La masacre perpetrada a eso de las 2:30 de la tarde del pasado lunes es una atrocidad más que se suma a la degradada situación de guerra que se libra en esta región de Norte de Santander, merced del crimen organizado. ¿Y el Estado? Muy lejos de cumplir su obligación constitucional de proteger a la población civil y a los excombatientes de las Farc en camino a la reincorporación.
Tres días después de cometido el crimen múltiple, las versiones aún son muy confusas sobre quiénes perpetraron esta acción armada en un billar del municipio de El Tarra y cuáles serían las razones concretas para segar la vida de nueve personas y dejar tres más heridas. La comunidad aún no se repone del impacto que causó el ataque armado.
“Esta situación me deja con muchas dudas porque un municipio como El Tarra, que está fuertemente militarizado, con presencia de policía, y que ocurran estás cosas así y de repente no se sepa nada, es extraño”, le dijo a VerdadAbierta.com un líder del Catatumbo que, por razones de seguridad, solicitó omitir su nombre. “Pero también me refiero a todo lo que está sucediendo en la región. Hay mucho silencio de las autoridades”.
Y es que las inquietudes son justificadas entre las comunidades urbanas y rurales de El Tarra por cuanto, según diversos testigos, al billar del barrio Villa Esperanza llegaron en varias motocicletas por lo menos diez hombres encapuchados y armados con fusiles y pistolas, dispararon contra los asistentes al lugar y luego escaparon por una vía terciaria que conduce al municipio de Hacarí sin que la Fuerza Pública reaccionara de manera efectiva, pese a contar con una fuerte presencia en el casco urbano y tener sus bases a poco menos de dos kilómetros del lugar de la tragedia.
Nada más irónico podría rodear esa incursión armada: el día de la masacre se adelantaba un consejo de seguridad departamental en Cúcuta; mientras, en El Tarra se desarrollaba un taller con el fin de implementar el plan piloto sobre modelo de protección colectiva de comunidades en riesgo, bajo los lineamientos del Decreto 660, expedido el pasado 17 de abril por la Presidencia de la República; y en la iglesia del pueblo se realizaba la misa de sepelio del joven John Carrascal, de la vereda Vegas del Catatumbo, asesinado por desconocidos el sábado pasado.
Uno de los aspectos más preocupantes es que en el ataque armado perdieron la vida cuatro exmilicianos de la extinguida guerrilla de las Farc, acreditados ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), por el momento se han identificado John Jaime Sanabria, Ramón Emiro Ramírez, Bladimir Quintero y Asdrúbal Durán; otro más, Argelino Ortega Ortiz, quedó herido. Todo parece indicar que la acción armada fue dirigida contra ellos.
En el lugar también perdió la vida Frederman Quintero, presidente de la Junta de Acción Comunal del kilómetro 84 e integrante de Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), y otras cuatro personas.
“Han pasado por estas tierras todas las guerras dejando su estela de tragedia. En particular los últimos años se han caracterizado por las muertes incontables, los sucesos de violencia día tras día, hasta llegar a este siniestro 30 de julio de 2018”, se lamentó a través de un comunicado el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca).
Por su parte la Asociación Campesina del Catatumbo, también mediante un comunicado, aseveró que ese tipo de acciones armadas “nos hacen rememorar los difíciles años del paramilitarismo y nos llenan de profundo dolor”. Y no es para menos. En esta compleja región fronteriza con Venezuela, las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), a través del Bloque Catatumbo, comandado por Salvatore Mancuso, en su guerra a muerte contra las guerrillas de las Farc y el Eln, perpetró cerca de 70 masacres entre 1999 y 2004, que dejó cientos de víctimas, entre muertos y heridos.
¿Pero, qué está pasando en el Catatumbo, que tanto dolor y riesgo está ocasionando entre sus pobladores y que al parecer tiene en la mira a los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc?
Se degrada confrontación
Si bien las autoridades hasta ahora no han determinado quiénes son los responsables del ataque armado, lo cierto es que la masacre de El Tarra le suma degradación a una situación de confrontación armada en la que hay cuatro actores principales: la guerrilla del Eln; la organización armada ilegal Epl, a la que el gobierno nacional llama ‘Pelusos’; las disidencias del Frente 33 de las Farc; y una fuerte militarización estatal, con casi 13 mil uniformados. Además, en la capital del departamento, Cúcuta, y su alrededores, hay presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y de los ‘Los Rastrojos’.
Ese teatro de guerra ha generado una crisis humanitaria sin precedentes en el Catatumbo, que viene siendo golpeada por distintas expresiones de violencia. Homicidios selectivos, desplazamientos forzados, confinamientos e imposibilidad de asistir a clases, entre otros, hacen parte de los padecimientos de los poco más de 145 mil pobladores, rurales y urbanos, que habitan los once municipios que conforman esta extensa área fronteriza. (Leer más en: El Catatumbo: de espaldas al Estado y de cara a la guerra)
De telón de fondo hay una intensa actividad económica ilícita, en la que la producción de clorhidrato de cocaína y el contrabando de gasolina son los principales factores de disputa entre grupos armados ilegales y organizaciones del narcotráfico. Estimaciones a diciembre de 2016 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) indican que en el Catatumbo el área sembrada con hoja de coca para uso ilícito llegó a 24.587 hectáreas, una de las más altas del país, y se teme que esa cifra se haya incrementado entre 2017 y 2018. (Leer más en: La riqueza maldita del Catatumbo)
Si bien se pensó en un momento que la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, rubricado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, sería el antídoto para frenar la guerra en el Catatumbo, lo cierto es que la realidad ha mostrado que ese optimismo fue destrozado por las ambiciones expansionistas tanto de Eln como del Epl que pretenden dominar, a sangre y fuego, los antiguos territorios donde las Farc hicieron presencia. (Leer más en: La nueva guerra que se desató en el Catatumbo)
Pero hay otro elemento que agrava la situación: el surgimiento de las disidencias del Frente 33 de las Farc, autodenominadas ‘Frente Catatumbo Farc-Ep’. En un reportaje publicado por este portal el pasado 14 de junio, se citó información de la Defensoría del Pueblo, Regional Ocaña, que estimaba en por lo menos 60 excombatientes, los integrantes de ese nuevo grupo armado ilegal, que estarían haciendo presencia en los municipios de Convención, El Tarra y Teorama.
“Es una situación muy compleja, porque no sabemos entonces esta disidencia por quién va a tomar partido: si por los ‘elenos’ o por el Epl, si va a mediar entre ambos grupos o si va a terminar reviviendo un movimiento guerrillero con los otros dos grupos. La preocupación es enorme”, dijo un líder social de Convención, quien pidió reserva de su identidad por razones de seguridad. (Leer más en: El Catatumbo sigue abandonado a su suerte)
La pregunta de este líder social cobra bastante sentido tras la masacre perpetrada en El Tarra, por cuanto algunos análisis conocidos por VerdadAbierta.com que se vienen haciendo en la región estarían indicando que el ataque estaría motivado no sólo por la calidad de integrantes de varias de las víctimas, sino porque al parecer, según fuentes consultadas, algunos de los caídos estarían consolidando una célula disidente en este municipio, asunto que afectaría las pretensiones expansionistas del Eln y del Epl.
No obstante, ambos grupos armados ilegales se pronunciaron al respecto y negaron cualquier responsabilidad con la masacre. El primero en pronunciarse fue el Epl: “Queremos aclararle a la comunidad del departamento y en especial a los familiares y amigos de las víctimas de ese accionar bélico que rompe el Derecho Internacional Humanitario, que nuestra organización guerrillera no tiene nada que ver con ese atentado y reiteramos que uno de nuestros pilares es defender a la población y su permanencia en el territorio”.
Desde La Habana, Cuba, donde adelantan conversaciones de paz con el gobierno nacional, la delegación del Eln repudió el hecho, hizo referencia a que fue “una acción paramilitar” y solicitó “una investigación pronta, independiente y eficaz”, con lo que toma distancia de cualquier responsabilidad de sus hombres en este hecho.
Pese a contar con un gran dispositivo militar y policial, las autoridades tampoco tienen claro aún, tres días después, quiénes serían los responsables de la masacre. Lo último que dijo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, fue que “lo más probable” era que este asesinato múltiple sea “producto de luchas territoriales por rutas del narcotráfico tanto en Colombia como relacionadas en Venezuela para el tráfico de cocaína”. Y fue bastante impreciso en determinar responsabilidades: “Se plantea que haya sido realizada por grupos residuales para control territorial; o contra esos grupos residuales por parte del Eln; o que haya sido parte de la confrontación entre ‘Pelusos’ y Eln”.
Por lo pronto lo que temen en la región es que la matanza en el billar del barrio Villa Esperanza desate retaliaciones entre los grupos armados ilegales que hacen presencia en la región y sea afectada la población civil.
Exmilicianos, ¿desprotegidos?
La dejación de armas de los excombatientes de las Farc, que fue progresiva y cuyo proceso concluyó el 27 de junio de 2017, tuvo un ingrediente que cobra vigencia con la masacre de El Tarra: la situación de quienes cumplieron labores como milicianos en la guerra.
Conocedores del tema consultados por este portal indicaron que durante la fase final de las negociaciones en La Habana y tras la firma del Acuerdo Final “las milicias de las Farc nunca fueron objeto de una discusión seria, lo que hoy agrava el panorama en el Catatumbo”, dijo uno de ellos que solicitó la reserva de su nombre.
Son diversos los caminos que siguieron muchos de ellos: algunos dejaron sus armas y se plegaron a las iniciales zonas de concentración; otros lograron llegar, al parecer dejaron sus armas, y no continuaron en el proceso; algunos más ni se concentraron ni entregaron sus armas; y aquellos que ostentaban funciones urbanas en la clandestinidad decidieron continuar en ella para preservar sus condiciones de seguridad.
El problema para algunos es que son ampliamente conocidos en los municipios donde hicieron presencia y aquellos que decidieron volver a la legalidad viven un drama: en zonas tan convulsionada como el Catatumbo son señalados de ser informantes del gobierno nacional y su reiterada negativa a incorporarse al Eln o al Epl les genera riesgos.
Al respecto, VerdadAbierta.com pudo establecer que desde septiembre del año pasado algunos exmilicianos habrían sido amenazados de manera verbal en El Tarra por hombres del Epl justamente porque los consideran unos “sapos” y también porque se resisten a unirse a su proyecto de expansión.
“Las condiciones de riesgo son altas y la falta de medidas de protección y autoprotección son muy pobres”, dice un experto en temas de seguridad. “En esas condiciones, es muy difícil lograr un proceso eficiente de reincorporación”.
Y la situación se agrava si se tiene en cuenta que, según constató este portal, los excombatientes de las Farc que estaban acreditados y fueron asesinados en El Tarra no habían sido contactados ni visitados por funcionarios de la ARN, agencia estatal que tiene la responsabilidad misional de velar por los reincorporados. Asimismo, parece que tampoco hay directrices claras para trabajar con aquellos excombatientes que están por fuera del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) instalado en la vereda Caño Indio, de Tibú.
El temor que embarga a quienes conocen estos procesos es que la desatención del Estado en un momento clave de la reincorporación a la vida legal de aquellos hombres y mujeres que vienen de la guerra y los riesgos que corren en una zona en disputa como el Catatumbo está impulsando a algunos exmilicianos a pensar en la conformación de disidencias, lo que sin duda incrementaría los niveles de riesgo para la población civil.
Hasta el cierre de este artículo quienes coordinan el ETCR de Caño Indio no se habían pronunciado públicamente sobre lo ocurrido el pasado lunes en El Tarra. VerdadAbierta.com quiso conocer la opinión el exjefe guerrillero Pastor Alape, quien integra Consejo Nacional de Reincorporación, pero no respondió los mensajes enviados a través de WhatsApp.
Comunidades resisten
En reacción a lo ocurrido, los habitantes de El Tarra salieron a las calles la noche del martes, atendiendo una petición de los sacerdotes de la Iglesia Católica para rechazar lo ocurrido en el barrio Villa Esperanza y reclamar por una pronta investigación que determine quiénes fueron los responsables de la acción armada.
Los asistentes a esta marcha silenciosa y rodeada de una profunda tristeza portaron velas en memoria de las nueve víctimas. “La población está sumida en un profundo dolor y miedo”, dijo durante el acto el sacerdote Trino Rodríguez. “Estos momentos de reflexión son necesarios para limpiar ese sufrimiento y decir que la comunidad está por encima de esos lamentables hechos. Le exigimos a las autoridades un rápido esclarecimiento y que no se repitan estas situaciones”.
La Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz en el Catatumbo, conformada por varias organizaciones sociales, también le exigió “a las autoridades competentes y al ente investigador (la Fiscalía) que se adelanten las investigaciones correspondientes que conduzcan al esclarecimiento de los hechos. Se espera un procedimiento exhaustivo, responsable, ágil y con verificación internacional”.
Finalmente, Ascamcat hizo pública una reflexión en la que le sugirió a los habitantes de la región que “no permitamos que la tragedia que hoy enluta a la región nos robe la esperanza de seguir como una propuesta asociativa de reconstrucción del tejido social que permite generar condiciones de vida digna y desarrollo para los catatumberos”.
* Foto de apertura tomada de @CiscaCatatumbo
