La petición fue hecha ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en el marco del juicio que se adelanta contra 30 exparamilitares del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
¿Logrará ser reconocida la Comunidad de Paz de San José de Apartadó como víctima del conflicto armado y, por ende, como sujeto de reparación colectiva? Por lo menos así lo solicitaron representantes de esa organización ante los magistrados de Justicia y Paz de Medellín durante una audiencia de incidente de reparación del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
La diligencia judicial tuvo lugar en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño, y allí estuvieron presentes los 30 postulados de esa estructura paramilitar, entre ellos Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, excomandante del Frente Arlex Hurtado, quienes aspiran recibir los beneficios de la justicia transicional. También hicieron presencia por lo menos un centenar de víctimas del accionar del Bloque Bananero, entre ellos, integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Durante la audiencia, que tiene como finalidad que las personas que fueron afectadas directa o indirectamente por el accionar paramilitar manifiesten sus aspiraciones en materia de reparación y garantías de no repetición, el padre Javier Giraldo, en representación de la Comunidad de Paz, señaló que ésta debe ser considerada “un sujeto de reparación colectiva por ser una comunidad que tiene un propósito común y porque ha sufrido un impacto colectivo por las masivas violaciones individuales que se han cometido allí”.
Según el padre Giraldo, desde su constitución, en marzo de 1997, hasta la fecha, han sido asesinados 214 de sus integrantes al igual que otros 106 campesinos allegados a la Comunidad de Paz. Se han registrado 500 amenazas o anuncios de exterminio; se han denunciado 100 casos de tortura y “200 personas han sido privadas de su libertad en operativos arbitrarios e ilegales, muchos de las cuales tienen como sustento probatorio los testimonios de falsos testigos”, detalló el sacerdote.
“Los desplazamientos colectivos han sido más de 50 y en más de 350 ocasiones los paramilitares, en estrecha colaboración con el Ejército, han ocupado los espacios de la Comunidad mediante el ultraje (…) se han cometido cientos de ultrajes sexuales, abigeatos, saqueos y pillajes, asaltos a mano armada”, declaró el padre Giraldo ante los magistrados, quien añadió que quizás uno de los mayores daños que ha padecido esta Comunidad de Paz ha sido la estigmatización, “proceso en el que han ayudado medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales, para tratar de convencer a la opinión pública que la Comunidad (de Paz) era un centro de mando de las Farc”.
Por todo lo anterior, el padre Giraldo solicitó a los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín que se aprestan a proferir sentencia contra Raúl Hasbún y los otros 30 postulados del Bloque Bananero, ordenar a la Unidad Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas que reconozca a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó como víctima del conflicto armado y, por tanto, reciba medidas de reparación colectiva.
La solicitud fue apoyada por la Procuraduría, entidad que a través de su representante en la audiencia señaló que “se han asesinado más de 300 integrantes de este colectivo en menos de una década” y que, por ello, debe incluirse dicha orden en la decisión contra alias ‘Pedro Bonito’ y demás postulados del Bloque Bananero que se conocerá en las próximas semanas.
¿Qué es la Comunidad de Paz?
Como muchas regiones de Colombia donde la guerra echó raíces, el corregimiento San José de Apartadó tiene la desdicha de contar con una ubicación geográfica envidiable. Su proximidad con la Serranía de Abibe, así como con los municipios de Carepa y Turbo, que permite una rápida conexión con el Nudo de Paramillo y el departamento de Córdoba, lo convirtieron en un punto estratégico e indispensable para los intereses de la guerra.
Quien primero sacó provecho de esta ventaja geográfica fue la guerrilla de las Farc, que a través del Frente 5 se asentó en la región desde finales de la década de los setenta, logrando consolidar un dominio militar sobre una importante franja de la Serranía de Abibe que les permitió moverse, aprovisionarse, resguardarse y fortalecerse. Ante la ausencia de entidades que representaran al Estado, los campesinos de la región no tuvieron más remedio que convivir y acatar las leyes ‘farianas’.
A principios de los años noventa, cuando el germen del paramilitarismo comenzaba a brotar en el norte de Urabá antioqueño y el Ejército buscaba imponer soberanía en esta región convulsionada por la violencia, los labriegos del corregimiento comenzaron a ser señalados por ambos bandos como “auxiliadores de la guerrilla”.
De esa manera comenzó el drama para los habitantes de San José de Apartadó. Los líderes campesinos más visibles del corregimiento comenzaron a ser retenidos en operativos oficiales bajo la sospecha de ser colaboradores de la insurgencia, los escuadrones paramilitares entraron a disputarle el dominio territorial a las Farc y éstas respondieron reclutando jóvenes para sus filas y asesinando líderes sospechosos de colaborar con los ‘paras’.
Los labriegos debieron soportar desplazamientos forzados, asesinatos indiscriminados, robos, agresiones, masacres. Muchos de estos hechos fueron documentados por el padre Javier Giraldo en libros como “Toga o Fusil”. Tal como lo consignó el clérigo, entre 1991 y 1994 se registraron sendos casos de asesinatos selectivos en veredas como La Resbalosa, Arenales, Arenas Bajas, entre otras. Pero lo que prendió las alarmas fue la masacre de cinco líderes comunitarios en la vereda La Galleta, en límites con el municipio de Turbo, perpetrada por paramilitares en septiembre de 1995.
Las agresiones contra los habitantes del corregimiento se agudizaron tras el asesinato de su fundador, Bartolomé Cataño, quien además era concejal de Apartadó por el partido Unión Patriótica. El hecho ocurrió el 16 de agosto de 1996 en plena terminal de transporte de este municipio. Un mes más tarde, el 7 de septiembre de 1996, presuntos miembros del Batallón Contraguerrilla Nº 35, ingresaron al corregimiento acompañados de una supuesta desertora de las Farc y asesinaron a cinco personas.
Las víctimas, en aquella ocasión, fueron Juan Francisco González Almanza, de 32 años, miembro de la Asociación de Parceleros de Urabá (Asopaur) y negociador del éxodo campesino que se había tomado el Coliseo de Apartadó del 18 de junio al 5 de julio de ese año; Gustavo De Jesús Loaiza Hincapié, de 51 años, concejal suplente del asesinado fundador de San José, Bartolomé Cataño; Samuel Arias Ramírez, de 56 años, gerente de la Cooperativa Balsamar, uno de los proyectos de intensa participación comunitaria; y María Eugenia Silva Úsuga, de 19 años y con cuatro meses de embarazo, responsable del comité ecológico de la junta de acción comunal.
Para frenar el desangre, los líderes del corregimiento solicitaron ayuda a la Iglesia Católica y a organismos defensores de derechos humanos. La Diócesis de Apartadó y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz respondieron el llamado, sugiriéndoles a los pobladores como medida de autoprotección la creación de zonas neutrales; es decir, declarar un territorio y sus pobladores como ajeno a la confrontación y desligado de cualquier actor armado. Desafortunadamente, dos de los líderes que más alentaban entre sus paisanos esta salida fueron asesinados el 7 de febrero de 1997 por hombres encapuchados.
A finales del mismo mes se registró una nueva incursión armada por parte de un comando paramilitar que dejó cuatro personas muertas. Así, cansados de la guerra, de los señalamientos de todos los grupos armados en disputa y de la poca o nula respuesta de las autoridades civiles y de los organismos de seguridad para brindarles protección, los habitantes de las 32 veredas que conforman San José de Apartadó vieron como única medida posible para proteger sus vidas declarase como Comunidad de Paz el 23 de marzo de 1997.
Afectaciones múltiples
“La Comunidad de Paz nació con las veredas del corregimiento San José de Apartadó, pero ha ido incorporando veredas del municipio de Tierralta, que se acogen a las normas y principios que rigen la Comunidad, los cuales son no participar en la guerra y no colaborar con ningún grupo armado, sea legal o ilegal”, aclaró el padre Giraldo, quien resaltó, además, que “la Comunidad impulsa proyectos comunitarios de producción, proscribe ciertas prácticas que atentan contra la vida comunitaria, como el consumo de alcohol o drogas o la participación en cultivos de uso ilícito”.
Desde su creación, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha tenido que soportar los señalamientos de los estamentos oficiales que la catalogan como “núcleo de base para las organizaciones agresoras del orden legal”, tal como lo consignó en un artículo el Brigadier General (r) Adolfo Clavijo, publicado por Semana.com el 20 de marzo de 2005. Quizás lo señalamientos más graves fueron los lanzados por Álvaro Uribe Vélez, cuando siendo presidente de la República, catalogó a la comunidad como “auxiliadora del terrorismo”.
Sucedió en 2005, poco después que paramilitares del Bloque Héroes de Tolová, con apoyo de oficiales, suboficiales y soldados de la Brigada 17 del Ejército, ingresaron a varias veredas del corregimiento y torturaron, asesinaron y descuartizaron a Alejandro Pérez, un campesino de la zona, y a siete miembros de la comunidad de paz, cuatro adultos y tres menores de edad. Tras el hecho, el entonces mandatario de los colombianos señaló públicamente en un consejo de seguridad que “en esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí, de auxiliar a las Farc, de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”. (Los cabos sueltos de la masacre de San José de Apartadó)
Por estas declaraciones, la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio del Interior mediante decisión fechada en enero de 2013, “poner en marcha el procedimiento para la presentación oficial de la retractación frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”. El acto tuvo lugar el 10 de diciembre del mismo año y en él estuvo el presidente Juan Manuel Santos.
“Pero esta retractación no fue como la Corte Constitucional las ordenó, con medidas que garanticen la no repetición”, dijo el padre Giraldo. “Todo este cúmulo de situaciones ha forzado a los integrantes de la Comunidad de Paz a cuestionar a fondo la legitimidad de muchas instituciones y a crear rupturas en relación con ellas e imponer condiciones para reestablecer la interlocución, condiciones que no son más que derechos fundamentales”.
Por ello, la solicitud hecha a los magistrados, para que le ordenen a la Unidad Especial para la Atención y Reparación a Víctimas incluir como sujeto de reparación colectiva a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, tiene para el sacerdote un doble significado: por un lado se trata de garantizar el respeto a la autodeterminación de este colectivo pero con medidas que garanticen que la barbarie vivida no se volverá a repetir y que bienes fundamentales como vías, servicios públicos, escuelas y hospitales por fin llegarán a la región.
Y el otro es romper con una tradición doctrinaria que, en las palabras del padre Giraldo, “ha impulsado la creencia de que colectivos como el de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó son los enemigos de la nación”.
*Foto de apertura tomada de la página web del IPC.
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