Uno de los más brillantes funcionarios judiciales que tuvo el CTI en Antioquia fue acribillado por sicarios el 10 de junio de 1998. Unas semanas atrás de su muerte lideró una investigación que tocó el corazón económico y logístico de los paramilitares.
Por Juan Diego Restrepo E.
Así reportó la prensa local el asesinato del investigador del CTI de la Fiscalía.
La última amenaza de muerte que recibió el abogado Sergio Humberto Parra Ossa fue horas antes de que lo acribillaran en su carro, mientras esperaba el cambio de luces del semáforo en el cruce de la carrera Bolívar con calle Barranquilla, justo al lado del Hospital Infantil de Medellín. No era la primera vez que lo intimidaban por teléfono. Ese tipo de llamadas se habían vuelto frecuentes, sobre todo después de los éxitos que había alcanzado en los últimos operativos contra grupos paramilitares en Antioquia. Estando al frente de la Unidad de Investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía en Medellín había tocado el corazón de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).
Cuando colgó el teléfono aquel 10 de junio de 1998, lo primero que hizo fue llamar a Luz Janeth, su amiga más cercana por aquella época. La mujer le contó a la Fiscalía detalles de esa conversación: “Me llamó a las 12 del día y me dijo que estaba muy preocupado porque había recibido otra amenaza, la segunda, y me manifestó el deseo de estar en mi casa un rato y yo accedí”. Al rato, se encontró con el investigador en la plaza principal de Girardota, donde vivía ella. Sergio estaba inquieto y le sugirió que tomaran algo y se fueron para un lugar llamado Antojos del Camino, a diez minutos en carro de donde estaban.
Momentos después de llegar al sitio, la zozobra embargó al funcionario. “Estando ahí empezaron a circular motos con personas uniformadas del Ejército, Sergio me dijo ‘vámonos de aquí ya porque se enamoran de mí y me salen matando’”, recordó Janeth. Y abandonaron el lugar. La idea inicial fue ir a la casa de ella, pero en el trayecto de regreso detectaron un automóvil Mazda, color blanco, que los seguía a una prudente distancia. Pese a que el investigador reducía la velocidad de su vehículo y en un momento hasta detuvo la marcha,el otro no los rebasaba y se mantenía alejado, para impedir que le vieran las placas.
“El carro blanco nos siguió hasta mi casa. En vista de eso Sergio no se bajó. Paró el vehículo, yo me bajé rápidamente y él me dio instrucciones de que no me asomara una vez estuviera dentro de la casa. El carro blanco siguió detrás de Sergio”, relató Luz Janeth ante un fiscal. Minutos más tarde, él la llamó desde la autopista y le dijo que todo estaba bien, que ya no lo estaban siguiendo, y le prometió que la llamaría más tarde.
En la cabeza de Luz Janeth rondaban los últimos operativos que había hecho su amigo y de los cuales supo por él mismo. En particular, recordó uno que adelantó meses atrás en el municipio de La Ceja, oriente antioqueño, y sobre el cual le contó algunos detalles. “Sergio hizo un operativo y decomisó unos uniformes camuflados del Ejército, me comentó que había capturado varias personas en ese operativo y que era algo muy delicado, una semana después de ese operativo, me dijo que lo habían amenazado de muerte”.
El operativo narrado por Luz Janeth a la Fiscalía fue un allanamiento realizado el 23 de enero de 1998 a una casa situada cerca a la plaza principal. En ese procedimiento, adelantado por un grupo de investigadores del CTI liderado por Sergio, fue capturado Ricardo López Lora, alias ‘La Marrana’, un paramilitar de las Accu quien, por orden de los altos mandos de esa organización armada, fue trasladado del Urabá antioqueño a La Ceja con el fin de constituir una célula armada que le permitiera adelantar operaciones contra supuestos integrantes, colaboradores y simpatizantes de las guerrillas de las Farc y el Eln, y contra todos aquellos que generara desorden social. Se calcula que asesinó por lo menos a 17 personas. Sus fondos económicos provenían de personas adineradas de la región.
En ese allanamiento los investigadores del CTI incautaron varios elementos, pero el que más les llamó la atención fue un beeper o buscapersonas, dispositivo de envío y recepción de mensajes, muy usado en aquellos años. Un análisis de los textos recibidos y enviados llevó a los funcionarios judiciales a establecer las redes de apoyo de alias ‘La Marrana’, entre ellas las que logró construir con el mayor Álvaro Cortes Morillo, jefe de operaciones del Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 Juan del Corral, unidad militar con sede en la vereda Mampuesto del municipio de Rionegro y adscrita a la IV Brigada del Ejército. Los mensajes entre uno y otro mostraron una fuerte articulación operativa, razón por la cual el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a este militar a una pena de 136 meses de prisión en sentencia proferida el 4 de junio de 2003 por el delito de concierto para delinquir. La sanción fue ratificada por el Tribunal Superior de Antioquia y por la Corte Suprema de Justicia.
El impacto que tuvo esa captura y la identificación de esas redes de apoyo contuvo por un par de años la consolidación de las Accu en esta rica región de Antioquia, donde el valor del suelo es uno de los más caros del país y en la que tienen sus fincas de recreo prestantes personalidades del departamento. Lo que logró Sergio y su equipo del CTI no era de poca monta, por ello no era de extrañar que fuera amenazado.
El investigador volvió a llamar a Luz Janeth horas más tarde de su encuentro, tal como se lo había prometido. Se comunicó con ella varias veces, tratando de calmarla. Le dijo que se sentía más tranquilo y le anunció que asistiría a la despedida de su jefe, razón por la cual estaba optimista. “Me dijo que no me preocupara que ya venía el ascenso, y que me llamaba del apartamento porque ya había salido de la oficina”, recordó ella.
Luz Janeth tenía muchas razones para preocuparse. Las investigaciones que adelantaba Sergio no eran fáciles, los resultados que estaba obteniendo afectaban a las Accu de manera drástica y develaban el entramado que venía construyendo ese grupo armado ilegal, tanto con miembros de la Fuerza Pública como con quienes aportaban dinero para financiar sus operaciones militares. Las amenazas arreciaron cuando, según declaró Janeth al ente investigador, su amigo “había capturado a una persona muy importante del grupo de los paramilitares”.
El allanamiento al parqueadero Padilla sacó de casillas al jefe paramilitar Carlos Castaño, quien ordenó asesinar a los investigadores que hicieron parte del operativo. Foto: archivo Semana.
Gregorio Oviedo, quien para la época se desempeñaba como Director del CTI en Antioquia y era su jefe inmediato, recuerda que este tipo de acciones eran propias de Sergio debido a su alto compromiso con la institución: “Él representó –y aun representa- a una generación de investigadores de la Fiscalía que, en su momento, no solo interpretaron y aplicaron de manera estricta los mandatos constitucionales y legales que deben orientar a todo servidor público, sino que se comprometieron con la defensa, igualmente irrestricta, de los derechos de las víctimas”.
Tras un parqueadero
Tres meses después de haber liderado el operativo contra alias ‘La Marrana’, Sergio estuvo al frente de otro allanamiento, esta vez en un parqueadero del centro de Medellín, muy cerca al centro administrativo de la ciudad, donde quedan las sedes de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Edificio de la Justicia. En ese lugar descubrieron el corazón financiero y logístico de las Accu.
Los investigadores del CTI llegaron al sitio, ubicado en el segundo piso del parqueadero sin saber a qué se enfrentarían. De esa oficina supieron horas antes cuando, a través de una llamada anónima a la línea 9800 de la Fiscalía, recibieron información sobre un posible movimiento de un cargamento de uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares desde Medellín hacia Santa Fe de Antioquia, en el occidente antioqueño.
Tal información, que fue calificada de fidedigna, los llevó a montar un operativo para incautar esas prendas y detener a los transportadores. Y efectivamente lo lograron. En los límites del corregimiento Palmitas de Medellín y el municipio de Sopetrán fue detenido un campero Chevrolet Trooper, de placas KFI 885. En el vehículo iban José Alberto Cadavid Vélez, Boris Fernando Baena Rodríguez y John Jader Roldán Arango, quienes transportaban varios bultos que contenían 150 uniformes camuflados de uso privativo del Ejército y tres millones de pesos en billetes de 20 mil pesos. El hallazgo era significativo en la lucha que adelantaban las autoridades para contrarrestar el paramilitarismo en esa región del departamento. Las prendas y el dinero tenían como destino un bloque paramilitar comandado por Luis Arnulfo Tuberquia, alias ’Memín’.
Pero lo de los uniformes y la plata fue lo de menos. Una revisión detallada de algunos documentos que portaban los capturados les permitió concluir a los investigadores del CTI que en el centro de la capital antioqueña había una oficina desde donde se coordinaban tareas de apoyo y logística a los grupos que hacían parte de las Accu. Por tal razón solicitaron a sus jefes allanar el lugar ese mismo día. Así quedó consignado en un documento: “Después del estudio de la documentación que portaban los retenidos y de cotejar con nuestros archivos, se puede presumir que en la carrera 55, N° 45A — 38 de la ciudad de Medellín y en la carrera 55, N° 45A — 10, la cuales corresponden según diligencias adelantadas al Parqueadero Padilla, pueden haber elementos de esta misma naturaleza, por lo cual solicitamos sea estudiada la posibilidad de realizar una diligencia de allanamiento y registro”.
En Medellín se había establecido el centro financiero de las Accu y desde allí se coordinaban las acciones en varias regiones del país. Foto: archivo Semana.
La solicitud les fue presentada a Oviedo y al Director Regional de Fiscalías, Iván Velásquez, quienes de inmediato ordenaron el operativo para evitar que quienes trabajaran en ese lugar fueran avisados. “Sergio estuvo en ese operativo porque el jefe de la Sección de Información y Análisis, Jorge Fernández, estaba en Dabeiba en un procedimiento contra paramilitares de allá, y cuando éste se ausentaba, lo reemplazaba Sergio”, recuerda un funcionario que conoció del operativo en aquella época. “Yo me comuniqué con Sergio y le dije que debía estar al frente de esa situación”.
El operativo se realizó en horas de la tarde. El grupo de investigadores del CTI llegó al parqueadero y encontraron en una de las oficinas a Jacinto Alberto Soto Toro, Rosa Nubia Rodríguez Giraldo y a Luz Aleyda Narváez Caicedo, quienes intentaron destruir diskettes y documentos cuando se percataron de la llegada de los funcionarios judiciales. Una vez detenidos y realizadas las inspecciones del lugar, encontraron una mina de información: se trataba de los documentos de soporte de los movimientos contables de las Accu de los años 1995, 1996, 1997 y del primer semestre de 1998.
Lo hallado estaba en un armario de doble fondo. “Esos documentos estaban registrados en cerca de 70 diskettes y dos libros de cuentas”, recuerda un investigador de la época. En ellos había nombres y apellidos de personas naturales y de empresas, así como anotaciones de movimientos de dinero, de armas, de municiones, de logística, de vehículos, de propiedades rurales, de combatientes, todos los organigramas, desde el Estado Mayor hasta el último de los frentes, y los estatutos de las Autodefensas. Los investigadores tenían en sus manos las pruebas de cómo se estructuraban las Accu en el departamento de Antioquia y otras regiones del país. Lo que revelaban los documentos era una empresa criminal con tentáculos en varias regiones del país. De acuerdo con los organigramas encontrados, para esa época esta estructura paramilitar estaba conformada por los bloques Norte, Metro, Llanero y Occidental, el Frente Sur y la Escuela Móvil, los que a su vez integraban otros frentes y destacamentos. (<ahref=”images/2015/organigrama-de-las-accu.jpg” target=”_blank” type=”image/jpeg” class=”jcepopup” data-mediabox=”width[782];height[560]”>Ver esquema original)
Toro Soto se identificó, inicialmente, como ganadero y alegó ante los investigadores del CTI que se encontraba allí de paso. No obstante, ante la contundencia de los hallazgos no tuvo más remedio que aceptar que era un miembro de las Accu y era conocido con el alias de ‘Lucas’. En su primera diligencia de indagatoria y tras ser preguntado si sabía los motivos por los cuales fue apresado, respondió: “estoy detenido por ser miembro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”. Bajo su responsabilidad estaba la administración de este centro financiero y logístico.
En este evento social, que concentró a los principales jefes paramilitares, aparece en el círculo Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, quien tenía bajo su responsabilidad el manejo de las finanzas de las Accu. Foto: archivo Semana.
Una vez los resultados del operativo llegaron a oídos de Carlos Castaño Gil, vocero de las Accu, entró en cólera. Sabía que el CTI de Medellín había puesto en riesgo parte de su estructura paramilitar y desnudó la dimensión real de las Accu y buena parte de sus financiadores. Hasta ese momento, no habían sido afectadas por acciones del Estado en su estructura militar y mucho menos en su componente financiero. Rápidamente comenzó a trabajar para contrarrestar las consecuencias que podría traer los hallazgos, sobre todo para sus colaboradores económicos. “Lo primero que hizo fue ofrecer 500 millones de pesos esa misma noche para que se dejara libre a ‘Lucas’”, cuenta un antiguo funcionario de ese cuerpo judicial. “Pero nadie quiso aceptar el ofrecimiento”.
El informe inicial presentado un día después del allanamiento al entonces Director Regional de Fiscalías precisó los hallazgos en el operativo de allanamiento al parqueadero Padilla: “libros de contabilidad que al parecer registran los movimientos contables de dicha organización, incluidos los aportantes económicamente, extracto bancarios, comunicaciones sobre operativos militares, relación de personas que posiblemente hacen parte de la misma”.
De inmediato se conformó un equipo de análisis para que revisaran los documentos encontrados y se hicieran las valoraciones necesarias para precisar frente a qué estaban. Buena parte de los datos asentados en los libros contables contenía información de cheques de cientos de cuentas bancarias, tanto de personas como de empresas, de diversas regiones del país. En total se identificaron 497 cuentas, las cuales fueron congeladas por órdenes de la comisión de fiscales que inició el proceso en Medellín.
Luego de identificadas las cuentas, los investigadores le abrieron una carpeta a cada cuenta para cada persona y empresa registrada en los libros contables con el fin de establecer por qué esos cheques aparecían en la contabilidad de las Accu, que, en últimas, había sido la beneficiaria final de esos dineros. A simple vista no se podía determinar cuál fue el procedimiento que se hizo para que esos cheques acabaran allí, pero lo cierto es que, como lo diría un investigador en aquella época, “se comenzó a hablar de muchas personas, de platas que entran a esas cuentas, de platas que salen, quiénes reciben, se encuentra información muy importante, de gente de toda clase”.
Los archivos contenidos en el expediente abierto después del allanamiento y la captura de alias ‘Lucas’, permiten reconstruir, inicialmente, el nombre de las empresas cuyas cuentas bancarias estaban asentadas en los libros contables de las Accu. Ellas son:
Adicional a los documentos, en el lugar también encontraron un beeper o buscapersonas, cuya revisión arrojó cientos de mensajes de texto recibidos y enviados que revelaron los contactos con decenas de personas. Una vez depurada la información, se estableció que desde el parqueadero Padilla había constante comunicación con jefes paramilitares, empresarios y militares. Incluso, se estableció que había constantes mensajes con alias ‘La Marrana’, en La Ceja. Poco a poco se iba descubriendo una gran red ligada a las Accu.
Con esas pesquisas, Carlos Castaño Gil se sintió acosado y se gestó entonces una campaña de venganza contra el CTI en Medellín. Al respecto, el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, le contó a fiscales de Justicia y Paz catorce años después del operativo contra el parqueadero Padilla detalles de la reacción del vocero de las Accu: “La orden que da Carlos es dar de baja a los investigadores que participaron en ese operativo, para tratar de intimidar y que no continúen con estas investigaciones y que llegue a individualizar a las personas que le colaboran a las autodefensas, ya que habían muchos empresarios, ganaderos, finqueros, personas de todo tipo”.
Daniel Mejía, alias ‘Danielito’, y Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, paramilitares vinculados con la ‘Oficina de Envigado’. Fotos: archivo Semana.
Al respecto, Oviedo describió para VerdadAbierta.com la trascendencia de esos hallazgos: “el operativo en el parqueadero Padilla desnudó la cruda y violenta realidad del paramilitarismo en el país, hasta entonces si no oculta, sí deliberadamente eludida, tanto por los medios de comunicación como por los llamados sectores vivos de la sociedad con las conocidas excepciones. Este operativo tuvo especial connotación, además, porque golpeó el corazón financiero de ese monstruo de mil cabezas”.
Si bien se tenía un cúmulo de información que permitió identificar, en palabras de Oviedo, “multimillonarios negocios, por ejemplo, la compra de un barco y una hacienda de más de 3.000 hectáreas por parte directamente de Carlos Castaño, las estrechas relaciones entre guarniciones militares y los paramilitares, los contactos –relaciones- entre clase política y la organización paramilitar”, lo cierto es que después de tres años solo se logró adelantar un operativo en Montería el 24 de mayo de 2001 contra la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), organización no gubernamental fachada de los negocios de tierras y de sostenimiento de la estructura armada en Córdoba de los hermanos Castaño Gil y de Salvatore Mancuso.
Persecución violenta
Sergio se convirtió entonces en uno de los primeros blancos por su condición de coordinador del operativo contra el parqueadero Padilla. Arreciaron las amenazas telefónicas en su contra. De cómo se sentía este investigador sabía bastante bien Ana Isabel Gómez, una compañera de trabajo en la Unidad de Investigaciones en aquella época. Según le contó a la Fiscalía, “se le notaba muy inquieto, yo conocía bastante a Sergio y cuando a él le daba la andadera era porque algo le pasaba y días anteriores a su muerte estuvo así”. La asistente de Sergio, Elba Lucía Posso, también hizo referencia a esas inquietudes en una entrevista ante las autoridades: “Yo lo notaba un poco preocupado, como pensativo; yo en algún momento le dije ‘Jefe, qué le pasa, lo veo como pensativo’, y me manifestó ‘negra, esto está hecho un mierdero’”.
Juan Carlos Galvis, quien en aquella época trabajaba en la oficina de monitoreo del CTI en Medellín, recordó en una declaración ante fiscales que conoció a Sergio en 1994, cuando ambos ingresaron a la institución judicial. Juntos trabajaron en interceptaciones telefónicas autorizadas para identificar redes del paramilitarismo en Medellín y municipios vecinos. Razón por la cual había mucha presión y riesgos. “Sergio a veces me comentaba que teníamos que extremar mucho las medidas de seguridad porque con lo que estábamos metidos era muy delicado y me insinuaba cierto temor por su vida y la de nosotros”. Lo delicado de estas investigaciones sobre el paramilitarismo radicaba, según le comentaba Sergio a Galvis, en que enfrentaban “a gente muy poderosa capaces de hacer cualquier cosa”.
Y ese mismo presentimiento embargaba a Luz Janeth. Las conversaciones con Sergio no la tranquilizaban, por el contrario, a cada llamado se inquietaba más, pues lo notaba distinto a como lo había sentido horas antes, cuando se habían encontrado en Girardota. “En la última llamada que me hizo, antes de salir para su apartamento, me contó que como que a él también lo estaban despidiendo y que lo estaban acosando para que saliera rápido de la oficina. Lo sentí muy relajado, muy distinto, y me dijo que se había tomado unos brandis. Después de eso no me volvió a llamar”.
Lo acribillaron
Eran las 9 y 30 de la noche cuando Sergio se comunicó por última vez con su amiga. Con unos tragos en su cabeza, sin su arma de dotación, portando un radio de comunicaciones y solo, el Jefe de la Sección de Investigación del CTI de Medellín, salió de su oficina en el edificio El Capitolio, centro de la ciudad, en dirección a su apartamento de la urbanización Las Cometas, en el barrio Robledo. Manejaba un vehículo Renault 12 gris. Tomó la avenida Oriental hacia el norte, bajó hasta la carrera Bolívar, donde giró a la derecha, buscando la calle Barranquilla. Al llegar a ese cruce, el semáforo estaba en rojo.
Así quedó el vehículo en el que viajaba Parra Ossa luego de que dos sicarios lo abalearan.
Mientras Sergio esperaba el cambio de luces, dos hombres descendieron de una camioneta color verde oscuro que estaba a pocos metros, y luego de ubicarse a lado y lado de las ventanillas delanteras del Renault 12, dispararon en repetidas ocasiones, ocasionándole la muerte instantánea al funcionario. De acuerdo con uno de los testigos, “el que estaba del lado izquierdo una vez terminó de disparar hizo el amague de irse, pero se devolvió y siguió disparando contra el conductor”. En total, los sicarios le propinaron 15 disparos. A los diez minutos de ocurrido el hecho, la Sala Satélite del CTI fue notificada de un tiroteo en la carrera 51 con calle 67.
Pasadas las 10 de la noche llegó al lugar la fiscal Luz Miryam Suárez, quien se encargó de las primeras pesquisas. Lo primero en establecerse es que el número de placas del vehículo en el que llegaron y huyeron los sicarios, suministrado por testigos de los hechos, RIE 698, no correspondían a las características del carro. Investigadores de la SIJIN de la Policía Nacional que acudieron al lugar del asesinato establecieron que eran falsas. Luego se quiso conocer las grabaciones de las cámaras de seguridad que había en este sector de la ciudad, las cuales son controladas por la empresa estatal Metroseguridad desde el piso 12 de la sede de la Alcaldía de Medellín.
En el informe que presentó la fiscal del caso quedó registrada la visita a la sala de control de las cámaras: “Nos dirigimos allí a eso de las dos de la mañana, donde fuimos atendidos por el señor Guillermo Niño y después de observar el casete que contiene la cinta correspondiente al lugar y hora en las que ocurrieron los hechos que investigamos, no se encontró en la misma prueba alguna que condujera a la identificación del vehículo referenciado ya que al parecer las cámaras enfocaban hacia otro lugar”.
Según consta en expedientes, al día siguiente del homicidio, la mamá de Luz Janeth la despertó muy temprano, preocupada. Había escuchado en su radio las noticias de la mañana, como era su costumbre, y en ellas se habló de un hombre asesinado la noche anterior llamado Sergio: “Fue a mi habitación y me preguntó si yo podía llamar a Sergio al celular o ponerle un mensaje, y le dije que a esas horas no me parece, y ella me interrumpió y me dijo que había escuchado en las noticias que habían herido a Sergio, yo traté de marcar al celular, pero no me pude comunicar, llamé a la casa de John Diego Ruiz, él trabaja en la Unidad de Bello, pero no hablé con él porque no estaba, hablé con la dueña de la casa y le pregunte si era cierto que habían herido a Sergio y ella me manifestó que lo habían matado”. La mujer quedó desolada. Había perdido a su amigo, un abogado graduado en la Universidad de Medellín, de 40 años de edad, y destacado por su carácter afable y sencillo.
Oviedo, su último jefe, lo recuerda como una persona “desparpajada y ello lo reflejaba en su forma de ser: su relación con subalternos y subalternas fue en todo momento horizontal y no vertical, es decir, siempre guiada por el diálogo y las buenas formas, de modo que no imponía criterios de jerarquía sino de raciocinio; ese carácter sencillo y desparpajado lo exteriorizaba plenamente en su particular forma de vestir que, en cierta manera, hacía recordar a otro símbolo del poder judicial como lo fue Jaime Pardo Leal, esto es, ostentar las prendas sin ataduras a líneas o criterios frívolos”.
Su exjefe lo recuerda como un profesional que tenía como meta escalar en la línea jerárquica del poder judicial “a partir de un servicio público totalmente entregado a los intereses colectivos y con apego irrestricto a los postulados constitucionales, legales, morales y éticos, que aplicó fielmente hasta el día de su muerte”.
Los hallazgos de Sergio contra el paramilitarismo en Antioquia no fueron pocos y sus consecuencias iban a ser fatales. Adolfo Gómez, quien trabajaba bajo sus órdenes, recordó ante fiscales una conversación con su jefe: “En alguna ocasión me dijo que presentía que lo iban a matar”. Curiosamente, Oviedo también destaca una anécdota similar ocurrida al caer la noche tras el allanamiento del parqueadero Padilla: “en un momento que hasta ahora no tiene explicación, quedó solo con el Director Seccional en una de las oficinas (eran dos) allanadas, y en una sorpresiva reacción se dirigió a éste y le dijo: ‘Sabe qué Jefe… con este operativo, los dos (e hizo un gesto con la mano derecha que significa involucramiento de dos personas, dedos índice y pulgar)… tuqui, tuqui, lulú’, llevando su mano al cuello. Días después fue asesinado”.
Detrás de su homicidio
Durante los días siguientes, las investigaciones para dar con los responsables del crimen de Sergio se fueron encauzando hacia el barrio Miramar, en la zona noroccidental de la ciudad. Informantes del CTI de la Fiscalía aportaron datos que hacían referencia a integrantes de bandas de esa zona de Medellín quienes al parecer serían los responsables del homicidio. Juan Carlos Galvis, quien trabajó con la víctima, dijo en una ocasión ante la Fiscalía, que “se ha comentado que al parecer fue un grupo que contrataron las Autodefensas para que diera de baja a Sergio, al parecer es una banda denominada en la ciudad ‘La Terraza’”.
Estos fueron los retratos hablados de quienes se supone participaron en el operativo sicarial que acabó con la vida de Parra Ossa.
Para aquellos años, la hegemonía criminal en las calles de Medellín la ejercía la poderosa banda ‘La Terraza’, a través de la cual el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil eliminaba a sus “enemigos”. Para la fecha de la muerte de Sergio, sicarios contratados por esta banda en Medellín ya habían asesinado al abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo; a los investigadores del Cinep Elsa Alvarado y Mario Calderón. Y un año después acribillaron al humorista Jaime Garzón.
En un informe de la Fiscalía, realizado un mes después de la muerte de Sergio, se registró el testimonio bajo reserva de uno de los informantes, quien le dijo a los investigadores del CTI que la muerte del Jefe de Investigaciones de este cuerpo judicial “fue realizada por una banda que opera en la comuna nororiental al mando de alias ‘Tití’, ‘Tato’ y ‘Vitamina’, quienes recibieron la suma de cinco millones de pesos, igualmente dice que dicha banda se encarga de realizar los atentados terroristas que son ordenados por oficinas de delincuencia organizada”. En los archivos del CTI reposaba información sobre esos hombres y se estableció que hacían parte de una banda que operaba en el barrio Robledo-Miramar.
La estrategia de ataque en esta ocasión no fue distinta a cómo actuaba la criminalidad paramilitar en Medellín: Castaño ordenó el crimen del investigador y encargó a ‘La Terraza’, la que a su vez contrató a sicarios de la banda de Robledo-Miramar, quienes ejecutaron el homicidio. Si bien varias semanas después del crimen fueron capturados Fredy Tobón Jiménez, John Jairo Rodríguez Ospina, John Mario Ramos Guzmán y Omar Argiro Henao Vásquez, como sospechosos del crimen, el proceso penal precluyó a su favor, pues no se pudo demostrar la participación en el hecho. Han pasado 17 años de este asesinato y aún persiste la impunidad.
Pero las preocupaciones de Luz Janeth estaban más allá de esas capturas, según le dijo a las autoridades. Sergio le había comentado en alguna ocasión sus inquietudes en relación con algunos de sus compañeros en el CTI. “Sergio no confiaba en algunos porque decía que había personas que se vendían por dinero y vendían a los amigos. La última vez que hablamos lo noté tan relajado, comprendí que a él lo querían ver así y por eso le dieron mucho licor. Me pregunto por qué lo dejaron ir sin su arma, siendo que él nunca la abandonaba, incluso cuando ocasionalmente bebía. Eso me parece muy raro”.
Y no era para menos. Desde hacía varios años, se sospechaba que ese cuerpo judicial estaba infiltrado por las Accu. Se hablaba de funcionarios que trabajaban para esa organización paramilitar facilitando información y previniéndolos de posibles acciones en su contra. Uno de los primeros en pasar por el ente de investigación fue Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias ‘Rogelio’, quien fue una de las fichas infiltradas por estructuras criminales del Valle de Aburrá que luego se incorporaron a las Accu. Estuvo allí entre 1993 y 1994. Otro infiltrado que fue identificado plenamente fue Uber Darío Duque Álvarez, un abogado que ocupó durante 1996 el mismo cargo de Sergio, Jefe de la Unidad Investigativa del CTI en Medellín.
Durante la década del noventa, el CTI de la Fiscalía fue infiltrado por las Accu para evitar acciones punitivas contra sus hombres. Foto: archivo Semana.
En desarrollo de una investigación sobre la muerte de unos presuntos secuestradores en la que aparentemente estaba comprometido el CTI, varios funcionarios fueron entrevistados y uno de ellos, hablando de Duque Álvarez, recordó una conversación que tuvo con él en la que le dijo que “con las investigaciones de los paramilitares había que hacerse los bobos y que esa era una buena forma de colaborarles”.
Pero esa relación iba más allá de “hacerse el bobo”. Así quedó al descubierto cuando, a su salida del CTI a mediados de 1997, se convirtió en el abogado de Carlos Castaño Gil; se ratificó cuando se hizo público su cargo de asesor jurídico de la dirección política de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), una confederación de grupos paramilitares que se constituyó en junio de 1997 la que hicieron parte las Accu; y se reiteró tras su asesinato ocurrido el 2 de marzo de 2004 en el complejo deportivo Atanasio Girardot de Medellín, muerte que fue lamentada por el propio Castaño Gil en carta al entonces Alto Comisionado dePaz, Luis Carlos Restrepo fechada el 9 de marzo de ese año: “Dejo constancia pública de estos hechos criminales para que el gobierno nacional y los organismos de seguridad del Estado puedan aclararlos y castigarlos”.
Oviedo recuerda que, para finales de 1997, las actividades investigativas de ese cuerpo judicial en el departamento estaban seriamente cuestionadas, entre otras razones, según él, “porque se afirmaba que la institución se encontraba permeada, no sólo por la corrupción en su clásica expresión, sino igualmente por otros factores desestabilizadores y no menos graves que aquella, como, por ejemplo, el fenómeno del paramilitarismo”.
Mientras se intentaba aclarar la muerte de Sergio e identificar a los responsables, el clima alrededor de la investigación sobre documentos hallados en el parqueadero Padilla fue haciéndose más pesado y riesgoso. Tras la muerte del Jefe de la Unidad de Investigación del CTI en Medellín, varios de sus compañeros fueron trasladados a otras ciudades y algunos abandonaron sus cargos y se fueron al extranjero. Se temía que la persecución desatada contra ese cuerpo judicial pusiera más muertos.
Oviedo recuerda la tragedia ocasionada después del allanamiento y de la muerte de Sergio: “sobrevino una serie de asesinatos contra servidores que, de una u otra manera, tuvieron relación directa con la investigación, como es el caso de Diego Arcila Gómez, jefe de la sala técnica del CTI durante ésta; Jorge Armando Fernández Osorio, coordinador del grupo de investigadores a nivel seccional; Edwar Holguín, quien había participado junto con Augusto Botero –también asesinado- de manera activa en la investigación por la muerte del abogado Jesús María Valle Jaramillo, atribuida al paramilitarismo; Yerman Alí Giraldo Valderrama, coordinador de la unidad regional del CTI para Antioquia en la misma época, para citar solamente éstos”. El propio Oviedo tuvo que salir de la ciudad y, posteriormente, del país para preservar su vida.
El CTI de la Fiscalía puso una alta cuota de sangre en la lucha contra el paramilitarismo en Antioquia. Foto: archivo Semana.
Y es que Carlos Castaño Gil no estaba tranquilo con el trabajo del CTI en Medellín ni con alias ‘Lucas’ en la cárcel. Su persistencia para sacarlo de allí se concretó la tarde del 29 de septiembre de 1998, cuando este paramilitar salió del penal de Bellavista presentando una boleta de excarcelación expedida por la Fiscalía N° 66 Regional que, según las autoridades carcelarias, cumplió con todos los protocolos exigidos para darle libertad a un detenido. Las investigaciones para determinar responsables por esta fuga nunca prosperaron.
De alias ‘Lucas’ se volvió a saber el 17 de febrero de 2004, cuando su abogada le solicitó al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín la cesación de todo procedimiento en su contra, argumentando que su defendido se había acogido a la Ley 782 de 2002, que consagraba beneficios jurídicos para aquellos que integraban grupos armados ilegales. Lo que reveló esa petición es que este paramilitar fue presentado como integrante del Bloque Nutibara de las Auc y se desmovilizó, sin que nadie lo detectara, el 25 de noviembre de 2003 en Medellín. Él era uno de los 868 hombres de esta estructura armada que dejaron sus armas en aquella ocasión. La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín asumió el estudio de su caso y determinó, tal como lo había solicitado su abogada defensora, la cesación de todo proceso en su contra. Con esa decisión, era un hombre libre, sin líos con la justicia.
A esa medida se sumó una seguidilla de decisiones burocráticas sobre el expediente del parqueadero Padilla que acabaron diluyendo el proceso entre las estanterías de los despachos judiciales sin que se actuara de manera efectiva y se despejaran las dudas sobre si aquellas cuentas bancarias, personales y empresariales, asentadas en los registros de contabilidad de las Accu, eran efectivamente de financiadores de este proyecto paramilitar.
Durante dos años fue poco lo que se adelantó en la investigación. La muerte de Sergio y las continuas intimidaciones contra todo aquel que se acercara al proceso, así como la negligencia en el tratamiento de la documentación, llevaron a tomar la decisión de trasladar el voluminosos expediente a Bogotá, para que desde allí se adelantara una investigación con menos riesgos para los funcionarios, dado que se sospechaba de infiltrados de las Accu en la Fiscalía de Medellín.
Este traslado, autorizado por el entonces fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, reveló el lamentable estado de los documentos y la pérdida de algunas carpetas. Una funcionaria que recibió las decenas de cajas provenientes de Medellín escribió: “es incalculable la cantidad de documentos que está pendiente por clasificar, y así proceder a conformar los cuadernos”, y puso como ejemplo una carpeta que estaba conformada por 53 cuadernos: “la gran mayoría de estos cuadernos superan los 700 y más folios aproximadamente, y dichos cuadernos se encuentran sin caratular en debida forma, sin foliar, cuadernos que física, estética y materialmente son inmanejables”.
Pero lo que fue una buena intención para preservar las pruebas y proteger a los investigadores, se transformó en una excusa perfecta para evitar que las indagaciones progresaran. Entre diversas fuentes consultadas, todas cercanas al proceso del parqueadero Padilla, hay consenso en la poderosa influencia que ejerció el fiscal general Luis Camilo Osorio, una vez asumió el cargo el 31 de julio de 2001, en reemplazo de Gómez Méndez, para que se archivara la investigación, lo que en efecto ocurrió.
“Con toda la información que había allí fácilmente podría haberse desmantelado el paramilitarismo. ¿Por qué la Fiscalía no asumió el compromiso que tenía que asumir? Le atribuyo esa situación a presiones de origen político por la calidad de gente podría aparecer involucrada”, le dijo un alto funcionario judicial a uno de los investigadores que participó en la elaboración del libro Memoria de la impunidad en Antioquia, publicado en Medellín en octubre de 2010 con el respaldo de la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación.
Sergio y sus compañeros ofrendaron su vida por la justicia, pero ésta, lamentablemente, no actúa tan ágilmente, ni antes ni ahora, como sí lo hicieron los sicarios que segaron sus vidas. Oviedo mira en retrospectiva lo ocurrido y concluye que todos estos hombres sacrificados “supieron despojarse de todo interés individual o personal y comprendieron, en su exacta dimensión, que su papel estaba al lado de una sociedad que, mayoritariamente, estaba siendo acorralada, sometida al miedo y la humillación por sus sectores más retrógradas y sectarios que con otros, no menos violentos, han anegado de sangre el territorio nacional”.
