Los retrasos en la construcción de esta zona veredal, donde se concentran decenas de guerrilleros en proceso de reinserción, han generado incertidumbres. Además, preocupan fenómenos como los rumores contra el proceso de paz y la expansión de organizaciones criminales ligadas al tráfico de drogas.
Así luce lazona campamentaria de Ituango. Foto: Yeison García.
Cerca de 240 hombres y mujeres del Frente 18 de las Farc se agrupan actualmente en la Zona Veredal Transitoria de Santa Lucía, en Ituango, Norte de Antioquia. Allí trabajan en trazar la ruta de una nueva vida, alejada de la guerra y con la perspectiva de integrarse al proyecto político de la organización, esta vez sin armas.
Aunque debió estar construida hace meses, la zona campamentaría de Santa Lucía aún no está terminada. Si bien el gobierno nacional ya entregó las primeras viviendas que albergan a un centenar de personas, hasta hace 15 días los subversivos permanecían en carpas alrededor de la obra.
El ambiente en el grupo guerrillero en camino hacia la legalidad está cargado de desconciertos y temor frente a lo que ha venido pasando con el proceso de paz, pero también de optimismo y esperanza.
“Nuestros jefes han sido muy claros en que esto no tiene reversa”, afirma Agustín Ramírez, comandante del Frente 18 y primero al mando de la zona veredal. “A pesar de los obstáculos, nosotros tenemos toda la voluntad de cumplir con el acuerdo, por eso siempre vamos a buscar fórmulas para sacarlos adelante, porque el más afectado volviendo a la guerra es el pueblo”.
El panorama es similar para los campesinos. Muchos de ellos vieron el proceso de la zona veredal con gran escepticismo, pero han ido rodeando las acciones del gobierno nacional y las Farc, y ahora ven en este escenario la oportunidad para demandar inversiones que históricamente les han negado por ser un territorio en conflicto.
“Por ahora las cosas van como bien”, dice Roberto Echavarría, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Santa Lucía. “Lo que esperamos es que todo lo que han conversado se cumpla y que nosotros entre más días seamos mejor, que el Gobierno se ponga la mano hacia nosotros porque hemos sido una vereda con muchas necesidades”.
Este informe especial de la Agencia de Prensa IPC, pretende mostrar la realidad que viven hoy la vereda Santa Lucía y el municipio de Ituango con la implementación de la zona veredal.
Llueve en Santa Lucía
“En Santa Lucía siempre llueve”, dicen algunos. “Eso es cielo roto”, comentan otros. Desde la madrugada comenzó a llover y a eso de las 9 de la mañana la lluvia continúa. La genteno madrugó este domingo. Las calles están solas. Tan despobladas como solían estar durante los años de violencia.
Cecilia*, la mujer que me hospedó en su casa, cuenta que por aquí no se veía nadie. Ella relata que pasó por Santa Lucía dos veces en su vida. La primera, cuando se fue a vivir con su esposo a la zona del San Jorge. La segunda, cuando se divorció y salió de nuevo hacia Ituango. En ese tiempo, la única gente que se veía estaba en la callecita que se desprendía del camino real. Allí había una tienda, la escuela y poco más de 10 casas.
En esa época, los campesinos que vivían en Santa Lucía tenían que soportar los bombardeos del Ejército, los enfrentamientos entre la guerrilla y la Fuerza Pública, los allanamientos y las minas antipersonales que fueron sembradas por los grupos armados en la región. Uno de los recuerdos más dolorosos de aquellos años de conflicto es la incursión de los paramilitares, el 31 de octubre de 2000, cuando masacraron a siete personas y quemaron varias viviendas.
Hace apenas dos meses queCecilia volvió a Santa Lucía. Muchas cosas han cambiado. Ahora hay por lo menos 20 casas, una cantina, dos tiendas, una panadería y hasta un pequeño hotel. El camino real, por el que solo se transitaba a pie o en mula, ahora es una carretera que facilita la llegada de vehículos. “Antes, la vía llegaba hasta la vereda El Quindío y ahora, con la llegada de esta gente las Farc y del proceso de paz, abrieron vía hasta acá”, comenta.
En la actualidad, al lugar llegan diariamente mototaxis y dos vehículos de transporte público tipo chiva, una en la mañana y otra en la tarde. Además, arriban las volquetas cargadas con materiales de construcción para concluir la adecuación de la zona campamentaria. También suben a diario vehículos con funcionarios estatales, miembros de la Cruz Roja e integrantes de Naciones Unidas (ONU) y una ambulancia del hospital con un médico y una enfermera para el recién instalado punto de salud. Las mulas y los arrieros también siguen pasando por este camino, aunque cada vez en menor cantidad.
Es ya medio día y en un movimiento pausado, propio de la vida rural, la gente empieza a transitar por la vía principal de Santa Lucía. Los campesinos llegan a recoger mercados e insumos para la agricultura. Cargan y salen arriando sus animales con los bultos envueltos en plásticos para protegerlos de la lluvia.
La tarde anterior, un grupo de guerrilleros bajó hasta la cancha de fútbol para jugar un partido. Ellos juegan una vez a la semana, me dice Vladimir, un joven de 23 años que estaba recluido en la cárcel Bellavista de Medellín y que fue amnistiado como parte del proceso. “Los amnistiados jugamos tres veces a la semana porque vivimos en el caserío”, aclara, “pues nosotros no podemos estar en la zona campamentaria, allá solo pueden estar los guerrilleros”.
En los últimos años Santa Lucía ha sido el hogar de 84 familias, cerca de 300 habitantes, “pero ahora con el proceso de paz la población se dobló”, afirma Roberto Echavarría, presidente de la JAC. “Vamos a ser más porque los muchachos se van a quedar con nosotros. Y la vereda tiene muchas necesidades”.
Lo que ha pedido la comunidad, cuenta Cecilia, es que se arregle la calle principal que atraviesa la quebrada y llega a la escuela de la vereda. Pero los del proceso dicen que eso le toca al municipio, y la Alcaldía dice que no hay plata.
Roberto dice que en Santa Lucía falta un buen acueducto, porque hace algunos años la Cruz Roja construyó uno que ya se queda corto para abastecer a toda la población. También se necesita alcantarillado, un puesto de salud para la comunidad, el mejoramiento de la escuela, la titulación de tierras para los campesinos y el desarrollo de proyectos productivos porque no hay buenas fuentes de ingresos; la mayoría de familias viven del jornal y, los que tienen algo de tierra, cultivan frijol y maíz una o dos veces al año.
Uno de los grandes problemas es el déficit de viviendas. “Aquí ha habido muy poquitas ayudas en vivienda y hay hasta dos y tres familias viviendo en una sola casa”, revela Roberto. Buena parte de eso, se debe que a la vereda vienen llegando más personas, algunos que han ido retornando tras salir desplazados por la violencia y otros que han arribado al lugar para estar más cerca de sus familiares en proceso de reincorporación. La misma Cecilia vino para acompañar a dos de sus hijos, quienes se fueron a la insurgencia cuando apenas eran adolescentes.
De manera que en Santa Lucía llueve, pero no escampa, porque parece que la vereda va a seguir creciendo y las necesidades no darán tregua a la población. Pero el histórico déficit de inversión social puede empezar a cerrarse con el acuerdo de paz. Ahora la población cuenta con un punto de atención en salud, una biblioteca móvil, una carretera de acceso, una antena de Internet —que aún no resuelve la conectividad— y el mejoramiento de la caseta comunal.
Farc se quedarán en la zona veredal
A partir del primero de agosto, cuando la ONU retire de las zonas veredales los contenedores con las armas que dejaron las Farc, estas zonas pasarán a llamarse Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, y desde ese momento los miembros del grupo subversivo podrán empezar a hacer política.
Santa Lucía, como las demás zonas veredales, será entonces el espacio para que los integrantes del Frente 18 comiencen a rehacer sus proyectos de vida, esta vez desde la civilidad y al lado de la comunidad.
Según Elmer Arrieta, delegado nacional del Frente 18 para la pedagogía de paz, muchos de los exguerrilleros que van a cumplir el proceso de reincorporación no tienen donde vivir, por eso la organización espera que puedan permanecer en la zona campamentaria, ya que por años esta región ha sido su casa.
Lo que dice Agustín Ramírez, comandante de la zona veredal, es que los miembros de las Farc necesitan preparase, y buena parte de ese proceso se cumplirá en estas zonas veredales. Por eso aquí “necesitamos estudios, profesionalizarnos en lo que el guerrillero quiera, necesitamos más actividades, para irnos integrando dentro de la sociedad como tal. Para que la gente no vea que nosotros somos diferentes, sino que somos seres humanos común y corriente”.
En una perspectiva más política, anota Arrieta, “la tarea que nos hemos trazado es la de no dispersarnos. Es que en su gran mayoría esta militancia se mantenga junta como siempre lo hemos estado. Que la gente vaya a sus tareas y pueda volver, que haya un sitio de encuentro, porque aquí hay gente que vive muy lejos, hay gente que vive por allá en los cañones de Riosucio, de León, del San Jorge, y esa gente pide que la zona campamentaria se mantenga para ellos estar ahí y salir a trabajar y a cumplir con las tareas que demande la dirección del partido”.
En Santa Lucía, las obras de la zona veredal comprenden 11 hectáreas, 9 de ellas destinadas a la construcción de campamentos para albergar los exguerrilleros y dos a obras de beneficio común como el puesto de salud del que tanto habla la comunidad.
¿Qué está pasando en Ituango?
Los índices de violencia en esta región han descendido, pero se están configurando nuevos escenarios de riesgo por la llegada otros grupos armados que pretenden copar los espacios que dominaron las Farc. Foto Yhobán Hernández.Llegar a Ituango tarda seis horas en bus saliendo desde Medellín. El municipio está asentado en una montaña sobre el margen derecho de la cordillera Occidental en la región del Nudo de Paramillo, Norte de Antioquia. Tiene una población de 21 mil habitantes, de los cuales el 73 por ciento vive en la zona rural. Su economía está basada en el café, la ganadería y el cultivo de la hoja de coca para uso ilícito. Además, desde 2010, en esta localidad, EPM construye la represa Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico más grande del país.
Muchas cosas vienen pasando en el municipio. Algunas positivas como el descenso de los homicidios producto del acuerdo de paz y específicamente del cese al fuego bilateral. Según la secretaria de Gobierno Municipal, Elizabeth Álvarez Ruiz, “en el 2014 ocurrieron en Ituango más de 40 muertes violentas en su mayoría por causas del conflicto, mientras que en 2016 se redujeron a seis casos relacionados principalmente con motivos de intolerancia”. De igual forma desaparecieron los hostigamientos que “aunque no dejaran muertos o heridos, si afectaban la dinámica social y económica del municipio”. El último, recuerda la funcionaria, ocurrió en 2015.
Sin embargo, hay otros asuntos que preocupan a la población: el alcalde, Hernán Darío Álvarez Uribe, se vio enfrentado a un proceso de revocatoria que lentamente ha venido debilitándose. De la zona veredal de Santa Lucía se han fugado tres guerrilleros. Y en tanto en el casco urbano como en las veredas, la prostitución, las riñas y el microtráfico vienen en aumento, denunció Edilberto Gómez, coordinador de la Asocación Campesina de Ituango (Ascit).
Para el líder campesino, uno de los mayores problemas es la expansión del paramilitarismo hacia las zonas que dejaron las Farc. Riesgo que fue denunciado con antelación por distintos sectores sociales y políticos del país. “Ahora el tiempo nos dio la razón”, sentencia Edilberto. “Hoy, la gran mayoría de las veredas tienen presencia paramilitar, incluso en Chontaduro, a media hora del casco urbano”.
En las zonas rurales la presencia paramilitar dominante es de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). También se habla de presencia de bandas que han llegado a la región desde el Valle de Aburrá, como ‘Los Pachelly’, provenientes de Bello y que harían presencia en el corregimiento El Valle del municipio de Toledo.
En la antigua zona de influencia del Frente 18, es latente el problema del paramilitarismo y su oposición al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, reveló Élmer Arrieta, al explicar que esos grupos se han expandido por el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y el corregimiento Santa Rita de Ituango.
“En general, todos los territorios donde hay coca están siendo copados por los paramilitares y hay amenazas. Unas veces dicen que no van a impedir el proceso de sustitución, pero otras llegan diciendo que el campesino que vaya a las reuniones para sustituir se convierte en objetivo militar, y les ponen límites a las personas para moverse de un lado a otro”, expresó Arrieta.
Los paramilitares también intentan controlar los corredores naturales que, a través del Nudo de Paramillo, facilitan el tráfico de armas y drogas hacia el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño. Y, para Edilberto Gómez, quieren ejercer control social sobre las comunidades, pues “cuando empezaron a llegar a los territorios reunieron a los campesinos y llegaron pidiendo los libros de las juntas de acción comunal, como el libro de actas, el libro de socios y el libro de tesorería”.
En este contexto, han ocurrido algunos desplazamientos forzados en Ituango. En enero de este año 26 personas se desplazaron de la vereda El Cedral por amenazas de las Autodefensas Gaitanistas. Y en mayo, un profesor de la vereda Santa Rita, José Jamel Rodríguez, salió de la zona luego de recibir amenazas y sufrir un atentado a bala en su vivienda.
Según datos de la Mesa de Derechos Humanos de Ituango, entre el 17 de mayo y el 25 de junio han sido asesinadas tres personas, dos en el corregimiento Santa Rita y una en la cabecera municipal. A esto se suma que cuatro mujeres salieron desplazadas del casco urbano por amenazas, sin que la Personería Municipal les recibiera la respectiva denuncia.
Todo esto llena de zozobra a las personas. “Temores sí hay —dice Roberto Echavarría, el presidente de la JAC de Santa Lucía—, porque los ‘elenos’ (ELN) existen y los ‘paras’ existen. Y si no hay diálogos con esos, los temores existen porque los caminos están libres y hay grupos armados. Pero si como está terminando la guerrilla de las Farc fueran a terminar todos [con un proceso de paz], la tranquilidad fuera mucha”.
El riesgo afirma Edilberto Gómez, es que se repita lo que ocurrió con el partido político Unión Patriótica que fue exterminado en medio de un proceso de paz. “El problema es que empiecen a matar líderes o los principales jefes de la Farc. Ese es un problema de seguridad también para nosotros y las comunidades, no únicamente para ellos. Y es una situación que uno ve a diario, porque ya hay amenazas a algunos líderes de las comunidades”.
Lo que dice el alcalde Hernán Darío Álvarez, sobre este panorama, es que “hoy Santa Lucía es un escenario seguro; contamos con el Ejército, la Policía, el Mecanismo Tripartita, donde participan el Gobierno, la ONU y las Farc. Y en las demás zonas de Ituango hay parte de tranquilidad porque el Ejército por lo menos tiene presencia en los centros poblados y ha estado pendiente de que la comunidad esté en buenas condiciones”.
Ituango carga con los rastros de 52 años de conflicto. Están por todas partes: en el busto del abogado defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, oriundo del municipio y asesinado en Medellín por tratar de defender a los campesinos del paramilitarismo; en la placa que conmemora a las víctimas de una bomba puesta por las Farc en una calle peatonal; y en la estación de policía, rodeada de garitas protegidas con sacos de arena para resistir los hostigamientos que ahora son asunto del pasado. Por eso, el mayor temor es que la violencia se repita en este municipio que fue uno de los principales escenarios de la guerra en Antioquia.
Quedan 15 años para implementar los acuerdos
Los retrasos en las obras, la tramitología y la lentitud para implementar proyectos que traigan cambios y mejor calidad de vida a la región, son las principales quejas tanto de los miembros de las Farc como de los habitantes de la región con la implementación de la zona veredal y de otros aspectos del acuerdo de paz.
Carlos Galán, delegado local de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, explicó que con la construcción de los campamentos ha habido varias dificultades en asuntos como las condiciones topográficas del terreno, que obligan a realizar trabajos para mitigar el riesgo de deslizamientos; o como el alquiler de predios para adelantar las obras, bien fuera porque el Gobierno no lograba llegar a acuerdos de arrendamiento con los propietarios o porque los campesinos no tienen títulos de propiedad.
De momento hay incomodidad, dice, en asuntos como el punto de salud que se instaló en un pequeño salón al lado de la capilla, o la biblioteca móvil que se ubicó en un espacio que servía como aula de clases para un grupo de estudiantes. Pero a futuro se proyectan otras obras como la construcción de un nuevo restaurante escolar para la escuela, la adecuación de un aula de clases, el desarrollo de proyectos productivos para los campesinos, la construcción de un puesto de salud con equipamientos y el mejoramiento de la caseta comunal. Algunas de estas obras beneficiarán no solo a Santa Lucía sino también a las veredas aledañas, entre ellas El Chuscal, Altos de San Agustín y El Quindío.
Y aparte de esto, anota Carlos Galán, “vienen apoyos en la parte técnica y en comercialización, en todo lo que dice el punto uno del acuerdo”. Lo que hay que entender, aclara, es que este “es un proceso de 15 años y la gente creyó que llegaba el proceso de dejación de armas y que ese era el proceso de paz. Que eran seis meses, 180 días, en los que o cogemos lo que se venga o ya no habrá nada. Y eso es falso. El proceso de paz hasta ahora está en pañales y para estar empezando ya se ha hecho mucho”.
Lo que anota el alcalde de Ituango, Hernán Darío Álvarez, es que “con todo este boom del proceso de paz se han creado demasiadas expectativas y de pronto hay que ser un poco más aterrizados en la implementación de los acuerdos. Sabemos que los acuerdos se van a implementar en estos 15 años y que las cosas no van a llegar de una forma rápida. Van a llegar algunos proyectos de intervención a las comunidades, basadas en los cinco puntos del acuerdo de La Habana, pero eso se implementará gradualmente”.
Adicionalmente, añade el Alcalde, “debemos mirar la coyuntura política: el año entrante es un año electoral, donde se miden las fuerzas y donde al Presidente que quede le toca la tarea de darle el respaldo o el apoyo al proceso de paz”.
Hasta ahora, la Alcaldía ha contribuido con la adecuación del espacio para la biblioteca y de la caseta comunal que consta de seis vigas de madera y un techo de zinc.
De manera que, aunque el proceso va lento, para Santa Lucía y en general para la zona rural de Ituango, se avizoran inversiones que podrían cambiar las condiciones de vida de una población marcada por la guerra. Pero todo terminará dependiendo de la capacidad que tengan los ciudadanos para exigir la implementación de los acuerdos de paz y de la buena voluntad de los gobiernos local, regional y nacional para implementarlos.
