El acto tuvo lugar ayer en la Universidad de Antioquia y allí Guillermo Rivera, asesor presidencial para los Derechos Humanos, reconoció la responsabilidad del Estado en el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos, perpetrado en Medellín un 27 de febrero de 1998. Asistencia no fue masiva.
El consejero presidencial Guillermo Rivera llevó la vocería del gobierno nacional en acto de perdón. Foto: Ricardo Cruz
Por pura casualidad, Julio César Álvarez, presidente del Concejo de Ituango, municipio del norte de Antioquia, se enteró del acto público programado este viernes en la Universidad de Antioquia, donde el Estado pediría perdón por su responsabilidad en la muerte de uno sus paisanos más queridos y recordados: el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
“Apenas me enteré ayer (jueves) por la tarde. Y eso porque me dio por revisar internet”, contó Álvarez, quien no lo pensó dos veces para emprender el viaje hacia Medellín para presenciar un acto que, tanto para él como para sus coterráneos, encierra un valor simbólico.
Y no era para menos. El concejal sabe que el asesinato de Valle Jaramillo, perpetrado la tarde del 27 de febrero de 1998 por sicarios de la temida banda La Terraza de Medellín contratados por el extinto jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Carlos Castaño Gil, se debió a las denuncias que formuló meses antes de su muerte contra la IV Brigada del Ejército. (Leer: Jesús María Valle, bogado asesinado en 1998)
En Ituango recuerdan cómo el defensor de derechos humanos denunció que tropas adscritas a esta guarnición militar actuaron en connivencia con los grupos paramilitares que incursionaron en los corregimientos La Granja (1996) y El Aro (1997) de este municipio; además, advirtió que estaban masacrando a humildes campesinos, desapareciéndolos forzosamente y expulsándolos de sus tierras, e insistió en que al gobierno departamental pareciera no importarle.
Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, reconoció ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz que el homicidio de Valle Jaramillo fue la respuesta a sus denuncias por las acciones desplegadas por estructuras paramilitares en el municipio de Ituango, su tierra natal, donde se perpetraron las masacres de El Aro y La Granja. Según este exjefe paramilitar, el crimen fue incitado por Pedro Juan Moreno Villa, para ese entonces Secretario de Gobierno departamental. (Leer: Los consejeros de los paras según ‘Don Berna’)
En su tierra natal, y en el resto del departamento, aún recuerdan que por dichos cuestionamientos, Valle Jaramillo fue tildado públicamente como “enemigo de las fuerzas militares” por el entonces gobernador de Antioquia y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. El 1 de julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano por su responsabilidad, tanto por acción como por omisión, en las masacres del Aro y La Granja. Valle Jaramillo no vivió para cobrarle a sus acérrimos detractores que tenía la razón.
El 27 de noviembre de 2008, nuevamente la CIDH condenó al Estado, esta vez por su responsabilidad en la muerte del abogado y defensor de derechos humanos, y lo obligó, entre otras, a pedirle perdón públicamente a sus familiares y a “remover todos los obstáculos que impidan la debida investigación de los hechos y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha investigación y los procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes”.
Por todo ello,al presidente del Concejo de Ituango no le importó viajar toda la noche para llegar al campus de la Universidad de Antioquia y escuchar a un funcionario del alto gobierno admitir la responsabilidad del Estado en la muerte de su paisano y pedirle perdón tanto a los familiares de Valle Jaramillo como a sus amigos y compañeros de causa.
Tampoco le importó que ese mismo viernes en horas de la mañana, en los corregimientos El Aro y La Granja y en el casco urbano de Ituango, cientos de campesinos realizaban diversas actividades para honrar la memoria de Valle Jaramillo. Tampoco pesó en su decisión el hecho de no conocerlo en vida.
“Yo estaba muy niño cuando lo mataron. Y en esa época mi familia trataba de mantenerse muy alejada del conflicto. Pero ahora, que he tenido la oportunidad de conocer su historia, sus denuncias, la forma cómo defendió nuestro municipio, es que entiendo su importancia”, añadió el presidente del Cabildo municipal.
“Una decepción”
Pero contrario a lo que esperaba este concejal, una discreta asistencia se hizo presente en el teatro Camilo Torres de la Universidad de Antioquia. Con el auditorio a medio llenar, el acto arrancó a la hora programada: 9 de la mañana. En una mesa dispuesta en el centro del escenario se encontraban Alberto Uribe Correa, rector del Alma Mater; Guillermo Rivera, asesor presidencial para los Derechos Humanos; María Victoria Fallon, integrante del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos y quien llevó el caso de Valle Jaramillo a los estrados judiciales internacionales.
Las palabras protocolarias de Uribe Correa dejaron un mal sabor entre los asistentes. “¿Cuándo pedirá perdón la Universidad por haberle negado a la familia y a nosotros, sus amigos, velar el cuerpo de Valle Jaramillo en el Alma Mater? ¿Cuándo nos explicarán las directivas de la Universidad por qué tomaron esa arbitraria decisión?”, preguntó a viva voz uno de los asistentes.
Luego llegó el momento que Álvarez y los demás asistentes esperaban. Guillermo Rivera, asesor presidencial para los Derechos Humanos, se paró en el atril y con voz pausada, como midiendo cada una de sus palabras, inició diciendo que estaba allí acatando un fallo proferido por la CIDH que le ordenó al Estado pedirle perdón públicamente a los familiares y a la sociedad en general, por la muerte de Valle Jaramillo.
“Claro, ha habido otras iniciativas donde el Estado ha pedido perdón públicamente sin que medie una decisión judicial”, aclaró Rivera, quien luego de reconocer que éste no era el caso, pronunció: “en nombre del Estado colombiano pido perdón y reconozco nuestra responsabilidad internacional en este execrable crimen”. El asesor presidencial para los derechos humanos también expresó que “existe una impunidad parcial en tanto no se han esclarecido totalmente estos hechos” y por ello exigió a las autoridades judiciales adoptar las medidas que sean necesarias para agilizar las investigaciones respectivas.
Al respecto, la justicia absolvió a Carlos Castaño Gil como determinador del crimen y actualmente hace trámite en la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín el recurso de apelación interpuesto por los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, quienes fueron condenados en 2013 por el Juzgado Quinto penal del Circuito Especializado de Medellín por los delitos de homicidio agravado, conformación, dirección y financiamiento de grupos armados al margen de la ley.
Los Angulo, naturales de Ituango, fueron absueltos en marzo de 2001 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Medellín, decisión que fue ratificada por el Tribunal Superior de Medellín. Pero luego de la orden impartida por la CIDH en su sentencia del 27 de noviembre de 2008, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia invalidó dichos fallos y el Juzgado Quinto penal del Circuito Especializado de Medellín reabrió el expediente.
“No puedo informarcómo avanza ese proceso o si hay más procesos al respecto. Será la justicia la que, en su momento, tomé las determinaciones que haya que tomar”, señaló Rivera.
Para María Victoria Fallon, el acto de reconocimiento público hecho por el funcionario estatal, encierra un alto valor simbólico: “le permite a las nuevas generaciones construir memoria histórica y mantiene vivo el legado de Valle Jaramillo”.
Pero, para Carlos Gaviria, exmagistrado de la Corte Constitucional y quien fuera docente de Valle Jaramillo en el claustro de Derecho y Ciencias Políticas de esta universidad, el acto de reconocimiento dejó sensaciones encontradas: “No deja de ser importante, por el efecto simbólico que produce, pero esperaba que esto hubiera sido más masivo, que hubiera habido mucho más repudio e indignación en la comunidad académica por este crimen tan atroz”.
Sensación similar tuvo, al final del acto, el concejal Álvarez. “Yo imaginaba algo masivo, donde estuviera presente toda la Universidad y se escucharan una voz muy fuerte de rechazo”, afirmó el edil. Aunque a decir verdad, no es el primer “27 de febrero” que éste queda con un mal sabor de boca.
“Por acuerdo municipal de 2009 se aprobó que cada 27 de febrero se deben realizar actos conmemorativos en honor a Jesús María Valle en el casco urbano y algunos corregimiento de Ituango, para honrar su legado, para que las nuevas generaciones sepan quién fue él y porqué es un personaje importante para nuestro municipio”, explicó. “Pero solo en los últimos dos años ha venido cogiendo fuerza esta conmemoración. Por un lado, la gente aún siente temor a la hora de rechazar este crimen. Y por el otro lado, hemos tenido muchos problemas con el Ejército, pues consideran que marchar en honor a Valle Jaramillo es cosa de izquierdosos y que vamos protestar contra ellos. Estamos en diálogos con ellos para mostrarles que la cosa no es así”.
Al final del acto de perdón se escucharon unas cuantas proclamas de algunos de los asistentes al teatro Camilo Torres, exigiendo que se devele toda la verdad sobre este crimen, que se condene a los verdaderos responsables y que se garantice que hechos como éste jamás se vuelvan a repetir.
