En Codazzi, Cesar, una comunidad de labriegos espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudie su caso y dedica a su favor para evitar, de esa manera, que se cumpla una acción policial que ordena desalojarlos de las tierras que reclaman en restitución.
Los campesinos que cultivan la finca La Esperanza, de 603 hectáreas, están angustiados. Aunque hace dos meses fue suspendida la diligencia que ordenaba su desalojo de esas tierras, el Juez Segundo de Restitución de Tierras de Valledupar anunció una nueva fecha para cumplir la orden policita: será el próximo 4 de julio.
La comunidad no ha logrado que el Tribunal de Restitución de Cartagena ni la Corte Suprema de Justicia escuchen sus argumentos: que también son víctimas del conflicto armado, cultivan el predio en discusión hace 27 años y su caso está bajo estudio por el Juez Tercero de Restitución de Tierras de Valledupar. (Lea: La incierta ‘Esperanza’ de comunidad campesina en Codazzi)
Ante la nueva fecha, y buscando mecanismos para frenarla y proteger los derechos de esta comunidad vulnerable, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que acompaña jurídicamente a los campesinos, solicitó ayer medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para esta organización no gubernamental, “de hacerse efectiva la orden de desalojo no solamente se está desconociendo la calidad de víctimas y el proceso de restitución de tierras iniciado por los afectados. El desalojo implicará la pérdida de la vivienda y el trabajo de las familias, obligándolas a desplazarse internamente y a abandonar las tierras en donde han habitado y trabajado durante las últimas décadas”. (Lea la solicitud)
Lo dividieron
La reclamación de la propiedad de la finca La Esperanza es un caso particular en restitución porque en etapa judicial fue fraccionado, en detrimento de los campesinos.
Al Tribunal de Restitución de Cartagena llegaron dos reclamaciones; de un lado, la presentada por la familia Flórez Girón; y de otro, la de 23 familias campesinas. Los primeros acreditaron títulos de propiedad y contaron que abandonaron las tierras por amenazas de las Farc; y los segundos, que poseen las tierras, estuvieron a la expectativa del trámite de compra iniciado por el Incora, y que sufrieron la violencia de las Farc y los paramilitares. El conflicto armado los desplazó en el año 2002 y retornaron al predio en 2005.
Sin embargo, las magistradas del Tribunal cartagenero tomaron una decisión cuestionada: el proceso de los campesinos fue enviado al Juzgado Tercero de Valledupar y en marzo de 2017 dictaron una sentencia que ordenó la restitución de La Esperanza a los Flórez Girón. En el fallo, el Tribunal concluyó que los campesinos eran “segundos ocupantes” y que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) debía caracterizar a la comunidad para tomar medidas al respecto.
Conocida la sentencia, la CCJ identificó varios defectos en el proceso, entre ellos, la “ruptura procesal”, el desconocer la condición de “víctimas sucesivas” de los campesinos y que no se tuvo en cuenta que los Flórez Girón no querían restitución sino compensación, algo que habría evitado el actual panorama. Por ello, junto a la URT, solicitaron al Tribunal la “modulación del fallo”, pero las magistradas indicaron que esto solo procedía para asuntos de forma y no de fondo. (Lea: La extraña ‘Esperanza’ de la restitución en Codazzi)
¿Desalojar La Esperanza?
Los campesinos no comprenden cómo el Tribunal de Cartagena tomó tal decisión teniendo cuenta que, durante el juicio, la familia Flórez Girón expresó que prefería una compensación económica, dada su avanzada edad y condiciones de salud. La comunidad ha reiterado su arraigo a la tierra, con casi treinta años de posesión, donde han cultivado alimentos y criado animales para el consumo propio con créditos que adeudan al Banco Agrario.
Por orden del Tribunal, en marzo pasado, el Juzgado Segundo de Restitución de Tierras de Valledupar llegó al predio a cumplir con el desalojo, pero la diligencia fue suspendida. En ese momento, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) advirtió que en la comunidad había niños, mujeres en estado de embarazo y personas de la tercera edad.
Para entonces, la CCJ ya había presentado el caso ante la Corte Suprema de Justicia, que primero negó las medidas cautelares y rechazó la acción de tutela que solicitaba la revisión del fallo. Ahora la acción de tutela cursa la segunda instancia en ese Alto Tribunal.
En una nueva estrategia para proteger a los campesinos reclamantes, la CCJ acudió a la CIDH, argumentando que el Tribunal de Cartagena se equivocó y que el desalojo “causaría un daño grave e irremediable a la comunidad en términos de afectación a sus derechos a la vida digna, mínimo vital, trabajo y debido proceso”.
En Codazzi, los campesinos esperan que su caso sea estudiado por el organismo internacional y que las medidas cautelares pongan freno a un desalojo que los pondría en condiciones similares a las del desplazamiento.
“Estamos preocupados. Somos campesinos y nuestro sustento es la tierra, donde hemos trabajado 27 años y han crecido nuestras familias ¿Para dónde cógemos?”, pregunta Orlando Cuesta, uno de los campesinos de La Esperanza que tramitó un crédito de 17 millones para cultivar plátano en su parcela y ahora teme que quede con esa obligación y sin parcela para labrar.
