la cual transcurría sus días en la selva y va contrastando con la dinámica que siguen actualmente cuando los turistas los visitan y deciden acampar en medio de la naturaleza de esta zona, con un colchón puesto sobre un catre de madera hecho por ellos mismos y cubierto de hojas de los árboles.

Sin querer hacer apología a un conflicto que están tratando de superar, para ellos se trata de un proyecto de supervivencia para cuyo desarrollo han recibido recursos del gobierno de Suecia por 35 millones de pesos para una iniciativa productiva.

Tras un consenso decidieron hacer la inversión en un prototipo de campamento guerrillero con unos objetivos fundamentales: que el turista conozca la otra parte que nunca se ha escuchado, para que saquen sus propias conclusiones. A juicio de quienes lo impulsan, tiene un sentido investigativo, histórico, de mejorar y colaborar con el medio ambiente, explicar las causas del conflicto y que, a su vez, sean cátedras de paz.

“Para que el pueblo conozca, pero también con el sentido de que más nunca una madre colombiana o un padre colombiano vean a sus hijos volver a la guerra, que la única arma sea la palabra, ese es el sentido de la enseñanza”, afirma Aldana.

El proyecto ha resultado atractivo y se encuentra constituido legalmente con registro nacional de turismo, Cámara de Comercio y todo relacionado con las responsabilidades legales. Incluso, es uno de los tres sitios identificados dentro del mapa turístico del Balcón del Cesar, como dijo Aldana.

Para la consolidación de esta idea recibieron capacitaciones de entidades estatales como Sena, así como de la Cámara de Comercio, el Fondo Nacional de Turismo, Procolombia y el Ministerio de Turismo; también de organizaciones europeas que llegaron a dictarles charlas y enseñarles lineamientos que harían más efectiva su labor. “Siempre hemos tenido mucho la asesoría de Cámara de Comercio, tenemos que agradecerle mucho porque ha sido nuestra mano derecha”, reconocen los excombatientes.

Puente con las otras comunidades

‘Tierra Grata Ecotours’, a pesar de la apariencia modesta con la cual es presentada por sus líderes, se ha convertido en poco tiempo en un enlace entre los excombatientes en su proceso de reincorporación y la comunidad de Manaure que, desde el primer momento, los ha recibido con toda la disposición de aportar en su paso a la vida legal.

Así pues, ha conseguido una dimensión más grande que le ha abierto las puertas a crear relaciones productivas con las comunidades. De esta forma ya han hecho alianzas con otros proveedores de servicios turísticos dentro de la región. “Si el turista viene aquí por uno o dos días  y hace su ruta, pero quiere ir a conocer a Manaure u otro espacio, ya tenemos esa línea”, sostiene Aldana.

Además, se encuentran afiliados a una cooperativa de transporte que traslada a los visitantes que llegan de otras ciudades desde el aeropuerto Alfonso López, de Valledupar, hasta Tierra Grata. En este sentido, ya han realizado igualmente una solicitud para acceder a un vehículo que les permita cumplir con esta tarea.

Esta nueva oferta de turismo ya ha atraído a tantos colombianos como extranjeros. En un día han recibido hasta cien personas provenientes de Bogotá. Destacan también la visita de empresarios de diferentes sectores productivos interesados en el tema y, de paso, conocen las iniciativas que allí se están impulsando.

A la par del ecoturismo, adelantan proyectos de confecciones con las mismas máquinas de coser que usaron durante la guerra y las cuales les han servido para tener pequeños contratos, uno de ellos con la Cámara de Comercio de Valledupar, a la cual le han confeccionado el vestuario de trabajo de sus empleados, y con la empresa Cemento Vallenato, reconocida en esta región.

Llama la atención la relación que han construido con el Batallón La Popa del Ejército. Existe un grupo encargado de elaborar las etiquetas de los uniformes integrado por los soldados que tienen alguna discapacidad. “Eso hace parte de la integración que es lo bonito”, dice Aldana.

Una relación similar tienen con la Policía Nacional. De acuerdo con Vargas Cabrera, se trata de una articulación para trabajar por la conservación y protección de algunas especies de la región, en particular de iguanas, que cuando son decomisadas por las autoridades a comerciantes inescrupulosos son llevadas al ETCR para ser liberadas en las montañas.

También se constituyó una asociación de ganaderos con el dinero proveniente de la renta básica que recibe cada uno del gobierno nacional, equivalente al 90 por ciento de un salario mínimo ($745.304), y que cada excombatiente ha destinado para la iniciativa de su preferencia. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) les ayuda a realizar algunas mejoras en infraestructura para fortalecer ese trabajo.

“Aquí, actualmente lo podemos decir, las mismas entidades hablan a boca llena de que hay tantos proyectos para la reincorporación, pero honestamente en este ETCR no tenemos ningún proyecto por parte del Estado”, se queja Aldana.

No niega en cambio que ha contado con el aporte de recursos por parte de organizaciones como Naciones Unidas que les permite, por ejemplo, tener dos hectáreas de plátanos sembrados y que ayudaron a impulsar con el aporte de 18 mil dólares que fueron destinados para un sistema de riego.

A través de la FAO y del Programa Mundial de Alimentos (PMA) han desarrollado la iniciativa de gallinas ponedoras y pollos de engorde con 38 millones de pesos. Caritas Italianas, por medio de la Pastoral Social, les donó equipos para panadería de 16 millones de pesos.

“Hemos tenido ayuda por parte de los recursos de afuera, pero por parte del gobierno sólo había dos proyectos de 10 millones de pesos cada uno para ver a qué los destinábamos”, expresa Aldana y explica que la decisión que tomaron fue la de disponer estos recursos para el proyecto de vivienda, Ciudadelas de Paz, que comprende 150 casas en el ETCR.

Con el dinero decidieron comprar máquinas para construir ellos mismos las unidades residenciales poniendo en práctica la preparación técnica que recibieron del Sena. Sumado a esto, la organización Paso Colombia y la FAO les entregaron 60 millones de pesos para ejecutar un proyecto de hortalizas, pero se enfrentan al desafío del agua, servicio con el que no cuentan, y que subsanan con el suministro de un carro tanque.

“Ha sido una lucha, hay una campaña para recoger fondos porque se necesita mucho porque el espacio ha crecido y entonces la misma agua que era para 162, que llegamos en principio, ahora es para más de 300”,  cuenta Aldana.

Y el camino de los PDET…

Como en las demás veredas y corregimientos de los municipios priorizados de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), se llevó a cabo el proceso de socialización y formulación de las iniciativas que hacen parte de la región Sierra Nevada de Santa Marta – Serranía del Perijá – Zona Bananera, tarea que integró a los miembros del ETCR. “Es que somos una comunidad común y corriente, somos como cualquier otra comunidad más de Manaure”, recalca la líder de la Mesa de Género.

Para tal fin contaron con una integrante dentro del grupo motor (encargado de la representación de las comunidades) y han mantenido el optimismo reconociendo la importancia de estos planes dentro del desarrollo y proyección del municipio de Manaure, en el cual la presencia de este ETCR fue determinante para que se incluyera como municipio PDET.

“La Alcaldía de Manaure ha sido muy buena en apoyo con lo que tiene que ver con la reincorporación, con este proceso que se ha venido desarrollando aquí en el municipio de Manaure estamos muy agradecidos con todas las entidades porque no hay ninguna diferencia, siempre se ha seguido el proceso del cambio social”, reconoce Aldana.

En cuanto a las iniciativas que ellos priorizaron primó lo relacionado con la necesidad de tierras y carreteras debido a que las vías han sido un gran obstáculo para el desarrollo de la región

“En esta vereda hay la necesidad de tierra, es que las necesidades de las comunidades no solo en Manaure sino en todo el país son las mismas necesidades, donde de pronto unas priman más que otras pero son las mismas. Hay necesidad de vías, de educación, de tierras y de herramientas para trabajar”, sostiene Vargas Cabrera.

Para ella, como también sucede con la mayoría de personas que han hecho parte de este proceso, los PDET son una puerta de entrada para el desarrollo de las regiones y espera que se hagan realidad de la mano de las administraciones municipales, “teniendo en cuenta que hacen parte del Acuerdo de Paz, que a su vez está incluido en la constitución por el acto legislativo que se vinculó allí. Es como algo constitucional que obliga a las autoridades municipales a desarrollar sí o sí los PDET”.

Los excombatientes saben muy bien que la firma del Acuerdo de Paz no es garantía de alcanzar la tan anhelada paz para este país, mientras que solucionar necesidades de carácter social como educación, vivienda, salud y vías, entre otras, ayudará a disminuir la brecha existente, que se acentúa en las zonas rurales, y mejoraría las condiciones de las comunidades para disminuir la pobreza y transformar el país.

En este ETCR, como en la mayoría de los 170 municipios priorizados para ejecutar los PDET, siguen a la espera de que llegue la implementación de esta estrategia creada para desarrollar el primer punto del Acuerdo de Paz, la Reforma Agraria Integral.

“Aún está en veremos porque no se ha dado un desarrollo, es un proceso que va muy lento”, comenta Aldana, pero reitera que, pese a ello, están comprometidos con la paz: “Vinimos convencidos y creemos en este proceso de paz, si no fuera así seguiríamos en el monte”.

Cabe destacar que en algunas veredas del municipio de Manaure sí se han llevado a cabo algunas obras en el marco de los PDET, conocidas obras de Pequeñas Infraestructura Comunitaria (PIC) y lideradas por la Agencia de Renovación del Territorio (ART).

“Seguirán en su proceso, como se han venido trabajando a través del apoyo de las juntas de Acción Comunal, eso es en paralelo a lo que se está manejando con el tema de estructuración, pero estas obras PDET continuarán dentro de todas las regiones”, explica Miguel Mera, encargado de la coordinación de estructuración de proyectos de la ART, quien anuncia que ya se quiere dar inicio a la fase tres, en este caso, obras PDET que se realizarán a mediados de este año en los municipios priorizados.

PIE DE FOTO: Este es el primer espacio transitorio que se consolida con Junta de Acción Comunal y sus integrantes esperan que logre ser incluido como corregimiento de Manaure.

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