Cansados de ser ignorados por las autoridades locales, los campesinos de tres predios ubicados en las laderas del río Magdalena que están en disputa jurídica llegaron hasta Bogotá como último recurso. El gobierno se comprometió a buscar soluciones, la Policía Nacional ordenó investigaciones contra sus pares en las regiones y la Fiscalía no apareció.
Ante las continuas amenazas y la ocupación violenta, solo piden a las entidades que actúen con celeridad antes de que ocurra una tragedia. Foto: Cortesía Protección Internacional.
“La gente está cansada de aguantar, si no se toman las medidas se va a desatar un escenariode violencia gravísimo”, dijo un líder campesino que vino hasta Bogotá para alertar sobre la grave situación que se vive en su tierra. Se trata de tres predios: El Guayabo, en Puerto Wilches, Santander; Las Pavas en el municipio de El Peñón y El Garzal, en Simití, Bolívar. (Ver: “Quieren expulsar a los campesinos del Magdalena Medio”: víctimas)
Los campesinos denunciaron la presencia de hombres armados que los han amenazado y, en algunas ocasiones, quemado sus cultivos. Desde 2011, la Defensoría del Pueblo acompaña sus reclamos alertando a la Fuerza Pública, las alcaldías, las gobernaciones y a la Unidad Nacional de Protección, pero poco se ha hecho al respecto y las decenas de denuncias interpuestas en la Fiscalía están estancadas.
Las víctimas solo piden que las instituciones encargadas de definir la titularidad de los predios – el Consejo de Estado en el caso de las Pavas y el Incoder para El Garzal y el Guayabo – tomen decisiones con celeridad, antes de que se desate un enfrentamiento con graves consecuencias.
La única esperanza de los campesinos es que las instituciones del orden nacional cumplan esta vez su palabra. En las reuniones sostenidas en Bogotá, el Ministerio del Interior se comprometió a crear una mesa técnica para que todas las entidades actúen conjuntamente y no por separado, como ha sucedido hasta ahora, y hacer seguimiento a los informes de riesgo de la Defensoría.
Por su parte representantes de la Policía Nacional aseguraron que era difícil actuar en estas situaciones por tratarse de “conflictos entre vecinos”, a pesar de que se trate de víctimas reconocidas por el Estado, pero se comprometieron a investigar las irregularidades que se han presentado con las inspecciones de policía en los municipios. La Fiscalía no asistió a la cita, situación que preocupa a los campesinos, pues el lento avance de las investigaciones enturbia el ambiente que se vive en la zona.
Las víctimas, con ayuda de varias organizaciones no gubernamentales grabaron este video donde explican la situación.
En Las Pavas esperan decisiones jurídicas
En 2012 la Corte Constitucional reconoció la posesión de los campesinos sobre más de 1.300 hectáreas en el corregimiento de Buenos Aires, municipio de El Peñón, Bolívar. Ese mismo año, el Incoder solicitó la extinción de dominio sobre 10 de los 11 predios. Se pensó que estas decisiones ponían fin a los reclamos de los campesinos que vivían en Las Pavas desde 1997 y que fueron desplazados en 2003 por paramilitares del Bloque Central Bolívar y en 2008 por un grupo de hombres armados. (Ver: Los campesinos se quedan con las Pavas)
La decisión hizo que se reconociera a Las Pavas como un caso emblemático de reclamo de tierras e, incluso, la Asociación Campesinas de Buenos Aires ganó el premio Nacional de Paz en 2013. Sin embargo, tres años después la situación de violencia en los predios no ha mejorado. (Ver: La violencia vuelve a Las Pavas)
Aportes San Isidro S.A, la empresa que asegura ser propietaria de buena fe de estas tierras y que aún ocupa el predio, interpuso una demanda ante el Consejo de Estado, que puede tardar hasta diez años en resolverse, según dicen abogado que acompañan la reclamación. Paralelamente, las víctimas pusieron una tutela para que el Incoder ejecute su decisión, pues aunque se extinguió el dominio de los predios, no le han quitado la propiedad de los títulos en la oficina de registro de instrumentos públicos. El caso está hace meses sin resolverse en el despacho del cuestionado magistrado Jorge Pretelt.
El problema es que mientras no exista una decisión de fondo, aumenta la tensión entre la empresa y los campesinos que comparten un mismo predio, lo que ha impedido que la mayoría de las familias viva en el predio. De las 114 familias que reclaman la tierra, 105 han asegurado ante la Unidad de Víctimas que quieren retornar, pero aún no se atreven ante las continuas amenazas y las pocas garantías de seguridad.
Las denuncias que hoy hacen las víctimas son las mismas que hace tres años reportaba la Defensoría en sus informes: amenazas de muerte contra líderes campesinos, destrucción de cultivos de pancoger y quema de casas por parte de funcionarios del departamento de seguridad privada de la empresa. A ello se suma la queja de los campesinos quienes alegan que en sus predios se está sembrando palma aceitera sin su consentimiento.
“Las autoridades locales, entre ellas la Policía y la Alcaldía, le hacen el quite a la problemática. Dicen que no pueden hacer nada hasta que no haya un pronunciamiento del Consejo de Estado. Parece que estuvieran esperando a que haya un muerto”, aseguró uno de los líderes de la comunidad.
Lo más preocupante es que se han interpuesto más de 20 denuncias ante la Fiscalía, pero ninguna investigación avanza y aunque la Unidad Nacional de Protección concertó con la comunidad un plan de seguridad colectivo desde junio de 2014, aún no lo han puesto en marcha porque no han contratado un operador. El Ministerio del Interior se comprometió a dar una pronta respuesta sobre esta irregularidad.
En El Guayabo quieren que Incoder se pronuncie
Los campesinos del Guayabo fueron desalojados por la Policía en octubre de 2014. Foto: Cortesía Protección Internacional.
22 familias llevan casi treinta años trabajando en 400 hectáreas de la Hacienda Las Marías en Simití, Bolívar, luego de que parte de la tierra se inundó y Octavio López Franco, su antiguo propietario, abandonó la propiedad. Estos le pidieron al Incoder adelantar un proceso de extinción de dominio por abandono y que reconociera su posesión desde 1986. Sin embargo, el proceso que se inició en la Subgerencia de Tierras Rurales de Incoder Bogotá fue trasladado a la oficina territorial en Bucaramanga donde, según dicen los reclamantes, se estancó.
En medio de la disputa apareció Rodrigo López Henao, hijo de Octavio, quien se declara víctima de la violencia y solicita la restitución de los predios. En octubre de 2014 la Policía desalojó a las familias, sin que las autoridades pertinentes se hubieran pronunciado sobre la disputa de tierras (Ver: La historia detrás del desalojo de campesinos de El Guayabo, Puerto Wilches)
Miembros de una de las familias desalojada asegura que en esaparcela rondan hombres armados que intimidan a los campesinos. La denuncia fue recogida por la Defensoría del Pueblo, regional Magdalena Medio, en una de sus alertas: “A La falta de garantías judiciales, se suma que en los últimos días los campesinos vienen denunciando la presencia de hombres armados que han identificado como empleados de la empresa Promotora de Seguridad Comunitaria –PROSECOM–, quienes custodian un predio desalojado por orden judicial. Estas personas profieren amenazas y estigmatizan a los campesinos, a quienes señalan de guerrilleros”.
Los campesinos solicitan que las entidades encargadas de definir esta disputa por el territorio – el Incoder y la Unidad de Restitución de Tierras – actúen antes de que se agudice el enfrentamiento. También le exigen neutralidad a las instituciones locales, pues aseguran que los funcionarios del Incoder que han llegado a la zona lo hicieron en compañía de López Henao. Además, en la Fiscalía reposan 28 denuncias que los campesinos interpusieron contra este hombre, sin mostrar avance alguno, en cambio sí avanza la investigación contra los líderes del Garzal por supuestas amenazas contra López.
“¿Qué garantías podemos tener si sabemos que en el territorio todas las instituciones están solo del lado de Rodrigo López Henao”?, se pregunta un líder de víctimas de la región.
Sin presupuesto para tomar decisiones en El Garzal
La comunidad del Gazal está a la espera de una delimitación de senderos por parte del Incoder. Foto: Cortesía Protección Internacional.
370 familias han cultivado durante más de treinta años los terrenos baldíos de este corregimiento en el sur de Bolívar, por eso le vienen pidiendo al Gobierno la titulación de estas tierras. En 2012 el Incoder comenzó el proceso para clarificar si se trataba de tierras de la Nación y encontró que en efecto el 40 por ciento eran baldíos y el resto son Ciénagas.
El Incoder debe delimitar dónde terminan los baldíos y dónde comienzan las ciénagas, que son zona de reserva forestal, pero el problema es que aseguran no tener presupuesto para hacerlo. “El año pasado nos dijeron que no tenían los cuatro millones de pesos que necesitan para delimitar los predios, nosotros como comunidad estamos tan desesperados, que hasta les dijimos que reuníamos ese dinero”, aseguró un líder de víctimas que llegó hasta a Bogotá para exponer la situación.
Aunque a diferencia de Las Pavas y El Guayabo, en el Garzal no hay presencia permanente de hombres armados, sí se han presentado serias amenazas contra las los líderes de la comunidad, como lo ha venido denunciando la Defensoría del Pueblo desde agosto de 2011 en varios informes de riesgo.
A estos se suma que en en la Unidad de Tierras haya por lo menos 18 solicitudes de restitución interpuesta por terceros reclamando los mismos predios que los campesinos esperan que les sean titulados, tres que ya fueron descartadas. Según los parceleros, hace un par de días la Unidad les informó que estudian esos casos, pero que algunos no fueron admitidos.
