Por lo menos 60 mil cajas de diferentes tamaños, en las que reposan cientos y cientos de documentos, así como otro tipo de soportes, como cassettes, disketes y discos duros, integran el fondo documental del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que será declarado como Bien de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico la semana entrante.

La medida, conocida por este portal, fue tomada ayer por el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación (AGN) y con ella se pretende organizar, conservar y salvaguardar un archivo que contiene información desde 1953 hasta el 2014 y en el que hay dos clases de conjuntos documentales: los misionales, referidos a los procesos de inteligencia y contrainteligencia; y los administrativos, entre los que se incluyen los gastos reservados.

El Comité Evaluador de Documentos es una instancia colegiada del AGN del que también hacen parte el Ministerio de Cultura, la Academia Colombiana de Historia y el Colegio Colombiano de Archivistas.

La declaratoria de Bien de Interés Cultural está en consonancia con lo planteado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Auto OPV 182 del pasado 25 de abril, mediante el cual le pidió al Archivo General de la Nación, “como ente rector de la política archivística del país”, que realizara “el diagnóstico integral, clasificación, organización e inventario técnico de todos los archivos que tiene bajo su custodia”.

De esa manera, la JEP dejó en firme las medidas cautelares tomada en el Auto 001 del 12 de marzo de 2018 y a través de las cuales le ordenó al gobierno nacional “que los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad sean puestos a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz, permaneciendo bajo custodia del Archivo General de la Nación”.

En términos concretos, lo que permitió la decisión de la JEP de abril pasado es desatar el sello que pesa sobre los archivos del DAS y comenzar a trabajar en la recuperación, organización y clasificación de los documentos con la expectativa de sea de consulta pública cuando todo ese trabajo esté listo.

Desde el 2012, cuando recibió ese fondo documental, el AGN simplemente era un custodio de todo ese material, pues no se le había autorizado adelantar ningún proceso gestión, más allá de tenerlo guardado. Las autorizaciones de consulta dependían de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Una vez la JEP dejó en firme las medidas cautelares, un grupo de diez organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos radicaron a comienzos de este mes ante el AGN una solicitud para que se declara el Fondo del DAS como Bien de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico y se les reconocería de manera expresa su condición de Archivos de Derechos Humanos.

Las organizaciones argumentaron que los archivos de inteligencia y contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS “conservan especial interés histórico por su potencial de contribución a la memoria histórica, la justicia transicional y la construcción de paz, así como por su utilidad jurídica y estrecha relación con la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, que los constituye como bien integrante del patrimonio cultural de la Nación”.

Por su parte, el Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda, otra organización de la sociedad civil defensora de derechos humanos, también presentó similar solicitud, sustentándola en el valor simbólico de los archivos de inteligencia y contrainteligencia y gastos reservados: “Pues representan el incumplimiento de varias de las obligaciones del Estado para con sus residentes, de modo tal, que si da a conocer al público en general, las acciones del DAS se podrá saber lo que sucedió y permitirá que hechos similares no se vuelvan a dar”.

Conocedores del tema archivístico le explicaron a este portal que esta declaratoria es una medida especial de protección que evita que sea fragmentado, que no vaya a ser objeto de expropiación, de enajenación o de cierre de su contenido por alguna decisión arbitraria de alguna autoridad, y se garantice el principio de integridad y su máxima divulgación.

Supresión del DAS

¿Qué factores rodearon la supresión del DAS y por qué cobran importancia sus archivos de 61 años de existencia? Su historia institucional está llena de agujeros negros en los cuales hay criminales alianzas con narcotraficantes y paramilitares que hicieron parte de una cruenta estrategia para combatir la insurgencia en el país y, de paso, atacar sectores alternativos asociados a la izquierda.

Este organismo de seguridad se creó mediante el Decreto 1717 del 18 de julio de 1960 y sustituyó al entonces Departamento Administrativo del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), que constituyó en 1953 el gobierno del presidente Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957).

Las tareas misionales de este organismo de seguridad se centraron tres actividades concretas: “Ejercer las funciones de Policía Judicial, como auxiliar de la rama Jurisdiccional, del Ministerio de Justicia y del Ministerio Público, cooperando en la investigación de los delitos; Cooperar al mantenimiento del orden público bajo la dirección del gobierno y en estrecha colaboración con la policía nacional; Llevar el registro de los extranjeros en el territorio nacional y vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre extranjería”.

No obstante, con el paso de los años se fortaleció su carácter de inteligencia y contrainteligencia, y comenzó a hurgar en la vida de quienes no eran compatibles con los gobiernos de turno. Se convirtió en una especie de Policía Política ligada a la Presidencia de la República y desarrolló cuestionables líneas de espionaje para recabar información sobre los potenciales “enemigos”.

Tal como lo expuso este portal en su micrositio Guerra Sorda, de cuenta del extinto DAS, el país vivió por varias décadas “entre salto y salto de escándalos noticiosos sobre detectives, chuzadas, dispositivos de espionaje, seguimientos y operaciones encubiertas, legales e ilegales, información y contrainformación”.

Con el escalamiento del conflicto armado y la irrupción de la ‘solución’ paramilitar, este organismo se convirtió en parte fundamental de la estrategia contrainsurgente y se articuló con organizaciones armadas ilegales como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), participando de manera conjunta en la comisión de decenas de crímenes en diversas regiones del país. (Leer más en: Los ‘paras’ y el DAS)

Su punto más alto de corrupción lo marcaron dos circunstancias: la desmovilización colectiva de las estructuras paramilitares asociadas a las Auc, que comenzó en noviembre de 2003 y finalizó en agosto de 2006; y la entrada en comparecencia de los exparamilitares a los tribunales de Justicia y Paz para contar las verdades a su paso por la guerra.

En sus versiones comenzaron a saltar las clavijas de su memoria y a brotar las relaciones criminales que establecieron paramilitares y funcionarios del DAS, no sólo para garantizar altos niveles de impunidad, sino para avanzar en la derrota de la insurgencia armada, la izquierda civil y sectores políticos críticos. (Leer más en: El espía del DAS que persiguió a Alfredo Correa de Andréis)

En ese camino de verdades y de acciones de la justicia contra quienes apoyaron políticamente la causa paramilitar, el DAS apareció con fuerza como un aliado de la Presidencia de la República, bajo la administración de Álvaro Uribe (2002-2010), para intervenir teléfonos, hacer seguimientos, perfilar y fraguar complots contra magistrados e investigadores de la Corte Suprema de Justicia para socavar sus tareas e impedir las investigaciones contra sectores de la clase política que respaldaron y se aliaron con las Auc. 

Adicional a ello, en ese gobierno también se adelantaron seguimientos y se realizaron interceptaciones contra periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición críticos con la administración de Uribe Vélez. (Leer más en: El DAS y la gran conspiración contra la justicia)

Este espionaje ilegal ocurrió entre 2005 y 2009, cuando estaban en su punto más alto las indagaciones y acciones judiciales contra congresistas vinculados a las Auc y que obtuvieron sus curules mediante procesos de coerción armada y compra de votos en regiones fuertemente paramilitarizadas.

Ante esos hechos y denuncias, que llevaron a varios de sus más altos funcionarios a la cárcel, el presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) decidió suprimir el DAS a través del Decreto 4057, fechado el 31 de octubre de 2011.  

¿Cuánto de esa historia criminal y de espionaje contra todas aquellas personas que consideraban sus “enemigas está documentada en los documentos misionales y administrativos del extinto DAS? 

Protección especial

La petición de la declaratoria de Bien de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico del fondo del DAS se sustentó en dos razones fundamentales: su valor histórico y su valor simbólico. 

Así quedó plasmado en la solicitud: “[…] reviste interés simbólico e histórico para las víctimas y organizaciones sociales que actualmente reclaman el derecho a la verdad, justicia y búsqueda de garantías de no repetición, que hacen necesario e imperioso conservar esas huellas históricas mediante la protección del fondo documental considerando que, en él, se encuentra información y registros de evidencias de infracciones a los Derechos Humanos a las que fueron sometidas las víctimas por parte de la entidad”.

Adicional a ello, se resaltó su valor académico, por cuanto su organización y conservación, de cara a una futura apertura al público, lo convierte en un fondo de “especial interés para la academia en general y los procesos de producción académica e investigativa, dado su valor histórico que aporta datos relevantes sobre infracciones a los derechos humanos”.

Otra consideración expuesta es que también podría ser clave para contribuir al esclarecimiento de algunos hechos criminales en procesos judiciales ordinarios y transiciones, y ante instancias internacionales, lo que permitiría complementar el mapa de lo ocurrido e identificar quiénes fueron responsables, con lo que habría garantías en la lucha contra la impunidad y en la reivindicación de los derechos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

Valorados esos argumentos el Comité Evaluador de Documentos de la AGN aceptó la solicitud y determinó declarar el fondo del DAS como Bien de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico. La resolución será expedida la próxima semana.

Lo que se viene ahora es una mayor apropiación de recursos para iniciar la etapa de diagnóstico de los contenidos de este fondo documental con el fin de establecer cuántos profesionales se requieren y por cuánto tiempo, qué equipos se necesitan y cuáles serán los procesos técnicos prioritarios para abrir cada caja y proceder a limpiar, clasificar y describir los documentos con el fin de ponerlos al servicio del público. 

En un trabajo de prediagnóstico adelantado hace varias semanas, el AGN invirtió cerca de 100 millones de pesos. El resultado fue que el conjunto de documentos administrativos tiene algunos listados e inventarios, pero de lo misional no se tiene ninguna información, lo que exigirá empezar de cero.

Este portal pudo establecer que el proceso que se inicia con la Declaratoria de Bien de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico no será a puerta cerrada y se invitará a organizaciones de la sociedad civil para que sean veedoras de los pasos técnicos que se darán, con lo que se garantizará mayor transparencia y máxima divulgación.

Actualización: El Archivo General de la Nación, a través de la Resolución N. 545, fechada el 11 de julio de 2023, declaró los archivos del DAS como “Bien de interés Cultural de Carácter Documental Archivístico del ámbito nacional público”.

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Corrupción, nepotismo, mal uso de recursos, baja moral, falta de aprendizaje de los errores del pasado, liderazgo deficiente, carencia de planificación estratégica e indiscutidas alianzas con grupos paramilitares son algunas de las características que el cuerpo diplomático estadounidense destacado en Colombia le atribuyó al Ejército Nacional a finales de la década de los noventa.

Buena parte de los comentarios plasmados en documentos que, en su momento, fueron clasificados como “secretos” o “confidenciales”, se conocieron luego de que The National Security Archive (NSA) publicara el pasado lunes un artículo en que aludió a las sospechas que tenían en la capital norteamericana sobre los supuestos nexos del expresidente y exsenador Álvaro Uribe con organizaciones paramilitares y del narcotráfico en las décadas de los ochenta y noventa.

El paquete de reportes que contiene información del país de por lo menos 25 años fue desclasificado por el gobierno estadounidense en respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) presentada por la organización norteamericana NSA.

Pero más allá de la coyuntura para el país, en momentos en que se discute si Uribe tuvo vínculos con grupos paramilitares y se valió de ellos para potenciar su carrera política, en buena parte de los documentos en los que la NSA basa su artículo quedó plasmada una crítica radiografía del Ejército colombiano, justo en una época en la que avanzaba el paramilitarismo sin mayor contención hacia zonas donde operaban las guerrillas de las Farc y el Eln, y en las que había enclaves de producción de cocaína.

Desde 1985, el NSA ha recolectado y analizado documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos a partir de la Ley por la Libertad de la Información. Para el año 2014 la organización tenía en su poder más ocho mil archivos sobre Colombia en los que figura desde información sobre el Cartel de Medellín o la toma del Palacio de Justicia, hasta los nexos documentados de la empresa Chiquitas Brands con organizaciones paramilitares o las chuzadas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Michael Evans, uno de los analistas de la NSA que más ha trabajado en la desclasificación de documentos referidos al país, le dijo a este portal hace un par de años, durante una entrevista, que “es más fácil acceder a información sobre Colombia en Estados Unidos que en Colombia”.

Críticas fuertes

Las percepciones sobre el Ejército quedaron registradas en uno de los reportes que altos funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Colombia enviaban constantemente a sus superiores en Washington para informar sobre lo que venía ocurriendo en el país. El más crítico está fechado el 3 de marzo de 1998. (Descargar documento)

Era el último año presidencial de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) y un hombre que para la época ya era un oficial retirado del Ejército mantuvo una conversación con funcionarios de la embajada estadounidense destacados en Bogotá, en la cual acusaba al Ejército de ser una institución con serios problemas de control, corrupción y alianzas con organizaciones paramilitares.

La fuente de la embajada describió los problemas que tuvo el Ejército entre 1986 y 1996. En su relato a los funcionarios diplomáticos, resaltó que a partir de la toma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, las Fuerzas Militares sufrieron un cambio significativo, pero las razones no son claras porque el documento está intervenido para proteger apartados de información, entre estos la identidad del oficial retirado; sin embargo, fue enfático en señalar que el Ejército tenía un serio problema para aprender de los errores del pasado y carecía de estrategia y liderazgo.

El reporte consignó que los soldados, citando a la fuente entrevistada, “no quieren combatir, sienten que no es su guerra, sino la guerra de los políticos y los generales”. Además, la fuente de la embajada culpó de la baja moral de las tropas a la división entre la clase política gobernante y los militares, y entre los altos oficiales.

En el campo de batalla, esas debilidades estaban siendo develadas a través de varias derrotas propinadas por la extinta guerrilla de las Farc, entre ellas la emboscada al grupo de Caballería en Puerres, el 15 de abril de 1996; la toma de la base militar Las Delicias, el 30 de agosto de 1996; y el ataque al cerro Patascoy, el 21 de diciembre de 1997.

Esas acciones subversivas, que costaron vidas y en las que resultaron secuestradas decenas de integrantes de la Fuerza Pública, significó para el Ejército humillación y deshonra, que repercutió en el espíritu militar.

El crecimiento de las tropas insurgentes era una situación notable que repercutió en el impacto de sus acciones. La embajada anotó en el documento que para 1998 estimaba alrededor de “125 mil soldados del ejército colombiano y probablemente no más de 18 mil guerrilleros en total”, lo que significaba una relación de siete militares por cada guerrillero.

En su relato, el oficial retirado expresó ante los funcionarios norteamericanos su preocupación porque el Ejército estaba prestando servicios de seguridad privada a empresas públicas y privadas, entre ellas algunas empresas petroleras estatales y extranjeras, llegando a afirmar que “alrededor del treinta por ciento (de las tropas) han sido ‘privatizadas’” e indicando que las brigadas móviles estaban posicionadas “para proteger los intereses económicos de la élite”.

También explicó que las líneas entre Policía y Ejército se encontraban difusas para la época, pues con frecuencia la Policía asumía labores que le correspondían al Ejército y el Ejército desempeñaba tareas civiles como lo era la protección de la propiedad privada. Esto desembocaba en un tufo de rivalidad entre ambas fuerzas.

Según el reporte diplomático, el Ejército colombiano estaba “paralizado por la corrupción, la ineficiencia y la falta de voluntad política” y expuso como ejemplo las tramas que hicieron muchos ciudadanos con recursos suficientes para evitar, con la complicidad de los oficiales encargados de las oficinas de reclutamiento, que sus hijos prestaran el servicio militar obligatorio.

“Aquellos que no escapan por soborno, falsas exenciones médicas o estudiando en el extranjero, encuentran facilidades en la Guardia Presidencial o en la Unidad de Paz del Ejército colombiano en el Sinaí”, declaró el exoficial retirado y agregó lo que para él era una gran contradicción: “El hijo de un campesino que intenta evitar el servicio militar es enviado a la cárcel”.

La fuente entrevistada por la embajada agregó que el Ejército estaba compuesto por varias facciones: “El Ejército de los casados, el de los solteros, el de los hijos de los generales, el de los hijos de los sargentos, el de los amigos de los políticos y el de los suegros de los generales. Y así sucesivamente”.

El oficial retirado expuso, como ejemplo, el ascenso de oficiales que no han prestado servicio en combate y son escogidos selectivamente por encima de los méritos de otros. Ellos tenían poca credibilidad a la hora de dirigir tropas a la batalla. Ese “nepotismo” dentro de las políticas de la institución lo mencionaba como una constante y uno de los más grandes problemas internos.

Y agregó el reporte que varios altos oficiales “vivían en el lujo, mientras las tropas mal pagas apenas se las arreglan” y para el año de la entrevista afirmó que muchos de los mejores oficiales se estaban retirando “desilusionados con un Ejército abandonado para hacer el trabajo sucio de una élite política poco comprometida”.

Paramilitares y derroche

Esa tendencia a la “privatización” de la que habló el oficial retirado en la embajada no sólo se reflejaba en la prestación de servicios de seguridad y vigilancia a empresas del sector petrolero; también se expresaba en la articulación con grupos paramilitares en las décadas del ochenta y noventa, cuando comenzaron a surgir con el fin de enfrentar a las guerrillas de las extintas Farc y del Eln.

Buena parte de la desmotivación de las tropas narrada por la fuente de los diplomáticos se dio en momentos que el proyecto paramilitar liderado por los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil estaba tomando fuerza.

Para el oficial retirado, los paramilitares, como la guerrilla, se estaban lucrando del negocio de las drogas, razón por la cual consideraba insostenible la cooperación de miembros de las Fuerzas Militares con el paramilitarismo, aunque reconoció que era una situación que se estaba dando de manera cada vez más frecuente.

El oficial en retiro les mencionó a los funcionarios de la embajada que el entonces general Iván Ramírez Quintero, para aquellas épocas Inspector General del Ejército, y el general Rito Alejo Del Río, comandante de la Brigada 17 del Ejército, con sede en Carepa, Antioquia, eran “los dos oficiales del Ejército más corruptos de Colombia”.

Sostuvo que Del Río le dijo al personal de la guarnición militar bajo su mando que cooperaran con los paramilitares siempre y cuando Del Río estuviera físicamente ausente del área. En el 2012, el alto oficial, llamado ‘el pacificador de Urabá’ por el exsenador Uribe, fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato del campesino Marino López Mena el cual fue perpetrado por paramilitares en complicidad con el Ejército en febrero de 1997. (Leer más en: Rito Alejo del Río y el asesinato de Marino López)

También acusó a Del Río de participar en el desvío de un avión cargado con armas y municiones a paramilitares en la región de Magdalena Medio en 1985, cuando estaba destacado en la región y ostentaba el grado de Teniente Coronel. El hecho habría salido a la luz pública, según la embajada, porque el avión se estrelló; sin embargo, tras hacer una revisión de prensa, este portal no encontró registros de la ocurrencia de dicho accidente aéreo.

El oficial retirado se refirió, además, a la Inteligencia Militar colombiana y según la fuente entrevistada por los funcionarios norteamericanos, era usada con frecuencia para reunir “secretos sucios en lugar de procesar información para el combate”. Lo que lograba obtenerse con esas pesquisas ilegales era empleado después por el “Gobierno para espiar a los enemigos políticos o resolver venganzas personales”.

Sostuvo que el dinero destinado a los trabajos de inteligencia “se guarda en un cajón para comprar collares para las esposas de los generales, whisky para fiestas y otros gastos no autorizados”. Para el exoficial, más allá de un presupuesto para las Fuerzas Militares, el problema era el manejo y fiscalización de esos fondos. También, de manera superficial, aseguró que miembros del Ejército estaban involucrados con actores del narcotráfico y sus actividades económicas.

Los miembros de la embajada le preguntaron quién era “el padrino” de la “mafia” detrás de la Inteligencia Militar. El reporte detalla que, después de una pausa, el oficial en retiro respondió que el general Iván Ramírez Quintero “por más de veinte años”. Y agregó que se “rodeaba de personas que lo encubrían” y que se había “enriquecido con los fondos públicos” a partir de su poder. Y aseveró que otros militares se estaban enriqueciendo con el tráfico de armas, vehículos, uniformes y arsenal bélico.

El general Manuel José Bonnet, quien para la fecha de la entrevista era el comandante general de las Fuerzas Militares, se había puesto en contacto con el oficial en retiro, y tal y como lo sostuvo en la conversación con los miembros de la embajada, si le pedía una entrevista para dialogar sobre lo que andaba mal en el Ejército, “planeaba hablar francamente y dar más detalles sobre la corrupción y la ineficiencia de lo que estaba dispuesto a hacer con el personal de la embajada. Y era consciente de lo que hacía pues dijo: ‘Espero críticas, pero el público tiene derecho a saber si su dinero se está gastando en helicópteros o en Mercedes’”, haciendo alusión a la prestigiosa marca de vehículos alemana.

Al final de este reporte, los funcionarios de la embajada que escucharon la versión del exoficial del Ejército escribieron una nota en la que expresaron que tal vez exageró algunos puntos del declive de las Fuerzas Armadas, pero agregaron: “No tenemos motivos para dudar de su credibilidad. Su diagnóstico nos pareció exacto”.

Tanto Del Río como Ramírez se acogieron a la Juridiscción Especial para la Paz (JEP), instancia creada tras el Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc. Ambos oficiales en retiro son procesados por acciones cometidas en razón de sus labores en el Ejército y que son consideradas violatorias de los derechos humanos.

En otros documentos desclasificados por la NSA se hacen varias referencias a los generales en retiro Del Río y Ramírez extraídas de varios medios de prensa colombianos y estadounidenses que a través de diversas fuentes de ambos países los señalan de favorecer a grupos paramilitares con la entrega de armas y pertrechos supuestamente para combatir a la insurgencia.

Uno de esos reportes, fechado el 13 de agosto de 1998, registra un presunto vínculo del primero de ellos con el suministro de 150 ametralladoras para grupos paramilitares del Magdalena Medio, vínculos que fueron denunciados por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y la organización Justicia y Paz. (Descargar documento)

En ese mismo documento se registró la molestia del general Ramírez por un reportaje del diario Washington Post, publicado dos días atrás, en el que se le señaló de violaciones de derechos humanos y de favorecer a grupos paramilitares. Si bien replicó el artículo periodístico, cuestionando al Departamento de Estado como generador de la información en su contra, las consecuencias fueron adversas para este oficial en retiro experto en inteligencia militar.

“El Departamento (de Estado) encontró que la evidencia de su complicidad en repetidas y graves violaciones a los derechos humanos era suficiente para revocar su visa”, se lee en el documento. Para esa fecha, Ramírez estaba con un pie afuera del Ejército, aspecto que celebraron en la embajada por cuanto su salida “contribuirá a la profesionalización” de las tropas.

Al final del reporte, los funcionarios de la embajada consignaron que los animaba “la aparente diligencia” de la Fiscalía “en la investigación de los vínculos entre altos oficiales del Ejército y los paramilitares”. A juicio de quienes prepararon este documento, “esas investigaciones servirán como un indicador para aquellos oficiales del Ejército que continúan ayudando ilegalmente o trabajando con grupos paramilitares”.

Dos años atrás, en otro reporte de la embajada a sus superiores en Washington hicieron referencia a los presuntos nexos del Ejército con grupos paramilitares. En uno de los documentos, fechado el 28 de septiembre de 1996, se precisó que “no se conoce ninguna conexión oficial entre el Ejército colombiano y las diversas organizaciones que operan en todo el país”. (Descargar documento)

Sin embargo, agregaron los funcionarios que prepararon el informe, que “a nivel local, comandantes del Ejército entran en discretos matrimonios de conveniencia” con el fin de obtener información sobre grupos guerrilleros en sus zonas de operación y aseveraron que “los comandantes locales (del Ejército) encuentra imprudente no mantener diálogos con estos grupos”.

Al final del reporte, se precisó que lo dicho allí era “una evaluación honesta e informada de una cuestión amorfa, igualmente perturbadora y difícil de aclarar”. Se sugirió que la doctrina militar podría mantener a las tropas a distancia de los paramilitares, “pero la realidad es abrumadora y todo el mundo, incluyendo los altos mandos, lo saben”.

Y resumieron en una frase lapidaria la actitud de las Fuerzas Militares en relación con negar sus presuntos nexos con grupos paramilitares: “La negación que se pretende alcanzar con esta farsa no vale ni una moneda de cinco centavos, y no debería dársele crédito”.

El tema volvió a ser incluido en un reporte de inteligencia fechado el 2 de diciembre de 1997 que se tituló “Colombia: Actualización de los vínculos entre las fuerzas militares y paramilitares”. En este documento se afirma que “las fuerzas de seguridad -posiblemente incluyendo unidades que reciben o pueden recibir ayuda de EE.UU.- no hicieron nada para detener dos masacres de civiles perpetradas por paramilitares y pueden haber facilitado la llegada y escape de los involucrados en los ataques”. (Descargar documento)

El reporte hace referencia a varias masacres, como la de Mapiripán, departamento del Meta, perpetrada por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) entre el 15 y el 20 de julio de 1997 y que habría dejado por lo menos 30 personas asesinadas. (Leer más en: Mapiripán, telón de fondo de la condena contra el exgeneral Uscátegui)

La segunda masacre referida fue la cometida por las Auc en Miraflores, Guaviare, el 17 de octubre de ese mismo año, y en la que perdieron la vida 12 campesinos. En esa ocasión, como en la de Mapiripán, los paramilitares llegaron por vía aérea, por lo que las tropas acantonadas en esos lugares estarían enteradas de la incursión armada contra la población civil.

Una de las preocupaciones expresadas en este reporte fue el de la expansión paramilitar. Seis meses antes de la remisión del documento se habían creado las Auc como una confederación de grupos de autodefensa en todo el país y lideradas militarmente por Carlos Castaño.

“[…] los informes parecen augurar esfuerzos de los paramilitares por establecer relaciones con los comandantes locales (del Ejército) en nuevas zonas en las que los grupos tratan de ampliar sus operaciones, como en los departamentos de Meta y Caquetá”, se lee en el reporte y agrega que esa expansión incluía bastiones de las Farc y el Eln, como en efecto ocurrió, sin mayor contención de la Fuerza Pública.

El análisis expuso una visión pesimista sobre los controles que impondrían las Fuerzas Armadas para contener el paramilitarismo. “Las perspectivas de una acción concertada por parte del alto mando militar para reprimir a los paramilitares -o a los oficiales que cooperan con ellos- parecen escasas” y precisó que la prioridad de varios oficiales de alto rango sólo era “lograr resultados contra las guerrillas, en lugar de eliminar los vínculos con los paramilitares”.

Si bien destacaron que “el escrutinio de los observadores estadounidenses y otros observadores internacionales continuará jugando un papel clave para alentar al alto mando militar a concentrarse en los derechos humanos y tomar medidas contra los violadores”, reconocieron que “algunos vínculos -en particular los que implican hacer la vista gorda a las actividades paramilitares- son de larga data y no se revertirán fácilmente”.

“Esta situación complicará los esfuerzos de EE.UU. para proporcionar ayuda a las unidades militares que participan en los esfuerzos críticos contra los narcóticos en el sur de Colombia”, concluyeron los analistas que prepararon este reporte de inteligencia.

Inquietos por las Convivir

Varios de los documentos desclasificados por la NSA exponen el surgimiento de las cooperativas de seguridad y vigilancia, conocidas como Convivir como un hecho que aportó al fortalecimiento de las estructuras paramilitares en diversas regiones del país.

La creación de estos servicios especiales de vigilancia y seguridad privada se respaldó en el Decreto Ley 365 de 1994, impulsado por el entonces presidente de la República, Cesar Gaviria (1990-1994) y su ministro de Defensa, Rafael Pardo, con el fin de apoyar a la Fuerza Pública en zonas de fuerte alteración del orden público.

En uno de los reportes, fechado el 16 de abril de 1997 y calificado como “secreto”, se hace un balance de diversas situaciones de interés estadounidense en Rusia, Ucrania, Grecia, Irán, Sudán, Burundi, Zaire y Colombia. (Descargar documento)

Sobre el país suramericano se referenció “el desarrollo de las Convivir”. Al respecto, el documento hizo serios cuestionamientos contra quien tenía a cargo autorizar su creación, Herman Arias Gaviria, para aquellos años Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, sin que se dejara en claro cuál fue la fuente de ese reporte.

“Según se informa, altos funcionarios utilizaron el programa de inteligencia rural (Convivir) para ayudar a los traficantes de drogas y, posiblemente, a los paramilitares ilegales”, se lee en el documento desclasificado.

A renglón seguido, se cuestionó a Arias Gaviria porque, a juicio del reporte diplomático, “usó su posición como administrador de Convivir para emitir licencias de Convivir y de seguridad privada, así como permisos restringidos de armas pesadas a individuos con vínculos conocidos de tráfico de drogas”. El funcionario llegó a ese cargo en febrero de 1995, nombrado por el entonces presidente Ernesto Samper (1994-1998).

Llama la atención de este documento que, sin citar fuente alguna, se afirme que el padre del entonces Superintendente, José Manuel Arias Carrizosa, exministro de Comunicaciones en el gobierno del presidente Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) y de Justicia en la presidencia de Virgilio Barco (1986-1990), además de presidente de la Asociación de Bananeros de Urabá entre 1989 y 1993, “estuvo involucrado en la formación de grupos paramilitares”; y de su hermano, de quien no se dice el nombre, se diga que “es propietario de una empresa de seguridad con probables vínculos con la droga”.

Para la embajada estadounidense, las posibles irregularidades que giraban alrededor de las Convivir podrían afectar su credibilidad y “confirmar los temores de las Ong de que los paramilitares ilegales coopten las Convivir”. Y detalló que Arias Gaviria fue retirado de la Superintendencia, sin precisar fecha, como una estrategia del gobierno de aquella época para evitar escándalos y “prometiendo una regulación estricta de las Convivir”.

No obstante, reportaron a Washington que “Bogotá no cumplió con una promesa de tomar medidas contra los paramilitares y por lo tanto la resolución de limpiar las Convivir”.

Dos décadas después, en los tribunales de Justicia y Paz, mecanismo de justicia transicional a través del cual se juzgó a exparamilitares desmovilizados bajo los acuerdos con el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), firmados en Santa Fe de Ralito, Córdoba, a mediados de 2003, se concluyó que, tal como lo temían en la embajada, las Convivir se articularon a los paramilitares. (Leer más en: Las Convivir, motor de la guerra paramilitar)

Toda esta documentación cobra vigencia en la actualidad por cuanto nutren, de alguna manera, los contextos que requieren construir la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, para entender cuál fue el papel de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano, que información circuló por embajada de ese país en Colombia y qué medidas se pudieron haber tomado, y no se tomaron, para frenar el desangre que enlutó a miles de personas en el país y que hoy reclaman una verdad integral.

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Uno de los sitios de memoria más emblemáticos de América Latina vive sus días más oscuros. Tras la destitución de su director y de otros funcionarios más, el futuro del Archivo es más que incierto: ni el Estado, que nunca ha destinado recursos para su funcionamiento, ni la cooperación internacional, que mantuvo la iniciativa funcionando desde 2005, han garantizado su apoyo financiero para la continuidad de este proyecto.

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Los archivos de inteligencia y contrainteligencia pueden guardarse durante 30 años y el Presidente puede prorrogar ese tiempo 15 años más, para untotal de 45 años de reserva. Foto: archivo Semana.La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) promete revelar información del conflicto armado que no se ha conocido hasta ahora. Para lograrlo, tiene entre sus tareas acceder a datos de archivos de inteligencia y contrainteligencia de la Fuerzas Pública y a todo tipo de documentos del Estado que hasta ahora han sido reservados. Así lo determinó el Decreto 588 del 5 de abril de 2017, con el cual se creó esta instancia: “la CEV podrá requerir de las instituciones públicas la información necesaria para el ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna”.

Pero llevar esto a la realidad será más complicado de lo que muchos piensan. Hasta ahora en Colombia no ha sido nada fácil acceder a archivos estatales y tampoco está garantizada su seguridad, como ocurre con la documentación de todas las interceptaciones ilegales que hizo en su momento el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra magistrados, periodistas y activistas sociales, contradictores del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), hoy senador por el partido Centro Democrático.

El DAS y la gran conspiración contra la justicia

Cerca de 11mil cajas están guardadas en el Archivo General de la Nación desde 2014, a la espera que se defina qué entidad deberá conservarlos y qué información se debe eliminar. Sin embargo, durante la espera ya han desaparecido documentos clave para entender el procedimiento de la institución de inteligencia, como ocurrió con todo lo relacionado con las interceptaciones realizadas a la periodista Claudia Julieta Duque.

Es por esto que las víctimas insisten en la importancia de hacer todo lo que se pueda para proteger esos archivos y una de las vías para ello es que se levante la reserva de los documentos o por lo menos que se garantice que la Comisión de la Verdad sí tendrá un acceso real a ellos y sean públicos.

“No vemos qué sentido tiene que la CEV pueda acceder a archivos, si dicha información no podrá publicarse, reproducirse y, en realidad, se mantiene una reserva sobre la misma que atenta contra el derecho de la sociedad a saber la verdad, como presupuesto de la no repetición de los más graves crímenes”, aseveró el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) en una intervención que presentó el pasado 12 de mayo ante la Corte Constitucional. Actualmente, ese alto tribunal estudia si el Decreto 588 está ajustado a la Constitución. (Descargar Decreto)

La norma, creada bajo los acuerdos firmados entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc para poner fin a la confrontación armada, establece que cuando la “información, archivos, documentos o datos requeridos por la CEV correspondan a información clasificada, calificada o reservada, la institución poseedora deberá aportar, junto con la información requerida, un reporte en el que sustente la reserva o la clasificación, de acuerdo a las siguientes reglas: i) hacerlo por escrito; ii) precisar las normas jurídicas que sustentan la reserva o clasificación; iii) argumentar si existe un riesgo presente, probable y específico de dañar el interés protegido que sustenta la restricción de la información y iv) demostrar el daño que puede producirse con la publicidadde estos archivos e información”.

El Decreto también previó la posibilidad de que a la Comisión no le entreguen la documentación solicitada, razón por la cual determinó que “la negativa o negligencia de un funcionario o servidor público que impida o dificulte el desarrollo de las funciones de la CEV constituirá causal de mala conducta”.

Fuerza Pública puja por la memoria histórica

Asimismo, estableció que aquella información que tiene reserva legal “podrá ser utilizada por la CEV en el cumplimiento de sus funciones, pero no podrá ser pública”, y la Comisión deberá garantizar “por escrito su reserva legal, seguridad y protección de la información, especificando la imposibilidad de su reproducción en forma mecánica o virtual”.

Ante esas restricciones, el Cajar aseguró ante la Corte Constitucional que “no tiene ningún sentido que la información de la que conozca la CEV no pueda ser publicada” pues así la Comisión solo archivaría la información, pero no cumpliría con su deber primordial: el de dar a conocer la verdad a las víctimas y al país. Además, la legislación colombiana ya ha dicho que ningún archivo que contenga datos sobre violaciones a derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario podrá ser reservada.

“Lo lógico es que si se levanta la reserva, el documento pueda ser conocido públicamente”, afirmó Soraya Gutiérrez, integrante del Cajar y vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado que participó en la intervención ante la Corte.

Las víctimas han insistido de múltiples maneras que para que la Comisión de la Verdad funcione a plenitud, deberá tener acceso a los archivos oficiales, pues esa información ayudaría a develar los “modos concretos de dicha criminalidad” en temas como persecución a la oposición política o a los defensores de derechos humanos, que son precisamente uno de los objetivos por esclarecer que tiene esta instancia transicional.

Este debate no es menor. Tanto la Corte Constitucional como el decreto que creó la Comisión de la Verdad y el mismo Acuerdo de Paz reconocen la importancia de los archivos para saber realmente qué ha pasado en las últimas décadas en relación con el conflicto armado.

¿Están destruyendo archivos?

Cada guarnición militar encargada de labores de inteligencia y contrainteligencia tiene una comisión propia para depurar los archivos pero esto debe ceñirse a la Ley y a las recomendaciones de la Comisión de Depuración. Foto: archivo Semana.Pese a la importancia que tiene esta documentación, su riesgo es inminente. Desde el año pasado corren rumores entre las organizaciones de derechos humanos de que sectores militares están destruyendo archivos antes de que opere la Comisión de la Verdad, pero nada de esto se ha comprobado ni nadie habla con mucha precisión sobre el tema.

La única entidad que hizo referencias al respecto fue la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia en su informe sobre la situación del país en 2016: “El Gobierno indicó a la Oficina que las Fuerzas Militares han ‘depurado’ información de sus archivos. Preocupa que esto se ha hecho antes de ser avaladas y formalizadas las recomendaciones de la Comisión Interinstitucional de Depuración, generando el riesgo de que se pudieran haber eliminado evidencias de violaciones de derechos humanos”.

La instancia a la que hace alusión la ONU es la Comisión Asesora para la Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, creada por la Ley 1621 de abril de 2013 con el fin de revisar cuál era el estado de los archivos que han recopilado durante años las Fuerzas Militares y hacer recomendaciones al respecto.

De esa Comisión hicieron parte el Ministerio de Justicia, la Comisión Nacional de Memoria Histórica, la Defensoría del Pueblo, organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado, un experto en el tema y un representante de la sociedad civil. Todos ellos acompañados por la Procuraduría General de la Nación.

Entre sus tareas estuvo la producción de informe durante los años 2015 y 2016 dirigido a la Presidencia de la República que estableciera los criterios de permanencia de datos y archivos de los organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado, así como el destino de aquellos documentos que sean excluidos de las bases de datos.

La tarea de la Comisión Asesora para la Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia culminó el 21 de julio de 2016, cuando presentó su informe al presidente Juan Manuel Santos, que sería la base para crear un sistema de depuración. A pesar de que la Ley 1621 le ordena al mandatario hacer público el documento, pasados diez meses no se ha cumplido con la norma y el contenido es todo un misterio.

El tema de archivos documentales estatales, sobre todo aquellos que podrían reflejar conductas violatorias de los derechos humanos, no ha sido fácil ni siquiera para esta Comisión. De acuerdo con diversas fuentes consultadas por VerdadAbierta.com, su trabajo se tuvo que hacer en términos muy generales.

Miles de documentos reposan en anaqueles y sistemas digitales bajo la custodia de la Fuerza Pública. La pregunta es: ¿se conocerán algún día? Foto: Juan Diego Restrepo E.“No tuvimos acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia, por eso formulamos unos criterios teóricos y no prácticos de cómo debe ser la permanencia, el retiro y el destino de los archivos”, señaló uno de los miembros de la Comisión de Depuración, quien pidió la reserva de su nombre.

Sobre la advertencia que lanzó la ONU, la misma fuente explicó a este medio que la palabra depuración no necesariamente significa destruirlos. “Incluso la regla general es no destruirlos: algunos son para hacerlos públicos porque ya perdieron vigencia; otros, para trasladarlos a archivo de derechos humanos, así la documentación sea ilegal, pero para no perder justamente la constancia de que tuvo esa ilegalidad; y otros sí se destruyen, pero controlando las previsiones para que quede una constancia”.

En teoría era eso lo que debió haber recomendado la Comisión de Depuración, qué se depura y cómo se depura, pero ni ellos tuvieron acceso a los archivos para poder hacer a plenitud su trabajo ni Presidencia ha dado a conocer el informe ni es de público conocimiento en qué estado va la depuración en cada guarnición militar.

La pregunta que se hacen diversas organizaciones sociales es: si esas restricciones se presentaron con una comisión creada por ley, liderada por un representante del Presidente de la República, ¿qué podrá pasar con la Comisión de la Verdad?

Desde mayo de 2016, Michael Evans, conocedor de Colombia, investigador del National Security Archive (NSA), con sede en Washington, y especialista en desclasificación de archivos, advirtió su preocupación al respecto. A su juicio, puede suceder que “los grupos investigativos del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición enfrenten los mismos obstáculos de acceso a la información […] pues no hay nada que sugiera que las Fuerzas Armadas están preparadas para desclasificar la información”.

Luces y sombras del nuevo archivo sobre el conflicto armado

Ante los temores que suscitan las restricciones de acceso a la información de inteligencia y los rumores cada vez más fuertes de destrucción de archivos, organizaciones como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) han insistido en que se garantice la protección de los archivos y su desclasificación.

En ese sentido se pronunció el pasado 5 de abril, durante la firma de los decretos que crearon la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad: “exigimos al presidente de la República que haga efectiva la facultad que le otorga la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia para desclasificar dichos archivos. Este es el momento para que demuestre su compromiso con la reconciliación. La apertura de los archivos de inteligencia contribuye al efectivo ejercicio de los derechos de las víctimas del conflicto, así como a la construcción de la memoria individual y colectiva”.

Guardar la memoria

Parte del trabajo de la Comisión de la Verdad es definir dónde se guardarán los archivos que nutran su tarea de esclarecimiento histórico. Foto: Juan Diego Restrepo E.Otra de las inquietudes que se discute en los entornos del tema de archivos relacionados con violaciones a los derechos humanos es dónde y cómo se guardará toda la información que obtenga la Comisión de la Verdad. En la actualidad, no están centralizados en un mismo lugar ni son guardados por una única institución, todo lo contrario, están dispersos según quién los haya producido.

La Fuerza Pública, siguiendo la ley, guarda los archivos de inteligencia y contrainteligencia que todavía tienen reserva; algunos que ya tienen la reserva levantada se conservan en el Archivo General de la Nación, entre ellos los del DAS; el Centro Nacional de Memoria Histórica publica en su sitio web documentación relacionada con el conflicto armado, pero producida por las mismas organizaciones sociales y no por los militares; mientras que las organizaciones sociales y cada víctima tienen sus archivos particulares.

Un espejo de lo que puede ocurrir se presenta con los miles de registros documentales generados en los estrados del sistema de Justicia y Paz, creado por la Ley 975 de 2005, a través del cual se juzga a los paramilitares y guerrilleros que se acogieron a sus beneficios penales. Hasta el momento, todavía no existe una directriz clara sobre cómo se deben guardar todos los archivos que se han producido durante este proceso de justicia transicional.

¿Qué pasa con los archivos de Justicia y Paz?

El Decreto que crea la Comisión de la Verdad estableció que una de sus funciones será precisamente definir “la entidad que será depositaria de sus archivos y que los custodiará”, sin especificar si le dará esa responsabilidad a alguna de las instituciones que ya trabaja en el tema o creará un centro de archivos donde se centralice toda la información a la que tenga acceso.

La última palabra al respecto dependerá de los comisionados, quienes están en proceso de elección. Serán ellos los que deberán “establecerlos protocolos, lineamientos y demás aspectos necesarios, para la entrega de archivos en custodia a la entidad que decida, para asegurar su preservación”.

Mientras pasan todos estos trámites, se agita el debate sobre los alcances de que tendrá la Comisión de la Verdad y del nivel de acceso que podrá tener en el mar de información que por más de 50 años ha producido el estamento militar y policial, clave para conocer la otra cara de la guerra en el país.

Nota de la redacción: VerdadAbierta.com intentó contactarse con Catalina Díaz, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y referida por varias fuentes como la funcionaria gubernamental encargada en el tema de archivos, pero no fue posible obtener su opinión debido a sus ocupaciones.

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Michael Evans, el analista del National Security Archive.The National Security Archive es una organización no gubernamental que vela por hacer públicos los documentos que han sido clasificados por las agencias de seguridad en Estados Unidos. Desde allí, el investigador Michael Evans ha seguido de cerca los documentos que hablan de violaciones a los derechos humanos en Colombia: interceptaciones ilegales de DAS, pagos de empresas multinacionales como Chiquita Brands a grupos armados, y militares al servicio de los paramilitares, entre otros.

En entrevista con VerdadAbierta.com, Evans advierte de la importancia de que la sociedad civil se prepare para la Comisión de la Verdad en Colombia propuesta en el acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno nacional. La experiencia de otras comisiones en Latinoamérica muestra que los archivos desclasificados de Estados Unidos han jugado un papel muy importante y cree que Colombia no será la excepción.

VerdadAbierta (VA): Teniendo en cuenta el trabajo que han hecho con otras comisiones de la verdad en el mundo, ¿cómo cree que puede prepararse Colombia para crear la comisión de la que habla el acuerdo de paz?

Michael Evans (ME): Creo que primero debe haber una discusión, en términos concretos, sobre cómo será la Comisión de la Verdad, qué es lo que quiere que se logre y cuáles son esos casos emblemáticos que representan el conflicto armado en Colombia.

Aunque aún no es tan claro cómo va a operar, una de las cosas con las comisiones de la verdad es que operan en un corto periodo de tiempo, 2 o 3 años, y entre más tiempo haya para prepararse es una ventaja. Se pueden elegir unos 40 o 50  casos de violaciones de derechos humanos cometidos por los distintos grupos armados ilegales y legales.

Tener tiempo es importante para acceder a la información necesaria, hay mucho trabajo para hacer en Estados Unidos.

(VA): ¿Cuál cree que es el papel de la sociedad civil en esta discusión?

(ME): Pienso que deben estar unidos para definir una agenda en la Comisión de la Verdad. Eso no implica que todo el mundo tieneque estar investigando los mismos temas. Podemos pensarlo como un gran rompecabezas, y de acuerdo con sus intereses diferentes organizaciones y personas pueden trabajar en distintas partes del rompecabezas y, con suerte, al final se logrará unir todo.

La discusión no se puede quedar solo entre un pequeño grupo de personas, no las mismas organizaciones de derechos humanos que siempre dan las discusiones. Debe haber un esfuerzo por incluir diferentes voces, diferentes partidos, para así encontrar casos emblemáticos de las Farc, del Epl, del Eln, de los paramilitares y de las agencias de seguridad estatales.

(VA): ¿Por qué son importantes los archivos en esta discusión, en especial los archivos del gobierno de Estados Unidos?

(ME): Sobre el conflicto colombiano hay ciertas cosas que están bien documentadas, pero hay aspectos en los que todavía es muy pobre. Con bien documentadas, me refiero a que la información sobre los hechos esté disponible para la gente.

Los archivos de las agencias estatales que se mantienen en secreto contienen información clave en este recuento de la historia. Y si uno de los objetivos de las comisiones de la verdad es entender la responsabilidad del Estado en el surgimiento, por ejemplo, de la insurgencia o del paramilitarismo, entonces tenemos que acceder a esa información.

Si no es posible acceder a esa información oficial  en Colombia, una de las formas de conocerla es por medio de los archivos que están disponibles en Estados Unidos. Sabemos también, por experiencias anteriores como la de Guatemala, que cuando se acerca una comisión de la verdad, las agencias estatales que han estado vinculadas con represiones pueden destruir el material incriminatorio.

No estoy diciendo que lo mismo esté pasando en Colombia ahora mismo, pero hay muchos archivos de los que poco se sabe, como por ejemplo los del DAS con los seguimientos ilegales contra la sociedad civil en Colombia, pero sobre el asunto hay información disponible en Estados Unidos. Pasa lo mismo sobre por con la colaboración de inteligencia a grupos paramilitares.

Hay también archivos que pueden incriminar a las Farc, a otros grupos guerrilleros y a los paramilitares. En conclusión, sirven para encontrar información que ha estado escondida o que se han intentado esconder.

(VA): ¿Cómo se puede acceder a esa información en Estados Unidos? ¿Qué tanto de esta decisión depende de la nueva presidencia de Estados Unidos?

(ME): No es fácil en este punto saber cuál va a ser la posición del gobierno Trump en estos asuntos, si va a haber un apoyo directo al proceso de paz en Colombia. El apoyo del Presidente para expedir y dar inicio a un programa de desclasificación histórica puede ser muy importante, por supuesto, especialmente si la idea es requerir la participación de todas las agencias pertinentes.

Por otro lado, no es necesario que sea el Ejecutivo el que administre una desclasificación personalmente. Es posible que una agencia, como el Departamento del Estado, decida desclasificar sus documentos sin coordinación con la Presidencia. El hecho es que el nuevo presidente no ha elaborado mucho sobre sus políticas sobre Colombia, y en términos generales, es posible que mucho se queda en manos de la burocracia. Vamos a ver.

Desde mi punto de vista, la mejor solución es un programa de desclasificación enfocado en el conflicto armado en Colombia y la violación de derechos humanos. Un programa que sea dirigido desde, en el mundo ideal, por The National Security Council, que es parte de la Presidencia, de manera que desde ahí se pueda requerir la información relevante para Colombia que esté en manos de las diferentes agencias de Estados Unidos: Departamento de Estado, CIA, entre otras.

Cuando en Perú se creó la Comisión de la Verdad, durante la administración del Presidente George W. Bush, se limitó la desclasificación sólo a una agencia, el Departamento de Estado. En el caso de Guatemala, el presidente Bill Clinton designó a alguien de su staff para requerir información sobre violaciones graves de derechos humanos a todas las agencias del gobierno federal. En estos casos fueron las mismas comisiones de la verdad las que hicieron las solicitudes de información al gobierno de Estados Unidos.

Para mí, lo que llamamos “Declassified Diplomacy” es una forma fácil en la que el gobierno estadounidense puede prestar apoyo al proceso de paz, sin que resulte muy costoso.

(VA): ¿Estos documentos no cuentan sólo una parte de la historia? ¿Es posible armar la historia si no se cuenta con el mismo acceso a la información de los documentos oficiales en Colombia?

(ME): Es más fácil acceder a información sobre Colombia en Estados Unidos que en Colombia, y es por lo que yo creo que por eso muchas historias se terminan contando desde la visión del imperio, me refiero desde la visión de Estados Unidos o de los países europeos. Pero eso es también el resultado de algo positivo y es que acá hay un sistema de acceso a la información que funciona y que ha existido por 50 años. Hay personas que se especializan en eso, oficinas en casi todas las agencias gubernamentales que se ocupan de responder esos pedidos de información, que entienden que se tratan de obligaciones bajo la ley. Hay un riesgo obvio de que se cree un imperialismo de los archivos, pero es claro que esa no puede ser la única fuente de información.

Creo, además, que si Estados Unidos saca a la luz muchos de esos documentos hasta ahora desconocidos puede ayudar al debate sobre los retos de acceso a la información en Colombia. Hablo específicamente de usar la nueva ley de transparencia en Colombia, de la pieza de esta ley que dice que la información relacionada con derechos humanos debe ser revelada. Pero esto a veces no se cumple porque se cruza con información que por seguridad permanece en secreto.

Tuvimos una experiencia muy interesante en México en la que elevamos a la Corte una solicitud de información, de hechos recientes, sobre violación de derechos humanos. Incluimos los documentos que obtuvimos en Estados Unidos para soportar y apelar la decisión de negarnos la información. Ese caso lo ganamos. Creo que Colombia puede tomar como ejemplo esos esfuerzos coordinados que se han hecho en otros países, pues aunque la ley diga que ese tipo de información debería ser revelada, eso realmente no pasa y no va a pasar hasta que haya esfuerzos de la sociedad civil de trabajar de una forma estratégica.

(VA): ¿Cómo puede ser esa estrategia?

(ME): Me refiero a que tiene que haber objetivos de largo plazo. Además de la organización que debe haber para decidir cuáles son los casos emblemáticos, también tiene que haber un nivel de organización entre quienes estén interesados en ganar alcances de acceso a la información. Debe existir desde ya una estrategia jurídica que sepa qué es lo que quiere y el resultado que espera a largo plazo.

No pueden ser esfuerzos aislados. Por ejemplo, acá en Estados Unidos si vas a la corte con la estrategia equivocada y pierdes, creas un mal precedente que afecta a todos los demás.

En esos archivos hay a veces evidencia de crimines contra civiles que no es revelada porque contiene información sensible sobre esas personas. Creo que las víctimas tienen que estar entonces incluidas en esta conversación. En el caso del DAS, por ejemplo, me arriesgaría a pensar que la mayoría no tiene problema con que se revele su nombre. Muchas de estas víctimas eran personas que simplemente estaban haciendo su trabajo y eso es sólo una evidencia más de que fueron victimizados.

(VA): Estos archivos resultan muy útiles para rastrear las decisiones de los gobiernos pero, ¿qué tan útiles resultan para conocer más información de grupos armados, en este caso, de las Farc?

(ME): Eso es más difícil, porque se trata de un grupo que no fue elegido popularmente y a quienes no les aplican las mismas leyes de acceso a la información que a los entes estatales. Sin embargo, sí existen en varias investigaciones donde está mucha de la información que ha sido incautada a esos grupos y es información muy interesante. Algo parecido a lo que sucede con Chiquita Brands, lo que conocemos de la empresa no es porque se lo solicitemos a ellos, sino que es información que hizo parte de un proceso judicial y que ahora está desclasificada.

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La Secretaría de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá explica que, cuando se requiere, envían la documentación organizada a la Corte Suprema de Justicia pero la reciben en desorden. Foto: María Clara Calle.Después de una década de investigar los crímenes de los paramilitares y de un proceso con cerca de 5 mil postulados que han hablado en cientos de audiencias, todavía no existe una directriz clara sobre cómo se deben guardar todos los archivos que se han producido durante este proceso de justicia transicional.

La Ley 975 de 2005, con la que se creó Justicia y Paz, inicialmente les endilgó la responsabilidad a las secretarías de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial de “organizar, sistematizar y conservar los archivos de los hechos y circunstancias relacionados con las conductas de las personas objeto de cualquiera de las medidas de que trata la presente ley”. Sin embargo, no especificó cómo guardar la documentación.

Sólo hasta 2011 hubo un poco más claridad sobre qué hacer con esa documentación. En la Ley 1448, de víctimas y restitución de tierras, se estipuló que el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) fuera el encargado de preservar los archivos sobre violaciones a derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) y dictaminó que la Rama Judicial le podía pedir al Archivo General o a los archivos regionales que guarden la información que ellos produzcan.

Pero en la Ley no hay una directriz específica para los archivos de Justicia y Paz y sólo dice que el CNMH podrá recopilar los testimonios de las víctimas de diferentes maneras, incluyendo lo que se habló en las audiencias públicas realizadas en el proceso con los paramilitares.

Es por ello que Myriam Loaiza, integrante de la Dirección de Archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica, sostuvo que la gran diferencia que surgió para tratar los archivos es que con la Ley 1448 se incluyó la opinión de las víctimas y, además, “dio luces sobre la importancia de documentar no sólo lo que se recopila en el proceso, como se hacía en Justicia y Paz, sino todo lo que tiene que ver con memoria registrada de la población afectada”.

Más allá de eso, aún no existe ninguna entidad que centralice todos los archivos que se han producido durante la última década como resultado del proceso de paz con los paramilitares. Todo lo contrario: las salas de Justicia y Paz en Bogotá, Medellín y Barranquilla tienen su propia metodología para guardar la información.

Faltan directrices

Hasta hace cuatro años, la Sala de Justicia y Paz de Bogotá estaba localizada en el edificio del Tribunal Superior de Bogotá. Foto: archivo Semana.“Usted no encuentra ni en el Consejo Superior de la Judicatura ni de la sala una reglamentación o un instructivo que diga cómo se debe organizar, y eso debería depender del Consejo para que fuera unificado”, expresó Jorge Cruz, secretario de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, y agregó que no se detalla cuáles son los medios que debería tener la Secretaría para preservar los archivos y que tampoco se los da el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ).

Por ejemplo, los fallos en firme que pasan de la Sala de Justicia y Paz de Medellín al Juzgado de Ejecución de Sentencia son, en parte, digitalizados por el CNMH, pero el resto de los cerca de 200 procesos que tienen allí están únicamente de manera física.

“La conservación se hace de manera muy arcaica, por decirlo así, porque no se cumple con todos los parámetros que indican las normas de archivo”, explicó Margarita María Betancur, secretaria de la Sala de Justicia y Paz en Medellín, quien después de hacer un curso de archivística por voluntad de la misma Sala, sin que el Consejo Superior de la Judicatura tuviera algo que ver al respecto, se dieron cuenta de que tampoco estaban tan desfasados en la preservación de los archivos.

Pero Betancur reconoció que aparte de las audiencias, de algunos oficios y de las sentencias en firme de Jesús Ignacio Roldán, de Bloque Héroes de Tolová y del prontamente ejecutoriado de Ramiro Vanoy; la mayoría del archivo no está digitalizado.

“Conservamos físicamente parte de los audios y por protección al medio ambiente intentamos que no sea en CD o DVD. En todos los computadores de los despachos reposan memorias de toda la información que se produce y tenemos un archivo en cajas con los documentos. A la par, tenemos un registro en computador de qué se archiva, cuántas carpetas y cuántos folios”, relató Betancur.

En Bogotá también tienen su propia manera de archivar la documentación de Justicia y Paz. La Secretaría de esta Sala aseveró que no tiene contacto ni con el CNMH ni con el Archivo General de la Nación. Allí guardan la información en ocho torres de DVD con las audiencias, de las que hacen un back up en un disco duro personal de Cruz; y tienen digitalizado cerca de dos tercios de la información y por lo menos 600.000 folios en papel. Los primeros expedientes que están en ese archivo datan de 2006, que fueron unos incidentes y algunas exclusiones. La primera imputación llegó en 2009 y desde entonces la cantidad de documentación se incrementó drásticamente a medida que el Tribunal tenía más información de los casos.

“La organización de los archivos la manejo yo, pero si llega alguien nuevo no lo sabe manejar o de pronto quiere hacer algo más novedoso o llega otro que ni le va ni le viene y eso se acaba ahí”, advirtió el funcionario.

Cruz recuerda que en 2015 hubo un intento del Consejo Superior de la Judicatura por digitalizar toda la información de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, que es la que tiene más casos de paramilitarismo en el país. Este era un mecanismo que no sólo permitía el acceso más rápido a los interesados, porque podrían consultar directamente la información en computadores de la sala, sino que protegerían más los archivos pues a medida que se escaneaban, se almacenaban en el Consejo Superior de la Judicatura y una copia iba a la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB).

Pero de un momento a otro terminaron ese trabajo sin que la empresa encargada de ello rindiera cuentas ante la Secretaría sobre qué se había digitalizado y qué no. “Lamentablemente los recursos se acabaron, el paro judicial anterior tuvo que ver con eso y la empresa que digitalizó solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que se diera por terminado, de forma consensuada, el contrato, y de la noche a la mañana se paró ese proyecto que era bueno”, indicó Cruz.

Las cuentas del secretario es que para entonces pudieron haber digitalizado cerca del 90 por ciento de los archivos, pero actualmente, por la nueva información que se ha producido, ese porcentaje se pudo haber reducido hasta un 60 por ciento de los casi dos millones de folios que existen allí.

Esto no sólo vuelve más lento el acceso que las personas puedan tener a esos archivos, que deben solicitar la información que buscan para que la Secretaría la encuentre, sino que además aumenta el riesgo de que un documento o un CD se pierdan o se afecten por cualquier condición; incluso, ya hahabido problemas en un par de ocasiones.

Antes de que la Sala de Justicia y Paz funcionara en un edificio propio en Bogotá desde hace cuatro años, debía compartir las salas de audiencia con todo el Tribunal Superior de Bogotá. Allí los archivos se guardaban directamente en el computador de la sala y se hacían las copias de la información al finalizar la audiencia.

“Tengo problemas porque a esta altura, por tiempo o manipulación, un CD no abre y no tengo otro medio que pedirle al Tribunal. Solicito una copia de los archivos del back up que ellos tienen de alguna audiencia de alguna sala. Doy todos los datos y me contestan que no encuentran esa audiencia”, relató Cruz. En otro caso que ocurrió lo mismo, la Secretaría recuperó una copia con uno de los abogados del caso.

Pese a estos hechos, Cruz sostuvo que no hay posibilidad de que un archivo de Justicia y Paz en Bogotá se pierda pues tiene todo organizado, por lo menos hasta cuando le compete, pues una vez las sentencias quedan en firme, la información de las tres Salas de Justicia y Paz en el país pasa a la Juez de Ejecución de Sentencia, Luz Marina Zamora.

Principio de orden

El acceso a los archivos de Justicia y Paz es abierto a todas las personas que demuestren un interés en la información. Es solo solicitar detalladamente qué requiere. Foto: María Clara Calle.Es en este punto de la cadena cuando entra el CNMH. Gracias a un acta de entendimiento con el CSJ, firmada en abril de 2013, se estableció que este Centro podría brindar una cooperación técnica para trabajar en la memoria histórica de los documentos judiciales y asesoraría para una política de manejo de archivos. De esta manera, se consolidó el primer paso para preservar toda la información que resultara de Justicia y Paz y, también, de los procesos de Restitución de Tierras.

Posteriormente, el CNMH y el CSJ firmaron el acuerdo PSAA14-10137 de 2014 con el que puntualmente la Sala Administrativa del Consejo podía coordinar con el Centro para acceder a la documentación, inicialmente de restitución de tierras y luego, desde finales de 2015, empezaron a trabajar con información de Justicia y Paz como tal.

“Cuando el Juzgado de Ejecución de Sentencia de Justicia y Paz se da cuenta de que hay una orden específica de archivo, nos notifica y hacemos protocolo para cumplimiento de eso, que están dirigidos a hacer una copia digital fidedigna del expediente en materia de archivos, luego su descripción y su análisis a cargo del Observatorio de Derechos Humanos del CMH”, profundizó Myriam Loaiza.

Pero no siempre tiene que existir un dictamen judicial para que el Centro guarde los archivos, pues tanto el CNMH como varios juzgados han entendido “la orden de manera ampliada y por eso hemos tenido acceso a la información y muchos jueces les permiten hacer copias de los casos que no tienen reserva”, señaló Loaiza.

Una vez la información llega al CNMH, la Dirección de Archivos de esta entidad recopila la información, hace un inventario y describe la documentación. Posteriormente, el Observatorio de Derechos Humanos ubica los casos no documentados para rastrear toda la información y por último, pasa a la Dirección de Construcción de Memoria, que investiga los casos y hacen un informe extenso de lo que pasó.

“Lo que tratamos de hacer es que ese caso juzgado por el juezse visibilice en clave de memoria histórica. De alguna manera equiparamos una verdad judicial, que es específica sobre un caso, y la trasladamos a una verdad histórica documentada y soportada en archivos”, dijo Loaiza.

Hasta ahora, de las más de 40 sentencias que se han proferido en Justicia y Paz, el CNMH está trabajando con algunas, como las de los bloques Bloque Vencedores de Arauca, Libertadores del Sur y Catatumbo con documentación específica de los procesos de Salvatore Mancuso; y del Élmer Cárdenas, cuya documentación mediría cerca de cinco metros si se pusiera en fila recta, sin contar las 150 audiencias en video.

Y es que a la información que envían las salas de Justicia y Paz de los casos ya en firme, el Juzgado de Ejecución de Sentencias suma la información de las víctimas y de todas las entidades públicas que hayan registrado hechos victimizantes relacionados.

Hasta el momento, el CNMH continúa trabajando con los archivos y aspira abrirlos al público en este año. Además, según Loaiza, la otra expectativa es que en 2017 se gestione un depósito en el extranjero para que sea el tercer lugar donde se guarde la información de Justicia y Paz que ellos trabajan, además de la Rama Judicial, el CNMH y las organizaciones sociales.

Esta sería otra de las maneras para evitar que le suceda algo a todos los archivos. Myriam Loaiza aclaró que si bien no hay un peligro inminente, de todas maneras están los riesgos que implica que el conflicto siga vivo como ahora: “los archivos judiciales no han sufrido una amenaza directa, pero puede haber alguna alteración o modificación de documentación, aunque los jueces son muy cuidadosos. A veces los jueces y las víctimas sufren amenazas directas, y esto es un riesgo indirecto a la documentación pues puede que no sea del todo completa porque el archivo judicial se hace en medio del conflicto”.

A esto se suma que no siempre las Salas de Justicia y Paz cuentan con las condiciones físicas adecuadas para preservar el archivo, con los requerimientos de temperatura y espacio que se necesitan para garantizar su seguridad.

“Realmente no tenemos una directriz específica del CSJ sobre conservación. Es más de cada sala, de la manera en que cada uno va viendo la necesidad de hacer esa conservación y así”, afirmó Betancur.

A esto se suma la insistencia de Cruz de que exista una directriz general de cómo preservar los archivos y que el Consejo Superior de la Judicatura los apoye en esto. Quizá esta sea una lección sobre el camino a tomar con los archivos que surjan de todo el proceso judicial y de memoria histórica con las Farc para que desde ya las disposiciones sean claras de qué se debe hacer con ellos, a dónde van, cómo se protegen y quién los debe administrar con qué recursos. Todo para que no se pierda ningún dato de lo que ocurrió durante el conflicto.

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En 426 páginas, el Centro Nacional de Memoria Histórica reconstruyó cómo ha sido la tragedia de la desaparición forzada en Colombia. Foto: archivo Semana y portada del informe.El 9 de septiembre de 1977 fue el último día que vieron con vida a Omaira Montoya Henao. Ese día, la bacterióloga de profesión y reconocida militante de izquierda fue retenida junto con su novio, Mauricio Trujillo, por miembros del Servicio de Inteligencia (Sipec), conocido en aquel entonces por las siglas F2, y militares adscritos a la Brigada II del Ejército Nacional mientras la pareja caminaba por una céntrica calle de Barranquilla. Semanas después apareció Mauricio con evidentes signos de tortura. La suerte de Omaira es un misterio desde entonces.

Fue, si se quiere, el primer caso que conocieron las autoridades colombianas relacionado con la retención ilegal de una persona y su posterior desaparición forzada. No sería el último. Tristemente, la práctica atroz de desparecer personas bien por razones políticas o religiosas; bien para inspirar terror o someter una comunidad; o bien como estrategia de ocultamiento de otras violencias, se extendió por todo el país como un cáncer cuando hace metástasis, dejando a su paso profundos e irreparables daños en miles de familias de todas las condiciones sociales.

Según reveló el Centro Nacional de Memoria Histórica –CNMH- en reciente investigación titulada Hasta encontrarlos: dinámicas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia, entre los años 1977 y 2015 se registraron 60.630 casos de personas desaparecidas en el país. Una cifra que causa escozor si se tiene en cuenta que durante la época de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile se registraron 12 mil denuncias de personas desaparecidas, mientras que en Argentina, también  durante los años de las dictaduras, cerca de 30 mil personas fueron retenidas  y desaparecidas.

Ello quiere decir que en Colombia fue desaparecida el total de la población de municipios como Puerto Boyacá –Boyacá- (55.694 habitantes); Carepa –Antioquia- (57.220 habitantes); San Onofre –Sucre- (50.647); o Pamplona –Norte de Santander- (57.803). Ello quiere decir que en Colombia, por lo menos en los últimos 45 años, donde la constante fue la permanencia de un conflicto armado entre guerrillas, paramilitares yfuerzas del Estado, una persona fue reportada como desaparecida cada ocho horas.

Claro está, de acuerdo con los hallazgos del CNMH, el flagelo también tuvo sus picos y sus descensos en estas cuatro décadas. Así, mientras en el periodo comprendido entre 1970 y 1981 solo se conocieron unos 443 casos de desaparición forzada en 169 municipios, siendo la década con los niveles más bajos; entre 1996 y 2005 se registró el mayor número de personas desaparecidas en el país con un total de 32.422 casos en 919 municipios. Este periodo coincide con el fortalecimiento militar de las guerrillas, la expansión del fenómeno paramilitar en todo el país y en general con el recrudecimiento del conflicto armado.

El drama de la desaparición forzada

Uno de los principales planteamientos de la investigación del CNMH es que si bien se tienen registros de casos de desaparición forzada en Colombia desde la década de los setenta, sus modalidades, así como sus perpetradores, han cambiado con el tiempo.

“Empezó siendo una herramienta empleada por agentes del Estado contra activistas asociados a la izquierda y se convirtió en un arma de paramilitares y guerrilleros que afectó a personas de características muy diversas: campesinos, sindicalistas, habitantes de calle”, señala el Informe y agrega que “el Estado no solo tiene la responsabilidad de haber participado como autor o cómplice sino por su incapacidad de cumplir con el deber constitucional de protección”.

Según la investigación, este flagelo se empleó para “castigar, para impedir la organización, para propagar el terror y ejercer control territorial y para ocultar la dimensión de los crímenes cometidos”. Los daños sociales, políticos, morales y psicológicos que dejó esta práctica atroz en muchas familias del país, en algunos casos, ha llegado a ser irreparable, plantea el informe.

¿Quiénes lo hicieron?

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).Con relación a los perpetradores, los investigadores del CNMH encontraron que en un 51,1 por ciento de los casos no es posible identificar al responsable, dato que no sorprende toda vez que se trata de un flagelo cuyas principales características son “el ocultamiento y la negación, aspectos que van aunados a la capacidad de los actores del conflicto armado de impedir la denuncia de las víctimas”, tal como se lee en la investigación.

Allí donde se conoce el victimario (el 49 por ciento del total de casos) se encuentra que a los grupos paramilitares se les atribuyen 13.562 casos mientras que a los denominados grupos postdesmovilización –o Bacrim- figuran como responsables en 2.598 casos.  A las guerrillas, por su parte, se les atribuyen 5.849 casos en total. De acuerdo con el CNMH, “en 4.553 casos no se identifica al grupo guerrillero que perpetró el hecho, mientras que 1.067 fueron atribuidas a las Farc; 157 al Eln; 21 al Epl; 21 a disidencias guerrilleras (ERG, disidencia del Epl, Eln y Farc), entre otras”.

Los agentes estatales también figuran como responsables de esta atroz práctica. De los 2.331 casos atribuidos a miembros del Estado, en 1.472 se responsabiliza al Ejército, en 653 casos a la Policía Nacional; en 55 hechos al desaparecido DAS; en 25 hechos a miembros de la Armada Nacional y en siete a miembros de la Fuerza Área.

Regiones más afectadas

Talcomo lo plantean los investigadores del CNMH: “la desaparición forzada es una modalidad de violencia que se ha propagado por todo el territorio nacional, registrando víctimas en 1.010 de los 1.115 municipios del país”. Con todo y ello, aquellas regiones del país duramente golpeadas por las dinámicas del conflicto armado, presencia de cultivos ilícitos, economías ilegales y otros fenómenos similares también figuran como las zonas del país donde más se concentraron casos de desaparición forzada.

Asi, el Magdalena Medio, el Oriente antioqueño y el Valle de Aburrá, que incluye a Medellín, suman entre las tres unos 10.337 casos de desapariciones forzadas. Le siguen el Alto Sinú y el San Jorge; el Bajo Cauca, el Urabá y el Suroeste antioqueños: entre estas cinco regiones se contabilizaron 6.933 personas desaparecidas. El suroriente del país también figura como uno de los más afectados: entre las regiones de Ariari-Guayabero y Florencia suman un total de 4.483 casos.

Por su parte, el sur del Valle del Cauca; el Andén Pacífico Sur y el Bajo Putumayo registran 4.089 casos. Mientras que en el Piedemonte Llanero, que integra municipios del Meta, Casanare, Boyacá yCundinamarca se presentaron 2.106 casos. La Sierra Nevada de Santa Marta también aparece entre las zonas donde se concentró el flagelo de la desaparición forzada, con 3.208 casos.

Es decir, a juicio de los investigadores del CNMH, “es posible afirmar que dos de cada tres desapariciones forzadas en que conocemos el lugar de ocurrencia, es decir, en 54.036 casos, tienden a concentrarse en estas 15 regiones de la geografía nacional. Estas regiones están conformadas por 239 municipios que representan el 20 por ciento de todos los municipios del país”.

Un crimen sin dolientes

Foto: archivo Semana.Uno de los aspectos que más destaca el informe es que, pese a la magnitud que registra este flagelo en el país, este no ha merecido el rechazo de la sociedad mientras que sus víctimas, en muchos casos, han terminado estigmatizadas. “Se trata de un crimen silencioso e invisibilizado, que genera un duelo infinito, suspendido, en los familiares de quienes la padecen, sumiéndolos en un dolor que no se alivia y una espera interminable. Sufren no solo por la ausencia sino por suponer el padecimiento y el suplicio de su ser amado. Viven su tragedia en soledad, estigmatizados y en medio de la falta de solidaridad de la sociedad y el Estado”, tal como se lee en la investigación.

Al respecto, la falta de acciones por parte del Estado para enfrentar este flagelo también brilló muchos años por su ausencia. Desde que se registró el primer caso, justamente el de Omaira Henao, en 1977, y durante poco más de tres décadas, este crimen era tratado como un secuestro. Durante la década de los 90 se presentaron varias iniciativas de Ley en el Congreso de la República que buscaban incluir expresamente este delito en el Código Penal Colombiano, pero ninguna prosperó.

Al respecto, a juicio del CNMH: “las demoras, trabas y objeciones frente a la demanda de una ley que tipificara el delito sugerían una actitud reticente de los gobiernos a reconocer este delito, por motivos de protección al estamento militar”. Solo en el año 2000, luego de una década de protestas sociales y masivas movilizaciones de organizaciones sociales, entre ellas la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asfaddes), la justicia colombiana tipificó el delito de desaparición forzada mediante la Ley 589 de 2000.

La presión ciudadana también coadyuvó a la creación de una serie de mecanismos para prevenir y atender este flagelo como fueron la Comisión de Búsqueda, el Registro Nacional y el Mecanismo de Búsqueda Urgente, aunque estos solo fueron reglamentados en 2005. En 2007 se aprobó el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y en 2010 se aprobaron otras disposiciones para atender a los familiares de personas desaparecidas.

¿Y ahora qué?

La última esperan que aguardan familiares de personas desaparecidas en todo el país reposa en la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Marco del Conflicto Armado, mecanismo propuesto tanto por las Farc y el gobierno nacional durante los diálogos de paz en La Habana, Cuba, y que finalmente se incluyó en el Acuerdo para la Finalización del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Asimismo, no son pocos quienes aguardan que en el escenario de la justicia transicional mediante la cual se juzgarán los crímenes de las Farc surjan versiones, elementos o indicios que permitan saciar la sed de verdad, justicia y reparación de los cientos de miles de víctimas que la desaparición forzada ha dejado en todo el país.

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Tras realizar más de cien entrevistas, el CNMH publica una completa investigación sobre tierras y conflicto armado en el departamento de Cesar.

Cesar puede ser un departamento que le muestre a Colombia hasta dónde llegaron las implicaciones de los empresarios y de los políticos en el conflicto armado, además, por supuesto, de las responsabilidades de los grupos paramilitares y las guerrillas del Eln y las Farc.

Así lo muestra la reciente investigación ‘La maldita tierra’ del Centro Nacional de Memoria Histórica  (CNMH), realizada por los periodistas César Molinares y Nathan Jaccard, exeditor y exreportero de VerdadAbierta.com, respectivamente.

Molinares explicó que la tierra está en el centro del conflicto en Cesar. La historia se remonta a los años sesenta y setenta, cuando las bonanzas de algodón y marihuana imperaban en el departamento. Una combinación de falta de pesticidas y de cambios climáticos agresivos llevó a que la producción cayera en picada debido al daño de miles de hectáreas.

“Decenas de miles de campesinos y campesinas se quedaron con las manos vacías, sin trabajo y sin tierra. Los pequeños propietarios fueron los primeros en rematar sus fincas, mientras que los terratenientes, acorralados por los bancos, prefirieron abandonar sus propiedades o entregarlas en dación en pago”, señaló la investigación.

A eso se sumó una lentitud estatal por titular las tierras y ante ese panorama, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) de Sincelejo promovió las “recuperaciones” de tierras en Colombia. Por otra parte, en una especie de contrarreforma, muchos aprovecharon para comprar predios a menor precio. A todo, la respuesta del gobierno fue militarizar y enfrentarse con los ocupantes.

“El conflicto en Cesar debe explicarse desde la incapacidad del Estado por resolver problemas sociales, su insistencia en intervenir por la vía militar y desde las intenciones de las élites políticas por robarse el botín de la corrupción”, precisó Molinares.

El investigador agregó que en un principio pensaron centrarse sólo en la historia del paramilitarismo en el departamento, mezclado con algunas acciones de empresarios, pero que la incidencia de la guerrilla ha sido tal que le dedicaron un capítulo.

En ese sentido, la investigación muestra que la responsabilidad de las guerrillas, especialmente del Eln, fue tanto por su accionar militar con énfasis en el secuestro como por su interferencia política, especialmente en los ochenta para que se opusieran al ingreso de las mineras. Además, porque con la caída económica, aumentó la agitación social y la guerrilla se expandió.

Las facciones del Eln que estuvieron en Cesar fueron el Frente 6 de Diciembre y el José Manuel Martínez, que transitaban por las serranías del Perijá, la zona minera y en otros municipios de Valledupar y La Guajira.

“Parte de la estrategia de los elenos consistió en comprometer a la sociedad civil en su lucha armada, por eso se involucraron de lleno en las luchas por la tierra y la de los sindicalistas”, indicó la investigación.

Además, este grupo armado aprovechó el ambiente de agitación para obligar al gobierno a titular tierras y mejorar las condiciones laborales; a través de organizaciones sociales. Pero no todos estuvieron de acuerdo.

Algunos dirigentes de la ANUC se atrevieron a negarse a la infiltración del Eln en cabildos y organizaciones populares, pero la respuesta fue el asesinato.

La participación política de la guerrilla no sólo fue en organizaciones ya existentes sino también en el movimiento político que surgió para movilizar a los trabajadores y campesinos. En A Luchar “confluyeron sindicalistas, maestros, campesinos y dirigentes de izquierda, con fuertes vínculos con el Eln”.

Para entonces, ya estaban en Cesar las Farc con del Frente 19. Ellos llegaron en 1982 al municipio de Pueblo Bello, cerca a Valledupar, donde tres años después, la guerrilla lanzó la plataforma política de la Unión Patriótica en medio de las negociaciones con el gobierno de Belisario Betancur y en un intento por entrar a la democracia.

“La UP incursionó en el Cesar tras sellar una alianza política con un movimiento local, Causa Común, conformado por un grupo de jóvenes dirigentes que venían de partidos tradicionales como el Liberal, el Conservador y el Nuevo Liberalismo, pero que se consideraban progresistas o de izquierdas”, detalla el informe.

La fuerza de las organizaciones sociales, especialmente de A Luchar, se hizo sentir con el Paro de del Noroccidente de 1987, que se tomó las calles de la capital de Cesar. Pero según los investigadores esta fue un arma de doble filo: “para la ANUC el paro selló la ruptura del movimiento campesino en todo Cesar, porque las Fuerzas Militares y la dirigencia política dieron por hecho que estaba vinculada con la guerrilla”.

El informe detalló que Cesar pasó de ser un departamento pujante a ser “uno de los epicentros del conflicto armado en Colombia”, en menos de 10 años.

Con el respaldo de las élites

‘Jorge 40’, exjefe del Bloque Norte de las Auc extaditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Foto: archivo Semana.Los investigadores recopilaron que el paramilitarismollegó a esta región del país a mediados de los noventa y explicaron que los hombres clave para ello fueron el arrocero Rodrigo Tovar, que luego se convertiría en el jefe paramilitar alias ‘Jorge 40’; Jorge Gnecco, el “cerebro de la familia” inmiscuida en política que ya había puesto gobernador y senador; y Hugues Manuel Rodríguez, dueño de unas de las tierras más grandes de Cesar donde producía leche y quien jugó un rol clave como financiador.

“Mancuso, mano derecha de los Castaño contó en una versión de Justicia y Paz, que él y otros enviados de las Accu se reunieron entonces en el club Valledupar con decenas de comerciantes, políticos y ganaderos, decididos a acabar con la guerrilla”, relata el informe.

Una vez pisaron el departamento, la primera estrategia de los paramilitares para debilitar a la guerrilla fue secuestrar a sus familiares y de paso canjearlos por los empresarios de las mineras que tenían en su poder, que no eran pocos.

De esta manera se recrudeció el conflicto y las cifras del secuestro se dispararon. Entre 1990 y 1997, secuestraron a 507 personas. El Eln fue el responsable en casi la mitad de todos los casos en ese lapso.

“¿Por qué llegaron los paramilitares? Sin justificar, pero fue porque la guerrilla, sobre todo el Eln, arrecia los secuestros extorsivos. La guerrilla es brutal contra los empresarios ganaderos, hasta el punto de que los remata después de la quiebra de la que venían”, explicó Molinares.

Además, varios entrevistados les aseguraron los investigadores que las autodefensas “llegaron a la zona minera para proteger intereses económicos de comerciantes, ganaderos y de las compañías carboneras”, según el documento.

Esta “protección” fue más allá y desembocó en el asesinato de líderes sindicales. La primera víctima fue Elías Gutiérrez, empleado de la multinacional Prodeco, por intermediar en el secuestro de los empleados Mark Bossard y Óscar Barros cometido por el Eln en 1996. Al menos esa fue la justificación que rindió José Gélvez, alias ‘El Canoso’, jefe político de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en Santa Marta con el Bloque Resistencia Tayrona y quien se infiltró en la empresa Prodeco.

Esta minera fue comprada por la suiza Glencore en 1995. Para entonces, ya la multinacional Drummond llevaba casi una década en el predio de 10.000 hectáreas del municipio de El Paso, explotando carbón a cielo abierto.

Pero sólo hasta el 2000 se dio el boom minero con la reforma del entonces presidente Andrés Pastrana. Un estudio del International Institute of Social Studies, citado por el CNMH, sostuvo que el Estado pasó de “ser empresario a supervisor ausente. Se reforzó la propiedad exclusiva de los recursos del subsuelo y el derecho a expropiar”.

Esto desencadenó en que entre 1997 y 2003, Cesar pasó de tener 11.000 millones de pesos en regalías a 38.000 millones. Todo mientras se recrudecía la guerra por la tierra.

“A la par del boom de la gran minería, se produjo una presión ascendente sobre la tierra y una especulación con los títulos mineros, lo que alimentó el desplazamiento, el despojo y, claro, la guerra”, señaló el estudio.

Esto desencadenó una falsedad de títulos y hasta presiones de paramilitares para obligar a campesinos a vender sus tierras. Estos predios los compraron terceros y luego se los ofrecieron por un valor cinco veces mayor a las mineras.

“Los terceros tienen que hablar un poco sobre cuál ha sido su papel en conflicto y cómo ha sido su relación con el Estado para pedir soluciones a la violencia y la respuesta gubernamental siempre ha sido militar. La responsabilidad también ha sido del Estado porque de eso es que está compuesto las élites políticas locales”, concluyó Molinares.

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Andrés Dávila, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana.Desde que el Centro Nacional de Memoria Histórica publicó en 2013 el informe ¡Basta Ya!, en el que se documentó la historia de violencia de Colombia desde 1958 a 2012, las instituciones que hacen parte de la Fuerza Pública (Ejército, Armada, Policía y Fuerza Aérea) se han sentido incómodas con esa versión de la historia. Entre otras cosas, porque la investigación señaló a la Fuerza Pública de perpetrar 158 masacres y más de 2.300 asesinatos selectivos.

El ministro de defensa de ese entonces, Juan Carlos Pinzón, llegó a calificar “inconveniente” al ¡Basta Ya! por “poner en igualdad de condiciones a grupos terroristas, a bandas criminales a estructuras narcotraficantes con los soldados y policías de Colombia”.

Las cifras del informe ¡Basta Ya!

Por esa razón, y teniendo en la mira una futura Comisión de la Verdad, cuya figura fue acordada en La Habana por el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, la Fuerza Aérea decidió crear una jefatura de Derechos Humanos que trabaja en la construcción de la memoria institucional.

Para reconstruir el contexto histórico del conflicto en cuatro regiones del país – Arauca, Cauca, Meta y Nordeste Antioqueño – contrató a la Universidad Javeriana, más específicamente al Departamento de Ciencias Políticas.  El resultado es el libro “El Conflicto en Contexto: un análisis en cinco regiones colombianas, 1998 – 2014”. Este será sin duda un insumo para los militares que deban rendir versión en la Comisión de la Verdad y ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Andrés Dávila, director de Departamento de Ciencia Política y quien estuvo a cargo de la investigación, habló al respecto con VerdadAbierta.com.

VerdadAbierta (VA): ¿De dónde nace la necesidad de las Fuerzas Armadas de que se escriba este libro?

Andrés Dávila (AD): Lo primero es que la Ley de Víctimas, en el mismo artículo que ordena la creación del Centro de Memoria dice que todas las instituciones de Estado tienen un deber de memoria. Eso implica que no hay una verdad oficial, sino varias, entre esas la de la Fuerza Pública.  También hay una necesidad de las Fuerzas de prepararse ante una futura Comisión de la Verdad y ante posibles investigaciones.

Eso sumado a lo maltratadas que se sintieron las Fuerzas con la publicación del ¡Basta Ya!, donde hay  juicios condenatorios y algunas generalizaciones que eventualmente pueden ser imprecisas. Pero lo interesante fue su reacción autocrítica, porque saben que el Centro Nacional de Memoria antes de la publicación tocó sus puertas y ellos se las cerraron en las narices.

Este libro tiene más presente la versión de las Fuerzas: de cómo hicieron las cosas y por qué las hicieron. Aunque no es un apología a la Fuerza Aérea, sí tiene una hipótesis fuerte: quienes finalmente llevan a las Farc a sentarse a la mesa son los golpes de gracia de la Fuerza Aérea.

Foto: archivo Semana.VA: Recientemente se han publicado varios estudios, informes y radiografías regionales sobre el conflicto ¿Qué tienen de novedoso estos contextos?

AD: Tiene por lo menos tres cosas novedosas. Lo primero es el esfuerzo de la Fuerza Aérea de dejar en manos a la universidad privada y que haga este contexto con independencia académica. Lo segundo, es un esfuerzo de hacer contexto con una propuesta sistémica, pero sin fines judiciales, con distintas fuentes – no sólo las víctimas del conflicto-. Lo tercero, es un esfuerzo por tener una mirada del contexto nacional e internacional con unas coyunturas periodizadas, que no siempre coinciden con las lógicas regionales, dando cuenta que este conflicto son muchos conflictos.

Es importante, también, porque finalmente las Fuerzas cuentan con cerca de 500 mil hombres que van a tener que transformar su modo de ver las cosas si esto del posconflicto se hace realidad. Este es un primer paso.

VA: ¿En un tema tan delicado cómo garantizar la independencia? ¿Hubo tensiones con los miembros de las FAC?

AD: Es un tema muy difícil que empieza por cómo nombrar a las cosas. Nosotros decidimos acudir al Derecho Internacional Humanitario para usar un lenguaje neutro. Eso ayudó a generar confianza. El equipo de la Fuerza Aérea nos regresaba los textos con comentarios, pero nunca cambiaron ninguna de nuestras ideas, nos pedían más bien que explicáramos mejor o que intentáramos ser más precisos. Lo importantes es podemos decir con tranquilidad que hubo independencia.

VA: ¿Los miembros de la Fuerza Pública fueron fuentespara el informe?

AD: La FAC fue una más de las fuentes, pero la principal fue el seguimiento que nuestro equipo de trabajo ha hecho del conflicto y los habitantes de las regiones a las que fuimos. En principio, el acuerdo fue que ellos se encargaban de hacer el tema de memoria institucional y nosotros los contextos, pero para ello teníamos que entender a la Fuerza Aérea. Por eso, como parte del equipo estaba un coronel retirado, que también es experto en Derechos Humanos y derecho operacional, que nos ayudó a entender la lógica de la FAC.

El texto muestra, por ejemplo, cómo las dinámicas del conflicto cambian cuando la Fuerza Aérea no tienen que acostarse a las 6, como las gallinas, sino que pueden operar toda la noche gracias a los visores nocturnos y los detectores de calor. Habla también de decisiones institucionales muy complejas, de cómo de diez años para acá las Fuerzas tuvieron que aprender a trabajar en conjunto, cosa que no les gustaba mucho.

Foto; archivo Semana.VA: ¿Cómo reaccionan los miembros de la Fuerza Aérea cuando se trata de escribir sobre episodios en los que se les acusa y han sido condenados?

AD: Es inevitable que en un comienzo se responda con su espíritu de cuerpo heroico y algo épico. Somos cuidadosos en contar las cosas, las discutimos y ellos aceptan. Creo que éste es solo un primer paso y no todo puede hacerse al mismo tiempo. Ya se escuchan versiones de algunos oficiales que dicen abiertamente que son conscientes de que la fuerzas se pudieron equivocar en eventos específicos y van a tener que responder por eso, pero no son todos.

VA: ¿Cómo escribir por ejemplo de la Masacre de Santo Domingo, en Arauca, por la que el Estado fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y donde están involucrados pilotos de la Fuerza Aérea por arrojar explosivos sobre civiles?

Masacre de Santo Domingo

AD: En ese caso yo tomé la decisión de darle la voz a un coronel retirado que ha investigado mucho el tema. Abiertamente decimos que es la visión de la Fuerza Aérea sobre el asunto, sin juicios de valor. Eso puede generar muchos ruidos, pero no estamos diciendo que esa sea la verdad, sino que esa es una versión que posiblemente no ha sido muy leída. Así como están las versiones de las organizaciones, de los colectivos de abogados, existe esta otra mirada de cómo sucedió el hecho.

Incluso dentro de las mismas fuerzas hay muchas versiones de cómo sucedió, qué bueno sería que aparezcan otras personas dentro de las mismas Fuerzas que quieran dar su versión.

VA: ¿Cree que este tipo de trabajos pueden servir también como un ejercicio de autoreflexión para la Fuerza Pública?

AD: Esa es una de las tareas, que algunas de los hechos dejen de ser vistos como simples errores, pero eso es un proceso lento y no podemos acelerar las cosas. Es que no es fácil soltarle a otro la tarea de escribir su historia.

VA: Ante una futura Comisión de la Verdad seguramente aparecerán cada vez más informes que hablen de la memoria institucional de una y otra entidad, ¿cómo poner a conversar todos estos trabajos?

AD: Lo primero que debodecir es que el país ha dado pasos muy interesantes casi sin darse cuenta. Incluso las Fuerzas, que en un comienzo rechazaron el tema, han cambiado de parecer, saben que no hay una memoria oficial y que es una tarea que nos concierne a todos. Lo ideal es que en ese sentido seamos capaces de reconstruir lo que pasó y nos leamos los unos con los otros.

Es que, por ejemplo, este libro no tiene ningún sello de la Fuerza Aérea en su portada. La razón: si lo hubiera estamos seguros que un gran porcentaje del mundo académicos y de las Ong que ni lo mirarían. Seguro nos lloverán rayos y centellas, pero estamos dispuestos a defender nuestro trabajo.

Es un ejercicio en el que está el trasfondo de la relación de civiles y militares, y de cómo la configuración de las mismas ayuda o no a la democracia.

VA: ¿Qué papel pueden cumplir las universidades en este escenario?

AD: El mundo académico tiene el rigor, todo lo que afirmamos en los contextos tiene un sustento. La universidad permite salir de la construcción absolutamente ideologizada del pasado, siempre conscientes de que eso es muy difícil.

Si pones a conversar la visión estrictamente de la Fuerza Aérea con la de las Farc tal vez no habrá puntos de encuentro. Las universidades pueden ir generando un espacio común, un puente, donde pueda dialogar posiciones diferentes, en cierto sentido sería tratar de civilizar el espacio de conversación de la memoria, que es un territorio más bien agreste.

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