En febrero pasado, el gobierno de Estados Unidos dio el primer paso para imponer severos recortes en la cooperación internacional, lo que en Colombia se ha traducido en ruinoso corte en la capacidad de las agencias humanitarias y de desarrollo de Naciones Unidas en entregar ayudas urgentes.

“El trabajo en desarrollo (social) que realizamos —que no es menor— se ha visto fuertemente impactado por los recortes provenientes de Estados Unidos”, dice Mireia Villar Forner, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia y Coordinadora Humanitaria.

Inicialmente se tenía previsto un apoyo financiero de 130 millones de dólares por parte de Estados Unidos para proyectos de desarrollo en Colombia en 2025. De ese monto, 87 millones fueron congelados y sólo 43 millones se reactivaron, lo que representa la suspensión del 66,9 por ciento de los recursos proyectados, subrayó Villar.

“Más de 100 organizaciones, tanto nacionales como internacionales, ya empiezan a verse afectadas, lo que podría dejar sin atención a 1,7 millones de personas. Pero más allá de las cifras, Naciones Unidas, nuestros socios en territorio y el conjunto de la cooperación internacional son actores clave en zonas de Colombia donde la presencia del Estado es limitada y está fuertemente condicionada por el control de grupos armados y estructuras criminales”, advierte Villar.

Estas nuevas limitaciones se producen en momentos críticos, marcados por el recrudecimiento de la violencia en lo que va del año en departamentos fronterizos como Nariño, Chocó, Cauca, Putumayo, Arauca y Catatumbo. El impacto ha sido profundo en comunidades especialmente vulnerables, como personas desplazadas, refugiadas y migrantes —en particular de origen venezolano—. Muchas de estas poblaciones, que durante años contaron con el respaldo de organizaciones sociales respaldadas por agencias de la ONU, enfrentan hoy una doble crisis: el avance del conflicto armado y el riesgo de revertir los avances alcanzados hasta ahora debido a las restricciones operativas impuestas por la reducción de fondos internacionales. (Leer más: Cooperación en vilo mientras Colombia atraviesa crisis humanitaria).

El deterioro en la respuesta humanitaria ya deja huellas. En 2024, ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados) logró atender a 17.740 niños en riesgo y regularizar a 500.000 migrantes venezolanos. Pero este año, con los recortes en marcha, miles de menores ya comienzan a quedarse sin atención, y sólo una quinta parte de la población migrante que necesita asistencia para regularizar su estadía en el país podrá acceder a ella, según Mireille Girard, representante de ACNUR en Colombia. De acuerdo a sus estimaciones, la reducción en la asistencia podría impactar a lo largo del año a unas 250.000 personas.

“Las consecuencias de la falta de financiación son particularmente graves en el Catatumbo, donde hay más de 63.000 personas desplazadas,  lo que constituye el mayor desplazamiento masivo registrado en el país”, alertó Girard.

En una primera respuesta a la crisis en el Catatumbo, ACNUR distribuyó más de 43.000 artículos de ayuda básica, pero se ha visto obligada a suspender nuevas entregas. “Faltan recursos para continuar”, dice.

“Programas de protección a la niñez de prevención de reclutamiento han debido reducirse o abandonarse. Los esfuerzos para proteger y apoyar la integración local de las personas desplazadas se encuentran en grave riesgo. Todos nosotros (agencias de cooperación) tenemos colectivamente muchos menos recursos de los que se necesitaría en la zona.” enfatiza Girard.

Si bien Estados Unidos ha encabezado los recortes a la cooperación internacional, otros donantes también han reorientado sus fondos. “A los recortes estadounidenses se suman los de otros actores tradicionales de la Unión Europea, históricamente aliados de la ONU, que también han reducido sus aportes debido a decisiones de política interna”, añade Villar.

La capacidad de los países donantes europeos se ve desafiada por un complejo contexto global. Según informó la agencia, esta presión se debe a tres factores clave: las demandas de Estados Unidos sobre el gasto en defensa, el impacto de la guerra en Ucrania y las crisis migratorias en el Mediterráneo, exacerbadas por la escalada de violencia en Medio Oriente.

Niñez y adolescencia en riesgo por lo recortes presupuestales

El impacto de los recortes presupuestales en la respuesta humanitaria afecta también a niñas, niños y adolescentes. “Más de 100.000 niños y niñas migrantes perderán apoyo para acceder a la educación y a servicios de protección, y más de 25.000 niños y niñas con desnutrición aguda grave perderían el acceso a la atención nutricional”, señala Tanya Chapuisat, representante de UNICEF en Colombia.

Ante este panorama, UNICEF advirtió que, si bien las afectaciones derivadas del conflicto armado han sido atendidas con apoyo de donantes y recursos propios, la reducción de fondos ha limitado su capacidad de respuesta en el territorio. Esta situación ha obligado a la agencia a concentrar sus esfuerzos en las zonas donde los riesgos para la niñez son más críticos como Catatumbo y Cauca.

“En Necoclí (Antioquia) mantenemos abierto un espacio de atención para la niñez migrante, al igual que algunas acciones de protección en Norte de Santander y Arauca. Seguiremos trabajando junto a las autoridades para mitigar el impacto de estos recortes y garantizar que la niñez migrante pueda acceder a sus derechos”, señala Chapuisat.

Respuesta de la ONU en Colombia ante recortes y escalada del conflicto

Para Barbara Batista, jefa encargada de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en Colombia (OCHA), la actual situación compromete tanto la respuesta inmediata como la sostenibilidad del sistema humanitario en Colombia, pero también representa una oportunidad para repensar estrategias y redirigir los recursos hacia las poblaciones más vulnerables.

La priorización de fondos hacia las poblaciones más vulnerables también ha impulsado a las agencias de la ONU a buscar alianzas estratégicas con el sector privado, según confirmaron las tres agencias consultadas por este medio.

“OCHA ha disminuido costos operativos y tomado medidas preventivas con base en lineamientos provistos por la sede. Ha adoptado una estrategia de eficiencia, priorización y fortalecimiento local. Ha intensificado su labor de incidencia para atraer nuevos donantes, incluyendo el sector privado y la banca internacional. También ha promovido una respuesta más centrada en las comunidades, escuchando sus necesidades y fortaleciendo capacidades locales”, afirma Batista.

Lo que queda claro es que la crisis actual también se percibe como una oportunidad de transformación. La comunidad humanitaria en Colombia está replanteando sus estrategias y respuestas para optimizar el uso de los recursos disponibles. El enfoque actual que tienen las agencias de la ONU en Colombia busca acelerar la transferencia de capacidades a las comunidades, con el propósito de que éstas reduzcan su dependencia del sistema humanitario internacional.

The post ONU advierte deterioro de la respuesta humanitaria tras recortes de Estados Unidos mientras se intensifica la violencia appeared first on VerdadAbierta.com.

Una vez más la población civil de Chocó amaneció, el 18 de febrero, bajo un paro armado ordenado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante 72 horas. Esta grave situación vulnera los derechos de las comunidades de los municipios que conforman la subregión del San Juan: Cantón de San Pablo, Cértegui, Condoto, Istmina, Medio San Juan, Nóvita, Río Iró y San José del Palmar.

Pese a la espiral de violencia ascendente que viene desatando el ELN a lo largo del país, la guerra en Chocó viene cocinándose a fuego lento desde hace más de cinco años, como lo confirmaron expertos consultados por VerdadAbierta.com.

De hecho, este es el octavo paro armado en menos de dos años que hace el ELN en el departamento. Y, antes de que iniciara, el secretario del Interior de Chocó, Francisco Vidal, informó que 3.500 personas se habían desplazado.

Detrás de esta ofensiva militar por parte el ELN hay un interés por conservar su dominio  territorial en zonas estratégicas para el control de economías ilícitas ante la arremetida de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo, quienes desde la dejación de armas de la extinta guerrilla de las Farc, vienen disputando zonas de control territorial al ELN desde el norte hacia el sur del departamento.

Contrario a lo que se vivió con la arremetida del ELN en el Catatumbo el pasado mes de enero, esta es una maniobra defensiva de esta guerrilla que no cuenta con la capacidad militar suficiente para contrarrestar el ataque de su adversario en este escenario de guerra.

Andrés Aponte, consultor del Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Giatoc), señala que “ese es uno de los repertorios (de violencia) que particularmente ejerce esta organización en este departamento cuando está en disputas con las AGC. Si uno lo ve en otros lugares cuando lo ha hecho, por ejemplo, en Arauca, es para demostrar fortaleza, pero en este caso puntual sí tiene una lógica militar mucho más defensiva”.

Esto concuerda con los planteamientos de otros expertos consultados, quienes aseguran que esta es una respuesta del ELN que busca frenar el avance de las AGC sobre su territorio. Con el agravante de que “tratan de frenar la expansión de las AGC utilizando las comunidades como una especie de escudo”, como enfatizó Luis Trejos, profesor de la Universidad del Norte en  Barranquilla.

“El ELN está tratando de defender el último territorio que le queda en el Chocó”, dice Trejos.

Mientras tanto, las llamadas para que el gobierno nacional afronte esta situación no se han hecho esperar. La más reciente ocurrió ayer, cuando la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, en un encuentro de mandatarios regionales con el Presidente de la República, hizo un sentido llamado de atención.

“He alzado la voz en los últimos días, en nombre del departamento del Chocó y en nombre de las comunidades, porque se trata de una verdadera crisis humanitaria y de Derecho Internacional Humanitario; porque yo jamás había visto las vías de mi territorio selladas con banderas y con pipetas, con cilindros bomba. He insistido que es injusto que estos grupos se disputen el territorio a expensas de la ciudadanía, a expensas del dolor y del sufrimiento del territorio”, indicó la gobernadora.

La mandataria aprovechó el espacio para hacer una propuesta: “La crisis humanitaria que vive el departamento de Chocó y por la cual yo debo hablar, ya que las comunidades no pueden, se resuelve con una planificación conjunta de trabajo del Estado en los tres niveles (local, regional y nacional). Hagamos una estrategia estructurada, planificada, excepcional, extraordinaria, para plantear inversión y presencia estatal en los lugares que hoy están viviendo el flagelo de la violencia”.

¿Qué se disputan los actores armados?

En este sentido, pese a las lógicas nacionales que adquiere el conflicto con sus diferentes matices y escaladas de violencia, las dinámicas locales que este adquiere en las diferentes regiones presentan una gran variación en concordancia con múltiples factores que están en juego.

En el caso particular de Chocó, es fundamental tanto el control de las económicas ilegales (minería ilegal de oro y platino, narcotráfico y extorsión) como el control sobre los accesos y corredores estratégicos (por vía fluvial y terrestre) para el suministro de activos ilegales de toda naturaleza, desde estupefacientes ilegales, hasta armamento y material de guerra, pasando incluso por el tráfico de migrantes. Esto último se presenta más hacia la parte noroccidental del departamento, sobre las subregiones del Bajo Atrato y el Darién.

El gobierno de Gustavo Petro inició negociaciones con las AGC en agosto del año pasado y reconoció a los voceros de la mesa, mientras que los diálogos con el ELN se suspendieron luego de los ataques en Catatumbo, que han dejado más de 53.000 civiles desplazados.

Aponte señala que el paro armado impacta la negociación, “pero lo que uno mira es que estas batallas obedecen más a dinámicas territoriales que a un reposicionamiento en la mesa. Si uno mira la situación del Catatumbo, obedece más a discrepancias en torno a los acuerdos que ellos habían establecido con las disidencias”.

“Si bien la guerra tiene una dinámica de negociación nacional porque siempre las negociaciones son entre la élite del grupo armado y la élite que designe el gobierno nacional para negociar, las dinámicas de guerra territoriales muchas veces son independientes de la dinámica nacional”, dice Trejos.

Como mecanismo para buscar detener esta expansión del Clan del Golfo sobre sus territorios estratégicos, algunos analistas como Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), prevén que “es que es muy posible que el ELN vaya a entrar en cierta campaña de fortalecimiento, de parárseles un poquito más duro ahí y en el sur de Bolívar. El propósito es controlar la frontera e intentar que no vaya a llegar el Clan del Golfo a la zona donde ellos están”.

En buena medida, esto también quiere enviar un mensaje de fortaleza a sus adversarios, al igual que al gobierno nacional y a las administraciones locales, señalando que tiene la capacidad militar suficiente para ‘disciplinar’ a la población que se encuentra en medio de estos dos actores armados ilegales.

Sin embargo, estas demostraciones de fuerza no son bien recibidas por la población ya que, como los señala Aponte, “la mayoría de población del Chocó ha visto con recelo sus intentos de regulación, no están acostumbrados, no les gusta y quienes han sido realmente exitosos son las AGC”.

Este es un reflejo de lo que se vive en buena parte del departamento. Las comunidades experimentan una ruptura de su tejido social y de sus vínculos comunales en medio del fuego cruzado entre actores legales e ilegales, mientras la estrategia de seguridad languidece sin los recursos suficientes en los municipios más pobres donde la institucionalidad parece no llegar del todo.

La escala del paro armado

Si bien el paro armado ha tenido impacto en todo el departamento, los municipios más afectados son los que se encuentran en el sur. Es ahí donde el ELN ejerce un férreo control territorial, mientras que cerca a la capital del departamento y hacia el norte, el control territorial ejercido por las AGC ha impedido que el paro tenga un mayor efecto.

No obstante, en estos territorios operan toda suerte de fronteras invisibles, en donde, señala una lideresa social, existen dificultades para que los hombres jóvenes y de mediana edad puedan transitar libremente por ciertos sectores de Quibdó. En medio de la confrontación y los altos índices de desconfianza de los grupos armados y las bandas delincuenciales, los jóvenes en particular se arriesgan a ser declarados objetivos militares si entran a ciertos barrios sin el reconocimiento o recomendación de algún  poblador.

Pese a esto, la afectación a la población en medio de este confinamiento es incalculable, tal como lo confirma un líder social de la subregión del San Juan.

“Hay una vulneración de derechos humanos en términos de la misma alimentación, la falta de atención en salud, falta de medicamento, falta de acceso para estos servicios primarios. No hay cómo llegar a las comunidades más inmediatas cuando es un río grande y todo se navega es con motores y cuando no hay combustible, no hay cómo sacar enfermos. La educación misma se interrumpe constantemente por estos hechos, lo que se traduce es que nosotros, las poblaciones ribereñas de estos ríos tanto indígenas como afros, pues vivimos frente a esa vulneración de derechos desde todo punto de vista”, dice.

Esto está estrechamente relacionado con lo expuesto por el profesor Trejos, quien advierte de los problemas que tienen las comunidades al no contar con corredores humanitarios para evacuar a algún poblador que esté herido o que tenga problemas de salud.

Fuerza pública, Clan del Golfo y ELN

Uno de los ‘argumentos’ del ELN para iniciar este paro armado es la supuesta existencia de “una connivencia entre la fuerza pública y el Clan del Golfo”. Sin embargo, especialistas, académicos y líderes sociales en el territorio, concuerdan en afirmar que no hay evidencias sólidas para tal aseveración.

Bonilla sostiene que aunque en el pasado las relaciones entre miembros de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y miembros de la fuerza pública fue un hecho probado y suficientemente documentado tanto por la justicia como por la academia, en el presente lo que se puede observar es que las fuerzas del Estado han priorizado el ataque a un actor armado en específico, mientras sincroniza estratégicamente los diferentes recursos de los que dispone para combatir a todos los actores armados ilegales en el territorio.

Esto no se traduce en que haya algún tipo de alineamiento entre la fuerza pública y el Clan del Golfo. En efecto, como lo señala Aponte, esta ha sido una narrativa que ha intentado construir el ELN sin mucho éxito para justificar acciones armadas como la que está teniendo lugar en el departamento.

Un aspecto a tener en cuenta son los señalamientos realizados por Defensora del Pueblo, Iris Marín, quien alertó que las disidencias de las Farc, comandadas por alias ‘Iván Mordisco’, en una suerte de alianza contraintuitiva, estaría acordando combatir al ELN en conjunto con el Clan del Golfo, para sacarlo de territorio.

“La lectura de la situación que hacemos es que hay una expansión también de estos grupos de las disidencias hacia el San Juan y eso nos dice que es posible que más adelante también vengan por su antiguo territorio, porque las Farc eran quienes dominaban esos territorios”, dice el líder social del Chocó que pidió anonimato.

Elecciones y violencia

Falta poco más de un año para que se celebren los próximos comicios. Sin embargo, en el actual periodo preelectoral, los actores armados buscan llegar en las mejores condiciones tanto a una mesa de negociación como a la confrontación armada dependiendo de quién quede como presidente y de los políticos regionales con que se puedan relacionar exitosamente para sacar adelante su agenda y sus diferentes intereses, como señala Bonilla.

No obstante, aunque es un poco temprano para que estas dinámicas se desarrollen en su totalidad, ciertamente es algo que los actores tienen en cuenta a la hora de operar, así como de buscar el control de territorios más amplios. Por lo tanto, es de esperar un recrudecimiento paulatino de la violencia a medida que llegan las elecciones nacionales del próximo año, tal como ha venido sucediendo históricamente desde mediados del siglo pasado en el país.

En resumidas cuentas, la confrontación que está viviendo el sur del departamento responde a las lógicas de los reacomodos criminales en donde la población es quien paga la consecuencias de la guerra que se libra en distintas regiones del país: desde el Catatumbo, pasando por Putumayo, hasta llegar a Chocó. Lo único que pide la población de San Juan es que sus voces sean escuchadas en medio del silencio y que su clamor de paz y tranquilidad se pueda algún día hacer realidad.

The post Nuevo paro armado en Chocó, muestra de debilidad del ELN en ese departamento appeared first on VerdadAbierta.com.

Escrito por: Carlos Mayorga Alejo – @CarlosMayorgaA

Desconcertados. Así permanecen los líderes comunitarios de la región del San Juan al sur de Chocó por el paro armado que el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Ejército de Liberación Nacional (Eln) decretó el 10 de febrero, y que finalizó en la noche del martes. 

Las comunidades no se explican cómo en la mesa de diálogos de paz que lleva la guerrilla con el gobierno de Gustavo Petro, el  5 de febrero se firmó una extensión del cese al fuego durante seis meses más entre el Eln y el gobierno, pero cuatro días después el grupo guerrillero impuso esta medida en Chocó, que confinó a 27.000 personas, según cifras de la Gobernación de ese departamento.

En un comunicado, el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, calificó el paro armado como una deslealtad con los acuerdos pactados en el sexto ciclo de conversaciones en La Habana, Cuba. Llamó la atención frente a que estos hechos dejan en la mitad a las comunidades. “Amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento, el ejercicio de los gobiernos democráticamente elegidos y el mandato de las autoridades comunitarias”, dice. 

Un líder de la región, que pidió la reserva de su nombre por seguridad, expresa el desconcierto de muchos en la región. “Uno no sabe a qué atenerse, porque se acuerdan unas cosas en la mesa, pero en el territorio se hace lo contrario”, dice. “¿Los que están en el territorio sí están realmente comprometidos con lo que se está acordando en la mesa? ¿Están coordinados?”, se pregunta.

El Comando Central del Eln negó que hubiera frentes disidentes dentro del grupo guerrillero. “La delegación de diálogos del Eln representa a todos los frentes de guerra, es falso que los Frentes de Guerra Oriental y Occidental estén en desacuerdo con el proceso de paz que se adelanta. Ambos frentes de guerra están participando de manera activa en la delegación, pues tienen compañeros participando directamente en ella”, se lee. 

Comunicado del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional – ELN –
Sobre las mentiras difundidas últimamente nos permitimos hacer claridad a lo siguiente:

https://t.co/Z7yI9tXMcY#ELN#PAZ pic.twitter.com/3XOfDpvJNg

— Delegación ELN (@DelegacionEln) February 14, 2024

Andrés Preciado, director del área de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), recuerda que en el cese al fuego entre el gobierno nacional y el Eln no entran los enfrentamientos con otros grupos, en este caso, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o Clan del Golfo, grupo paramilitar que se ha posicionado como el más poderoso del país. Además, recuerda que debe tenerse en cuenta que el Eln señala que se trata de acciones defensivas frente a la expansión de las Agc. (Leer más en: Las otras guerras del Eln no tienen cese al fuego)

“Ante la opinión pública es difícil defender que un grupo que está en una mesa haga un paro armado que afecta a la ciudadanía, esto sí puede ser un eventual incumplimiento, pero no tenemos pronunciamiento oficial de las instancias de verificación, lo cual sería importante”, señala Preciado. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia dice que los informes son confidenciales.

Días antes de decretarse el paro, la región permanecía turbada. El 7 de febrero, algunas familias se desplazaron de la comunidad de Doidó (Istmina) a Noanamá (Medio San Juan) por enfrentamientos entre los grupos armados. Al día siguiente, 26 familias se desplazaron de la comunidad de Chambacú (Sipí) a Negría (Medio San Juan). Dos días después de establecido el paro armado y por la amenaza de quedar entre el fuego cruzado, el 12 de febrero, toda la comunidad de Doidó, cerca de 30 familias, se desplazó a Noanamá por el incremento de las confrontaciones entre Agc y Eln. Sólo una persona se quedó en el caserío de Doidó.

Según un comunicado del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch), en los hechos del 8 y 12 de febrero, 93 personas de las comunidades de Doido y Chambacú se vieron obligadas a desplazarse a causa de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales. 

Esta situación es similar a la vivida en julio de 2023 por las familias de Chambacú, que aterradas por las confrontaciones, se desplazaron cuando fue asesinado un hombre de la comunidad y uno de sus hijos resultó herido en el pie.

Las comunidades del San Juan salieron huyendo de sus hogares ante el inminente riesgo, aún cuando el gobierno pidió no hacerlo. “El comandante General de las Fuerzas Militares a las comunidades hizo una petición pública: estamos en condiciones de garantizar seguridad, eviten al máximo estos desplazamientos masivos que afectan en todo caso por la atención humanitaria que en virtud de los desplazamientos debe realizarse”, señaló en rueda de prensa Iván Velásquez, ministro de Defensa.

Helder Fernando Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, aseguró el 12 de febrero que inmediatamente conocieron el anuncio del paro armado mandaron tropas para garantizar la libre movilidad en el San Juan; sin embargo, las comunidades aseguran que el Estado no controló lo que pasaba en la región durante esos días.

Durante el paro, el sustento diario de las comunidades del San Juan, que se aprovisionan de lo que cultivan en sus fincas, se vio afectado. Y desde hace meses las familias no van tranquilas a sus parcelas. Los grupos armados han aumentado la siembra de minas antipersonal en el sur de Chocó y varios civiles han caído en estas trampas. 

“Cada vez que se presenta alteración del orden público o los actores avanzan, van sembrando en nuestras comunidades minas antipersonal. Aparte del paro armado y no saber cuándo se pueda presentar una alteración del orden público, nos limitan a hacer nuestras actividades cotidianas con la siembra de esos explosivos”, cuenta otro líder de la región que también pidió reserva de su nombre por temor a represalias.  

Decenas de familias subsistieron durante el último paro con lo poco que tenían en sus casas y tiendas de abarrotes porque no hubo tiempo de salir a las cabeceras municipales a aprovisionarse de alimentos. Algunas comunidades realizaron ollas comunitarias con lo que podían aportar sus pobladores para atender a las familias desplazadas que se refugiaron en comunidades vecinas.

“A lo largo del río San Juan, hay informes continuos de minas antipersonal, reclutamiento de menores, confinamiento y desplazamiento forzado de comunidades, todo ello (…) limitando las capacidades de operación de las organizaciones de ayuda humanitaria”, expresa Bram Ebus, consultor de International Crisis Group. La falta de condiciones para que las comunidades satisfagan sus necesidades básicas es extrema y “genera serias dudas sobre el compromiso de los grupos armados para priorizar el bienestar de la población civil”, dice, haciendo alusión al discurso que promueven.

En 2023, en seis oportunidades el Eln decretó paro armado en el San Juan. La discusión del cumplimiento del cese al fuego por parte del Eln se había dado de manera similar en agosto del año pasado. A inicios de ese mes, la guerrilla y el gobierno formalizaron el cese de hostilidades, pero tiempo después se conoció sobre un paro armado en la región del Medio San Juan. 

Esa vez, el Frente de Guerra Occidental desmintió esa información y dijo que no era un paro armado, pero sí reconoció que restringió la movilidad por el río San Juan entre el 16 y 17 de agosto de ese año por enfrentamientos que mantuvo con las Agc. Según sostuvo el grupo guerrillero, su objetivo era que la población civil no se viera afectada por los combates.

Nuevamente volvió a ser la expansión de las Agc el ‘argumento’ principal para que el Eln decretara el paro armado de los últimos días. Según ha referido en diversos comunicados el Frente de Guerra Occidental, la presencia del paramilitarismo se ha incrementado en la región y acusan a la Fuerza Pública de sostener complicidad con ese grupo armado.

“Las fuerzas vivas del gobierno han sido remplazada (sic) por el grupo paramilitar clan del golfo (sic) para seguir su ofensiva contra los pobladores y la insurgencia como política sucia del Estado para debilitar el tejido social, la resistencia popular y armada con el propósito de llevar a cabo los mega proyectos planeados para esta región”, reza uno de los comunicados del grupo guerrillero, difundido el 11 de febrero.

El grupo de origen paramilitar buscó entrar en los tableros de negociación de paz del gobierno Petro. El 31 de diciembre de 2022, el Presidente anunció un cese al fuego con las Agc, pero tres meses después se rompió. El grupo armado ilegal ha declarado públicamente que tiene intenciones de diálogos y a finales del año pasado se conoció sobre encuentros entre voceros del actor armado y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pero al día de hoy los avances son mínimos.

Disputa con las Agc

Con el ‘argumento’ de proteger a las comunidades de la región de agresiones ejecutadas por los ‘gaitanistas’, el Comando Central del Eln respaldó el paro armado. Pero ese motivo no convence en la región. “Lo que ellos manifiestan en sus comunicados tiene lógica para ellos, pero para nosotros… realmente las afectadas son las comunidades”, lamenta un líder de la región.

El Eln busca cuidar una de las pocas retaguardias que le queda, según Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac). “Lo que está tratando de defender el Eln no es la población, el San Juan es zona de refugio para un grupo armado que está en muy mala condición, tanto estratégica como de capacidades tácticas y militares. Allá el Eln no es que esté defendiendo una fuente de secuestro o de rentas o de oro, defiende casi que el único estertor que tiene”.

Tras la desmovilización de las Farc, el Eln lleva más de seis años expandiéndose por la región del Pacífico por departamentos como Cauca, Nariño y Chocó, y con ella la disputa con otros grupos armados. Según líderes de la región, desde finales de 2017 existía un acuerdo entre el Eln y las Agc en la región del San Juan, mediante el cual delimitaron sus áreas de injerencia y se comprometieron a no agredirse. Esta situación cambió el 15 de agosto de 2021, cuando se rompió dicho pacto tras afrentas de las Agc en territorio del Eln, que desataron enfrentamientos en Medio San Juan. Así se desató la guerra en el San Juan. (Leer más en Comunidades del San Juan vuelven a quedar entre las balas y En menos de un mes, el San Juan se volvió un infierno)

El objetivo de las Agc es establecer una ruta para sus economía ilícitas hacia el océano Pacífico, entrando por Valle del Cauca y saliendo por Chocó. Hoy, Bocas de Sipí es el epicentro de la confrontación armada. Según un experto que pidió la reserva de su nombre, en el plan de expansión territorial de las Agc desde este punto les sería posible movilizarse por el río Garrapatas, hacia el municipio de Dovio (Valle del Cauca); por el río Caporal hacía municipio Novita (Chocó); o salir hacia el Pacífico a través del río Docampadó.

“Gracias a su rápido crecimiento en tropas y territorio, las Agc están haciendo un fuerte avance hacia el sur para controlar la región de la costa Pacífica desde Panamá hasta Buenaventura, mientras tanto, explotan a poblaciones vulnerables como las comunidades afrocolombianas e indígenas a lo largo del río San Juan”, señala  Ebus, de International Crisis Group.

En los últimos cinco años, el Frente de Guerra Occidental del Eln ha sufrido dos golpes militares importantes en el sur de Chocó, una de sus retaguardias históricas. A finales de octubre de 2020, un francotirador del Ejército abatió a Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias ‘Uriel’, recordado por ser un activo comandante en redes sociales de esa guerrilla; y a finales de septiembre de 2021 cayó Ogli Ángel Padilla Romero, conocido como el comandante ‘Fabián’, tras un bombardeó de las fuerzas militares.

Para Kyle Johnson, cofundador e investigador de Conflict Responses (Core), la expansión de las Agc en el  sur de Chocó inició desde la muerte de ‘Fabián’, comandante del Eln. “También se nota mayor presencia de las Agc en lugares como Bajo Baudó, que era de mayor control del Eln. Cuando se mira el norte del departamento, las Agc han ganado mucho terreno ahí desde hace varios años: Riosucio, Carmen del Darién y buena parte de Bojayá. En el sur es donde se nota actualmente la expansión de las Agc”, señala.

“Estos grupos de autodefensas gaitanistas le hacen la guerra al Eln porque buscan disputarse fuentes de rentas. Tanto en el Bajo Cauca antioqueño, como en el cañón de San Juan y el Alto Atrato”, explica Restrepo, de Cerac. Tras la captura, el 23 de octubre de 2021, de Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’, antiguo comandante de las Agc, ese grupo ha disminuido la confrontación contra la Fuerza Pública, dice. Cuando ataca a la Fuerza Pública lo hace en favor de sus economías ilícitas.

Como se ha referido a raíz de diversos comunicados, el grupo guerrillero acusa a la Fuerza Pública de trabajar con las Agc y sólo librar la guerra contra ellos. Restrepo es enfático en señalar que el paramilitarismo que tenía cooptado poderes locales establecidos, desapareció desde mediados de los 2000 y recuerda que decisiones de la actual administración de gobierno al remover a decenas de generales y coroneles del Ejército y de la Policía son hechos en la transformación de esas alianzas. “Eso no quiere decir que no pueda haber acuerdos corruptos entre comandantes militares y de policía, incluso autoridades locales civiles y esos grupos criminales”, aclara. 

En un análisis de los impactos de los distintos ceses al fuego pactados entre el gobierno y diferentes actores armados, la  la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), evaluó el desescalamiento de las confrontaciones de la Fuerza Pública con diferentes actores armados ilegales en todo el territorio nacional, encontrado una disminución general (32 por ciento) de los combates de 2022 en comparación al 2023. Los enfrentamientos que más disminuyeron fueron entre la Fuerza pública y las Agc, o Clan del Golfo. 

Investigadores de las dinámicas de Chocó concuerdan en que las comunidades ven una clara connivencia entre las Agc y la Fuerza Pública. Ebus resalta cómo en la administración del expresidente Iván Duque (2018-2022) la confrontación contra la guerrilla se fijó en varias áreas de Chocó. “Sin embargo, la falta de acciones contra las Agc generó sospechas entre varias fuentes que consultamos en ese momento. Las comunidades, a menudo atrapadas en el fuego cruzado, también denunciaron ser disparadas por el ejército cuando intentaban inspeccionar sitios que habían sido bombardeados”, explica.

Preciado, desde la FIP, también ha conocido esos señalamientos de connivencia pero señala que el problema es más profundo. “Hay un nivel de complejidad mayor y es que hay una corrupción en las Fuerzas que termina beneficiando a todos los grupos. Un ejemplo son esas noticias de militares que le venden armas a cualquier grupo”, señala.

Sobre este tema, un experto que pidió la reserva de su nombre por seguridad, le sostuvo a este portal que el grado de cooperación es tal que “las Agc tienen agentes cuyo único trabajo es coordinar con Policía y Fuerza Pública”. 

Sin embargo, las cifras del Cerac señalan que el San Juan ha sido la región en donde más combates libró la Fuerza Pública con las Agc en 2023, pasando de ningún registro de hechos de confrontación en 2022, a tres el año pasado. El 21 de enero de este año, la Fuerza de Tarea Conjunta Titán entró en combate con las Agc en inmediaciones de la vereda Barrancosito del municipio de Sipí. Como resultado del operativo terminó muerto un joven de 22 años perteneciente a las Agc.

Tropas de nuestra @FTC_TITAN_, @PoliciaColombia y @FiscaliaCol, neutralizaron en desarrollo de operaciones un integrante del Clan del Golfo e incautaron material de guerra e intendencia en área rural del municipio de Sipí, #Chocó#PlanAyacucho pic.twitter.com/2e2ccQKSTS

— Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) January 24, 2024

Llamado de paz

“El hecho de militarizar el territorio no es la solución a la problemática”, dice un líder de la región. “La solución está en abrir espacios de diálogo, que las comunidades participen en la mesa. Además de retomar los diálogos con los actores presentes en los territorios, lo cual nos ayuda a evitar las confrontaciones armadas entre los grupos armados”. 

Varios líderes mantienen la ilusión de que se vuelva a conseguir un acuerdo de no agresión como el pactado en 2017 en la región, cuando el Eln y las Agc llegaron a establecer el fin de las hostilidades por el bienestar de la población civil. Pero con el pasar de los meses mantener ese sueño es más difícil. “No hay voluntad de los dos actores para sentarse con las comunidades y llegar a una estrategia dialogada para acabar con las confrontaciones”, expresa un líder de la región. “La política de los actores armados presentes en el territorio es que ninguno va a ceder  los espacios que han ganado”, lamenta.

“A pesar de que hay unos diálogos entre el Eln y el Gobierno, en el territorio también están las Agc. Mientras no haya un diálogo con todos los actores, un cese al fuego multilateral, es muy preocupante. A nosotros, las comunidades, no nos sirve un cese al fuego bilateral”, agrega otro líder y concluye  pidiendo que el gobierno se traslade a la región a dialogar directamente con los cabecillas del Frente de Guerra Occidental.

Para el director del Cerac esta es una oportunidad para que el gobierno controle el San Juan. La política de seguridad del gobierno debe, según considera Restrepo, ocupar el San Juan y facilitar que de manera pronta se establezcan campamentos de la guerrilla que quieran buscar una salida negociada del conflicto. “Deles —el gobierno al Eln— protección de otros grupos armados, porque se está negociando con ellos. Y que el gobierno aproveche para ejercer el control sobre el comercio fluvial”.

The post La guerra entre Agc y Eln al sur de Chocó mancha el proceso de paz appeared first on VerdadAbierta.com.

Sobre el río San Juan no se escucha un sólo motor de lancha. Algunos miembros de las comunidades negras e indígenas asentadas a orillas de la principal arteria fluvial del sur de Chocó esperan que llegue el permiso para volver a sus faenas. El resto de la población se esconde en sus casas, racionando los alimentos y medicamentos, con la ilusión de mejores tiempos. Lo único a lo que la guerra no puede restringirle la movilidad es a los ríos que, imperturbables, siguen su curso.

Sipí, Nóvita, Litoral del San Juan, Istmina y Medio San Juan son algunos de los municipios en donde el conflicto armado entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’, y la guerrilla del Eln, se ha arraigado. Esta situación data del 15 de agosto de 2021, cuando se rompió un acuerdo entre ambos grupos, pactado cuatro años atrás, mediante el cual delimitaron sus áreas de injerencia y se comprometieron a no agredirse.

Desde la ruptura de ese acuerdo, las comunidades han sufrido todo tipo de violencias, pero desde abril de este año se han agudizado. “La mayoría de nuestras comunidades han estado en confinamiento obligatorio, otras han sido desplazadas”, explica un líder del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) que prefirió mantener su nombre en reserva por seguridad.

La crítica situación llevó a las comunidades a declararse en alerta de riesgo inminente y a hacer sendos llamados al gobierno nacional para que actúe de manera efectiva y adopte medidas de protección de la población, y a los organismos defensores de derechos humanos para que incidan ante agencias internacionales con el fin de evitar una tragedia humanitaria.

La gente, en el medio

Uno de los casos más recientes tuvo lugar el pasado 2 de julio en la comunidad de Chambacú, del municipio de Sipí, cuando padecieron un nuevo enfrentamiento entre las Agc y el Eln.

Ese día, como la mayoría de sus vecinos y amigos, José Florencio Hurtado y su familia se escondieron bajo una cama ante el sonido del fuego cruzado. En un momento de silencio, José Florencio se acercó a asegurar la puerta de su hogar, pero se reactivó la confrontación y las balas impactaron su cuerpo, causando su muerte.

En reacción, su esposa y sus hijos huyeron de la casa y se tiraron por un barranco en dirección a las riberas del río San Juan, en busca de refugio. En el enfrentamiento, uno de sus hijos menor de edad resultó herido.

En lo que va del año, las comunidades de esta región chocoana del San Juan se han visto inmersas en por lo menos seis confrontaciones y alrededor de cinco paros armados, el último de ellos fue impuesto por el Eln el pasado 4 de julio, obligando a restringir la movilidad sobre la arteria fluvial y sus afluentes, afectando la vida cotidiana de más de 82 mil personas de 41 comunidades negras y 11 comunidades indígenas.

Ante la extendida situación de la crisis, a muchos habitantes de esta región la medida los tomó con pocas reservas de alimentos y medicamentos, por lo que se encuentran ante una grave situación. El fin de semana pasado hubo un corredor humanitario que permitió el abastecimiento de algunas comunidades desplazadas, pero a las seis de la mañana del pasado lunes se reactivaron las restricciones impuestas por los grupos armados.

“Por lo menos se pudo ingresar un poco de comida, pero no ingresó medicamentos. Hay muchas mujeres en embarazo o personas con necesidad de citas de control por enfermedades graves”, explica el líder consultado por este portal. Por eso, la comunidad de Acadesan solicita con urgencia brigadas de salud que puedan atender a la población.

Muchas de las ayudas humanitarias llegaron para las familias desplazadas por su grado de vulnerabilidad, pero a los líderes les preocupa la situación de aquellas confinadas que no han podido ir a sus parcelas para cultivar y recoger la cosecha. “Sabiendo que ya llevan días en paro, todo está desabastecido”, le dicen líderes de la región a VerdadAbierta.com.

Por años, las comunidades negras e indígenas de esta región han sustentado su economía en actividades como la minería, la agricultura y los cultivos de hoja de coca. Sin embargo, todas las actividades se han visto condicionadas; de un lado, por las minas antipersonal que se han sembrado en las áreas rurales; y, de otro lado, por los enfrentamientos y restricciones a la movilidad.

“A la gente le da miedo ir y quedar en medio de un combate en algunas de las quebradas en donde se hacen las tareas del día a día”, reconoce otro líder que también pidió la reserva de su identidad por seguridad.

A través de ayudas humanitarias de la Diócesis de Istmina-Tadó, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y las alcaldías municipales, algunas comunidades han podido asegurar su alimentación, sin embargo, hay inquietudes.

“Es un tema que hasta culturalmente afecta, porque la gente pasa de comer un producto al cual está acostumbrado a tener que comer otro tipo de cosas casi que obligado. Acá no es tan común el fríjol o la lenteja, pero por la situación uno tiene que aprender a comer lo que las organizaciones nos brindan de muy buena fe”, señala uno de los líderes.

Por el momento, niños, niñas y jóvenes están sin clases. “Dentro del territorio de Acadesan hay 10 instituciones y ninguna está prestando clase porque los docentes no pudieron ingresar”, señala el líder de Acadesan. “Nosotros estamos en una olla sin salida. Yo no sé qué va a ser de nuestra comunidad”, agrega, entre lamentos.

Según expertos consultados por este portal que pidieron reserva de su identidad, en los últimos meses, las Agc ha logrado consolidar su poder desde el norte hacia el sur del San Juan imponiendo controles a las comunidades étnicas asentadas entre Boca de Suruco, en el municipio de Medio San Juan, hasta Chambacú, en el municipio de Sipí.

A la par, el Eln ha diseñado una estrategia de contención sobre los territorios que, históricamente, estaban bajo su control en la región del San Juan ante el avance del grupo paramilitar.

Territorio en disputa

De acuerdo con personas que conocen la crítica situación en el sur de Chocó, el control territorial y poblacional en disputa en la región del San Juan pretende asegurar las actividades de la minería ilegal, la deforestación y los corredores de abastecimiento, tráfico y producción de drogas ilícitas.

La guerra se libra en siete zonas estratégicas: subiendo por el río Sipí hacia el río Garrapata; bajando por el río San Juan hacia la comunidad de Noanamá y su conexión con la parte baja del Bajo Baudó; la desembocadura del río Docordó en el municipio de Istmina; el Alto Tamaná y San José del Palmar; el río Tamaná y Torra en conexión con la parte alta de Sipí; el río Irabubú, en Novita, en conexión con el Alto Tajuato, en Condoto; y el denominado Eje de la Boca del río Sipí – comunidad de Negría y Doidó, en el municipio de Istmina, San Miguel, en Medio San Juan, y Chambacú, en Sipí –.

Uno de los primeros pueblos que se vio afectado por las recientes confrontaciones fue Dipurdú del Guácimo, vereda del municipio del Medio San Juan. Inicialmente, sobre esa comunidad tenía control el Eln, hasta que irrumpieron las Agc, se enfrentaron y la guerra se regó por el San Juan.

En 2021 ocurrieron varios desplazamientos y confinamientos. En 2022, aumentaron las acciones contra la población civil, como asesinatos selectivos y minas antipersonal. (Leer más en Comunidades del San Juan vuelven a quedar entre las balas y Denuncian etnocidio en la región del San Juan)

Según líderes de la región, las familias más vulnerables están en Sipí, municipio que lleva desde hace un mes con restricciones estrictas a la movilidad y del cual han salido cerca de 250 familias desplazadas de cinco comunidades. En Istmina se encuentra desplazada la comunidad de Doidó y en ese municipio se destaca la situación de la vereda Negría, victimizada con frecuencia por los grupos armados ilegales.

El primer desplazamiento que sufrió Negría fue a mediados de enero de 2022. Desde entonces, ha pasado por múltiples desplazamientos y confinamientos. “Nunca salimos del confinamiento”, aclara una lideresa de esa comunidad que pidió la reserva de su identidad. El último hecho de desplazamiento se dio el 12 de diciembre del año pasado.

En esa ocasión, las Agc ingresaron a la comunidad de Negría, obligando a sus habitantes a concentrarse en la caseta comunitaria. Mientras hacían el llamado a la reunión, registraron todas las casas. La comunidad se desplazó a raíz del asesinato de un joven cuyo cuerpo fue arrojado a un afluente. Por esa razón, los pobladores huyeron a San Miguel, en el Medio San Juan, allí pasaron las festividades decembrinas y retornaron sólo hasta marzo de este año.

Inicialmente, se desplazaron alrededor de 69 familias, pero retornaron 38 familias. “Con el pasar del tiempo han vuelto otras y ahora estamos 41 familias”, aclara la lideresa, quien precisa que los pobladores restantes se han quedado en comunidades vecinas: “A pesar de la dificultad que se vivía, de la zozobra y la preocupación, se acomodaron las familias por núcleos en casas diferentes de San Miguel, era una comodidad que no iban a tener en Istmina o en otro lugar”.

Fuentes consultadas advierten que, en su estrategia de contención, el Eln ha recurrido a la siembra de minas antipersonal, práctica que también realizan las Agc. Ante ese riesgo, muchas familias han optado por quedarse en el casco urbano.

“En San Miguel, en Dipurdú y en Negría las comunidades no pueden realizar sus actividades tradicionales de producción”, explica un conocedor de la región consultado. Le temen a la cantidad de artefactos explosivos presentes en sus zonas rurales que ha ocasionado accidentes entre pobladores, militares y combatientes.

San Miguel es otro de los puntos donde se han intensificado las confrontaciones. En 2022, hubo dos hechos en los que miembros de esa comunidad se vieron afectados por minas antipersonal. Por solicitud de la comunidad, la Fuerza Pública tuvo que inspeccionar los alrededores del acueducto y activar de manera controlada artefactos explosivos encontrados allí.

“San Miguel pasó de ser una comunidad que en los últimos años se ha desplazado dos veces, que ha estado prácticamente confinada todo este tiempo, a ser hoy una comunidad receptora. Tenemos varias comunidades del municipio de Sipí albergadas”, explica un líder de esa comunidad que pidió la reserva de su nombre por cuestiones de seguridad.

Durante ese tiempo, los pobladores de San Miguel se han tenido que desplazar dos veces. La última vez, por un enfrentamiento que el Eln y las Agc libraron dentro de la comunidad. En esa ocasión, aunque ningún habitante resultó asesinado, el caserío quedó devastado.

Para la guerrilla del Eln, el sur de Chocó es una de las zonas estratégicas para el Frente de Guerra Occidental, donde lleva más de 15 años de presencia armada, imponiendo controles territoriales y sociales. Esta estructura alzada en armas llegó allí proveniente del sur de Córdoba, de donde fue desplazada por los grupos paramilitares en su confrontación por el control del Nudo de Paramillo.

Este Frente ha tratado de expandirse, pero la Fuerza Pública le ha propinado golpes certeros al Eln en los últimos cinco años: en 2016, fue abatido ‘Omar Gómez’, tercero en la línea de mando; en 2020, un francotirador eliminó a ‘Uriel’, un activo guerrillero en redes sociales; y en el 2021 cayó ‘Fabián’, tras un bombardeó.

El problema para ese grupo armado ilegal, según consultas de este portal a personas conocedoras de sus dinámicas, es que es una zona de retaguardia, la cual no se puede perder porque “para dónde más van a coger”.

Para el Eln salir del sur de Chocó no es una opción, pues sería dejarle un territorio estratégico a las Agc, con las posibles represalias que puedan tomar contra las comunidades. Y es que no sólo es clave para actividades ilícitas, allí también se han concebido, a largo plazo, grandes obras de infraestructura y proyectos agroindustriales.

Estudios de recientes del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) precisan que diferentes factores han perpetuado la guerra en Chocó, que van desde la corrupción y la presencia de actores armados, legales e ilegales, hasta los megaproyectos y la propiedad de la tierra. (Leer más en: ¿A qué se debe la persistencia de la guerra en Chocó?)

Lejos de la Paz Total

La Fuerza Pública hace presencia en el municipio en las comunidades de Dipurdú del Guasimo, San Miguel y Negría, de Medio San Juan, y en Noanamá, en Istmina. Pero las comunidades tienen muchas dudas sobre su manera de operar.  “No se ve el avance de la Fuerza Pública”, afirma, con preocupación, un líder de la región. “El Ejército no hace nada por controlar el territorio, está como estático”.

Frente a la apuesta del presidente Gustavo Petro por sacar adelante su política de Paz Total, que tendrá su primera prueba a partir del próximo 6 de agosto, cuando entre en vigor el cese al fuego acordado por 180 días con el Eln, las comunidades del sur de Chocó observan con preocupación que la guerra, lejos de detenerse, está empeorando.

“Necesitamos un cese al juego multilateral con todos los actores”, piden desde el Consejo comunitario de Acadesan. Para la lideresa de Negría, el cese al fuego bilateral no causa ningún impacto. “Necesitamos un plan de acción que dé respuesta a las necesidades que tienen las comunidades”, complementa.

En respuesta al clamor de las comunidades, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) expidió un comunicado el pasado martes mediante el cual exigió “a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional permitir de inmediado (sic) el libre tránsito de personal civil y ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por sus operaciones armadas”.

En su comunicado, la OACP aseveró que una caravana de 20 lanchas que transportaba ayuda y atención de las personerías de la región intentó llegar a Chambacú y Noanamá, comunidades que albergan familias desplazadas, pero a la altura de Bocas del Sipí, “al escuchar los disparos de un enfrentamiento armado, la caravana tuvo que detenerse y dar vuelta atrás sin poder completar la entrega de ayuda humanitaria que habia (sic) sido planeada”.

La OACP le recordó tanto al Eln como a las Agc que “impedir a las víctimas de la violencia a acceder a ayuda humanitaria viola el derecho internacional y profundiza las graves condiciones de exclusión y discriminación que históricamente han aquejado a la población del departamento del Chocó”.

Con respecto al comportamiento de la Fuerza Pública, cuestionado por las comunidades, pues observan que no actúan ante los enfrentamientos que libran los grupos ilegales, la OACP acusó recibo de “información contrastada de omisión, tolerancia o complicidad de sectores militares con las Agc, de señalamientos, asesinatos y amenazas de las AGC sobre la población civil, y de presiones y amenazas del ELN sobre candidatos políticos. Estas denuncias están siendo tramitadas de manera expedita”.

Las denuncias de la posible “omisión, tolerancia o complicidad” de la Fuerza Pública con las Agc viene de tiempo atrás. Este portal ha recogido esas denuncias desde 2017, por medio de voces de líderes de este departamento, así como de voceros del Eln. Sin que se haya hecho nada por remediarla. (Leer más en: ¿‘Gaitanistas’ avanzan en Chocó sin freno de la Fuerza Pública? y Eln denuncia que ‘gaitanistas’ reciben apoyo del Ejército en Chocó)

Por su parte, a la Mesa Humanitaria y Construcción de Paz del Chocó le preocupa la política de Paz Total promovida por el gobierno nacional. De acuerdo con sus análisis, se han generado expectativas ante las comunidades, “sin responder a estas situaciones de crisis humanitaria”.

Y es que la situación es bien preocupante, de acuerdo con un comunicado divulgado por esta Mesa el pasado jueves: “Los alcaldes de estas comunidades se encuentran amenazados y en el momento ninguno despacha desde su municipio”. En el caso de Sipí, según su propio mandatario, “la cabecera municipal se encuentra totalmente deshabitada”.

En su comunicado, la Mesa llamó la atención de diversas instancias gubernamentales y del Eln para que atiendan de manera pronta y efectiva la crítica situación en el sur de Chocó y no continúen agravando la vida de los pobladores.

Entre las exigencias planteadas, está la de implementar mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento del Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó, planteado desde el 2017 a la mesa de negociaciones instalada por el Estado colombiano y el Eln en la ciudad de Quito, Ecuador, como una medida para prevenir justamente estas crisis.

Exigieron, además, adoptar medidas para proteger la población civil, evitar la ejecución de conductas que generen desplazamientos, confinamientos o restricciones a la libre movilidad de los pobladores de los consejos comunitarios de comunidades negras y los resguardos indígenas; garantizar el respeto a la libertad, la vida e integridad física de la población chocoana, y de líderes y lideresas; así como de no continuar con la siembra de minas antipersonas en territorios étnicos; y abstenerse de recurrir al secuestro, la desaparición forzada y el reclutamiento de menores.

También exigieron un cese al fuego multilateral por parte de todos los actores armados ilegales que operan en la región, así como de la Fuerza Pública, en el departamento, como medida para aliviar la crítica situación humanitaria.

Finalmente, propusieron hacer una sesión ampliada de la Mesa Humanitaria en el municipio de Istmina que se realizará entre el 26 y el 28 de julio. Se espera que asistan voceros de instituciones locales, regionales y nacionales, organismos de control, agencias de cooperación internacional, con el objetivo de lograr respuestas efectivas. Asimismo, hicieron “un llamado especial al Alto Comisionado de Paz para que haga presencia en esta importante sesión”.

The post Desde hace dos años, comunidades del San Juan padecen guerra entre Eln y Agc appeared first on VerdadAbierta.com.

El CINEP realizó una radiografía sobre diferentes factores que han perpetuado la guerra en este departamento. Los factores van desde la corrupción y la presencia de actores armados, legales e ilegales, hasta los megaproyectos y la propiedad de la tierra.

Para el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el departamento de Chocó puede ser leído como una gran paradoja. Por un lado, la enorme riqueza en recursos naturales y el aporte que hace a la economía del país contrasta con la pobreza, la discriminación, marginalidad y desigualdad en la que se encuentra sumida sus habitantes. La gran mayoría de su población es étnica: el 90 por ciento de sus habitantes pertenecen a las negritudes y el cinco por ciento a comunidades indígenas. 

“Las condiciones paupérrimas en las que viven estas poblaciones no son producto de la pobreza únicamente, sino que presentan un componente racializado”, se advierte en el informe ¿Por qué continúa la guerra en el Chocó? que presentó hoy esta organización no gubernamental.

En 2020, en promedio, una persona en Chocó vivió con 10.918 pesos colombianos diarios, que equivale a menos de la mitad del ingreso a nivel nacional. Para ese año, la situación se agravó por la crisis sanitaria que generó la expansión del Covid-19. En ese año, más del 60 por ciento de su población estaba en situación de pobreza monetaria y el 36 por ciento vivía en pobreza multidimensional, siendo más aguda la situación en zonas rurales de los municipios de Quibdó, Istmina, Carmen del Darién, Riosucio y Alto Baudó.

Chocó había puesto sus esperanzas en la paz para que sus necesidades básicas fueran atendidas, para ver crecer el campo y tener oportunidades fuera de la dinámica de la guerra. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), de 297.026 personas habilitadas para votar en ese departamento, casi el 80 por ciento de los votos (75.257) estuvieron a favor de los Acuerdo de Paz en el plebiscito de 2016. Hoy, lamentan, que sus esperanzas siguen frustradas.

Frente a la persistencia del conflicto armado en varias regiones chocoanas tras la desmovilización de las extintas Farc, distintas organizaciones sociales se articularon en agosto de 2017 alrededor de la propuesta Acuerdo Humanitario ¡Ya!, en la que identificaron los principales problemas del departamento para llevarlos a la mesa de diálogo que el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) adelantaba con la guerrilla del Eln en Ecuador. Espacio que no prosperó.

Investigadores del CINEP se concentraron en estudiar el periodo comprendido entre 2011 y 2020, que representa la primera década de vigencia de la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

El análisis se realizó con la salvedad de subregistros: uno, por el ineficiente conteo de  hechos victimizantes en territorios donde el Estado no tiene el control territorial y la institucionalidad es débil; y, dos, “aquellos hechos victimizantes que no son denunciados por las víctimas debido al temor a las represalias de los actores ilegales presentes en los territorios”.

Desangrada por la corrupción

Concierto para delinquir, prevaricato y delitos por narcotráfico son algunos de los cargos por los que han sido procesados políticos de Chocó. Los hechos muestran que entre 2010 y 2017 fueron capturados 15 concejales de los municipios de Riosucio, Nuquí, Istmina, Juradó, Litoral de San Juan y Quibdó; y que entre 2012 y 2015 hubo cuatro gobernadores, debido al rifirrafe que declaró nula la elección de Luis Gilberto Murillo Urrutia por inhabilidad para ocupar cargos públicos. 

Uno de los casos más recordados tuvo lugar a inicios de 2010, cuando el entonces gobernador Patrocinio Sánchez Montes de Oca fue condenado por peculado culposo por la Corte Suprema de Justicia. Los hechos están relacionados con un doble pago en un contrato de salud cuando fue alcalde de Quibdó (2001 – 2006). A raíz de eso, entre 2010 y 2011, el departamento tuvo cuatro gobernadores. 

El poder de la familia Sánchez Montes de Oca es ampliamente reconocido en Chocó y los escándalos no solo se han quedado en corrupción. Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, exjefe del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), aseguró que destinó grandes sumas de dinero a la carrera política de Odín Sánchez Montes de Oca. (Leer más en La paradójica figura del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca)

El poder del clan político volvió a ser cuestionado en las elecciones de las Curules de Paz, creadas por el Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc para que víctimas del conflicto armado representaran a 16 regiones del país en el Congreso de la República. Según voces de la región, quien quedó en el escaño, James Hermenegildo Mosquera Torres, es cercano a la casa Sánchez Montes de Oca. (Leer más en Curules de paz: víctimas sienten que les robaron su espacio)

Según analizó el CINEP, el área de la salud es el sector en donde se presentan mayor número de casos de corrupción. En 2007 estalló el escándalo de la Lotería de Chocó que llevaba tres años presentando pérdidas sin girar recursos de ley al sector salud. 

También son recordadas las distintas intervenciones por las que ha atravesado el Hospital de Quibdó, que actualmente adeuda una suma de 17 mil millones de pesos, o la suspensión por tres meses que le impuso la Procuraduría al gobernador Ariel Palacios por presuntas irregularidades en un contrato para dar capacitaciones de prevención sobre el coronavirus por más de dos mil millones de pesos.

Le siguen los escándalos por incumplimiento en obras, uno de ellos, los siete años que ha tardado la construcción de la vía El 18-Ciudad Bolívar (Antioquia). Para 2019 se habían pavimentado 40 kilómetros de los 110 que tiene ese tramo, un promedio de 5,71 kilòmetros por año; o el detrimento de más de 19 mil millones de pesos por la no construcción del Sistema de Masificación de Gas Natural en los municipios de Tadó, Unión Panamericana, Condoto, Istmina, Certeguí, Novita, Bagadó, Andagoya y Cantón de San Pablo.

“Todo lo anterior denota la debilidad institucional, que se evidencia en el alto número de casos de corrupción que se presentan tanto en las elecciones como en la ejecución de contratos públicos, en particular en los relacionados con el sistema de salud e infraestructura”, concluye el CINEP.

Círculos de violencia

Entre 2011 y 2020, el 89 por ciento de las víctimas registradas a nivel nacional en el Registro Único de Víctimas (RUV) han sufrido desplazamiento. En Chocó, 462.550 personas han sido desplazadas forzosamente, eso equivale al 88 por ciento de la población y entre 2011 a 2020, 166.7398 fueron víctimas de este flagelo, siendo 2012 a 2014 (60.460 víctimas) el periodo con los índices más altos, mientras que 2018 (8.980) el más bajo.

En los últimos años la situación no ha mejorado. Según la organización CODHES, entre enero y noviembre de 2021, se registraron 9.857 víctimas de desplazamiento en Chocó. Muchos de esos casos están relacionados con la disputa territorial y el control de las rentas ilegales que libran el Eln , las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y, en menor proporción, las disidencias de las Farc; grupos armados que tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016 se lanzaron a ocupar las zonas abandonadas por las extintas Farc. (Leer más en: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó)

“En 2011 el control de las Farc-EP y de las AGC se generaba en el 83% de los municipios (25 de 30) y el ELN solo en un 40% (12 de 30). En 2021, tras 6 años de desmovilización como resultado del Acuerdo, las disidencias Farc-EP hacen presencia en un 20% de los municipios (6 de 30), las AGC siguen controlando el 80% de los municipios (24 de 30) y el ELN se ha expandido a un 80% de los municipios del Chocó (25 de 30)”, precisa el documento.

Otro asunto que llama la atención del CINEP es el fortalecimiento del Eln casi a la par de la dejación de armas de las extintas Farc. En el 2011 solo estaban presentes dos frentes: el Ernesto Che Guevara y el Resistencia Cimarrón. “En el 2021, se evidencia una presencia consolidada del Frente de Guerra Occidental conformado por 6 estructuras: el Frente Manuel Hernández “El Boche”, Frente Cacique Calarcá, Frente Ernesto “Che Guevara”, el Frente Resistencia Cimarrón, el Frente Omar Gómez y la Compañía Néstor Tulio Durán”.

En Alto Baudó (12,4%), el Litoral del San Juan (11%), Quibdó (10,7%), Riosucio (8,6%) y el Bajo Baudó (8,4%), se concentran los índices más altos de desplazamiento, esto, analiza el informe, a raíz de las constantes disputas de grupos armados legales e ilegales que han “convertido a la población negra, mestiza e indígena en objetivo militar y a sus territorios en botín de guerra aptos para el cultivo, el procesamiento y la comercialización de drogas ilícitas, la expansión de la frontera agrícola, la explotación de recursos minerales, la transformación del paisaje y la construcción de una infraestructura adecuada para atraer la inversión de capital”.

En los cinco municipios más afectados, el pico de desplazamiento ocurrió en un año distinto: En Bajo Baudó fue en 2012; Quibdó, en 2013; Litoral del San Juan, en 2016; Riosucio, en 2017; y Alto Baudó, en 2020.

Para Juan Pablo Guerrero, subdirector del CINEP y uno de los investigadores del informe, hay dos hechos claves subregionales sobre desplazamiento en Chocó: la de Bajo Atrato en septiembre de 2017 y la de Alto y Medio Atrato en marzo de 2022, especialmente en Bojayá.

En el Bajo Atrato, en las cuencas de los ríos Truandó, Domingodó, Curvaradó y Jiguamiandó, las comunidades dejaron sus tierras a razón de las confrontaciones entre Eln y las Agc por copar territorios de las antiguas Farc y controlar economías extractivas, rentas ilícitas y corredores geoestratégicos. Para este investigador, la situación del Bajo Atrato es una “crisis humanitaria sostenida” que permanece en silencio. “Pregúntale a un líder de Truandó si puede ingresar a su Consejo Comunitario. Incluso, ni la misma Iglesia puede ir. Debe solicitar permiso de uno u otro”, dice. 

Por otro lado, el año pasado, por la expansión de las Agc, las comunidades de Napipí, Pogue, Opogodó y Bojayá se vieron afectadas con el confinamiento de 3.700 personas. Sin embargo, Guerrero hace un llamado para ver la situación de Chicó como una crisis humanitaria departamental: “Acá urge de manera imperiosa convocar la Mesa Humanitaria del Chocó y sesionar a nivel subregional, convocar a variados actores y especialmente entidades públicas a examinar el qué pasa”. 

El recrudecimiento del conflicto armado pasa también por el aumento de los asesinatos. Desde el año 2011, la tasa de homicidios en este departamento ha estado por encima de la tasa nacional y presenta el mayor índice de homicidios en el país: 1.909 homicidios entre 2011 y 2020. En los últimos ocho años, Quibdó ha estado entre las tres primeras ciudades capitales con mayores tasas de homicidio en el país. Para 2020, la capital chocoana alcanzó un pico alarmante: 115,4 homicidios por cada 100 mil habitantes, casi cinco  veces la tasa nacional.

Esa aguda situación se ha reflejado en aumento del reclutamiento forzado de menores y toques de queda por enfrentamientos. Quibdó es botín de guerra del Frente Ernesto Che Guevara y la Compañía Néstor Tulio Durán del Eln; los grupos delincuenciales los “Los Mexicanos” y “Los Palmeños”; y las Agc.

Entre 2011 y 2016, las principales víctimas de homicidio en Chocó eran jóvenes entre 19 y 30 años, pero a partir de 2016 pasaron a ser adultos entre 30 y 60 años. En muchos casos, las muertes de jóvenes están relacionadas con el involucramiento en dinámicas de violencia.

De acuerdo con el estudio de CINEP, la fuga de jóvenes hacia la guerra se debe a “la desescolarización y el desempleo, que contribuyen a la vinculación de los jóvenes a grupos armados ilegales, en particular en las zonas urbanas de Quibdó, Istmina, Tadó y Riosucio”.

Cuatro municipios concentran el mayor número de homicidios: Quibdó (875 casos) que es tránsito obligatorio por parte de los actores armados; Istmina (137), caracterizado por el alto flujo económico derivado de la explotación minera; Riosucio (92), con dificultades frente a la propiedad sobre la tierra; y Bahía Solano (77), con disputas territoriales en relación a la comercialización y transporte de hoja de coca para uso ilícito.

Dentro de ese espectro, un daño contundente que recae sobre las comunidades es cuando silencian a sus líderes. Según el Programa Somos Defensores, desde 2011 hasta hoy, han sido asesinados 48 líderes y lideresas sociales en Chocó. Y según el CINEP, los “municipios donde se han presentado asesinatos a líderes/as tienen en común su ubicación costera —Bahía Solano, Nuquí, Bajo Baudó—, y su cercanía con polos de desarrollo económico y extracción minera —Alto, Medio Baudó, Nóvita, Bagadó, Cértegui y Quibdó—”.

El accionar de los grupos armados tiene patrones subregionales. En el Bajo Atrato y Darién, las Agc tienen condicionada a la población, después de haberse disputado a sangre y fuego el territorio con el Eln, por eso, esa guerrilla se replegó hacia el Alto y Medio Atrato. Esa situación ha derivado en desplazamientos forzados y el confinamiento de alrededor de cuatro mil personas en los últimos años, “siendo los indígenas los principales afectados por la situación de orden público”, y en donde los mayores afectados han sido las comunidades de Uva–Pogue, Alto Río Bojayá y Alto Río Napipi en el municipio de Bojayá–Bellavista.

En el Litoral Pacífico, las Agc y el Eln hacen presencia casi por igual, se trata de una disputa reñida. Por los intereses económicos sobre los cultivos de hoja de coca y la minería ilegal, en la subregión del Baudó, particularmente los municipios de Alto y Bajo Baudó, y el municipio del Litoral del San Juan, ambas estructuras armadas buscan del control territorial de los corredores de movilidad del narcotráfico con salida al océano Pacífico y a Centroamérica.

Mientras, en el San Juan la mayor presencia es del Eln, hegemonía disputada por las Agc y las disidencias de las Farc. La situación humanitaria se agudizó desde septiembre de 2021, cuando los ‘Gaitanistas’ rompieron el acuerdo de no agresión que había pactado con los ‘Elenos’. Desde entonces, la población negra e indígena ha sufrido fuertes confinamientos y desplazamiento, que en el último año, según el informe del CINEP, dejó más de 2.500 desplazados. (Leer más en Comunidades del San Juan vuelven a quedar entre las balas y Denuncian etnocidio en la región del San Juan)

Este centro de investigación prende las alarmas en esta región por las restricciones a la movilidad que han impuesto el Eln y las Agc, donde se obliga a las comunidades a permanecer en sus viviendas a partir de las 6 de la tarde; se condiciona el acceso a bienes y servicios esenciales; y se continúa vinculando a niños, niñas y adolescentes por parte de las estructuras armadas ilegales que controlan el territorio.

La presencia estatal a través de la Fuerza Pública se activó desde 2014 cuando entró en operaciones la Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Ejército. Sus operativos no han llenado las expectativas de las comunidades étnicas, que le han exigido mayor presencia en caseríos controlados por el Eln y las Agc. 

“Me llama la atención por ejemplo el número de Policías en Riosucio:12 para casi 40 mil personas y todos los actores armados ilegales en disputa. Por ello es que desde las 6 de la tarde están en acuartelamiento total”, señala Guerrero. “No desconozco que la Séptima División del Ejército haya generado operaciones militares donde se hayan generado bajas, capturas en flagrancia, entre otros. Pero es claro que la Fuerza Pública y la Policía no tienen la capacidad de brindar seguridad en los territorios étnicos del Chocó”. 

Frente al papel del Ejército, al investigador le llaman la atención tres puntos: uno, la connivencia entre algunos militares y miembros de las Agc para actividades relacionadas con la siembra y comercialización de hoja de coca. “Ellos saben dónde está sembrada, de dónde sale y por dónde entra”, dice el investigador de CINEP. Dos, que en territorio ha conocido testimonios que aseguran que una parte de los integrantes de las Agc son reservistas o soldados profesionales retirados. Y tres, que en variados espacios internos de seguridad se menciona que no tienen suficientes unidades.

“En últimas, en Quibdó, Riosucio o Istmina, el Ejército como la Policía conoce donde están los centros de operaciones tanto de Eln como de las Agc, saben quiénes son los ‘puntos’ y no pasa mucho”, concluye Guerrero.

Intereses sobre el territorio

El informe muestra al Chocó como un botín, en especial los territorios poblados por comunidades negras e indígenas, y revela cuatro situaciones que lo afectan: cultivos de hoja de coca para uso ilícito, minería, megaproyectos y restitución de tierras.

Los cultivos de hoja de coca para uso ilícito requieren atención bajo el entendimiento de la situación de vulnerabilidad de las comunidades, pues es en esta economía que se soportan familias enteras, aunque riña con el sostenimiento de la diversidad biológica y cultural de este departamento. 

Las cifras indican que desde 2014 el país venía experimentando un incremento en las superficies hectáreas cultivadas de coca, siendo 2016 (146 mil hectáreas) y 2017 (171 mil hectáreas), los años de mayor cultivo, tiempo que coincide con la formalización e implementación del Acuerdo de Paz. 

Al compararlo con la situación de los departamentos del Pacífico (Valle del Cauca, Cauca y Nariño), Chocó ocupó el cuarto y último puesto en cultivos de hoja de coca en ambos años.

Pero la situación cambió en los años siguientes. Según cifras del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), para 2021, el Chocó registró la más alta extensión de cultivos ilícitos en décadas: 5.060 hectáreas, posicionándolo en el tercer puesto como departamento del Pacífico en producción por encima del Valle del Cauca.

Una mirada panorámica a este fenómeno revela que entre 2011 y 2021 se cultivaron 25.175 hectáreas de hoja de coca para uso ilícito en el Chocó.  A nivel local, en el municipio de Istmina se registra más del 21 por ciento de esos sembradíos ilegales.

De otro lado, la ubicación estratégica de Chocó hace que, además, “los grupos armados ilegales usen los ríos, carreteras y la salida al mar para traficar y movilizar  la coca producida en otras regiones del país”, explica el documento del CINEP. Es el caso de Bahía Solano, en donde en los últimos 10 años no se ha registrado cultivos de coca, pero hace parte de la cadena del narcotráfico, al ser una zona de importante tránsito y comercialización.

El 70 por ciento de la hoja de coca sembrada en el departamento (15.278 hectáreas) entre 2011 y 2018 se encontraba en tierras colectivas de comunidades negras y el cinco por ciento en territorios ancestrales de pueblos indígenas (1.095 hectáreas). Hecho que ejerce poder sobre los territorios de las comunidades étnicas, “violando la autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas y afrodescendientes”.

En las comunidad negras, el primer lugar lo ocupa el Consejo Comunitario General del San Juan con 7.247 ha (47,4 por ciento del departamento), seguido del Consejo Comunitario del Río Baudó con 2.594 hectáreas (17 por ciento) y del Consejo Comunitario Mayor de Nóvita con 2.295 hectáreas (15 por ciento). 

En relación con los resguardos indígenas en el Chocó, los de mayor número de hectáreas sembradas son: los Resguardos Catrú, Dubasa, Ankosó (Alto Baudó) con 298,2 hectáreas (1,3 por ciento), los Resguardos Bellavista–Unión Pitalito (Medio Atrato) con 145,59 (0,66 por ciento) y los Resguardos Ríos Torreido y Chimani (Bajo Baudó) con 124,98 hectáreas (0,5 por ciento).

Otro factor que convierte en botín al Chocó es que, literalmente, vale oro. En la actualidad, el departamento es el segundo mayor productor de oro en el país y en 2012 llegó a ser el mayor productor, según análisis del CINEP. Alto, Medio y Bajo San Juan han sido las regiones de mayor actividad aurífera y aunque desde 2012 la actividad minera por el metal precioso ha descendido en el departamento, otros minerales son codiciados.

Según el informe, el 16 por ciento del departamento está solicitado para la explotación de recursos, con un área total de 769.651,66 hectáreas: “Dentro de los solicitantes de los títulos mineros en el Chocó, la empresa Anglo American Colombia Exploration S.A. con 16 solicitudes es la que tiene mayor número, equivalente al 3,8% del total de las solicitudes con 37.387 ha; le sigue la empresa Anglo Gold Ashanti con 13 solicitudes que equivale al 3% del total de las solicitudes con 22.769 ha”.

Además, las solicitudes con mayor número de hectáreas las ha pedido Negocios Mineros S.A. con 10.282 hectáreas, localizadas en los municipios de Bagadó, Mistrató y Pueblo Rico; la empresa Alicanto Colombia S.A.S. con 10.179 hectáreas, ubicadas en el municipio del Litoral del San Juan; y a la empresa El Trapiche SOM con 10.123 hectáreas, situadas en el municipio de Carmen del Darién.

De otro lado están los títulos ya otorgados. A la fecha de publicación del informe, en Chocó había 170 títulos mineros. El 21 por ciento (36) están en etapa de construcción y montaje, el 54 por ciento (92) en etapa de exploración y el 24 por ciento (41) en etapa de explotación. Y son Exploraciones Chocó Colombia S.A.S y Anglo Gold Ashanti las empresas que tienen mayor control sobre los títulos mineros vigentes en el departamento.

VerdadAbierta.com había investigado a la empresa Exploraciones Chocó Colombia S.A.S por las tensiones que giraban en torno al antiguo proyecto Mandé Norte con la comunidad indígena de Uradá Jiguamiandó (Carmen del Darién y Riosucio). Este portal encontró que esta empresa hace parte de un grupo empresarial de cuatro corporaciones en Colombia, todas controladas por una empresa canadiense. (Leer más en: Proyecto minero inquieta a comunidades indígenas del Bajo Atrato)

“Siendo un territorio rico en recursos renovables y no renovables, la economía se ha concentrado en actividades extractivas lideradas por empresas que no han dejado capacidad instalada en la población, perpetuando así las condiciones de pobreza, marginalidad y desigualdad”, analiza el informe y concluye que los intereses sobre el territorio de las empresas pone en tensión las visiones de desarrollo de las comunidades ancestrales.

Sin embargo, la minería es una de las principales fuentes económicas de las comunidades negras de Chocó, por eso, existen 35 títulos en los que los consejos comunitarios se benefician de esta actividad, de los cuales 27 de estos están en manos del Consejo Comunitario mayor de Condoto Iró con un total de 19.918,04 hectáreas.

El caso del Consejo Comunitario de Condoto es reflejo de que la comunidad se beneficia efectivamente de la minería. En 2013 estas comunidades recibieron por parte de la Agencia Nacional de Minerías (ANM) títulos mineros para formalizar la minería artesanal, bajo esquemas de responsabilidad social y ambiental. 

“En esta zona existe el Programa Oro Verde, con certificados Fairtrade y Fairmined —sellos  que certifican oro de organizaciones mineras artesanales— para oro ecológico. Por esto, me atrevería a mencionar que se hace explotación con prácticas de preservación desde la sabiduría ancestral e identidad cultural”, dijo el subdirector del CINEP. 

El informe llama la atención sobre cuatro megaproyectos: El Puerto de Tribugá, la vía férrea hacia el Puerto de Tribugá, la Hidroeléctrica Talasá y la vía al mar Las Ánimas - Nula. En los cuatro casos de proyectos advierte riesgo de desplazamiento forzado. Sin embargo, la solicitud de concesión portuaria de Tribugá, impulsada por la Sociedad Portuaria Arquímedes S.A. (SPA), fue desestimado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en octubre de 2020. 

Comunidades en territorio, centros de investigación y organizaciones ambientales se habían opuesto a la megaobra, advirtiendo daños irreparables contra la biodiversidad pues con el proyecto se afectaba la Unidad Ambiental Costera Pacífico Norte Chocoano y el Parque Nacional Natural Utría. (Leer más en Nuquí, un paraíso donde se resiste bajo el imperio del miedo).

El Puerto de Tribugá iba a ser conectado con una vía férrea que tendría 92,43 kilómetros de longitud, 2 túneles y 7 puentes; por un costo de 34 mil millones de pesos. La vía afectaría a 400 mil personas de dos resguardos indígenas y cuatro consejos comunitarios. También se le une la vía conocida como “Las Ánimas - Nuquí”, un proyecto de 130 km que tendría los mismo impactos sociales que la vía férrea.

Sobre el proyecto que busca construir tres plantas hidroeléctricas en el río Atrato en jurisdicción del municipio Carmen del Darién, con la capacidad de producir cuatro veces la energía que hoy consume todo Chocó, conocido como Hidroeléctrica de Talasá, el CINEP señala que afectaría los territorios del cabildo El Fiera y del cabildo Sabaletas, además de la población campesina, mineros artesanales y habitantes tradicionales. 

A raíz de que la mayoría de estos proyectos cuentan con inversión extranjera, el CINEP advierte que la rentabilidad quedaría en manos de empresarios fuera del país, “y si bien cuentan con programas y proyectos para las poblaciones que los habitan, la percepción de los pobladores es que dicha contraprestación no es proporcional ni equitativa con las ganancias que podrían generar ni con los impactos que tienen sobre el medio ambiente y sus pobladores”. 

Cuando estos proyectos afectan territorios colectivos de comunidades negras o resguardos indígenas, la consulta previa es una obligación. Sin embargo, el informe ha identificado que en distintos casos, las empresas se acercan a las comunidades solo con el ánimo de cumplir con el requisito, y no abordan el derecho a la consulta previa como una garantía de participación efectiva en la discusión sobre las visiones de desarrollo sobre los territorios ancestrales.

Otro punto coyuntural es la tierra. La Unidad de Restitución de Tierras (URT) registra 128 procesos de restitución de derechos territoriales en Chocó. De los que 78 procesos (61 por ciento) son de  pueblos indígenas y 50 (39 por ciento) de comunidades negras, agrupando 39.038 familias étnicas del departamento. La subregiones del Litoral del Pacífico y el bajo Atrato han sido afectadas por estrategias de despojo violento. Allí se concentra el 67,18 por ciento de los procesos de restitución de derechos territoriales.

Uno de los casos más recordados es la Operación Génesis. En diferentes versiones dadas en los tribunales de Justicia y Paz se contó cómo a inicios de 1997 las Fuerzas Especiales 1 y Contraguerrillas 35, adscritas a la Brigada 17 del Ejército Nacional, con sede en Carepa (Antioquia), se aliaron con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) para atacar al Frente 57 de las Farc. Y en el proceso se desplazaron al menos cuatro mil personas de comunidades étnicas de Riosucio. (Leer más en Doce paramilitares fueron guías del ejército en la Operación Génesis: ‘el Alemán’ y “Vivimos en el territorio, pero no es nuestro”: mujeres del Bajo Atrato)

La extensión total del departamento de Chocó es de 4 millones 653 mil hectáreas, de las cuales 1 millón 272 mil hectáreas se han inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente en procesos étnicos. El 77 por ciento es reclamado específicamente por comunidades negras.

De estos, solo ocho casos están en posfallo y 30 en fase judicial. La mayoría (82 casos), se encuentran en fase administrativa, lo que equivale al 64 por ciento. “El hecho de que la mayoría de los procesos se encuentren en la fase administrativa, supone que la Unidad de Restitución de Tierras debe asumir el liderazgo y la responsabilidad”, explica el CINEP.

Sobre las comunidades que han sido beneficiadas con fallos de restitución hay varias anotaciones. Una de ellas es que las ocho sentencias han favorecido a pueblos indígenas, pero la que más llama la atención del CINEP es la baja implementación de las órdenes emitidas por los jueces. Las cuatro decisiones favorables que obtuvieron las comunidades Embera Katío, Embera Dobidá, Cuna y Tule en el municipio de de Unguía tienen un promedio de implementación del 35 por ciento, según otro estudio realizado por este centro de investigación.

¿Y el fin de la guerra?

Desde 2018, la Defensoría del Pueblo ha emitido para el Chocó más de 30 alertas tempranas, 4 advertencias y 2 informes de riesgo. 16 de esas alertas aún están vigentes con alrededor de 400.000 personas en riesgo. 

“La Paz Total requiere mucho más que fusiles en silencio. Es necesario transformar la realidad socioeconómica y política del Chocó para alcanzar una paz estable y duradera”, considera Guerrero. “No es posible pensar en una Paz Total sin transformaciones territoriales regionales e incluso sin una real implementación del Acuerdo Farc – Capítulo Etnico. Si es así, la brisa del Atrato se llevará lejos lo construido”. 

En el marco de la Ley de Paz Total, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha adelantado diálogos con el Eln para conseguir el silenciamiento de los fusiles. Sin embargo, eso no ha llevado a la suspensión de la guerra en regiones como el San Juan, en donde las Agc y el grupo guerrillero se disputan el territorio. Alias ‘Pablo Beltrán’, segundo comandante del Eln y jefe del equipo negociador, dejó claro en entrevista con Colombia +20 que los diálogos con el gobierno nacional no significan que esa organización alzada en armas esté en cese al fuego multilateral y por tanto deje de enfrentarse a las Agc.

Según el subdirector del CINEP, La Paz Total tiene  muchas preguntas y dudas en los territorios, especialmente con las decenas de procesos sociales con quienes la organización de investigación ha trabajado por décadas. (Leer más en: Carácter político, la ‘zona gris’ del proyecto de ley para someter a las bandas)

“Un Acuerdo Humanitario, ya por decir algo, es parte fundamental del éxito, pero en concreto ¿qué significa la participación de estas organizaciones étnico-territoriales y sociales en el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del cese al fuego (MVMV) para la consolidación de la Paz Tota’?”, se pregunta el investigador. 

Guerrero considera que es urgente que el gobierno nacional convoque a las organizaciones sociales y las escuche: “Ahora ¿somos nosotros los que debemos convocar o el mismo Gobierno quien debería tener la iniciativa? Esa pregunta siempre me resuena. Por nuestra parte estamos dispuestos a hacerlo ¿tendremos la respuesta de ellos? Falta ver”.

The post ¿A qué se debe la persistencia de la guerra en Chocó? appeared first on VerdadAbierta.com.

Mientras la mayoría de los colombianos iniciaban 2022 llenos de propósitos y esperanzas, en el departamento de Arauca, zona limítrofe con la República Bolivariana de Venezuela, la guerrilla del Eln y disidentes de las antiguas Farc se enzarzaron en una guerra cuyos blancos son organizaciones comunitarias y líderes sociales.

La primera semana del año tiñó de rojo a los araucanos: 27 personas fueron asesinadas de manera selectiva y no hacían parte de las hostilidades. La Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal corroboraron que la mayoría de las víctimas fueron ajusticiadas con tiros de gracia. Los municipios de Saravena, Fortul y Arauquita se tornaron en escenario de ejecución armada. (Leer más en: Arauca, bajo un conflicto armado más allá de las drogas ilícitas)

Los días 10 y 19 de enero, las miradas del país se concentraron nuevamente en Saravena. En el primero de ellos, la sede de la Empresa de Acueducto Comunitario fue atacada con grandas; y en el segundo, un carrobomba fue detonado en inmediaciones de la sede de varias organizaciones sociales. El último de los hechos se lo atribuyó la disidencia del Frente 28 de las Farc, que reivindicó el ataque porque supuestamente esa sede era “el centro de mando” de uno de los frentes urbanos del Eln.

En la esquina opuesta del país las armas de grupos surgidos tras la dejación de armas de las Farc también dejaron su estela de sangre. Fueron accionadas contra miembros de la Guardia Indígena del norte del departamento de Cauca.

El 17 de enero fue asesinado Breiner David Cucuñame, de 14 años de edad, quien velaba por la protección del medio ambiente; y el 24 enero, Albeiro Camayo, curtido líder de la Guardia Indígena, quien la dirigió durante varios años, fue sacado de su casa y ejecutado enfrente de la comunidad. Ambos cuidaban al resguardo de Las Delicias, ubicado en el municipio de Buenos Aires. Se presume que fueron asesinados por disidentes de la Columna Móvil Jaime Martínez.

Por otro lado, los efectos de la guerra que libran en la región Pacífico el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), grupo surgido tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia entre 2003 y 2006, han producido graves afectaciones humanitarias, con asesinatos, desplazamientos forzados y confinamientos de comunidades negras ubicadas en el sur de Chocó y Buenaventura. (Leer más en: Denuncian etnocidio en la región del San Juan)

Además de esas acciones frontales por parte de grupos armados ilegales contra comunidades o colectivos específicos, otras formas de violencia persistieron en el pasado mes de enero: se perpetraron 13 masacres en diez departamentos; y, de acuerdo con registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 14 líderes sociales fueron asesinados en siete departamentos.

Y, como si fuera poco, en medio de ese cruento panorama, miembros de la Policía y del Ejército Nacional, sufrieron atentados con explosivos y ráfagas de fusil en diferentes municipios de Norte de Santander, Cesar, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca. Algunos uniformados perdieron la vida y la mayoría resultaron heridos.

Esa ola de violencia demostró que nadie está exento de ella: el pasado 27 de enero en Guaviare, una delegación de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, que acompaña la implementación del Acuerdo de Paz, fue retenida por disidentes que incineraron dos de sus vehículos, al salir del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Colinas, en donde excombatientes de las Farc que siguen firmes con el proceso de paz, luchan por lograr su reincorporación a la vida civil.

¿Por qué esa violencia?

Diferentes analistas e investigadores del conflicto armado consultados por este portal coinciden en que la actual crisis humanitaria y las afectaciones de orden público son producto de dinámicas regionales de los grupos armados ilegales que vienen de tiempo atrás.

Jorge Mantilla, director del Área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), se remite a la comparación de indicadores para explicar lo acontecido en este arranque de año: “La situación de orden público, pero sobre todo los impactos humanitarios por la confrontación entre grupos armados, vienen aumentado desde el año pasado: 2021 cerró con unos niveles de desplazamiento forzado similares a los de 2011, los más altos en la última década; también cerró con un incremento de la tasa de homicidios, lo cual no sucedía hace varios años”.

Por esa razón, indica que hay un claro deterioro en materia de seguridad, que en gran parte se explica por la disputa entre grupos armados en diferentes regiones del país. Y precisa: “Estamos atravesando por un proceso de reconfiguración de las disidencias y de expansión en el suroriente; una consolidación o asentamiento de la disidencia de ‘Gentil Duarte’; y una disputa entre la Segunda Marquetalia, ‘Gentil Duarte’ y el Eln en el suroccidente; y en Chocó hay disputa entre Eln y Clan del Golfo (también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia)”.

Esa visión es compartida por Camilo González Posso, director de Indepaz, quien señala que dichos enfrentamientos han cobrado características de guerra locales, con niveles extremos en Arauca y Cauca. Sin embargo, advierte sobre una gran diferencia entre los meses de enero de 2021 y de 2022: el año pasado la violencia era más ‘sutil’ y estaba dirigida hacia líderes sociales por medio de ataques sicariales, ahora son hechos de mayor envergadura.

“Lo que hace más crítica la situación son los enfrentamientos. Hay un contraste porque hay más enfrentamientos, pero menos asesinatos de líderes sociales (14 en enero de 2022), si se comparan con el año pasado (19 en 2021); lo mismo ocurre con los asesinatos de excombatientes de las Farc, que han disminuido”, sostiene González.

Y agrega: “Tenemos ese panorama contradictorio, en donde los combates son más graves y hay más acciones militares de grupos armados, no sólo entre ellos y contra organizaciones sociales, sino también hacia la Fuerza Pública. En los periodos anteriores la violencia fue más mimetizada y local, en cambio ahora tenemos fenómenos de violencia subregional”.

Para Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses (CORE), los actuales repertorios de violencia no son nuevos y vienen en aumento desde 2017: “No es nada nuevo y se dan en contextos de disputa territorial, como lo hemos visto en Arauca, Cauca, Nariño, sur de Chocó, Buenaventura y sur de Bolívar. Son decisiones estratégicas para tratar de debilitar al enemigo y/o lograr el control territorial. La gran diferencia es Arauca, el resto es un poco igual”.

El factor Eln y las elecciones

Luis Celis, analista de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), advierte que las acciones militares del Eln están relacionadas con los comicios de los próximos meses, en los que se elegirán a los próximos Senadores, Representantes a la Cámara y al Presidente de la República.

“Estamos en un periodo preelectoral, entonces ellos decidieron hacerse visibles. Hubieran podido tomar un camino contrario de distensión del conflicto, de un cese unilateral. En octubre pasado, Defendamos la Paz (movimiento ciudadano que impulsa la implementación del Acuerdo de La Habana) les escribió a todos los actores armados organizados ilegales que hicieran un cese unilateral por la época de elecciones. El Eln no se dio por aludido, no respondió nada”, indica Celis.

Y reitera: “Escogieron el camino de hacerse civiles con su accionar organizado de enfrentar a la Fuerza Pública, de enfrentar a la Policía. Entonces el año empezó con la pelea entre el Eln y las Farc en Arauca, pero eso es otra historia porque es una pelea entre irregulares y luego continuó con el ataque al Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional) el 7 de enero en Cali”.

Ese planteamiento es compartido por Mantilla, de la FIP, quien considera que, por medio de los ataques contra el Ejército y la Policía, el último grupo guerrillero del país busca insertarse en la agenda política y electoral del país: “Es un año electoral y el cierre del gobierno de Duque genera la posibilidad de que el próximo, abra o no, unos eventuales diálogos. Allí hay una apuesta que para el Eln puede ser importante. Eso explica el incremento de ataques contra la Fuerza Pública en la última semana”.

Por otro lado, para Carlos Medina Gallego, investigador de la Universidad Nacional de Colombia, la seguidilla de ataques del Eln contra las Fuerzas Armadas y sus aliados de inteligencia internacional, obedecen a la confrontación de la guerra con guerra.

“Esos son blancos permanentes del Ejército de Liberación Nacional, entonces que estén atentando contra las bases militares hace parte de su política de confrontación. Lo que habría que preguntar es cómo pasaron cuatro años de gobierno y el presidente Iván Duque no fue capaz de continuar las mesas de conversación con el Eln, colocando unas líneas rojas que hicieron inviable un proceso de diálogo con ellos, que bien o mal, había comenzado en el proceso de Juan Manuel Santos”, cuestiona Medina Gallego

En cuanto al gobierno nacional, varios son los interrogantes sobre su accionar en los diferentes focos de violencia que azotan al país. La respuesta del Ejecutivo ha sido la siempre: cuando sucede un hecho que conmociona a la opinión pública, aumentar el pie de fuerza y ofrecer recompensas. Medidas que no han dado resultados.

¿Sin salida?

Para González Posso, de Indepaz, el gobierno nacional debería considerar que el conjunto de la población de los departamentos que se encuentran en ‘llamas’ por el accionar de grupos armados ilegales está siendo víctima.

“Tiene que tener una atención social y humanitaria privilegiada, y no escenarios de ocupación militar para una guerra con esos grupos armados. Declarar territorios en emergencia humanitaria y no territorios de guerra; a partir de allí desarrollar una estrategia de seguridad humana y buscar el monopolio de la fuerza, pero sin descuidar los componentes de apoyo social”, propone.

Mantilla también se refiere sobre la posibilidad de cambiar la política de seguridad: “Hay una necesidad de replantear la estrategia de seguridad, pero eso ya le tocará al próximo gobierno. La estrategia del presidente Duque se enfocó en afectar a los grupos armados, particularmente a sus cabezas y objetivo de alto valor, como el caso de ‘Otoniel’ en el Clan del Golfo; como ‘Fabián’ en Chocó y ‘Uriel’ con el Eln. Es una política que se ha enfocado en afectar a los grupos criminales, en copar militarmente territorios y en erradicación de cultivos ilícitos”.

Ante ese panorama, el investigador de la FIP señala que, lastimosamente, esa decisión “no se tradujo en disminución de la violencia, ni mucho menos en la protección de los civiles. Hay que hacer un replanteamiento frente a la política de seguridad y las nuevas amenazas. Grupos como el Eln, el Clan del Golfo y las disidencias no se pueden contener de la misma manera como se hizo con las Farc: esa reedición de la Seguridad Democrática 2.0 carece de una lectura acertada de la naturaleza de las amenazas”.

En un sentido similar se pronuncia Johnson, de CORE: “El Estado tiene que actuar con una política de seguridad más adecuada y adaptada al contexto de guerras locales, la búsqueda de control territorial y la protección de la protección civil”.

Para ello, a su juicio, es necesario implementar las disposiciones del Acuerdo de Paz de manera integral, pero teniendo presente que son de largo plazo y que deben complementarse con otras políticas, “como una reforma al sector seguridad, quizás un nuevo programa de sustitución porque el del Acuerdo de Paz no ha funcionado mucho, fortalecimiento del Estado en lo local y lucha anticorrupción”.

A falta de un timonazo, el desangre y el sometimiento de la población civil por medio de los fusiles continúa. Al cierre de este artículo, se conoció que Hermen Naranjo Quintero, quien fue secuestrado y sacado de su casa por hombres armados el pasado martes en Tame, Arauca, fue asesinado el día de ayer.

#Urgente Esta mañana fue secuestrado el señor Hermen Naranjo Quintero en la vereda #Corocito municipio de #Tame se lo llevaron de su casa
Ayúdennos a difundir por favor
Necesitamos urgente corredores humanitarios en #Arauca @MisionONUCol@DefensoriaCol#SosArauca pic.twitter.com/fShSGAdEV7

— Mayerly Briceño (@Mayeb96) February 1, 2022

Mientras el gobierno nacional sigue insistiendo en medidas ineficaces y guarda silencio ante los arbitrarios señalamientos que hacen los grupos armados sobre la población civil, para justificar las ejecuciones que están realizando de supuestos colaboradores de sus enemigos, las muertes en el campo se suceden una tras otra. Las comunidades rurales tienen a los grupos armados apuntándoles de frente y a la institucionalidad dándoles la espalda.

The post El coletazo de la violencia del año pasado arremete con fuerza en 2022 appeared first on VerdadAbierta.com.

La guerra entre ‘elenos’ y ‘gaitanistas’ cobró hace pocos días la vida de un líder social y una niña de diez años de edad. El temor de las comunidades negras es que esa confrontación se extienda y afecte a otras comunidades del sur del departamento de Chocó.

“Para acá, en la zona de Nóvita, Sipí e Istmina, se escucha que van a entrar. Es algo bastante impresionante, a uno le da como miedo ir a sus quehaceres al monte. Estamos acá… a la espera de Dios… de lo que pase. Es una guerra que se desató… sin fin, digámoslo así”, lamenta un lugareño del Bajo San Juan. Su voz expresa el miedo que siente su comunidad por la posible expansión de violencia, después de vivir varios días felices durante las festividades del fin de año.

En medio de los jolgorios decembrinos, corrió el rumor de que los actores armados ilegales que se disputan el control de la región del San Juan, en el sur del departamento de Chocó, dejarían a las comunidades pasar las fiestas en paz, dándole así un respiro a los pobladores al infierno que se desató a mediados del año pasado luego de la ruptura del acuerdo de no agresión que habían logrado la guerrilla del Eln y las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). (Leer más en: Comunidades del San Juan vuelven a quedar entre las balas y En menos de un mes, el San Juan se volvió un infierno)

Según voces de la región, en junio del año pasado concluyó el pacto que establecía que el territorio de las Agc iba desde la parte urbana del municipio de Istmina hasta la región geográfica conocida como Los Remolinos de La Unión (municipio de Medio San Juan); y el del Eln se extendería desde la comunidad negra de La Unión (Medio San Juan), hasta la comunidad negra de Palestina (Litoral del San Juan).

Las comunidades no saben qué organización emitió el mensaje, si el Eln o las Agc, pero lo cierto es que respiraron algo de tranquilidad durante sus fiestas de fin de año con el silencio de los fusiles. Pero esa calma fue temporal: al despuntar el nuevo año las armas volvieron a activarse, dejando en el medio a las comunidades negras e indígenas del San Juan.

“En San Miguel, el 3 de enero en las horas de la mañana, se escucharon los primeros rafagazos en el monte, al frente del pueblo, al otro lado del río”, cuenta un poblador de esa comunidad, a quien por razones de seguridad se le omite el nombre. “La gente empezó a alarmarse y muchos de la comunidad al día siguiente empezaron a salir. Los que habían ido a pasar la temporada decembrina con sus familiares y que tenían proyectado salir mucho después, por los rafagazos, empezaron a salir desde el 4 de enero”.

La situación se agravó siete días después cuando guerrilleros del Eln llegaron hasta Paimadó La Rancha, corregimiento del municipio de Medio San Juan, que antes de la ruptura de los acuerdos de no agresión estaba controlado por las Agc. Los alzados en armas amedrentaron a la comunidad, obligaron a las familias a reunirse contra su voluntad en la plazoleta de lugar, mientras, según algunos habitantes, saquearon algunos bienes de las viviendas y negocios, y quemaron una embarcación.

Finalmente, se llevaron a Nilson Antonio Velásquez Gil, de 51 años de edad. “Ellos presumieron que era una persona que hacía parte de las Agc, pero según el testimonio de las comunidades de la región era un líder que había venido ejerciendo la labor del liderazgo históricamente en la comunidad”, explica un vocero de la región.

Cuatro días después, el cuerpo de Nilson Velásquez apareció sin vida en una playa del corregimiento de San Miguel.

Un día después del secuestro de Nilson, hombres armados de las Agc ingresaron al caserío de la comunidad de Paimadó La Rancha buscando a los guerrilleros, pero sin tener éxito. Lo que sí lograron fue que el miedo se profundizara entre las familias de la región, ocasionando un desplazamiento masivo hacia el casco urbano del municipio de Istmina.

Entre minas y armas

“Podemos afirmar —se lee en un comunicado divulgado el pasado 17 de enero por el Consejo Mayor de Acadesan— que las comunidades negras del río San Juan están cada vez más en alto riesgo de extinción física y cultural: es decir, hay un etnocidio en curso”.

El documento precisa que desde el comienzo de este 2022 las comunidades en la región del San Juan que pertenecen al consejo comunitario se encuentran en una situación de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, entre las que se destacan “el confinamiento, la restricción de la libre movilidad, que impiden el acceso a bienes y servicios para garantizar el derecho al mínimo vital de las comunidades. Estas comunidades tienen muchas carencias en relación con los derechos económicos y sociales, que se ven agravadas por estos hechos”.

En el comunicado, las autoridades negras precisaron que, en un inicio, la comunidad de Paimadó la Rancha permaneció confinada por los hechos de violencia y la sospecha de presencia de minas antipersonal, de las que no se tiene certeza qué grupo las instaló, agravándose el panorama humanitario, pues les impidió “continuar las actividades de aprovechamiento de los cultivos de pancoger u otras actividades productivas” y con eso su alimentación se vio comprometida.

La situación forzó el desplazamiento de por lo menos 140 familias, equivalente a 298 personas, que se encuentran resguardadas en la sede del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) en Istmina ante la falta de albergues adecuados en ese municipio y en el de Medio San Juan cuentan con un albergue u otra infraestructura para atender a víctimas de desplazamiento masivo.

“Por esos hechos también sufrieron afectaciones las comunidades de Chaqui del municipio de Istmina y Calle Fuerte del municipio de Medio San Juan, dado los hechos presentados y la sospecha de minas antipersonales”, resalta el comunicado; por eso 16 familias (33 personas) de Calle Fuerte y otro tanto de Chaqui, del que no se tiene datos exactos, también se desplazaron a Istmina.

Líderes de la región resaltan que en esas condiciones de aglomeración les preocupa el incremento de casos positivos de Covid-19 y de síntomas gripales que, según la Comisión de Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas de Chocó, ha cobrado la vida de once niños indígenas desde el pasado 22 de diciembre.

Tanto encontrarse con actores armados o minas antipersonal en los predios en los que trabajan estas comunidades negras ha ocasionado que dejen abandonadas sus fincas. Líderes de la región explican que en Dipurdú del Guásimo y San Miguel registran víctimas civiles. Además, las autoridades locales del corregimiento de San Miguel han identificado tres artefactos explosivos en predios de miembros de esa comunidad, pero las gestiones de desminado no tienen señales de empezar pronto.

“La gente dice: ‘Bueno, o nos atienden acá donde estamos o nos vamos para Istmina y la cabecera municipal de Medio San Juan, las autoridades verán qué hacen con nosotros allá. Va a llegar un momento en que la gente no va a aguantar”, anuncia, con desazón, un líder local.

Valeria y un sueño segado

En retaliación a la incursión del Eln en Paimadó La Rancha, el pasado 15 de enero, las Agc hicieron presencia en Dipurdú del Guásimo, territorio controlado por el Eln. Los ‘gaitanistas’ entraron haciendo tiros intimidatorios, sacaron a la comunidad de sus viviendas y la reunieron en la cancha.

Valeria Murillo, de 10 años de edad, fue víctima fatal tras esa incursión armada. “Llegaron a la casa de la niña —cuenta una voz de la comunidad—. La mamá de la niña bajó con la hija mayor al sitio de la reunión. En la casa se quedó el papá con Valeria. Hasta allí llegó un paramilitar a acosarlo para que asistiera. El poblador le dijo que esperara un momento mientras apagaba la estufa porque estaba calentando una comida y pensando en no correr el riesgo de que se le pudiera incendiar su casa.

En reacción a esa petición, el ‘gaitanista’ lo insultó y disparó hacia un lado de la casa con la intención de asustar al papá de Valeria. “Ahí el señor escuchó un grito: ‘Papi, me mataron’. La bala le atravesó el cuello a la niña. La niña sólo alcanzó a decir: ‘Papi, me mataron’”. Valeria soñaba con ser maestra de baile.

Aquel día también secuestraron al joven Juan Jesús Lerma Murillo. Al día siguiente, la comunidad encontró su cuerpo sin vida y con signos de violencia en una playa cerca al corregimiento de Dipurdú del Guásimo.

“Esto ha generado el confinamiento de al menos 1.400 personas”, se lee en el comunicado de Acadesan. De ser por la comunidad, también se hubieran desplazado, pero los ‘gaitanistas’ fueron claros en ordenar que no podían abandonar el lugar.

“El Ejército está muy cerca de Dipurdú —comentan en la región—. Está en un pueblo que se llama Isla de la Cruz y no entendemos cómo estando tan cerca no hay un accionar del Ejército frente a lo que está pasando en el territorio”.

Según Acadesan, el día en que apareció el cuerpo sin vida de Lerma “se presentó un nuevo hecho de desplazamiento forzado de la totalidad de la comunidad de Negría (Medio San Juan), aproximadamente 68 familias (alrededor de 260 personas), principalmente hacia las comunidades de Doidó (Istmina) y Chambacú (Sipí). Hasta el momento no se ha comenzado la atención de estas comunidades y nos encontramos en proceso de recaudar la información del censo de las víctimas. Estas comunidades no cuentan con combustible para movilidad, están sin comida y, por lo tanto, padeciendo hambre”.

Los líderes regionales son incisivos en reclamarle al Estado medidas preventivas y de protección colectiva que amparen a todas las comunidades que hacen parte del título colectivo de Acadesan, un reproche antiguo, pues han pasado más de dos años de iniciada la ruta de protección colectiva a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y casi cuatro años después del que el Juzgado de Restitución de Tierras de Quibdó ordenara implementar medidas de protección colectiva, pero hasta el momento las familias negras del San Juan siguen desprotegidas y en medio de una confrontación armada que parece no tener fin.

“Además de la responsabilidad directa de los actores armados, las instituciones civiles del Estado tienen responsabilidad por omisión e incumplimiento de sus obligaciones: esta tragedia es responsabilidad de ustedes, señores y señoras del Estado, que se han negado a cumplir lo establecido en la Constitución, que han preferido callar y ser cómplices, para proteger la comodidad de sus bien remunerados puestos de trabajo, para evitar las molestias que a veces genera defender los derechos”, sentencia el comunicado de Acadesan.

The post Denuncian etnocidio en la región del San Juan appeared first on VerdadAbierta.com.