Hasta el próximo 16 de noviembre voceros del gobierno nacional y de esa guerrilla escucharán las sugerencias que tienen delegados de organizaciones sociales de todo el país para poner en marcha el punto uno de la agenda de diálogo. Su inicio estuvo marcado por duros cuestionamientos al grupo insurgente por el asesinato de un gobernador indígena en Chocó.
Las audiencias preparatorias se desarrollan en Tocancipá desde el pasado 30 de octubre y hasta el próximo 16 de noviembre. Foto: Cortesía de Darwin Torres.Bajo estricta confidencialidad y a puerta cerrada se reúnen desde el pasado 30 de octubre en Tocancipá, Cundinamarca, decenas de representantes de organizaciones sociales de diversas regiones del país para darle cuerpo al punto uno de la agenda de diálogos, llamado Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz, pactado entre el gobierno nacional y este grupo insurgente.
Estas audiencias preparatorias, que iniciaron luego de nueve meses de diálogos en Quito, Ecuador, están diseñadas en tres bloques, en cada uno de los cuales se escuchan y sistematizan las propuestas de diversas expresiones de la sociedad civil organizada frente a los mecanismos que podrían ponerse en marcha para concretar esa participación.
Este ejercicio colectivo, en el que participan 200 delegados de distintas organizaciones sociales, finaliza el próximo 16 de noviembre y cuenta con la presencia de dos voceras del Eln -Consuelo Tapias y Silvana Guerrero- y otros dos por parte del gobierno nacional -Luz Helena Sarmiento y Juan Sebastián Betancur-. No se incluyeron dirigentes de partidos políticos, directores medios de comunicación o representantes de los gremios empresariales.
Dos de los tres bloques ya concluyeron y en ellos participaron voceros de pequeños mineros, jóvenes, plataformas de paz, movimientos sociales; organizaciones étnico-territoriales, agrarias y de víctimas; sindicatos, centros de pensamiento, universidades, empresas del sector minero-energético y líderes sociales de Santander, el sur de Bolívar, Chocó y Nariño.
El propósito es que sus aportes sean la puerta de entrada a la concreción de la agenda de negociación con el Eln, cuyos puntos dos y tres, Democracia para la Paz y Transformaciones para la Paz, dependen en buena medida de los insumos que arroje el desarrollo del punto uno. Esos tres temas son la gran apuesta en la mesa de diálogos del grupo alzado en armas desde hace 52 años, que desde las fallidas negociaciones entre el gobierno de César Gaviria (1990-1994) y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar ha planteado la necesidad de darle protagonismo a la sociedad en la solución de los problemas que originaron el conflicto armado.
Uno de los temores expuestos durante este encuentro y que representa un enorme desafío es el proceso electoral que se avecina, por lo que el actual gobierno nacional y el Eln deberían ofrecer resultados concretos que garanticen la continuidad de los diálogos durante el próximo mandato presidencial, que arranca el 7 de agosto de 2018.
Difícil comienzo
Las audiencias preparatorias arrancaron en medio de duros cuestionamientos contra esa guerrilla por el asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero el pasado 24 de octubre en Alto Baudó (Chocó). El hecho fue reconocido por el Frente de Guerra Occidental del Eln, que dijo haber retenido al gobernador para interrogarlo, pero que aquel se había negado a caminar y se había ‘abalanzado’ sobre un guerrillero, razón por la cual fue asesinado. (Lea más: Eln, responsable de asesinato de líder indígena en Chocó)
Contrario a esa versión, el director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés, declaró este viernes que el dirigente indígena fue asesinado con dos tiros de fusil, por la espalda, mientras estaba en “estado de indefensión”, lo que arreció los cuestionamientos contra el grupo insurgente, cuya acción violó el cese al fuego bilateral decretado por las partes desde el 1 de octubre y constituye una grave violación a los derechos humanos.
Entre las múltiples propuestas presentadas, conocidas de manera exclusiva por VerdadAbierta.com, se destaca que la participación debe concebirse como un proceso público, abierto y escalonado desde lo territorial hasta lo nacional. Asimismo, que sea un escenario que incorpore los aprendizajes de las mesas de negociación que han establecido el gobierno y distintos sectores sociales, que reconozca las experiencias de las colectividades, que esté acompañado de garantías de seguridad, que cuente con recursos financieros suficientes y que incluya los enfoques diferencial y de género.
Las propuestas, sin embargo, difieren en procedimientos, dimensión, alcance y tiempos del ejercicio de participación. Este portal expone algunas de las principales sugerencias que las organizaciones de la sociedad civil han presentado hasta ahora en Tocancipá.
Las plataformas de paz
Este es el cuestionario que deben responder los participantes. Foto: Cortesía de Darwin Torres.Tres de las propuestas más detalladas sobre el mecanismo de participación que debería elegir la mesa de Quito fueron presentadas por las plataformas por la paz que han acompañado más de cerca el proceso de diálogo entre el gobierno y el Eln: el Comité de Impulso del Diálogo Nacional y la Mesa Social para la Paz, la RedProdepaz y la campaña Por Una Paz Completa.
La propuesta más ambiciosa y compleja es la del Comité de Impulso, del que hacen parte 200 organizaciones y plataformas sociales y políticas, que van desde el sector sindical hasta el eclesial y que incluye al Congreso de los Pueblos. El corazón de su iniciativa es el desarrollo de un gran diálogo nacional, en el que la sociedad tome decisiones sobre temas de interés general, algunos de los cuales han sido definidos por el gobierno nacional como “líneas rojas” que no pueden cruzarse en las negociaciones con las guerrillas.
Ese diálogo permitiría, de acuerdo con el Comité, “un avance visible en la superación de las causas sociopolíticas del conflicto armado y en las transformaciones y garantías democráticas necesarias para la tramitación no armada de los conflictos”.
El ejercicio tendría cuatro instancias de deliberación y toma de decisiones, en las que participarían todos los sectores de la sociedad, así: cabildos locales, cabildos regionales, cabildos en el extranjero y una mesa social para la paz a nivel nacional. La idea es que en un ejercicio escalonado se construya un acuerdo o pacto que le sería entregado a la mesa de Quito, en la que se acordarían las reformas necesarias para hacerlo realidad.
Como el gobierno nacional y el Eln no especificaron en la agenda concertada qué temas iban a negociar, el Comité de Impulso entregó una agenda temática que sería debatida en las cuatro instancias y que tiene seis puntos: vivencia y profundización de la democracia, seguridad y convivencia ciudadanas, justicia y derechos de las víctimas, ordenamiento de los territorios, modelos económicos y sustentabilidad ecológica y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.
Entre los subtemas se encuentran asuntos ya abordados en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto pactado con la guerrilla de las Farc, como la reforma política, la reforma agraria y las garantías de movilización. Pero hay otros que el Ejecutivo se negó a negociar con ese grupo insurgente, como la doctrina de seguridad nacional y la composición de las Fuerzas Armadas. Entre las discusiones específicas para este proceso aparecen los planes de vida de los pueblos étnicos, la política minero-energética, el medio ambiente y los derechos a la vivienda y al trabajo.
La propuesta del Comité es enorme, costosa y extensa en el tiempo. Implicaría instalar cabildos ciudadanos en todos los municipios del país, así como crear cabildos regionales en zonas como el Catatumbo, el norte de Cauca, el Pacífico y el Centro Oriente. Además de eso, propone que junto a la Mesa Nacional funcionen siete mesas sectoriales y ocho mesas poblacionales, cada una con 100 delegados. Cada instancia, de acuerdo con la iniciativa, debería tomar decisiones relacionadas con los puntos de la agenda temática con miras a transformar políticas públicas.
Diana Sánchez, vocera del Comité de Impulso en estas audiencias preparatorias, declaró que el diálogo nacional buscaría poner en marcha “las transformaciones que la institucionalidad no ha permitido”. Y agregó que por el carácter del proceso “no necesitaríamos una refrendación en el Congreso de la República, porque la participación del constituyente primario le daría anclaje y legitimidad” al pacto.
La otra propuesta amplia es la de la RedProdepaz que, en asocio con la campaña Por Una Paz Completa, le entregó al gobierno nacional y al Eln tres modelos de participación construidos tras un proceso de consulta realizado en Chocó, Arauca, Antioquia, el Magdalena Medio, el Catatumbo y el Suroccidente. En el ejercicio, realizado entre mayo y agosto pasados, participaron 756 personas de 228 organizaciones comunitarias.
El primer modelo reduce la discusión a dos temas gruesos: el minero-energético y el del ordenamiento territorial, que también han sido del interés histórico del Eln. La sugerencia es que distintos actores de la sociedad civil elaboren propuestas sobre esos temas en varios escenarios regionales y uno nacional.
Las audiencias cuentan con la presencia de las delegadas del Eln Consuelo Tapias y Silvana Guerrero, y los delegados del gobierno Luz Helena Sarmiento y Juan Sebastián Betancur. Foto: Cortesía de Darwin Torres.En lo regional, la RedProdepaz le propuso a la mesa “adoptar como uno de sus mecanismos de participación” los espacios de construcción de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) pactados entre el gobierno nacional y las Farc para 16 subregiones compuestas por 170 municipios, dado que “lo que allí se produzca compete al punto dos de la agenda, ‘transformaciones para la paz'”. El otro componente territorial serían unos escenarios de deliberación sobre la implementación de los PDET y lo minero-energético.
En lo nacional, los delegados de las regiones se sumarían a espacios de diálogos sectoriales para definir una propuesta de política pública para los dos temas seleccionados, que le sería entregada a la mesa de Quito para su consideración.
El segundo modelo presentado por la RedProdepaz no tiene agenda delimitada y está compuesto por cuatro fases, con una duración de un año: la primera consistiría en la participación local a través cabildos y otras formas de deliberación, en las que se definirían las transformaciones necesarias para la paz; la segunda sería un diálogo regional en el que se acotaría la agenda por temas, sectores y territorios, con la participación de gremios económicos, partidos políticos y “sectores afines a las políticas de Estado”.
La tercera fase consistiría en una asamblea intersectorial, en la que 200 delegados de las regiones terminarían de afinar la agenda a modo de insumos para la elaboración de políticas públicas; y la cuarta y última etapa sería llevar esa agenda a la mesa de Quito para su discusión.
El tercer modelo de la RedProdepaz parte de la precisión de que los temas propuestos por la sociedad deben “poner punto final a la guerra entre el Estado y las organizaciones insurgentes, por lo que deben ser los que contribuyan a este propósito a la luz de los tiempos de hoy y de la correlación de fuerzas en el marco del conflicto”. Este modelo insiste en que la agenda de la sociedad civil no puede tramitarse por completo en la mesa de Quito, sino que debe negociarse “con el Estado en un contexto de posconflicto armado”.
Para cumplir ese objetivo propone la creación de unas Asambleas Temáticas Territoriales y una Mesa de Diálogo Social Nacional para la Paz. De la primera saldrían insumos para la segunda, provenientes de espacios de las organizaciones de base, colectivos y núcleos territoriales. La idea es que las propuestas de la Mesa sean borradores de nuevas normas y políticas públicas en cuatro temas específicos: ampliación de la democracia y derecho a la participación política, medio ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales, ordenamiento territorial y soberanía, y seguridad ciudadana y convivencia.
Los documentos que se elaboren sobre esos temas se le entregarían al gobierno nacional y al Eln para que, de acuerdo con sus intereses, los conviertan en propuestas de políticas públicas, decretos y reformas legislativas y constitucionales.
Luis Eduardo Celis, quien presentó los modelos a nombre de la RedProdepaz, agregó que en cualquier caso se “requiere establecer un balance de las concertaciones y acuerdos que se han establecido en los últimos 16 años entre el gobierno y el mundo social y organizado, para conocer el grado de cumplimiento de lo pactado” y, de ese modo, acopiar lecciones para los diálogos que se llevan a cabo en Ecuador.
El último del grupo es el modelo propuesto por la Campaña Por Una Paz Completa, que reúne a 60 organizaciones sociales de todo el país. Su iniciativa tomaría cinco meses en ejecutarse y constaría de tres etapas. La primera tiene carácter territorial y se dividiría en las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Llanos Orientales y Amazonía.
En cada una de esas zonas se realizarían encuentros amplios para diversos sectores sociales y reuniones cerradas entre políticos, autoridades y empresarios, que confluirían en un gran encuentro regional. Allí se definirían los temas específicos que dotarían de contenido los puntos 1, 2, 3 y 4 (sobre víctimas) de la agenda entre el gobierno nacional y el Eln.
La financiación de las audiencias corre por cuenta del Grupo de Países de Apoyo de los diálogos de paz entre el gobierno y el Eln. Foto: Cortesía de Darwin Torres.La Campaña sugiere que los temas que se definan sean sistematizados y clasificados por las partes en los ejes de tierra y territorio, recursos naturales, ordenamiento y planeación territorial, infraestructura, corrupción, derechos fundamentales, seguridad y convivencia, víctimas e implementación.
En la segunda tarea, delegados de las regiones se encontrarían en un espacio de participación nacional conformado por mesas redondas, en las que se construirían agendas sectoriales. Y la tercera sería de carácter asambleario y nacional y se llamaría Asamblea Intersectorial e Interregional de Diálogo e Interlocución, en la que se terminaría de definir una agenda con enfoque regional y sectorial, que se le entregaría a la mesa de Quito para su estudio.
La propuesta de la Campaña parece ser la más preocupada por los tiempos político-electorales, al punto que le sugiere al gobierno nacional y al Eln terminar el proceso de participación de la sociedad en junio de 2018, dos meses antes de que culmine el periodo del presidente Juan Manuel Santos.
Las organizaciones sociales
A Tocancipá invitaron al segundo bloque de audiencias preparatorias a organizaciones sociales de distinta índole. Entre ellas, el grupo más numeroso fue el del Pacífico, de donde llegaron los dirigentes de las organizaciones afro e indígenas que integran el Comité de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Humanitario del Chocó, así como representantes de las alcaldías de esta deprimida región del país. (Lea más: Con capítulo especial para Chocó, arranca cese del fuego con el Eln).
Más que modelos específicos de participación, esas organizaciones le compartieron a la mesa las características que, a su modo de ver, debe tener cualquiera que sea el modelo que se elija. La sugerencia principal es que a la hora de poner en marcha el mecanismo de participación se respeten las vocerías de los consejos comunitarios y los resguardos indígenas. (Lea más: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó).
Elizabeth Moreno, del Consejo Comunitario General del Río San Juan (Acadesan), dijo que “ahora existen muchas figuras que buscan hablar por las comunidades, pero no se puede perder de vista que nosotros tenemos representantes reconocidos por la ley y elegidos en asambleas comunitarias para facilitar la participación ciudadana, amplia y en criterio”.
En ese mismo sentido se expresó Rudelsindo Castro, del consejo comunitario General del Río Baudó y sus Afluentes (Acaba), quien también declaró que “no se debe suplantar a las comunidades con comités y comisiones espurios”.
La otra petición es que el proceso se haga en los territorios, aunque sean de difícil acceso. Pedro Asprilla, secretario de gobierno de Itsmina, Chocó, les dijo a las partes que “la mejor forma de participar es en el territorio, porque con reuniones en Quibdó (la capital) no se van a conocer los problemas de las poblaciones del Bajo o el Alto San Juan”.
Los dirigentes afro e indígenas también reivindicaron las asambleas como la manera tradicional en que sus comunidades toman decisiones y le solicitaron a la mesa considerar esos mecanismos de participación, respetando su autonomía.
No obstante, los líderes le pidieron al gobierno nacional y al Eln definir el carácter del proceso de participación y la manera como se cumplirá lo acordado, cuestionando duramente la negativa del gobierno de incluir indicadores de cumplimiento del Capítulo Étnico del Acuerdo Final con las Farc en el Plan Marco de Implementación.
Al respecto, José Santos Caicedo, del Proceso de Comunidades Negras, declaró: “Quisiéramos preguntarles al gobierno y al Eln si están en condiciones de generar el verdadero proceso de participación tal cual las organizaciones y comunidades lo estamos planteando acá, porque no queremos tener que batallar luego para que lo pactado se cumpla, que es lo que estamos viviendo hoy con el Capítulo Étnico”. (Lea más: En rojo, saldo del gobierno nacional por reparación de indígenas y afros).
La mayoría de los dirigentes chocoanos también destacaron como una garantía fundamental para su participación la inclusión de un delegado del Frente de Guerra Occidental del Eln en la mesa de diálogos, del que dicen no tener certeza si está comprometido con el proceso de paz. Esa unidad insurgente también fue responsable del secuestro del excongresista Odín Sánchez en 2016, hecho que contribuyó al retraso de la instalación de la fase pública de los diálogos. (Lea más: “En el Chocó nadie reclama a Odín Sánchez”: ‘Pablo Beltrán’, jefe negociador del Eln).
Doscientos delegados de organizaciones de todo el país participan en los eventos, que se realizan a puerta cerrada. Foto: Cortesía de Darwin Torres.Otro grupo numeroso en el segundo bloque de las audiencias preparatorias fue el de los sindicalistas. Allí asistieron los dirigentes de las tres centrales obreras del país: la Confederación General del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de Colombia y la Central Unitaria de Trabajadores. Este grupo tampoco propuso modelos detallados de participación, pero sugirió la creación de espacios asamblearios para la negociación de la agenda sindical con el empresariado y el gobierno nacional en el marco de los diálogos de Quito.
Las organizaciones de víctimas, por su parte, pidieron parar las afectaciones contra la población civil para dotar de legitimidad el proceso, abogaron por el cumplimiento de los compromisos gubernamentales con el movimiento y pidieron garantizar verdad, justicia y reparación.
Teresita Borrero, de las Madres de la Candelaria de Medellín, le dijo al Eln que “no se les olviden las víctimas de Machuca”, mientras Luis Alfonso Castillo, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), le dijo al gobierno nacional que “no puede seguir esperando a que salgamos a las calles a exigir nuestros derechos para que después de tres días y cinco muertos se siente a negociar acuerdos que nunca, jamás, va a cumplir”.
Universidades y centros de pensamiento
Preocupado por los alcances de los mecanismos y los tiempos políticos, este grupo les hizo un llamado a las partes para concretar y tener en cuenta varios asuntos relacionados con la participación ciudadana en el proceso de paz. Al respecto, Sergio Guarín, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), aseveró que “los puntos 1 y 2 de la agenda son entendibles para las organizaciones sociales y los centros de pensamiento, pero supremamente ambiguos y generales para la población en general y para los grupos de interés”.
Este investigador propuso que la participación de la sociedad civil debería girar alrededor de sólo tres asuntos, que son aquellos para los que “existen condiciones para conversar hoy en Colombia”: la descentralización, los mecanismos de participación ciudadana y la política minero-energética.
El Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, liderado por Alejo Vargas, también le pidió a la mesa de Quito definir la naturaleza, el alcance y los territorios donde se desarrollará la participación que le proponen a la sociedad, así como comprometerse de manera “clara, pública y expresa de que va a tomar seriamente en consideración los resultados de los ejercicios participativos”.
Vargas les recordó al gobierno nacional y al Eln que “el gran desafío es lograr los actores sociales no alineados se entusiasmen con la posibilidad participar”, mientras que Carlos Alberto Mejía, de la maestría en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes, les pidió a las partes no perder de vista que “la Colombia urbana no ve la paz como una prioridad y la Colombia rural está presenciando el incumplimiento del acuerdo con las Farc”.
La Red Universitaria por la Paz, que agrupa académicos e investigadores de universidades de 12 departamentos, propuso que las instituciones de educación superior se habiliten como “cabildos o mesas de diálogo y construcción de paz”, con el fin de convertirse en el escenario de debate que permita “desarrollar la agenda gobierno – Eln” con la participación de las partes, la comunidad internacional y la sociedad civil.
El tercer y último bloque de audiencias, que culminará el próximo jueves 16 de noviembre, tendrá carácter virtual y presencial, y contará con la participación de los presos políticos del Eln y colombianos exiliados en el exterior, entre otros sectores.
Una vez terminada esa fase, el gobierno nacional y el Eln tendrán la dura tarea de estudiar el conjunto de propuestas para negociar más adelante un mecanismo de participación que permita darle viabilidad al punto uno de la agenda. Todo ello en un clima preelectoral, marcado por la desconfianza generada por las dificultades que afronta la implementación de los acuerdos con las Farc en diversas regiones del país, los obstáculos legislativos para aprobar las normas que requiere su concreción y con la incertidumbre de la continuidad del cese al fuego bilateral después del próximo 9 de enero.
