Así lo consideró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por tal razón le pidió al gobierno nacional tomar medidas reales que garanticen la vida de 12 representantes de las comunidades en Carmen del Darién y Riosucio, Chocó.
A propósito del recrudecimiento de la violencia contra líderes sociales en varias regiones del país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el gobierno colombiano no ha implementado “medidas efectivas” que eviten la continuidad de las amenazas, hostigamientos y asesinatos contra líderes de las comunidades afrodescendientes en la región del Bajo Atrato chocano. (Lea: Asesinatos de líderes sociales: pocos avances para la magnitud de la tragedia)
Por eso el pasado 7 de febrero amplió las medidas cautelares que ya había dictado desde 2014 a favor de defensores de derechos humanos de esta región, esta vez solicitando garantías de protección para 12 líderes de los consejos comunitarios mayores de Curvaradó y Jiguamiandó, en el municipio del Carmen del Darién, y del consejo comunitario de Pedeguita y Mancilla, en el municipio de Riosucio.
Las medidas benefician a Manuel Denis Blandón, Félix Alvarado, Erasmo Sierra, Benjamín Sierra, Rumualdo Salcedo, Melkín Romaña, Maria Ligia Chaverra, Argemiro Bailarín, Eustaquio Polo, Eleodoro Polo, Yomaira González y James Ruíz.
“Tras un análisis de la integridad de la información aportada, la Comisión advierte que, según los solicitantes, la situación de riesgo actual de las comunidades propuestas beneficiarias y los líderes y lideresas identificados, estaría exacerbada por las recientes disputas territoriales entre presuntos actores armados irregulares identificados por los solicitantes como ‘neoparamilitares’ integrantes de las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, así como de miembros de la guerrilla del Eln. Asimismo, existirían intereses empresariales que se apoyan [en las estructuras irregulares] para evitar los procesos de retorno, restitución de tierras y reivindicación de derechos de las familias”, detalló la CIDH. (Lea ampliación de medidas cautelares CIDH)
La solicitud de ampliación de medidas cautelares fue solicitada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Jyp), que durante casi tres décadas ha documentado y advertido los efectos del conflicto armado en ese territorio. La CIDH consideró que los hechos de violencia ocurridos durante 2017 en estas comunidades son de tal gravedad, que solicita al gobierno nacional informar en un plazo máximo de 20 días las medidas adoptadas.
Los hechos de violencia están relacionados con el asesinato de siete líderes, varios de ellos reclamantes de tierras, la quema de cultivos, el ingreso reiterado de hombres armados a los territorios étnicos, la instalación de retenes ilegales, retención de miembros de la comunidad, desplazamientos masivos y combates. Una gran parte de estos hechos son atribuidos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamada por las autoridades ‘Clan del Golfo’, que según ha advertido la Defensoría del Pueblo “ronda por las zonas humanitarias, controlan los caminos y amenaza a las comunidades”. (Lea: Reclamantes de tierra del Bajo Atrato, bajo fuego, pero ¿de quién?)
En el recuento de hechos, por ejemplo, “el 5 de mayo se habrían observado a 300 integrados de las Agc con camuflados y armas de fuego en la quebrada La Mina y La Dominga, territorio de Jiguamiandó. Ese mismo día las Agc habrían enviado un mensaje a los líderes y lideresas de Jiguamiandó, Curvaradó, Pedeguita y Mancilla, requiriéndoles que tenían que reunirse “para acordar mecanismos para la restitución de algunas tierras y acercase a sus apuestas productivas”. Ese mismo día, dos hombres presuntamenta pertenecientes a las Agc hicieron presencia en la Zona Humanitaria Nueva Esperanza”.
El despojo a las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, y de Pedeguita y Mancilla, data de los años noventa. En el proceso de Justicia y Paz, desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) confesaron que varios empresarios del banano, la palma y la ganadería, algunos en asocio con los paramilitares, aprovecharon el vaciamiento de los territorios étnicos para desarrollar allí proyectos agroindustriales. La situación ha sido reconicida por la Corte Constitucional y jueces especializados. (Lea: “Palmicultores se asociaron para delinquir”: Juez)
En octubre de 2016, la Comisión Intereclesial publicó un informe que señala a varias empresas comercializadoras del banano y sociedades palmiculturas involucradas en la usurpación de estos territorios étnicos (Informe Empresas bananeras, vulneración de derechos humanos). Sin embargo, el documento advierte que eran pocos los avances de la justicia al respecto. (Lea: Investigaciones contra bananeros, ¿a Jurisdicción Especial para la Paz?)
Aunque en Curvaradó y Jiguamiandó cuenta con una sentencia del Consejo de Estado del 8 de abril de 2010, que ordenó la restitución de sus territorios colectivos, la violencia que persiste en la región impide el disfrute de sus derechos territoriales. Lo mismo ocurre con Pedeguita y Mancilla, que por ahora cuenta con medidas cautelares otorgadas por el Tribunal Especializado de Restitución de Tierras de Antioquia, y sigue a la espera de la Unidad de Restitución presente su caso ante un juez especializado. (Medidas Cautelares Pedeguita y Mancilla)
También amenazados por el Eln
Pero las Agc no son el único actor armado ilegal que afecta a estos territorios étnicos. Desde el año 2015, la Defensoría del Pueblo ha emitido 22 alertas de riesgo, señalando la presencia y posible confrontanción entre esa banda criminal y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Según el recuento de hechos violentos, documentado por la Comisión intereclesial, los consejos comunitarios están en medio de una puja territorial entre estos grupos.
Mientras las Agc los señalan de “colaborar con la guerrilla”, el Eln los tilda de apoyar a los paramilitares. De acuerdo con esta agencia del Ministerio Público, “el 12 de octubre de 2017, entre 30 y 40 hombres armados presuntamente pertenecientes a la guerrilla del Eln habrían hecho presencia en la zona humanitaria de Nueva Esperanza, territorio de Jiguamiandó. La comunidad habría expresado que “el ingreso de hombres armados estaba prohibido”. Sin embargo, los integrantes del Eln alegadamente indicaron que “llegaron para quedarse” y además acusaron a la comunidad de esconder a los paramilitares”.
En noviembre el Eln habría instalado minas antipersonales en Urada, Puerto Lleras, El Ovo, Vergel, La Laguna, Bracitos o Pueblo Pipón. “El 11 de noviembre integrantes del Eln presuntamente ingresaron a la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo, territorio colectivo de Jiguamiandó, y habrían informado a la comunidad sobre la instalación de minas antipersonal y que debían abstenerse de transitar por los caminos. El 13 de noviembre se habría presentando un enfrentamiento entre integrantes del Eln y las Agc por lo que los habitantes del Consejo Comunitario de Urada y el Resguardo Embera de Nuevo Cañaveral habrían quedado en medio del fuego cruzado”.
La Comisión Intereclesial señala que solicitud de ampliación de medidas cautelares ocurre en un departamento donde el conflicto armado persiste. Citando datos de Amnistía Internacional, destaca que 9.544 personas fueron desplazadas entre enero y septiembre de 2017 de sus poblados, una cifra que equivale a 57 por ciento de las personas en esta misma condición en todo el país. “Informaron que en octubre, 3.115 afrodescendientes y 2.955 indígenas se vieron afectados por 27 eventos de desplazamiento forzado y confinamientos”.
Aunque el 13 de agosto de 2014 la CIDH otorgó medidas cautelares para cuatro líderes de la Asociación de Familiares de Consejos Comunitarios en esta región, la Comisión reiteró que los eventos ocurridos durante 2017 “son indicadores de la necesidad de adoptar medidas urgentes para fortalecer a través de medidas inmediatas, tanto los esquemas de protección individual a favor de las lideresas y los líderes y como los colectivos a favor de las comunidades. Lo anterior, con el objetivo de impedir que se materialicen nuevos eventos de riesgo, incluso con consecuencias mortales”.
