Aunque el organismo destaca los avances en Justicia y Paz, advierte sobre el reclutamiento forzado por bandas criminales y el riesgo que corren las víctimas al reclamar sus derechos.
Mapp-OEA reitera amenazas contra víctimas de Justicia y Paz
El décimo cuarto informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia Mapp-OEA (ver informe No. 14), señala que el reclutamiento de jóvenes para la guerra está afectando a los desmovilizados.
Según la Mapp, los desmovilizados siguen siendo víctimas de amenazas, hostigamientos, desplazamientos y asesinatos por parte de bandas criminales emergentes. Por esta razón, el organismo internacional sugiere al gobierno crear una estrategia nacional integral que impid el reclutamiento.
Adicionalmente el documento señala que las víctimas principales de las bandas emergentes son líderes comunitarios y sociales, funcionarios públicos, comunidades indígenas y afrocolombianas, quienes representan un obstáculo en el desarrollo de su actividad ilegal.
Aunque el informe destacó los resultados de la fuerza pública contra las bandas criminales, también advirtió que la capacidad de adaptación de estas bandas en los lugares donde realizan las actividades delictivas. Por ejemplo, luego de los operativos en Córdoba y el Bajo Cauca, la Misión señala que estos grupos se desplazaron hacia el Golfo de Morrosquillo, en donde la población civil ha sido la más afectada.
Se reactivan las masacre
Según cifras del Observatorio de Derechos Humanos de Vicepresidencia, citadas por el informe, entre enero y octubre de 2009 en el país se presentaron 24 masacres, en zonas en las que se encuentran las Bandas. Estas masacres fueron en Envigado (Antioquia), El Banco (Magdalena), Puerto Wilches (Santander), Cartago (Valle del Cauca) y Bajo Cauca (entre los municipios de Caucasia y Nechí en Antioquia). Esta alerta ya había sido anunciada por la Misión en su informe pasado (ver informe No. 13).
Además, las bandas emergentes continúan amenazando a las poblaciones con panfletos, extorsiones y toques de queda. A lo anterior se suma, el aumento de los índices de violencia, enespecial en las tasas de homicidio, en las principales ciudades del país como Cali, Bogotá y Medellín.
Justicia y Paz
En cuanto a Ley de Justicia y Paz, la Mapp reconoce logros como el aumento del número de víctimas registradas, los resultados de las exhumaciones realizadas y algunos programas pilotos en materia de restitución de tierras. No obstante, resalta la invisibilidad e inseguridad en las que están cayendo lasvíctimas.
Los departamentos con mayor número de victimas amenazadas y asesinadas debido a su participación en el proceso de Justicia y Paz son Córdoba, Chocó y la región de Urabá.
Adicionalmente, la verificación que realiza la Mapp deja ver que el mayor riesgo lo tienen los líderes y las víctimas que reclaman la restitución de tierras. Es el caso de dos grupos de víctimas a quienes se les restituyeron sus casas en Barrancabermeja, pero luego fueron desplazadas.
La Misión expresó preocupación por la “poca celeridad y desarticulación” en los procesos de reparación colectiva. El informe señala que los esfuerzos que se realizan en esta área están permeados por la desinformación y la falta de participación de las víctimas en los proyectos que supuestamente deberían beneficiarlas. Además deja al descubierto el desinterés en la discusión sobre el proyecto de la Ley de Víctimas.
Los riesgos de la reintegración
La Misión de Observación destaca que las recurrentes amenazas y atentados contra los desmovilizados y sus familiares han influido en los procesos de Justicia y Paz, dificultando la búsqueda de la verdad para las víctimas. En algunos casos las intimidaciones a familiares de ex comandantes paramilitares extraditados y postulados a la Ley de Justicia y Paz, han hecho que estos amenacen con retirarse del proceso, como en el caso de alias ‘Don Berna’.
Según la Policía Nacional entre 2003 y marzo de 2010, 2.290 desmovilizados han sido asesinados. Los departamentos de Antioquia, Córdoba y Cesar presentan los mayores número de muertos (ver informe de la Policía Nacional).
El informe hace énfasis en el éxito del proceso de desmovilización de las Auc, sin embargo reconoce que en muchas comunidades persiste el sentimiento de que los desmovilizados reciben mayores beneficios que las víctimas. También persiste una prevención y desconfianza de las comunidades hacia ellos.
Con el fin de afianzar los avances obtenidos después de la desmovilización de los paramilitares el informe recomienda mejorar las condiciones de seguridad en las zonas en donde aparezcan brotes de violencia, trabajar en la reconciliación, aplicar adecuadamente la Ley de Justicia y Paz y avanzar en la reparación de las víctimas.
Avances y retrocesos
El décimo cuarto informe de la Mapp-OEA señala también que:
• 32 postulados han entregado 5.539 bienes al Fondo Nacional de Reparación a las víctimas, cuyo valor asciende a 8.700 millones de pesos.
• A 6 de octubre de 2009 se diligenciaron 269.781 formularios de solicitud de reparación por vía administrativa.
• A 31 de octubre de 2009, según datos del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, se habían presentado 280.420 víctimas al proceso de Justicia y Paz.
• Según el estudio “Medición de la Percepción de Seguridad del Reintegrado”, citado por la Mapp, realizado a finales de 2008 y contratado por la Gobernación de Antioquia, de 2.704 desmovilizados participantes activos en talleres de atención psicosocial, sólo un 17.9% ha recibido ofertas para reingresar a grupos armados ilegales.
• Según el sistema de información de Justicia y Paz, a diciembre de 2009 la Fiscalía ha exhumado 2.901 restos humanos encontrados en 2.388 fosas. Hay 606 cuerpos con identificación indiciaria (ADN), 900 están reconocidos plenamente y 786 fueron entregados a su familia.
