A través de un comunicado, el empresario antioqueño anunció que le había sido revocada la medida. La decisión también cobijó al gerente del Grupo 20, Juan Esteban Álvarez Bermúdez.
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| Guillermo Gaviria. Foto Semana |
Mediante un comunicado a la opinión pública, fechado el 24 de enero, el empresario Guillermo Gaviria Echeverri, padre del actual Alcalde de Medellín, anunció que la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín revocó, en segunda instancia, la medida de aseguramiento de detención domiciliaria impuesta desde noviembre pasado en su contra y en la de e Juan Esteban Álvarez Bermúdez, gerente del Grupo 20, que agrupa las empresas agropecuarias de la familia Gaviria, y en consecuencia ordenó su libertad.
“La medida fue dictada al interior de la investigación que se inició a petición mía en el año 2010, tras unas declaraciones contradictorias y llenas de falsedades del señor Raúl Hasbún Mendoza, quien me acusa de contribuir en la financiación del grupo paramilitar que él comandaba”, indicó Gaviria Echeverri en su comunicado.
En versiones libres rendidas ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, Hasbún Mendoza, quien comandó el frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), ha sido reiterativo en señalar que empresarios bananeros y ganaderos contribuyeron de manera voluntaria a la financiación de las estructuras militares en el Urabá antioqueño.
En sus declaraciones, el exjefe paramilitar ha precisado, lista en mano, quiénes hicieron aportes, durante cuánto tiempo y por cuánta plata, señalando, en los listados que tienen los fiscales que involucran a por lo menos 92 personas, que las empresas de la familia Gaviria también lo hicieron, para lo cual delegaron a Álvarez Bermúdez.
Una vez se conocieron esos señalamientos, Gaviria Echeverri se puso a disposición de la Dirección de Fiscalías de Medellín para atender cualquier requerimiento que podría desprenderse de las declaraciones de Hasbún Mendoza y pidió ser escuchado por el Ente Acusador en cuanto fuera posible.
Decisiones encontradas
El proceso que se le sigue a Gaviria Echeverri y a su empleado de confianza Álvarez Bermúdez ha estado signado por decisiones contradictorias tomadas por fiscales en Medellín.
Inicialmente, en abril de 2012, la Fiscalía 52 Especializada de Medellín dictó una medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra ambos empresarios sustentada en las declaraciones de Hasbún Mendoza. La decisión fue considerada “sin ninguna justificación” por Gaviria Echeverri y tras apelarla un mes después la justicia le dio la razón y se determinó su revocatoria, sin que ello significara absolución alguna.
La investigación por la supuesta financiación de grupos paramilitares en el Urabá antioqueño continuó y nuevamente la Fiscalía consideró que era necesario dictar una nueva medida de aseguramiento de detención domiciliara contra Gaviria Echeverri y Álvarez Bermúdez, la cual fue proferida el 3 de diciembre de ese año.
En esa ocasión, y también a través de un comunicado a la opinión pública, fechado el 10 de diciembre, el empresario antioqueño aseveró que nunca se había reunido con el excomandante paramilitar Hasbún Mendoza.
“Él extorsionó a la empresa bananera que tengo en Urabá, y por ello me vi obligado a pagar, durante dos años y medio, un total de 15 millones 300 mil pesos, como lo he reconocido a la opinión pública desde un inicio, según declaraciones que di a la prensa en junio de 2010”, dijo en esa ocasión Gaviria Echeverri.
En su comunicado, el empresario aseguró ser víctima “de múltiples agresiones y extorsiones de todo tipo por parte de los diferentes grupos al margen de la ley en este país, como lo fueron, lo han sido y lo son, muchos otros colombianos”.
A su juicio, los señalamientos que le ha hecho Hasbún Mendoza en los tribunales de Justicia y Paz están colmados de “contradicciones, vacíos y falsedades, además se opone a lo que él mismo manifestó los días 9 y 10 de septiembre de 2008 ante la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, donde afirmó en forma clara y categórica que me había extorsionado” y agregó que “es lamentable que se dicten medidas de aseguramiento con base en versiones de una persona que le ha mentido a la Justicia”.
La decisión tomada el 3 de diciembre fue nuevamente apelada por el empresario convencido de la que “verdad prevalecerá al final” y como ocurrió en mayo de 2012, fue revocada en segunda instancia por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín, que no encontró mérito para respaldar la medida de aseguramiento y ordenó su libertad.
“A pesar del sufrimiento y los enormes perjuicios personales, familiares y de toda índole que las referidas decisiones arbitrarias nos han ocasionado, reiteramos nuestra confianza en la justicia como expresión de la verdadera democracia y el estado de derecho”, indicó el empresario en su último comunicado.
La decisión tomada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín y divulgada por el propio empresario no significa la preclusión del proceso ni la absolución a su favor. El proceso continúa sus trámites normales y se espera que este año cuando menos se tomen decisiones de fondo sobre la responsabilidad o no del empresario antioqueño en la financiación de grupos paramilitares en el Urabá antioqueño.
